MEXICO, DF 07OCTUBRE2005.- Isabel de la Parra, esposa de Roberto Madrazo durante el registro del exdirigente nacional priísta como precandidato presidencial priísta. FOTO: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM
El gobierno de Silvano Aureoles Conejo destinó más de 4 mil 500 millones de pesos a contratos con nueve empresas que financian la plataforma de desinformación Latinus, ligadas al clan del político priísta Roberto Madrazo. Las firmas –dedicadas a la venta de medicinas y equipos de salud– facturaron también unos 500 millones de pesos con otros 10 estados; con ello se confirma que el erario es la principal fuente de ingresos del portal dedicado a difundir propaganda de la alianza Sí Por México. Documentos administrativos y una investigación de la Auditoría Superior de la Federación revelan que el gobierno de Michoacán utilizó dinero del Insabi para contratar a esas compañías
Primera parte. Dedicadas a la venta, distribución y almacenamiento de medicinas, equipos médicos y material hospitalario, nueve empresas ligadas al clan del político priísta Roberto Madrazo Pintado obtuvieron sus principales ingresos del erario nacional, vía contrataciones millonarias con el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, en Michoacán. Éste nutrió sus finanzas con más de 4 mil 500 millones de pesos. Adicionalmente, las compañías obtuvieron entre 2018 y lo que va de 2022 contrataciones por otros 500 millones de pesos con 10 gobiernos estatales más.
Los recursos con los que el perredista sufragó la adquisición de productos y servicios incluyeron dinero federal, proveniente del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y los fideicomisos federales para el tema sanitario. Luego de concluir su mandato en septiembre de 2021, Aureoles Conejo huyó del país por las investigaciones que abrieron las autoridades judiciales en su contra, por los presuntos fraudes que habría cometido en su sexenio; uno de ellos, por más de 400 millones de pesos, relacionado con el programa Convoy de Mastografías, precisamente contratado con una de esas nueve empresas.
Entre 2018 y lo que va de 2022, las nueve compañías del clan Madrazo han capitalizado la plataforma de desinformación Latinus, cuyas controladoras –Latinus Media Group, LLC; BCG Limited Consulting, SA de CV; y/o Digital Beacon Programatic Services, SA de CV– radican tanto en México como en Estados Unidos, específicamente en el paraíso fiscal de Delaware [8 The Green, Dover, Delaware, 19901]. Los flujos millonarios de esas nueve empresas al proyecto que se hace pasar como portal de corte periodístico iniciaron en 2018, previo a su lanzamiento formal a principios de enero de 2020. Desde su inauguración, Latinus ha difundido todas las campañas de propaganda relacionada con grupos de interés, especialmente los encabezados por el empresario Claudio X González Guajardo, entre ellos la alianza Sí por México.
Fue el periodista Álvaro Delgado quien reveló que los financiadores de esa página –que encabezan Carlos Loret de Mola y Brozo– son Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado. Los recursos provienen de sus principales negocios, entre ellos las empresas BCG Limited Consulting, SA de CV; Digital Beacon Programatic Services, SA de CV; Hova Health, SA de CV, y Samedic, SA de CV [“Una red de políticos prominentes y empresas (con acceso a dinero público) está detrás de Latinus”, Sin Embargo, 29 de marzo de 2021].
A éstas se suman Movimedical, SA de CV; Medckin, SA de CV; EPG Digital, SA de CV; Comercializadora Antel, SA de CV; y Medalfa, SA de CV [de acuerdo con información revelada por Milenio: Patricia Monreal y América Juárez, “Aureoles pagó 400 MDP en mastografías… pero empresa incumplió contratos”, 19 de octubre de 2021–; Daniel Blancas, reportero de La Crónica; así como la revista Proceso: Arturo Cano, “Salud, seguridad, medicinas, finanzas… los negocios detrás de Latinus”, 19 de febrero de 2022].
En conjunto, las nueve empresas recibieron contratos del gobierno de Aureoles Conejo por más de 4 mil 500 millones de pesos. Además, concursaron en licitaciones públicas o fueron contratadas mediante invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa por dependencias de salud de los gobiernos de Jalisco (Enrique Alfaro), Estado de México (Alfredo del Mazo), Sinaloa (Quirino Ordaz), Nuevo León (Jaime Rodríguez, el Bronco), Ciudad de México (Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum), Puebla (José Antonio Gali), Tlaxcala (Antonio Mena), Hidalgo (Omar Fayad), Oaxaca (Alejandro Murat) y Sonora (Claudia Pavlovich), revelan portales de transparencia.
Estos otros contratos les reportaron ingresos adicionales por poco más de 500 millones de pesos, con lo que se confirma la hipótesis de que el origen de una parte importante del financiamiento a Latinus es recurso público.
Los contratos de Aureoles
En el entramado de fondeadoras de la página –dedicada entre otras cosas a difundir campañas de desprestigio contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador–, Medalfa es una de las más relevantes. Su vínculo se ha identificado a través de Alexis Nickin Gaxiola, esposo de Ximena Madrazo Rojas (hija del político Roberto Madrazo).
Medalfa se constituyó en febrero de 2014 ante el notario 112 de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), José Higinio Nuñez y Bandera. Su domicilio se ubica en Emiliano Zapata sin número, bodega B2,B3,B4, en el Parque Industrial Lerma,Mexico, y tiene por objeto social: “comprar, vender, fabricar, importar, exportar, distribuir, suministrar y comercializar toda clase de productos, mercancías y servicios por cuenta propia o ajena incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, medicamentos, material de curación, reactivos, remedios herbolarios, suplementos alimenticios, cosméticos, estudios, mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio así como toda clase de productos relacionados con y para la salud”.
Su representante legal es Ana Lilia Báez Guzmán, mientras que su auxiliar de asuntos regulatorios es Abraham Nickin Goldberg, primo de Alexis Nickin Gaxiola. Y tan sólo en el periodo de 2018 a 2021, obtuvo contratos con el gobierno de Michoacán –la mayoría por vía de la adjudicación directa– por 4 mil 233 millones 241 mil pesos, de los poco más de 4 mil 500 millones que facturaron las nueve empresas con la administración de Aureoles Conejo.
Además, de acuerdo con sus portales de transparencia, en 2020, el Instituto de Salud del Estado de México –entidad gobernada por Alfredo del Mazo Maza– dio dos contratos a Medalfa: el ISEM-SEV-LPRE10/013-20, por 239 millones 991 pesos, y el ISEM-ADQ-ADPURE/052-20, por 2 millones 900 mil. Y en ese mismo año, el organismo Servicios de Salud de Sonora (Claudia Artemiza Pavlovich Arellano) le otorgó por adjudicación directa el contrato SSS-CGSPES-CAAS/29/2020-099, por 2 millones 254 mil pesos.
Dinero federal acabó en manos de financiadores de Latinus
Aunque en el periodo de 2018 a 2022 el gobierno federal no le ha otorgado contrato alguno a las nueve empresas que financian Latinus, parte importante de los recursos que les pagó el gobierno de Aureoles Conejo sí provenía de la Federación, vía el Insabi, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y el Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura Física.
Documentos emitidos por el gobierno michoacano revelan que los recursos con los que pagaba el perredista por la adquisición de productos o servicios a dichas empresas provenía, en muchas ocasiones, del gobierno federal. Ejemplo de ello es el oficio 5009/2020/09612, emitido el 28 de febrero de 2020 por la Dirección Administrativa de la Secretaría de Salud estatal, en el que se informa que el pago relativo al contrato SSM-LPN-009/2020-01/MOD-02 tiene como fuente de financiamiento dos vías: el Insabi y el FASSA.
El total que debía pagar el gobierno de Aureoles Conejo superaba los 364 millones de pesos y todo se sufragó con dinero federal, revelan las documentaciones oficiales.
Los recursos federales que manejó el exgobernador perredista de esta manera fueron multimillonarios. Ejemplo de ello es lo que consignó la Auditoría Superior de la Federación en su auditoría de cumplimiento 2019-5-12U00-19-0173-2020: en el ejercicio de 2019, el gobierno de Michoacán ejerció 3 mil 705 millones 446 mil pesos del Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura Física que opera el Insabi. De éstos, la ASF sólo revisó la aplicación de 1 mil 221 millones 946 mil pesos en dos proyectos de equipamiento médico.
De ese informe se desprende que parte de esos recursos fueron a dar a otra de las nueve empresas fondeadoras de Latinus. Se trata del contrato 137-18-13 EXTTRAORD-1SA-CADPE-01, por adjudicación directa, para la adquisición del equipamiento para el Hospital Civil a favor de Samedic, SA de CV. El monto ascendió a 160 millones 70 mil pesos.
Además de ése, dicha empresa obtuvo contratos con el gobierno michoacano por 498 millones 742 mil 809.9 pesos en total, entre 2017 y 2019: SSM-LPN-004-2017, por 109 millones 851 mil pesos; SSM-LPN-011-2018, por 109 millones 865 mil 316; SSM-LPN-027-2018, por 5 millones 735 mil 161; y SSM-LPN-012-2019, por 113 millones 220 mil 872 pesos.
FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM
Anomalías en su historial
Las financiadoras de Latinus cuentan con un historial de irregularidades en la prestación de servicios y venta de productos. Ejemplo de ello es el caso de Movimedical, que ya enfrenta problemas por un presunto fraude por más de 400 millones de peos en el que habría incurrido por no dar el servicio de mastografías a las mujeres michoacanas.
La conexión con el financiamiento a Latinus se desprende de que Federico Madrazo Rojas se desempeña como asesor en administración de proyectos de esa empresa Movimedical, a cambio de una remuneración anual neta de 1.5 millones de pesos, según consignó en su declaración de intereses presentada cuando fue diputado por el Partido Verde Ecologista de México.
No brindar todos los servicios contratado podría ser un modus operandi de esa empresa, pues la ASF descubrió exactamente el mismo comportamiento de no prestar todas las mastografías que se le contrataron pero con el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca (REPSSEO). En ese sentido, determinó un probable perjuicio a la hacienda pública superior a los 16 millones de pesos.
En su revisión a la cuenta pública 2019, el máximo órgano de fiscalización señala que de la revisión de las pólizas de egresos y del contrato REPSSEO-CAAS-187-2019, con Movimedical, se constata que el REPSSEO realizó la contratación con ese proveedor de 42 mil 686 servicios integrales de detección y diagnóstico de cáncer de mama por un importe de 57 millones 28 mil pesos.
Agrega que por ello la institución le entregó a Movimedical un anticipo de 28 millones 514 mil pesos correspondiente al 50 por ciento del contrato. “Sin embargo, el REPSSEO notificó al proveedor el incumplimiento del contrato derivado de que el proveedor solamente realizó 12 mil 340 servicios que importan 16 millones 486.2 mil pesos, quedando pendiente de amortizar 12 millones 28 mil pesos. En aquel momento en el que se presentó la auditoría (2020), el organismo oaxaqueño no había hecho efectivas las fianzas de cumplimiento y de anticipo por un importe de 4 millones 53 mil pesos.
Por ello, la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca o su equivalente realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no realizaron los trámites ante la afianzadora para hacer efectivas las fianzas de cumplimiento y de anticipo que le fue otorgado al proveedor.
Asimismo, en el pliego de observaciones, presumía “un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 16 millones 81 mil 699 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación”.
De 2017 a la fecha, Movimedical ha facturado 928 millones de pesos con los estados de Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México. Asimismo, con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que es una institución federal.
Las otras empresas
Las otras seis empresas que figuran en el entramado de financiadores de Latinus y que están ligadas al clan de Roberto Madrazo también han sido fructíferas en los negocios con gobiernos, pero también sobresalen dos contrataciones del Partido Verde Ecologista con una de ellas, pues en éste milita Federico Madrazo Rojas.
De acuerdo con el portal Polemón (“El Partido Verde y su misterioso patrocinio a Latinus”, Jorge Covarrubias, 10 de enero de 2022), es la empresa Digital Beacon Programatic Services la que obtuvo dos contratos con ese instituto político en 2020 y 2021.
Esa empresa también fue contratada por la Coordinación de Comunicación Social de Sinaloa (Quirino Ordaz) en 2021. En total, facturó 20 millones 7 mil pesos, de los cuales poco más de 3 millones correspondieron a los contratos con el partido político.
Asimismo, otra de las empresas obtuvo contratos abiertos con el gobierno de Nuevo León (Jaime Rodríguez Calderón) en 2020 y 2021, por parte de la Secretaría de Administración. Se trata de BCG Limited Consulting.
Por su parte, Comercializadora Antel se ha embolsado 624 millones 765 mil 236 pesos entre 2012 y 2018; EPG Digital ha obtenido contrataciones con el sector público por 2 millones 564 mil pesos entre 2020 y 2022; Hova Health, por 376 millones 521 mil pesos, entre 2012 y 2018; y Medckin, por 297 millones 364 mil, entre 2013 y 2019.
MÉXICO, D.F., 02SEPTIEMBRE2009.- Margarita Zavala, primera dama, y Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, se despiden de los asitentes a Palacio Nacional, donde el mandatario ofreció un mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.
FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM
La orden presidencial de sabotear la reacción institucional ante el incendio de la Guardería ABC y, luego, las investigaciones sobre los hechos, también terminaron beneficiando al entonces gobierno estatal de Eduardo Bours. Felipe Calderón vetó ilegalmente la investigación del ministro Zaldívar donde se revelaban las responsabilidades del entonces gobernador y su secretario de Finanzas, quien ilegalmente había habilitado una “bodega” de documentos oficiales junto a la estancia infantil
El incendio que acabó con la vida de 49 menores de edad y dejó con secuelas graves de por vida a otros 72, el 5 de junio de 2009, inició en una bodega contigua a la Guardería ABC. Era un predio usado por el gobierno del estado de manera distinta al formalmente declarado. En el lugar, la Secretaría de Finanzas había acumulado grandes cantidades de documentos extraídos de las oficinas formales.
La investigación que realizó el entonces flamante ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dio cuenta de las responsabilidades del Estado mexicano y el gobierno federal en el incendio de la guardería; pero también del estatal encabezado por el priísta Eduardo Bours Castelo.
