El tercer informe del GIEI sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa revela una operación de Estado ejecutada por el gobierno de Peña Nieto, que involucró a los tres niveles de gobierno. Los crímenes cometidos incluyen tortura, obstrucción de la justicia, manipulación de escenas, fabricación y destrucción de pruebas, falsificación de documentos, ocultamiento de información, detenciones ilegales, espionaje, colusión de servidores públicos. En estos delitos se revela el papel activo de la Sedena –tuvo conocimiento en tiempo real de los hechos– y de la Marina –manipuló el basurero de Cocula–; además, se descubre que previo a la desaparición, estudiantes fueron presentados con vida en barandillas. Otro elemento que se destaca es el asesinato de 20 testigos clave. Pese a la instrucción del presidente López Obrador de colaborar plenamente con la investigación, la Defensa Nacional y el CNI siguen ocultando información crucial para revelar la verdad
El gobierno de Enrique Peña Nieto orquestó una operación de Estado antes, durante y después de la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero –ocurrida la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala–, revela el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado este 28 de marzo. En éste se documenta, por ejemplo, que elementos de la Secretaría de Marina manipularon la escena del basurero de Cocula y que el Ejército –a través del Batallón 27– realizó labores de espionaje de forma ilegal, además de que tuvo conocimiento de lo que sucedía con los jóvenes en tiempo real.
En realidad, el reporte –del que sólo se dio a conocer una versión corta, porque el original fue entregado a la Fiscalía General de la República para su judicialización– evidencia que los tres niveles de gobierno participaron de forma activa en lo que los expertos del GIEI denominaron una simulación, y que podría configurar una operación de Estado para encubrir este crimen de lesa humanidad y a sus verdaderos responsables.
En éste se documentan los delitos de desaparición forzada y tortura, sancionados por el derecho penal internacional por considerarse violaciones graves a los derechos humanos, mismos que no prescriben. Además, se da cuenta de otros ilícitos, como la obstrucción sistemática de la justicia, la manipulación de escenas, la fabricación y la destrucción de pruebas, la falsificación de documentos, el ocultamiento de información, las detenciones ilegales, el espionaje. Asimismo se descubre que previo a la desaparición de los estudiantes, éstos fueron presentados con vida en barandillas y en presencia de personal del Ejército Mexicano.
Otro elemento que se destaca es el asesinato de 20 testigos clave. En total, 22 personas civiles que pudieron aportar elementos para conocer el desarrollo de los hechos han perdido la vida, pero sólo dos por causas naturales. Asimismo, durante la presentación del reporte, los integrantes del GIEI denunciaron que sigue habiendo resistencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia (antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen) para entregar información crucial que podría revelar la verdad. Ello, pese a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de colaborar plenamente con la investigación del Grupo Interdisciplinario.
Antes de la desaparición
El resumen del Informe Ayotzinapa III da cuenta de que “las autoridades militares y de inteligencia conocían y daban seguimiento a las actividades del crimen organizado, particularmente, el accionar de Guerreros Unidos. También conocían de la siembra de amapola y la fabricación de heroína, así como su trasiego en autobuses de pasajeros hacia Estados Unidos. En respuesta a esta situación, en 2014 se instalaron el Centro Regional de Inteligencia y la Coordinación Guerrero Seguro, en la que participaban efectivos militares para combatir al crimen organizado. En seguimiento a estas actividades, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, las autoridades militares tenían interceptación de comunicaciones en tiempo real”.
El documento incluso señala que la infiltración a los estudiantes por parte de la Sedena era de tiempo atrás, con militares encubiertos que reportaban todo a sus superiores. “Los estudiantes durante al menos 10 años fueron objeto de continuo seguimiento por parte de las autoridades, incluso, había agentes de inteligencia en los alrededores de la escuela y en la escuela misma que se hacían pasar por estudiantes y uno de ellos se encuentra desaparecido”. Durante la presentación, los expertos del GIEI confirmaron que se trata de un militar encubierto que se había infiltrado en la normal rural, como parte de las labores de contraguerrilla que aplica el Ejército en campo.
