La UIF habla de millones de pesos y las declaraciones patrimoniales de Enrique Peña Nieto solo de miles. Ambos datos contrastan y ponen en evidencia que el expresidente pasó seis años sin reportar todos sus ingresos y sus posibles conflictos de interés.
Ciudad de México, 8 de julio.- Era el año 2015 y el impulso con el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresó a Los Pinos se desvanecía. La razón: desde varios frentes salieron señalamientos de corrupción contra el Presidente Enrique Peña Nieto. Uno de los más graves fue por tener un posible conflicto de interés con Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, el supuesto patrocinador de la llamada “Casa Blanca”.
Derivado de ese episodio, desde el Gobierno federal se puso énfasis en la transparencia de las declaraciones patrimoniales, ese documento que todo funcionario público debe presentar a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que permite determinar irregularidades en el crecimiento del patrimonio, pero también para poner sobre aviso los posibles conflictos de interés, que son las relaciones que pueden influenciar sus decisiones como servidores.
La “casa blanca” de Peña Nieto luce en la actualidad más gris que en sus mejores años. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.
En ese entonces, Peña Nieto incluso llamó a su amigo Virgilio Andrade para investigarlo y dirigir la SFP. Éste concluyó que nunca existió un conflicto de intereses y que en las declaraciones de Peña Nieto no había anomalía ninguna.
A pesar de todo el revuelo que provocó ese episodio, Enrique Peña Nieto mantuvo la secrecía en sus declaraciones patrimoniales. Ahora contrasta la opacidad con la información que posee la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con el nivel de vida que ha llevado luego de terminar su administración.
El origen de la riqueza de Enrique Peña Nieto no se puede esclarecer con lo que reportó cuando ocupó la Presidencia de México (2012-2018). El día de ayer, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer que Peña Nieto, un político que viene de la clase media mexicana y que sólo tuvo empleos en la burocracia, obtuvo beneficios económicos a través de un esquema en el que recibió —entre agosto de 2019 y octubre de 2021— transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos, que fueron transferidos por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España.
En ninguna de sus declaraciones patrimoniales que ingresó como Presidente informó su relación con dos empresas de las que, según informó UIF, ha sacado los millones con los que ha vivido en España, su actual lugar de residencia en donde cuenta con un “visado dorado”. Esto dio origen a una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro.
Este último dato dado a conocer por El País, fue uno de los que más dudas levantó, ya que para obtener un permiso de ese nivel se requiere ser un inversor que destina al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros.
Las declaraciones dan pocas pistas pero hablan de ingresos que no rebasan los 3 millones de pesos anuales. En 2013, la primera declaración patrimonial y de intereses que presentó Enrique Peña Nieto dio información sobre su escolaridad, su experiencia laboral y sus ingresos, que en ese momento eran de 238 mil 205 pesos mensuales derivados de su cargo público (193 mil 478 pesos) y “otros” (12 mil 227 pesos).
En ese momento reportó cuatro casas, cuatro terrenos y un departamento, obtenidos la mayoría por herencia y donación; solo dos adquiridos de contado. Por último informó de bienes inmuebles por 6 millones 900 mil pesos entre joyería, obra de arte y menaje de casas.
A mediados de ese año presentó otra declaración en la que hubo cambios de sus ingresos, al pasar a los 452 mil 713 pesos anuales derivados de su cargo público (240 mil 234 pesos), por actividad financiera (65 mil 756 pesos) y “otras” actividades (146 mil 723 pesos).
En 2015, cuando se agrega el apartado de Posibles Conflictos de Interés: aceptó que se hiciera público y reportó no tener alguno. Ni él, ni su cónyuge ni dependientes económicos.
En su penúltima declaración reportó cambios en sus ingresos anuales otra vez: 2 millones 819 mil 357 pesos de su cargo público; 242 mil 702 pesos por Actividad Financiera y 46 mil 835 pesos por “otras” actividades.
En su declaración patrimonial de conclusión, ya no reportó ni su salario, ni el saldo de su fondo de inversión ni el de una cuenta bancaria.
En 2015, cuando se agrega el apartado de Posibles Conflictos de Interés: aceptó que se hiciera público y reportó no tener alguno. Ni él, ni su cónyuge ni dependientes económicos.
En su penúltima declaración reportó cambios en sus ingresos anuales otra vez: 2 millones 819 mil 357 pesos de su cargo público; 242 mil 702 pesos por Actividad Financiera y 46 mil 835 pesos por “otras” actividades.
En su declaración patrimonial de conclusión, ya no reportó ni su salario, ni el saldo de su fondo de inversión ni el de una cuenta bancaria.
De acuerdo con la UIF, el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas, respecto de las cuales se identificaron irregularidades fiscales y financieras.
demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia.
SinEmbargo identificó con base a los contratos contenidos en Compranet, la plataforma en la que se publican todas las compras gubernamentales, que Plasti-Estéril, S.A. de C.V. y Baxter, S.A. de C.V. son las dos empresas con “relación simbiótica” involucradas en las millonarias transferencias que beneficiaron al expresidente priista.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México.
No obstante, desde que dejó la Presidencia su estilo de vida ha llamado la atención, sobre todo por los viajes que ha hecho a lo largo del mundo y por las recientes revelaciones que hizo el diario El País de su estancia en un chalet localizado en la exclusiva urbanización Valdelagua y de la adquisición en 2020 de un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del barrio madrileño de Chamberí.
De acuerdo con fotos y videos difundidos en los últimos años a través de redes sociales, Peña Nieto ha disfrutado de bodas, fiestas y cenas tanto en Nueva York, Estados Unidos, como en Roma, República Dominicana y México.
Aunque frenó sus apariciones públicas en México desde que dejó su cargo como Presidente en 2018, pero ha sido gracias a las fotografías que difunde en redes Tania Ruiz y a imágenes publicadas por internautas que se ha sabido de los lugares que visita.
Ahora, con la reportado por la UIF, las autoridades han dado una posible explicación sobre el financiamiento de este estilo de vida, un esquema millonario irregular, que implica a empresas que obtuvieron contratos durante a su Gobierno, y sobre el cual no hay un rastro en su declaración patrimonial.
Claudio X. González, es investigado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), toda vez que realiza operaciones similares a las de las empresas defraudadoras fiscales llamadas “factureras”.
Claudio X. González Guajardo se separó de la presidencia de Mexicanos contra la Corrupción el 24 de julio de 2020, pero desde cinco meses antes, en marzo de ese año, articulaba en su propio domicilio la alianza opositora con los presidentes del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, como él mismo lo confesó.
Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– La asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que recibe millonarios recursos del Gobierno de Estados Unidos y de grupos empresariales de México, niega que sea “una organización con fines político-electorales”, pero Claudio X. González Guajardo era su presidente al mismo tiempo que construía Va por México, la coalición opositora al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En efecto, González Guajardo se separó de la presidencia de MCCI el 24 de julio de 2020, pero desde cinco meses antes, en marzo de ese año, articulaba en su propio domicilio la alianza opositora con los presidentes del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, como él mismo lo confesó.
“Cuando me plantee esto de buscar a los partidos de oposición, allá en marzo del año pasado, sabía que la coalición iba a ser imperfecta, iba a estar formada por partidos con todo un historial y con problemas”, reveló González Guajardo a un grupo de simpatizantes, en noviembre de 2021, sobre cómo creó Va por México mientras presidía MCCI.
La verdadera naturaleza y objetivos de MCCI cobran relevancia por el reportaje del diario The New York Times sobre la “preocupación” en el Gobierno de Joe Biden por la “cercanía” del Embajador Ken Salazar con López Obrador, que en algún momento puso en riesgo el financiamiento estadounidense a esa asociación.
Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
El Embajador le dijo al Times que consideraba que el activismo del fundador del grupo, González Guajardo, “creaba la apariencia de incorrección” y añadió que “propondría que le corten el financiamiento” si hallaba que las acusaciones de actividad política resultaban creíbles.
Por ello, Salazar se reunió en su residencia con María Amparo Casar, quien sucedió en la presidencia a González Guajardo, en julio de 2020, para preguntarle si MCCI participaba secretamente en asuntos políticos. Casar, sorprendida, dijo que no y explicó que los auditores del Gobierno de Estados Unidos habían determinado en repetidas ocasiones que su organización no se inmiscuía en política.
