El empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) ya realizó el primer pago de 50 millones de dólares para reparar el daño a que se comprometió por afectar a Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante la venta a sobreprecio de la planta chatarra AgroNitrogenados.
Mauricio Flores Castro, abogado de Ancira, confirmó que la transferencia se realizó alrededor de las 13:00 horas de este 23 de noviembre, una semana antes del plazo estipulado en el acuerdo que suscribió el empresario con el Gobierno Federal para abandonar la cárcel.
La defensa agregó que aún están en pláticas con Pemex sobre el fideicomiso, a través del cual serán destinados los 216 millones 664 mil dólares pactados como pago de reparación, debido a que ese mecanismo fue constituido en Estados Unidos, pero las autoridades mexicanas desean que se opere desde México.
El depósito se hizo desde una cuenta de AHMSA en el Anegy Bank, de San Antonio, Texas, a otra de una filial de Pemex en el Banco JP Morgan Chase Bank, en la misma ciudad, por un monto de 50 millones 40 dólares.
La transferencia quedó registrada con el número de pago 5738304 y con el número de confirmación 211123007292, con la referencia de “pago de factura”.
Foto del arresto de Alonso Ancira en España.
l empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) ya realizó el primer pago de 50 millones de dólares para reparar el daño a que se comprometió por afectar a Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante la venta a sobreprecio de la planta chatarra AgroNitrogenados.
Mauricio Flores Castro, abogado de Ancira, confirmó que la transferencia se realizó alrededor de las 13:00 horas de este 23 de noviembre, una semana antes del plazo estipulado en el acuerdo que suscribió el empresario con el Gobierno Federal para abandonar la cárcel.
La defensa agregó que aún están en pláticas con Pemex sobre el fideicomiso, a través del cual serán destinados los 216 millones 664 mil dólares pactados como pago de reparación, debido a que ese mecanismo fue constituido en Estados Unidos, pero las autoridades mexicanas desean que se opere desde México.
El depósito se hizo desde una cuenta de AHMSA en el Anegy Bank, de San Antonio, Texas, a otra de una filial de Pemex en el Banco JP Morgan Chase Bank, en la misma ciudad, por un monto de 50 millones 40 dólares.
La transferencia quedó registrada con el número de pago 5738304 y con el número de confirmación 211123007292, con la referencia de “pago de factura”.
Alonso Ancira y Emilio Lozoya. Foto: Especial.
Sin embargo, el congelamiento del procedimiento penal está supeditado al cumplimiento del pago.
Es decir, en caso de que Ancira llegara a incumplir con lo pactado, se reactivará el proceso y se ordenará su reaprehensión por lavado de dinero. Si el empresario cubre la totalidad de la reparación del daño en dos años, su proceso será cancelado en forma definitiva.
Desde agosto, Pemex desde manifestó estar inconforme con el hecho de que el empresario abriera en Texas un fideicomiso para depositar las garantías del acuerdo negociado, temiendo que en caso de incumplimiento de pago no pudiera ejercer el dominio sobre las mismas en forma automática y convertirse en el nuevo dueño de AHMSA.
Lo expuso de esa manera ante un juez porque en dicho fideicomiso,Ancira dejó en garantía el 99 por ciento de las acciones representativas del capital social de Grupo Acerero del Norte y siete activos de AHMSA y sus subsidiarias.
Los abogados señalaron que las garantías se constituyeron en EEUU, porque las transferencias serán a una cuenta de Pemex domiciliada en Texas. Esas referencias fueron aceptadas en la audiencia del 19 de noviembre pasado, pero el contrato no.
El Acuerdo Reparatorio proporcionado por la Fiscalía General de la República (FGR) el 2 de septiembre de este año, no especifica el lugar donde deben constituirse las garantías que aseguren los pagos.
