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  • Los dan de alta en el IMSS después del derrumbe. FGR imputará a dueños de la mina colapsada en Sabinas, Coahuila

    Los dan de alta en el IMSS después del derrumbe. FGR imputará a dueños de la mina colapsada en Sabinas, Coahuila

    Mineros fueron dados de alta al IMSS después del accidente

    El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que de ser cierto, la intención sería proteger al verdadero concesionario de la mina El Pinabete donde aún prevalecen atrapados 10 mineros.

    El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, fueron inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de que sucedió el accidente, ello para proteger a los verdaderos concesionarios.

    “De manera muy extraña, una vez que sucedió el accidente, fueron a inscribir a los trabajadores del Seguro Social, si es cierto, es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores en el Seguro y no a los concesionarios”, criticó.

    Ha trascendido que Cristian Solís es el presunto dueño de la mina, sin embargo la organización Familia Pasta de Conchos ha denunciado que en realidad el joven es un prestanombres.

    “La persona de nombre Cristian que registró trabajadores a su nombre es un muchacho del pueblo que tontamente aceptó ser prestanombres. Su esposa hace rifas en Facebook y su madre es trabajadora de una maquiladora por lo que no es el dueño, ni socio, ni aliado en el Pinabete”, se lee en las redes sociales de la organización.

    Al presidente se le preguntó sobre la posibilidad de que Cristian Solís, sin ser el verdadero dueño, podría ser vinculado a proceso, a lo que respondió que aún está abierta la investigación.

    “Es probable que a ello lo hayan utilizado para inscribir a los trabajadores al seguro, a lo mejor ese es el antecedente que están utilizando. No se cierra la investigación y no hay impunidad para nadie, los que resulten responsables, no hay impunidad para nadie y puede ser quieran maniobrar de esa forma pero ya se está denunciando”, planteó.

    Reconoció que en esa zona predomina la corrupción y las relaciones de contubernio entre empresarios y políticos.

    “En esa región ha habido mucha corrupción, es lo que ha imperado la corrupción, cacicazgos y con mucha influencia política, gobernadores caciques en toda la región, y empresarios también corruptos, vinculados a políticos”, dijo esta mañana.

    El presidente recordó que la mina donde el miércoles 3 de agosto sucedió la inundación fue concesionada por 50 años en el gobierno de Vicente Fox en 2003.

    Va la FGR tras dueños de la mina

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, luego de solicitar la audiencia judicial ante el Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila, imputará a Cristian Solís, por su presunta responsabilidad en todos los actos de dirección y administración, en la explotación ilícita del subsuelo, a través de la mina de carbón mineral conocida como “El Pinabete”, ubicada en el municipio de Sabinas de la misma entidad.

    “Esos hechos, a juicio de la Fiscalía General de la República, constituyen el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la Nación, previsto y sancionado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales, tratándose de un delito de acción permanente y dolosa, en los términos señalados en el Código Penal Federal, fundamentalmente, en sus artículos 8, 9 y 13”, señala un comunicado de la FGR.

    En la formulación de imputación se señalarán las personas que han declarado al respecto, así como todos los datos de prueba, como dictámenes en documentación fotográfica, en materia criminalística de campo, en ingeniería y arquitectura, en investigación criminal, así como las inspecciones y entrevistas correspondientes.

    Dicha formulación vendrá acompañada de diversos documentos de autoridades locales y federales, competentes en esta materia, la declaración ministerial del imputado Cristian Solís y toda la documentación y diligencias procedentes al caso.

    Sin embargo, la FGR indicó que “la investigación continúa y se informará, en forma inmediata, las siguientes actuaciones que realice el Ministerio Público de la Federación (MPF), de conformidad con las pruebas que se vayan obteniendo, en razón de los delitos que se puedan ir comprobando”.

    Cabe recordar que esta mina de carbón mineral, ubicada en la comunidad de “Las Conchas”, en el paraje de “Agüita”, municipio de Sabinas, en el estado de Coahuila, se colapsó el pasado 3 de agosto, quedando atrapados en su interior 10 mineros y, para su rescate, se movilizaron desde las primeras horas del siniestro, al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes activaron el Plan DNIII, así como autoridades federales, estatales y municipales, mismos que, al día de hoy, continúan con los esfuerzos de salvamento.

    Con información de Expansión y Sin Línea

  • Negligencia, sufrimiento y muerte en las minas

    Negligencia, sufrimiento y muerte en las minas

    Diez trabajadores quedaron atrapados en la mina Agujita o Pinabete en “Las Conchas”, municipio de Sabinas, Coahuila el 3 de agosto. Las criminales políticas de las empresas, la corrupción o omisión de las autoridades han cobrado muchas vidas sobre todo en la época de PRIAN. Entre 2000 y 2019, unos 2 mil 626 mineros quedaron incapacitados permanentemente. Tras Pasta de Conchos, donde 65 trabajadores murieron, en Barroterán ocurrió un siniestro un mismo 3 de agosto de 2012 que mató a seis mineros. De 2012 a 2015 murieron 200 mineros del Grupo México, tan sólo en el año 2012 perdieron la vida en las minas 23 trabajadores. Las minas de carbón hacen a Coahuila el estado con más incapacidades permanentes. Es dramático que en las minas de carbón y en un solo estado, Coahuila, murieran 132 mineros en esos años de gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN). La tragedia ha continuado. El año pasado, en junio de 2021, en la mina predio Rancherías, municipio de Muzquiz, siete mineros perdieron la vida.

    A los mineros mexicanos les pagan por su trabajo de alto riesgo 15 veces menos que sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá y sufren malas condiciones laborales, falta de equipo y nula seguridad e higiene.

    Estos accidentes son producto de la negligencia. “Los accidentes no nacen… se hacen”. Es sabido que las condiciones en que se explotan los pocitos y el riesgo que representan hace necesario un minucioso estudio de la zona, mapas precisos y actualizados y barrenar el área para conocer el estado de subsuelo antes de que los trabajadores mineros actúen. No se puede proceder a la perforación si no se realizan barrenos para detectar agua o gas, y sobre esta base tomar las decisiones y cuando en algún túnel se detecta agua detener el avance y retirar a los trabajadores. Pero las empresas hacen caso omiso de las advertencias y trabajan de manera anárquica e irresponsable, buscando explotar las minas de manera acelerada sin tomar en cuenta la seguridad de los trabajadores.