“¿Por qué tendría que creerte?”, preguntó el Embajador, según dos personas con conocimiento de la reunión que pidieron que no se les nombrara por temor a represalias, detalla el diario.
“La única prueba que tengo es mi palabra”, respondió Casar. El Embajador le dijo que “esto no huele bien” antes de ponerse de pie abruptamente y concluir la reunión de manera anticipada.
Salazar le dijo al Times que tenía todo el derecho de tocar temas “legales y éticos” con un receptor de financiamiento estadounidense. Y añadió: “Alguien puede decirte muchas cosas que simplemente no son verdad”.
Después de la publicación del reportaje del medio estadounidense, MCCI emitió un comunicado para refrendar que “no somos una organización con fines político-electorales, y que, como ha quedado acreditado en diversas auditorías realizadas dentro y fuera del país, cumplimos con el objeto social que nos rige”, por lo que “seguimos siendo receptores de fondos nacionales e internacionales, incluidos los del Gobierno de los Estados Unidos de América”.
Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex; Marko Cortés, líder del PAN; Alejando Moreno, líder del PRI; Jesús Zambrano, líder del PRD, y Claudio X. González Guajardo, al término de la convención de la iniciativa “Sí por México” en CdMx el 10 de noviembre de 2020. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
Lo que es un hecho verificado es que González Guajardo presidía MCCI y simultáneamente construía la coalición opositora a López Obrador, algo que Casar Pérez como copresidenta de la asociación civil niega que haya conocido —“su agenda privada nunca ha sido de mi conocimiento”— y que se haya financiado con fondos de Estados Unidos.
“Lo que el Dr. Claudio X. González hiciese en su vida privada, las personas con las que se reunía o lo que trataba en esas reuniones, nunca fue de la incumbencia de la organización ni tampoco afectó sus labores y responsabilidades cotidianas como presidente”, respondió Casar Pérez, consultada por SinEmbargo.
Y añadió: “ningún porcentaje de los fondos recibidos por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) fue utilizado para pagar el salario del Dr. Claudio X González”.
María Amparo Casar Pérez fue coordinadora de asesores del exsecretario de Gobernación Santiago Creel Miranda. En la foto, junto a Claudio X. González. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro.
ACTIVISTA Y POLÍTICO
Aunque lo niegue la fundadora y copresidenta de MCCI, quien fue coordinadora de asesores del Secretario de Gobernación en el Gobierno de Vicente Fox, Santiago Creel —uno de los negociadores de Va por México—, fue el propio González Guajardo quien confesó que fue el constructor de la coalición opositora mientras presidía la asociación civil.
“Cuando nosotros nos acercamos, en marzo del año pasado, uno por uno, a ver a los dirigentes de los partidos políticos, fue una iniciativa de un grupo pequeñito de ciudadanos y yo hice parte de esas gestiones, hubo receptividad de los partidos políticos de sentarse en una mesa, de alguna manera moderada o facilitada por la ciudadanía, eso es un hecho”, contó a sus simpatizantes.
A esas reuniones en el domicilio del presidente de MCCI, al menos once, asistieron también Clemente Castañeda y Jorge Álvarez, del partido Movimiento Ciudadano, y Margarita Zavala, quien buscaba el registro de México Libre, como lo reveló en el programa Los Periodistas, Gustavo de Hoyos, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Copamex).
Las reuniones de los dirigentes de los cinco partidos políticos de oposición, cuatro de ellos con registro, eran encabezadas por González Guajardo y se iniciaron al inicio de la pandemia de COVID-19, declarada como tal el 11 de marzo de 2020, detalló De Hoyos.
Gustavo de Hoyos Walther. Foto: Sí por México.
“Muchas de las reuniones, las primeras sobre todo, teníamos guantes, máscaras y careta. Imaginen que en una sentada de esas se contagiara toda la clase política del país. Como los ejecutivos de una empresa que no vuelan todos por seguridad, teníamos que ser muy responsables”, subrayó De Hoyos sobre las reuniones que, subrayó, eran “casi en la clandestinidad”.
Y sí: Las reuniones del presidente de MCCI con los dirigentes de todos los partidos de oposición eran discretas, no sólo para evitar que se conociera el uso de fondos del Gobierno de Estados Unidos para financiar la oposición, sino porque los estatutos de esa asociación civil “prohíben expresamente cualquier vinculación con partidos y movimientos políticos o electorales”.
Y, en ese sentido, González Guajardo se colocó en la hipótesis de conflicto de intereses que sanciona el Código de Ética de MCCI, porque mientras era presidente de la asociación civil construyó en su propio domicilio la coalición Va por México.
Esta agrupación establece que “existe un conflicto de intereses potencial cuando los intereses de una persona, los de su familia o terceros relacionados puedan afectar su toma de decisiones o comprometan su actuación eficiente y objetiva en el desempeño de sus funciones en MCCI”.
NADA INDEBIDO: CASAR
El reportero consultó, vía WhatsApp, a Casar Pérez sobre si González Guajardo incurrió en una conducta indebida, incluido conflicto de interés al presidir MCCI y, simultáneamente, crear la coalición opositora. Este es el cuestionario, enviado y respondido por ella en febrero de este año:
1.- Mientras fue presidente de MCCI, ¿el ciudadano Claudio X. González Guajardo se excusó de participar en uno o en varios asuntos en los que existía un conflicto de interés y lo reportó al “Oficial de Cumplimiento”, como lo dispone el Código de Ética de la asociación civil?
—En el método de trabajo adoptado por MCCI desde su fundación en 2016, el equipo de trabajo de investigación periodística trabaja con entera libertad e independencia las investigaciones que se llevan a cabo. Al finalizar la investigación se presenta ante el comité de directores (Investigación Aplicada, Periodismo de Investigación, Comunicación y Análisis Jurídico) y, entonces, las dos presidencias. Es en esa instancia en la que se da el visto bueno final y se ajusta, si fuera el caso, la redacción, la forma de comunicarlo, el medio en que se publicará y la difusión que tendrá. En ningún caso a lo largo de los 6 años de vida de la organización, se ha vetado investigación alguna. Por tanto no ha habido ningún caso de conflicto de interés ni, tampoco, necesidad de reportar algún asunto en la materia que usted refiere al Oficial de Cumplimiento. Es importante enfatizar que la decisión de qué se investiga es atribución de los integrantes de la Unidad de Periodismo.
Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, y María Amparo Casar en una imagen de mayo de 2018. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro
2.- El ciudadano Claudio X. González Guajardo ha afirmado públicamente que, desde marzo de 2020 hasta que se separó de la presidencia de MCCI, en julio de ese mismo año, condujo en su domicilio particular las negociaciones con cuatro partidos políticos con registro legal para conformar la coalición electoral. ¿Qué disposiciones del Código de Ética de MCCI violó con esas acciones o su comportamiento fue consecuente con los fines de la asociación civil?
—Respecto a las reuniones a las que se refiere, le manifiesto que no tengo conocimiento que en las mismas se haya tratado asunto alguno que tuvieran que ver con MCCI y hasta donde llega mi conocimiento no interfirieron en sus labores como presidente de MCCI. Por lo anterior es que afirmo que no hubo violación al Código o Estatuto por los hechos referidos. Las reuniones privadas que el Dr. Claudio X González no fueron nunca incumbencia ni de la que esto escribe ni, hasta donde yo sé, de ningún otro integrante de la organización. Por tanto, no veo violación alguna ni al Código de Ética, ni a los fines de la organización.
3.- El 9 de noviembre, MCCI emitió un comunicado en cuyo primer punto establece textualmente: “1. El pasado 24 de julio dimos a conocer la renuncia y salida del cofundador y expresidente de MCCI, Claudio X González Guajardo. El motivo de su salida fue que las actividades a las que el Dr. González Guajardo ha decidido dedicar su tiempo y esfuerzo no son compatibles con el objeto social y los propósitos de la organización. Nuestra acta constitutiva, así como los estatutos de algunas de las fundaciones de las que recibimos donativos, prohíben expresamente cualquier vinculación con partidos y movimientos políticos o electorales”. ¿Por qué durante al menos cinco meses antes de su renuncia al cargo el presidente de MCCI condujo, en su propio domicilio, reuniones con cuatro partidos políticos con registro si el “acta constitutiva de la asociación civil, así como los estatutos de algunas de las fundaciones de las que recibimos donativos, prohíben expresamente cualquier vinculación con partidos y movimientos políticos o electorales”?
