Hace dos años el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme anunció la creación de la Secretaría de Inversión Pública Productiva bajo la dirección de Gerardo Berlanga, relacionado en proyectos inconclusos como el Metrobús Laguna y con adquisiciones de contratos a sus cercanos.
En marzo del 2021, el gobernador Miguel Ángel Riquelme anunció la creación de la Secretaría de Inversión Pública Productiva (SIPP) bajo la dirección de Gerardo Berlanga Gotés, funcionario relacionado con varias controversias en proyectos inconclusos en Coahuila como el Metrobús Laguna y con adquisiciones de contratos a sus cercanos para el desarrollo de infraestructura.
Dicha instancia no desarrolló ningún proyecto bajo su dirección y la sola existencia de la SIPP costó más de 57 millones de pesos al erario en dos años y medio. Gotés recientemente acaba de renunciar por motivos personales.
Gerardo Berlanga Gotés forma parte del equipo de trabajo de Riquelme desde que éste era alcalde de la ciudad de Torreón, y bajo su dirección, la Secretaría de Inversión Pública Productiva (SIPP) se encargaría de desarrollar infraestructura pública con presupuesto privado a través de proyectos bajo el concepto de Asociaciones Público Privadas (APP).
— Rancherita del Aire (@rancheritaxemu) June 20, 2023
Coahuila, endeudado
La apertura de la SIPP fue anunciada en medio de la pandemia de COVID-19 dentro de un estado endeudado y en un año con un gran boquete fiscal según la Auditoría Superior de la Federación.
La principal propuesta de la SIPP es el Corredor Económico Norte: una serie de libramientos carreteros alrededor del estado con un valor de mil 500 millones de pesos. Fue propuesto un año y medio después de la creación de la instancia y aún es validado por la Secretaría de Finanzas durante el 2023, pues hasta la fecha no se ha dado ninguna actualización pública al respecto.
Sin haber concretado ningún proyecto, el pasado 19 de junio, durante la rueda de prensa semanal, el gobernador Riquelme anunció la renuncia de Gerardo Berlanga, quien de acuerdo a acusaciones públicas por actores políticos de oposición, es un protegido político del gobernador debido a la información que posee de supuestos fraudes financieros.
El gobernador no adelantó el relevo en esa dependencia, pues dijo que el personal puede continuar con el proceso de integración de los expedientes de obra para los libramientos del Corredor Económico del Norte y el proceso de liberación de los derechos de vía.
Dijo que se trataba de dejar listos los procedimientos para que el gobernador electo Manolo Jiménez Salinas iniciara de inmediato con los procesos de licitación cuando él lo decida.
Gasto sin resultados
La sola nómina de esta secretaría cuesta más de 12 millones anuales según el propio Gerardo Berlanga Gotés, quien respondió los cuestionamientos sobre los resultados de trabajo de algunos diputados durante su comparecencia ante el poder legislativo local en diciembre de 2022.
En los presupuestos de egresos del 2022 y 2023 se le asignaron 20 y 23. 7 millones respectivamente; y para los meses del 2021 después del anuncio de la creación de la SIPP, se le asignaron 13. 8 millones de pesos según Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.
De la la suma de las cantidades correspondientes a estos periodos resultan 57. 5 millones de pesos, presupuestos que supera por mucho al que se destina a Institutos como el de las Personas Adultas Mayores que sólo durante el 2022 se le asignan 2.6 millones para operar durante todo el año.
En dicha comparecencia, el mismo Berlanga Gotés mencionó que el Proyecto del Corredor Norte fue recibido mediante una propuesta No Solicitada y aceptada por la SIPP después de la validación técnica por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) y en espera de validación financiera por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), proceso explícito en Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila.
Además, anunció —como resultados de su administración— visitas a plantas recicladoras, análisis de viabilidad técnica, foros de socialización, propuestas de modificaciones a leyes pero no estructuró y desarrolló ninguna APP como también lo marca la Ley Orgánica.
Al solicitar una actualización sobre la validación del Corredor Económico del Norte a Fernando Gutiérrez Pérez, Coordinador General de Comunicación e Imagen Institucional, no se recibió respuesta.
También se le solicitó al propio Gerardo Berlanga Gotés, vía mensaje, una actualización sobre este proyecto y tampoco hubo contestación justo el 16 de junio, cuatro días antes de su renuncia.
En la solicitud de información 052768400001422 realizada el 08 de agosto del 2022 para pedir los expedientes técnicos, respecto al Corredor Económico del Norte, la dependencia señaló que los estudios de viabilidad se encontraban en revisión por parte de tres secretarías por lo que no eran factibles de entregar.