Más allá de las omisiones en materia de protección civil, destaca el hecho de que el incendio inició en un local adyacente a la guadería. Lo que se quemaba eran grandes cantidades de documentos oficiales provenientes de la Secretaría de Finanzas del estado que se encontraban irregularmente en ese lugar. Entonces el sexenio de Bours Castelo (2003-2009) se encontraba en sus últimos meses.
Señala que el local habilitado como bodega no guardaba placas vehiculares, como se dijo oficialmente, sino miles de fojas de documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas. Además, se trataba de un lugar de trabajo irregular con empleados que tenían ese lugar de sede. Esos documentos fueron los que se quemaron inicialmente y las llamas alcanzaron la Guardería, con los saldos trágicos conocidos.
El documento elaborado por Zaldívar deriva de la Facultad de Investigación 1/2009 de la SCJN. Como ha revelado el hoy ministro presidente del máximo órgano del Poder Judicial de la Federación, su propuesta de resolución fue vetada ilegalmente por el entonces presidente de a República, Felipe Calderón, para encubrir a su propio gobierno y a la dueña de la guardería subrogada, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima hermana de Margarita Zavala Gómez del Campo.
Recibió presiones, a gritos, del entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. El ministro señaló que no tenía la certeza de que llegara a su oficina al día siguiente y que elementos enviados por el Poder Ejecutivo federal ocuparon la Corte los días previos a la votación de la resolución y el día mismo del debate.
El documento elaborado por el ministro Arturo Zaldívar determina la responsabilidad del Estado mexicano en la tragedia de la Guardería ABC y no sólo del gobierno estatal o de particulares.
En sus páginas 291 y 292 establece la “relación especial” que guardaba el Estado mexicano con los niños y las niñas de las guarderías públicas del país, en este caso con los de la ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora.
“Este Alto Tribunal tiene que determinar […] si en el caso objeto de la presente facultad de investigación hay una relación especial entre el Estado y los cuarenta y nueve niños que perdieron la vida en la ‘Guardería ABC’. La respuesta a esta pregunta es indiscutible: sí existía una relación jurídica especial entre el Estado y los niños que murieron en el incendio que imponía a aquél la obligación de emprender medidas adecuadas para la protección de sus vidas”.
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El documento argumenta la obligación de las instituciones federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la garantización de derechos a las personas menores de edad a los que están obligadas.
En su propuesta, Zaldívar Lelo de Larrea señala directamente la responsabilidad en la tragedia de cinco funcionarios del gobierno estatal y de tres del gobierno municipal. La lista es encabezada por quien fuera el gobernador de Sonora en ese tiempo, Eduardo Bours Castelo (2003-2009). Destaca la utilizacion del inmueble contiguo a la guardería como ilegal bodega de documentos que deberían estar en la Secretaría de Finanzas del estado.
Como se recordará, el incendio inició este inmueble a cargo del gobierno priísta saliente de Eduardo Bours. El entonces gobernador es señalado en el documento como una de las personas con responsabilidad directa por omisión en el incidente.
En la página 185 señala que Bours Castelo “era directamente responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil y el principal encargado del diseño de las políticas públicas en esa materia”.
La ausencia de acciones para prevenir este tipo de accidentes y para responder adecuadamente en caso de que se presentaran no fue un hecho fortuito. La investigación del ministro encontró que se trató de hechos generalizados. Más aún, y de manera específca la Guardería ABC, era “una bomba de tiempo”.
“Como titular de la administración pública local, era el responsable de velar por el cumplimiento de las leyes que en materia de protección civil y protección de los derechos de la infancia correspondía observar a sus subordinados jerárquicos. En tal medida, le son atribuibles las omisiones que provocaron la grave falla del Sistema Estatal de Protección Civil, el cual fue inefectivo para detectar la acumulación de riesgos que rodeaban a la Guardería ABC y la bomba de tiempo que representaba la bodega adyacente” (página 185).
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Más aún, el documento advierte que la responsabilidad no debe diluirse entre funcionarios menores de la administración estatal, sino que alcanza a la máxima figura del Poder Ejecutivo de Sonora.
“Dicha acumulación exponencial de riesgos [detectada e la Guardería ABC y el inmueble adyacente] no fue sólo consecuencia de las omisiones en que incurrieron los inferiores jerárquicos del Gobernador y las autoridades municipales, sino que encuentra su principal origen en el diseño de las políticas públicas en materia de protección civil” (página 186).
Ernesto Vargas Gaytán era el secretario de Hacienda del gobierno del estado de Sonora. Permitió un uso distinto al inmueble que el gobierno sonorense rentó junto a la guardería. “En su carácter de administrador de los inmuebles a cargo del gobierno local, le es atribuible el uso indebido que se daba a la bodega contigua a la Guardería ABC para un fin distinto del que fue arrendada, en contravención al artículo 2695, fracción III, del Código Civil del Estado de Sonora” (página 199).
En su investigación, Zaldívar señala que el uso pactado de la bodega era para el resguardo de placas de la Dirección General de Recaudación. “Sin embargo, de los peritajes rendidos en relación con las causas del incendio y de las declaraciones de quienes laboraban en la bodega, quedó acreditado que ésta almacenaba, además, expedientes de la Agencia Fiscal de Hermosillo –adscrita a la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda–, contenidos en cajas”.
Este uso distinto que se dio a la bodega, observa la propuesta de Zaldívar que fue saboteada y vetada por el gobierno de Felipe Calderón, no sólo implicó una violación al contrato que se celebró para la renta del propiedad: “además aumentó el grado de riesgo del inmueble, lo que debió dar lugar la adecuación de los sistemas de prevención de incendios, por lo que el cambio de uso estuvo directamente ligado a las consecuencias trágicas [del 5 de junio de 2009]” (página 200).
Otro de los responsables en los hechos resulta ser Fausto Salazar Gómez, quien ocupó el cargo de Director General de Recaudación durante el sexenio de Eduardo Bours.
De acuerdo con el proyecto del ministro Zaldívar, el entonces director general de Recaudación del gobierno del estado, “en su carácter de responsable del funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo, permitió o toleró el uso de la bodega contigua a la Guardería ABC para un fin distinto del que fue arrendada, en contravención al artículo 2695, fracción III, del Código Civil del Estado de Sonora, así como a las disposiciones en materia de protección civil que en todo caso debieron observarse con motivo del cambio de uso”.
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La investigación demostró que la bodega no sólo resguardaba documentación que tenía que estar en un lugar distinto de la Secretaría de Finanzas del estado. También que era un centro de trabajo, con personal que diariamente se presentaba a laborar ahí.
Jorge Luis Melchor Islas, por su parte, fungía como subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora. En su carácter de encargado de abastecer de placas y tarjetas de circulación a las Agencias Fiscales y Tesorerías Municipales, era el funcionario directamente responsable del funcionamiento de la bodega contigua a la Guardería ABC. Aunque los documentos que iniciaron el incendio no pertenecían al área de control vehicular sino a la Agencia Fiscal de Hermosillo, la bodega estaba bajo su resguardo directo de este funcionario.
Otro de los responsables directos en el incendio, al menos por omisión, es Wilebaldo Alatriste Candiani, quien se desempeñaba como titular de la Unidad Estatal de Protección Civil en ese tiempo. Al entonces funcionario le pasó de noche el funcionamiento de los dos inmuebles con nulas medidas de protección y el alto riesgo a la salud y la vida de las personas con que funcionaban.
El proyecto del ministro Zaldívar señala que Alatriste, en su carácter de ejecutor de las políticas, programas y acciones de protección civil1 “omitió ejercer sus competencias específicas, conforme a las cuales debió realizar actos de inspección a la bodega contigua a la Guardería, a fin de verificar la constitución de la unidad interna de protección civil y el cumplimiento del programa interno correspondiente” (páginas 177-178).
FOTO: IVAN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM
Agrega que como consecuencia de las omisiones en la verificación que su cargo le obligaba, “no formuló las medidas correctivas y de seguridad que hubieran eliminado o mitigado el riesgo latente que representaban las grandes cantidades de papel almacenadas en anaqueles colocados contra el muro que compartían la bodega y la Guardería ABC” (página 194).
Tampoco se percató el funcionario que el inmueble de la supuesta bodega de placas en realidad tenía un uso distinto al declarado.
Con respecto de las autoridades municipales con responsabilidad en los hechos, el proyecto del ministro Zaldívar señala al entonces presidente municipal, Ernesto Gándara Camou y a otros tres de sus subalternos.
De Gándara Camou señala que era la autoridad en materia de protección civil y responsable de la integración y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil. Por ello le es atribuible la falla del sistema en detectar y mitigar el riesgo exponencial al que estaba sujeta la Guardería ABC.
Los tros funcionarios municipales señalados son Jesús Davis Osuna, quien era director de Inspección y Vigilancia Municipal e incumplió en su obligación de verificar que los establecimientos contaran con licencia de funcionamiento, y Roberto Copado Gutiérrez, que fuera director de la Unidad Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Hermosillo y omitió inspeccionar el funcionamiento de los inmuebles.
Fuentes: OCCRP / infoLibre [Imagen: James O’Brien / OCCRP]
– Más de 160 periodistas, de 48 medios de comunicación de 39 países de todo el mundo analizaron durante meses información sobre cuentas bancarias filtradas de Credit Suisse, uno de los bancos más ricos e importantes del mundo
– La filtración incluye información de más de 18.000 cuentas, que en total llegaron a reunir más de 100.000 millones de dólares. Es la única filtración periodística conocida de datos de clientes de un gran banco suizo
– Se decidió informar sólo sobre aquellos clientes que eran personas expuestas políticamente, acusadas o condenadas por delitos graves, o con un historial de conexiones con paraísos fiscales
– InfoLibre es el único medio español que participa en esta investigación internacional
1. ¿Qué es Suisse Secrets?
Suisse Secrets es una investigación internacional sobre uno de los bancos más ricos e importantes del mundo.
Más de 160 periodistas, de 48 medios de comunicación en 39 países de todo el mundo analizaron durante meses información sobre cuentas bancarias filtradas de Credit Suisse, la segunda entidad financiera de Suiza. La filtración incluyó más de 18.000 cuentas, que entre todas llegaron a reunir más de 100.000 millones de dólares. Es la única filtración periodística conocida de datos de clientes de un gran banco suizo.
Suiza es un destino muy conocido para el dinero del mundo entero, en parte por sus leyes sobre el secreto bancario. Tener una cuenta en un banco suizo no es algo irregular. Pero se supone que los bancos tienen que evitar los clientes que obtuvieron dinero ilegalmente o que están implicados en delitos. Esta investigación identificó docenas de funcionarios o políticos corruptos, delincuentes y violadores de los derechos humanos entre los titulares de cuentas en Credit Suisse.
A pesar de su notoriedad –que en algunos casos era obvia con una simple búsqueda en Google– algunos de esos clientes mantuvieron sus relaciones con Credit Suisse durante años. Aunque es posible que algunas cuentas hayan sido congeladas por las autoridades.
El proyecto Suisse Secrets investiga los titulares de estas cuentas, cuyo uso del secreto bancario suizo es un ejemplo de cómo la industria financiera internacional permite en ocasiones el robo y la corrupción. A lo largo de los años, Credit Suisse ha prometido una y otra vez reformar sus prácticas de debida diligencia. Este proyecto resalta la necesidad de aumentar la responsabilidad del sector.
Los datos de Suisse Secrets fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que coordinó el proyecto junto con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Este es el listado de medios y organizaciones que participan en Suisse Secrets:
1. Africa Uncensored (Kenia)
2. Alqatiba.com (Túnez)
3. Armando.info (Venezuela)
4. Center for Investigative Reporting (Bosnia y Herzegovina)
5. Confluence Media (India)
6. Depeches du Mali (Malí)
7. Diario Rombe (Guinea Ecuatorial)
8. Efecto Cocuyo (Venezuela)
9. Expresso (Portugal)
10. Fact Focus (Pakistán)
11. Hetq (Armenia)
12. Impact.sn (Senegal)
13. Infobae (Argentina)
14. infoLibre
15. Interferencia de Radioemisoras UCR (Costa Rica)
16. Investico (Países Bajos)
17. Investigative Reporting Lab (Macedonia del Norte)
18. IrpiMedia (Italia)
19. Kloop (Kirguistán)
20. KRIK (Serbia)
21. L’Evénement (Níger)
22. La Nación (Argentina)
23. La Stampa (Italia)
24. Le Monde (Francia)
25. Le Soir (Bélgica)
26. Miami Herald (Estados Unidos)
27. NewsHawks (Zimbabue)
28. Norddeutscher Rundfunk (Alemania)
29. OCCRP
30. Piaui (Brasil)
31. Prachatai (Tailandia)
32. Premium Times (Nigeria)
33. Profil (Austria)
34. Reporter.lu (Luxemburgo)
35. Shomrim (Israel)
36. Slidstvo.info (Ucrania)
37. Süddeutsche Zeitung (Alemania)
38. Sveriges Television (Suecia)
39. The Guardian (Reino Unido)
40. The Namibian (Namibia)
41. The New York Times (Estados Unidos)
42. The News (Pakistán)
43. Trece Costa Rica Noticias (Costa Rica)
44. Turkmen News (Turkmenistán)
45. Twala.info (Argelia)
46. Verdade (Mozambique)
47. Vlast (Kazajistán)
48. Westdeutscher Rundfunk (Alemania)
2. ¿De dónde salen los datos? ¿Qué se sabe de ellos?
Hace más de un año, una fuente anónima facilitó los datos de Suisse Secrets al periódico alemán Süddeutsche Zeitung. No se sabe nada sobre la identidad de la fuente.
Sin embargo, la fuente proporcionó una declaración en la que explicaba sus motivaciones. Entre otras cosas indicaba lo siguiente:
«Creo que las leyes del secreto bancario suizo son inmorales. El pretexto de proteger la privacidad financiera no es más que una hoja de parra que cubre el vergonzoso papel de los bancos suizos como colaboradores de los evasores fiscales. […] Esta situación permite la corrupción y priva a los países en desarrollo de unos ingresos fiscales más que necesarios”.