    El 3 de agosto, desgraciadamente, la presión del agua colapsó las paredes e inundó los tres pozos en los que se estaba trabajando dejando atrapados a los mineros, a 60 metros de profundidad en la mina Agujita o Pinabete.

    Es patente la responsabilidad de las empresas pero también la de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que debe estar realizando inspecciones y prestar oídos a las quejas e informaciones de los habitantes de la zona. Dado los antecedentes en las minas de carbón en Coahuila, la STPS debió de prevenir nuevos accidentes, como los sucedidos en la época del PRIAN. Y tras la muerte de siete mineros el año pasado en Muzquiz, debieron de prenderse los focos rojos y actuar con energía y profundidad ante las dimensiones del problema. También Protección Civil debe tener una red a nivel, nacional, estatal y local, siempre atenta a prevenir accidentes y desastres naturales o provocadas por personas, más aún en una zona y actividad que se caracteriza por continuos accidentes, y trabajar de la mano con STPS, y ambas coordinarse con la Secretaría de Economía para detectar explotaciones mineras ilegales y cancelar concesiones cuando el patrón no se aviene a estrictas medidas de seguridad e higiene.

    Las autoridades municipales y estatales tienen la obligación de estar atentas como las que más y ser proactivas para evitar sufrimiento y muerte de los trabajadores. Sin embargo es sabido que se arrastra con redes de corrupción y que hay políticos con intereses en este negocio. Por su parte la Comisión Federal de Electricidad que es quien compra el carbón, debe tener responsabilidad social, constatar a quien le compra y en que condiciones trabaja y no atenerse cómodamente al “mercado”.

    FOTO: CUARTOSCURO.COM

    Hoy urge ya retirar concesiones, juzgar a los responsables y estricta acción preventiva de las autoridades de los tres niveles, así como de Protección Civil y de la Secretaría del Trabajo. Todos los culpables directos e indirectos deben de recibir castigo de acuerdo a su responsabilidad.

    Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos de la Organización Familia Pasta de Conchos, en entrevista para XEU Noticias, señaló que una de las medidas más importante para prevenir accidentes como lo ocurrido en Coahuila es la prohibición absoluta de pozos como forma de extracción de carbón. Expresó en entrevista con La Razón que, en Coahuila, el 90 por ciento de las minas de carbón “está en riesgo de colapso y son trampas de muerte”.

    Señaló que el derrumbe de la mina en Sabinas, Coahuila, se debe a la falta de supervisión de las autoridades federales, pues se tiene detectado, desde hace años, que es una zona de pozos que corre un “grave riesgo de colapso”.

    En general tenemos una deuda histórica con los trabajadores mineros. Ellos participaron en la lucha de la Independencia. Recordemos su participación junto a Hidalgo en la toma de Guanajuato y que Mariano Jiménez era minero y luchó hasta el final siendo fusilado en 1811. En los preámbulos de la lucha se distinguieron estallando la huelga minera de 1766 en las minas de Pachuca y Real del Monte surgida después de que Pedro Romero de Terreros, pretendió reducir los jornales de 4 a 3 reales por jornada laboral y aumentar al doble las cargas de trabajo para obtener mayores ganancias. También la huelga de Cananea de 1906 fue un evento de tal trascendencia que encendió la chispa de la Revolución.

    Ejemplares han sido las luchas de los trabajadores mineros, no se olvida que el 16 de octubre de 1950, los mineros de Nueva Rosita, Palau y Clorete, en Coahuila, emplazaron a huelga para defenderse de los abusos laborales de las empresas Mexican Zinc Company, y Carbonífera de Sabinas, del monopolio ASARCO, en un intento por mantener sus derechos laborales y humanos. En Coahuila se han dado luchas históricas y de impacto nacional, el 20 de enero de 1951, los mineros de Nueva Rosita iniciaron una marcha hasta la Ciudad de México. La Caravana de la Dignidad le llamaron.

    A pesar de esto, por la avaricia de los patrones y la complicidad de las autoridades, los mineros han trabajado en condiciones riesgosas e insalubres, siempre en peligro de accidentarse. Por cierto, la concesión de la mina siniestrada se dio en el sexenio de Vicente Fox.

    El registro de estos percances se ha repetido en el país a lo largo de nuestra historia. En México, según el Informe Carbón Rojo, elaborado por la Organización Pasta de Conchos, de 1883 al 2017 se han registrado al menos 310 eventos mortales con al menos 3 mil 103 muertes. Laboran 345 mil trabajadores en malas condiciones, cientos mueren, miles quedan incapacitados, la mayoría sufre muerte prematura. Y el ingreso promedio del minero es de 10 mil 500 pesos al mes, mientras que tan solo en el primer trimestre del año actual la minería generó 1.78 por ciento con respecto al trimestre anterior y de 40.5 por ciento respecto al mismo período del año pasado (Néstor Jiménez en La Jornada, 10 de agosto de 2022).

    Luego de la ley minera de 1992 la situación en las minas se deterioró y la explotación se ha intensificado. Con los gobiernos del PAN se redobló la entrega de concesiones y el saqueo. En tan sólo 8 años se duplicó la cantidad total de proyectos mineros en México, que pasó de 667 en 2010 a 1 mil 531 en 2018. Los proyectos en producción se quintuplicaron pues pasaron de 54 en 2010 a 274 en 2018. En 36 años del período neoliberal se concesionaron 120 millones de hectáreas. La minería en México desde Salinas de Gortari hasta Peña ha sido rapaz y a afectado a los trabajadores, a las comunidades, al medio ambiente y al desarrollo armónico de México.

    No solo existen problemas con las carboníferas, todas contaminan el medio ambiente y afectan a la población. De los 1,113 proyectos en exploración en 2018, 68% estaban destinados a buscar minerales preciosos, principalmente oro. Esto supone un problema ambiental, pues en la actualidad el 68% del oro extraído en el país se explota bajo la modalidad a cielo abierto (Pérez-Jiménez 2018).

    El PRIAN dejó nuestra minería en manos extranjeras. Los proyectos mineros en exploración en 2018 eran 77 por ciento canadienses, 10 por ciento de Estados Unidos, ocho de empresas mexicanas y 5 por ciento de otros, casi todos con impactos ambientales importantes, pues implican la perforación de cientos de pozos, también llamados barrenos.