Alejando Moreno, líder del PRI; Jesús Zambrano, líder del PRD, y Claudio X. González Guajardo, al término de la convención de la iniciativa Sí por México, en el Hotel Royal. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
—Insisto, lo que el Dr Claudio X. González hiciese en su vida privada, las personas con las que se reunía o lo que trataba en esas reuniones, nunca fue de la incumbencia de la organización ni tampoco afectó sus labores y responsabilidades cotidianas como presidente. Hasta el último día de su permanencia en MCCI su presidente atendió con todo profesionalismo las labores asignadas a su cargo.
4.- ¿En los al menos cinco meses en que el presidente de MCCI condujo reuniones con cuatro partidos políticos con registro, en su propio domicilio, usó fondos provenientes de los donativos a la asociación civil de personas físicas y morales de México y del Gobierno de Estados Unidos o sólo utilizó sus honorarios como presidente de la asociación civil?
—Ni uno ni otro. Agrego, para su conocimiento, que ningún porcentaje de los fondos recibidos por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) fue utilizado para pagar el salario del Dr. Claudio X González.
5.- Como copresidenta de MCCI, ¿desde cuándo le enteró el ciudadano Claudio X. González Guajardo de las actividades políticas que realizaba con cuatro partidos políticos para crear una coalición electoral?
—Su agenda privada nunca ha sido de mi conocimiento. El Dr Claudio X. González hizo de mi conocimiento su intención de abandonar la organización unas semanas antes de su salida y con el fin de instrumentar organizativa y administrativamente su separación.
ayda Sansores, Gobernadora de Campeche, reveló un nuevo audio de Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, en el que se expresa de forma ofensiva hacia algunos empresarios, además reveló un contrato con Televisa con el que presuntamente se financiaron campañas.
Durante el Martes del Jaguar, Layda Sansores reveló un audio nuevo y reprodujo el de la semana pasada, del que se mostró un contrato del PRI con Televisa donde parece que se cubre un “Servicio de inserciones en medios impresos” pero, a decir de Sansores, realmente era un servicio para la campaña electoral.
La segunda grabación, se puede escuchar a Alito Moreno platicando con José Murat, exgobernador de Oaxaca. En el audio, Moreno se mofa de “apoyos” de 10 millones de pesos y 2 mil celulares para el partido.
“Y le digo a Pepe: ‘Es mi amigo’ Clarito y él, sin que me diga me dijo: ‘Yo voy a ayudar’ ‘Ok, está bien’. 10 millones. No mames wey, eso me diste tú, 500 mil dólares y dos mil piches celulares. O sea, güey, puta madre, no mames güey, no mandan nada. O sea, pero nunca dan.” dice el dirigente tricolor.
El interlocutor de Alito le dice al dirigente que después le van a pedir favores, a lo que este responde:
“Ah no ‘perate que el monopolio, que el monopolio es la cogida que le van a dar. Estaban de perros ahí.”
A partir de ahí, Alito se expresa de forma ofensiva hacia algunos empresarios, a los que incluso insinúa que puede extorsionar con reformas.
“Cuando tengamos la comisión, vamos a cogernos a los empresarios con una reforma vergas. O sea, pa’que se caguen.” puntualizó el priísta.
🚨 #UltimaHora 🚨 Revelan nuevo audio 🔈del dirigente del PRI, @alitomorenoc, mentándole la madre a un grupo de poderosos empresarios de México 🇲🇽 por no darles más dinero 💰 😱
Y no sólo eso, presume junto con Murat que el PRI se los va a cog… con una reforma verg… 🙄 pic.twitter.com/LMZDSlkQs6
Entre los empresarios a los que nombra Alejandro Moreno están Germán Larrea, dueño de Grupo México, Alberto Baillères, Presidente de Grupo Bal que controla empresas mineras y comerciales como, Palacio de Hierro, GNP y la minera Fresnillo. También insulta a Álvaro Fernández, director general de Grupo Alfa, conglomerado neoleonés quien abiertamente ha apoyado a los candidatos de la coalición Va X México.
Asimismo, en el audio el dirigente del Revolucionario Institucional también ataca a sus aliados, PAN y PRD. Sobre ellos, refiere que “los metan al bote” siempre y cuando no se metan con el PRI.
Señalan a diputadas
Además de los audios de Alito, el Martes del Jaguar dio a conocer otras revelaciones. Por ejemplo que presuntamente algunas diputadas federales le envían fotos desnudas a Alito Moreno, con lo que él las tiene controladas. Incluso se insinuó que él les paga la renta a algunas de ellas.
La gobernadora Sansores aclaró que ellos han sido muy cuidadosos de que esas fotografías no salgan a la luz, pero recomendó a las legisladoras priistas de no confiar en Moreno Cárdenas pues es un hombre sin escrúpulos.
La mansión
Finalmente, también se revelaron algunos detalles de la casa de Alejandro Moreno, la cual fue cateada apenas el día de ayer, de la boca del fiscal Renato Sales Heredia.
Por ejemplo, que casa está construida sobre 17 terrenos y contaba con grandes amenidades, además de valiosas obras de arte. Además se aclaró que no hubo agresión por parte de los uniformados, pues llegaron de manera pacifica, pero no se les permitió la entrada.
Durante el cateo, un valuador estuvo tomando nota de todo lo que contenía la casa y se esperará el dictamen de la Fiscalía para poder dar más detalles.
Vehículo de lujo
Señalado los diferentes audios dados a conocer por Sansores Mendieta, Alejandro Moreno tiene una vida de lujo, tal como evidenció la gobernadora al mostrar fotografías del Lamborghini de Alito Moreno, vehículo de lujo valuado en hasta 12 millones de pesos.
Un ejecutivo de Televisa y la revista “TV y Notas” fueron involucrados en una nueva grabación de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, en la que presuntamente revelan la estrategia priísta para evitar reportar gastos de campaña al Instituto Nacional Electoral (INE).
El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reprende a un colaborador por hacer pagos en efectivo cuando la televisora pudo haber facturado para encubrirlos, se escucha en la presunta conversación dada a conocer en el “Martes del Jaguar”, programa de la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
“Lo que me explicó, me dice, es para no dejar rastro, porque si yo facturo como si estuviera usando recurso de campaña, puede ser observado por la autoridad. Es lo más seguro”, dice el interlocutor de “Alito” Morenio.
“Le puede facturar comunicación, medios. Qué le facture, a mi me dijeron que no pueden aceptar más efectivo”, recomienda el supuesto colaborador y pide hablar a una persona llamada Hugo.
La voz de Moreno Cárdenas continúa escuchándose:
“Mira, un tema, pero bueno, ya le pagaste en ‘cash’, pues está bien, yo pensé que le podías pagar a Bauer (el presunto ejecutivo) porque él tiene Televisa, él te puede facturar medios”.
Layda Sansores ha revelado un nuevo audio del priísta.
En la grabación la voz de Hugo insistió en que no se pagó de la forma en que “Alito” indicó de para no dejar rastros en el reporte de gastos ante el INE, cuyo monto ascendió a:
700 mil pesos a la revista “TV y Notas”.
2 millones de pesos que entregarían más adelante en efectivo para liquidar un adeudo que tenía con “Bauer” (el ejecutivo de Televisa).
El dinero al que refiere el audio es para las campañas electorales del PRI en 2021.
Las consecuencias
El analista político Abraham Mendieta calificó el nuevo audioescándalo como el causante de que le fueran arrebatadas dos gubernaturas a Morena en ese proceso electoral.
Esto es un escándalo de financiamiento ilegal de campaña que involucra directamente a Televisa.
El nuevo audio revelado por Layda Sansores surge luego de que no recibiera notificación alguna por el amparo que “Alito” interpuso para frenar la difusión de más grabaciones, luego de que dos jueces hayan bateado la solicitud del dirigente del PRI.
La energética española Iberdrola ha sido señalada por malas prácticas en al menos cinco países donde tiene presencia, incluyendo México, donde la CRE recientemente le impuso una multa histórica de 9 mil 145 millones de pesos por vender en forma ilegal energía bajo la figura de autoabastecimiento.
Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– Al menos 18 señalamientos, entre multas y resoluciones de entes reguladores, acumula la energética española Iberdrola desde 2008 en cinco países donde tiene presencia, incluyendo México, donde opera desde hace 23 años.
Los países donde la energética ha enfrentado acusaciones son España (8), México (3), Estados Unidos (2), Reino Unido (1) y Brasil (2), en algunos casos por manipular el mercado de energía eléctrica, sobornos y hasta tráfico de influencias, como se muestra en la siguiente tabla.
Sobre estos señalamientos, Iberdrola se ha defendido y en algunos casos ha impugnado las multas. Para conocer una opinión más amplia sobre este tema, SinEmbargo consultó, vía correo electrónico, a la empresa española, pero su respuesta fue que por el momento no estaban emitiendo posturas al respecto.
Con más de 170 años de historia, el grupo Iberdrola es hoy un líder energético global, el primer productor eólico y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo. En México, donde tiene presencia desde 1999, tiene una capacidad instalada de más de 9.3 GW a través de 16 centrales de ciclo combinado y cogeneraciones, 693 MW en siete parques eólicos y 470 MW en tres parques fotovoltaicos distribuidos en 15 estados del país.
A pesar de tener el certificado de “Empresa Socialmente Responsable”, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía a empresas y organizaciones establecidas en el país que cumplen con sustentabilidad económica, social y ambiental, Iberdrola ha sido señalada por comunidades, organizaciones ambientalistas y recientemente fue sancionada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con una multa histórica de 9 mil 145 millones de pesos por vender en forma ilegal energía bajo la figura de autoabastecimiento.
Central eólica PIER IV en Puebla. Foto: Iberdrola.
De acuerdo con el órgano que supervisa el mercado energético de México, Iberdrola Energía Monterrey entregó la energía a sus socios a cambio de una “prestación económica”, algo que no está permitido en la regulación bajo la cual se otorgó el permiso.
La resolución precisa que la subsidiaria violó el artículo 36, fracción l, inciso A de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), donde se precisa que no se puede vender energía eléctrica a terceras personas que no sean socios cuando se apruebe el proyecto original.
“La conducta descrita es antijurídica, toda vez que deviene en una afectación a los bienes jurídicos tutelados por las normas que imponen la obligación a la Permisionaria de no vender, revender o por cualquier acto jurídico enajenar capacidad o energía eléctrica”, señala el documento.
Las pruebas que la CRE utilizó para fundamentar la falta consisten en la presentación de facturas sobre la venta de energía emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La resolución destaca también que Iberdrola Energía Monterrey comercializó la energía eléctrica generada por la central del periodo 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2020, de acuerdo con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que proporciona el Servicio de Administración Tributaria.
Sobre esta resolución, Iberdrola solicitó a un juzgado en México un amparo. De acuerdo con el diario La Jornada, la empresa española interpuso la solicitud, que aún no tiene un estado de admitida, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
Central de ciclo combinado Monterrey. Foto: Iberdrola.
Además de esta multa, en marzo pasado la Comisión Reguladora de Energía aprobó un proyecto de resolución en el que se autorizó la exclusión del centro de Magna Assembly Systems de México S.A. de C.V. de dos permisos para generar electricidad que proporcionaba Iberdrola.
Los permisos retirados fueron el E/1397/COG/2015, otorgado a Iberdrola Cogeneración Altamira y el E/1444/AUT/2015, otorgado a Iberdrola Renovables del Bajío. Además, se negó a otorgar modificaciones al permiso con número E/1486/COG/2015 para aprovechar la energía generada en su planta de cogeneración Bajío y para realizar trabajos de ampliación en la misma.
BRASIL: DENUNCIAN SOBORNOS
El 19 de julio de 2014, campesinos de Belo Monte denunciaron sobornos a alcaldes y líderes de las aldeas por parte del consorcio Norte Energía, donde se encuentra Iberdrola, por la construcción de la megapresa de Belo Monte. La denuncia fue asentada en el informe “Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples”.
El informe realizado por Luis Miguel Uharte Pozas recoge también otras prácticas de la compañía como la división de aldeas y compra de líderes mediante la provisión de víveres y gasolina para los barcos. Según el documento, la construcción de la presa representaba un fuerte impacto en la zona, ya que implicaría la inundación de 40 kilómetros cuadrados de tierra, emisión de gases de efecto invernadero en una zona selvática, el desplazamiento de pescadores de la zona y alrededor de 40 mil personas expulsadas de sus casas.
La presa finalmente fue inaugurada en 2016 pese a las protestas.
Presa de Belo Monte. Foto: Neoenergía.
Pero este no es el único señalamiento en contra de la energética en Brasil. El 13 de abril de 2016, Greenpeace solicitó públicamente a Iberdrola, Mapfre y Siemens que dejaran de destruir el Amazonas con la construcción de grandes presas hidroeléctricas que destruyen ríos y enormes zonas de selva, así como la inundación de territorios indígenas.
De acuerdo con Greenpeace, Neoenergía, filial de Iberdrola en Brasil, ha estado implicada en la construcción de numerosos proyectos polémicos hidroeléctricos y forma parte del consorcio de empresas que elaboraron el Estudio de Evaluación Ambiental del proyecto de São Luiz do Tapajós. Durante la intervención de un miembro de Greenpeace en la Junta de Accionistas, el 8 de abril de 2016, se solicitó al presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, una declaración pública de desvinculación del proyecto hidroeléctrico y de otros en la Amazonía que amenazan la selva y los pueblos indígenas, pero se negó a hacerlo.
“Ni gestionamos ni pintamos nada en ese tema”, dijo Galán a Greenpeace. “Son temas de los brasileños, que seguro que lo están haciendo de acuerdo con las leyes brasileñas”.
Las españolas Iberdrola y Mapfre rechazaron desvincularse del proyecto de Sao Luiz do Tapajós, el cual finalmente fue cancelado. Foto: Greenpeace.
El 5 de agosto de 2016, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) canceló la licencia de construcción de la mega presa São Luiz do Tapajós, de la que no se quisieron desvincular ni Iberdrola ni Mapfre. Ambientalistas y, principalmente los indios del pueblo Mundukuru, en la tierra indígena Sawré Muybu, en el estado brasileño de Pará, celebraron la decisión.
EU: RECHAZA COMPRA A IBERDROLA
El 3 de diciembre de 2021, Security Limits, una empresa de ciberseguridad, presentó una demanda contra Iberdrola y Avangrid, la filial norteamericana que cotiza en Wall Street, por 110 millones de dólares en un juzgado federal de Nueva York por presunta manipulación de licitaciones y extorsión.
La demanda, de 72 páginas, describía un plan diseñado por varios ejecutivos de Iberdrola para generar millones de dólares en compras innecesarias de equipos electrónicos que posteriormente no se usaban y que se cargaban contra los servicios públicos de Nueva York, Connecticut y Maine, las zonas donde opera Avangrid.
No obstante, el 14 de febrero de este año Avangrid informó que Security Limits retiró la demanda que le puso en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
El 3 de diciembre de 2021, Security Limits, una empresa de ciberseguridad, presentó una demanda contra Iberdrola y Avangrid. Foto: Iberdrola.
El 9 de diciembre de 2021, la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México, en Estados Unidos, rechazó la propuesta de Avangrid de adquirir PNM Resources. El regulador argumentó que los riesgos del acuerdo superan los beneficios para los usuarios del estado y aceptó la recomendación emitida a principios de noviembre de ese año por la ponente Ashley Schannauer, quien observó tres problemas: gobernanza del nuevo grupo, calidad del suministro eléctrico y los conflictos judiciales de Iberdrola en España por el caso Villarejo.
REINO UNIDO: MULTA A FILIAL
El 30 de noviembre de 2021, el regulador británico de la energía, Ofgem, multó a Scottish Power, filial de Iberdrola, y a National Grid con 158 millones de libras (186 millones de euros) por los retrasos en el cable submarino para exportar energía entre Escocia, Gales e Inglaterra, denominado Western Link. El retraso de dos años dificultó que los generadores de energía renovable en Escocia exportaran electricidad limpia.
Edificio de la sede de Iberdrola. Foto: Isabel Infantes, Europa Press.