“Quiero subrayar que la responsabilidad de esta situación no recae sobre los bancos suizos, sino más bien sobre el sistema jurídico suizo. Los bancos simplemente están siendo buenos capitalistas al maximizar los beneficios dentro del marco legal en el que operan. En pocas palabras, los legisladores suizos son responsables de permitir los delitos financieros y, en virtud de su democracia directa, el pueblo suizo tiene el poder de hacer algo al respecto”.
Soy consciente de que tener una cuenta offshore en un banco suizo no implica necesariamente evasión fiscal o cualquier otro delito financiero. Estoy seguro de que algunas de las cuentas tienen una razón legítima para existir o que han sido declaradas a las autoridades fiscales, cumpliendo con la legislación pertinente. Sin embargo, es probable que un número importante de estas cuentas se haya abierto con el único propósito de ocultar el patrimonio de su titular”.
La declaración completa fue publicada por el Süddeutsche Zeitung en inglés y en alemán. Aquí puedes consultarla en español.
3. ¿Qué contienen los datos filtrados?
Los datos filtrados incluyen información sobre más de 18.000 cuentas de Credit Suisse y 30.000 titulares de las mismas (algunas personas son titulares de varias cuentas, mientras que muchas cuentas son controladas por varias personas).
La información sobre cada cuenta incluye: el número de cuenta, el nombre del titular o de los titulares, las fechas de apertura y de cierre y el importe máximo que se registró en la cuenta. No se indica si son cuentas corrientes, de ahorro o de inversión.
Credit Suisse tiene múltiples filiales y además ha adquirido varios bancos a lo largo de los años. Los datos no indican si algunas de estas cuentas se abrieron en uno de esos otros bancos antes de ser trasladadas a Credit Suisse, o si pertenecen a una filial. En esta investigación se hace referencia a todas las cuentas como «Credit Suisse».
Una parte de los titulares de las cuentas son personas físicas, mientras que otros son entidades jurídicas, en su práctica totalidad empresas. Estos titulares están domiciliados en más de 120 jurisdicciones diferentes y representan más de 160 nacionalidades.
La cantidad total de dinero en las cuentas, teniendo en cuenta el importe máximo, llegó a superar los 100.000 millones de dólares (unos 88.000 millones de euros al cambio actual). El importe medio de las cuenta asciende a 7,5 millones de francos suizos en su punto más alto, pero más de una docena de cuentas concentraron más de 1.000 millones de francos suizos (unos 960 millones de euros a día de hoy). Estas cifras sólo indican el pico monetario que alcanzó una cuenta, no la cantidad total de dinero que se movió a través de las mismas a lo largo de los años. Ese dato se desconoce, pero es probable que sea mucho mayor.
Los datos de la filtración no llegan hasta la actualidad, aunque muchas de las cuentas permanecieron abiertas hasta bien entrada la década pasada. Los años con más aperturas de cuentas fueron 2007 y 2008. El año de mayor cierre de cuentas fue 2014, que coincide con la introducción de una nueva normativa en Suiza de intercambio automático de información fiscal de clientes con residencia en el extranjero. La cuenta media estuvo abierta por un periodo de 11 años.
4. ¿Por qué no hay clientes de algunos países en los datos?
Aunque los datos filtrados de Credit Suisse incluyen información sobre clientes de más de 120 jurisdicciones, hay pocos titulares de algunos países, entre ellos algunos de los más poblados del mundo como Estados Unidos, Rusia, China y Brasil. Y lo mismo ocurre con España.
Aunque la razón no es del todo clara, buena parte de los clientes incluidos en la filtración son de países que no firmaron el Estándar Común de Información (Common Reporting Standard / CRS), una iniciativa mundial contra la evasión fiscal que exige a los países el intercambio automático de información bancaria básica con las autoridades fiscales. Algunos países que aparecen en los datos firmaron el CRS hace pocos años.
Esta hipótesis la confirmaría el hecho de que los nacionales de países poco representados que aparecen en la filtración, en ocasiones residían en Estados que no habían firmado el CRS cuando abrieron cuentas en el banco.
Los países que aparecen con mayor frecuencia en los datos, como Egipto, Ucrania y Venezuela, aún no se han comprometido a intercambiar información en el marco del CRS.
Un caso atípico es el de Estados Unidos. No firmó el CRS, pero hay pocos ciudadanos en la filtración. Sin embargo, Estados Unidos tiene numerosos tratados fiscales bilaterales, incluido uno con Suiza, que le da a las autoridades fiscales acceso mutuo a información bancaria de clientes sospechosos de evasión fiscal y otros delitos financieros.
James O’Brien / OCCRP
5. ¿Cómo se ha comprobado la veracidad de los datos? ¿Qué sabemos y qué no sabemos?
Los periodistas pasaron meses cotejando los datos con otras fuentes, como registros mercantiles, boletines oficiales, expedientes judiciales, investigaciones penales y entrevistas con expertos.
En docenas de casos, los números de cuenta de la filtración coinciden con cuentas identificadas en documentos externos. Las fechas de nacimiento de más de 150 titulares de cuentas en la filtración también son las mismas que las que hay en registros públicos.
Los periodistas también confirmaron la existencia de algunas cuentas de Suisse Secrets en otras dos filtraciones de datos bancarios, obtenidas años antes.
Las cuentas de los hijos de un alto funcionario de Azerbaiyán y uno de sus socios aparecen en las bases de datos de los proyectos Troika y Azerbaiyán, dos grandes sistemas de blanqueo de capitales revelados por OCCRP. Los registros de transacciones muestran que empresas pantalla asociadas al blaqueo de capitales enviaron millones de dólares a cuentas de Credit Suisse durante varios años.
Los periodistas también se pusieron en contacto con clientes cuya información se filtró. En varios casos, confirmaron la existencia de las cuentas.
Amparándose en la confidencialidad de su relación con los clientes, Credit Suisse ni confirmó ni negó la veracidad de los datos filtrados.
Sin embargo, y se trata de una limitación importante, los periodistas no pudieron establecer si las cuentas que examinaron fueron congeladas en algún momento. Algunos clientes afirmaron que sus cuentas habían sido congeladas, pero no hay un patrón claro en los datos que permita proyectar estos casos a toda la filtración.
6. ¿Cómo seleccionaron los periodistas la información que iban a publicar? ¿Qué pasa con la privacidad?
Abrir una cuenta en un banco suizo no es un delito, y todos los periodistas que trabajaron en este proyecto lo tenían muy presente. En el periodismo responsable, no hay justificación para publicar datos bancarios privados sin un interés público evidente.
Por eso el proyecto Suisse Secrets usó los datos filtrados –que nunca se publicarán en bruto– sólo como punto de partida.
Los periodistas pasaron meses confirmando la veracidad de la filtración e investigando a los clientes de Credit Suisse. Sólo se publicaron artículos cuando había razones para sospechar que los clientes estaban usando el sistema bancario suizo para ocultar fondos. Se usó un criterio editorial conservador y se decidió no informar sobre cientos de cuentas que planteaban dudas.
Se decidieron publicar aquellos casos que se referían a clientes que se sabía que eran de alto riesgo: personas expuestas políticamente (PEP), acusadas o condenadas por delitos graves, o con un historial de conexiones con paraísos fiscales. Por tanto, se excluyó íntegramente de la investigación a todas aquellas personas con un perfil privado, sin ningún tipo de proyección pública.
Un ejemplo es el de Rodoljub Radulović, capo de uno de los principales cárteles de narcotráfico de Europa del Este, que encabeza el traficante serbio Darko Sarić. Radulović abrió una cuenta en Credit Suisse a pesar de un largo historial de escándalos financieros en Estados Unidos. Luego usó esa cuenta para lavar más de tres millones de euros del narcotráfico, según fiscales serbios.
Otro caso es el de Eduard Seidel, que fue alto ejecutivo de la compañía alemana Siemens en Nigeria. Sus cuentas acumularon decenas de millones de francos suizos. A pesar de que su rol en un importante escándalo de sobornos en Nigeria ya era conocido, dos cuentas suyas permanecieron abiertas durante casi una década.
También está el caso de Muller Conrad Rautenbach, un magnate minero que se ha jactado abiertamente de estar dispuesto a pagar sobornos para llegar a la cima. Estados Unidos y la Unión Europea lo han sancionado. Pero abrió cuentas con altas sumas de dinero en Credit Suisse, incluso después de que la ONU advirtiera sobre sus supuestos vínculos con acuerdos mineros corruptos en la República Democrática del Congo.
El panorama más amplio que une todos estos casos es el de una importante institución financiera que permitió a sus clientes ocultar activos blanqueados o robados. Casi todas las historias se basan en información disponible públicamente, lo que significa que el departamento de debida diligencia (due dilligence) de Credit Suisse también tendría que haberlo sabido.
«Todo el mundo debería tener algún tipo de acceso al sistema bancario», sostiene Graham Barrow, especialista en delitos financieros. «Lo que no debería poder hacer es usar el sistema bancario para introducir riqueza adquirida de forma corrupta y legalizarla«.
Al final, el objetivo del periodismo de investigación es identificar y exponer los fallos del sistema. En los últimos 20 años, más de una docena de grandes escándalos ligados a corrupción, evasión fiscal, blanqueo de dinero u otros delitos de sus clientes han involucrado a Credit Suisse. En el pasado, el banco pagó múltiples multas y llegó a varios acuerdos con las autoridades. Y de manera periódica, prometió reforzar sus prácticas de cumplimiento. Pero los escándalos no han parado.
7. ¿Cuál es la responsabilidad de un banco respecto a sus clientes?
Los periodistas hablaron con múltiples expertos financieros, reguladores y conocedores de la banca sobre las precauciones que Credit Suisse debería haber tomado para prevenir la llegada de clientes sospechosos.
Ross Delton, abogado estadounidense y experto en lucha antiblanqueo, destaca que no se prohíbe que las personas de alto riesgo y políticamente expuestas abran cuentas, pero deben ser objeto de un mayor escrutinio. “Hay que examinar el origen de su patrimonio y un alto directivo debe aprobar su incorporación”, explica.
En cuanto a las personas condenadas por corrupción, «ese es un nivel totalmente diferente». «En ese caso, la cuestión debería ser si se acepta al cliente», indica Delton. Lo mismo ocurre con las personas condenadas por narcotráfico, que aparecen en listas de sanciones o tienen alertas de la Interpol.
«Aunque a los bancos no les gusta decir que no, se supone que tienen que decir que no«, afirma Delton. «La probabilidad de que el banco se use para blanquear dinero es en estos casos tan alta que, para empezar, la cuenta no debería abrirse».
Otros especialistas señalan por qué instituciones como Credit Suisse pueden llegar a ignorar estas normas. «Los bancos pueden hacer el cálculo de que ganarán más dinero por tener ese negocio que lo que les costará en reputación«, sostiene Graham Barrow, especialista en delitos financieros.
Otra cuestión pertinente para un banco del tamaño de Credit Suisse es el grado de responsabilidad que debe asumir a la hora de adquirir nuevos clientes mediante fusiones. Por ejemplo, en marzo de 2013 entraron al banco 13.000 millones de dólares en activos de clientes de alto valor de la división de gestión de Morgan Stanley.
Monika Roth, abogada y jurista suiza especializada en legislación del mercado financiero y delitos de cuello blanco, declara que no hay un plazo oficial para que un banco realice controles sobre los clientes procedentes de una fusión. “Pero el banco sigue siendo responsable del riesgo de incorporarlos», añade.
«Cuanto más exótico sea el lugar, más susceptible de corrupción, más vulnerable el país de origen o de residencia del cliente. Cuanto más alto sea el patrimonio aportado, más rápido hay que hacerlo», indica.
«Normalmente, antes de que se apruebe la fusión, debería haber una amplia investigación, incluso sobre los riesgos de blanqueo de capitales», destaca Maira Martini, de Transparencia Internacional. «No es justificable decir que no eran conscientes [de los riesgos de blanqueo] porque los clientes venían de otro banco».
8. ¿Qué dicen los expertos que hay que cambiar?
Muchos expertos financieros consultados sobre Credit Suisse y los clientes dudosos identificados por los periodistas sugirieron que el problema no son solo fallos en los procesos de debida diligencia del propio banco. Señalaron la debilidad de la normativa en todo el sector bancario suizo.
Hervé Falciani, un ingeniero de sistemas franco-italiano al que se le atribuye haber expuesto a más de 130.000 presuntos evasores fiscales que eran clientes de la división suiza de HSBC, es tajante: «El sistema es el problema».
“La única forma de sacar a la luz sus fechorías es encontrar la manera de penetrar el velo de secreto que lo protege”, denuncia.
«¿Ve usted una semana sin un escándalo, un escándalo fiscal o un escándalo de blanqueo de capitales en el que no se mencione a Suiza?», se pregunta retóricamente Sebastian Geux, un historiador suizo que ha estudiado el sector bancario de su país durante casi cuatro décadas.
El problema básico, según los especialistas, es la aplicación insuficiente de la normativa.
James Henry, economista y asesor de Tax Justice Network (Red por la Justicia Fiscal), explica que la «sanción básica» para los bancos que operan en Suiza es el pago de una multa. Pero «esto es sólo un error de redondeo» que trasladan a sus clientes o algo que tratan como «el coste de hacer negocios».
En 2014, Credit Suisse pagó una multa de 2.600 millones de dólares del Departamento de Justicia de Estados Unidos por «una conspiración para ayudar a los evasores fiscales de Estados Unidos». Esa sanción era deducible de impuestos, recuerda Henry. Nadie fue a la cárcel y nadie perdió su licencia bancaria. «Algunos directores generales tienen que ir a la cárcel», apunta. «Tienen que ir a la cárcel de verdad para que esto les afecte».
La legislación suiza también dificulta que los periodistas informen sobre delitos financieros.
El artículo 47 de la Ley Bancaria suiza pone a los periodistas del país en riesgo de ser procesados por la mera posesión de datos bancarios privados, aunque no los lleguen a publicar. Por esta razón, Tamedia, un grupo mediático suizo, decidió no participar en la investigación de Suisse Secrets.
