Desde Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por la postura del Partido Revolucionario Institucional, quien en voz de su dirigente nacional, Alito Moreno, rechazó la aprobación de la Reforma Eléctrica, próxima a discutirse.
Por lo que le recordó al PRI que -en sus inicios- era defensor de los intereses del pueblo.
El mandatario federal afirmó que tiene conocimiento que hay legisladores de oposición que están a favor de la reforma eléctrica, por lo que confió en que se rebelarán contra sus partidos y votarán a favor de su iniciativa, ya que aseguró “estamos viviendo tiempos de definiciones”.
“Ojalá tengan la arrogancia de sentirse libres, ya que para obtenerla se debe de conquistarla”, manifestó.
El jefe del ejecutivo aseguró que si votan a “favor de la reforma estarían demostrando que no son empleados de grupos de intereses creados”.
El mandatario aseguró que mediante la votación de la Reforma Eléctrica, se pondrá saber “quién es quién” para apoyar al pueblo.
Destacó las posturas del PRI, PAN y PRD, quienes ayer se pronunciaron por su rechazo a la iniciativa. Y su ‘defensa’ a empresas particulares, sobre todo las extranjeras, “si no lo dijeron así textualmente, sí lo insinuaron”., aseguró desde la mañanera.
“Pero hay muchos legisladores y tengo información que legisladores del PRI, y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar, llamo a eso: a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares”, dijo.
Ante este escenario, el Presidente López Obrador llamó también a que la gente esté pendiente, “porque se van a abrir debates en la Cámara de Diputados, seguramente se van a transmitir por televisión, radio y hay que ver ahí quien defiende a las empresas”, añadió.
El Canciller Marcelo Ebrard detalló que el CEO de la empresa informó sobre la decisión, por lo que esta semana iniciarán las negociaciones.
Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo/EFE).- El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer esta mañana que la aerolínea Qatar Airways busca volar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en Santa Lucía, Estado de México.
Durante la conferencia de prensa encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Canciller detalló que el CEO de la empresa informó sobre la decisión, por lo que esta semana iniciarán las negociaciones.
“Qatar Airways nos dijo, por voz del CEO de Qatar, que quieren volar al Aeropuerto Felipe Ángeles. Por lo tanto, esta semana iniciaremos ya las negociaciones con ellos. Es una de las líneas más grandes del mundo”, expresó Marcelo Ebrard.
Marcelo Ebrard expuso los resultados de su gira de trabajo en Emiratos Árabes Unidos e India con el fin de impulsar proyectos en varias materias como turismo, comercio y salud.
“Con la India estamos con ese acercamiento en salud, ciencia y tecnología. También visitamos Arabia Saudita, Qatar, para atraer inversiones a México en sector turístico, sector innovador e inmobiliario”, señaló.
Asimismo, el Canciller anunció la próxima apertura de un Consulado mexicano en Mumbai, en India, para facilitar los negocios entre ambos países.
CHILPANCINGO, GUERRERO, 22SEPTIEMBRE2017.- Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) tomaron la caseta de cobro de peaje Palo Blanco de la Autopista del Sol. Ahí dejaron pasar gratis a los automovilistas. Melitón Ortega anuncio que se cancelará la marcha que se llevaría cabo el día 26 de septiembre por el tercer año de la desaparición de los 43, esto ante la emergencia por el sismo del pasado martes.
FOTO: JOSÉ I. HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM
Existen al menos 57 informes del seguimiento y espionaje que realizaron el Cisen y la Sedena a los normalistas rurales de Ayotzinapa, entre 2011 y 2014. Se trata de los reportes a los que tuvo acceso el GIEI y en los que se dan detalles no sólo de asambleas, marchas, reivindicaciones y relación de los estudiantes con organizaciones, sino también de asesinatos, detenciones y desalojos. Tanto el extinto Cisen como el Ejército tenían agentes infiltrados en la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos
En su tercer informe del caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revela la existencia de al menos 57 informes de inteligencia elaborados por el ya extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En éstos quedan al descubierto las labores de seguimiento y espionaje permanente que hicieron ambas instituciones –entre 2011 y 2014– contra los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
Los reportes a los que tuvo acceso el GIEI detallan desde las reivindicaciones estudiantiles –como la exigencia de que se crearan plazas para maestros rurales recién egresados–, movilizaciones y toma de autobuses, pero también de conflictos con autoridades policiales, asesinatos y otros episodios de violencia policiaca.
Al respecto, en su Informe Ayotzinapa III, el GIEI da cuenta de que tuvo acceso a 57 informes de seguimiento de las actividades de los normalistas rurales de Ayotzinapa de 2011 a 2014, época que coincide con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero en el estado de Guerrero.
Agrega que del periodo de 2014 les fueron entregadas 12 comunicaciones e informes de inteligencia del Cisen –que era dependiente de la Secretaría de Gobernación– que daban cuenta de las actividades de los estudiantes de Ayotzinapa, tanto de días anteriores al crimen como de ese mismo día hasta las actividades de toma de autobuses en las afueras de Iguala. Por ello, los expertos concluyen que las autoridades civiles federales y militares conocían de las actividades de los estudiantes y el monitoreo a que eran sometidos.
El GIEI apunta que “los informes reservados de las autoridades militares de Sedena, así como posteriormente de los servicios de inteligencia del Cisen, dan cuenta de las reivindicaciones de plazas o transparencia en el uso de recursos; movilizaciones y toma de buses, para las marchas; conflictos con las autoridades policiales y algunos hechos de violencia específicos como asesinatos, detenciones o desalojos; incluyendo igualmente reportes de discusiones en asambleas y relación con otras organizaciones”.
Añade que esa información y monitoreo de las actividades estudiantiles no sólo se hacía con métodos de observación externa o información de contexto, sino con la existencia de agentes de inteligencia infiltrados con fachada de estudiantes de la normal rural. “Según pudo comprobar el GIEI, dentro de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa existían personas que hacían parte activa del Ejército Mexicano que realizaban tareas de información”. Al respecto, cita dos oficios internos de la dependencia entonces bajo el mando del general Salvador Cienfuegos Zepeda: el GAOI/5246, del 29 de septiembre de 2014, y el GAOI/5823, del 21 de octubre de ese mismo año.
Los expertos internacionales también señalan que en el momento del crimen –noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrieron tanto la desaparición de los 43 normalistas como los ataques que dejan seis jóvenes asesinados y 40 heridos–, al menos, tres agentes de inteligencia de Sedena estaban activos en la normal de Ayotzinapa y en Tixla, la localidad donde ésta se encuentra.