Planta de Agro Nitrogenados.Foto: Facebook @AceroAHMSA
De acuerdo con el pacto entre Pemex y Alonso Ancira, la extinción penal en contra del presidente de Altos Hornos de México está condicionada a pagar los USD 216,664,000 mediante un Contrato de Fideicomiso de Garantía que afectará el 99% de las acciones de Grupo Acerero del Norte, además de otorgar como aval ocho propiedades y bienes de AHMSA.
Tanto Pemex como la FGR amagaron con reabrir el proceso en contra el empresario e, incluso, anunciaron que actualizarían cláusulas de incumplimiento.
Alonso Ancira tenía programada para el próximo 1 de diciembre una audiencia ante el juez federal Artemio Zúñiga Mendoza para debatir sobre las cláusulas del acuerdo y un dictamen de salud que presentó hace unos meses para prorrogar su comparecencia a la misma.
Sin embargo, Zúñiga señaló que en caso de cubrirse el pago de 50 millones de dólares esa diligencia no necesariamente se llevaría a cabo.
Claudio X. González, el principal organizador de la unidad partidaria de oposición contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador es el heredero de un emporio empresarial y filántropo con colmillo para crear un negocio millonario.
Hijo primogénito del empresario Claudio X. González Laporte –quien fuera asesor del expresidente Carlos Salinas de Gortari-, González Guajardo decidió a muy temprana edad no asumir el liderazgo del negocio familiar, Kimberly Clark de México y mejor seguir los pasos de su madre, Teresa Guajardo, creadora de fundaciones y consejera del Centro Mexicano para la Filantropía.
Además se encaminó en el activismo político en el Partido Revolucionario Institucional desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de acuerdo con un extenso reportaje publicado por Álvaro Delgado en SinEmbargo.
Foto: Internet
Tras egresar de la Escuela Libre de Derecho en 1987, a los 24 años, González Guajardo se volvió activista del PRI en la campaña presidencial de Salinas y luego en la de Ernesto Zedillo.
Además trabajó en la Presidencia de la República como jefe de unidad de prospectiva y proyectos especiales, y luego pasó a las secretarías de Agricultura y del Trabajo.
Participó también en la campaña de Francisco Labastida, en el 2000, y cuando Vicente Fox y Felipe Calderón asumieron la Presidencia, supo acomodarse, profundizando sus negocios en la filantropía, especialmente en el campo de la educación.
Así, sumó esfuerzos con Fernando Landeros para crear y presidir la Fundación Televisa, Teletón, Lazos, México Unido y Empresarios para la Tecnología en la Educación (UNETE), del que es presidente honorario vitalicio y que, gracias a su relación política con Fox, recibió 44.7 millones de pesos en 2004, de fondos públicos de la Lotería Nacional.
Foto: Nación Unida
Además fundó y presidió Mexicanos Primero AC, clave en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, gracias a sus relaciones amistosas con Luis Videgaray y Aurelio Nuño.
En 2016, ya con la mira en la elección presidencial de 2018, fundó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de donde ha recibido enormes ingresos.
Señalamientos y acusaciones
González Guajardo ha sido señalado de lavar de dinero y haberse beneficiado con los donativos de las asociaciones civiles y fundaciones que creó.
Uno de quienes lo acusó fue Ricardo Monreal, quien era jefe delegacional de Cuauhtémoc en la Ciudad de México cuando González Guajardo recibía ingresos mensuales por 658 mil 519 pesos en dos de esas organizaciones civiles.
Y es un hecho: como presidente de MCCI, González Guajardo se autoasignó un sueldo superior a los 300 mil pesos al mes.
Foto: Polemón
Desde la fundación de dicha asociación en 2016, hasta su salida en julio pasado, el empresario tuvo un ingreso mensual bruto de 171 mil pesos cada quincena, aunque en ocasiones tuvo percepciones más elevadas.
Información que MCCI entregó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) muestra que el presidente de la asociación recibió, en 2016, 3 millones 903 mil pesos, para un promedio de 250 mil pesos al mes.