    A grandes males, grandes remedios, se necesita una profunda transformación que beneficie a los trabajadores, al pueblo y a sus comunidades. La STPS asegura que no había denuncias previas en Sabinas pero una actividad de alto riesgo donde existe constante afectación a los derechos laborales debe ser sujeta a una activa y profunda inspección. Pero además en esta transformación es necesario que las comunidades organizadas tengan voz y espacio  para denunciar las violaciones laborales, cuando toda la gente sabe cómo funcionan de mal las cosas en esos centros de trabajo mineros. La inspección y la protección civil debe implementarse de arriba abajo y desde las comunidades a los niveles superiores, en un compromiso colectivo. Hace falta la organización popular y su activa y consciente participación, porque entre todas y todos no hay quien pueda escapar a la vigilancia de toda una sociedad.

    Es urgente la unidad del pueblo y de sus organizaciones políticas, sindicales sociales para enfrentar al imperio y las corporaciones y de las potencias extranjeras que las respaldan y no solamente en el caso de la minería.

    Es necesario cancelar concesiones a mineros, agua tenientes,  bancos usureros, farmacéuticas, agroindustrias, petroleros extranjeros. Es necesaria una nueva Constitución, que defienda a la gente y sus recursos, contra los expoliadores, la Constitución del siglo XXI, que garantice efectivamente los derechos, que se enuncian en la Constitución de 1917 pero no se cumplen en realidad. Se requiere la renovación democrática que implemente un sistema político en el que los intereses de México y de su pueblo tengan prioridad. ¡Es hora de transformar esas condiciones deplorables en las que vive y labora la mayor parte de los trabajadores y el pueblo, las mujeres, jóvenes y viejos y los pueblos originarios que son los más afectados por la voracidad minera, el extractivismo y el saqueo!

    ContraLínea

  • Árbitro (Electoral) Vendido

    Árbitro (Electoral) Vendido

    @_BarbaraCabrera

    “El árbitro es arbitrario por definición. Éste es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera”

    Eduardo Galeano

    ¿Y cómo es la “autoridad” electoral en tu país? Para tener un panorama del Organismo que resulta ser el árbitro en las elecciones, el cual actualmente se llama formalmente Instituto Nacional Electoral, antes conocido como Instituto Federal Electoral (IFE); es preciso hablar acerca de quien lo preside: Lorenzo Córdova Vianello quien es un irascible personaje constituido en una especie de Luis XIV –a quien tal vez recuerden de los libros de historia donde se detalla cuando pronunció ante el Parlamento de París un 13 de abril de 1655 su mítica expresión “El Estado soy yo”-

    En este caso el señor Córdova, ha dejado sentir que “el INE es él” (y háganle como quieran)

    Córdova Vianello se asume como abogado, académico, funcionario, investigador y politólogo mexicano, y está enquistado en la Institución electoral desde 2011. En aquellos años –del 15 de diciembre de esa anualidad hasta el 7 de enero de 2014- se desempeñó como consejero del IFE, siendo su último presidente del 8 de enero al 4 de febrero de 2014, toda vez que dicha institución, a partir de una reforma legal, cambió la “F” por la “N”.

    Como naturalmente hubiese ocurrido en una auténtica democracia, al ser creado el INE –en sustitución del IFE- alguien más debió haber sido nombrado para presidirlo; no fue el caso, ya que gracias a las componendas del entonces titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto; la Cámara de Diputados lo eligió como presidente del Instituto Nacional Electoral por un periodo de 9 años; con un sueldo y prestaciones de primer mundo, en un país desigual donde impera la pobreza.

    Ahora veamos algunos de los alcances de Lorenzo Córdova y por ende, del Instituto Nacional Electoral:

    Intentó construir una sede faraónica a costillas de un pueblo empobrecido.

    Dio carpetazo al caso de las tarjetas Monex con las que el PRI compró la elección presidencial de 2012, de la cual resultó “ganador” Enrique Peña Nieto.

    En 2017, se hizo el ciego, sordo y mudo ante las desaseadas elecciones donde el priísta Alfredo Del Mazo, primo de Peña Nieto, fue ungido como gobernador.

    Validó las firmas falsas presentadas por Margarita Zavala, quien al final desistió en su intento por ser candidata “independiente” a la presidencia de la República.

    Desapareció por arte de magia más de 200 vehículos.

    Lorenzo Córdova es clasista, racista y xenófobo, recuérdese cuando se mofó de un representante de los pueblos originarios. Y fue más allá, burlón expresó a su interlocutor: “Yo, gran jefe Toro Sentado”

    Se reúne en lo oscurito –y últimamente de manera pública- con políticos impresentables, entusiastas de las políticas neoliberales para brindarles su apoyo; esto es, el árbitro tomó partido y le vale.

    Últimamente se pone iracundo durante las sesiones del INE.

    Despotrica contra ejercicios constitucionales de participación ciudadana y amaga con no organizarlos si no le dan más dinero.

    Quita la candidatura a personajes que no le resultan útiles, con pretextos tales como no reportar 19 mil pesos; razón por la cual Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena por Guerrero, quedó fuera de la contienda electoral.

    Sanciona a partidos políticos que le son incómodos ideológicamente; y de paso contribuye a la defensa de los intereses del viejo régimen, cuyos personeros de a poco han perdido el poder y sus privilegios.

    Ha tenido la osadía de censurar las conferencias de prensa diarias –conocidas como “Las mañaneras”, un ejercicio de comunicación política circular único en el mundo- que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece a los medios y para informar al pueblo.

    Coloca en la lista negra a funcionarios, así como a militantes del Morena; amonestándolos y limitando su derecho a asociarse libremente para hacer política.

    En suma, este señor es nocivo para la democracia; por tanto, debe ser destituido por el bien de México.

    El INE de Lorenzo Córdova, se convirtió en el defensor para regresar a la derecha el poder. ¿Necesito decir más?