En algunos documentos, refieren en su tercer informe, “se habla abiertamente de ‘fachada de alumno’. Ninguno de dichos reportes hacía en ningún caso referencia a posibles actividades ligadas al narcotráfico por parte de los estudiantes, sino de control de las actividades reivindicativas, asambleas y otras actividades desarrolladas por el alumnado”.
Los expertos independientes revelan extractos de algunos de los 57 informes de espionaje a los que tuvieron acceso. Por ejemplo, se cita el documento con folio G.A.O.I./5087, del 22 de septiembre de 2014, en el que la Comandancia de la 35 Zona Militar informa a la superioridad DN-1, S-2, sobre “las actividades de los alumnos de la Escuela Norma Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”.
El oficio indica: “se tuvo conocimiento de una reunión del comité estudiantil ‘Ricardo Flores Magón’, (…) al interior de las instalaciones de la escuela normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Mpio. de Tixtla, Gro., donde acordaron los asistentes que durante la presente semana realizarán la retención de aprox. 15 autobuses (…) con la finalidad de contar con los medios necesarios para trasladarse a la Plaza de México D.F. a fin de participar en el ‘XLVI aniversario de los hechos registrados el 2 oct. de 1968, en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco’”.
En ese mismo documento, la Comandancia de la 35 Zona Militar ordenó a todos los batallones del estado de Guerrero que dieran seguimiento a las actividades de los normalistas rurales de Ayotzinapa. “Así, se indica al Comandante del 50 Batallón de Infantería: ‘se mantenga al pendiente de las actividades que realizan los alumnos de citado plantel educativo, con la finalidad de informar oportunamente la salida de contingentes a la Ciudad de México para la conmemoración del ‘XLVI aniversario de los hechos registrados el 2 oct. 1968’, así como el de otras organización (sic) con presencia dentro de su sector de responsabilidad”.
El tercer informe del GIEI observa que esa misma instrucción se giró a los comandantes de los Batallones 27, 34, 41 y 93 a quienes se les solicitaba: “Informe(n) por el medio más expedito a esta Cmcia. de Z.M. sin detrimento de realizarlo posteriormente por escrito, la salida de contingentes dentro de sus sector (sic) de responsabilidad a esta plaza o a la Cd. de México, a fin de participar en la conmemoración del aniversario citado en texto”.
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El día del crimen también hicieron espionaje
EL Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señala que varios documentos de inteligencia –sin precisar cuántos– del Cisen y de la Sedena revelan el seguimiento pormenorizado que tuvieron los normalistas rurales de Ayotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
“De todas las evidencias, podemos concluir que los estudiantes tomaron tres autobuses de la [central] camionera, que venían en dos autobuses de la Escuela [Normal Rural de Ayotzinapa] y que deciden regresar nuevamente y de forma urgente a Tixtla, domicilio de la Escuela. Desplazándose en total en cinco autobuses hacia Tixtla, tomaron diversas rutas divididas en dos grupos. Que se conocieron los disparos y las agresiones que sufrieron los normalistas en los dos escenarios señalados, y se transmitieron las informaciones a los mandos de las diferentes corporaciones, habiendo desaparecidos de estos dos escenarios confirmados:
“-Un grupo de los desaparecidos se encontraba en un autobús ubicado al frente del Palacio de Justicia en la carretera rumbo a Chilpancingo y;
“-El otro autobús que iba de tercero en la caravana de los autobuses que llevaban los estudiantes que estaba ubicado sobre la calle Juan N Álvarez, dirección periférico, tal y como lo señalamos en los informes del GIEI año 2015 y 2016.”
El informe establece que las autoridades policiales y militares de todos los niveles en Iguala tuvieron conocimiento en tiempo real de todos esos hechos: “sabían de quién se trataba [normalistas rurales] desde las reuniones en las que se preparaba la toma de autobuses para la marcha del aniversario” [de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968].
“Conocieron la mañana del 26 de septiembre de 2014 el intento de tomar autobuses en Chilpancingo, frustrado por la policía estatal. Sabían del objetivo de la acción que los jóvenes pretendían realizar. Conocieron y se reportó en documentos el viaje de salida de la escuela hacia Iguala, siendo monitoreados en el trayecto. Supieron de las circunstancias de su llegada a las afueras de la ciudad a tomar autobuses, y de cómo un grupo ingresó a Iguala para devolverse con el bus y quedó encerrado en el mismo. Supieron y reportaron en documentos que el resto de los jóvenes que había quedado fuera esperando, llegaron a la central camionera y se llevaron tres autobuses. Conocieron su intento de salida de la ciudad”.
El informe del GIEI señala que “todos sabían, a través de OBIS [infiltrados identificados internamente como agentes de obtención y búsqueda de información] que reportaban directamente desde el lugar de los hechos y del C-4, que un número grande de jóvenes había sido detenido de forma violenta en medio de disparos o agresiones físicas en los dos escenarios del Palacio de Justicia y de la calle Juan N Álvarez, por varias policías municipales con un enorme despliegue de vehículos de distintas corporaciones y policías vestidos de negro en el caso del Palacio de Justicia”.
Al citar el informe interno FCA No.CRFI/1194, del 26 de septiembre de 2014, el GIEI destaca que la documentación que obtuvo da cuenta de un hecho llamativo: “este seguimiento detallado y reproducido en los referidos informes cesa en las horas críticas de la ocurrencia de los hechos. Sin embargo, otros documentos de inteligencia que reproducen el contenido de interceptación de comunicaciones dan cuenta que las autoridades militares tenían información en tiempo real de los hechos de violencia que estaban ocurriendo en Iguala”.
OTO: DASSAEV TELLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM
Otros documentos militares
El informe del GIEI revela fragmentos de otros documentos militares que revelan pormenores del papel de la Secretaría de la Defensa Nacional en el caso Ayotzinapa. En ellos también se descubre el seguimiento y labores de espionaje que hacía el Ejército de las actividades del crimen organizado, “especialmente de enfrentamientos, hechos de violencia y control en diferentes lugares de Iguala y zonas aledañas”.
Al respecto, indica que tanto las autoridades militares como el Cisen “hacían seguimiento a las actividades del crimen organizado en tiempo real, a través de intervenciones de comunicaciones de integrantes de las organizaciones delictivas”. De esto último, enfatiza que también sucedió la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando “las autoridades militares tenían interceptación de comunicaciones en tiempo real”.