«Esta ley es una restricción masiva de la libertad de prensa en Suiza», denuncia Arthur Rutishause, director de Tamedia. «Sólo sirve para censurar e intimidar a los medios de comunicación. La ley puede proteger a los delincuentes y sus bienes. Los periodistas que intentan desenmascararlos se arriesgan a un proceso penal«.
Viñeta denunciando las leyes suizas que anteponen el secreto bancario a la libertad de información. Tagesanzeiger
9. ¿Cuál es el punto de vista de Credit Suisse? ¿Cómo ha respondido el banco?
En respuesta a una lista detallada de preguntas enviadas por los periodistas de Suisse Secrets, el banco proporcionó la siguiente declaración:
«Credit Suisse rechaza enérgicamente las acusaciones e inferencias sobre las supuestas prácticas comerciales del banco. Los asuntos presentados son predominantemente históricos, en algunos casos se remontan a la década de 1970, y los relatos de estos asuntos se basan en información parcial y selectiva sacada de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas de la conducta comercial del banco. Si bien Credit Suisse no puede hacer comentarios sobre posibles relaciones con clientes, podemos confirmar que se han tomado medidas de acuerdo con las políticas y los requisitos normativos aplicables en los momentos pertinentes, y que ya han sido atendidas las cuestiones relacionadas.
Como institución financiera líder a nivel mundial, Credit Suisse es profundamente consciente de su responsabilidad, ante los clientes y el sistema financiero en su conjunto, de garantizar que las normas de conducta más estrictas se mantengan. Estas acusaciones de medios de comunicación parecen ser un esfuerzo concertado para desacreditar al banco y al mercado financiero suizo, que ha experimentado cambios significativos en los últimos años. En consonancia con las reformas financieras en todo el sector y en Suiza, Credit Suisse ha adoptado una serie de importantes medidas adicionales en la última década, incluyendo inversiones considerables en la lucha contra la delincuencia financiera. En todo el banco, Credit Suisse sigue reforzando su marco de cumplimiento y control, y como hemos dejado claro, nuestra estrategia sitúa la gestión del riesgo en el centro de nuestro negocio».
Credit Suisse también proporcionó respuestas adicionales sobre varios temas. Tras lo que el banco describió como una «revisión preliminar» de «un gran volumen de cuentas» sobre las que los reporteros hicieron preguntas, el banco señaló que «más del 90 por ciento» están ahora «cerradas o en proceso de cierre».
«En cuanto a las cuentas activas restantes», escribió un portavoz de Credit Suisse, “estamos convencidos de que se han adoptado las debidas diligencias, revisiones y otras medidas de control, incluyendo los cierres de cuentas pendientes”.
Dicho portavoz escribió que Credit Suisse tiene “una estricta política de tolerancia cero frente a la evasión fiscal”, “sólo desea tratar con clientes que cumplan con los requisitos fiscales” y “ha implementado numerosos programas de cumplimiento fiscal de clientes que abarcan múltiples jurisdicciones”.
En cuanto a la prevención del blanqueo de capitales, el representante escribió que Credit Suisse cuenta con «estrictos mecanismos de control» y “lleva a cabo una revisión de nombres de acuerdo con los estándares del sector (…) tanto al abrir las cuentas como durante su existencia”.
“En los casos en los que identificamos cualquier relación que hubiera podido ser usada para el blanqueo de dinero u otras actividades ilícitas, tomamos medidas rápidas y decisivas”, destacó el portavoz.
Credit Suisse también enumeró una serie de iniciativas de gestión de riesgos que «ya se han completado o están en curso» como parte de una «revisión de riesgos a gran escala en todo el banco» que tuvo lugar en 2021. Entre ellas se encuentran:
– “Revisión de los riesgos fundamentales, examinando cómo se evalúan, gestionan y controlan en todo el grupo”.
– “Definición clara de las funciones, responsabilidades y rendición de cuentas en todas las divisiones, ya que Credit Suisse sigue aplicando los esfuerzos de corrección iniciados a principios del año 2021”.
– “Desarrollo de herramientas y procesos para mejorar la rendición de cuentas y la propiedad de las empresas, como primera línea de defensa para riesgos y controles”.
– “Revisión del proceso y la estructura de compensación, incorporando la sensibilidad al riesgo en el desempeño y objetivos no financieros en las evaluaciones mejoradas de rendimiento”.
– “Fomento de una cultura que refuerce la importancia de la responsabilidad personal”.
Citando la legislación suiza sobre el secreto bancario, la entidad no proporcionó ninguna respuesta sobre los clientes específicos identificados por los reporteros como problemáticos.
«Seguiremos analizando los asuntos y tomaremos medidas adicionales si es necesario», añadió el representante de Credit Suisse.
10. ¿Cuál es la respuesta de OCCRP a las críticas de Credit Suisse?
En última instancia, los bancos occidentales como Credit Suisse manejan la mayor parte del dinero criminal y corrupto del mundo. Por lo tanto, tienen la cuota de responsabilidad más grande para identificarlo y restringirlo. Credit Suisse reconoce que está obligado a seguir procedimientos estrictos que ayuden al banco a entender quiénes son sus clientes y a verificar que sus fuentes de ingresos son legítimas. Cuando el banco no lleva a cabo esta debida diligencia, la delincuencia y la corrupción se vuelven más fáciles, más lucrativas y más exitosas. Y lo denunciaremos.
Lo hacemos porque el secreto financiero es más que una abstracción académica: el dinero opaco significa poder opaco. Cuando el dinero corrupto puede fluir sin obstáculos en el sistema financiero, hay más delincuencia, más extremismo y se debilitan más las normas democráticas. El dinero negro es considerado ya por muchos países como un importante problema de seguridad nacional.
El sistema suizo, que valora el secreto por encima de la responsabilidad, es especialmente propenso al mal uso. Los bancos suizos tienen un largo historial de aceptación de clientes nocivos, desde los nazis hasta algunos de los peores dictadores del mundo moderno. Se han comprometido en múltiples ocasiones –y de hecho han actuado– para eliminar muchos clientes sospechosos de sus listas. Estas actuaciones son positivas. Pero sólo rinden cuentas a un sistema regulador constreñido por leyes de confidencialidad y a un gobierno que da prioridad al secreto. La filtración de datos en la que se basa el proyecto Suisse Secrets representa una oportunidad única para que los periodistas exijan responsabilidades a este sistema.
Creemos que las docenas de ejemplos que citamos plantean serias dudas sobre la eficacia y el compromiso de Credit Suisse para cumplir con sus responsabilidades. Sin dar información que lo corrobore, Credit Suisse afirma que resolvió el «90 por ciento» de los casos que les planteamos. Incluso si aceptamos eso, aún hay una serie de presuntos corruptos o criminales que tienen cuentas en Suiza. Y hablamos sólo de casos por los que preguntaron los periodistas. Podría haber muchos más.
Credit Suisse también señaló que los casos sobre los que escribimos son «históricos». Pero eso es irrelevante. Nuestros datos muestran que el banco conservó clientes durante años, a pesar de que se sabía que habían sido acusados de crímenes graves o eran familiares de personas poderosas en regímenes autocráticos. En algunos casos, los titulares de cuentas que aparecen en los datos confirmaron que esas cuentas siguen abiertas.
Incluso muchos empleados de Credit Suisse que tuvieron contactos con periodistas de esta investigación, indicaron que hay normas especiales en el banco para los clientes más ricos, con independencia de su posible historial delictivo, y que no se ha hecho lo suficiente para eliminar los fondos ilícitos.
Una de las personas creyó eso con fuerza y pasó a la acción: la fuente que filtró los datos bancarios.
Por Gerardo Lozano.- En este año de 2022 se cumplirán diez años de que Rubén Moreira, como gobernador de Coahuila, formalizara la deuda heredada por su hermano Humberto Moreira y el interino de éste: Jorge Torres López.
Viendo los números con frialdad, el daño que le provocaron los Moreira a Coahuila se agiganta, porque lo más grave es que ha resultado un daño permanente que mantendrá en una precariedad económica las finanzas públicas del estado por toda esta década y la próxima si el gobierno federal no hace algo al respecto, y está bien claro que no hará nada, por lo menos ése es el oscuro panorama que se percibe hoy.
Por los candados legales que tiene esta deuda es imposible hacer modificaciones para obtener, por ejemplo, una quita sustancial de intereses, incrementando el pago del capital. La única instancia que tiene el poder de cambiar este esquema es el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero aún así el tema es muy delicado.
Algunos políticos panistas siguen manejando el problema de esta deuda, pero con el propósito de sacar beneficios políticos, porque no tienen ninguna propuesta concreta de solución.
Si se le ve en retrospectiva, el gobierno panista de Felipe Calderón, a través de su secretario de Hacienda, debió haber parado el endeudamiento que estaban realizando algunos gobernadores entre el 2010 y el 2012, más en el caso de Coahuila, cuando el destino de esa deuda no tenía una justificación sustentable en obra pública o infraestructura. Había información para haber tomado decisiones e impedir primero la adquisición de gran parte de esa deuda y, segundo, su formalización, cuando inclusive había inconsistencias legales graves.
FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
OPERAR HACIENDO MILAGROS
Al poner a los gobiernos estatales sucesivos la obligación de un pago de deuda a largo plazo por 4 mil 544 millones de pesos anuales, estos tienen que operar en una precariedad que llega casi al extremo, a lo que se suma el hecho lamentable de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está castigando financieramente a Coahuila.
Contra lo que puede pensarse de que un gobernador tiene que justificar a su antecesor por ser del mismo partido, esto no funciona así, porque al momento de que alguien asume al poder se vuelve completamente independiente, más si el antecesor goza de un gran desprestigio y rechazo social, como es el caso de los hermanos Moreira.
La única relación posible es la irritación y el encono, al tener que gobernar con una estrechez financiera de tal magnitud, limitando la realización de nuevos proyectos, arrastrando tensiones e impidiendo desplegar una obra propia de una magnitud razonable.
En estas circunstancias se tiene que ser sumamente disciplinado y operar con un orden financiero espartano, priorizando al máximo cada peso del que se dispone para inversión, una vez que se cubren todos los renglones de gasto que están ya institucionalmente comprometidos.
Para cubrir los compromisos de un año, ordinariamente se ha tenido que contraer créditos a corto plazo que son cubiertos en el ejercicio siguiente, para evitar incrementar la deuda a largo plazo; administrar con dificultades el pago a proveedores y enfocarse básicamente a programas de tipo esencial.
LOS NÚMEROS
Coahuila contará en este año con un presupuesto de egresos por 56 mil 888 millones de pesos, pero al cual tiene que restarle el 8% por el pago de la deuda, algo realmente complicado que sigue moviendo a la indignación.
Según documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas, a cargo de Blas Flores Dávila, se tiene una deuda total de 38 mil 226 millones de pesos, integrada de la siguiente manera: mil 860 millones de pesos compuestos por seis créditos a corto plazo y 36 mil 277 millones de pesos compuestos por cinco créditos a largo plazo.
De acuerdo con la misma Secretaría de Finanzas, estos créditos simples de corto plazo fueron por insuficiencia de liquidez de carácter temporal.
Al corte del mes de diciembre de 2021, Coahuila debía a Banco Azteca 183 millones 333 mil pesos, mientras que a Banorte se le debía mil 275 millones de pesos derivado de dos créditos.
Al banco HSBC 100 millones, a BBVA 181 millones 900 mil pesos y a Santander 120 millones.
De los cinco bancos con los que se tiene adeudo, son Banco Azteca y Banorte los que se llevarán mayor pago de intereses con 6 millones 864 y 42 millones 545 mil pesos.
Esta deuda a corto plazo se ha ido liquidando cada año y es indispensable para poder operar el aparato gubernamental, de otra forma se presentaría una parálisis, especialmente en el último trimestre de cada periodo anual, el problema realmente es esa gigantesca herencia de deuda a largo plazo.
Dentro y fuera del priismo lo que hicieron los hermanos Moreira es indefendible y sus consecuencias, a diez años del endeudamiento, se han vuelto más difíciles de sobrellevar debido a las políticas de recortes presupuestales que lleva a cabo el gobierno de la 4T, pues Coahuila no es el único estado que se encuentra en tal situación, pero sí de los más castigados, tomando en cuenta que es uno de los estados más productivos del país y genera una aportación fiscal mucho más importante que estados que si están siendo apoyados financieramente.
DEUDA A LARGO PLAZO
El Gobierno de Coahuila tiene una deuda de 36 mil 366 millones de pesos a largo plazo, son créditos con plazos de 20, 25 y 30 años.
Con el banco Multiva se tienen dos créditos a largo plazo por 10 mil 995 millones 331 mil pesos y 4 mil 997 millones 878 mil pesos.
Mientras que a Banobras se le deben dos créditos más de 8 mil 946 millones 412 mil pesos y 3 mil 471 millones 430 mil pesos.
Al banco Banorte se le deben 7 mil 955 millones 637 mil pesos. Cabe mencionar que, a diferencia de los créditos a corto plazos, los de largo plazo fueron heredados por compromisos crediticios de las pasadas administraciones a cargo de Humberto Moreira, Jorge Torres y Rubén Moreira.
Como se puede observar, el propietario del 33% de la deuda a largo plazo de Coahuila es Banobras, con 12 mil 417 millones de pesos, un banco que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo cual un tercio de los intereses que se pagan los está ingresando el mismo gobierno federal.
Otro dato significativo es que el banco Banorte es propiedad de Carlos Hank, heredero de la dinastía Hank González, cuyo padre es el fundador del llamado Grupo Atlacomulco, del cual surgió Enrique Peña Nieto y ya es bien conocida la relación política de Humberto Moreira con dicho clan político, como lo es el inocultable pacto de AMLO para no tocar a los políticos cercanos a Peña Nieto, mucho menos a quienes maniobraron para el financiamiento de su campaña electoral del 2010 al 2012.
Con base en una estimación per cápita, los cinco estados más endeudados del país son, de mayor a menor: Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila y Ciudad de México, gobernados respectivamente por Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y MORENA.