    Hablemos de la impostergable reforma constitucional-electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyos objetivos son:

    1. Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respecto al voto, honradez y legalidad.
    2. Erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder.
    3. Garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin censura.
    4. Construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político.
    5. Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial únicas, bajo el principio de la austeridad republicana.
    6. Elegir mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión.
    7. Elegir a ambas Cámaras del Congreso la Unión mediante votación en cada una de las entidades federativas, con el método de listas postuladas por los partidos y candidaturas independientes. Se trata del mecanismo de representación proporcional más plural que se haya propuesto en la historia del sistema político mexicano.
    8. Se eliminan 200 diputados federales y 32 senadores para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado.
    9. En los estados y municipios, los Congresos y los ayuntamientos se regirán por el mismo principio de listas postuladas en una sola demarcación que abarca la totalidad del territorio del estado o municipio respectivo.
    10. Limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral y suprimir el llamado financiamiento ordinario que se les entrega mensualmente cada año; al mismo tiempo, regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de estos.

    Para lograrlo, se propone tener una legislación electoral única en todo el país, así como un solo organismo electoral: el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) integrado por 7 consejeros, mismos que serán electos popularmente, al igual que los magistrados electorales. Todo esto para garantizar elecciones limpias y libres; y con ello decir ¡adiós a los fraudes electorales tan practicados durante la época neoliberal!

    Se prevé la incorporación del voto electrónico para mexicanos en el extranjero; se reduce el costo de las elecciones, así como el financiamiento a partidos políticos; además de eliminar 200 diputados y 32 senadores. En suma, con estas adecuaciones a la Constitución Federal se contempla un ahorro anual de 24 mil millones de pesos.

    De aprobarse dicha iniciativa, México contará con un sistema electoral que otorgue a la ciudadanía la representatividad y pluralidad de su espectro político de manera fehaciente, garantizando una mayor equidad, equilibrio de poder, certeza en los procesos electorales, autenticidad de las elecciones y ejercicios de democracia directa; austeridad y eficiencia en el gasto público, así como la aplicación de los principios rectores de la función electoral: imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, certeza y máxima publicidad. El resultado esperado es contar con representantes fidedignos de los intereses de la sociedad mexicana e instituciones electorales, administrativas y jurisdiccionales a la altura de las expectativas y necesidades del pueblo mexicano.

    Una reforma electoral inaplazable ante las acciones, omisiones e intromisiones del INE, que parece haberse erigido en el Tribunal de la Santa Inquisición, también conocido como el Instituto del Santo Oficio para Devolverle a la Derecha lo Perdido.

    Mientras la mayoría queremos dar nuevos aires a la democracia mexicana y estamos a favor de la austeridad; los otros, los moralmente derrotados, cuyo único argumento es ¡no pasará! se han declarado en moratoria constitucional. No señores, les pagamos para que trabajen, si acaso se niegan a hacerlo dejen su curul y abran paso a quienes anhelan ser verdaderos representantes populares, no simples y vulgares curuleros.

    Nota bene: para conocer el texto completo de la Reforma Electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ingresen al siguiente enlace http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/abr/20220428-XI.pdf

    Es todo por hoy.

    ¡Hasta la próxima Nornilandia!

  • Sector farmacéutico, uno de los más afectados por corrupción en Cofepris

    Sector farmacéutico, uno de los más afectados por corrupción en Cofepris

    En la anterior administración, una sofisticada estructura administraba los ingresos de Cofepris de forma discrecional a través de la extorsión.

    En sexenios pasados, la complicidad entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y grandes empresas para hacer negocios a costa del presupuesto público, no estuvo restringida sólo al ámbito de los alimentos. Otro sector fundamental para la salud en el que se hicieron negocios ilícitos, fue el de los medicamentos.

    Mediante una red de extorsión, todo aquel que llegara a la comisión reguladora a solicitar algún trámite relacionado con la industria farmacéutica, enfrentaba el olvido o bien avance de su solicitud según se realizarán o no pagos a funcionarios.

    “Una sofisticada estructura controlada desde una oficina centralizada que administraba los ingresos de forma discrecional a través de extorsionar a los y las solicitantes”, señaló Alejandro Svarch Pérez, titular de la Cofepris.

    En la Cofepris, estas irregularidades provocaron que unas cuantas empresas concentrarán el mercado de medicinas en México. Pero fue de 2011 a 2016 que un personaje se convirtió en factor clave para que la corrupción se convirtiera en la llave maestra para cualquier trámite.

    Se trata del priista Mikel Arriola, hoy presidente de la Liga Mexicana de Fútbol, que de 2011 a 2016 tuvo el control de la Cofepris con el cobijo de los secretarios de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg, Mercedes Juan López y José Narro Robles, frenaban procesos para quienes no cubrieran el moche solicitado.

    De acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación, desde 2009 la Cofepris mostró atrasos en las autorizaciones sanitarias. Para 2011 se documentó que la entrega de autorizaciones acumulaba ya atrasos por meses.

    Foto: Pexels.

    El periódico El Economista señaló que Juan Carlos Gallaga, encargado de la Autorización Sanitaria retenía casos y atrasaba resoluciones al grado de retener mil 670 expedientes de 2015 a 2017 en los sótanos de Cofepris.

    “Detectamos que en la superficie la institución parecía funcionar sin problemas, pero en el fondo, en las zonas oscuras, en los sótanos de la institución operaban redes de corrupción; donde grupos de interés tenían secuestrada a la agencia sanitaria”, mencionó Alejandro Svarch Pérez, titular de la Cofepris.

    Juan Carlos Gallaga, funcionario que archivaba los expedientes y que de acuerdo a versiones periodísticas registró en sus cuentas bancarias constantes transferencias provenientes de empresas reguladas por la Cofepris por cantidades de hasta 300 mil pesos, es el mismo al que Mikel Arriola reconocía públicamente por su trabajo.

    Tal fue el nivel de corrupción, que Julio Sánchez y Tépoz, quien sustituyó a Mikel Arriola, declaró la irregularidad dentro de la dependencia.

    “Hay que decir que esto es irregular, ilegal. Nosotros lo combatimos y yo lo señalé. Por eso se tomaron decisiones contra funcionarios públicos como Juan Carlos Gallaga, porque si retrasa voluntaria y dolosamente procedimientos, claramente eso va en contra de la salud de un país”, dijo Sánchez y Tépoz.

    Foto: Pexels.

