Algunos están en busca de cargos de elección popular para el proceso electoral de este año
El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, Homero Flores Mier, dio a conocer que esa instancia cuenta con 300 denuncias en contra de funcionarios municipales tanto activos como de administraciones anteriores, a las cuales se está dando seguimiento mediante la recabación de pruebas e indicios que pudieran demostrar la participación de estos servidores públicos en diferentes hechos de corrupción, en cuyo caso se llevará a cabo la aplicación de la ley en forma contundente, según manifestó.
El Fiscal Anticorrupción señaló que estos casos corresponden en su mayoría a municipios ubicados en las regiones Sureste, Laguna, Centro y Norte del estado y están relacionados con la comisión de delitos que incluyen contrataciones ilícitas, enriquecimiento ilícito, peculado y desvío de recursos.
Homero Flores Mier dijo que incluso algunos de estos funcionarios están en la búsqueda de contender por diferentes cargos de elección popular dentro del proceso electoral de este año, lo que aseguró, no les garantiza ningún tipo de inmunidad, e indicó que en caso de que llegara a determinarse contra ellos la vinculación a proceso, se aplicarán medidas cautelares, que pueden ir desde una prisión preventiva, el uso de brazalete electrónico, o la prisión preventiva dependiendo de la gravedad y los elementos que se hubieran justificado.
“El hecho de que quieran los alcaldes, alcaldesas o funcionarios estatales competir por un cargo de elección popular no les da inmunidad. No estamos haciendo nosotros una cacería de brujas, vamos a estar aplicando la ley, ahorita estamos haciéndonos de elementos de prueba, de indicios, recabando hechos de diversas denuncias, tenemos alrededor de 300 denuncias en contra de administraciones municipales de los últimos años, inclusive pasadas y actuales”, expuso el Fiscal Anticorrupción.
“Entonces, que no vayan estos funcionarios a querer luego buscar vacunarse en el sentido de que los están persiguiendo, se trata de un ejercicio democrático, estamos para defender nosotros el estado de derecho y también les sirve a los ciudadanos, tenemos que invitar a los ciudadanos en esta época electoral que denuncien los hechos de corrupción ya que se puede prestar al uso de recursos públicos o al desvío de recursos públicos en entidades estatales o municipales”, puntualizó.
Además, recordó que, al momento, también hay 8 ex alcaldes de Coahuila que cuentan con medida cautelar.
“Definitivamente tenemos que aplicar la ley, contamos ya con hechos contundentes que se han denunciado por parte de ciudadanos, por la misma Auditoría Superior del Estado y en ese sentido vamos a estar trabajando en la implementación de estos delitos o conductas, nosotros siempre hemos sido imparciales y velando por el estado de derecho”, declaró Flores Mier. (ÁNGEL AGUILAR/ EL HERALDO)
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, exhibió por cuenta propia un acuerdo firmado por él, Alejandro “Alito” Moreno y Manolo Jiménez, actual gobernador de Coahuila, en el que pactaban repartirse desde los cargos en las notarías, recaudadoras y organismos autónomos, hasta una magistratura y las direcciones en planteles educativos y universidades.
Al inicio de esta semana trascendió un conflicto entre el PRI y el PAN en Coahuila, donde Manolo Jiménez, gobernador coahuilense del tricolor, declaró para Milenio que el PAN no podía exigir más posiciones porque no alcanzó el 20% de la votación que habían acordado, pues sólo pudo conseguir un 6%. Empero, aseguró que la relación entre los dos partidos en el estado era “muy buena”.
Las declaraciones del priísta irritaron a Marko Cortés, quien pensando que sería una buena respuesta, exhibió el acuerdo electoral firmado por ambos partidos. El argumento del panista era que en ningún momento acordaron un porcentaje de votos, por lo que no aceptarán menos de lo que está en el papel.
Es una verdadera pena que el recién entrado gobernador @manolojim mienta con tal facilidad; quien miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho.
El acuerdo político firmado por el hoy gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral.… pic.twitter.com/RQT42THc3u
Sin embargo, el tiro pareció salirle por la culata, pues terminó por exhibir la manera en la que los viejos partidos de la época neoliberal “se reparten” las posiciones importantes en el estado. Pues en el acuerdo se puede leer que por ejemplo, el PAN exigió al PRI obtener el 20% de las subsecretarías, mismo porcentaje de los órganos descentralizados, de los desconcentrados y las direcciones de Coahuila.
Pero no es lo más grave, pues en el rubro 5, el PAN también exige al Instituto de Transparencia, ese organismo que en lo federal han defendido por su supuesta “imparcialidad“. Además, el partido blanquiazul exige el 20% de los Registros Civiles y de las oficinas de recaudación.
Por si no fuera poco, Marko Cortés hizo público que también se repartió con el PRI por lo menos 6 notarías y el 20% de las direcciones de planteles educativos y universidades.
En el último punto exigido para 2023, el PAN pidió la ratificación de “Bernardo con Magistrado”, haciendo mención de otro de los Poderes que la oposición se ha enfrascado a defender, sin cuestionar, a capa y espada; el Poder Judicial. Poder que a decir de la oposición es “independiente” e “imparcial”.
Sobre el asunto, se pronunciaron diversos personajes de la política mexicana, pues hubo quien se burló del dirigente del PAN por exhibir los moches y la repartición de posiciones. Por su parte, hubo otros que le pidieron “discreción” al panista quien no se ha pronunciado más que para advertir al PRI, que si no se cumple con lo acordado la alianza acabará en Coahuila.