El único que ha recibido un apoyo es la Ciudad de México, que tiene una deuda de 84 mil 201 millones de pesos, y es también el único gobernado hasta ahora por MORENA.
Coahuila destinará 470 millones de pesos para cubrir adeudos de ejercicios fiscales anteriores en este 2022.
La composición de esta deuda bancaria no se ha especificado en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso Local; sin embargo, este adeudo no causa intereses.
Cabe mencionar que cada año se destina una parte de los recursos públicos para solventar estos deberes financieros, pero en esta ocasión se registró un incremento en el monto a destinar. De acuerdo con el presupuesto de Egresos 2021, este recurso pasó de 300 millones a 470 millones de pesos.
A DETALLE
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2022 publicado por el Congreso Local, de los 5 mil 674 millones de pesos destinados a pago de deuda, 649 millones 78 mil pesos se aplicarán a costos por coberturas, 10 millones 239 mil pesos a gasto de deuda interna, 2 mil 595 millones 456 mil pesos al pago de intereses y mil 949 millones 325 mil pesos a la amortización de la deuda.
Aunado a ello, se suman los 470 millones de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 16 de febrero de 2022. Foto Roberto García Ortiz.
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que a pesar del presupuesto que manejan, los organismos electorales actúan por consigna y no son auténticos jueces.
Sin embargo, celebró que en el país se esté llevando a cabo una transformación “sin violencia y que nos enfrentemos pero que todo sea debate, aunque subido de tono, pero que no pase de ahí, y que le dejemos a la gente la decisión”.
“Ya no puedo hablar ahora de lo que tendrá que llegar (o tendrá qué venir) pero ahí está la democracia, que sea el pueblo que califique, libre, sin manipulaciones”, dijo en la conferencia de prensa matutina.
Comentó también que “el INE y todos los corporativos que defienden privilegios cuentan con voceros y les pagan muy bien, pero ya no es lo mismo. Pero ya no es lo mismo, ya el pueblo de México despertó”.
Por ello, indicó, la propuesta de reforma “va a buscar reducir los gastos excesivos del actual instituto electoral y que no cuesten tanto las elecciones y que al mismo tiempo se garanticen elecciones limpias, libres, que no haya fraude electoral como sucede, como hemos padecido.
Este miércoles, el mandatario refrendó la intención de enviar una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral.
Igualmente lamentó que haya periodistas que defienden al Instituto Nacional Electoral (INE) bajo el argumento de que antes había más democracia.
“Hay grupos de periodistas de estos defendiendo al instituto electoral, bueno, salió una revista inglesa de que en México no hay democracia ahora, o sea, que había más democracia con Calderón y con Peña que ahora.
Imagínense, cuando nos robaron la Presidencia había más democracia que ahora –ironizó-. Pero también no dice, y eso que es una revista supuestamente seria The Economist, y no dice que hay un instituto electoral supuestamente independiente”.
Sin embargo, añadió López Obrador, de modo contradictorio achacan al Presidente todo el tema, cuando sólo ha visto dos veces al consejero presidente, Lorenzo Córdova.
“¿En qué quedamos? ¿Yo tengo qué ver con el Instituto Electoral? Nunca, desde que soy Presidente (he platicado con él) y antes creo que dos veces, una de tipo personal por el papá y otra en casa de Lilia Pérez Gay, de Lilita, vi al Presidente (consejero), pero que platiqué con él aquí (en Palacio Nacional), nunca lo he visto”, señaló.
No obstante, dijo, la revista dice que no hay democracia pero que por culpa mía.
En realidad, señaló, “hay toda una campaña que vincula los intereses del conservadurismo de México con los intereses de estos medios que defienden también a empresas que antes saqueaban al país y que están molestos, y hay periodistas que defienden también al INE y no hay control de presupuesto, porque los atienden muy bien también a los periodistas”.
Mencionó incluso un caso en el que un comunicador es, a la vez, proveedor del INE. “A ellos les pagan por atacarnos”, sostuvo.
Recordó que el poder mediático prevalece en el mundo, “entonces, apabullan. En el 2006, el fraude, lo hicieron falsificando las actas y rellenando las urnas y hay pruebas”, señaló al contar de nueva cuenta algunas anécdotas de esa elección y la forma en que funcionarios y gobernadores participaron en las ilegalidades.
“La maestra Elba Esther el día de la elección estaba hablando con el gobernador y hay una grabación con el gobernador de Tamaulipas, todavía no cerraban las casillas, diciéndole, ya es hora de actuar, no puede ganar Andrés Manuel, palabras más, palabras menos.
“La llamada era para operar el fraude, luego el gobernador de Tamaulipas que está preso habla con Pedro Cerisola al día siguiente y Pedro Cerisola en una llamada que es pública le agradece hasta se ríen y dice ‘te pasastes’ .
Eso sucedió en el 2006, bueno, por eso no quisieron contar los votos, un fraude descarado, dijo.
En Nuevo León estaba de gobernador Natividad González Parás, porque se unieron PRI y PAN. Madrazo era candidato del PRI y no dijo nada del fraude, nada. Ahí lo mismo, más votos que empadronados”.
No ganaron – señaló- pero ¿qué les ayudó?, la guerra sucia, ‘el peligro para México’, esto, la mentira, es lo que usan los publicistas.
Pero en nuestro país, dijo López Obrador, aun con todo esto de la compra de los bots, de las redes sociales, ya tenemos forma de replicar. Antes no había posibilidad.
“Recuerdo en campaña de 2006, de repente cuando estaba el golpeteo con todo: ‘peligro para México’, ‘Peligro para México’, campaña financiada por el CCE, y todos los mismos claudios, la misma, esto viene de tiempo atrás.
Por eso no es un asunto de Loret, es realmente el futuro de la nación lo que está en juego, ¿qué queremos para México? ¿queremos ganar a toda costa sin escrúpulos morales? ¿la mentira, la corrupción, el racismo, la discriminación? Que es lo que significa este conservadurismo que estábamos enfrentando”.
Ahora – señaló- con las redes sociales, la inteligencia de la gente, además es un movimiento de millones de mujeres, hombres conscientes, ya no es lo mismo, por eso sí vale la pena enfrentarlos, debatir y confrontarnos políticamente en buena lid y tratar el tema y ya fuera máscaras, cada quien en su sitio y no pasa nada”.
Por eso antes los políticos pues eran más sinceros, no tenían un doble discurso, no se daban baños de pobreza, no actuaban con doble moral, señaló. “Don Fidel Velázquez decía ‘soy charro y qué’, pero estos dicen ‘somos independientes, somos objetivos, somos de la sociedad civil, el periodismo no puede tomar partido, nosotros tenemos que buscar distancia’”.
Yo estoy muy satisfecho con el apoyo de la gente, dijo, con los que participan en las redes son muchísimos, incluso con los intelectuales que están ayudando, no son muchos pero son muy buenos, y así ha sido siempre.
Citó a Francisco Bulnes, de la época porfirista, cuando dijo en torno a ese mandatario: ‘cuando se tiene un dictador bueno, hay que cuidarlo’.
Don Jesús Reyes Heroles decía que era un energúmeno Bulnes porque escribió un libro ‘el verdadero Juárez’ y otro que se llama ‘el verdadero Díaz’, pasa revista del porfiriato y de los negocios.
“’El buen dictador es un animal tan raro que la nación que posee uno debe prolongarle no sólo el poder sino la vida’. Eso decía de Porfirio. Y luego cuando triunfa Carranza y empieza a ajusticiar a los huertistas, tiene una frase que dice ‘el carnicero arrogante de hoy es siempre la res abatida del día siguiente. Y Don Venustiano, por la ley de la historia, no tardará en ser la res’”.
En dicho “reportaje”, se golpea al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) especulando un supuesto conflicto de interés de su hijo, José Ramón López Beltrán.
Esta idea fue ahondada este fin de semana por la periodista Peniley Ramírez, en un artículo que publicó en Reforma.
Tanto el reportaje como el artículo de Ramírez mostraron contratos que supuestamente vinculaban al hijo del mandatario con un empleado de Baker Hughes. Sin embargo, evaden contar que la empresa petrolera ha firmado decenas de contratos con Pemex desde hace ya muchos años. Y que incluso, la compañía indicó que tiene más de medio siglo siendo proveedor de la paraestatal. Nada de estos se resalta, e incluso se puede decir que se oculta.
Además, el ex-alto funcionario de la compañía, Keith L. Schilling, supuestamente involucrado en el “tráfico de influencias”, aseguró que que no conocía a José Ramón, y que no le prestó la casa, sino que se la alquiló vía una empresa especializada en bienes raíces: “[no tengo] ninguna relación previa, conexión personal o familiaridad con el arrendatario o la familia del arrendatario de ninguna forma o manera alguna”.
Además, el ex empleado de Baker Hughes agregó: “en cualquier de mis roles en Bakes Hughes, no tenía responsabilidad por ninguna actividad comercial o contrato en o relacionado con México”.
Ni Carlos Loret de Mola ni MCCI ni Peniley Ramírez mencionaron en sus documentos que Baker Hughes ha sido una compañía que ha laborado con Pemex desde hace más de 60 años.
Es decir, la empresa petrolera ha sido proveedora de la paraestatal mexicana desde antes del sexenio de Vicente Fox, pasando por el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto.
Precisamente este último mandatario le otorgó en marzo del 2017 un contrato con un monto cercano a los 8 mil millones de pesos, y donde también hubo un incremento al prepuesto original ya en el gobierno de AMLO, incremento que -extrañamente- Peniley Ramírez no menciona porque, quizás, en la época en que se hizo la modificación ya no era alto ejecutivo de Baker Hughes el dueño de la casa donde habitaba José Ramón.
De igual manera, en marzo del 2018, meses antes de que arribara AMLO a la Presidencia de la República, Baker Hughes firmó otro contrato por mil 420 millones de pesos. De este contrato Peniley Ramírez sí menciona las modificaciones al presupuesto que se hicieron en 2019, quizás lo hizo porque una de ellas se realizó unos días antes de que Keith Schilling dejara la compañía, y abonaba a crear la percepción de que había corrupción.
El reportaje de Latinus/MCCI y el artículo de Peniley Ramírez omiten indicar que Baker Hughes, durante los últimos años (sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), ha firmado contratos con Pemex por sumas millonarias, pues es una compañía líder en la cuestión de herramientas para exploración y extracción de petróleo.
En la página web contratobook.org se consignan contratos por alrededor de 9 mil millones304 mil 369 pesos en un lapso de 8 años, es decir, del 2002 al 2010.
En junio del 2008, durante el sexenio de Calderón, la compañía firmó un contrato por 4 mil 868 millones de pesos. En junio de 2006, obtuvo uno por 484 millones 522 mil 177.41 pesos; en diciembre de 2003, por la cantidad de 399 millones de pesos 423 mil 343.98 pesos, y en septiembre de 2006, otro por 323 millones 030,855.77 pesos.
En el 2003, durante el sexenio de Vicente Fox, Baker Hughes firmó un contrato por casi 400 millones de pesos.
Otro más de los contratos de Baker en el sexenio de Calderón.
Ninguno de los contratos mostrados arriba fueron mencionado por MCCI, Loret de Mola, Peniley Ramírez o Carmen Aristegui. Al ocultarlo, queda la impresión de que Baker Hughes es una compañía que sólo a finales del gobierno de Peña Nieto, y especialmente con el de AMLO, comenzó a tener contratos millonarios con Pemex. Y que el “operador” de estos contratos es el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, quien lo hizo a cambio de que le alquilaran una casa con alberca.
Y eso, como queda demostrado con estos contratos, es completamente falso.
Baker Hughes también ha perdido convocatorias en el gobierno de AMLO. En mayo de 2020 intentó hacerse con un contrato de Pemex, y no ganó. El único contrato que la compañía ha tenido con el gobierno de AMLO se hizo de forma transparente y con convocatoria pública.
A nueve meses de que el gobierno de México enviara una nota diplomática al de Estados Unidos, por el financiamiento de 50 millones de pesos a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por Claudio X González —abierto opositor a esta administración—, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que aún no se tiene respuesta, pero “ojalá y pronto se dé contestación a esta nota diplomática, porque es indebido, es una intromisión a la vida pública de México el que el gobierno de Estados Unidos esté financiando a grupos opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido”.
Durante su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario señaló que no es correcto, “es una violación al derecho internacional y este grupo sigue siendo financiado por el gobierno de Estados Unidos y también por grandes corporaciones económicas, todos los que no pagaban impuestos y hacían jugosos negocios al amparo del poder público, puros corruptos que no les gusta lo que estamos haciendo, que están en contra de la transformación, porque se acostumbraron a mandar, tenían el privilegio de mandar. Entonces, por eso los ataques cada vez arrecian más”.
Refirió que la información vertida sobre los supuestos excesos de su hijo, José Ramón López Beltrán, elaborada por MCCI, “no hay pruebas de nada absolutamente, mis hijos no tienen participación en el gobierno. He sido muy claro que el pueblo nos eligió para acabar con la corrupción, con la impunidad, para que no haya amiguismo, influyentismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, y hemos actuado con honestidad y lo vamos a seguir haciendo”.
López Obrador apuntó a que sus adversarios y conductores de noticias, columnistas y dueños de los medios de información, la mayoría, todos ellos están en contra.
“Ahora que se generó esta polémica porque ejercí mi derecho de réplica, señalando que Carmen Aristegui mantiene, con sutileza ¿no?, la misma máxima del hampa del periodismo de que la calumnia, cuando no mancha, tizna, y que en su reportaje llegó —sobre la renta de la casa de Houston de José Ramón, su esposa— llegó a decir que era el equivalente a la Casa Blanca, y ya tiene tiempo, porque tiene esa actitud, porque simularon por años”, expresó.