Adicionalmente, el informe señala que el 22 de septiembre de 2014 –4 días antes de la desaparición forzada– “se ordenó que se diera un seguimiento a las actividades de las estudiantes previas a la marcha por el 2 de octubre hacia Ciudad de México”. Específicamente, los expertos señalaron en la conferencia que hubo labores de espionaje del Batallón 27.
Documentos militares a los que el GIEI tuvo acceso en esta nueva etapa de investigaciones dan cuenta que el 26 y 27 de septiembre de ese año, cuando ocurrió el crimen de lesa humanidad, “el seguimiento a los estudiantes inició frente al intento de toma de autobuses al medio día en Chilpancingo; continuó con su salida de la escuela hacia Iguala, los intentos de toma de autobuses a las afueras y su traslado a la Central Camionera, y posteriormente su desplazamiento en dos grupos con el propósito de salir de la ciudad”.
Al respecto, detalla que con el seguimiento ocurrió a través del C4 y de OBIS (órganos de búsqueda de información o agentes de inteligencia), las autoridades tuvieron información en tiempo real desde las dos escenas donde se detuvo y desapareció a los estudiantes.
Durante la desaparición
Los documentos a los que accedieron los integrantes del GIEI revelan las comunicaciones que se realizaron entre zonas militares y batallones. “Los documentos pertinentes no sólo se encuentran en el 27 Batallón, sino en los archivos de la Zona Militar 35 y de la IX Región Militar a la que pertenecen y en el EMD. Más allá de la existencia física de estas copias, numerosos documentos evidencian que, en el propio momento de los hechos, los distintos niveles de autoridades militares estaban al tanto de lo que sucedía, e incluso realizaron informes al más alto nivel sobre hechos”.
De acuerdo con el informe, se ejecutaron dos operaciones de inteligencia: “una que monitoreaba los movimientos del crimen organizado, y la otra, las actividades de los estudiantes antes y durante los sucesos del 26 y 27 de septiembre; resulta llamativo que estos seguimientos cesaran justo en el momento de la desaparición. Esto a pesar de que se contaba con interceptación de comunicaciones que podría haber guiado la búsqueda de los estudiantes desde el mismo 26 de septiembre de 2014. Esta información nunca fue brindada a las autoridades encargadas de la búsqueda y la investigación y se negó su existencia hasta recientemente”.
Otra información que destaca del tercer informe del GIEI es el hecho de que los estudiantes desaparecidos fueron detenidos en los separos del Palacio de Justicia (conocidos como barandillas) y ahí estuvieron presentes elementos del Ejército.
“Desde el inicio de la investigación, existieron fuertes indicios de que un grupo de estudiantes detenidos habrían sido llevados a la comisaría de barandillas, aunque no era claro si entraron o no y el tiempo que se habrían quedado ahí, en su caso, antes de ser trasladados. Si bien varias declaraciones de policías acusados señalaron que los estudiantes habrían sido llevados a este lugar, nuevas evidencias confirman que los estudiantes efectivamente estuvieron detenidos en barandillas”.
El reporte da cuenta de que las autoridades militares sancionaron a los elementos que ingresaron a los separos y omitieron informar al respecto. “Las patrullas salieron antes de las 00:30 horas, porque ya se encontraban en Palacio de Justicia cuando ocurrió la segunda balacera en la calle Juan N Álvarez. De la misma manera, el recorrido incluyó otros sitios que no se habían reconocido en las primeras declaraciones como los separos (barandillas). Hay que tener en cuenta que existen varias pruebas y declaraciones de personas que manifestaron haber visto la presencia de normalistas detenidos en este lugar”.
Respecto de los procesos disciplinarios y sanciones, se indica que fueron dos militares los que omitieron información relevante sobre su presencia esa noche en barandillas. “De acuerdo al documento donde se le notifica la sanción a uno
de ellos, esta se impuso: “por haber omitido en su informe que el día 26 de sept. 2014 ingresó a barandilla de la pol. [policía] municipal en busca de una motocicleta propiedad de un elemento de la tropa, encontrándose efectuando rondines de patrullamiento con el pnal [personal] de la fuerza de reacción que se organizó con pnal de los diferentes svs que se encontraban el día 26 y 27 de sep. 2014”.