Una vez más, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se ve envuelta en serias acusaciones de desvío de fondos. Reveló la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que existe un monto sin solventar por parte de la institución educativa por 613 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto al descubierto una serie de irregularidades financieras en la Cuenta Pública 2022, ascendiendo a 628 millones de pesos en el Gasto Federal sin aclarar por parte de Coahuila. Alarmantemente, casi el 98% de estas irregularidades recae sobre la Universidad Autónoma de Coahuila.
El reciente informe de la ASF destaca a Coahuila como una entidad con señalamientos significativos por malos manejos de recursos públicos durante el año pasado. En la revisión 722, las autoridades de la ASF han señalado a la Universidad Autónoma de Coahuila por la falta de documentación justificativa y comprobatoria en el gasto de Participaciones Federales y Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, sumando 224.4 millones de pesos.
Adicionalmente, la Universidad realizó pagos por 368.8 millones a 2,130 empleados con múltiples puestos de trabajo y 3.3 millones a 22 trabajadores que solicitaron licencias con goce de sueldo.
La ASF, en auditorías realizadas desde 2016 hasta 2022, ha revelado un panorama cuestionable sobre la transparencia y rendición de cuentas de la máxima casa de estudios. Las observaciones, relacionadas principalmente con la falta de documentación y transparencia en la gestión de recursos, han arrojado dudas sobre la administración financiera de la universidad.
Estas irregularidades, sumadas a la ineficacia en la gestión de recursos, han minado la confianza en la institución educativa. La Universidad Autónoma de Coahuila se enfrenta no solo a la posible pérdida de recursos, sino también a una amenaza para su reputación y la confianza de sus estudiantes y la comunidad en general.
Los resultados de la ASF subrayan la urgencia de abordar la transparencia, rendición de cuentas y eficiencia en el uso de recursos en la Universidad. La falta de transparencia en los procesos de adquisición y documentación de gastos plantea cuestionamientos persistentes sobre el manejo de los recursos públicos y la eficiencia en la gestión financiera.
Este escándalo ha generado indignación y llamados a una investigación completa para esclarecer las irregularidades en el manejo de los recursos de la UAdeC.
La corrupción en la UAdeC no es nueva, se remonta a décadas anteriores, lo que ha llevado a la institución a una crisis económica.
El escándalo destapa una historia de corrupción arraigada en la UAdeC, y a medida que se desarrolla la investigación, se espera que se revelen más detalles sobre cómo la universidad ha sido utilizada para el enriquecimiento de unos cuantos políticos a lo largo de los años.
La corrupción en la UAdeC se ha institucionalizado durante décadas: desvíos de recursos, funcionarios universitarios implicados, directores de escuelas y facultades comprometidos, y saqueos perpetrados por gobernadores en turno han marcado la historia de la universidad desde el siglo pasado.
UAdeC, la caja chica de gobernadores
En lugar de ser un centro de excelencia académica, la UAdeC ha sido utilizada como un botín económico y político. Sin ir tan lejos, está el caso del exgobernador Humberto Moreira Valdés, quien convirtió la UAdeC en su caja chica con la colaboración de Héctor Javier Villarreal Hernández, su entonces Secretario de Finanzas (y que actualmente se encuentra preso en Estados Unidos por malversación de fondos) exigía cuantías millonarias a los rectores en nombre del gobernador.
Además, la crisis económica actual de la UAdeC se agrava por una enorme nómina de “aviadores” y funcionarios que cobran sin trabajar. El tesorero, Jorge Alanís Canales, estima que se requerirán 420 millones de pesos este año solo para el pago de pensiones. La práctica de insertar a amigos en la nómina de la universidad por parte de gobernadores ha perdurado a través de diversas administraciones estatales.
A pesar de un presupuesto anual considerable de 3 mil 626 millones de pesos, comparable al de los municipios de Saltillo, la UAdeC arroja modestos resultados académicos. El actual rector, Salvador Hernández Vélez, ha intentado desviar la atención con inventados rankings positivos, pero la realidad detrás de la situación es innegable.
Para que la corrupción en la UAdeC llegue a su fin y la institución pueda enfocarse en sus funciones fundamentales como la formación de profesionistas, la academia, el pensamiento crítico, la cultura y la investigación al servicio del pueblo trabajador, es necesaria la organización democrática e independiente de estudiantes, profesores y trabajadores, para exigir que sea la comunidad universitaria la que maneje la administración de los recursos públicos.
La politiquería de los grupúsculos priistas debe ser rechazada y enfrentada con la movilización en las calles y la unidad entre estudiantes y trabajadores, reconociendo que la corrupción es un lastre para el desarrollo de toda la comunidad escolar.
En ninguna de las declaraciones de bienes del mandatario saliente de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, se registran las empresas que su esposa y sus hijas crearon durante su administración, ni se aclara por qué reporta ingresos superiores a su sueldo de gobernador.
SALTILLO, Coah., (Proceso).- Termina el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, durante el cual su esposa, sus dos hijas y hasta el yerno crearon cinco empresas, de las cuales dos son constructoras, pero ninguna de éstas aparece en su última declaración ni en las anteriores.
Tampoco se reportan ingresos adicionales a los de su sueldo como gobernador, pese a que su esposa, Blanca Marcela Gorgón Carrillo, figura en tres de los negocios en los que es accionista.
En sus declaraciones patrimoniales, el gobernador prii bajosta reportó ingresos de siete millones 413 mil pesos en 2022, sólo por su salario, y en 2023 termina con cuatro millones 945 mil pesos, cuando su ingreso anual era oficialmente de menos de un millón 300 mil pesos.
Riquelme Solís concluyó el jueves 30 su periodo y, aunque se le menciona para incorporarse a la campaña de la precandidata de la alianza Va por México, Xóchitl Gálvez, él asegura que no ha sido requerido.
También se le considera posible candidato para recuperar la senaduría por el estado que desde hace varios años mantiene la oposición.
