México cierra filas por la paz: gobernadores respaldan la estrategia de seguridad de Sheinbaum
Ciudad de México.— En un hecho inusual por su amplitud política y territorial, las y los gobernadores de las 32 entidades federativas manifestaron su respaldo a la política nacional de paz y seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enviando un mensaje de unidad institucional frente a los desafíos de violencia y crimen organizado que enfrenta el país.
El pronunciamiento conjunto, difundido a través de redes sociales y canales oficiales, establece el compromiso de los ejecutivos estatales de mantener coordinación permanente con el Gobierno federal y actuar dentro de sus atribuciones para garantizar la tranquilidad de la población.
La postura implica el apoyo de 31 gobernadores y gobernadoras, así como de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre federación y estados para consolidar una estrategia integral de seguridad.
Coordinación como eje central
El mensaje subraya que la paz no puede construirse de manera aislada desde un solo nivel de gobierno. Por ello, las entidades federativas refrendaron su disposición a trabajar de forma coordinada con el Gabinete de Seguridad y las fuerzas federales, particularmente en tareas de prevención, inteligencia y procuración de justicia.
Este enfoque coincide con la visión del actual Gobierno federal, que plantea la seguridad como una responsabilidad compartida y no exclusivamente militar o policial. En ese sentido, los mandatarios estatales reconocieron la necesidad de acciones integrales que atiendan tanto los delitos como las causas estructurales de la violencia.
Otros reportes señalan que la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) también expresó su respaldo a las acciones de las Fuerzas Armadas y a la estrategia federal, destacando el profesionalismo de las instituciones encargadas de salvaguardar a la población.
Un mensaje político de unidad nacional
El respaldo colectivo adquiere especial relevancia en un contexto marcado por episodios recientes de violencia y por el golpe al liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que provocó reacciones criminales en diversas regiones. Frente a estos hechos, la señal de cohesión entre federación y estados busca transmitir estabilidad institucional y continuidad en la estrategia de seguridad.
Además, el pronunciamiento tiene implicaciones políticas: muestra que, más allá de diferencias partidistas, existe un consenso básico sobre la necesidad de fortalecer al Estado frente a organizaciones delictivas con capacidad transnacional.
En el documento, las autoridades locales reiteraron su compromiso de actuar dentro del marco legal y de fortalecer sus propias capacidades institucionales, desde policías estatales hasta fiscalías, con el fin de evitar vacíos de poder que puedan ser aprovechados por el crimen organizado.
Seguridad con enfoque integral
La política de seguridad del actual Gobierno federal se sustenta en varios pilares: presencia territorial de fuerzas federales, inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y programas sociales orientados a reducir los factores de riesgo que alimentan la violencia.
Desde esta perspectiva, el respaldo de los estados no sólo implica apoyo político, sino también la posibilidad de implementar acciones conjuntas en materia de prevención, reconstrucción del tejido social y fortalecimiento institucional.
Especialistas en seguridad han señalado que la cooperación entre niveles de gobierno es uno de los factores determinantes para el éxito de cualquier estrategia nacional, particularmente en un país con profundas diferencias regionales en materia de violencia y capacidad institucional.
Un frente común frente al crimen
El pronunciamiento de los gobernadores envía un mensaje claro: la lucha por la paz y la seguridad no puede fragmentarse por intereses partidistas. La coordinación entre estados y federación se presenta como la única vía viable para enfrentar a organizaciones criminales que operan sin respetar fronteras administrativas.
Al cerrar filas con la estrategia nacional, los mandatarios estatales buscan también fortalecer la legitimidad del Estado frente a la ciudadanía, que exige resultados concretos en materia de seguridad.
Más allá de la retórica, el desafío ahora será traducir este respaldo en acciones tangibles: operativos coordinados, intercambio de inteligencia, fortalecimiento policial y políticas sociales que reduzcan la base de reclutamiento del crimen organizado.
En un país marcado por décadas de violencia, la unidad institucional aparece como un requisito indispensable para avanzar hacia una paz duradera. El pronunciamiento conjunto de las entidades federativas, al menos en el plano político, apunta en esa dirección.
