Por: La Redacción/ Agencias
Ante el colapso de sus finanzas y los análisis financieros que hacen prever problemas sumamente delicados al mediano y largo plazo, la UAdeC ha emprendido una restructuración de su gasto, el cual incluye la eliminación de graves anomalías en sus nóminas, el recorte drástico de cientos de plazas eventuales en sus tres hospitales y la revisión a fondo de su sistema de pensiones, que enfrenta, a la fecha, un enorme déficit de 440 millones de pesos, que se incrementarán hasta 750 millones de pesos para el 2028, antes de comenzar a descender.
En lo que es un hecho completamente inédito, el propio rector, Salvador Hernández Vélez, ha dado a conocer a la prensa, de forma personal, todo un entramado de graves anomalías en la muy extensa nómina universitaria, especificando detalladamente cifras e inclusive proporcionando nombres y ubicación de quienes cobran dobles plazas, al cobrar hasta 40 horas semanales en la UAdeC y ocupar, al mismo tiempo, plazas de tiempo completo en otras instituciones públicas.
El problema expuesto es masivo y tiene graves implicaciones, inclusive de carácter legal, además de representar un daño patrimonial a la universidad por al menos 39 millones de pesos mensuales, sólo en lo referente a la nómina.
Es muy delicado el porqué esta situación no se dio a conocer y se tomaron medidas drásticas sino hasta que ha hecho crisis financiera la institución, cuando el problema viene de varias administraciones anteriores.
De acuerdo a las cifras proporcionadas por el rector, se han detectado 1,736 empleados internos con más de una plaza en la UAdeC, de los cuales 449 tienen asignadas 40 horas semanales o más, mientras que 1,287 tiene una segunda plaza con menos de 40 horas.
Con base en lo anterior se desprende que 449 empleados que ya tienen una plaza de 40 horas en la universidad desempeñan otro cargo adicional de tiempo completo, lo cual es imposible en términos laborales y representa una grave anomalía.
Personas como el propio Secretario General de la Universidad, Miguel Ángel Rodríguez Calderón, quien tiene una plaza de tiempo completo en Ateneo Fuente, pero demás se desempeña como alto funcionario, lo que le permite un ingreso de hasta 117 mil pesos mensuales, más el paquete de prestaciones.
Los restantes 1,287 empleados ocupan un cargo de tiempo completo en la universidad, pero al mismo tiempo tienen una plaza de docencia con menos de 40 horas, lo cual es posible en términos laborales siempre y cuando el desempeño docente sea fuera de su jornada ordinaria, que concluye a las 3 de la tarde, de lunes a viernes.
Pero hay 610 empleados con plaza de hasta 40 horas en la universidad que externamente tienen un trabajo o plaza de tiempo completo, los que están repartidos en 57 instituciones públicas diferentes, de acuerdo a la investigación que ha realizado la propia universidad.
La ubicación precisa sería la siguiente: 275 en organismos descentralizados del gobierno del estado; 211 en el poder ejecutivo, legislativo y judicial; 59 en los gobiernos municipales; 34 en organismos autónomos; 23 en el sector salud; 10 en organismos públicos descentralizados municipales y 1 en el sistema de agua, para el total de 610.
Una de las formas para disimular la doble plaza, es que en la UAdeC tienen asignadas hasta 40 horas, pero éstas se “distribuyen” en clases frente a grupo, otra parte en “asesoramiento” y otra en “investigación”, por hacer referencia a un esquema muy común.
En los casos de dobles plazas de hasta 40 horas o más, la percepción puede alcanzar hasta los 35 mil 605 pesos más prestaciones, mientras que en dobles plazas de menos de 40 horas la percepción es muy variable, pero se estima que en promedio alcanza los 10 mil 934 pesos, sin considerar en ambos casos las prestaciones.
Además de la pérdida de la universidad al pagar una doble plaza, lo que genera ya un daño económico muy importante, los titulares de estas plazas, aun cuando estén trabajando para otra institución, están generando antigüedad, que les permitirá en un futuro de mediano plazo el jubilarse, lo que repercute en el déficit de pensiones, volviendo más grave el problema.
Para enfatizar en la limpia que está emprendiendo la actual administración universitaria, se han proporcionado inclusive nombres de altos funcionarios que están incurriendo en la doble plaza, como es el caso de los magistrados en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, María del Carmen Galván Téllez, Luis Efraín Ríos Vega y Juan José Yánez Arreola.
Hay otros casos muy notorios como el de Irene Spigno, directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos.
En el caso de jueces y magistrados la lista es mucho más extensa, todos ellos con plazas como docentes de tiempo completo en facultades de jurisprudencia u otras escuelas y facultades.
Todo esto ha sido posible debido a favores, vicios de corrupción muy añejos y a “negociaciones” en los procesos políticos-electorales internos de la universidad, donde se piden plazas de tiempo completo a cambio de no presentarse como candidatos opositores o agitar políticamente en escuelas y facultades, contra otros candidatos preferidos por las familias o camarillas que controlan dichas facultades o escuelas.