El 1 de diciembre de 2017, Riquelme Solís asumió la gubernatura y apenas dos meses después su hija menor, Graciela Riquelme Gorjón, en ese entonces de 21 años, creó la empresa Deleite Azteca, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad.
En el documento correspondiente Riquelme Gorjón se identificó como comerciante junto con su socia Ileana Guajardo Montoya, pero en julio 20 de 2019 ésta vendió su única acción a la descendiente mayor de Riquelme Solís, Marcela Alejandra.
Dicha empresa fue creada con un capital social mínimo de 50 mil pesos y cuenta con una licencia de restaurante bar. El establecimiento está en el llamado Paseo Morelos de Torreón, sector comercial construido cuando el padre de ambas fue presidente municipal y su giro en realidad es de postrería.
Como administrador único aparece Javier Lechuga Jiménez-Labora, quien fue funcionario de Riquelme Solís en el ayuntamiento torreonense y hoy es el tesorero en el Congreso del Estado.
Además, el 17 de marzo de 2018 se registró la empresa MRiquelme S.A. de C.V, con las dos Marcelas, madre e hija, como socias.
El objeto de este negocio es diseño, creación de alhajas, maquila, aleación, importación y exportación de materiales y suministros para la joyería. También adquirir, vender, usufructuar toda clase de bienes muebles e inmuebles, tramitar permisos, franquicias, concesiones y celebrar toda clase de negocios sobre la propiedad industrial, entre otros.
Marcela Alejandra es diseñadora de joyas y su trabajo se dio a conocer en 2009, en un evento denominado “Brillos del Desierto”, que financió el gobierno del estado y se realizó en las Dunas de Bilbao, municipio de Viesca.
El 1 de junio de 2018 el esposo de Marcela Alejandra, Enrique Alcorta Núñez, tramitó en el Registro Público de Comercio la empresa Edificaciones del Noreste y Soluciones Arquitectónicas. El matrimonio se realizó dos meses antes del inicio de la administración de Riquelme Solís.
Como socio de dicha firma aparece Saúl Bañuelos Aspiazu, compañero del yerno de Riquelme en la dirección de Obras Públicas del municipio de Torreón, donde ambos son supervisores de proyectos.
El 6 de diciembre de 2019 fue registrada la empresa corporativo Adoria Mx, una sociedad integrada por la esposa y la hija mayor de Riquelme Solís. Sólo de esta empresa se hallaron actividades comerciales públicas.
La firma se dedica a la elaboración de piezas de joyería y orfebrería, pero posteriormente amplió su objeto social y se dedica a la venta también de lámparas, candiles, esculturas, pinturas, alfombras, telas, tapices, venta de perfumes, artículos decorativos, cosméticos, jabones, ropa, calzado, bisutería, hasta comercialización de semillas, plantas, fertilizantes, insecticidas, figuras de fieltro, juguetes, y peluche entre otras cosas.
En esta empresa también aparece como apoderado Javier Lechuga Jiménez.
La compañía de más reciente creación (12 de octubre de 2020) es la Constructora RG de la Laguna, en la que aparece la esposa de Riquelme Solís como socia de Graciela, su hija menor.
Empresas dudosas
Aunque las firmas, principalmente las constructoras, no aparecen en el listado de contratistas ni en la asignación de obras del gobierno estatal, algunos de esos trabajos se dejaron en manos de empresas que antes se dedicaban a vender bolos al gobierno estatal o bien empezaron a trabajar en el sexenio que termina y están en proceso de disolución.
Icifed. Contratos anómalos
Un ejemplo son los contratos para rehabilitar carreteras, o pavimentar calles y hasta construir aulas que se otorgaron a Karla Cecilia del Bosque de Luna, quien de 2019 al presente año obtuvo 29 encargos por más de 37 millones de pesos sólo por parte de Instituto Coahuilense de Infraestructura Física y Educativa (Icifed).
Su giro es la venta de material de ferretería, pero antes del gobierno de Riquelme Solís vendió a la administración estatal bolos para las fiestas del Día del Niño y Navidad.
La Constructora Valle de Chapala, que cuenta con una escritura de creación desde 2004, se registró oficialmente en 2020 y desde entonces ha obtenido 18 contratos por 24 millones 479 mil pesos. Ahora está en proceso de disolución.
Otro ejemplo es el del actual secretario de Infraestructura, Miguel Ángel Algara Acosta, quien en 2019, un año antes de asumir el cargo, obtuvo para la empresa Ingeniería Eléctrica y Multiservicios varios contratos por casi ocho millones de pesos.
La empresa fue creada en 2015 y la maneja el hijo de Algara Acosta, quien también fue funcionario cuando Riquelme Solís era presidente municipal de Torreón.
Ayer, la titular de la Suprema Corte aseguró que no le fue posible acudir “ante la falta de condiciones para llevar a cabo un diálogo institucional entre Poderes”, por lo que no asistirá al Senado.
Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana un decálogo de preguntas que le haría a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre su salario y las decisiones que han favorecido a presuntos delincuentes.
Durante su conferencia de prensa, mencionó que no hace falta que la Ministra presidenta Norma Piña Hernández vaya a entablar un diálogo con el Senado, pues consideró que sólo es “espectáculo”.
“Yo pienso que no hace falta [que Ministra presidenta vaya al Senado], y que es más espectáculo y puede significar falta de respeto a quienes asisten. Sí se puede argumentar. Lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales. Nada más es eso lo que tienen que hacer”, dijo el mandatario.
“Y que expliquen por qué hay tanta corrupción en el Poder Judicial; por qué liberan a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco; por qué nunca en los últimos 20, 30, 40 años, han hecho nada en beneficio del pueblo. Nada y sólo se han dedicado a legalizar, a legitimar los robos de la pandilla de rufianes que mal gobernaba México. Eso es lo que tienen que explicar”, pidió.