No obstante, una revisión a los pagos que recibió en aquel año muestran que el ingreso anual total del empresario en 2016 ascendió a 3 millones 639 mil pesos.
Esto significa que el promedio mensual del jefe de la iniciativa “Sí por México”, que llevó a la coalición Va por México de los partidos PAN, PRI y PRD, fue de 303 mil 250 pesos brutos, casi el triple de lo que gana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En 2017 no hay mucha información pública de la organización, pero puede revisarse que el sueldo de González Guajardo fue de aproximadamente 3 millones 54 mil 321 pesos.
En 2018, su ingreso ascendió a 3 millones 83 mil 673 pesos.
Mientras tanto, el año pasado MCCI informó a la Secretaría de Hacienda que el ingreso del empresario disminuyó a menos de la mitad: un millón 374 mil 393 pesos, para un sueldo mensual de 114 mil 532 pesos.
En julio de 2020, ya con la coalición del PRIAN muy avanzada, González Guajardo dejó la presidencia de MCCI a María Amparo Casar Pérez, quien tuvo ingresos superiores como presidenta ejecutiva de 250 mil pesos mensuales.
La información que MCCI rindió a la SHCP indicó que desde 2016, Casar Pérez cobró 264 mil pesos mensuales, aunque en marzo de ese año recibió 548 mil pesos y, en diciembre, su recibo de honorarios fue por 180 mil pesos.
Deducciones por los donativos
Como parte de su estrategia de negocio, González Guajardo logró que un grupo de grandes magnates de México financien sus organizaciones, especialmente MCCI.
Entre los principales donantes están:
Valentín Diez Morodo, expresidente del CMN y quien encabeza el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco)
Antonio del Valle Ruiz, ex dueño del banco HSBC y Presidente del Grupo Kaluz
Alejandro Ramírez Magaña, quien presidió la “cúpula de cúpulas” en la elección de 2018, apoyando el proyecto presidencial del panista Ricardo Anaya
Eduardo Tricio Haro, accionista mayoritario de Grupo Lala y de Aeroméxico
Carlos Álvarez Bermejillo, dueño de Grupo Pisa
Fue en junio de 2016 cuando Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad comenzó a recibir aportaciones, al tener la autorización de la SHCP de recibir donativos nacionales y extranjeros.
Foto: Polemón
Antes de ese día, recibió 38 millones de pesos, incluidos los 5 millones de González Laporte y de Kimberly Clark.
Entre el 18 de junio y el 31 de diciembre de esa fecha, MCCI recibió 97 millones de pesos, dando un total de 136 millones en donativos solo ese año.
Desde entonces, MCCI ha tenido solvencia, al recibir:
En junio de 2015, la policía brasileña arrestó en su lujosa casa de São Paulo a Marcelo Odebrecht, uno de los empresarios más poderosos de Brasil. Cuando se hizo pública su detención, muchas personas se llevaron las manos a la cabeza y todos los políticos de la región echaron a temblar.
Marcelo Odebrecht pasó de ser el jefe de una de las firmas de construcción más grandes del mundo, a protagonizar el mayor caso de corrupción empresarial: Su empresa gastó más de 800 millones de dólares en sobornar a presidentes y funcionarios del gobierno de 12 países para conseguir contratos millonarios de obras públicas. Y la lista de proyectos es interminable: líneas de metro en Venezuela, un puerto de mil millones de dólares en Cuba, tranvías en Colombia o la sede de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro…
Foto: Enfoque Derecho.
El Caso Odebrecht ha pasado a la historia como uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años pero: ¿alguna vez te has preguntado qué ocurrió con la empresa tras el escándalo?
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, durmió en un búnker blindado y tenía personal a su servicio las 24 horas. Así es la Casa de Gobierno, «uno de los símbolos de los abusos, de los lujos, de la frivolidad de los gobernantes».