ESPAÑA: UN CÚMULO DE LITIGIOS
Si en otros países Iberdrola es señalada por malas prácticas, en España, donde nació la empresa, suma acusaciones desde hace años. Por ejemplo, el 15 de febrero 2008 la entonces Comisión Nacional de Competencia impuso una multa de 15.4 millones de euros a la eléctrica por abuso de posición dominante en el mercado de generación de energía eléctrica en la zona de Levante-Norte durante el segundo semestre de 2004 y algunos días de enero y febrero de 2005. Según la denuncia, la empresa ofertó energía en el mercado diario a precios superiores para que las ofertas no cesaran y se recurriera al mercado de restricciones técnicas, donde se paga más por la electricidad.
En otro caso, el 28 de febrero de 2012, la Comisión Nacional de Competencia multó con 10.6 millones de euros a tres sociedades de Iberdrola por traspasar clientes desde la comercializadora de último recurso de luz hasta la comercializadora en mercado libre sin su consentimiento. Las empresas sancionadas fueron Iberdrola S.A., Iberdrola CUR e Iberdrola Generación.
Si en otros países Iberdrola es señalada por malas prácticas, en España, donde nació la empresa, suma acusaciones desde hace años. Foto: Iberdrola.
El 30 de agosto de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso una sanción de 25 millones de euros a Iberdrola Generación por la manipulación del precio de la energía eléctrica. La sanción se refiere a las actuaciones realizadas mediante el incremento del precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013.
Sobre este caso, el 17 de marzo de 2016 la Audiencia Nacional acordó suspender cautelarmente la multa y hasta el momento está pendiente de cobro.
Años más tarde, el 21 de febrero de 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó con un total de 100 mil euros a Iberdrola Clientes y EDP Energía por incumplir los procedimientos de contratación que deben seguir las compañías de gas y electricidad cuando captan un nuevo cliente.
La empresa reconoció los hechos el 27 de abril de 2020 y pagó anticipadamente, logrando dejar la sanción en 60 mil euros, 40 por ciento menos.
El 30 de agosto de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso una sanción de 25 millones de euros a Iberdrola Generación por la manipulación del precio de la energía eléctrica. Foto: Facebook Iberdrola México.
El 9 de julio de 2021 la Audiencia Nacional de España puso a Iberdrola Renovables bajo investigación formal por un supuesto caso de espionaje. El Juez Manuel García Castellón investiga si la empresa incurrió en un delito de cohecho al contratar al excomisario de policía José Manuel Villarejo para que supuestamente espiara a la empresa suiza Eolica Dobrogea, que se había asociado con Iberdrola para proyectos en Rumanía. La investigación aún sigue su curso.
El 11 de agosto de 2021, alcaldes de 19 municipios ribereños denunciaron ante la Comisión Europea a Iberdrola por el vaciado del embalse de Ricobayo (Zamora), una denuncia que fue atendida el 24 de agosto de ese año cuando el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, informó a los alcaldes que la Dirección General de Medio Ambiente del organismo estudiaría el caso, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España abrió un expediente informativo a Iberdrola por el desembalse.
El 13 de agosto de 2021, VOX también denunció a Iberdrola ante la Comisión Europea por vaciar el embalse de Ricobayo. Según el partido español, la capacidad pasó en pocos días de 95 a apenas un 12 por ciento para aumentar su producción y lucrar con los precios.
El 9 de julio de 2021 la Audiencia Nacional de España puso a Iberdrola Renovables bajo investigación formal por un supuesto caso de espionaje. Foto: iberdrola.
Este 2022 Iberdrola acumula más señalamientos. Apenas el pasado 30 de mayo el Juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, admitió a trámite y abrió el procesamiento contra la energética por una investigación que inició la asociación de consumidores Facua, que detectó un sobreprecio durante el ejercicio de 2013. Según la denuncia, la empresa habría inflado 26.5 por ciento el precio de la energía eléctrica.
El pasado 15 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) obligó a la empresa española a desmantelar la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, en la provincia de Badajoz, la más grande de Europa, y a devolver a su dueño las 500 hectáreas sobre las que está asentada por considerar que estas fueran expropiadas de manera ilegal. Esta resolución ha sido impugnada por Iberdrola.
Finalmente, el pasado 20 de junio el Juez de Castilla y León, Javier del Blas, confirmó una multa de 11 millones 250 mil euros y ratificó el embargo de bienes por un total de 130 millones de euros contra tres directivos de Iberdrola implicados en una trama de corrupción político-empresarial en la que se habrían otorgado varias concesiones para construcción de parques eólicos en la que hubo desde sobornos hasta tráfico de influencias y prevaricación, según informó el diario español El Confidencial.
Los políticos Roberto Gil Zuarth, Germán Martínez Cázares, Luis Fernando Salazar y Jorge Luis Lavalle –este último preso por el caso de los sobornos de Odebrecht a exlegisladores– figuran en la carpeta de investigación FECC/FECC//FECC-CDMX/0000776/2020, abierta en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. De éstos se revisa su situación financiera, fiscal, bancaria y propiedades como bienes inmuebles. Allí se detalla la constitución y operación del despacho Accuracy, el cual recibe recursos millonarios a través de un esquema que la UIF considera ilegal por haber una “triangulación entre empresas”, incluidas factureras. Gil Zuarth enfrenta además una investigación en la Procuraduría Fiscal de la Federación por un supuesto adeudo de 360 mil pesos.
Primera parte. Tres denuncias por enriquecimiento ilícito y fraude fiscal enfrenta Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Felipe Calderón cuando fue presidente de la República. Se trata de dos denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) –la última recibida el 19 de enero de 2022– y otra más anónima en la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Junto con Gil Zuarth, otros panistas y exmilitantes de ese partido de derecha también aparecen en la carpeta de investigación FECC/FECC//FECC-CDMX/0000776/2020: el senador Germán Martínez Cázares, exsecretario de la Función Pública en el gobierno de Calderón, expresidente del PAN y director general del IMSS en los primeros seis meses del actual gobierno; el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, preso por casos de sobornos relacionados con la transnacional Odebrecht y con el exdirector general de Pemex Emilio Lozoya Austin, también preso; el exsenador panista Luis Fernando Salazar Fernández, y otras 15 personas físicas y morales, incluidos familiares, empresas y despachos legales.
A cinco requerimientos de información (todos en poder de Contralínea) solicitados a las autoridades financieras del país por la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos Borja, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregó, entre diciembre de 2020 y mayo de 2021, la situación financiera, fiscal, bancaria y la lista de propiedades de bienes inmuebles de 30 personas físicas y morales, en donde sugiere en dichos oficios que se trata de movimientos de dinero superiores a los declarados por los involucrados, triangulación de recursos a través de empresas factureras, uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal, uso de prestanombres, enriquecimiento ilícito y corrupción producto de supuestos sobornos por la aprobación de la reforma energética.
Al respecto, el abogado Gil Zuarth responde que todo es una infamia fabricada por motivos personales y políticos de quien fuera titular de la UIF en los primeros tres años del actual gobierno, Santiago Nieto, y asegura que dos peritajes de la Fiscalía General de la República (FGR) lo exculpan de cualquier irregularidad financiera en sus cuentas.
Al pedirle copia de dichos peritajes, Gil Zuarth rechaza entregarlos porque dice “son parte de mi defensa, con lo cual demuestro que todo es una fabricación y una manipulación por cuestiones personales de Nieto. Ninguno de los dos peritajes ha encontrado una sola irregularidad financiera en mis cuentas, bienes e ingresos”.
Este político panista sostiene además que las acusaciones en su contra son por enriquecimiento ilícito y adeudos fiscales (crédito por 360 mil pesos), y rechaza que en los expedientes haya señalamientos de uso de recursos de procedencia ilícita (lavadode dinero) y delincuencia organizada, porque si así fuera la denuncia tendría que concentrarla la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y no la Fiscalía anticorrupción.
El exsecretario particular de Calderón –quien asegura que estima al expresidente y es su amigo, aunque asegura no haberlo visto desde antes de la pandemia– pasa al ataque y dice que ya presentó dos denuncias penales contra el exdirector de la UIF, y prepara otras dos acusaciones que ya casi están listas por uso de empresas fantasmas, triangulación de recursos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y fabricación de delitos.