López Obrador cuestionó el porqué si el dinero que perciben es de los impuestos de las personas, sólo benefician a la oligarquía, y reiteró que las y los ministros no tienen que ir al Senado a defender los 13 fideicomisos que Morena busca eliminar del Poder Judicial.
“¿Cómo es que reciben estos sueldos, viven colmados de privilegios, y están ahí para servir a la oligarquía y a los corruptos? Si les paga el pueblo, si se supone que es el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no hace falta que vayan al Senado a exponerse a que les falten al respeto. Eso lo pueden hacer en una rueda de prensa”, aseguró.
El Jefe del Ejecutivo federal explicó que los fideicomisos del Poder Judicial son como un “guardadito” porque aunque no se ocupe ese dinero excedente, no se regresa al presupuesto, sino que se destina a los privilegios de las y los ministros.
“Es un ‘guardadito’, aparte del presupuesto. Esto es lo que han venido aumentando los fideicomisos. Es el dinero que guardan año con año. Es especulativo. Esto es ilegal. No hay ningún fundamento legal para que el Poder Judicial tenga esto. Todas las instituciones del Gobierno federal, de los tres poderes, tienen que regresar lo que no ejercen en sus presupuestos, año con año. Y ellos no regresan nada”, acusó.
Asimismo, el Presidente de México compartió un decálogo de preguntas para hacerles a las y los ministros del Poder Judicial:
1. ¿Por qué ganan 700 mil pesos?
2. ¿Por qué nunca se castiga a jueces, ni magistrados, ni a ministros por corrupción?
3. ¿Por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza de [Genaro] García Luna?
4. ¿Por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides?
5. ¿Qué han hecho, qué han legislado, qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México? Enlisten 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 36 años.
6. ¿Por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo?
7. ¿Por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores?
8. ¿Por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la Guardería ABC?
9. ¿Por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero del actual Presidente de la República cuando era Jefe de Gobierno?
10. ¿Por qué en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco, los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados? Como fue el caso de Raúl Salinas y otros.
“También preguntarles qué les parece que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros”, agregó.
Este martes 24 de octubre se discutirá en el Senado, primero en comisiones y después ante el pleno, la minuta de la Cámara de Diputados con la que se extinguen 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
MINISTRA PRESIDENTA NO ASISTE AL SENADO
Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la SCJN, dio a conocer ayer que no acudiría al Senado de la República para debatir sobre la posible extinción de los 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), luego de que recibiera una invitación de los grupos parlamentarios para acudir.
A través de una carta, la titular de la Suprema Corte explicó que a pesar de recibir una invitación firmada por el Senador morenista Alejandro Rojas Díaz Durán, a nombre del grupo parlamentario de dicho partido; así como por parte de los coordinadores parlamentarios Julen Rementería y Manuel Añorve, de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), tuvo que rechazar la invitación pues el Coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, aseguró que no existía una invitación formal y la ausencia de un acuerdo entre el grupo de morenistas para ello.
“Derivado de las manifestaciones públicas del Coordinador Parlamentario de Morena, en las que rechazó que haya una invitación formal y expresó que no hay un acuerdo de su Grupo Parlamentario en este sentido, estoy imposibilitada para acudir en representación del PJF, ante la falta de condiciones para llevar a cabo un diálogo institucional entre Poderes”, expresó.
Sin embargo, reiteró su disposición y apertura al diálogo “respetuoso” para discutir lo necesario, esto siempre bajo las condiciones institucionales existentes, la pluralidad existente y que se deje en claro “el marco normativo que fundamenta el encuentro entre poderes”.
Finalmente, afirmó que el proceso legislativo de votación de los fideicomisos y la discusión del proyecto del presupuesto del PJF pone en juego la división de poderes, “la salvaguarda del orden constitucional”; así como el ejercicio y protección de los derechos humanos de todas y todos.
EL PJF NO ES OPOSICIÓN, ASEGURA NORMA PIÑA
Previo a la sesión del Pleno, la Ministra Presidenta, Norma Piña, envió un mensaje a las y los trabajadores del #PJF y a la ciudadanía, luego de las manifestaciones que se llevaron a cabo ayer. pic.twitter.com/kqvyjVb7Of
Ayer, la Ministra presidenta había enviado un mensaje a los poderes Legislativo y Ejecutivo, en donde aseguró que el PJF no es oposición política ni tampoco un adversario a los otros dos poderes.
“Con el mayor respeto republicano, me dirijo a los otros Poderes de la Unión, con la convicción plena de que el Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario”, dijo durante un mensaje realizado en el pleno de la Suprema Corte.
Además, reconoció la manifestación realizada el pasado domingo 22 de octubre por trabajadores del PJF hacia el Zócalo de la Ciudad de México, esto en protesta de la posible extinción de 13 fideicomisos que cuenta el Poder Judicial.
“Sin ustedes no hay Poder Judicial. Son ustedes, no sólo el capital humano de este Poder del Estado, sino el motor que nos permite cumplir con nuestras atribuciones y obligaciones”, añadió.
Norma Piña es la Ministra presidenta de la SCJN. Foto: SCJN vía Cuartoscuro.
Asimismo, hizo un llamado a la unidad dentro del Poder Judicial porque afirmó que lo que “está en juego” son los derechos de las personas, por lo que reiteró la necesidad de “trabajar juntos”.
MARCHAN BURÓCRATAS DEL PJF
El pasado domingo 22 de octubre, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) salieron a las calles de las principales ciudades del país para participar en una megamarcha a la que se sumaron el empresario Claudio X. González Guajardo, y organizaciones como Chalecos México, Unidos y Sociedad Civil México, en protesta por la extinción de 13 fideicomisos que la Cámara de Diputados ya aprobó y que el Senado discutirá hoy martes.
