Golpe a la evasión corporativa: la Corte respalda al SAT y obliga a tres empresas a pagar más de 246 millones en impuestos
Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a cerrar la puerta a los intentos de grandes contribuyentes por eludir sus obligaciones fiscales. Al resolver tres juicios de amparo, el máximo tribunal confirmó créditos fiscales que en conjunto superan los 246 millones de pesos, monto que distintas empresas deberán pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La decisión representa un nuevo revés para compañías que buscaban anular adeudos mediante litigios constitucionales y consolida la tendencia reciente de los tribunales a respaldar la recaudación del Estado frente a esquemas fiscales agresivos.
El caso de mayor impacto económico corresponde a la arrendadora de plataformas petroleras Oro Negro, que intentó reducir su carga tributaria argumentando que ciertas aportaciones destinadas a futuros aumentos de capital debían considerarse deducibles dentro del ajuste anual por inflación. La empresa impugnó el artículo 45 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, alegando que omitía incluir esos conceptos entre los montos restables para efectos fiscales.
La Corte desestimó el argumento y determinó que la norma es constitucional, al considerar que no vulnera la capacidad contributiva ni genera un trato injustificado entre contribuyentes. Con ello, dejó firme el crédito fiscal correspondiente.
En un segundo asunto, el tribunal confirmó un adeudo de aproximadamente 49 millones de pesos a cargo de la empresa Angruplast. El caso surgió tras operaciones relacionadas con un aumento de capital social en el que se reportaron pérdidas fiscales derivadas de la emisión y posterior venta de acciones que no fueron pagadas en su totalidad. La autoridad fiscal rechazó esas deducciones y determinó el crédito, decisión que ahora queda validada de manera definitiva.
En conjunto, las resoluciones obligan a tres compañías a cubrir adeudos que habían intentado impugnar durante años, consolidando un precedente relevante sobre la constitucionalidad de diversas disposiciones fiscales y societarias.
El fallo se inscribe en un contexto más amplio de fortalecimiento de la política tributaria federal. En los últimos años, el SAT ha incrementado la fiscalización a grandes contribuyentes y ha obtenido cada vez más victorias en tribunales, recuperando montos significativos para las finanzas públicas.
Desde la perspectiva del Gobierno, estas resoluciones contribuyen a garantizar que las grandes empresas cumplan con el pago de impuestos en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad, cerrando espacios a estrategias legales destinadas a diferir o evitar contribuciones.
Para los especialistas, la decisión también envía una señal clara: los amparos fiscales ya no representan un mecanismo automático para suspender o anular adeudos millonarios. Con cada fallo, la Corte delimita con mayor precisión los alcances de la planeación fiscal y reafirma el principio de que los tributos son una obligación constitucional.
En un país donde los créditos fiscales en disputa alcanzan cifras billonarias, cada resolución adquiere peso político y económico. Más allá de los 246 millones en juego, el mensaje es que la capacidad del Estado para cobrar impuestos —especialmente a grandes corporaciones— se ha convertido en un eje central de la política pública.