Los precios del barril de petróleo ubicados por arriba de los 100 dólares por uno suenan lejanos ahora que éste oscila entre los 40 y los 20 dólares. En el periodo de altos excedentes petroleros, cuando la mezcla mexicana de petróleo valía 106 dólares por barril, estos fueron repartidos a cada una de las entidades federativas para impulsar el desarrollo de las comunidades, para infraestructura o para el combate a la pobreza, de acuerdo con la versión oficial. Pero, ¿se invirtió en ello? Académicos entrevistados por SinEmbargo afirman que la ausencia de una estricta auditoría y la corrupción en los tres niveles de Gobierno y en Petróleos Mexicanos no permitieron que la población gozara los beneficios del boom petrolero que se registró en las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Así, con toda opacidad, miles y miles de millones de pesos en ganancias del petróleo simplemente desaparecieron…
El deterioro financiero y de infraestructura de Pemex, a la que el Estado mexicano le regateó la inversión, repercute en accidentes mortales, como el de abril pasado en la Plataforma Abkatun. Foto: Cuartoscuro
PRIMERA PARTE DE UNA SERIE
Por Dulce Olvera y Daniela Barragán
Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).– “Nosotros, una Nación rica en petróleo, dentro de nueve años no tendremos un solo barril que vender al exterior; las exportaciones de petróleo son y han sido el sustento de nuestro presupuesto”, dijo Vicente Fox Quesada en abril de 2010, cuatro años después de haber entregado la Presidencia de México a Felipe Calderón Hinojosa. Ambos presidentes, emanados del Partido Acción Nacional (PAN), tuvieron durante sus administraciones la más alta producción petrolera en la historia de México y petroprecios récord que dieron altos márgenes de ganancia.
Les llegó a ellos la oportunidad histórica de concretar un mayor crecimiento que se viera reflejado en mejores condiciones en la calidad de vida de las personas y en un mayor desarrollo para los estados.
Pero no, no lo hicieron y la profecía foxista de 2010 hoy casi se cumple.
De 2000 a 2012, el país obtuvo del crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) 7 billones 753 mil 200 millones de pesos. Sin embargo, la gran oportunidad que representó la captura de ese monto extraordinario se esfumó, debido al despilfarro, la falta de rendición de cuentas, y el hecho de que México nunca ha tenido una política energética integral o porque se ha manejado dentro de una política de privatización de los recursos naturales, explicaron especialistas.
Desde principios del 2000, en el arranque del Gobierno de Vicente Fox, el precio del petróleo repuntó luego de un periodo de caídas posteriores a la euforia de la década de los setenta. La mezcla mexicana aumentó de 18.61 dólares el barril en 2001 a 53.04 dólares en 2006, lo que ubicó el precio real cercano al nivel de 1982. El año 2007 registró un precio de 69.90 y en 2008, se ubicó en 95.80 dólares promedio.
Aunque durante la crisis de 2009 bajó a 63.34, para el siguiente año se fijó a 78.73 dólares; en 2011 se rebasó los 100 dólares por barril. El precio más alto registrado corresponde a ese año: 106.56 dólares por cada barril de crudo.
En el sexenio foxista, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), la situación en materia energética tomó un rumbo diferente pese a la ausencia de una reforma en el sector, pues el incremento en los precios del petróleo generó que esos ingresos registraran una tasa media de crecimiento anual del 10.3 por ciento, crecimiento superior al registrado en los ingresos tributarios de 3.7 por ciento promedio anual.
Aunque el mercado petrolero es altamente dependiente de las decisiones que toma la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que México no es parte, los especialistas sostienen que aún con un barril que se vende a 40 dólares, se pueden obtener utilidades, pero debido al modelo de negocios que crearon dos reformas energéticas, la de 2008 y sobre todo la de 2013, gran parte del dinero lo reciben empresas privadas que operan con Pemex a través de concesiones.
Enrique Peña Nieto recibió un barril de petróleo que se mantenía en 105.89 dólares. Durante su primer año de administración se mantuvo en 100 y después pasó a 87.22 dólares, para prolongar su caída a 43.58 dólares promedio en 2015. Incluso un barril de petróleo llegó a costar 18 dólares.
La Reforma Energética de la actual administración, lejos de refrescar a la ahora Empresa Productiva del Estado, parece que la ha terminado por hundir en la crisis. Según su reporte financiero de 2015, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la pérdida neta fue de 97.7 por ciento, es decir 521 mil 607 millones de pesos. Esa cifra, en 2014, fue de 263 mil 819 millones de pesos.
Pemex, uno de los instrumentos más importantes del desarrollo económico del país e incluso, uno de los símbolos de riqueza más reconocidos por los mexicanos, conserva un solo rol y es el de espectador. Los proyectos planteados por la Reforma Energética, Pemex no puede cubrirlos. El objetivo de “romper su monopolio energético” que persiguen las autoridades se está cumpliendo y el petróleo mexicano es un recurso al que sólo las grandes empresas pueden aspirar.
EL PETRÓLEO DE LA ALTERNANCIA
Carlos Romero Deschamps, líder de los petroleros, fue acusado de desviar 500 millones de pesos a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida, pero fue exonerado del llamado Pemexgate. Foto: Cuartoscuro
El entonces director del Banco de México (Banxico), Guillermo Ortiz Martínez, cuestionó que durante los seis años del Gobierno de Vicente Fox el ingreso extraordinario que obtuvo el país por la exportación de crudo, de alrededor de 180 mil millones de pesos al año en promedio, “se había destinado a financiar el gasto de la administración y no a mejorar la competitividad nacional”.
Durante el Gobierno de Fox Quesada nunca se turnó al Congreso de la Unión una propuesta concreta de Reforma Energética ni se vinculó de manera convincente a la industria petrolera con el sector energético, planteó Roberto Gutiérrez Rodríguez, investigador del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco en el documento “La reforma petrolera de México: ¿dos sexenios sin política energética?”
“El ex Presidente panista no utilizó los excedentes petroleros para invertir en la industria o en la generación de infraestructura. Por el contrario, los orientó al reforzamiento de la posición internacional del país a través de la acumulación de reservas del Banco de México y contrató más personal y mejor pagado en Pemex. Al inicio de su sexenio, en el corporativo de Pemex trabajaban cerca de 24 mil personas, mientras que con Calderón, la cifra estaba en 48 mil personas; es decir, se duplicó la burocracia. Gente en el escritorio, no en actividades productivas”, estableció el académico.
A esto, agregó Gutiérrez Rodríguez, se sumó el Pemexgate en el 2000: el desvío de 1,500 millones de pesos para el sindicato de la petrolera, de los cuales 500 millones fueron para apoyar a Francisco Labastida Ochoa, entonces candidato a la Presidencia de la República del Revolucionario Institucional (PRI), de acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR). El PRI pagó una multa de mil millones de pesos.
El segundo caso emergió en 2004, cuando se hicieron públicos los acuerdos del Gobierno federal y la dirección de Pemex para transferir al sindicato 7 mil 800 millones de pesos.
Los impuestos petroleros representaron 36.5 por ciento del total de los ingresos ordinarios gubernamentales, de acuerdo con el artículo “Petróleo y crecimiento económico en México” del economista Francisco Colmenares. Pero, pese a registrar un crecimiento extraordinario no se destinaron a impulsar un mayor crecimiento de la inversión pública, cuya importancia había disminuido a 13 por ciento en el gasto público.
“La renta petrolera que debía haberse blindado para apoyar proyectos productivos y el mejoramiento de la infraestructura física y de comunicaciones a lo largo del territorio nacional fue asimilada para financiar el crecimiento del gasto corriente del sector público y las obligaciones del servicio de la deuda”, determinó el especialista.
Pemex siempre ha tenido rendimientos, sostiene el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alfredo Bravo Olivares. El problema, dijo, viene después del cobro de impuestos, sobre todo en 2007 con el auge de precios que se tuvo.
“El problema está en la asignación presupuestal que hace el gobierno mismo. Una gran cantidad de recursos están en los Contratos de Servicios Múltiples y en los Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público, los famosos Pidiregas, que no son otra cosa que concesiones a los privados, a mediano y corto plazos, para obra, para exploración, extracción, en los cuales Pemex estaba entregando actividades sustantivas de la nación a los privados mediante crédito”, explicó Bravo Olivares.
Ese crédito queda como una deuda a mediano y corto plazo para Pemex, que tiene que ser refinanciado en la base de los rendimientos del mercado petrolero. Está el caso de los hijos de Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox, fue un escándalo el hecho de que le rentaran a Pemex un par de buques-cisterna para transportar petróleo con un costo de 400 mil dólares al día.
“Ahí se fueron los rendimientos de Pemex: en entregar a la iniciativa privada las actividades parciales de Pemex a costos muy elevados para beneficio de alguien; es decir, utilizando recursos públicos para enriquecer más a los privados”, sostuvo Bravo Olivares.
LOS EXCEDENTES CALDERONISTAS
El ex Presidente Felipe Calderón impulsó una Reforma Energética para Pemex que, de acuerdo con especialistas, ya planteaba la privatización de la petrolera mexicana. Foto: EFE
En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se intentó implementar la primera gran Reforma Energética ante el diagnóstico de Pemex: el futuro de corto y largo plazo de la industria petrolera dependía de la explotación de yacimientos en las aguas profundas del Golfo de México. Sin embargo, la petrolera no podía desarrollar pozos a tal profundidad. Ante ello, se necesitaba la participación de empresas extranjeras con tecnología de punta, sin que el Estado perdiera su rectoría en la industria.
El investigador de la UAM, Roberto Gutiérrez, recordó que a esa nueva Ley se le veía como una privatización encubierta con pérdida de la soberanía y capacidad de iniciativa de Pemex. Además, la iniciativa no proponía elevar la productividad de Pemex, distribuir la excesiva fuerza de trabajo o reducir el número de miembros del sindicato petrolero en el Consejo de Administración de Pemex (5 de 11).
De 2006 a 2008 ya había más conciencia con respecto a la necesidad de utilizar la renta petrolera de una forma más oportuna, aseguró Arturo Carranza, especialista en Energía del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Pero la estructura de la Ley fiscal “ponía muchos candados o limitaciones” a una mejor administración de los ingresos petroleros.
En entrevista para SinEmbargo, Gutiérrez Rodríguez comentó que esa reforma, al no generar cambios constitucionales, no dejó satisfechos a los inversionistas, por lo que no se recibieron recursos de la iniciativa privada para invertir en Pemex y todos los recursos provinieron del sector público.
Se realizaron gastos “muy onerosos”; por ejemplo, en Chicontepec, Veracruz, se invirtió hasta 30 mil millones de pesos anuales. Esas acciones provocaron el descuido de otras actividades, sobre todo en lo que respecta a las aguas profundas. A decir de Gutiérrez Rodríguez se pensó que más adelante, con un mejor panorama, Pemex podría entrar al ruedo.
Y aunque se trataba de un auge que inició desde 2002, la mayor cantidad de recursos se percibieron en este periodo. No obstante, “la opacidad” en el manejo de los excedentes petroleros había provocado que persistiera “la desconfianza de la sociedad” respecto a la capacidad de Pemex y el gobierno federal para manejar los recursos de la industria petrolera, sostuvo Gutiérrez en el artículo citado.
En mayo de 2008 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que los excedentes petroleros habían sido de cero en el primer trimestre del año debido a los subsidios otorgados a los alimentos, la gasolina y el diesel. Esto “resultó extraño a los mexicanos”, en virtud del alto nivel que alcanzaron los precios del petróleo en el periodo. En el tercer trimestre, el 14 de julio, el precio de la mezcla mexicana llegó a su máximo histórico de 132.71 dólares por barril.
Ese mismo año, el de la crisis financiera, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, denunció opacidad, corrupción, impunidad y desviaciones en el manejo de los recursos de Pemex durante un Foro Nacional de Fiscalización.
“Se llegó a tener hasta 55 mil millones de dólares de exportaciones en un solo año, en 2011. A principios de siglo, el precio estaba a 30 dólares y fue subiendo paulatinamente y llegó a rebasar los 100 dólares, la crisis de 2008 golpeó un poco el precio y lo bajó a 5, pero se recuperó en menos de un año. Haciendo la cuenta de los recursos que entraron al país en el sexenio de Calderón, a un promedio de 43 mil millones de dólares por año, son aproximadamente 250 mil millones de dólares los que recibió el país por exportaciones de petróleo y productos derivados en la administración calderonista. Con Fox fueron alrededor de 170 mil millones de dólares. Son 420 mil millones de dólares o más en dos sexenios. La pregunta es legítima: ¿qué se hizo con ese dinero?”, agregó Gutiérrez Rodríguez.
El Gobierno federal anunció la creación de un programa de transferencias de recursos, a través del Ramo 33, para que el dinero se gastara en proyectos de desarrollo en los 2 mil 400 municipios del país. Se asignó más dinero a los que tenían un mayor número de pobres y después a los que tenían más habitantes.
Se pagaron obras de infraestructura, alumbrado público, seguridad y se reforzó el programa Oportunidades (hoy, Prospera). Otra parte se fue a la reserva legal del Banco de México, que al inicio de la administración de Fox, tenía entre 25 mil o 30 mil millones de dólares y en la administración de Calderón, se terminó con aproximadamente, 180 mil millones de dólares.
A fines de 2014, la reserva de Banxico tenía 195 mil millones de dólares. Ahora está en 175 mil. De acuerdo con información del doctor Gutiérrez, entre el 85 y el 90 por ciento de las reservas internacionales del Banco de México, provienen de Pemex.
LO QUE QUEDA PARA PEÑA
La crisis en el precio del petróleo no sólo golpeó a México. Las inversiones enfocadas a petróleo a nivel mundial en 2015, pero para 2016, los proyectos se han retomado.
Pemex, al sobreexplotar durante el petróleo en aguas someras (la producción de Cantarell que de 2.4 millones de barriles diarios, actualmente está en 300 mil), tiene el reto de extraer el que está en aguas profundas, para muchos, la joya de la corona que trajo la Reforma Energética.