En la movilización también estuvieron el Ministro de la Corte Juan Luis González Alcántara Carrancá y el Ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: SCJN, Cuartoscuro.
El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) –que inició desde el 17 de octubre un paro de labores que culminará el 24 de octubre– convocó a una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo, en la Ciudad de México, y posteriormente se fueron sumando organizaciones en apoyo que terminaron por tomar la batuta de la protesta.
Las y los que protestaron aseguraron que salen a las calles a defender la autonomía del Poder Judicial.
Vestidos de blanco y con consignas como “#TodosSomosPJF”, “#YoDefiendoAlPoderJudicial” y “#FuerzaRosa”, los integrantes de estas organizaciones se dieron cita en el Monumento a la Revolución en solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial, quienes también portaban pancartas en donde pedían respeto a la división de poderes y a sus derechos.
La protesta que sacó a las calles a trabajadores del Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil es una: la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que la Cámara de Diputados aprobó el pasado 17 de octubre.
Mientras diputados de Morena y aliados (PT y PVEM) argumentan que estos fideicomisos son “privilegios” que benefician exclusivamente a altos cargos como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o magistrados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), trabajadores del Poder Judicial aseguran que son sus “derechos adquiridos”.
Las diputadas de morena, Olga Juliana Elizondo y Valeria Santiago Barrientos, acusaron al exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de presuntas irregularidades que superan los 224 millones de pesos.
De acuerdo con las diputadas de Morena, en 2022 y todavía durante el periodo de Lorenzo Córdova, el INE proporcionó 224 millones 419 mil 742 datos a verificar y debía recibir la misma cantidad de dinero, ya que el cobro por dicha verificación es de un peso. Sin embargo, sólo confirmó 50 millones 325 mil 152 pesos.
Las legisladoras morenistas acusan a Lorenzo Córdova y al servicio de verificación han sido utilizados en “total opacidad”, ya que según su información, no contaron con los mecanismos establecidos por la ley que permitan la correcta rendición de cuentas, además de sancionar a “quienes ilícitamente se hayan enriquecido a costa del servicio público”
Dicha información fue proporcionada por las legisladoras de Morena, quienes realizaron una solicitud de información ante Transparencia (330031423000350), con la finalidad de conocer los recursos recaudados por el fideicomiso ‘Fondo para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y para la atención ciudadana y mejoramiento de módulos del Instituto Nacional Electoral’.
Tras los señalamientos que hicieron las diputadas de Morena sobre presuntas irregularidades por 224 millones de pesos, el exconsejero presidente Lorenzo Córdova no ha emitido ningún señalamiento.
La corrupción en el Poder Judicial de la Federación floreció desde que la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Cuando estaba Arturo Zaldívar, si había un juez que estaba actuando de manera corrupta, se podía hacer algo. Bueno, un ministro [Eduardo Medina Mora] acusado de corrupción presentó su renuncia en ese entonces. Pero ya a partir de que llegó la nueva presidenta” ya no, señaló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Agregó que esta observación en torno al actuar de Norma Piña no es un asunto personal, porque él no tiene odio contra nadie, sino que es un asunto de interés público. Y explicó que para tener fuerza, la ministra presidenta de la Corte “los deja en completa libertad a los jueces, y ya los jueces hacen lo que quieren. Y a partir de entonces [de que ella asumió la titularidad de la Corte] empiezan a liberar a presuntos delincuentes y empiezan a degradar aún más el Poder Judicial”.
En ese contexto, el primer mandatario criticó que tan sólo un mes después de que Piña Hernández se convirtió en la cabeza del Poder Judicial, mientras en Estados Unidos un jurado encontró culpable al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, de conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar cocaína, en México se le descongelaban las cuentas bancarias el mismo día. “¿en qué cabeza cabe que el día que están juzgando en Estados Unidos a García Luna aquí le están liberando las cuentas a su esposa? O sea, es un desaseo completo”.
La crítica de López Obrador fue más allá, al recordar la reciente contratación de Ricardo Márquez Blas por parte de la ministra presidenta: “¿en qué cabeza cabe contratar a uno de los brazos derechos de García Luna para ser como el jefe de oficina, jefe de oficina de la presidencia de la Corte?”
Asimismo, el presidente reprobó el manejo del presupuesto en el Poder Judicial, pues los ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral y consejeros de la Judicatura llevan cuatro años ganando cinco veces más que él, en franca violación de la Constitución Mexicana. “¿Qué, no podían presentar un presupuesto con un plan de austeridad, si además del presupuesto y del aumento que están solicitando del presupuesto tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos? Es mucha prepotencia, mucha arrogancia, pero también falta de respeto a la gente, y todo porque se sienten protegidos por la oligarquía. Ojalá y ellos recapacitaran”.
Acerca de la solicitud de presupuesto del Poder Judicial, el primer mandatario indicó que “no se trata de que no tengan para el cumplimiento de sus funciones, incluso que tengan sus sueldos y lo que requieren, pero no en exceso. ¡Cómo va a ser Suprema Corte de Justicia! Tienen ahí a Juárez. ¿Qué, no saben que Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía? ¿O en quiénes se inspiran? O sea, a ver, ¿quiénes son sus guías? ¿O es así el derecho, en abstracto? ¿No tiene que ver el derecho con la gente? ¿No tiene que ver el derecho con la justicia? ¿No tiene que ver el derecho con la honestidad?”