Uno de los ejemplos que cita es el mensaje militar CRFI, del 24 de agosto de 2014, un mes antes de la tragedia: “(…)en relación a (sic) los hechos ocurridos y la información obtenida por los OBIS de esta unidad es probable que estas acciones hayan sido realizadas y ordenadas por el grupo delictivo Guerreros Unidos asentado en esta plaza con la finalidad de no permitir que integrantes de un grupo antagónico entre a esta ciudad para disputarles el control de las operaciones ilícitas que tienen en la misma (…)”.
Asimismo, se refiere al mensaje militar F.C.A. 037114, del 27 de septiembre de 2014, cuando ya había sucedido el “gran operativo” que dejó como saldo seis jóvenes muertos, 43 normalistas rurales desaparecidos, 40 heridos y 120 víctimas de persecución que sufrieron tentativas de asesinato. Aunque de éste no se cita ni un párrafo textual, el informe del GIEI, detalla: “da cuenta que la caseta de cobro número 3 de Iguala, carretera México/Chilpancingo, había sido decretada instalación estratégica del 1 al 30 de septiembre. Caseta que cumple un rol fundamental en la narrativa acerca de cómo ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre, y que contaba en los días de los hechos con presencia de una patrulla militar”.
Asimismo, revela la existencia del documento militar llamado “Panorama General delictivo en el Estado de Guerrero”, de noviembre de 2014. Y reproduce un fragmento del mismo: “el estado de Guerrero es relevante en la producción de estupefacientes, principalmente amapola, por su ubicación geográfica e infraestructura de comunicación, facilitando el trasiego aéreo, terrestre y marítimo procedente de Centroamérica, con destino a los EUA”.
Otro oficio al que hacen referencia es el F.C.A. G.A.O.I/5388, del 4 de octubre de 2014, enviado por la Comandancia de la 35 Zona Militar a la Comandancia del 27 Batallón de Infantería, en el cual los militares abordan el tema de la utilización de autobuses en el traslado de droga: “La chiva que se elabora en Tlacotepec es enviada a Chicago USA vía carretera en autobús como el reciente autobús detenido en Puebla”.
A pesar de la importancia que revisten todas estas informaciones internas, fue hasta el año pasado con la Sedena y el Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) empezaron a entregar a cuenta gotas estos documentos al GIEI. En su más reciente informe, el Grupo reitera la necesidad de que estas dos instituciones den acceso pleno a sus archivos y con ello se contribuya a conocer la verdad acerca de este macro caso de un crimen de lesa humanidad.
l presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se investiga a los mandos de la Marina por el caso Ayotzinapa.
Esto después que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rindiera un informe en el que se revela un video donde que se aprecia a personal de la Marina manipulando el Basurero de Cocula, en octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los normalistas. En este lugar fue donde según la primera versión oficial de los hechos, los cuerpos de los 43 normalistas fueron incinerados.
Al respecto, López Obrador informó en su conferencia matutina que ya dio la instrucción para que se investigue a los mandos que participaron en el operativo.
“Sobre ese video de la Marina, me lo mostraron y se dio la instrucción de que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía. Todos los que participaron, sobre todo el Almirante responsable del operativo”
El mandatario dijo que la investigación del caso sigue abierta. Ya que fue un compromiso que hizo al iniciar su mandato.
“Es un compromiso que tenemos, de dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”
El presidente aseguró que los expertos del GIEI seguirán colaborando con el gobierno federal para resolver el caso. De igual forma dijo que todos los datos e información disponible será entregada. “No sé oculta nada”.
“Toda la información del Ejército se ha puesto a disposición de la Comisión (para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa) y la Fiscalía especial, y esa es la instrucción que tienen y la están cumpliendo”
El 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa, Guerrero acudían a una manifestación por el 2 de octubre. No obstante, en el traslado fueron desaparecidos.
La versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, conocida como la “verdad histórica” los normalistas fueron entregados al Cártel Guerreros Unidos. Estos terminaron por incinerar a los estudiantes en el basurero de Cocula y tirar los restos al Río San Juan.
Esta polémica versión fue derribada en 2018 por el gobierno de López Obrador. La reapertura del caso arrojó el hallazgo de los restos no calcinados de dos de los estudiantes, Christian Rodríguez, en 2020, y de Jhosivani Guerrero, en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero.
El GIEI y otros expertos ya habían hablado de la participación de las fuerzas armadas del estado en el caso. Y ahora con este nuevo informe se revelan más vínculos del aparato castrense con el suceso.
El Tribunal Colegiado de Circuito en Materias del Trabajo y Administrativa retiró las suspensiones impuestas al Tren Maya en los tramos 1, 2 y 3.
Lo anterior pese a que algunas comunidades se oponían, alertando del riesgo para la flora y la fauna de Yucatán y Chiapas, por lo que rechazaron la decisión del tribunal, argumentando que se basaron en “argumentos ilegales e injustificados”.
📢Con argumentos ilegales e injustificados, el Poder Judicial de la Federación quita suspensiones impuestas al #TrenMaya ⚠️El Tribunal Colegiado revirtió las suspensiones impuestas al proyecto, que protegían a la flora y fauna.https://t.co/hU1XbwBwRt@MXiinbal
En enero de 2021, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’Xíinbal comenzó un juicio de amparo en contra del Tren Maya debido a violaciones al derecho al medio ambiente sano y a sus derechos como pueblo maya originario en la participación de determinaciones que pueden afectar su territorio y recursos naturales.
De ahí, el Juzgado Cuarto de Distrito determinó la suspensión definitiva, es decir, exigió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dejar sin efectos la MIA-R y detener las obras de la fase 1.
Luego, en abril de ese mismo año, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Semarnat impugnaron la resolución.
Entonces el Tribunal optó por revocar y negar la suspensión del Tren Maya en el recurso de Fonatur, pero en el recurso de Semarnat decidió paralizar las obras.
Ambas resoluciones ocasionaron una contradicción en el juicio, por lo que Fonatur solicitó una aclaración.
El 25 de marzo pasado, el Tribunal Colegiado determinó que, entre ambas resoluciones, debía subsistir la negativa de suspender el proyecto. Así, autorizó que las obras del proyecto Tren Maya continúen.
Esta resolución ocurre en un contexto de cuestionamientos sobre la viabilidad ambiental, social y económica del proyecto ferroviario para los pueblos originarios de Yucatán.