Periódico Regeneración – La Casa de Gobierno de Michoacán tiene un búnker, que cuenta con muros y ventanas blindadas y tiene un túnel secreto que se puede utilizar como ruta de escape.
Ahí dormía el exgobernador, Silvano Aureoles, con su familia. Igual que todos los mandatarios estatales desde 1988; de los cuales siete pertenecían al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y tres al Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluido el último.
El gobernador entrante, Alfredo Ramírez Bedolla, decidió vivir en su casa particular y convertir el inmueble en la Casa Michoacán. Por lo que ahora será un espacio «abierto a la cultura para toda la ciudadanía».
En este sentido, Bedolla aseguró que la vivienda es «uno de los símbolos de los abusos, de los lujos, de la frivolidad de los gobernantes». Además, aseguró que eso se terminó porque su administración será para servir al pueblo de Michoacán, no para «servirse» de el.
Amigas y amigos, siguiendo los principios de austeridad y apertura, Casa de Gobierno pasará a ser la Casa Michoacán, un espacio abierto a todas y todos los michoacanos. #HonestidadyTrabajopic.twitter.com/XDoaIjdCZF
La lujosa casa se construyó en 1988 e incluyó la habitación a la que los empleados llaman «búnker». A diferencia de las otras siete piezas que hay en el inmueble, tiene las paredes, el techo y las ventanas blindadas; tres cuartos eran ocupados por el personal de servicio que atendía a los gobernadores las 24 horas.
Ese cuarto es de 120 metros cuadrados, aproximadamente, y está compuesto por tres secciones. El acceso es por una puerta de madera que inmediatamente tiene otra de material blindado.
Al cruzar la puerta está la sala y el dormitorio del gobernador, divididas por un muro de piedra. También hay un mueble de madera que podría utilizarse como soporte de una pantalla de televisión; el cual cuenta con un mecanismo electrónico que abre un pasadizo secreto.
Esa sección funciona como ruta de escape y llega hasta un pasillo que da a los helipuertos oficiales. Para salir hay otra puerta blindada.
La segunda parte es de 15 metros cuadrados y corresponde al clóset, donde hay armarios de madera y cristal, totalmente iluminados. Así como dos cajoneras para guardar accesorios, como relojes o joyas.
Mientras que en la última parte está el baño, donde hay un spa, dos baños sauna, un jacuzzi, dos regaderas y un sanitario. Es de 25 metros aproximadamente.
Igualmente hay cuatro salones de eventos, baños, cocina y las oficinas administrativas.
Pintadas de verde y escudadas bajo la lucha contra la crisis climática, empresas renovables como Grupo Dragón (Grupo Salinas) e Iberdrola han hecho negocio a costa del desplazamiento y conflictos socioambientales de las comunidades donde se instalan.
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– Mientras habitantes de las comunidades ventosas de Arriaga, Chiapas; de Juchitán, Oaxaca, y de Chapulco, Puebla, enfrentan altas tarifas eléctricas hasta de mil pesos, pagos “injustos” de la renta de sus tierras, arrestos o falta de consulta indígena, los ruidosos aerogeneradores del magnate Ricardo Salinas Pliego, de la japonesa Mitsubishi y de las españolas Renovalia e Iberdrola instalados en sus territorios abastecen de electricidad a sus socias Elektra, TV Azteca, FEMSA, Grupo Bimbo y Grupo Modelo.
Estos casos al sureste y centro mexicano son sólo una muestra de cómo la “transición energética corporativa” —escudada bajo la crisis climática— acumula capital a costa del desplazamiento y el conflicto socioambiental sin beneficiar a las poblaciones donde se asientan, pero ahora “pintados de verde”, como plantea la organización GeoComunes que mapeó los megaproyectos de energías renovables en el informe “Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano” (2020).