Por ello, consideró que el tema es muy importante. “Y nosotros no vamos a recortar su presupuesto, va a ser seguramente la Cámara de Diputados porque la Cámara de Diputados sí tiene facultad. Pero son capaces, y es lo que hay que ver, si aceptan la decisión de la Cámara de Diputados o se amparan, buscan un recoveco, una interpretación”.
Denuncias penales, multas, falta de liquidez y más de 6 mil millones de pesos sin comprobar es lo que deja el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en Coahuila.
El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, pasará a la historia por heredar un desastre económico en la entidad por el pésimo manejo de las finanzas estatales.
Debido a esta situación, durante el segundo semestre del 2022, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, 63 denuncias penales correspondientes a revisiones de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020 según el Informe de Actividades del 2022 y el Estado que Guardan las Cuentas Públicas.
Dicho documento se publicó durante el pasado mes de mayo, sin embargo, en este informe no se precisa cuáles entes públicos son y los montos correspondientes a cada denuncia.
El 26 de mayo del 2022 se presentaron dos denuncias; el 15 de julio se hicieron las entregas de 48 denuncias; mientras que el mismo mes, pero el día 26, otras 10 denuncias.
Las últimas tres fueron presentadas el día 23 de agosto, todas ante la misma instancia: la Fiscalía Anticorrupción.
Al menos durante el 2022, la ASE emitió 16 multas por incumplimiento a requerimientos de información. Foto: Especial
Suspensión de 30 a 90 días naturales; destitución, sanción económica; inhabilitación temporal de 1 a 20 años, según el monto; y de 3 meses a 1 año en caso, de no causar daños y perjuicios, ni exista beneficio o lucro.
De acuerdo con medio locales, Del 2013 al 2022, la ASEC ha presentado más de 430 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y Fiscalía Anticorrupción, todas con base en la revisión de las cuentas públicas, así como también por orden de revisiones específicas derivadas de puntos de acuerdo aprobados en el Congreso del estado.
Las Multas
En dicho informe también se señala que al menos durante el 2022, la ASE emitió 16 multas por incumplimiento a requerimientos de información y presentación de avances de gestión financiera.
De las 16 multas, 14 fueron por incumplimiento a los requerimientos de información formulados por la ASE y dos por falta de presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera y/o Cuenta Pública.
Dichas sanciones obedecen a faltas dentro de los artículos 11 y 84 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado que establece que si con motivo del ejercicio de las funciones de la ASE se advierte infracciones a dicha ley, ésta tendrá la facultad de imponer sanciones pecuniarias.
Poderes de Coahuila sin dinero para pagar
De acuerdo al resumen ejecutivo de los resultados del Análisis al Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) correspondiente al primer trimestre del 2023, los tres poderes del estado no contaron con liquidez para satisfacer sus compromisos financieros a corto plazo.
La liquidez es la capacidad que tiene la entidad pública para pagar sus compromisos financieros a corto plazo.
“Al 31 de marzo de 2023, en términos globales los poderes del estado no contaron con liquidez (0.82 pesos), dos poderes no contaron con activos circulantes suficientes para cumplir con sus compromisos a corto plazo, mientras que el restante reveló contar con capacidad de pago”, señala el documento.
Los activos circulares son los recursos controlados por un ente público en términos monetarios y de los que se esperan beneficios económicos y sociales futuros, de fácil disponibilidad, en un plazo menor o igual a doce meses.
Los nuevos créditos deberán pagarse en un año; tres bancos decidieron no prestarle más a #Coahuila, cuyas "insuficiencias de liquidez" cada vez son más graves. pic.twitter.com/fv88SLps87
El Poder Ejecutivo representado por el gobernador Miguel Riquelme, al 31 de marzo de 2023 y 2022, no tuvo la suficiente liquidez para satisfacer sus compromisos financieros.
El Poder Judicial representado al menos por el Tribunal Superior de Justicia, al 31 de marzo de 2023, de igual manera, no tuvo la posibilidad de disponer de dinero suficiente para satisfacer sus compromisos financieros; por el contrario al 31 de marzo de 2022 que presentó una liquidez de 1.08 pesos indicando capacidad de pago a corto plazo.
El Poder Legislativo fue el único que demostró capacidad de solventar sus gastos a corto plazo inclusive mayor al periodo correspondiente del 2022. Al 31 de marzo de 2023 y 2022, presentó una liquidez de 3.98 y 1.15 pesos, respectivamente, indicando capacidad de pago a corto plazo en ambos periodos.
Nueve entes no fueron fiscalizados
Uno de los datos que resaltan en los recientes informes de gestión es que nueve entes no fueron evaluados de los 146 que conforman el estado de Coahuila, por diversos motivos.
Entre ellos se encuentran el Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, mismos que se encuentran en proceso de extinción.
La lista también lo constituye el Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial; Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, Coahuila:; Instituto Municipal de Planeación de Piedras Negras y el Instituto Municipal del Emprendimiento de Torreón.
Dos de las nueve que podrían caer en una infracción más grave son la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila y el Instituto Coahuilense de Cultura pues en los pasados periodos no presentaron avances de gestión financiera.
Dichas irregularidades también serían acreedoras a faltas dentro de los artículos 11 y 84 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.
Irregularidades millonarias
De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gobierno de Miguel Ángel Riquelme ha acumulado erogaciones sin comprobar por el orden de los 6 mil 827 millones de pesos.
El monto pendiente de justificar o solventar, según reportes oficiales de la ASF, asciende exactamente a 6 mil 827 millones 410 mil 053.79 pesos, lo cual significa que el gobierno de Riquelme Solís ha realizado, en promedio, un gasto diario sin comprobar por 3 millones 561 mil 507 millones de pesos.
Dicha información se encuentra en el punto de acuerdo del diputado local Francisco Javier Cortez Gomez que se emitió el pasado mes de abril y en donde exhorta al gobernador a dar una explicación respecto a dichos señalamientos.
