Por José García Sánchez
@Josangasa3
La postura radical de la oposición pone al descubierto no sólo la corrupción en el Poder Judicial que a nadie sorprende, y la postura del INE como verdadero partido de oposición, y la radicalización de las posturas de los conservadores anuncia medidas radicales.
Cuando las respuestas del gobierno federal se endurecen le llaman persecución política, siendo que en realidad lo que se quiere esconder es que hay mucha corrupción entre los integrantes de la oposición, van algunos nombres Francisco García Cabeza de Vaca, Rosario Robles, Cristina Pereyra Gálvez, estos tres salvados por las posturas de ministros que muestran su enemistad con las leyes y su alianza con la oposición.
Pero hay otros delincuentes que deberían estar en la cárcel como Ricardo Anaya, Santiago Taboada, Christian Von Roherich, Jorge Romero, Mariana Gómez del Campo, Margarita Zavala, Felipe Calderón, Mauricio Tabe, Sandra Cuevas, Alejandro Cárdenas, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, etc.
Esto no sucedería si no tuviéramos un Poder Judicial que actuara con respeto a la ley. Sin embargo, esta área de poder se convierte en la punta de lanza de la oposición desde la perspectiva del estancamiento de las acciones de gobierno. Es decir, el Poder Judicial paraliza al ejecutivo y al legislativo.
Detener el Plan B de la reforma electoral crea un clima de efímera victoria política, de la que debe estar muy alejado del Poder Judicial, frente a las elecciones de 2024. La derecha se radicaliza y seguirá actuando contra todo lo que no resguarde sus intereses.
El INE, principal partido de oposición, los propios partidos de derecha, los empresarios, los delincuentes, los narcotraficantes tienen en el Poder Judicial su propio gobierno. Los jueces tienen precio, un precio muy alto, de otra manera no se entiende la realidad política social y legal de México.
Debiendo ser el Poder Judicial el más vulnerable, pareciera convertirse el que dirige los destinos del país y crea fantasías triunfalistas en la oposición. Es vulnerable el Poder Judicial porque sus miembros no son electos por la población. Si en este momento se aprobara en las Cámaras que se elegirían desde los ministerios públicos hasta los ministros, los primeros en sabotear esa ley serían los narcotraficantes y la oposición. Una sociedad que no se esconde, pero en la que nadie cree.
Se trata de una complicada red que ha mostrado sus estrechas relaciones en los últimos meses y que nadie quiere ver. Desde luego los medios convencionales no la quieren ni insinuar, porque están implícitos en las inducidas tomas de posiciones de políticos y clases medias.
Bastaría ver quiénes huyen de la justicia, disfrazando su averiguación previa de “persecución política” para esconder los intereses que esconden la mayoría de los integrantes del Poder Judicial, asociados con la oposición, desde luego sin esconder los intereses del narco.
Si el gobierno federal respondiera de igual forma, con mano dura a las violaciones a las leyes, en estos momentos sería condenado de violar la Constitución, y los medios radicalizarían, más aún, su información que intenta ser devastadora.
En realidad, quien viola la ley es Lorenzo Córdova y anuncia un golpe contra al 4T al visitar al promotor de otros golpes de estados en América Latina, el presidente de la OEA. El líder del partido INE, sabe que, por la vía legal, aún sin cambios en la ley electoral no gana la derecha.
Porque los medios a pesar de su estridencia, siguen teniendo lectores, que creen en sus contenidos, a pesar de haberse demostrado, hasta la saciedad, que mienten y defienden intereses de una minoría, aunque esto implique mentir.
Ante esta panorámica de camino hacia la ultraderecha en México por un grupo minoritario, al gobierno federal que quedan pocos espacios, porque de no detener la embestida actual se crearía el clima ideal para un golpe de estado. Al detenerlo, también provocaría aún más radicalización donde estos poderes fácticos pudieran organizar un lawfare, como sucedió en Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, para destituir a López Obrador, que algún títere de esos intereses se quede al mando y posponga las elecciones de 2024 indefinidamente.
Al indefinir la evaluación judicial del Plan B se está hablando de la prolongación sin fecha de la transformación de la realidad electoral.
Se deben destituir a todos los jueces y magistradetes de todo México y se debe legislar para que se les este supervisando a los nuevos sobre sus cuentas de banco, propiedades y cambios súbitos de fortuna para evitar influyentismo de ellos y de quienes pagan favores y elevar a delito grave está práctica corrupta