Sobre ello, Santiago Nieto respondió en redes sociales que también presentara demandas en contra Gil Zuarth: “Una vez más @rgilzuart miente. Soy hombre de leyes y lo demandaré ante tribunales. Ni empresas fachadas ni simulaciones. Quiere esconder la corrupción que lo acompaña desde Calderón hasta Tamaulipas. Lo reto a que abramos ambos nuestras declaraciones y las expongamos en público.
“Roberto Gil es un corrupto. Es como si el Chapo Guzmán acusara a alguien de narcotráfico. Están desesperados por la corrupción que tienen en Tamaulipas y por el triunfo de Américo Villarreal. Saben lo que les espera.
“Hay ‘abogados’ que confunden demanda con denuncia. De pena ajena.”
Las denuncias anónimas y los requerimientos de la fiscal Mijangos para que se investigue la situación patrimonial del exsecretario de Gil Zuarth incluyen a familiares, como su esposa Elia Mary Knight Corripio; y a sus socios Roberto Ramírez Mier y Roberto Juárez Salinas, este representante legal y tesorero de la firma de abogados Accuracy Legal and Consulting que Gil Zuarth fundó, y Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo, integrante del mismo despacho.
En la lista de investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se incluye a varias empresas y despachos: Alaf 0984, SAPI de CV; Accuracy Legal and Consulting; Marlag, SA de CV; Sum Desarrollo Inmobiliario, SA de CV; Salazar Woolfolk y Asociados, SC; Inmobiliaria Calizas 475, SA de CV; Constructora Gaskent, SA de CV; Construcciones Metálicas de Chihuahua, SA; Microsoluciones Efectivas, SA de CV> Sofom ENR; Bestlabor, SA de CV; Construcciones Jerbo de México, SA de CV.; Snash, SC; FGZ Estrategias; Tekpro Servicios de Mercadotecnia, SA de CV; Papertex, SA de CV; Centro de Excelencia Académica, SC.
En la carpeta de investigación están también las declaraciones anuales de impuestos de los involucrados, los estados de cuenta bancarios, las declaraciones fiscales, las transferencias vía SPEI, compras de inmuebles, sueldos y salarios, viajes al extranjero. En la lista de involucrados aparecen también los nombres de Karla Matilde y Kattia Marcela Villarreal Villarreal y Ricardo Hernández Gallego.
De los cinco requerimientos, en el quinto, con fecha de 19 de mayo de 2021, la fiscal Mijangos -mediante oficio FECC/OF/234/2021- solicita a las autoridades hacendarias toda la información de Roberto Gil Zuarth, en cuya respuesta la UIF envía un expediente de 141 páginas de este político panista que es objeto, junto con familiares, amigos, socios y empleados, de una profunda indagatoria iniciada hace tres años por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, para que la FECC determine si hay elementos para judicializar el expediente.
FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
Allí se afirma que los ingresos en cuentas bancarias, créditos hipotecarios y tarjetas de crédito fueron superiores a los ingresos reflejados en las declaraciones fiscales que Roberto Gil Zuarth presentó ante le SAT.
El documento destaca que, como senador de la República, entre septiembre de 2012 y el 15 de febrero de 2018, este político panista recibió grandes cantidades de dinero “sin justificación” de diversas personas, como Carlos Alberto Lezama y Roberto Juárez Salinas, “a quienes se identifica como posibles prestanombres”.
Otro dato relevante en el expediente es que se señala que, posterior a su cargo público como senador, tiene una evolución financiera y patrimonial que asciende de manera “desproporcional y sin aparente justificación”.
En materia de ingresos por salarios y actividades profesionales, las autoridades financieras explican su ingreso bruto del 1 de septiembre de 2015 al 15 de febrero de 2018: el Senado de la República le pagó 14 millones 318 mil 198 pesos, cuyo ingreso neto significó 9 millones 974 mil 58 pesos.
Además, en un periodo de tres años, del 16 de febrero de 2018 al 31 de diciembre de 2020, Gil Zuarth recibió ingresos de actividades profesionales por 45 millones 347 mil 52 pesos.
El 79.26 por ciento de estos ingresos, es decir 35 millones 945 mil 192 pesos, los recibió de su despacho Accuracy Legal and Consulting, constituido en febrero de 2018 y en el que, según la UIF, hay irregularidades al contrastar lo declarado por el despacho legal y los ingresos recibidos por el exsenador panista, pues en los tres ejercicios fiscales de Accuracy se reporta que pagó un total de 47 millones 755 mil 893 pesos por concepto de honorarios, de los cuales Gil Zuarth recibió el 83.57 por ciento, es decir 39.9 millones.
Se explica que de 2018 a 2020, ese despacho legal reportó ingresos nominales por 144 millones 441 mil 280 pesos, de los cuales el mejor año fue 2018, cuando recibió 54.8 millones; y aunque presenta los comprobantes fiscales correspondientes “no comprueba materialidad de los posibles servicios prestados por la sociedad (Accuracy) con los que justifica los ingresos millonarios del primer año”, aseguran las autoridades hacendarias.
Observan también que de manera inmediata, al momento de que pide licencia como senador de la República, Gil Zuarth comienza a recibir la mayor parte de recursos de ese despacho legal.
Por lo anterior, dice el expediente, “hay la presunción fundada de que Accuracy operó financieramente con empresas a través de un esquema de triangulación de recursos que están relacionados entre sí; recursos de corporaciones que dentro de sus múltiples giros se encuentra la energía y que muy probablemente se vieron beneficiadas por la reforma energética impulsada por Gil Zuarth y de la que se ha señalado, por Emilio Lozoya, de recibir sobornos para su aprobación; asimismo, varias de las sociedades mercantiles han sido listadas por el SAT y algunas otras están relacionadas con contratos públicos irregulares y no cumplidos con diversas alcaldías de la Ciudad de México”.
Entre las empresas que menciona destaca tres que tienen vínculos con la firma Accuracy: Grupo Empresarial Jerome de México, el cual realizó cinco transferencias por 500 mil pesos cuyo beneficiario fue Gil Zuarth.
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Ese Grupo Empresarial se relaciona con un contrato de adjudicación directa “irregular” con la alcaldía Benito Juárez (administración panista) por la adquisición de vehículos policiacos, operación revisada por la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
La segunda empresa es la Transnacional AP de México, la cual realizó tres transferencias al despacho Accurity por 300 mil pesos, dinero cuyo beneficiario fue el exsenador panista. Esa empresa se relaciona con un contrato de adjudicación directa, supuestamente irregular, con la alcaldía Gustavo A Madero por la adquisición de maquinaria y equipo de construcción, mismo que fue también revisado por la Auditoría Superior de la CDMX.
La tercera empresa, HYT del Pacífico, transfirió 200 mil pesos al despacho legal y el dinero fue a parar a las cuentas de Gil Zuarth. A esa empresa se le relaciona con un contrato de adjudicación directa con la alcaldía Gustavo A Madero por la adquisición de alimentos y otros, lo cual fue auditado por la Auditoría Superior de la CDMX.
De acuerdo con el Sistema Integral de Gestión de la Secretaría de Economía, las tres empresas mencionadas anteriormente están relacionadas corporativamente, pues Luis González Castruita es accionista de Grupo Empresarial Jerome de México y de Transnacional AP de México, mientras que Carlos Jaime Morales es accionista de HYT del Pacífico y de Grupo Empresarial Jerome de México.
De acuerdo con las investigaciones financieras, el despacho Accuracy realizó ocho transferencias a Gil Zuarth por 10 millones 669 mil 334.13 pesos por concepto de honorarios.
El 8 de febrero de 2018, cuando Gil Zuarth fungía como senador de la República, constituye el despacho Accuracy, en donde Roberto Juárez Salinas es tesorero y representante de esa firma de abogados y “a quien se le identifica como prestanombres”, según la carpeta de investigación.
Desde la creación del despacho legal, de inmediato recibe grandes cantidades de recursos “sin justificación”, y las autoridades presumen que “el despacho fue constituido con la finalidad de recibir el pago de sobornos para garantizar la reforma energética”.
Las pruebas que aporta Hacienda a la Fiscalía es una serie de transferencias SPEI recibidas por Accuracy en 2018 de parte de cuatro empresas: Coisa Consultores Industriales, GDS Connection, Tas Tevel y Viajes Olamex.