Con este acuerdo, las comunidades afectadas manifestaron que “el Tribunal cayó en una grave contradicción en el juicio, por dejar en incertidumbre a las personas demandantes, quienes no saben si las medidas de protección continúan o cesan”.
“El Poder Judicial de la Federación está siendo totalmente permisivo y aquiescente, pues sus resoluciones niegan las suspensiones del proyecto Tren Maya por meros formalismos, y a pesar de la existencia de pruebas y hechos notorios de la devastación de la flora y fauna, así como de la integridad de los pueblos mayas en Yucatán”, agregaron.
La asociación legal que representa a los mayas asociados en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Muuch Xiinbal”, expresó que con esta medida del Tribunal se evidencia aún más las autoritarias decisiones de los Poderes de la Unión para imponer un proyecto en la península.
El pasado 12 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el megaproyecto de más de mil 500 kilómetros sólo demandará la tala de árboles “de 100 hectáreas”.
Además aseguró que se está mitigando con la siembra de “200 mil hectáreas” y se ampliará la reserva de Calakmul, así como la construcción de los parques naturales en Tulum y Uxmal rodeados de las zonas arqueológicas, cuyos vestigios están siendo resguardados por elementos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El periodista Epigmenio Ibarra cuestionó a Ciro Gómez Leyva por su postura sobre la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.
De forma increíble pese a las pruebas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ciro Gómez Leyva sostuvo que la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto sigue intacta a pesar de las pruebas presentadas en días recientes.
Durante su participación en el programa Ciro Gómez Leyva por la mañana, el productor Epigmenio Ibarra pidió al presentador de noticias que se disculpara por haber defendido en el pasado y afirmado que la “verdad histórica” sigue intacta. No obstante, el periodista en lugar de disculparse sostuvo lo dicho y lo repitió.
Ciro Gómez Leyva afirmó que la polémica versión sobre Ayotzinapa durante el gobierno pasado sigue intacta. Esto pese a los videos difundidos por el GIEI en su nuevo informe, en los cuales se observa a personal de la Secretaria de Marina interviene en la que se convirtió en la “escena del crimen” antes de que se presentara como tal.
De igual forma, Ciro aseguró que no se ha probado la participación de militares en la desaparición de los normalistas. Incluso dijo que eso solo lo dicen “versiones como las tuyas” refiriéndose a Ibarra y desacreditando las investigaciones contrarias a la “verdad histórica”. No obstante, la reportera Miriam Moreno, parte del equipo de colaboradores del programa, afirmó poco después que a partir de la apertura de los expedientes del caso se supo de la intervención del ejército.
Epigmenio Ibarra aclaró su punto y cuestionó a los colaboradores del programa de Ciro las razones por las que no actuaron las autoridades federales y su inacción incluso a sabiendas de que hubo participación de algunos policías federales. Estas preguntas también fueron descalificadas por Gómez Leyva diciendo que son “puras hipótesis”.
Ciro Gómez Leyva. Foto: Especial.
De igual forma, Ibarra preguntó a Ciro por qué ponen en duda a los expertos que dicen que la escena del crimen fue manipulada. Pero no cuestionan la versión oficial del gobierno de Peña Nieto y continúan afirmando que la verdad histórica sigue intacta.
La defensa de Gómez Leyva fue decir que los “fundamentos” de la verdad histórica son los que están intactos.
“Los elementos de la verdad histórica, los fundamentos los jóvenes fueron secuestrados por grupos criminales y fundamentalmente hasta donde sabemos policías municipales, autoridades municipales. Se los llevaron y los mataron, eso para nosotros, es lo que hemos dicho. Lo dijimos en 2014, lo dijimos después y lo decimos hoy.”
A lo que Epigmenio respondió: “La verdad histórica es: los mataron a todos la misma mañana, los incineraron en el basurero de Cocula” y Ciro nuevamente lo descalificó y lo interrumpió mandando su programa a pausa.
Regresando del corte Epigmenio sentenció que Peña Nieto en lugar de atender el asunto dejó que creciera y después inventó la “verdad histórica”. Y finalizó recordando que el otrora presidente de México dijo en conferencia de prensa “los mataron a todos, los desaparecieron a todos, lo siento mucho. Ya supérenlo.”
Finalmente, Epigmenio Ibarra concluyó que hubo una inacción del Estado “no había autoridad”, que hubo encubrimiento del hecho y coacción de parte de autoridades, municipales y federales. Por su parte Gómez Leyva concluyó que se borraron los restos de los normalistas pero sin certeza de cómo, además puso en duda la participación de autoridades federales en el hecho.
Un total de 34 neoleoneses concentran en sus pozos los mayores volúmenes anuales de metros cúbicos de agua para explotación autorizados en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Nuevo León, así lo revela el Registro Público de Derecho del Agua.
Entre ellos destacan empresarios que acumulan una riqueza de 17 millones 399 mil 598 metros cúbicos de agua, que pueden usar durante todo el año a costo casi gratuito.
Esta agua representa la mitad de la presa La Boca, que cuenta con una capacidad de 35 millones de metros cúbicos, sin contar los metros cúbicos de por lo menos 2 mil 323 concesiones de pozos que están en propiedad de la Iniciativa Privada (IP).
El registro al que tuvo acceso Reporte Índigo menciona nombres tales como Marcelo Canales Clariond, quien cuenta con 618 mil 326 metros cúbicos de agua. Es empresario y hermano del exgobernador Fernando Canales, y fundador de la empresa IMSA, hoy Ternium.
La lista continúa con David Hadjópulos Guerra y María Cristina Hadjópulos Canavati, familiares del diputado del PRI, Ricardo Canavati Hadjópulo, quienes cuentan con 537 mil metros cúbicos de agua.
Eduardo Jesús Barragán Villarreal, quien era consejero propietario de Arca, tiene 528 mil metros cúbicos. Eugenio Santiago Clariond Reyes tiene un total de 435 mil metros cúbicos de agua; en 2008 tomó el cargo de cónsul honorario de la República Federativa de Brasil en la Ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en Nuevo León.
Entre otros nombres están Juan Manuel Herrera Garza, quien cuenta con 423 mil 440 metros cúbicos de agua; Jaime Hisao Yesaki Cavazos, 418 mil 560; Adolfo José Treviño Garza, 415 mil; Nora Nelly y Diana Miriam Ayala Ledezma, 408 mil; Cecilia Margarita Elizondo Botello 396 mil y Raúl Francisco Leal Cárdenas 392 mil 928.