    Ante este panorama, Once Noticias buscó a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) para conocer los señalamientos que hay sobre empresas del sector vinculadas a esta red ya sea como participes o víctimas de esta red de corrupción y extorsión.

    “Son casos internos que desconocemos como Cámara porque obviamente las empresas no nos informan. Por eso es importante que si la autoridad ya identificó estos casos, pues denunciarlos y eventualmente nosotros también tomaríamos cartas en el asunto”, dijo Rafael Gual Cosío, director de la Canifarma.

    Cabe recordar que durante el sexenio de Peña Nieto, el Gobierno Federal gastó en medicamentos 303 mil millones de pesos y 10 empresas concentraron 80% de las compras, éstas fueron:

    Proveedores con mayor participación 2012-2018

    • Grupo fármacos especializados: 35.2%
    • Farmacéuticos Maypo: 11.6%
    • Dimesa: 11.4%
    • Ralca: 5%
    • Comercializadora de productos institucionales: 5%
    • Savi distribuidores: 2.9%
    • Laboratorios de biológicos y reactivos de México: 2.4%
    • Compañía internacional médica: 2.3%
    • Comercializadora Pantamed: 2.1%
    • Vitasanitas:1.6%

    Fuente: Secretaría de Salud

    El director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica considera que las extorsiones fueron posibles por la falta de agilidad en los trámites.

    “En medida que hay rezago, se presta a que estas personas ofrezcan: ‘oye pues en lugar de estar en el lugar mil, te voy a pasar al lugar cinco’, aunque no avances más allá del cinco”, mencionó Rafael Gual Cosío, director de la Canifarma.

    La lucha se mantiene contra las diversas irregularidades que se cometieron en la pasada administración en diferentes dependencias, incluida la Cofepris.

    Recientemente la Comisión se vio obligada a crear una lista de distribuidores irregulares de medicamentos que no cuentan con autorización sanitaria o en casos extremos son empresas que simulan operaciones a través de la emisión de facturas.

    La corrupción en el sector farmacéutico es la que ha denunciado el Presidente Andrés Manuel López Obrador y ha prometido que se erradicará.

    “No van a poder con el propósito que tenemos, la firme convicción de limpiar de corrupción al país. Es que llegaron a esos extremos, a robarse el dinero de las medicinas, a adulterar las medicinas, a vender medicinas caducas ya sin escrúpulos morales de ninguna índole”, dijo Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

    OnceNoticias

  • Revocan suspensión a ‘Alito’ contra difusión de nuevos audios

    Revocan suspensión a ‘Alito’ contra difusión de nuevos audios

    El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Foto José Antonio López

    Un tribunal federal revocó la suspensión de plano que le otorgó al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, un juez federal del estado de Nuevo León, que lo salvaguardaba de la difusión de nuevos audios por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que lo exhiben ante la opinión pública de supuestos delitos y actividades irregulares.

    Los magistrados resolvieron que el Juzgado Primero de Distrito con residencia en Nuevo León, actuó de manera incorrecta al conceder la medida cautelar al priista cuando ya se había declarado incompetente para conocer el asunto.

    Argumentaron que el juez de distrito carecía de competencia legal para emitir el auto impugnado, en los términos del numeral 42 de la Ley de Amparo, debido a que ya había declinado competencia legal para conocer del asunto y no podía pronunciarse sobre ese tópico hasta en tanto el juzgado residente en Campeche le informara si aceptaba o no la competencia.

    “El Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León carecía de competencia legal para emitir el auto impugnado, en los términos del numeral 42 de la Ley de Amparo, pues ya se había declinado competencia legal para conocer del asunto, y si bien en la ampliación de demanda estaban señalados actos de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, lo cierto es que el Secretario encargado del despacho ya se había ocupado de la suspensión de plano, así como de los actos futuros de naturaleza inminente acorde con lo peticionado en el escrito inicial de demanda”.

    “Lo anterior, agregaron los magistrados del colegiado, jurídicamente no fue correcto que el Juez de Amparo admitiera la ampliación de la demanda, puesto que ya se había declinado a la competencia y, por ello, no podía pronunciarse sobre ese tópico hasta en tanto el Juzgado residente en Campeche le informara si la acepta o no, quien en todo caso estaría obligada a proveer sobre la ampliación de la demanda y la suspensión del acto” señala el expediente.

    Por ello, el colegiado declaró fundado el recurso de queja que interpuso Layda Sansores y anuló la suspensión de plano decretada por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal del estado de Nuevo León.

    Al respecto, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche se declaró incompetente para conocer la demanda de amparo que promovió el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno contra de una posible orden de aprehensión en su contra, así como para impedir que la gobernadora Layda Sansores realice declaraciones, manifestaciones y comentarios en su contra “publicados y difundidos en redes sociales”.

    El juez Édgar Martín Gasca de la Peña rechazó aceptar la competencia, pues entre otras cosas, advirtió que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar en que se dictaron los mismos y el promovente ni siquiera señaló autoridad responsable alguna que resida dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito.

    Fuente La Jornada

  • Destierro de la corrupción, renacimiento de México: AMLO

    Destierro de la corrupción, renacimiento de México: AMLO

    “Si desterramos la corrupción, el país renace”, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en alusión a que esta problemática era la causa de la desigualdad económica y social en México. Convocó a la ciudadanía a “no permitir la corrupción”.

    “La corrupción es el principal problema de México, era lo que impedía avanzar, un país extraordinario, con muchísimas riquezas naturales, con un pueblo bueno, trabajador, pero con una banda de malhechores en el gobierno y en el poder”, expresó el titular del Ejecutivo.

    Es, también, la causa principal de la desigualdad económica y social, porque en nuestro país muchas de las grandes fortunas “se construyeron al amparo del poder público mediante la corrupción.

    “Entonces, si eso se termina, si desterramos la corrupción, el país renace, de eso depende, y también de un recto proceder. Lo que decía Juárez, que el servidor público se acostumbre a vivir en la justa medianía. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios”, dijo.

    Entonces, añadió el titular del Ejecutivo, “todavía podemos avanzar más sin despedir a trabajadores. Ah, porque los neoliberales inventaron lo de la austeridad, la variable austeridad, pero siempre pensando en despedir trabajadores y en recortar salarios a los de abajo”.