“A quien le tocó pagar el precio de haber sobreexplotado a la empresa es a la administración actual. Todo lo que comenzó a ocurrir en 2004, cuando se registraron las bajas en Cantarell y cuando el director general Luis Ramírez Corso manifestó que la producción iba a estar cayendo en este campo a razón de 200 mil barriles por año. Se cumplió. Los costos de extracción son demasiado altos en Chicontepec y en el Golfo de Sabina y en tierra firme. La única opción es irse al mar profundo donde son aún mayores los costos de extracción y las empresas sólo vendrán cuando estén seguras de que recuperarán sus costos y eso no sucederá en el corto plazo, de modo que al Gobierno de Peña Nieto le toca una situación muy difícil. No verá, de ninguna manera en su administración, los beneficios de la Reforma Energética”, enfatizó el académico de la UAM.
Lo que se está pagando, coinciden, es la ausencia de una política energética en el país, ya que lo que actualmente sucede es que son las empresas extranjeras las que están definiendo el rumbo.
Los estatutos de la reforma recalcan que no pueden existir monopolios en el mercado petrolero y las ventas y producción de Pemex, representan más del 50 por ciento de éste en México. El objetivo gubernamental es achicarlo.
En ese contexto, las políticas de rescate del Gobierno federal son sólo paliativos de corto plazo, con el objetivo de atraer a empresas extranjeras para que produzcan lo que Pemex no puede hacer ya, dijo Gutiérrez Rodríguez.
La falta de inversión, tanto económica como tecnológica y en materia de recursos humanos, han provocado que Pemex esté rezagado en la exploración de aguas profundas en el Golfo de México, zona en la que las grandes empresas petroleras de Estados Unidos, en plena crisis petrolera global, lograrán obtener cifras históricas de extracción en los siguientes dos años. Ahora, la única forma en la que México podría aspirar a una parte de las aguas del Golfo será a través de una alianza en la que, de acuerdo con especialistas consultados, tendría el papel de aprendiz del proceso, pero no de un líder.
En la licitación de la Ronda Uno de aguas profundas, Pemex aún no está registrada dentro de las empresas interesadas, lo que deja el campo abierto a las privadas.
Para Bravo Olivares, esta reforma sólo llegó a legalizar lo que ya sucedía: las actividades sustanciales estaban y están en manos de privados.
“Pemex queda sólo como un órgano encargado de verificar que la actividad de los privados funcione de manera adecuada; de ver qué se concesiona, bajo qué términos y, al final, después de quitarle al precio de barril de petróleo el costo de la exploración, el costo de la extracción, la transportación… lo que quede es de los mexicanos. Todo lo demás ya es de privados”, sostuvo.
“Pueden decir: ‘el petróleo se queda aquí, es muy de los mexicanos’, y es verdad, pero todo el valor que ya le quitaron por entregar las actividades sustanciales, es lo que realmente afecta y eso es lo que hicieron: le quitaron a Pemex la capacidad productiva, de extracción, la dejaron en manos de los privados. Pemex sólo es propietario del resultado final, de lo que está completamente desvalorizado”, destacó.
Por décadas este inmueble ha estado abandonado, primero serían las oficinas de la Policía Federal, después del patronato de Bomberos y recientemente se estableció que albergarán a la Guardia Nacional, sin embargo la obra sigue intacta. Foto: Omar Saucedo
Estos son los monumentos al recurso público malgastado. Hay hospitales, centros de justicia y pirámides, todos erigidos en diferentes puntos del Estado, como pruebas fieles de indiferencia política, omisión y en varios casos impunidad y corrupción
Texto: Francisco Rodríguez
Fotos: Francisco Rodríguez, Josué Rodríguez, Mauricio García y Omar Saucedo
Ilustración: Edgardo Barrera
COAHUILA.- En los últimos 20 años, en Coahuila, hay un mapa de obras que han quedado inconclusas, en obra negra, que siguen sin entrar en operaciones, que no fueron útiles o de plano se convirtieron en un elefante blanco. Este dispendio de recursos públicos asciende a 747 millones de pesos al menos en cinco obras. Esta cantidad es más que todo el presupuesto de la secretaría de Gobierno para 2022, y tres veces el presupuesto de las secretarías de Cultura y de Economía.
Los 747 millones de pesos habrían alcanzado para pagar tres años la nómina del Poder Legislativo, pero, en cambio, se gastaron en obras que no se concluyeron o que llevan años paradas.
Miguel Ángel Ordaz, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), considera que, en este caso, los ‘elefantes blancos’ son un asunto que tiene que ver con la falta de una normatividad que permita establecer responsabilidades sobre cualquier acción de gobierno en cualquiera de sus ámbitos.
Pasan los años y ahí están: ‘elefantes blancos’ que se han erigido como reflejo del derroche, de la falta de planeación en las políticas públicas y de la visión cortoplacista de un gobierno acostumbrado a no cumplir con sus promesas.
Por eso Ordaz no duda en señalar que las acciones de los gobiernos siguen en gran medida funcionando a partir de los intereses de los gobernantes y de los intereses de los grupos económicos. Sin ninguna consecuencia.
Los elefantes blancos presentados por Semanario son tres infraestructuras relacionadas con temas esenciales como salud, seguridad y protección a la mujer. Es un mapa de elefantes blancos localizados en La Laguna, Región Sureste, Carbonífera y en la frontera de Piedras Negras.
Ilustración: Edgardo Barrera.
Todos, como dice el académico Miguel Ángel Ordaz, se manejaron con los anuncios tradicionales de bombo y platillo, como algo que iba a favorecer a la región o a algún segmento de la población, pero que, finalmente, critica Ordaz, pudieron haber servido entre otras cosas sólo para gastarse el dinero.
“Al no concluirse las obras, como no hay responsabilidad que fincar, no hay el procedimiento establecido para ello, sencillamente se queda como obra inconclusa”, critica el analista político.
De las cinco obras presentadas, hay tres que no tienen remedio. Son casos perdidos. Dos más todavía tienen oportunidad de rescatarse.
Y mientras estos edificios o estructuras se han convertido en paisaje, Ordaz señala que la fiscalización a estas obras inconclusas no ha sido lo suficientemente fuerte porque la misma tiene agujeros, tiene hoyos que entorpecen cualquier cosa o conducen a ninguna parte. Asegura que esta dinámica conviene a la relación “perversa” entre las autonomías y el Ejecutivo.
Considera que no hay interés en sancionar las obras inconclusas de parte de instancias como la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas o la misma Fiscalía Anticorrupción.
“Tenemos tantas leyes que sirven para regular tan poco, para sancionar a tan pocos”, critica el especialista.
Además, refiere que los titulares de los ejecutivos no son responsables de algo. Nunca, pues se diseña la norma de tal manera para que así suceda. “Todo es por la vía de la delegación”, explica.
Lo que tiene que ocurrir, considera el académico, es que la sociedad se interese por el destino de los impuestos que pagamos pues, finalmente, lo gastado en esos proyectos proviene del dinero de la gente.
“Nos acostumbraron a no exigir, a no protestar. Es un proceso largo que implica la composición de una nueva mentalidad”, dice.
Dos décadas de una Pirámide sin uso
Hace más de dos décadas se construyó en el Parque Industrial Santa María de Ramos Arizpe un edificio conocido como “La Pirámide”, donde se pretendía albergar un destacamento de la entonces Policía Federal de Caminos. Pasaron los años y quedó en el olvido.
“La Pirámide” quedó abandonada y nadie se hizo cargo de ella. Nadie sabe por qué en su momento no se ocupó.
Según el libro El país de los elefantes blancos, de Julio Franco Corzo, un empresario donó el terreno al Ayuntamiento para construir el destacamento. Sin embargo, la Federal de Caminos desapareció y se convirtió en Policía Federal Preventiva, la cual primero estuvo bajo el mando de la Secretaría de Gobernación y después de la Secretaría de Seguridad Pública. Estas modificaciones provocaron incertidumbre jurídica, lo que derivó en que nadie se hiciera cargo.
Los únicos que la aprovecharon fueron los indigentes que encontraron refugio y los grafiteros que plasmaron su obra en las paredes.
Se realizaron solicitudes de información al Ayuntamiento de Ramos Arizpe (folio 050103000001221) y a la Secretaría de Comunicación y Transportes (folio 330025521000262) para conocer el monto de la inversión, pero los entes aseguraron no ser competentes para proporcionar el dato.
Según una revisión hemerográfica, la inversión inicial fue de cuatro millones de pesos. La estructura comenzó a levantarse antes de concluir el siglo pasado. Pero quedó en obra negra.
En septiembre de 2014, el ayuntamiento de Ramos Arizpe anunció que el edificio sería donado al patronato de Bomberos de la región sureste del estado, con la intención de colocar una nueva central de emergencias.
El municipio adelantó que se utilizarían, en una primera etapa, cerca de cuatro millones de pesos para rehabilitar el lugar. En diciembre de 2014 se firmó un convenio con el que Davisa Parques Industriales -dueña del predio- se comprometía a donar “La Pirámide” y un terreno contiguo, donde se buscaría crear la central de urgencias especializada en accidentes vehiculares y un área de capacitación para bomberos y elementos de protección civil.
En 2016 el Patronato de Bomberos recibió el espacio en comodato. Pero el proyecto fracasó.
En 2018, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe decidió deshacerse de “La Pirámide” y entregársela a la Policía Federal. El 11 de diciembre de 2018, en el decreto 100 del Periódico Oficial del Estado se había autorizado la desincorporación municipal de “La Pirámide”.
Pero en tres años nadie metió mano a la obra y la operación perdió vigencia, sobre todo por la extinción de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional.
Finalmente, el 30 de junio de 2021, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe aprobó en Cabildo (acta 237) la desincorporación -por segunda ocasión- del elefante blanco, plasmado en el Periódico Oficial como “predio identificado como lote PR-1” de la colonia Agrícola Veteranos de la Revolución de la ex Hacienda Molinos de Santa María, actualmente Parque Industrial Santa María, con el objetivo de donarlo al gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para uso de la Guardia Nacional.
Fue el 7 de septiembre de 2021, mediante el decreto número 90 publicado en el Diario Oficial del Estado, que se aprobó la donación de “La Pirámide” al gobierno federal para la construcción de las instalaciones de la Guardia Nacional.
El bien inmueble donado y sin usarse en más de dos décadas tiene una superficie de 9 mil 453 metros cuadrados.
Se cuestionó vía transparencia a la Guardia Nacional (folio 332259821000274) el estatus de la obra y los planes sobre ella, pero simplemente respondió con la confirmación de la donación que hizo el municipio de Ramos Arizpe.
A pesar de la necesidad de contar con un centro de internamiento para atender a los casos de gravedad, no se ha dado un paso adelante con la terminación de este centro, tampoco se ha castigado a nadie por el abandono y omisión del a obra. Foto: Francisco Rodríguez
El tratamiento de adicciones, convertido en elefante blanco
Las omisiones y desdén de las autoridades de Coahuila para el combate a las adicciones podrían resumirse en una obra: el Centro de Integración Juvenil y Atención a las Adicciones en San Pedro, un proyecto de 24.6 millones de pesos de la administración del exgobernador Rubén Moreira que fue pensando para ser el primer centro de internamiento para adictos en el Estado.
Pero nunca concluyó.
Actualmente, la construcción quedó en obra negra y no existe ningún plan de las autoridades estatales para rescatar una obra que, además, fue asignada a una empresa ligada a la expresidenta del Poder Judicial del Estado, Miriam Cárdenas Cantú.
El edificio se halla detrás de las instalaciones de la cárcel de San Pedro, por un camino de tierra.
Lo que sería un centro con 28 dormitorios, aulas, capilla, áreas de trabajo y consultorios, quedó en obra negra desde el término de la administración del exgobernador Moreira, en 2017. Y la actual administración de Miguel Riquelme no tiene ningún interés en rescatarla. Cuestionado sobre el centro que no se concluyó, el secretario de Salud, Roberto Bernal aseguró que en la entidad “hay prioridades”, y ese proyecto no lo es.
Admitió que conoce de la obra inconclusa, pero recalcó que no existe proyecto para rescatar el Centro.
En 2015, el exgobernador Rubén Moreira, actual diputado federal, anunció la construcción de un centro para atender las adicciones en el municipio de San Pedro de las Colonias. Eran los tiempos de postguerra de cárteles y San Pedro de las Colonias estaba identificada como una ciudad con graves problemas de consumo de heroína.
En 2016 se lanzó la licitación pública nacional CE-905002984-E168-2016 para la construcción delCentro de Integración Juvenil y Atención a las Adicciones en San Pedro. En septiembre se dio el fallo a la empresaCorporativo de Desarrollo y Construcción S.A de C.V, pese a ser la propuesta más cara de tres que se presentaron. La razón fue que las otras dos se desecharon por cuestiones técnicas de requisitos.
El contrato CE-E168-2016, en posesión de Semanario, fue firmado por 24 millones 697 mil 716.98 pesos y en él se establecía un plazo de 180 días (del 30 de septiembre de 2016 al 28 de marzo de 2017) para concluir la obra.
Nada de eso sucedió.
A más de cinco años de iniciarse, el Centro de Integración Juvenil y Atención a las Adicciones en San Pedro es uno más de los elefantes blancos estacionados en Coahuila.
Este proyecto sería el primer centro de internamiento para adicciones dependiente del estado. Pero al quedar inconcluso, no se puede atender al ejército de adictos -principalmente de cristal- que hoy en día se suman a las estadísticas permanentemente. Según el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón, siete de cada 10 personas que acuden a esa institución tienen una adicción al cristal.
Esos adictos tienen que buscar a alguno de los 21 centros de rehabilitación de la organización civil especializados en adicciones o uno de los tres lugares reconocidos por la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic). O quizá, terminar en algún anexo clandestino.
Hasta 2018, según una relación de proyectos de obra para Coahuila del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativa (FAFEF), el proyecto con folioCOA16160200640962, a la construcción del Centro de Integración Juvenil y Atención a las Adicciones en San Pedro se le habían entregado 9 millones 565 mil 836.5 y tenía entonces un 35% de avance.
El elefante blanco tiene también otro tamiz. La empresa responsable del Centro, Corporativo de Desarrollo y Construcción, S.A de C.V, está ligada a Miriam Cárdenas Cantú, expresidenta del Poder Judicial del Estado. La expresidenta fue accionista de la empresa en sus inicios, pero su cuñado, Jorge Domingo Mejía de la Garza, sigue siéndolo y su esposo, Jaime Alfredo Mejía de la Garza, es el representante legal.
