Denuncian a Samuel García, gobernador de Nuevo León, y a su partido Movimiento Ciudadano de estar envueltos en una red de despojos de terrenos y lavado de dinero, de acuerdo con el medio de comunicación Sin Embargo.
De acuerdo con la investigación el empresario Raymundo Ramírez Pompa llevó el caso a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y “busca que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones al señalar la que la Fiscalía local y el Poder Judicial del estado están coludidos”, se lee.
“El Gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, está insalvablemente involucrado en estos delitos y es grave la situación que enfrenta el estado de Nuevo León en el área de impartición de justicia porque están operando como una organización criminal”, dijo en entrevista con Sin Embargo Ramírez Pompa.
El empresario también aseguró que continuarán insistiendo “porque la misma Ley impone ciertas restricciones a esa facultad de atracción (por parte de la FGR), pero es la única manera de que se pueda hacer justicia, mientras las Federación no atraiga todas estas denuncias que estamos presentando no se va a poder”.
Ramírez Pompa asegura que las empresas Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros S.C., mismas que fueron blanco de señalamientos sobre triangulación de recursos y financiamiento ilegal para supuestamente beneficiarse durante la campaña, comparten domicilio con el aparato legal de un red de despojos, de acuerdo con Sin Embargo.
Carlos Eduardo Mendoza Cano, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presuntamente actúo como abogado para esta red de despojos. Este cargo lo obtuvo gracias a Samuel García “y que a decir del empresario también ha incurrido en otros delitos como el lavado de dinero”, se lee en la investigación.
“Este esquema puso en la mira de la FGR a García Sepúlveda luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) acreditara que financió su campaña con este esquema ilegal de triangulación de recursos. El mandatario ha desestimado los señalamientos al indicar que ni en su vida ni en su campaña “hay ninguna irregularidad”, se lee en el portal de Sin Embargo.
Samuel García, así como las principales instituciones de Nuevo León podrían estar involucradas en un sistema de despojos, su modus operandi es: una red dice ser dueña de algunas propiedades y a través de la “supuesta colusión del Poder Judicia llevan los casos a tribunales para hacerse de manera ilegal de éstas”, afirmó el empresario.
“Según la misma acusación, el ahora titular de la UIF de Nuevo León, Carlos Eduardo Mendoza Cano, pasó de trabajar en la Fiscalía de Nuevo León a representar a estas empresas fraudulentas”, informó Sin Embargo.
“Algunos de los delitos que cometen es tratar de despojar o de apropiarse de bienes inmuebles, de lo cual después resultan delitos como la defraudación fiscal, el lavado de dinero y muchos otros delitos. Como lo he venido repitiendo, es tan solo una de las áreas donde opera de manera criminal el Gobierno del estado de Nuevo León”, acusó Raymundo Ramírez Pompa en entrevista.
“Parte del modus operandi de esta supuesta red es presentar múltiples denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del estado en las que alegaban la propiedad de los inmuebles”, se lee en la investigación.
”Lo único que tienen por finalidad es abrumarte con audiencias y papelería, posteriormente es donde entra el Poder Judicial con los jueces de control y de juicio oral y penal del estado”, comentó Ramírez Pompa.
De acuerdo con el empresario pretenden despojarlo de inmuebles valuados en 500 millones de pesos y de otros 500 millones de pesos de pesos a personas a las que él ya les vendió diversas propiedades.
“En su denuncia ante las instancias federales, dio cuenta de una operación de donación simulada de una casa entre los miembros de dicha familia y venta posterior de la misma en 3.9 millones de dólares, unos 78 millones de pesos, para evitar el pago de impuestos y ocultar el origen de los recursos. Acusó que en estas operaciones contaron con la asesoría del abogado Mendoza Cano, a quien señaló de participar en el despojo de una de sus propiedades”, apuntó la investigación.
Fuente La Octava