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Explica que la empresa Coisa tiene alerta del SAT por tratarse de una empresa denominada EFOS, por emitir facturas de operaciones simuladas y de donde se realizaron transferencias por 881 mil 600 pesos en favor del despacho de Gil Zuarth.
Gil Zuarth, abogado de Corporativo Kosmos, de polémica familia Landsmanas
Las otras tres empresas, que transfirieron en el mismo año 2018 un total de 25 millones 520 mil pesos, pagaron con el concepto denominado “Corporativo Kosmos pago factura”.
Ese Corporativo Kosmos, se explica en la carpeta de investigación, forma parte de un conglomerado de empresas de las que es dueña la familia Landsmanas, la cual fue acreedora a través de su empresa Termo WTE, SA de CV, de un contrato DGIARSU-2017-DTDFRSU-PS-LP-068 por más de 80 millones de pesos con la Agencia Termovalorizadora, que convertiría la basura de la capital en energía, el cual fue auditado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México por tener irregularidades. En ese año 2017, el jefe de gobierno era el perredista Miguel Ángel Mancera, actual senador por ese mismo partido.
Se añade que Corporativo Kosmos está conformado por tres empresas principalmente: La Cosmopolitana; Serel, incluida en la lista de empresas bloqueadas por las autoridades financieras en 2018; y Kol Tov.
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Serel y Kol Tov se relacionan con Tas Tevel, y “fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación con contratos irregulares de la partida especial de gastos de seguridad nacional de la entonces Policía Federal”.
Respecto de la relación corporativa entre las empresas relacionadas, además de que todas pertenecen a este Corporativo Kosmos, se localizó en el Sistema Integral de Gestión Registral (Siger) que Tas Tevel y Viajes Olamex tienen a los mismos accionistas; además, Jaime Gary Braun es el apoderado de GDS Connection, Tas Tevel y Serel; y de Viajes Olamex su representante legal y comisario es Erick Eduardo Alvarado Cárdenas, junto con la empresa de energía Termo WTE.
Por todo lo anterior, la UIF advierte que “Accuracy recibe a través de un esquema de triangulación de recursos de empresas que están relacionadas entre sí, recursos de corporaciones que dentro de sus múltiples giros se encuentra la energía y que muy probablemente se vieron beneficiadas por la reforma energética impulsada por Gil Zuarth y de la que ha sido señalado por Emilio Lozoya [exdirector general de Pemex actualmente preso] de recibir sobornos para su aprobación”.
Las cantidades pagadas por las tres empresas, además de coincidir en el concepto, también lo hacen en los montos de forma exacta por 5 millones 800 mil pesos y una por 1 millón 160 mil, situación que en lugar de parecer coincidencia, dice el expediente, se advierte con más claridad el esquema de triangulación de recursos.
Otro indicio de anomalías financieras para las autoridades hacendarias es que Gil Zuarth recibe el 29 por ciento de los ingresos brutos de Accuracy y el 83 por ciento del gasto total de honorarios que hace ese despacho legal, siendo esto casi la totalidad de recursos destinados a pagos hacia él mismo.
Lo anterior también alerta sobre la utilización de estructuras corporativas en beneficio de una sola persona que, mediante ésta, trata de justificar o hace parecer como lícitos los ingresos que recibe, un sistema que cada vez es más sofisticado para que el SAT o la UIF no los detecten.
Este tipo de mecánicas financieras, argumenta la UIF, son utilizadas en esquemas de lavadode activos, ya que las personas físicas buscan evadir el depósito de ingresos altos directamente en su haber patrimonial, por lo que recurren a entidades jurídicas, que al analizarlas reflejan cifras que pueden ser inviables para su operación.
En la conclusión que hacen las autoridades financieras sobre los ingresos gravables que reportó Roberto Gil Zuarth entre 2012 y 2020, por un monto total de 61 millones 345 mil 451 pesos, observan que el incremento patrimonial en sus ingresos por actividades profesionales, una vez que dejó de ser senador de la República, se elevaron en un 74 por ciento sólo en tres años (2018-2020).
Entonces, por actividades profesionales obtuvo un aumento de 454.6 por ciento más que sus ingresos como senador de la República en 6 años. Esta situación, dice Hacienda, es anómala, porque no hay una evolución armónica y consistente en el ingreso recibido, máxime que en esos tres años los recursos provinieron de la iniciativa privada.
enaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública que se encuentra preso actualmente en Estados Unidos por narcotráfico, quiso ser Presidente de la República y para ello se rodeó de un equipo que tenía la responsabilidad de posicionarlo como un hombre fuerte y honorable que terminaría con la delincuencia organizada.
Esto es lo que contó el periodista Francisco Cruz a sus colegas Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por Youtube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.
“García Luna y su equipo estaban confiando para posicionar la imagen de un político decente, del hombre que iba a venir a acabar con la violencia generada en el sexenio de Felipe Calderón y se iban con Televisa y Tv Azteca, no iban a tener problemas porque le habían despachado cualquier cantidad”, dijo el periodista.
El periodista recordó que en marzo del 2011 en el contexto de la Iniciativa México, Felipe Calderón convocó a una gran reunión con comunicadores, y dueños de medios de comunicación para que firmaran un acuerdo de “autocensura”. Acudieron Carlos Loret de Mola, Carlos Marín, Óscar Mario Beteta, dueños de emisoras radiofónicas y las televisoras oficialistas Televisa y TV Azteca.
El acuerdo tenía el propósito de omitir información de la violencia que estaba en auge en ese momento y que pudiera comprometer los operativos contra el crimen organizado.
Cruz dijo que los medios acudieron gustosos a firmar ese pacto de autocensura, que final de cuentas no se cumplió porque internet jugó un papel relevante y “no lo pudieron ocultar por eso”.
“Sólo hay que recordar aquel acuerdo que siempre afirmo, es infame el acuerdo de 2011 cuando reunieron a 600 periodistas y dueños de medios de comunicación para que firmaran un acuerdo de autocensura. Él lo promovió y Calderón llamó a todos los medios grandes, yo recuerdo mucho a Loret de Mola en primera fila”, dijo.
Más de 600 medios de comunicación mexicanos firmaron un “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia” .
Francisco Cruz aseguró que García Luna sí fue capaz de comprar a periodistas y mencionó el nombre de algunos comunicadores que en la práctica hacían el papel de voceros del exfuncionario.
Incluso en el 2010, el Gobierno de Calderón autorizó 100 millones de pesos a Televisa, a petición del propio García Luna para financiar un programa que se llamó El Equipo con la finalidad de despegar su imagen como político, el cual fracasó posteriormente.
Pero si El Equipo funcionaba, la campaña presidencial del ex Secretario de Seguridad se apoyaría con los conductores:
Jorge Fernández Menéndez
Juan Ruiz Healy
Carlos Marín
Adela Micha
Luis Soto
Pedro Ferriz de Con
Leonardo Curzio, entre otros.
En 2010, el Gobierno de Calderón autorizó 100 millones de pesos a Televisa, a petición del propio García Luna.
“Había grupos de agentes de inteligencia, no gentes cualquiera, de inteligencia que formó García Luna para atender a ciertos comunicadores, así atendían a Raymundo Riva Palacio y un grupo de comunicadores expresos, le entrega la información que quería García Luna que se publicara en los periódicos o que publicaran en su columna, así lo hacían con Loret de Mola”, afirmó.
Cruz menciona que a esos periodistas se les entregaba la información ya “digerida” y que Raymundo Riva Palacio era conocido entre los agentes de inteligencia como “el jefe no oficial de prensa de García Luna”.
Cruz recuerda un episodio el 21 de septiembre del 2005, el asesinato del Gral. Ramón Martín Huerta, del que casi nadie habló porque ese mismo día fue liberado —después de 70 días de secuestro— el entrenador de fútbol Rubén Omar Romano, y los medios prefirieron destacar esa noticia.
En 2005 agentes de la AFI liberaron sorpresivamente al entrenador y en medio de la presencia de reporteros.
En ese momento, García Luna se desempeñaba como titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Era el sexenio de Vicente Fox, y las olas de secuestro que comenzaban a sacudir la capital, se atribuyeron a García Luna.
