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Vanesa Robles

Leticia Galarza Campos desapareció el 5 de enero de 1978, en la colonia Eduardo Molina, de Ciudad de México. Se la llevaron unos agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Tenía 23 años y una nena que diez días después cumplió su primer año. 

Más de cuatro decenios más tarde, este viernes 18 de febrero de 2022 fue una fecha muy importante para su hija, quien asistió al encuentro entre colectivos, familias y personas que sufrieron violaciones de derechos humanos durante la llamada Guerra Sucia, y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990. 

La reunión a puertas cerradas, que durará todo el día, se lleva a cabo en el ITESO. 

“La comisión es una exigencia, pero también la esperanza de encontrar a mi mamá y cerrar el ciclo; de tener un espacio físico o unos restos para hablar con ella”, relató Alejandra, quien es profesora universitaria y hoy llevaba, colgada en el pecho, una fotografía que le hicieron a Leticia cuando estaba casi por parir. 

En Jalisco y otras cinco entidades de México, en una etapa inicial, una parte de la ciudadanía, la academia y activistas que integran este organismo —perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación— tendrán un primer acercamiento con las personas sobrevivientes y familias de las víctimas de la represión que ejercieron distintos grupos policiales contra movimientos populares e individuos que defendían sus derechos sin el uso de las armas, así como grupos guerrilleros: la Liga Comunista 23 de Septiembre, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo y el Frente Estudiantil Revolucionario, entre otros.  

Entre febrero y marzo de 2022, los integrantes de la comisión visitaron Oaxaca y también acudirán a Chihuahua, Sinaloa, Puebla y Guerrero. 

El propósito de este primer encuentro es explicar las razones de ser del organismo y establecer contacto con las personas afectadas. En unos meses comenzará una etapa de levantamiento de testimonios y documentos útiles para conocer qué pasó en aquel periodo, cuáles eran los motivos de las autoridades para una represión como la que activaron, qué instituciones participaron en la contrainsurgencia, de quiénes recibían órdenes y cuáles eran esas indicaciones. 

Para la documentación se buscará acceder a archivos familiares, así como a los que existen en instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, las policías federales y estatales, el Estado Mayor Presidencial y las prisiones. 

El comisionado Abel Barrera Hernández explicó que, dentro del diagnóstico preliminar, Jalisco aparece como uno de los estados donde la violencia fue muy cruenta: “hubo una política para desaparecer, ejecutar, causar terror”, por parte de las fuerzas policiacas y el ejército. 

En conferencia de prensa, en el Auditorio D1 del ITESO, la comisionada Eugenia Allier Montaño explicó que existe una deuda con la sociedad sobre el tema de la represión del periodo 1965-1990, sobre el cual han pasado decenios antes de que se abra un debate que sirva para esclarecer los hechos. Añadió que, aunque no es consecuencia directa, la impunidad en torno a ese periodo sirve para explicar violencia que afecta hoy a México. 

Otro comisionado, David Fernández, SJ, quien fue rector del ITESO, consideró que gran parte de las medidas que hoy en día sigue poniendo en práctica el Estado mexicano para combatir la inseguridad están incubadas desde aquella época. “Hay mecanismos que siguen vigentes. Necesitamos una mirada atrás para evidenciar y, luego, desmontar esas prácticas. Miramos el pasado para entender al presente y poderlo transformar; para construir una cultura de derechos humanos”. 

Explicó que la comisión analiza el periodo entre 1965 y 1990 porque responde a una etapa de represión anterior a que la economía de México se abriera a los mercados internacionales. 

David Fernández, SJ, invitó a las autoridades y personas comunes que tengan información sobre la violencia del Estado en ese lapso, a acercarse al organismo y compartir la información, en un entorno confiable. A la sociedad le pidió respaldar los trabajos que buscan la verdad. 

La visita de la comisión al ITESO coincide con las labores de docencia, investigación, incidencia y acompañamiento en derechos humanos que ha realizado la universidad desde su fundación. Entre otras cosas, estas acciones se hacen presentes en la Maestría en Derechos Humanos y Paz y en el Programa de Tortura, Ejecución y Desapariciones de Personas, del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia (CUDJ) “Francisco Suárez, SJ”. También con las Orientaciones Fundamentales del ITESO (OFI), que buscan la transformación de la realidad a través de la verdad y la justicia.  

En la conferencia estuvieron los comisionados y comisionadas David de Jesús Fernández Dávalos, SJ; Aleida García Aguirre, Eugenia Allier Montaño, Abel Jesús Barrera Hernández y Carlos Pérez Vázquez. A los trabajos con las familias de las víctimas de la Guerra Sucia se unieron, además, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada; el representante de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas, Javier Yankelevich Winocur, y el enlace técnico de la Comisión para el Acceso a la Verdad, Camilo Vicente Ovalle. 

¿Qué es la Comisión de la Verdad?

La creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2021. Su función es realizar las acciones necesarias de justicia transicional para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria, a través de cinco mecanismos que surgieron de un acuerdo entre el gobierno federal con los sobrevivientes y las familias de las personas desaparecidas y asesinadas durante el periodo conocido como la Guerra Sucia. Según el gobierno federal, la Comisión funciona a través de cinco instrumentos: 

1. El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, integrado por especialistas independientes, quienes investigarán, acopiarán información y tendrán acceso a los archivos de todas las dependencias, así como a las instalaciones federales militares y civiles, en búsqueda de la verdad. 
2. El Comité para el Impulso de la Justicia, encabezado por tres especialistas independientes, entre ellas Ángela María Buitrago Ruíz, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). 
3. El Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Manera Forzada, encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). 
4. El Programa Especial de Reparación Integral y Compensación, que dirige la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que diseñará acciones de reparación integral, colectivas e individuales. 
5. El Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición, que realizará acciones para la construcción pública de la memoria. 

En septiembre de 2024 la Comisión deberá entregar un informe a la Presidencia de la República, a los sobrevivientes y familiares de las víctimas y a la sociedad para el conocimiento de la verdad en torno a los crímenes cometidos por el Estado entre 1965 y 1990.