    Lo que hicieron durante mucho tiempo en Pemex, ejemplificó, fue que “creció el número de trabajadores de confianza que cobraban muchísimo y el discurso era que costaba mucho la nómina de Pemex porque había muchos trabajadores y por eso despidos masivos de trabajadores; pero arriba seguían creciendo y eran menos que los de base o los sindicalizados, pero proporcionalmente recibían más. Ese era el concepto de austeridad, muy distinto a lo nuestro, aquí es de arriba abajo”.

  • El gran negocio de Peña Nieto y el PRI con la salud de los mexicanos

    El gran negocio de Peña Nieto y el PRI con la salud de los mexicanos

    a mañanera del jueves 7 de julio en Palacio Nacional llegó cargada de explosividad. Quienes creían que el ex presidente Enrique Peña Nieto (EPN) sería un personaje intocable en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estaban equivocados.

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Pablo Gómez soltó un bombazo que involucra al ex mandatario en una operación mediante la cual entregó contratos por más de 12 mil 161 millones de pesos a dos empresas del ramo farmacéutico que están directamente ligadas a él.

    Se trata específicamente de la empresa Plasti- Estéril, S.A. de C.V., fundada por su familia en 1991, y en la que él aparece como socio fundador. La compañía fue adquirida en su totalidad en 1999 por el gigante Baxter International Inc., y a través de esta, el emporio farmacéutico recibió más de 12 mil 170 millones 104 mil 242 pesos durante su propio sexenio.

    Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso la presunta triangulación internacional de recursos realizada por el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares consanguíneos

    La plataforma Compranet, registra contratos a favor de Baxter, S.A. de C.V., desde 2002, pero es a partir del inicio del sexenio de EPN, que el emporio farmacéutico comenzó a sobresalir como proveedor de dependencias federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y hospitales dependientes de la Secretaría de Salud, Sedena y Petróleos Mexicanos, entre otros más.

    En ese entonces el IMSS estaba dirigido por José Antonio González Anaya, un político cercano a Peña Nieto y a Carlos Salinas de Gortari, quien entre 1990 y 1991, tuvo a su cargo la dirección de la Secretaría Técnica del gabinete económico de Presidencia y que además tiene un vínculo familiar, pues es marido de Gabriela Gerard Rivero, hermana de Ana Paula Gerard Rivero, la segunda esposa de Salinas.

    Cuando Anaya dejó el IMSS el 8 de febrero de 2016, entró a su relevo Mikel Arriola Peñalosa, actual presidente de la Liga MX del fútbol mexicano. Pero no hubo alteración en las adjudicaciones: Baxter continuó siendo el principal proveedor del IMSS, y ese mismo año obtuvo 125 contratos por mil 149 millones 671 pesos.

    El ex titular del IMSS José Antonio González Anaya, un político cercano a Peña Nieto

    En 2017 y 2018, los últimos dos de la administración de Peña Nieto, Baxter fue prácticamente el único proveedor del IMSS. En 2017, de 288 contratos que adjudicó el IMSS, 268 fueron para esa compañía, y en el 2018 ocurrió algo similar: de 150 contratos, 125 fueron para Baxter de manera directa.

    Ante el escándalo, la compañía publicó un comunicado en el que detalla que la relación empresarial con la familia Peña del Mazo terminó formalmente en 1992, pero no desmintió las transacciones financieras por las que se acusa a Peña Nieto.

    Baxter explicó que en 1997, Baxter Edwards, AG adquirió el 52 por ciento de las acciones de Plasti-Estéril, y dos años después, el 25 de enero de 1999, Baxter Edwards, AG y el señor Jaime Einstein (delegado de Baxter), adquirieron de la empresa Equisflex, S.A. de C.V. la totalidad de las acciones de Plasti-Estéril.

    “Con esta transacción, Plasti-Estéril pasó a ser al 100 por ciento propiedad del grupo corporativo global de Baxter International Inc. Los cambios de accionistas que se mencionan anteriormente fueron hechos, cumpliendo todas las disposiciones legales aplicables en su momento”, señala el comunicado.

    El comunicado, sin embargo, no explica cómo es que la compañía aumentó exponencialmente sus ingresos en el sexenio peñista. Tan solo en el 2013, primer año de la gestión del priísta, la compañía obtuvo 84 contratos por mil 025 millones 274 mil 919 pesos; en el 2014 se le otorgaron 210 contratos, que juntos suman mil 695 millones 964 mil 070 pesos.

    Tan solo en el 2013, el primer año del sexenio de Peña Nieto, la compañía obtuvo 84 contratos por mil 025 millones 274 mil 919 pesos; en el 2014 se le otorgaron 210 contratos, que juntos suman mil 695 millones 964 mil 070 pesos.

    En 2015, año de elecciones intermedias federales y estatales, los recursos a Baxter, S.A. de C.V., se multiplicaron y le fueron adjudicados 190 contratos por la suma de 5 mil 669 millones 019 mil 444 pesos.

    Con Peña Nieto, la compañía obtuvo 84 contratos por mil 025 millones 274 mil 919 pesos

    En el 2016 se le entregaron 125 contratos por los que obtuvo mil 149 millones 671 mil 265 pesos, en tanto en 2017 con 288 contratos alcanzó un monto de mil 159 millones 982 mil 506 pesos y en el ocaso del sexenio, le adjudicaron 150 contratos más por los que consiguió mil 470 millones 192 mil 038 pesos.

    Plasti- Estéril, S.A. de C.V. se dedica a la fabricación, distribución, comercialización e importación de productos plásticos estériles para hospitales e industria farmacéutica y fue fundada en Atlacomulco, Estado de México, por Enrique Peña Nieto, su padre Enrique Peña del Mazo, su tío Arturo Peña del Mazo, su hermano Arturo Peña Nieto y el ingeniero químico petrolero Víctor Manuel Monroy Naime.

    Según los registros, la empresa se constituyó en el municipio de El Oro mediante la escritura 1984, volumen XXXIV, con un capital mínimo de 5 millones de pesos, dividido en 500 acciones, donde los cinco socios fundadores cuentan con 100 activos cada uno. El notario número uno Alfredo Montiel Rojas dio fe del acto de constitución de la sociedad.