El diputado de Morena Waldo Fernández recordó que la Ley de Aguas Nacionales en su artículo 6, fracción V, establece que hoy el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la facultad de rescatar concesiones en defensa del interés público
“Declaratorias de rescate de concesiones otorgadas por ‘la Comisión’, para construir, equipar, operar, conservar, mantener, rehabilitar y ampliar infraestructura hidráulica federal y la prestación de los servicios respectivos, mediante pago de la indemnización que pudiere corresponder”, leyó el artículo el legislador en la tribuna del Congreso local el mes de febrero.
El morenista agregó que el derecho al agua está consagrado en el párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución mexicana, el cual señala el acceso, disposición y saneamiento para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
“El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”, pronunció Waldo Fernández.
Las empresas con más agua
El Registro Público de Derecho del Agua de la Conagua enlista a las 15 empresas que cuentan con mayores volúmenes de agua de pozos que tiene una concesión para la extracción del líquido de manera anual.
Entre estas empresas suman 36 millones 496 mil 416 metros cúbicos de agua que pueden extraer al año para sus diferentes producciones, lo que representa la capacidad de toda la presa La Boca, que cuenta con 35 millones de metros cúbicos.
Se trata de Ternium México, que cuenta con 14 millones 654 mil 772 metros cúbicos; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con 6 millones 980 mil; Industria Del Álcali, con 4 millones 474 mil 600; Alfa Subsidiarias con 3 millones 137 mil 888; y Bebidas Mundiales con 2 millones 725 mil 271.
También Parque Fundidora, con la concesión de 2 millones 245 mil 360 metros cúbicos; San Juan Compañía De Bienes Raíces, con un millón 958 mil 680 metros cúbicos; Grupo Embotellador Noreste cuenta con un millón 400 mil; Ucar Carbón Mexicana tiene un millón 255 mil 306; Compañia Topo Chico, que posee un millón 210 mil 001; Operadora De Inmuebles De Oriente, cuyo volumen es de un millón 173 mil 679 y Vidrio Plano De México de un millón 95 mil 720.
En menor volúmen están Proteínas Naturales, con 848 mil 382 metros cúbicos; Comercializadora de Productos Básicos de México, con 801 mil 563; y Grupo Terralquimia, con 729 mil.
Toda esta agua se encuentra en zonas subterráneas e incluso acuíferos ubicados no sólo en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), sino en todo el territorio de Nuevo León. Estas empresas, junto con un grupo de neoleoneses, acaparan los mayores volúmenes de agua a través de concesiones.
CIUDAD DE MÉXICO, 29MARZO2022.- Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» ofrecieron un mensaje para hablar sobre el Tercer Informe Ayotzinapa del GIEI, en el Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro.
FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
Uno de los hallazgos más relevantes del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero, tiene que ver con el espionaje y la infiltración a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos por parte del Ejército Mexicano.
El Informe Ayotzinapa III revela que los normalistas rurales fueron espiados por la Secretaría de la Defensa Nacional: “eran un blanco de inteligencia por parte de las autoridades militares. Los alumnos fueron objeto de seguimiento durante los años anteriores a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Estaban siendo sujetos a un cercano seguimiento cuando se desarrollaron los hechos y se encontraban infiltrados con agentes de inteligencia”.
Además de la infiltración de militares encubiertos con fachada de estudiantes (al menos se han documentado tres casos, incluido uno que se cuenta entre las 43 víctimas de desaparición forzada), el documento del GIEI –que fue entregado a la Fiscalía General de la República para que el caso se judicialice una vez más– también advierte de la intervención de comunicaciones.
“Los documentos confirman que el Ejército (así como el Cisen) tenía intervenidas las comunicaciones de actores relevantes en los hechos, incluso cuando estaban ocurriendo, sin que consten autorizaciones judiciales para ello. Por ejemplo, en un documento fechado el 5 de octubre de 2014 se incluyen algunas de estas intervenciones, de fechas anteriores: 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014, que revelan datos importantes sobre las personas involucradas en los hechos, su ubicación e informaciones sobre el destino de los estudiantes”, se señala en el reporte.
Asimismo, la abogada Ángela Buitrago –integrante del GIEI– declaró el pasado 28 de marzo que el espionaje era realizado por los integrantes del Batallón 27. También indicó que este seguimiento “sirve para mirar estructuras, historias, y aquí una mirada sociológica muy importante creo que también vale la pena, y es hablar de cuál era el procedimiento habitual frente a los estudiantes de Ayotzinapa y de todas las [Normales] Rurales de todo el país, de un espionaje que nosotros por lo menos tenemos documentado desde el año 2010. Un espionaje permanente y sobre esos supuestos también formas de cultura sobre discriminación, etiquetamiento, que llevan también a condiciones de manejos en estos temas”.
Por su parte, la abogada Claudia Paz y Paz –también integrante del GIEI– se refirió a este tema como “un seguimiento que vamos a llamar ‘histórico’, casi contrainsurgente a la escuela, las actividades de la escuela [Normal Rural de Ayotzinapa], de los estudiantes”.
En el reporte queda claro que la Sedena no tiene facultades legales para realizar estas operaciones, ni tampoco las intervenciones de conversaciones telefónicas, por mensajería instantánea y/o correos electrónicos, pues no contaba con órdenes de jueces. Más aún, ninguna ley le confiere hacer este tipo de interceptaciones.
No obstante, la Defensa Nacional fue la primera institución que adquirió la plataforma Pegasus, que ya se ha demostrado que fue usada para espiar a los miembros del GIEI y al abogado Vidulfo Rosales, defensor de derechos humanos que ha acompañado a los padres y madres de los 43 normalistas rurales en su lucha por la justicia. De ahí que sea muy probable que con este mismo malware se hayan hecho las intercepciones de comunicaciones ligadas a este caso.
En México está demostrado que el malware Pegasus ha sido utilizado para espiar luchadores sociales, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, políticos y periodistas, por lo que ésta no sería la primera vez que se le hubiera dado ese uso.
Contralínea documentó que desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la Sección Segunda de la Sedena compró las licencias de dicha plataforma. Los contratos se firmaron entre septiembre de 2010 y finales de 2012 e implicaron un gasto superior a los 8 mil millones de pesos.