La nómina se había convertido en el principal instrumento de corrupción política, inclusive Hernández Vélez cita el caso específico de una persona de nombre Homero Walsh, en la Unidad Torreón, que amagaba con postularse como candidato a rector, pero le ofrecieron una plaza de tiempo completo, en calidad de “aviador”, sin tener que presentarse a trabajar y retiró su posible postulación.
Además de la eliminación de las dobles plazas y de plazas que sin ser de 40 horas no se justifican, se ha decidido disminuir hasta en un 10% los sueldos de los funcionarios universitarios, con el propósito de realizar una disminución del gasto.
Paralelamente a las irregularidades y los “arreglos” políticos, la UAdeC arrastra una política de burocratización, por la cual se fue incrementado cada vez más el número de empleados administrativos y de cargos que no están relacionados directamente con la docencia, por lo que ahora es necesario adelgazar esa burocracia, con lo cual también se podrá disminuir el problema de pensiones en el mediano y largo plazo.
EL PROBLEMA DE PENSIONES
Según lo ha expuesto Salvador Hernández Vélez, el sistema de pensiones de la universidad enfrenta actualmente un pasivo de 440 millones de pesos, pero ascenderá hasta 750 millones para el año de 2028 antes de comenzar a descender, de acuerdo a las proyecciones financieras, lo que se origina por la jubilación de una gran cantidad de empleados, pero principalmente en la eliminación de ingresos que provenían del gobierno federal.
Hasta 2018, el gobierno federal aportaba al gasto de pensiones de las universidades, a través de la partida denominada como U081, pero esta ha sido eliminada, con lo cual la universidad tiene que hacerse cargo de manera directa de todo este gasto y no cuenta con los recursos para ello.
Como el presupuesto universitario es cubierto en un 50% por el gobierno federal y un 50% por el gobierno del estado, al eliminar el gobierno federal la partida U081, ha sido el gobierno del estado el que ha tenido que cubrir el déficit, pues los ingresos propios, debido a la condición de universidad pública, son muy bajos.
La cubertura de este déficit, que debe ser en calidad de préstamo, ya no es posible realizarla con los recursos del gobierno del estado, por lo que la universidad tiene que adoptar medidas para ajustar su gasto.
El número de empleados jubilados irá creciendo notoriamente en las próximas dos décadas. Actualmente la planta jubilada es ya de 2,228, lo que vuelve urgente el disminuir el pasivo laboral, al eliminar la parte que no es indispensable del personal administrativo y poner orden en la nómina magisterial, que está compuesta hoy por 3,005 docentes; 1,038 de ellos de tiempo completo y 1,967 de tiempo parcial, de acuerdo a las cifras publicadas en el último informe anual, rendido por Salvador Hernández Vélez.
Desde 1994 la universidad ha venido realizando ajustes en su sistema de pensiones, pero legalmente no puede modificar las disposiciones que estaban vigentes para aquellos que ingresaron antes de 1994, porque la legislación laboral los protege.
La universidad tiene actualmente 7 mil 800 plazas, de acuerdo a las cifras oficiales reportadas en su portal. De esta enorme nómina se estima que cerca de un 30% podría suprimirse de forma gradual.
El estimado es que si se adoptan hoy medidas drásticas, el gasto en pensiones podría alcanzar su punto de equilibrio hasta el 2064, lo que da una idea de los delicado de la situación que está enfrentando la universidad.
Lo anterior partiendo de que en los próximos gobiernos federales no restablezca lo que fuera la partida U081 dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En la propia opinión del rector, la UAdeC es una de las únicas cinco universidades públicas estatales en las cuales la federación aporta solo el 50% y el gobierno del estado el restante 50%, mientras que la UNAM recibe el 100% del gobierno federal; la Autónoma de Nuevo León el 75% y la Universidad Autónoma de Zacatecas el 88%, al citar sólo algunos ejemplos.
Además de aportar solo el 50%, la federación ha eliminado casi la totalidad de las partidas adicionales que se proporcionaban a la universidad, por lo cual no entra ni un solo peso para el fondo de pensiones.
LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS
El otro gran problema financiero de la UAdeC es el gasto que representa tener tres hospitales: uno en la Unidad Saltillo y dos en la Unidad Torreón, algo que ninguna otra universidad pública del país tiene.
De los 2 mil empleados eventuales que tiene la universidad, la mayoría se ubican en los tres hospitales, por lo cual se ha decidido la supresión de todas las plazas eventuales que no son necesarias, debido a que los hospitales están trabajando a un máximo del 35% de su capacidad y, en consecuencia, no se justifica el gasto que se viene realizando.
La intención es reducir el número de empleados de acuerdo a la capacidad de ocupación de los nosocomios, y no se descarta la reconversión de los mismos en unidades médicas muchos más reducidas, e inclusive replantear su operación, si la situación financiera de estos se sigue agravando.
Las decisiones que tiene que adoptar hoy el actual gobierno universitario están sustentadas por el diagnóstico realizado por la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP; la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior (AMOCUIES) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Fuente Revista de Coahuila