    La compañía instaló su planta industrial en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, sobre la Avenida Ingeniero Salvador Sánchez Colín número 9, interior 9, una dirección que es compartida con Baxter, S.A. de C.V.

    Plasti- Estéril, S.A. de C.V., posee además vínculos con otras empresas como Praxair México, Movers Consorcio Aduanal, Inmobiliaria Azabi y Administración de Servicios Lindoso.

    Un vistazo al portal compranet arroja que Praxair México S de RL de CV obtuvo 1.6 mil mdp del Gobierno Federal entre el 2008 y 2017, es decir en los últimos dos años del sexenio de Felipe Calderón y prácticamente durante todo el gobierno de Peña Nieto.

    Felipe Calderón en el IMSS. Foto: Especial

    Casi todos sus contratos los consiguió por adjudicación directa, una cantidad que suma los 2 mil 453 millones de pesos, en tanto que, por licitación abierta, registró ganancias por 900 millones de pesos.

    Praxair se dedica a la venta de insumos médicos, pero resalta que la mayoría de sus productos los vendió con un sobrecosto muy superior al de su precio estándar. Por ejemplo, en dos compras de frascos de plástico efectuadas entre el 2009 y 2012, el portal especializado en la rendición de cuentas registra un sobreprecio del 251.2 por ciento

    Lo mismo sucedió con la compra de Pravastina y la Digoxina, con sobreprecios de 44.5 y 67.9 por ciento respectivamente.

    Las transferencias de Peña Nieto

    Pero este no es el único caso por el que el ex mandatario está siendo investigado, sino porque además recibió entre agosto de 2019 y octubre de 2021, una transferencia de 26 millones de pesos a España, donde reside actualmente en un barrio exclusivo con visa dorada.

    Por ese hecho, la Fiscalía General de la República (FGR), abrió una carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas.

    Si no fuera millonario, el ex mandatario no podría vivir en ese sitio, que es exclusivo para personas acaudaladas.

    En febrero del 2019 Peña Nieto negó por medio de su cuenta de Twitter que tuviera previsto mudarse a España, sin embargo, el diario español El País desmintió al ex presidente al publicar que estableció su residencia en un chalet localizado en Valdelagua, uno de los barrios más lujosos de Madrid, donde tiene como vecinos a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem.

    De acuerdo con la publicación, el sitio tiene un valor aproximado de 889 mil 500 euros, y cuenta con seguridad privada, al cual no se puede acceder sin una autorización.

    La reportera del medio digital SinEmbargo, Daniela Barragán, hace una observación sobre el cambio radical en el estilo de vida que ha marcado a EPN después de dejar la Presidencia de la República. Nunca tuvo una vida de “principito”. Si se observa su primera declaración patrimonial, presentada en el 2013, sus ingresos eran de 238 mil 205 pesos mensuales derivados de su cargo público (193 mil 478 pesos) y “otros” (12 mil 227 pesos).

    Polemón

  • Quién es quién: exhiben a funcionarios que ganan más que AMLO

    Quién es quién: exhiben a funcionarios que ganan más que AMLO

    La Profeco «balconeó» a los funcionarios públicos que ganan más dinero que el presidente. Y algunos de ellos están amparados para no cumplir con la ley.

    RegeneraciónMx, 25 de julio de 2022.- Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentó este lunes un informe sobre los salarios de los funcionarios públicos que ganan más que el presidente López Obrador.

    Como parte del Quién es quién en los precios, el procurador recordó que la propia Constitución Mexicana establece que ningún servidor público debe ganar más que el primer mandatario del país. Sin embargo, hay dependencias que incumplen y, además, se amparan para no ser sancionados, entre ellas Cofece, Banco de México, INEGI, INE y el IFT.

    Las cantidades presentadas son el total mensual neto, es decir, después del descuento de impuestos. Andrés Manuel López Obrador es de 136 mil 700 pesos. La presidenta de la CNDH gana exactamente lo mismo, a la vez que los secretarios de Estado perciben 135 mil 400 pesos mensuales.

    Por otra parte, el director del CONACyT obtiene 132 mil 400 al mes, y el de la CFE, 132 mil pesos netos. El director del IMSS, que a la fecha es Zoé Robledo, gana 131 mil 600 pesos por mes, mientras que el del ISSSTE, 125 mil 700.

    El propio Ricardo Sheffield informó sobre su sueldo, el cual asciende a 124 mil 600 pesos mensuales, después de impuestos. Pero, enfatizó en el salario del director de Petróleos Mexicanos, que es de 125 mil 200 pesos y que, según dijo, se ajustó a comparación de sexenios anteriores, cuando eran mucho más altos.

    Los que se pasan de rosca

    Por otro lado, el titular de Profeco exhibió a quienes ganan más que el López Obrdor, como un consejero de la Judicatura Federal, quien se lleva 286 mil 600 pesos, es decir, MÁS DEL DOBLE QUE EL PRESIDENTE.

    Asimismo, un ministro de la Suprema Corte, percibe 284 mil 500 pesos al mes. Mientras que la Gobernadora del Banco de México gana 248 mil 500 y un Consejero del INE, 240 mil 500. Por su cuenta, la Presidenta del INEGI obtiene 149 mil 700 y el Fiscal de la República 146 mil 600.

    Por instrucciones de López Obrador, recordó Sheffield, la Profeco continuará indagando en el tema a fin de que más dependencias cumplan con la ley.

    A continuación te presentamos una tabla con los detalles de los salarios públicos en México. La columna verde corresponde a quienes cumplen con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Mientras que la columna roja exhibe a quienes «se pasan de rosca».

    La Profeco "balconeó" a los funcionarios públicos que ganan más dinero que el presidente. Y algunos de ellos están amparados para no cumplir con la ley.

    Regeneración

  • Se complican las cosas para Peña Nieto: hasta su abogado tiene problemas en Andorra

    Se complican las cosas para Peña Nieto: hasta su abogado tiene problemas en Andorra

    La Policía de Andorra asegura que el abogado mexicano Juan Collado intenta sabotear la investigación que realiza en su contra por el presunto blanqueo de 111 millones de dólares. Collado es el representante legal del expresidente mexicano Enrique Peña nieto, quien también ha sido acusado por operaciones financieras irregulares.