Para activar y operar la plataforma de espionaje, la Secretaría de la Defensa Nacional acondicionó un edificio completo en el Campo Militar Número 1. De acuerdo con los documentos a los que Contralínea tuvo acceso, la instalación del sistema se hizo en tres fases, y por ello se firmaron 18 contratos (15 de estos fueron para obras, servicios y bienes relacionados).
Es evidente que la plataforma de espionaje con la cual contaba la Sedena antes, durante y después de la desaparición de los estudiantes normalistas es Pegasus, considerada una de las más invasivas y con mayor capacidad de romper sistemas de seguridad y encriptación de comunicaciones.
El informe del GIEI, revela que “todas las corporaciones –Ejército, Cisen y Policía Federal y estatal– hacían seguimiento y reporte en tiempo real de todas las actividades de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y otras, o de sus actividades, desde años atrás a los hechos de 2014”. No hablan, sin embargo, de qué plataformas de espionaje fueron empleadas en estas labores.
Entre sus hallazgos se apunta que esas autoridades “conocían perfectamente que, desde principios de septiembre de 2014, se estaba organizando una conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México con todas las Escuelas Normales, y la encargada de realizar el aprovisionamiento, consecución de transporte y alimentación (boteo), era la Normal Raúl Isidro Burgos”.
También se señala que elementos de la Sedena y el Cisen “hacían seguimiento permanente a las actividades de boteo y toma de camiones de manera especial en este mes de septiembre, teniendo claridad de los autobuses, placas, y marcas que habían sido tomados en los diversos municipios de Guerrero”.
El tercer informe enfatiza que el Ejército Mexicano “tenía infiltrada la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos a través de jóvenes que actuaban como estudiantes y agentes de inteligencia. Los documentos confirman que un normalista, que está entre los estudiantes desaparecidos, ingresó a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para realizar labores como Órgano de Búsqueda de Información (OBI). Igualmente, el ejército contaba con al menos otro OBI que ejercía como estudiante de la Escuela e informante del Ejército”.
De esas documentaciones a las que tuvieron acceso los expertos internacionales se desprende que había un tercer OBI situado en la ciudad de Tixtla, “quien observó los movimientos en la escuela después de los hechos”. Además se señala que la Sedena conoció de todas las actividades que los normalistas rurales de Ayotzinapa habían planeado para aprovisionarse de vehículos y recursos desde el 14 de septiembre de 2014.
Las omisiones intencionales de la Sedena
La Secretaría de la Defensa Nacional –entonces comandada por el general Salvador Cienfuegos Zepeda– no sólo omitió actuar para detener la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas rurales, sino que sistemáticamente ha ocultado lo que sabe.
El informe del GIEI señala que “durante y posteriormente a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, el Ejército recibió información de interceptación de comunicaciones la cual nunca fue puesta a disposición de la búsqueda o la investigación. De la misma manera instruyó procesos disciplinarios en contra de sus integrantes y realizó investigaciones cuyos resultados no compartió, ni ha compartido plenamente”.
Respecto de la interceptación de comunicaciones, se apunta la existencia de documentos que confirman que “las autoridades militares y del CISEN estuvieron informadas en tiempo real de lo que ocurría. Sin embargo, esta información no fue compartida con las autoridades encargadas de la investigación, ni hay constancia de que se hubiera hecho alguna actividad de búsqueda específica con la misma”.
Además se advierte que hubieron investigación por parte de autoridades militares que se ocultaron. “El GIEI pidió insistentemente las investigaciones que se hubieran adelantado en el fuero militar con ocasión de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. La reiterada respuesta a este requerimiento fue que no se había adelantado ninguna investigación. A la fecha no se ha tenido acceso a la misma. Sin embargo, distintos documentos militares dan cuenta de que si se ordenó y realizó una investigación por parte de autoridades militares”.
El informe cita como ejemplo un documento del 15 de octubre de 2014, de la IX Región Militar del Estado Mayor, CG en Acapulco, que “hace referencia a que se realizó una ‘exhaustiva investigación’ sobre los hechos. En este documento se incluyen informes y entrevistas a integrantes del 27 y del 41 Batallón de Infantería. En la sección de consideraciones, existe una afirmación que corrobora la existencia de una averiguación previa en el fuero militar. Al referirse a una declaración de uno de los estudiantes que se encontraba en el Hospital Cristina, señala que: ‘sobre el particular, en las declaraciones obtenidas del personal que participó en los hechos, no es posible determinar la veracidad de estas declaraciones, circunstancia que fue confirmada por el ministerio público adscrito a la 35/a Zona Militar, quién por es del DN-21 inició una averiguación previa’”.
También da cuenta de otra documental elaborado por la Policía Militar Ministerial que data de octubre de 2014: en la Sección B de Investigaciones también se refiere a investigaciones adelantadas por autoridades militares. “El documento informa sobre el ‘avance de investigación’ originada por artículos de prensa en la que estudiantes denuncian el mal trato que recibieron en el Hospital Cristina por elementos del ejército. En la sección denominada ‘IV. Acciones que se realizan’, al final del documento se afirma que: ‘un equipo investigador de la PMM continúa con la investigación de los hechos, entrevistando a personal militar del 27/o BI, médicos y personal administrativo del hospital ‘Cristina’ y paramédicos de la Cruz Roja de Iguala, Gro”.
Los expertos concluyen que personal de la Policía Ministerial Militar realizaron entrevistas como parte de una investigación relacionada con los hechos. Sin embargo, acusan que los resultados de estas indagatorias no se incluyeron en los documentos a los que les dieron acceso ni se encuentran en las averiguaciones previas.
Pegasus en la Sedena
Fue el gobierno de Calderón el que compró la plataforma de espionaje Pegasus. La primera institución que usó esta tecnología fue la Sedena en su rama de inteligencia militar, cuando esa dependencia era dirigida por el general Guillermo Galván Galván y cuando, en la Secretaría de Seguridad Pública se desarrollaba a la par la llamada Plataforma México, a cargo de Genaro García Luna.
El edificio que la Sedena acondicionó para alojar el equipo tecnológico de espionaje contaba o cuenta con ocho módulos y más de 200 computadoras. Además se adquirieron mesas, pantallas, servidores y sistemas satelitales para su correcta operación. El gasto público superó en aquel momento los 8 mil millones de pesos. Luego ese malware se popularizó entre las dependencias federales, pues acabó contratándose también para la Procuraduría General de la República –que en la época de la desaparición de los estudiantes estuvo a cargo de Jesús Murillo Karam–, la Secretaría de Seguridad Pública y el propio Cisen.