Pese a contar con información en tiempo real, ni la Sedena ni el Cisen evitaron la desaparición forzada de los 43 normalistas. Entre ellos, el militar infiltrado para hacer labores de inteligencia.
Después de la desaparición
La cargada de las instituciones federales, estatales y municipales para ejecutar la operación de Estado de encubrimiento de los hechos ocurrió después de consumada la desaparición forzada de los estudiantes y permanece, en el caso de la Sedena y el CNI, hasta la fecha por las resistencias que mantienen ambas dependencias a colaborar con las investigaciones.
El GIEI ha llamado a estas estrategias de ocultamiento de la verdad como simulación, mismas que rayan en una clara obstrucción de la justicia, para lo cual servidores públicos de todos los niveles de gobierno se coludieron con el objetivo de fabricar la “verdad histórica”.
Al respecto, en su tercer informe el Grupo Interdisciplinario señala que “se llevó a cabo una operación coordinada por parte de una multiplicidad de actores, muchos de los cuales no sólo realizaron parte de una actuación ilegal, sino que conocían en distintos niveles las actuaciones que se llevaban a cabo. Funcionarios que participaron en las torturas, las conocieron, legalizaron las capturas o no denunciaron. Otros, llevaron a cabo actuaciones irregulares en el basurero de Cocula y el río San Juan por fuera de la legalidad, y realizaron prácticas para dotar de cobertura esas acciones”.
Asimismo, acusa que “la coordinación de todas estas instituciones no podía ocurrir sin la dirección de una autoridad superior que se tiene que investigar si se quiere tener claridad de cómo y por qué se llevó a cabo toda esta operación, como parte de la verdad que puede ayudar a tener claridad sobre los hechos, las circunstancias de la desaparición y el paradero de los normalistas desaparecidos”.
Para los expertos independientes, está demostrado que las autoridades federales, estatales y municipales crearon un relato que no se correspondía con la verdad sobre el destino final de los 43 normalistas desaparecidos y para ello se cometieron distintas ilegalidades para incorporar tanto el relato como las declaraciones dentro de las investigaciones. “La actuación de diferentes funcionarios de la PGR legalizó y falsificó varias de esas actuaciones. Estas ilegalidades incluyen falsificación de constancias procesales, detenciones ilegales y torturas, alteración de posibles escenas del crimen”.
Los expertos indican que al ser verídica la identidad del resto óseo de Alexander Mora –uno de los 43 estudiantes desaparecidos–, esta circunstancia supone no sólo una versión distorsionada de la realidad, sino que debe existir evidencia de cómo se llegó a ella.
Se agrega que la construcción de la ‘verdad histórica’ fue una forma de ocultar el destino de los estudiantes, ya que se sostuvo por todas las autoridades federales una versión distorsionada que daba por cerrado el caso y que impedía que los estudiantes fueran realmente buscados y en lo posible encontrados”.
En esta obstrucción sistemática de la justicia se destacan varios momentos clave de la simulación. Entre ellos la participación activa de la Semar en el montaje del basurero de Cocula, donde supuestamente se habían incinerado los cuerpos de los normalistas rurales. Ello, gracias a que los expertos del GIEI obtuvieron copias de videograbaciones hechas por un área de inteligencia de Marina a la que sólo le dan órdenes el secretario de Marina en turno –en aquel momento se trataba del almirante Vidal Francisco Soberón– o el presidente de la República –Enrique Peña–. Se trata de más de 100 horas de video que se encuentra bajo resguardo seguro por parte del Grupo Interdisciplinario.
Al respecto, se indica que “el 12 de noviembre de 2021, el GIEI, finalmente, tuvo acceso a los archivos de la Marina, tal y como había sido solicitado reiteradamente. El acceso a los archivos permitió tener documentos confidenciales, archivados como “secreto”, que hacían referencia a algunas actuaciones de la Marina, especialmente los días 27-29 de octubre de 2021. Esta documentación se refiere a los escenarios del basurero de Cocula y el río San Juan”.