Una acumulación que además se da entre sólo un puñado de empresas, detalla el documento. Las 63 centrales eólicas y las 61 solares en operación están concentradas principalmente en la italiana Enel Green Power, las españolas Acciona e Iberdrola, la estadounidense Sempra Energy (IEnova) y la francesa Electricidad de Francia.
El viento moviendo a un árbol en Unión Hidalgo, Oaxaca. Foto: ProDESC. .
En entrevista con “Los Periodistas” en SinEmbargo Al Aire, y a pregunta expresa sobre FEMSA y Bimbo, el vocero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luis Bravo, calificó de “atraco” esta modalidad de abastecimiento, legal desde 1992.
Explicó que ese excedente de generación tendría que venderse a la empresa pública, pero se lo están vendiendo entre ellas utilizando la red eléctrica nacional sin pagar por esa transmisión ni por su mantenimiento, lo que representa una pérdida de 50 mil millones de pesos anuales para la CFE, documentó.
“Lo que busca la Reforma Eléctrica es regularlos”, dijo Bravo, quien rechazó que este cambio constitucional elimine a la iniciativa privada del sistema eléctrico si es aprobado por el Congreso, como aseguraron representantes del sector renovable.
SIN APOYO PARA LUZ
En mayo de 2012 comenzaron a girar los 16 aerogeneradores del parque eólico Chiapas de Grupo Dragón (Grupo Salinas) ubicado en Arriaga, un municipio de la costa chiapaneca que desde los noventa resiste contra el pago de las altas tarifas eléctricas y el 1.61 por ciento de las viviendas carece del servicio (Coneval, 2015).
Sin embargo, el permiso de autoabastecimiento de la empresa del tercer empresario más rico del país (E/920/AUT/2012) menciona como socias, es decir beneficiadas de la electricidad, a las compañías Grupo Elektra y TV Azteca, entre otras.
Pobladores de Arriaga han dicho al Comité de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, ubicado a sólo 23 kilómetros del municipio, que no reciben ningún subsidio en la tarifa eléctrica a pesar de vivir tan cerca de las torres con turbinas.
Su director Nataniel Hernández afirmó en entrevista que la instalación del parque eólico, que no resuelve la necesidad energética de la región, se logró a través de ofrecimientos económicos a pequeños propietarios que durante años no podrán entrar al terreno, sembrar ni meter su ganado.
“El Estado no ha planteado un proyecto de energía eólica que reduzca los costos de la tarifa por su consumo. Hay recibos de 500 pesos y otros de mil; no están reguladas en beneficio de la población”, afirmó.
Agregó: “El parque eólico no favorece ni siquiera a las instituciones municipales, sino que es un negocio que permite generar ganancias para Grupo Dragón”, aseguró.
La Secretaria de Energía Rocío Nahle en la inauguración del parque eólico en Juchitán, Oaxaca. Foto: Sener.
En enero de 2013, un grupo de campesinos y pequeños propietarios de Arriaga bloqueó el acceso al parque eólico al acusar que la empresa les estaba pagando poco por rentar durante 30 años sus tierras, donde instalaron las turbinas, subestaciones, cables y torres.
César Blanco García, dueño del predio “El Brillante” donde se instalaron nueve aerogeneradores, dijo a la prensa aquel año que muchos firmaron el acuerdo “mediante engaños porque no saben leer ni escribir”. Él dijo recibir 30 mil pesos mensuales por 140 hectáreas, pero otros de sus compañeros sólo 4 mil pesos. “Queremos que nos paguen lo justo”, lideró.
El campesino también acusó que para instalar la central le tiraron muchos árboles, incluyendo uno que tenía más de 50 años. “Nosotros no hemos visto los beneficios del proyecto, al contrario, nos afecta la deforestación y la contaminación [sonora] que provocan las torres”, declaró.
César Blanco
Aerogeneradores de Grupo Dragón. Foto: Grupo Dragón.