A pesar de que hubo aportaciones de los mineros para la construcción y habilitación de este hospital, el gobierno de Humberto Moreira lo dejó inconcluso sin que nadie pague por la mala administración de los recursos públicos. Foto: Mauricio García.
El hospital del minero, una obra que nació elefante blanco
En la región Carbonífera los mineros trabajan bajo condiciones de inseguridad constante. Derrumbes, explosiones o inundaciones se presentan cada año.
Luego del trágico accidente de Pasta de Conchos donde quedaron atrapados 65 mineros, durante la administración del exgobernador Humberto Moreira, se construyó en el municipio de San Juan de Sabinas un “Hospital del minero”, el cual tenía como objetivo atender esencialmente a los trabajadores de la Carbonífera, y también el Centro de Capacitación y Rescate de los Mineros, cuyo fin era capacitar en materia de seguridad a los mineros que trabajaban en pozos, minas o tajos.
El proyecto del hospital se abandonó. La obra fue iniciativa de Javier Villarreal Hernández, extesorero de Coahuila, aunque entonces era director del Servicio de Administración Tributaria (SATEC), dependencia que había creado Humberto Moreira para que todo el dinero que ingresaba a las arcas estatales se concentrara en una oficina.
Villarreal Hernández convenció a los productores de invertir parte de los fondos que aportaban por cada tonelada de carbón a la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) en la construcción del hospital.
En el año 2003, como resultado de una negociación entre los sectores involucrados, y autoridades federales y estatales se creó la Prodemi, que tenía como objetivo fundamental fungir como intermediaria para que los productores de la región vendieran el carbón producido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Gracias a aportaciones de mineros y productores a la Prodemi se construyó el Hospital del Minero y un Centro de Capacitación y Rescate de los Mineros. Sin embargo, el hospital nunca funcionó porque nunca tuvo equipamiento. Cuando se terminó la obra, el gobierno solicitó a los productores que aportaran recursos para el equipamiento. Pero ellos se negaron.
El 12 de mayo de 2011, el entonces gobernador Jorge Torres López, quien entró como interino a la salida de Humberto Moreira, calificó como “un error” la creación del hospital, pues los patrones de las minas tienen la obligación de tener inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a sus trabajadores.
Por tal motivo, el 20 de mayo de 2011, en sesión del Congreso de Coahuila, la entonces diputada panista Esther Quintana Salinas propuso un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo del Estado que diera a conocer de qué manera se planeaba reembolsar a los mineros las cantidades que, por vía de aportación, realizaron para la creación del hospital del Minero. Los priistas se negaron y la solicitud fue rechazada por mayoría.
Miguel Ángel Ordaz refiere que nunca habrá exigencia de los diputados porque son “correa de la misma tela”. Para el catedrático, la falta de exigencia de los diputados locales, principalmente los que son parte del partido en el poder, reflejan la combinación perfecta entre una representación simulada y una simulación democrática a la hora de la elección. “Todo está establecido a partir de los intereses del ejecutivo”, comenta.
Para Esther Quintana se trató de dinero de los trabajadores tirado a la basura, por lo que no duda en calificarlo como un “robo” y un “fraude”. Asegura que era necesario un hospital especializado que tratara a los mineros por sus múltiples males. Por ejemplo, de 2018 a 2020 se registraron 3 mil 179 casos de neumoconiosis, según la memoria estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
A la neumoconiosis también se le conoce como la enfermedad del pulmón negro, porque resulta de la inhalación del polvo de carbón. En ningún otro estado hay esos niveles de males respiratorios.
Como tampoco en ninguna otra parte del país ocurren la cantidad de accidentes fatales en minas como en la Carbonífera: un promedio de cuatro accidentes fatales cada año, lo que evidencia el riesgo de trabajo en la zona.
“No existe un hospital de esta naturaleza. Si no les van a devolver su dinero, que les den el hospital”, lamenta Quintana Salinas.
La exdiputada reflexiona que un gobierno actúa cuando se encarga de aspectos torales: salud y educación. Sin embargo, en el tema del hospital del minero, ya había dinero aportado y se dio por perdido. “No se vale, no se llegó a ningún acuerdo”, añade.
El único uso que se le daba era el de bodega del hospital General del municipio.
Así mismo, se dio a conocer la intención del gobierno estatal para que fuera el IMSS quien se hiciera cargo del elefante blanco, a fin de que éste fuera utilizado para la operación de una clínica regional. Pero el IMSS nunca lo aceptó. Esther Quintana critica que nunca se dialogó y no se le dio la importancia requerida en una región donde son típicas las enfermedades respiratorias consecuencia de la minería del carbón.
Jorge Torres fue condenado a 36 meses de prisión en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero y liberado hace unos meses. Javier Villarreal, por su parte, enfrenta en libertad en Estados Unidos cargos de conspiración de lavado de dinero robado de las arcas de Coahuila.
La Prodemi desapareció y cualquier solicitud de información no es respondida ni es posible presentar recursos de revisión. La secretaría de Infraestructura dice no tener información. Hoy el elefante blanco está sepultado y dio vida, gracias a la pandemia, a un laboratorio de biología molecular. Pero del hospital del minero nadie se acordó en una década.
De acuerdo a la Secretaría de Infraestructura se han gastado 33 millones de pesos en la construcción de este centro que sigue sin abrir sus puertas. Foto: Josué Rodríguez.
Un Centro de Justicia que sigue sin concluir
El 17 de diciembre de 2018 se puso la primera piedra del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en Piedras Negras, prácticamente a un año de gobierno del actual gobernador, Miguel Riquelme Solís.
Al lado del mandatario estaba la entonces alcaldesa de Piedras Negras, Sonia Villarreal, actual secretaria de Seguridad del Estado.
La obra tiene una construcción, según la minuta del proyecto, de 2 mil 765 metros cuadrados y más de 3 mil metros cuadrados de superficie. En este edificio se pretende contar con un área de atención a las mujeres, oficinas de enlace de la Fiscalía, DIF, Pronnif; además de un refugio temporal para albergar a tres familias.
La obra tiene sus orígenes en un convenio de coordinación que celebraron la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Coahuila para la creación específica del Centro de Justicia en Piedras Negras.
El gobierno de Coahuila, a través del exsecretario de Gobierno y actual alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, solicitaron el 26 de enero de 2018 a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), recursos federales para la creación del Centro. El 21 de febrero de ese año se determinó viable el proyecto y se autorizaron 13.6 millones de pesos.
El proyecto tenía un costo estimado en dos etapas de 26 millones de pesos y tenía como fecha estimada de conclusión el 31 de diciembre de 2019. Pero fue hasta diciembre de 2018 que se puso la primera piedra. Entoncesse informó que la inversión sería de 30 millones de pesos.
El Centro sigue sin arrancar. Según la Secretaría de Infraestructura se han gastado 33 millones 713 mil 573 pesos en cuatro contratos, dos en 2018 y dos en 2021.
En tres años de construcción, esta obra que debió concluir en un año sigue sin poder entregarse.
Vanessa Ramírez, abogada y académica de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) unidad Piedras Negras, considera que es una gran diferencia contar con un Centro de Justicia en vez de que las mujeres tengan que acudir a una agencia del ministerio público.
“Cuando abren estos centros, los números se disparan. Las mujeres saben que existe un lugar donde son atendidas de forma integral y su ánimo hace que vayan. Es un fenómeno que ocurre, los números se van a incrementar. En una atención laboral, de salud, de educación”, argumenta la especialista sobre la necesidad del Centro en Piedras Negras.
Actualmente, las mujeres tienen que acudir a un módulo de atención que está en el Instituto de las Mujeres en Piedras Negras.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2021 (hasta noviembre) se reportaron 773 denuncias por violencia familiar.
Para Vanessa Ramírez acudir a una agencia del ministerio público inhibe el hecho de que las mujeres denuncien o pidan apoyo.
“La ruta de atención cuando las mujeres van a un Centro de Justicia…, hay áreas lúdicas, los niños están cuidados mientras son atendidas; ir a una agencia del MP con niños dificulta la ruta de atención en la fiscalía. En los centros de empoderamiento se sienten más tranquilas. Hay muchas ventajas”, ahonda.
Para Ramírez, en todas las regiones de Coahuila es necesario un Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.
Por ejemplo, en Piedras Negras no existe un refugio para mujeres violentadas, mientras que en Acuña sí. “Sería bueno tener uno que dé atención a Piedras Negras y a la zona de los Cinco Manantiales”, comenta la abogada.
La abogada desconoce por qué el Centro no ha entrado en operaciones. Dice que ha pasado por el exterior y luce completo.
Según la secretaría de Infraestructura, la obra tiene un 98 por ciento de avance físico, por lo que se considera “en proceso”, según respuesta a una solicitud de información (folio 050098400001821) de fecha 10 de noviembre de 2021.
De acuerdo a un informe de la Auditoría Superior de la Federación, se duplicaron pagos en la estructura metálica y además se pagaron más de 192 millones de pesos por equipo médico que no se ha instalado.
Hospital Materno infantil, ¿hasta cuándo?
El Hospital Materno Infantil de Saltillo es un elefante blanco colorido por el rosa de las jardineras y unos listones de colores pastel que cuelgan en la fachada.
La historia de este hospital data de junio de 2014, cuando el gobierno estatal del exgobernador Rubén Moreira y el federal del expresidente Enrique Peña Nieto, firmaron un convenio para la construcción del Centro Oncológico y el Hospital Materno Infantil.
Sin embargo, a más de seis años, la obra de casi 700 millones de pesos parece interminable, pese a que la obra se presentó como concluida al final de la gestión de Rubén Moreira.
El 28 de noviembre de 2017, el exmandatario publicó en su cuenta de Twitter: “Entregamos el edificio y equipo del nuevo Hospital Materno-Infantil. Empieza el proceso para su inicio de operaciones”.
Sin embargo, pese a que el elefante blanco se presentó como finalizado, la actual administración sigue gastando dinero. Al menos así lo dicen los informes del gobernador Miguel Riquelme Solís.
En la página 161 de su primer informe de Gobierno (2018), Riquelme Solís informó de la “continuación de la construcción del Hospital Materno Infantil, con una inversión de 53 millones de pesos”.
“Dice haber invertido 53 millones para construir un hospital que ya estaba construido”, reclamó en la tribuna del Congreso el diputado panista Rodolfo Walss Aurioles.
En su segundo informe (2019), página 176, en Saltillo, también se informa que se destinaron 53 millones de pesos al Hospital Materno Infantil.
En su tercer informe de Gobierno (2020), página 218, también se informó que se seguía trabajando en la “continuación de la construcción del Hospital Materno Infantil, con una inversión de 53 millones de pesos”. Aunque en la página 436 se dice que son 44.4 millones de pesos.
En la página 218 del cuarto informe (2021), dice textual: “seguimos trabajando en las siguientes obras iniciadas el año pasado: Construcción del Hospital Materno Infantil, con una inversión de 44.4 millones de pesos. Continuación de la construcción del Hospital Materno Infantil, con una inversión de 53 millones de pesos”.
“Esos 90 millones se los robaron, el hospital está abandonado, en cuatro años no le han metido ni un solo peso. Ni siquiera para deshierbar lo que está afuera y por dentro está destruido”, aseguró el diputado Walss Aurioles en el Congreso.
Por si fuera poco, el Hospital Materno Infantil ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En 2016 hizo observaciones por 192 millones de pesos por equipo que todavía no había sido instalado.
La ASF señaló, según documentó Vanguardia en una nota del 20 de mayo de 2020, que “se duplicaron pagos en el suministro de estructura metálica de acero, no se han instalado los equipos médicos que se pagaron por un monto de 192 millones 578 mil 400 pesos”.
* Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
El ex gobernador de Sinaloa, el priísta Quirino Ordaz, destinó 15 millones de pesos al portal Latinus que dirige Carlos Loret de Mola. El periodista Julio C. Roa reveló en su canal de Youtube, La Voz de Julio, los contratos que otorgó al medio de comunicación online, con fecha del 24 al 31 de marzo y del 7 de junio al 31 de octubre del 2021, lo equivalente a 81 mil pesos diarios durante el periodo señalado.
Contrato del Gobierno de Sinaloa con Latinus. Foto: Captura de Pantalla La Voz de Julio.
Roa leyó algunas de las cláusulas establecidas, en las cuales la Dirección de Comunicación Social le solicitó a Latinus colocar en su portal un banner publicitario, y modificarlo según sus requerimientos. Por parte de Latinus, se encuentra la firma de su representante legal, Christian González Guadarrama, quien funge además como arrendatario y administrador único.
Pero además, señala que al presentar su propuesta económica, Latinus pedía 9 millones de pesos, pero inexplicamente el Gobierno de Sinaloa terminó pagando 6 millones de pesos más para dar un total de 15 mdp.
Roa destaca que la cobertura de Latinus hacia el gobierno de Quirino Ordaz fue totalmente a modo, al difundir situaciones banales del ex mandatario como su afición por el fútbol, o sus familiares que dieron positivo a Covid-19, situación contraria cuando se trata del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“Qué profundidad, qué periodismo tan duro, qué nota, casi va para un Pulitzer”, dijo el periodista Julio C. Roa irónicamente, mientras mostraba las publicaciones benévolas de Latinus hacia el ex mandatario.
Roa citó una publicación de Polemón que da cuenta del financiamiento del Gobierno de Tamaulipas que encabeza el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca al portal Latinus por la cantidad de 6 millones de pesos.
El periodista informó además en su transmisión que la organización Artículo 19 le ha enviado varias alertas por supuesto abuso de normas comunitarias, lo que ha limitado la difusión de sus contenidos en el canal de Youtube.
“Cada vez que presentaba información inédita, exclusiva, contratos sobre Latinus, pues me castigaban”, dijo.
Menciona que una alerta provino cuando mencionó a Patricia Olamendi como fiadora de Latinus y posteriormente presentó el documento que la acreditaba como tal. Dijo que una segunda alerta se le hizo llegar cuando demostró la conexión del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, con el portal Latinus.