Uno de esos videos captado por un dron de la Marina (aeronave no tripulada de reconocimiento ANX 3501) corresponde al día 27 de octubre de 2014, en el que se observan actividades realizadas por elementos de la Semar hasta ahora desconocidas, “y que no constan en ninguna parte del expediente de investigación de la PGR”. Éste documento en video dura más de 2 horas y lleva por nombre “20141027A.mpg”, en el basurero del municipio de Cocula durante la mañana de aquel día. Algunos fragmentos se proyectaron en la presentación del tercer informe.
Tras hacer una amplia descripción de los hechos que se observan en el video, el reporte del GIEI concluye que “un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, participan al menos de las 06:39 am hasta la llegada de la comitiva del procurador [Jesús] Murillo Karam, en una acción de la que no existe registro alguno, información previa ni constancia de su realización en la averiguación e investigación del basurero de Cocula.
“Los elementos de la Marina manipulan bultos que sacan de dos camionetas, se visualizan tres bultos en la parte alta del basurero. Posteriormente un grupo de elementos de la Marina descienden al fondo de la hondonada del basurero, mientras encienden una hoguera, en el inicio de la pendiente. La explicación dada es que la hoguera se realiza para que un dron, tripulado a distancia y que se dirige mediante coordenadas, ubique el punto de interés, ello no obstante que ya había localizado el basurero por medio de coordenadas.
“Poco después de lo cual los bultos que se encontraban en esa zona han desaparecido. Mientras tanto un grupo de marinos deambula por la zona, baja de la hondonada del basurero, en la zona donde se señaló posteriormente que se habría dado la hoguera y quema de los estudiantes, según la versión oficial, identificada como zona B en el acta relacionada y donde se encontraron elementos balísticos y restos óseos. Tanto la zona A como la zona B eran de relevancia para la investigación por la posibilidad de que en ellas se encontraran distintas evidencias (balísticas, restos óseos, ropa, sangre, etcétera), ambas quedaron seriamente contaminadas después de la presencia del personal de la Marina.
“Mientras estas acciones se están dando, el dron que realiza la filmación explora el camino al basurero, se centra un momento en personas que cruzan a caballo el camino, y exploran la totalidad de la ruta desde el pueblo de Cocula. Posteriormente uno de los vehículos de la Marina se mueve hacia la entrada del basurero y bloquea la entrada.”
Los expertos destacan que previo a esa manipulación de la escena, elementos del Ejército habían visitado el basurero de Cocula semanas antes sin encontrar evidencias, los que fue consignado así en documentos oficiales. La versión de que en ese lugar habrían sido calcinados los restos de los estudiantes, apunta el GIEI, surgió el 26 de octubre y se generó mediante bajo tortura. Durante 7 años se ocultó información en torno a este lugar.
Esta no fue la única simulación o montaje. De acuerdo con el nuevo reporte, las autoridades de los tres niveles sistemáticamente ocultaron la verdad a los expertos pues ante sus solicitudes de información, las respuestas no coincidían con la realidad de los hechos. “Diversas instituciones suministraron información contraria a la verdad”.
Asimismo se usaron documentaciones falsas, como el acta del Río San Juan: la ministerio público que la firma no estuvo en el lugar. “Las autoridades omitieron y cambiaron información para ocultar lo que sabían”.
Otro hecho relevante fue que se cambiaron las placas de las patrullas que participaron en los hechos, así como las torturas con las cuales se arrancaron los supuestos testimonios de este crimen.
Asimismo se hicieron llamadas ficticias por parte de funcionarios. “Hay simulaciones en las fechas, lugares y formas en que se dieron las detenciones. Las tarjetas informativas de las policías de todos los niveles entregadas eran falsas, también las bitácoras”.
Adicionalmente se señala que 22 personas que pudieron tener información sobre el caso han muerto, de las cuales sólo en dos casos fallecieron por muerte natural.
Investigación de ContraLínea