Una semana después, y luego de que la gente ya no quiso rentar más predios para la ampliación del parque eólico, elementos de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas desalojaron a los campesinos y detuvieron a César Blanco.
La autoridad lo acusó de despojo por impedir el acceso a los trabajadores de la eólica afectando la producción de Grupo Dragón, que también opera desde 2013 un parque eólico en Ojuelos, Jalisco.
Nataniel Hernández, del Centro “Digna Ochoa”, dijo que César fue liberado días después, pero hasta la fecha no le han pagado más como exigía ni recuperó sus tierras.
En junio de 2014, la presidenta de Grupo Dragón e hija de Salinas Pliego, Ninfa Salinas Sada, fue señalada de posible conflicto de interés, ya que el brazo energético de Grupo Salinas hacía negocios en el sector mientras ella como integrante de la Comisión de Energía del Senado participaba en las discusiones para aprobar la Ley de la Industria Eléctrica, que hoy la contrarreforma enviada al Congreso por el Gobierno federal busca revertir.
“Tengo un trayecto previo y por eso conozco del tema muy de fondo”, se defendió la Senadora verde en una conferencia en la Cámara Alta.
“LA LUZ ES MUY CARA”
En mayo de 2019, la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, y el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, encabezaron en el Istmo de Tehuantepec —donde hay más de 20 parques eólicos— la inauguración de la central eólica más grande de América Latina al contar con 132 aerogeneradores a lo largo de Juchitán y El Espinal, cuyos pobladores acusan irregularidades en la consulta indígena y falta de pagos por sus tierras.
El parque de Eólica del Sur, de la japonesa Mitsubishi, obtuvo el permiso de autoabastecimiento hace seis años (E/1264/AUT/2015). Entre sus socias están Oxxo y Cuauhtémoc Moctezuma, firmas de FEMSA, propiedad de José Antonio Fernández Carbajal, “El Diablo”.
Durante el evento de apertura, una integrante de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI-Movimiento de Liberación) exigió con una cartulina en la mano: “Borrón y cuenta nueva: tarifa justa de la luz sin condiciones”.
A tres años de operación de esta central, Bettina Cruz, activista de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo (APIIDTT), expuso vía telefónica que las altas tarifas de luz continúan, sobre todo en época de calor cuando usan ventiladores o aire acondicionado.
“Cada vez la energía eléctrica es más cara para nosotros y de muy mala calidad porque no se hace mantenimiento a las líneas de transmisión [de la CFE] que también usan esas empresas. En ningún momento somos beneficiados, eso es mentira”, afirmó. “Hay gente a la que le llegaba el recibo de 200 y de repente sube a 800 o mil pesos. Es muy, muy cara”.
Bettina Cruz
Zapotecos durante la consulta indígena. Foto: ProDESC.
Aunque se destacó que este proyecto eólico fue el primero en llevar a cabo una consulta indígena, la participación de la población se limitó a un porcentaje mínimo de sólo 200 participantes en un ambiente de tensión y algunos de los asistentes no entendían el zapoteco, por lo que no fue libre, previa, informada ni culturalmente adecuada.
“Nos querían dizque consultar sobre un proyecto que ya estaba elaborado y sólo querían que se palomeara”, afirmó Bettina.
Durante los nueve meses que duró el proceso iniciado desde octubre de 2014 pidieron información sobre el impacto ambiental acumulado considerando que en el Istmo ya había antes 21 parques eólicos más. Pero no les detallaron.
Ante las irregularidades en el procedimiento, la comunidad zapoteca interpuso el amparo 454/2015. En diciembre de 2015 el Juez Isaías Corona Coronado les otorgó la suspensión definitiva, pero en febrero de 2016 fue trasladado de Salina Cruz, Oaxaca, a Victoria, Tamaulipas y el nuevo Juez Carlos Osogobio Barón tumbó el amparo por lo que llevaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aún esperan si será admitido.