Popularidad de AMLO en arriba de 66% • Peso se coloca en 19.94 por dólar • Hay pruebas del plan biológico de EU en Ucrania
POLÍTICA
Consejeros y magistrados serían elegidos por voto ciudadano
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que enviará una iniciativa para que la elección de los magistrados del Tribunal Electoral y los consejeros del INE, sean elegidos por los ciudadanos, a través del voto popular. Por lo que adelantó que será enviada en primera instancia a la Cámara de Diputados para su discusión. Aseguró que con esta nueva reforma es “para garantizar la democracia en México”. Detalló que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presentarían, cada uno, 20 candidatos “con inobjetable honestidad” para ser votados y el que obtenga más votos “ese va a ser el presidente”. El mandatario federal manifestó su rechazo por el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dejó sin efecto el “decretazo” que permite a los funcionarios públicos promover la revocación de mandato.
Popularidad de AMLO en casi 67%
La casa encuestadora Poligrama publicó su encuesta más reciente, la cual revela que el Presidente López Obrador, cuenta con una creciente popularidad, que al momento se encuentra en 66.72% y que, según la misma firma de sondeos estadísticos, desde diciembre de 2019, un mes después de asumido su mandato, nunca ha estado por debajo del 60%. Por el contrario, el rechazo a la presente administración va disminuyendo, encontrándose actualmente en 33.28%, su punto más bajo en lo que ha transcurrido del sexenio. Así, las mediciones de popularidad que van desde un 54 por ciento registrado por El Financiero, hasta un 72 por ciento que presenta Parametría, colocan a López Obrador con el porcentaje de aprobación más alto de los últimos cuatro sexenios, para un tercer año de gobierno.
Celebra AMLO prevalencia de estado de derecho
La determinación de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de la familia política del fiscal Alejandro Gertz, “es la mejor la manera de enfrentar las controversias; que nos ajustemos al marco legal y prevalezca el auténtico estado de derecho”, dijo el presidente López Obrador. “celebro que se haya tomado esa decisión por la corte. Esto no sucedía, porque era el estado de chueco. Qué bueno que se resuelvan todos estos casos por la vía legal.” Al recordarle que la señora Alejandra Cuevas, cuñada de Gertz, solicitó una reunión con él para exponerle su caso y experiencia en prisión, el mandatario dijo: “Ya le di instrucciones al secretario de Gobernación (Adán Augusto López) que establezca comunicación con ella y se le brinde todo el apoyo y protección de mi parte”.
Pruebas del plan militar-biológico de EU en Ucrania
Rusia completó la recopilación de pruebas sobre las actividades militares y biológicas de Estados Unidos en Ucrania, y el mundo civilizado verá finalmente que Washington continúa la tradición de la Alemania de Hitler con sus experimentos inhumanos, informó ayer el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev. Aseguró que Estados Unidos lleva 30 años “programando a Ucrania en clave antirrusa”, con el resultado de que el mundo fue testigo del “golpe de Estado sangriento” en ese país en 2014 y del consiguiente “genocidio” de los residentes del Donbás, entre ellos unos 800 mil ciudadanos rusos. Expuso que la aparición de nuevos centros de poder y desarrollo mundial provocó un creciente resentimiento de Estados Unidos, que pretendía mantener su “hegemonía” por cualquier medio. Para lograr esa meta, Washington siempre ha desencadenado guerras que han provocado cientos de miles de muertos y millones de desplazados: Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Siria, señaló.
Alfaro amenaza con no atender a familiares de desaparecidos
A nivel nacional, Jalisco es uno de los estados con mayor número de desapariciones. A pesar de ello la disposición del gobernador Enrique Alfaro para conversar con los familiares de las víctimas, es dudosa. En un video se observa a Alfaro caminar hacia un grupo de personas que se manifiestan por las desapariciones forzadas. Al llegar a ellos el gobernador amenaza “si me gritan me voy”. En suma, los familiares acusan que las mesas de trabajo que se han realizado con el gobierno estatal, son una simulación, pues tan pronto terminan el proceso se pierde. Además, en el video también se escucha al gobernador de Jalisco decir: “hemos encontrado a miles”, mientras una familiar responde: “¿cuáles miles?”
ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Peso se coloca en 19.94 por dólar
Tras alimentar las esperanzas de avances en las negociaciones para cesar el fuego en Ucrania y luego de que Rusia anunció que comienza a retirar tropas de los alrededores de Kiev, capital del país invadido, los mercados accionarios reaccionan con optimismo, mientras que el dólar pierde terreno frente a las principales monedas en el mundo. El peso mexicano rompe los niveles de los 20 por dólar. La divisa mexicana se aprecia 0.82 por ciento, para operar en alrededor de 19.9442 pesos por dólar. De acuerdo con el cierre del Banco de México, la paridad peso-dólar cerró ayer en 20.1035 pesos por dólar spot. El índice del dólar DXY, que mide el comportamiento de la divisa estadunidense frente a sus principales cruces, retrocede 0.87 por ciento, a 98.183 unidades. Mientras tanto, la Bolsa Mexicana de Valores, en línea con los mercados accionarios internacionales, avanza 0.21 por ciento, a 55 mil 570 puntos. El barril tipo West Texas, de referencia en Estados Unidos, se sitúa sobre los 99.88 dólares por barril, con un retroceso de 5.7 por ciento. El barril de Brent se movía en 98 dólares el día que Rusia declaró la guerra. Hoy cotiza en los 103 dólares, con una caída de 5.67 por ciento, después del desplome sufrido en la sesión de ayer, lejos de los máximos de 139 dólares.
Greenpeace inmovilizó maquinaria en Tren Maya
Siguiendo el guión de la derecha, ahora se informó que 8 defensores ambientalistas de la organización Greenpeace, ‘clausuraron’ las obras del tramo 5, que corre de Cancún a Tulum, en protesta por la supuesta deforestación que se vive en Quintana Roo por la construcción del Tren Maya. Los activistas inmovilizaron la maquinaria que es utilizada por el ejército, en este proyecto. Y además, colocaron mantas con el mensaje “Protejamos la selva maya” en diversos puntos de la obra. La directora de campañas de Greenpeace México, Aleira Lara, exigió al presidente López Obrador a suspender inmediatamente las operaciones en el tramo 5 que pretende abarcar 121 kilómetros de doble vía, con 5 estaciones y 3 paraderos y que irá del aeropuerto de Cancún hasta el libramiento a Tulum. El Ejecutivo federal aclaró que hasta el momento no existen problemas legales para la construcción de los primeros tres tramos del Tren Maya, que van de Palenque a Mérida, en Yucatán y hasta Cancún, en Quintana Roo.