La suma total de egresos sin comprobar equivale aproximadamente a lo que el gobierno estatal destinará el 2023 al abono de la megadeuda.
El gobierno de Riquelme ha acumulado erogaciones sin comprobar por más de 6 mil 827 millones de pesos. Foto: Especial
Riquelme, en su primer año fiscal 2018, dejó un monto de 3 mil 555 millones 154 mil 325.13 pesos sin aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación.
Estos recursos obedecían al pago de trabajadores no localizados, ni identificados en sus centros de trabajo; así mismo, se refieren a la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones en servicios personales de cinco entidades públicas del Gobierno del estado de Coahuila.
En 2019 se gastaron irregularmente 416 millones 801 mil 537.76 pesos. Estos recursos estaban relacionados con el pago de trabajos no ejecutados, pagos de 14 acciones de vivienda que no fueron localizadas en la inspección física de obra.
En el 2020, las observaciones sumaron 416 millones 801 mil 537.76 pesos, que corresponden a la falta de aplicación de penas por el retraso en la entrega de bienes del sector salud; pagos a proveedores de los que no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2020.
La Auditoría indicó en su más reciente Cuenta Pública 2021 que el Gobierno de Coahuila tenía pendientes por aclarar o recuperar egresos por mil 215 millones 228 mil 629.75 pesos. Detalló además que los recursos se destinaron al pago de servidores públicos que no estaba contemplado en el fondo del que provino el dinero, el pago de intereses al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Hasta lo que va del año, dicho punto de acuerdo es el único que intentó tocar el tema de las irregularidades y fue votado en contra por la mayoría priista de dicho Poder Legislativo.
El próximo mes de noviembre, será la última comparecencia del gobernador Riquelme Solis ante el Poder Legislativo el cual, a lo largo de la Legislatura ha protegido al mandatario estatal y a su equipo de trabajo de auditorías especiales.
2021, el año de las irregularidades históricas
En la tercera entrega de la revisión de la Cuenta Pública de 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo la observación de más de 61 mil millones de pesos por aclarar en todo el país.
De acuerdo con el documento publicado en medios nacionales, las entidades con mayores observaciones durante el 2021 fueron Michoacán, con 13 mil 737 millones de pesos; Durango, con ocho mil 172 millones; Coahuila, con tres mil 261 millones de pesos, y Puebla, con tres mil 244 millones de pesos.
Dicha anomalías y observaciones coinciden con un registro histórico de denuncias ante la fiscalía anticorrupción dentro de esta entidad.
En el 2021, la ASEC presentó una cifra histórica de denuncias, 79 en total. También se incluyeron los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, y representaron un presunto quebranto a las finanzas estatales por más de mil 764 millones de pesos.
La ASF detectó varias irregularidades en el proyecto agua saludable para la Laguna. Foto: Especial
Agua para la Laguna
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la tercera entrega de la cuenta pública 2021 anunció que en el proyecto agua saludable para la Laguna en Coahuila y Durango no se realizó la planeación adecuada ya que se incumplieron periodos de ejecución y tampoco se acreditó el cumplimiento del programa de erogaciones por 133 millones de pesos de que dispuso.
El proyecto tenía como fin desarrollar infraestructura para suministrar suficiente agua potable para la población de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca, en Coahuila, y Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo, en Durango, indicó la ASF.
“Consiste en aprovechar las aguas superficiales del río Nazas, mediante la construcción de obra de toma, presa derivadora, planta de bombeo, acueducto, planta potabilizadora, tanques de almacenamiento, líneas de conducción y equipos de bombeo”, apuntó la auditoría de cumplimiento e inversiones físicas realizada a la Conagua.
La ASF determinó que el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debía sancionar a los servidores públicos que no efectuaron la planeación adecuada.
En materia de salud “hay mucha charlatanería y mucho afán de lucro en todo lo relacionado con las enfermedades”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y agregó: “uno de los cárteles más lucrativo que hemos enfrentado es el cártel de las medicinas. Estamos hablando de miles de millones de pesos que se robaban. Increíble, se robaban hasta el dinero de las medicinas”.
En su conferencia matutina, indicó que era mucho el dinero público que se destinaba a los 10 distribuidores que controlaban el mercado: “como 200 mil millones de pesos al año, entre medicamentos, equipos, y todo esto lo manejaba un grupo de traficantes de influencia y de políticos corruptos”.
Por ello, el primer mandatario llamó al pueblo de México a tener mucho cuidado cuando escuchen o vean campañas mediáticas relacionadas con temas de salud, tipo las que han circulado sobre supuestos desabastos de medicamentos o estigmatización de vacunas.
López Obrador consideró que el enojo de sus adversarios se debe también a que se les acabó ese negocio de las medicinas, que orquestaron al amparo del poder público. “Eran miles de millones de pesos se robaban, tenían el control por completo, de arriba a abajo, al grado que no podíamos comprar medicamentos en el extranjero. ¿No les parece raro que por un lado se esté hablando de libre mercado y por el otro se cierra el mercado para que sólo se compren las medicinas a 10 empresas, ni siquiera a laboratorios, distribuidoras vinculadas con el poder?”
Asimismo, criticó que esos mismos políticos y empresarios que integran el cártel de las medicinas estaban metidos en los “medios de manipulación, con honrosas excepciones. Un gran negocio. Entonces, cada vez que sale una nota así hay que verlo con desconfianza o de manera precavida. Y más, si se difunde ampliamente. O sea, cuando es así como boletín, que aparece en todos los medios [hay que cuestionar]: ‘¿y estos qué buscan ahora? ¿Qué quieren?’”