Una mujer durante la consulta indígena. Foto: Consulta Juchitán.
Al igual que en Chiapas, los campesinos también tuvieron problemas con la renta de las tierras. La empresa japonesa obtuvo la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) antes de concluir la adquisición o arrendamiento de las parcelas, pero en el documento afirma que “los dueños se beneficiarán con el pago de derecho de vía”.
No ha sido así. Además de la muerte de aves por los aerogeneradores y la ruptura del tejido social, a inicios de este año los propietarios de la parcela donde se colocó el polígono del parque eólico en Juchitán bloquearon más de un mes la subestación con piedras y palos, por incumplimiento de contrato y adeudo de pagos.
“Nada de lo que nos prometieron se ha cumplido. Nosotros entregamos nuestras tierras pensando que la empresa era responsable, pero ya vemos que no”, afirmó a la prensa local Arturo Martínez Ruiz, representante del comité de propietarios “Xhuba Yachi”.
Ante la promesa de miles de empleos, dijo, “a nuestros hijos los siguen teniendo como peones sin basificación y sin prestaciones”.
En febrero, Martínez —al igual que el ejidatario César en Chiapas— fue detenido por supuesto despojo. “Cómo van a acusarme de despojo de mis tierras”, cuestionó tras ser liberado seis días después luego de una tregua con la empresa.
DEL AIRE A BIMBO Y MODELO
La modalidad de autoabastecimiento legal desde 1992, además de reducir los costos de producción de las empresas, les permite ocultar los impactos socioambientales ligados a sus actividades tras la imagen de “empresas verdes y socialmente responsables”, dice la organización GeoComunes.
La empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), subsidiaria de la española Renovalia Energy, llegó a Unión Hidalgo, al suroeste de Oaxaca, para instalar el Proyecto Eólico Piedra Larga, el cual opera desde octubre de 2012 y abastece (E/823/AUT/2009) con sus 45 aerogeneradores a Grupo Bimbo.
La organización ProDESC documentó engaños y colusión de la empresa con notarios públicos para rentar las tierras, aunque es un terreno comunal. Los contratos firmados de 2006 a 2011 con los locatarios no estaban en zapoteco ni exponían detalles.
Un hombre camina en Unión Hidalgo, Oaxaca. Foto: ProDESC.
Central eólica PIER IV en Puebla. Foto: Iberdrola.
En Puebla, la llegada de otra española, Iberdrola, también les ha implicado problemas. Tiene en operación la central eólica Pier II en La Esperanza, Puebla, y desde el 2020 arrancó PIER IV con 84 aerogeneradores en los territorios de Cañada Morelos, Chapulco y Nicolás Bravo para proveer a la cervecera Grupo Modelo (ABInBev).
En abril de 2019, ejidatarios de San Pedro Chapulco y Azumbilla denunciaron en un foro que el parque eólico comenzó a instalarse sin previa consulta indígena. Además, el acuerdo es que pagará tres pesos anuales por uso de metro cuadrado de tierra a los campesinos, quienes hasta 2050 no podrán usarlas, y otros cuatro pesos anuales por ocupación de camino.
Lorenzo Osorio Rosas, presidente del Comisariado Ejidal de San Pedro Chapulco y Luis Cruz Lázaro, comunero de Azumbilla, también afirmaron que la energía generada por el parque eólico no será para ellos, sino para una cervecera, pese a que su construcción implicó la tala de sus árboles en la región que limita con la biósfera Tehuacán-Cuicatlán.
Ante el daño a flora y fauna, la compañía española reubicó más de 121 mil 500 ejemplares de 40 especies de flora y más de 200 individuos de 21 especies de fauna. Además, se reforestaron 143 hectáreas.
El área de juzgados del Reclusorio Norte, desde donde se celebró el 8 de noviembre de 2021 una audiencia virtual con el ex líder panista Ricardo Anaya. Foto Roberto García Ortiz
Ciudad de México. A petición de la defensa, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia pospuso hoy para el 31 de enero de 2021 la audiencia de inicial en la que se acusaría al ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, de ser responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.