La población en el sureste no se opone al Tren Maya
En la construcción del Tren Maya no hay ningún obstáculo legal y tampoco negativa de la población, subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador al ratificar que esta megaobra será inaugurada conforme a lo previsto a finales del año entrante. Al hablar del tema, una de las principales obras de su administración, dijo que la protesta por uno de los siete tramos previstos (área Cancún-Tulum) es por mala fe o desinformación, pero también por una actitud clasista, al dar por sentado que los pobladores no defienden lo suyo. “¿Ustedes creen que podríamos hacer una obra sin el consentimiento de la gente?” El mandatario hizo referencia a la aplicación de consultas con base en lo cual se inició la obra, y la certeza de que la mayoría de los habitantes está a favor del tren.
Diseña España Plan de Choque contra alza de precios
El presidente del gobierno español anunció un plan de choque para abaratar el precio de la electricidad y los combustibles, que están asfixiando a la mayoría de la ciudadanía y que han disparado la inflación por encima de 7.5 por ciento. Las medidas, que todavía requieren la aprobación del Consejo de Ministros, el aval del Parlamento y en algunos casos la aceptación por parte de la Unión Europea (UE), contemplaría un gasto público de unos 16 mil millones de euros, de los cuales se calcula que 6 mil serán para ayudas directas y 10 mil en la reducción de la carga impositiva y los créditos públicos para empresas con problemas contables. Entraría en vigor en junio de este año para beneficiar a todos aquellos que hayan logrado sobrevivir hasta entonces. El contexto es cada día peor. El precio de la electricidad se está pagando en las semanas recientes en más de 400% más que hace un año, la gasolina o el diésel están 125% más caros que hace un año y la canasta básica ya se paga 30% más que hace un año. Y los salarios de los trabajadores apenas se han incrementado, al tiempo que los impuestos han aumentado en varios rubros. Entre los pocos detalles que se desvelaron, el gobierno prevé una bonificación de hasta 20 céntimos en cada litro de combustible, que supondría un mínimo desahogo sobre todo para los sectores que dependen de esta fuente de energía. En cualquier caso, el precio medio del litro de gasolina ha pasado a costar, en menos de un año, de 0.89 euros el litro a dos euros, con lo que una reducción de 20 céntimos es sensiblemente inferior al incremento que se ha registrado.
AMLO se reunirá con Alfaro y García para tratar falta de agua
El presidente López Obrador se reunió el día de hoy con los gobernadores Samuel García y Enrique Alfaro, esto con el fin de tratar la falta de agua en Nuevo León y Jalisco. El mandatario señaló que aunque el principal problema de abastecimiento lo enfrenta Nuevo León, también se está atendiendo el caso de Jalisco. En Nuevo León ya hay un plan conjunto en el que el gobierno federal ha invertido 2 mil millones para surtir de agua a Monterrey y lo va a seguir haciendo. Reiteró que desde que “El Bronco” gobernaba Nuevo León el gobierno federal ha mostrado su disposición por ayudar en este tema, “lo primero es el agua, es un derecho universal”, recalcó.
CORRUPCIÓN, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Investigan a mandos de Semar presentes en Cocula
Los mandos de la Secretaría de Marina-Armada de México a cargo de la zona en donde desaparecieron los 43 estudiantes de Aytoztinapa, en septiembre de 2014, están siendo investigados, señaló hoy el presidente López Obrador, un día después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes difundió un video – hasta ahora desconocido- en el que se ve la participación de miembros de la Marina en el basurero de Cocula, lugar con base en el cual se generó la ‘verdad histórica’ o la oficial del sexenio pasado. “Sobre ese video al que haces referencia, de la Marina, me lo mostraron y se dio la instrucción que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la fiscalía (General de la República), todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo. “No puedo decirles más que está abierta la investigación y tenemos el compromiso con los padres, las madres de los jóvenes, de llegar a saber todo sobre la desaparición de los jóvenes y, a diferencia de antes, cuando el país sólo se dedicaba a aplaudirle a los anteriores presidentes, ahora no hay impunidad para nadie”, señaló López Obrador.
AMLO le revira a Eugenio Derbez por Tren Maya
Luego de las declaraciones del cómico Eugenio Derbez, quien aseguró en entrevista que nadie le paga por ‘defender’ el medio ambiente. Ya que él no recibe ‘sobres amarillos’, en alusión al hermano del Presidente López Obrador y el escándalo mediático por supuestos sobornos a morena. El presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió al actor y señaló que los “sobres amarillos ya pasaron de moda”, pues ahora lo que él recibe son transferencias electrónicas; a la vez que lo acusó de recibir dinero para hablar mal del proyecto del Tren Maya. El mandatario aseguró que pese a las críticas y los pronósticos negativos para su gobierno, se han superado las crisis de salud, la de seguridad y la económica; razón por la que los “pseudoambientalistas” están en contra de varias de sus obras. “Ahora que estamos inaugurando obras contra éstas salen los pseudoambientalisas, además con mucho dinero de por medio estas campañas financiadas. Dice un actor: ‘yo no recibo sobres amarillos’. No, son transferencias electrónicas, eso de los sobres amarillos ya pasó de moda”, dijo. “A los fachos no les gusta que diga ‘abrazos no balazos’, ¿qué significa esto? Atender las causas, la pobreza, la desigualdad, atender a los jóvenes”, explicó
Decomisan flotilla de pipas para huachicol en Tlaxcala
En un operativo donde participaron fuerzas federales en coordinación con el nivel estatal y municipal, se logró el decomiso de siete pipas cargadas con “huachigas”, deteniéndose a 2 personas. De acuerdo con los primeros reportes, las pipas fueron vistas estacionadas sobre un camino de terracería cerca de la comunidad de Mazapa, en Tlaxcala. Los agentes se acercaron a realizar una inspección y corroboraron que las unidades eran utilizadas para el almacenaje y distribución ilegal de gas LP. Por estos hechos se logró detener a dos sospechosos, quienes fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. El estado de Tlaxcala se encuentra entre las entidades donde más se realiza el robo de gas LP, de acuerdo con información de Milenio, de enero a septiembre de 2020 se aseguraron 79 tomas clandestinas.