    Esta indagatoria se realiza desde 2016 cuando se detectaron, al menos, 24 cuentas de la Banca Privada d’Andorra (BPA) con operaciones irregulares.

    Al respecto, las autoridades de Andorra elaboraron un informe en diciembre de 2021 en el que asegura que el abogado mexicano ejerció presiones ante el Gobierno local para frenar las investigaciones, descongelar sus fondos e incluso para que la Fiscalía del país europeo procesara a los agentes que lo indagaba por presentar reportes “tendenciosos”.

    “La demanda del abogado perseguía ejercer presión para que los investigadores dejaran de hacer el trabajo encargado”, se lee en el documento revelado por El País.

    De acuerdo con el informe sobre el actuar del abogado de Peña Nieto, señalan que entre mayo y noviembre Juan Collado recibió tres ingresos de 894.960 dólares provenientes de Gustavo María Saveedra Ordorika, director general de Industria, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y su esposa Mayda María de Guadalupe Guerrero.

    La transacción se realizó a través de una cuenta en el BPA, en la cual se depositaron los fondos que después se depositarían a una sociedad de Collado llamada Amilou Investment C.V. en un traspaso interno, indetectable en los sistemas financieros.

    En total, se estima que Juan Collado recibió más de 111 millones de dólares a través de operaciones dudosas, entre las que se encuentran los depósitos que recibió su despacho de abogados, C&A Collado y Asociados en la Ciudad de México desde una casa de empeños llamada Prenda Oro, fundada por su padre. Según el abogado, este negocio le generó ingresos por 84 millones de dólares, hecho que ha sido puesto en duda por las autoridades judiciales de Andorra.

    Sobrino de Salinas de Gortari

    Otra de las investigaciones mencionadas en el informe está relacionada con el abogado Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari, quien recibió, también en un traspaso interno, 450.000 dólares de Collado.

    Para esta operación el representante legal de Peña Nieto uso la sociedad holandesa Turinga CV y justificó la transferencia como pago de una comisión por la intermediación de la compraventa de una sociedad vinculada a Grupo Radio Digital XXI, en México.

    Acorde con las indagatorias de la Policía de Andorra, Salinas Palangua abrió una cuenta de BPA en 2008 desde la cual recibió fondos de la casa de cambios mexicana Timber, siempre como traspasos internos de depósitos.

    Uno de los accionistas de Timber, Carlos Djemal Nehmad, fue condenado por fraude de 20 millones de dólares en 2018 por una Corte de Distrito Sur de Nueva York.

    SputnikNews

  • Reumático… y corrupto

    Reumático… y corrupto

    El propósito era ganar en las urnas el derecho a controlar el aparato de gobierno para aminorar la desigualdad.

    Por Lorenzo Meyer.

    El elefante reumático del que una y otra vez habla el presidente Andrés López Obrador (AMLO) cuando se refiere a la burocracia oficial no solamente es lento sino algo peor: su lentitud e ineficacia suele ser producto de su corrupción.

    A contracorriente de nuestra tradición política, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido-movimiento de izquierda tomaron por la vía electoral el control de la parte medular del aparato gubernamental. La gran meta de AMLO y su heterogéneo partido, Morena, es proceder a un cambio en las prioridades y conductas del aparato administrativo federal. Se trata de emprender la compleja tarea de modificar los objetivos y el modus operandi tanto de las estructuras de gobierno como de la sociedad civil donde se decide el “quien, consigue qué, cómo y cuándo” de los recursos escasos de una sociedad, proceso que es el corazón de la política.

    El propósito del lopezobradorismo era ganar en las urnas el derecho a controlar el gran aparato de gobierno para emplearlo como mecanismo para poner en marcha un proceso redistributivo que tuviera como fin priorizar los intereses de los más pobres. De esta manera se podría transitar pacíficamente de un sistema extractivo donde los dados estaban permanentemente cargados en favor de los intereses de las grandes fortunas (¿timocracia? ¿oligarquía?) a otro que aminorara la desigualdad social. Naturalmente este proyecto se topó entre otros muchos obstáculos, conque su instrumento para modificar el régimen no sólo era un elefante aquejado de burocratismo, sino que, además, por su corrupción saboteaba las políticas de cambio.

    Un ejemplo claro de esto último lo acaba de exponer de manera muy sencilla Raquel Buenrostro (RB), la responsable del estratégico Servicio de Administración Tributaria (SAT). Y lo hizo en una mesa política salpicada de humor con los “moneros” de “El Chamuco TV” (10/07/22). Hasta el 2018 la consigna en el SAT era minimizar la carga impositiva de las grandes empresas —RB las definió como aquellas que facturan más de $1,600 millones anuales y que son apenas el 0.02% del padrón pero que aportan el 50% de la recaudación. La reacción inmediata de esos grandes consorcios fue envolverse en un manto de dignidad ofendida: ¿Cómo osaba el nuevo gobierno a poner la ley por encima de los usos y costumbres ya establecidos? Esa prepotencia empresarial la ilustró RB con el caso de un empresario que debía al SAT $10 mil millones pero que finalmente condescendió pagar apenas $70 tristes millones con una actitud de “lo tomas o lo dejas, pero ya no hay más discusión”. Al final la institución funcionó y el abusivo tuvo que pagar de acuerdo a la ley. El elefante aún es lento, pero ya no corrupto.

    La parte de la institución corrupta la ilustró Buenrostro con ciertos funcionarios del SAT que, pese a tener doctorados, se conformaban con una plaza de apenas $8 mil mensuales. La explicación de su frugalidad es que la función real de esos funcionarios era recolectar información interna para quienes realmente les pagan: los costosos despachos de abogados al servicio de las grandes empresas. Y no sólo filtraban información, sino que la retenían e incluso alteraban la documentación de los expedientes para que los casos se prolongaran indefinidamente o el SAT perdiera en los tribunales mientras los despachos contratados por las empresas seguían cobrando “por llevar el caso”. Pese a las evidencias de contrabando sistemático en gran escala de minerales o combustible, apenas en 2020 pudo armar su primera denuncia al respecto porque miembros del “servicio profesional de carrera” por décadas simplemente encubrieron a los contrabandistas.

    En resumen, como en el caso del SAT, el gobierno de AMLO tiene que batallar y duro en dos frentes: el de los grandes intereses creados externos y el de la burocracia corrupta.