Durante la diligencia, realizada de manera virtual, Anaya fue el encargado de solicitar la ampliación del plazo, y luego no dijo más.
Su abogado, Fernando Aguilar Sierra, señaló que se solicitaba una nueva fecha porque, haciendo un ejercicio de ocho horas diarias, le tomaría 284 días para el análisis completo del expediente y sólo pedía los 40 días. “Como abogados estamos obligados a hacer una adecuada defensa”, subrayó.
La audiencia duró tan solo 20 minutos.
El panista sigue en calidad de imputado. Si no se presentara físicamente, como lo exigió el juez, se le impondrá una multa de 50 UMAS, equivalentes a cuatro mil 481 pesos y la Fiscalía General de la República (FGR) podrá solicitar que se libre la orden de captura en su contra.
Foto. Polemón.
Los representantes de la FGR estaban listos para solicitar que se girara la orden de aprehensión contra el panista, pero no habían cumplido con el requisito de entregar todas las constancias de la investigación en la cual se acusa al ex líder panista de haber recibido más de 6 millones 800 mil pesos como soborno para que aprobar en 2013 la reforma energética.
El dinero había sido entregado por la empresa Odebrecht a través del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Anaya apareció en la audiencia al lado de su abogado, sin que se dijera en donde se encontraba. Tambien se conectaron los representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del jurídico de la Cámara de Diputados.
Luego de esta audiencia, la defensa de Ricardo Anaya Cortés dijo que “solicitó el diferimiento, toda vez que ha sido desproporcionado el tiempo que la Fiscalía ha tenido para integrar la carpeta de investigación, frente a el tiempo dado a la Defensa para su estudio, lo cual va en contra del principio de defensa técnica adecuada”.
Señaló que Ricardo “Anaya goza de todos sus derechos jurídicos y ciudadanos vigentes. Las acusaciones en su contra, basadas en hechos falsos, serán desvirtuadas, toda vez que el acusado es inocente.
“Las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en contra de Ricardo Anaya acreditan, una vez más, que estamos frente a una persecución política ordenada desde la Presidencia de la República”, refirió el abogado Eduardo Aguilar Sierra.
AMLO en conferencia de prensa. Foto: Reporte Indigo
Opositores a la reforma eléctrica como Iberdrola, Oxxo, Bimbo y el empresario Claudio X González deberían estar arrepentidos y apoyar a fortalecer la industria eléctrica nacional, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Criticó que esos opositores quieran mantener el caos para no dejar de robar además de generar una crisis gravísima de incrementos de tarifas de luz para la población.
“Es lo de la industria eléctrica, no quieren dejar de robar. ¿Qué es lo que hizo Iberdrola, Claudio X. González, el señor Fernández de los Oxxos, los de Bimbo?, ¿Qué es negocio legal o fue tráfico de influencia?, claro que fue tráfico de influencias”, afirmó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.
Les debería de dar vergüenza y deberían estar arrepentidos y ayudando a que saquemos adelante a la industria eléctrica nacional porque con sus decisiones pensando de manera individualista, egoísta, solo con el afán de lucro estuvieron a punto de quebrar a la Comisión Federal de Electricidad y generar una crisis gravísima de incrementos de tarifas de luz para la gente, lo que está pasando en España.
Criticó que esos opositores a su gobierno “quieren mantener el caos, el desorden, que ellos por la ambición al dinero provocaron con la anuencia y por la protección de autoridades irresponsables y corruptas”.
López Obrador indicó que en el caso de empresas como Odebrecht, que entregaron sobornos para obtener contratos, deben entender que ahora son otros tiempos, por lo que se tienen dos opciones de ir a los tribunales para demostrar que actuaron con ventaja y la otra es revisar los contratos.