El sueño del “súper policía”
Cruz aseguró que García Luna estaba convencido de que podía lanzarse como candidato a la Presidencia de la República, y para lograrlo, contaban con una lista de periodistas que estaban dispuestos a respaldar al llamado ‘súper policía’ en el sexenio de Felipe Calderón.
El dinero para medios de comunicación en el sexenio de Calderón corrió a raudales, un aproximado de 38 mil 725 millones de pesos, 22 mil 550 millones sólo para las televisoras. Cruz señaló que García Luna se sentía incluso por encima de Calderón.
“El Equipo era su programa eje para posicionarlo como político, ya no como policía, tenían listas de periodistas a los que tenían que atender para lanzar eso, él pensaba que podía, se sentía superior a ‘El Negro’ Durazo, se sentía superior a Calderón, hay que verlo, parecía el Presidente García Luna, Calderón parecía su subordinado. Entonces, ¿tuvo el sueño? Sí, pero claro, siempre lo tuvo, él tenía el control de todos los órganos de inteligencia como nunca lo tuvo un policía en este país”, destacó.
“El Equipo”, programa de García Luna en Televisa.
García Luna, Marín y Ciro
El miércoles pasado se dio a conocer que ya recluido en prisión, García Luna intentó por medio de la Mafia Rusa asesinar a quien sería el principal testigo en su contra, el narcotraficante Jesús ‘El Rey’ Zambada.
La noticia fue comentada en diversos espacios informativos, pero particularmente a dos periodistas les resultó gracioso: Carlos Marín y Ciro Gómez Leyva se burlaron de la noticia, e incluso el primero aseguró que quien se crea eso “habla de una anemia neuronal para quienes se toman en serio estas pendejadas”.
Nada raro en Marín, quien desde el arresto de García Luna, tres de cada cinco de sus columnas estaban dedicadas a la defensa del ex funcionario, según un análisis que hizo el periodista Federico Arreola para SDP.
En sus columnas Marín defiende a García Luna aún.
Cruz dijo estar al tanto de los comentarios de esos “periodistas que afirman que es un cuento” y que no sería posible que García Luna se haya auto delatado. El periodista, quien es autor del autor del libro García Luna, El señor de la muerte dijo que en realidad es un hombre bastante limitado.
“Es un hombre que se mueve entre la sagacidad, la astucia, la viveza, pero no la inteligencia”, resaltó.
Libro “García Luna, El señor de la muerte”, de Francisco Cruz.
Cruz mencionó que García Luna probablemente está desesperado, porque estar en una prisión en los Estados Unidos no es ir de “día de campo”. Recordó que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se ha quejado de las condiciones en que lo tienen.
García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades.
Está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.
En los documentos presentados el miércoles, los fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York también dicen que García Luna sobornó y amenazó durante años a periodistas que le investigaban. Aseguran que en 2009 o 2010 García Luna usó dinero obtenido a través de la corrupción para pagar sobornos a un medio con el objetivo de prevenir artículos negativos sobre él.
A pesar de que la multinacional de energía Iberdrola se muestra al mundo como una empresa “ambientalista”, el juez de Castilla y León, Javier del Blas confirmó una multa de 11 millones 250 mil euros y ratificó el embargo de bienes por un total de 130 millones de euros contra tres de sus directivos, por los presuntos delitos de corrupción y grave daño ambiental.
Iberdrola celebró su junta anual de accionistas, en la que se ratificó la cúpula directiva con Ignacio Sánchez Galán al frente a pesar de sus numerosas imputaciones penales que incluyen una trama de corrupción político-empresarial en la que se habrían otorgado varias concesiones para construcción de parques eólicos en la que hubo desde sobornos hasta tráfico de influencias y prevaricación.
La empresa tiene en España al menos cinco procesos judiciales, entre los que se encuentra el que se refiere a la contratación de un ex comisario de policía para espiar y coaccionar tanto a empresarios y directivos de las compañías competidoras, como a políticos, periodistas y hasta líderes medioambientales críticos con los megaproyectos de la firma energética, que tiene su sede central en Bilbao y en el cual está imputado el propio Sánchez Galán, aunque también se investigan otros delitos graves, como la manipulación de los precios de la electricidad mediante el vaciado intencionado de pantanos, la expropiación ilegal de un terreno de más de 510 hectáreas para instalar ahí la mayor planta fotovoltaica de Europa.
Otro caso en investigación es la concesión irregular de autorizaciones para edificar parques eólicos en la región, en un lapso que va de 2003 a 2011. Es decir, ocho años durante los cuales Iberdrola se habría saltado la legalidad para conseguir las concesiones públicas y expandir así sus inversiones y proyectos energéticos en la zona.
El juez embarga 130 millones a tres directivos de Iberdrola por la corrupción eólica https://t.co/HJifaexT73
— julia_quintilla@hotmail.es (@juliquintilla) June 21, 2022
De confirmarse la hipótesis de la Fiscalía, significaría que en ocho años se habrían pagado hasta 80 millones de euros en los sobornos para conseguir las concesiones, en los que estarían involucrados cinco funcionarios de alto rango del gobierno autonómico y 11 empresarios, entre ellos los tres directivos de Iberdrola.
Por presuntos abusos, la empresa de las llamadas energías limpias, la española Iberdrola enfrenta problemas en España, su propio país.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le ordenó devolver a su propietario original más de 525 hectáreas de un terreno, ubicado al oeste del país, que la empresa expropió ilegalmente para construir una planta fotovoltaica, considerada la más grande de Europa con 1.4 millones de paneles solares.
De acuerdo con medios nacionales, Iberdrola firmó un contrato de arrendamiento por 25 años, pero pretendió apropiárselos “con el argumento de que eran propiedad pública”.
Ante esto, la empresa española señaló que cuenta con todos los permisos para el funcionamiento de la planta fotovoltaica y dijo que seguirá funcionando con normalidad.
La noticia se conoce en momentos de fuertes críticas al oligopolio eléctrico –en el que Iberdrola es pieza fundamental—por los abusivos precios de la electricidad en España.
Hoy una sentencia ha obligado a Iberdrola a desmantelar la fotovoltaica más grande de Europa, en Badajoz. Los terrenos fueron expropiados de manera ilegal afectando una zona de acuíferos y yacimientos arqueológicos protegidos. No verán nada en TV. Tiene comprados a los medios. pic.twitter.com/bneV6vszfd
a Fiscalía General de la República (FGR) investiga el contrato de 29.3 millones de dólares entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la consultora BAIN & Company México, en la cual figuraba Gilda Susana Lozoya Austin.
De acuerdo con el periódico Reforma, dicha consultora fue contratada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sexenio de Peña Nieto para elaborar el programa de transformación de la Comisión; incluido el modelo operativo, plan de inversiones, estrategia de financiamiento y plan de negocios 2016-2020.
El contrato establecía que BAIN & Company México entregaría 29 productos y brindaría los servicios de 76 asesores, entre ellos la hermana del entonces titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin; como contraprestación la consultora recibiría 28.8 millones de dólares.
“En el listado de 76 asesores expertos ofertados, BAIN incluyó y se le aprobó la participación de Gilda Susana Lozoya Austin, con lo que se actualizaba un supuesto conflicto de interés por ser pariente consanguíneo de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, lo cual era suficiente motivo para desechar su oferta”, establece la denuncia interpuesta por la CFE ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a la que tuvo acceso el diario Reforma.
Emilio y Susana Lozoya, en imagen.
A pesar de que el contrato fue firmado y el pago fue efectuado, hasta la fecha, no existe evidencia de la implementación y funcionalidad de los productos pagados y tampoco hay documentos que comprueben su entrega, de acuerdo con la denuncia.
Además de Gilda Susana, ejecutivos de BAIN & Company México y de la CFE también se encuentran bajo investigación, ya que la auditoría efectuada al contrato reveló una tendencia a favorecer a BAIN sobre otras consultoras que ofrecían mejores condiciones.
El pasado 16 de mayo, un juez de control volvió a girar una orden de aprehensión contra la hermana de Emilio Lozoya, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por presuntas transferencias ilegales de dinero que recibió en el marco del caso Agronitrogenados.
Gilda Susana, hermana de Lozoya, también va a ir pal tambo, libran orden de aprehensión en su contra. pic.twitter.com/6UTNT1VaNS