Recordó el grave problema de adicción al fentanilo que ahora enfrenta Estados Unidos se derivó de un laboratorio farmacéutico: “creó un analgésico adictivo que causó un daño tremendo, una droga. Hicieron miles de millones de dólares de ganancia, y no sé la cantidad, pero se habla de que ganaron 100 mil millones de dólares y los multaron con 30 mil millones de dólares; de todas maneras, se ganaron 70 mil millones de dólares a costa de la pérdida de miles de vidas. No, es que por eso siempre hablo de delincuencia organizada y de delincuencia de cuello blanco. Y si me dices: ‘¿Cuál es el peor?’, diría: son iguales. Porque la delincuencia de cuello blanco, entre otros males, no pierde ni siquiera su respetabilidad, se hacen pasar como empresarios, como hombres de negocios y, por el lucro causan daño a la sociedad. Pero lo ven como un negocio, y eso pasa mucho en todo lo relacionado con la medicina”.
El titular del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno ha actuado de manera responsable en materia de adquisición de medicamentos y equipos para el sector salud. “Los médicos especialistas del sector salud, los que dirigen la Secretaría de Salud son personas honestas, profesionales, de lo mejor que hay en el país. Este señor [indicó en referencia al doctor Jorge Alcocer, secretario e Salud] es premiado como Premio Nacional de Ciencia, es uno de los investigadores de México más importantes del país y del mundo en su materia, pero sobre todo es un hombre honesto, no tiene nada que ver con estos médicos que se han hecho inmensamente ricos de la noche a la mañana, nada que ver”.
Ante la nueva campaña de desprestigio hacia las vacunas contra Covid-19 desarrolladas en México (Patria) y Cuba (Abdala), López Obrador dijo que las personas nunca han sido impedidas a que accedan a otras marcas mediante la iniciativa privada. Pero añadió que “no hay ninguna necesidad porque nosotros tenemos vacunas y son vacunas certificadas, y es gratuito. O sea, ¿para qué se va a poner otra vacuna si tiene el mismo efecto?, sólo porque se va a ir a pagar”.
Y criticó a “los conservadores corruptos, los que tenían el negocio de la venta de las medicinas y de las vacunas, que ya no pueden robar, [que] están insinuando que la vacuna Abdala, de Cuba, no sirve. Pues no es cierto. Es como cuando se aplicaba la vacuna de Rusia o la vacuna de China, Sputnik, decían: ‘No’. Hay tanta ignorancia, con todo respeto, en ciertos sectores –no estoy generalizando– del conservadurismo que llegaban a decir: ‘me van a vacunar el comunismo, me van a poner el comunismo’. Mucho atraso”.
El presidente López Obrador consideró que esas personas sólo hacen el ridículo. “Y en política se puede hacer todo, menos el ridículo. O sea, es de burla. Si por eso yo me divierto también, no crean que todo es informar, informar, informar, y claro, cumplir con el deber y todo, pero también tiene uno sus momentos de gozo. Es de ver, pero también es a veces reírse, porque son pero muy elementales, muy atrasados. Pero así es esto”.
Conocer las implicaciones de la corrupción en la vida pública del país y generar mecanismos y herramientas para combatirla.
Conceptos y definiciones
Conocer la definición de corrupción y sus elementos para poder identificar estos actos en la vida pública
La corrupción es un fenómeno global que causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y ahuyenta la inversión. A su vez, debilita los sistemas judiciales y políticos que tendrían que estar al servicio del bien público. De acuerdo con Transparencia Internacional, la corrupción se define como «el abuso del poder para beneficio propio» y se clasifica como «corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca». Es un problema que afecta a todas las regiones del mundo y a todos los niveles de la sociedad.
Corrupción es un término que indica frecuentemente el mal uso que un funcionario hace de la autoridad que se le ha conferido, abusando de las conexiones institucionales para beneficio personal, contrariando la ley y los principios morales.
Abuso de poder: Se expresa con el uso de posiciones institucionales, públicas o privadas, con el fin de obtener beneficios grupales o personales.
Carencia y/o debilidades: Los procedimientos y mecanismos institucionales que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones.
Debilidad en los marcos legales: Que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública.
Reforzamiento de las actitudes individualistas: El consumismo, sustituyendo valores éticos como la solidaridad, honestidad y responsabilidad.
La impunidad: Se encuentran los actos de corrupción, sobre todo en la administración pública. Como vemos, la corrupción se expresa de múltiples maneras, siendo algunas de sus expresiones más visibles el tráfico de influencias y la obtención de prebendas personales.
Tipos de corrupción
Corrupción a gran escala
Consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno, mismos que involucran la distorsión de políticas o funciones centrales del Estado y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.
Actos de corrupción menores o pequeña corrupción
Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano de poder por parte de funcionarios públicos de bajo y mediano rango, quienes interactúan con ciudadanos comunes y a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos.
Corrupción política: Manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio.
Corrupción política
Se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas, quienes abusan de su poder y realizan un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anteponiendo sus intereses personales y/o los de sus allegados.
Ejemplos de corrupción
bulletLa extorsión al amparo de altos cargos en la función pública o privada, con el fin de obligar a otras personas a hacer cosas más allá de sus funciones.
bulletLa falsificación de las adjudicaciones públicas, con contrataciones falsas y por fuera de las vías que la ley impone.
bulletEl tráfico de influencias, utilizando los beneficios o las amistades en los cargos jerárquicos para favorecer o perjudicar causas o proyectos.
bulletEl uso ilegal o con malas intenciones de los bienes que han sido conferidos para otro uso.
bulletLa falta de ética, sobre todo en altos niveles jerárquicos. Es delito que un funcionario vea un ilícito y no lo denuncie o advierta.