SIPP se creó en plena crisis
Además del reto financiero que significó la pandemia de COVID-19 durante el 2021, año de apertura de la SIPP, la administración estatal de Coahuila no fue capaz de aclarar el destino de mil 900 millones de pesos de recursos otorgados por la Federación, lo que equivale a casi el 20 por ciento del total de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en todo el país.
En la exposición de motivos enviada al Congreso de Coahuila, el 16 de mayo del mismo año para justificar la apertura de dicha instancia Pública, Miguel Riquelme aceptó que la administración se enfrentaba a múltiples retos como una creciente demanda de infraestructura, necesidad ilimitada de recursos presupuestarios y múltiples presiones a las finanzas públicas debido al endeudamiento.
Los datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia no muestran resultados en ninguno de los trimestres que conforman el periodo del 2021 al 2023 en los indicadores de interés público de la SIPP y que la Ley General de Transparencia exige publicar a todas las instancias gubernamentales.
Para el diputado independiente Rodolfo Walss la creación de la SIPP no era necesaria y obedece a otorgar protección a Gerardo Berlanga Gotés por parte del gobernador de Coahuila.
😯 LE VINO BIEN EL CAMBIO DE PUESTO 🧐
A Gerardo Berlanga Gotés, titular de la Secretaría de Inversión Pública Productiva en @GobDeCoahuila, le ha ido bien en la dependencia que creó el Gobernador Riquelme.
Al visitar el edificio de la Secretaría de Inversión Pública Privada, Reporte Indigo constató que la mayor parte se encuentra en obra negra y sin concluir. Se observa desde las ventanas algunas faltas de infraestructura en los techos de algunos pisos.
Al llegar al piso tres, lugar en donde se encuentran las oficinas de la SIPP, se pidió alguna actualización sobre el Corredor Económico del Norte la cual también se negó.
La funcionaria pública y asistente personal del Ingeniero Berlanga, Pamela Saucedo, anunció que el personal estaba ocupado para poder dar una actualización y pidió regresar en tres semanas cuando exista la designación de un nuevo titular a la Secretaría.
Sobre la renuncia de Gerardo Berlanga Gotés, Rodolfo Walss mencionó que era algo predecible ya que la secretaría no tiene ninguna labor específica y era completamente absurda la posición de Secretario de la misma.
“Esto tiene mucho que ver con el fin de la administración de Riquelme. No quieren que sea motivo de problemas, con tantos señalamientos de corrupción e impunidad durante más de quince años, pudiera ser un problema para el próximo gobierno”, añadió.
Para concluir dijo que debido a su participación en el proyecto del Metrobús Laguna pudiera ser investigado por una autoridad fiscal para recibir un castigo penal.
La red financiera de Roberto Madrazo es un símil de la que organizó Genaro García Luna, sólo que entorno a empresas de comercialización y renta de equipos médicos. Bajo el mismo esquema, se extrajeron recursos públicos por más de 7 mil 300 millones de pesos para beneficiar negocios privados, entre ellos, el portal Latinus, cuyo comunicador estelar, Carlos Loret de Mola, llega a percibir 32 millones de pesos al año únicamente por “honorarios”. Al mismo tiempo, La Nota es La Nota, empresa del comunicador, recibe decenas de millones de pesos de la red empresarial, revela una investigación en curso de la Unidad de Inteligencia Financiera
Roberto Madrazo Pintado aparece a la cabeza de una red de empresas dedicada a extraer recursos públicos para financiar proyectos políticos y empresariales. Los “contactos” del político priísta –excandidato a la Presidencia, exsenador, exdiputado y exgobernador de Tabasco– le permitieron que distribuidoras de medicamentos y equipos médicos recibieran, al menos, 7 mil 300 millones de pesos mediante contratos adjudicados de manera directa o a través de licitaciones públicas con gobiernos estatales. Lo obtenido se dispersa, en parte, en proyectos del interés del grupo político y económico.
Entre ellos se encuentra el portal Latinus, con la intermediación de hasta cuatro empresas, y La Nota es la Nota, SC, empresa de Carlos Loret de Mola. Las empresas de la red le han aportado directamente a ambas más de 100 millones de pesos. El comunicador que formalmente dirige este portal, Carlos Loret de Mola, por su parte, cuenta con ingresos anuales que, en 2021, llegaron a los 32 millones de pesos por pagos de diversos clientes, documenta una investigación que desarrolla la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Mientras que el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna armó una red de empresas para recibir contratos del gobierno federal y de los estatales en materia de seguridad, Roberto Madrazo hizo lo propio para extraer recursos desde el ámbito de la salud.
Como se recordará, el gobierno mexicano busca recuperar los recursos, por más de 600 millones de dólares, desfalcados por Genaro García Luna. Por ello, ha entablado un juicio contra el otrora “superpolicía” y su esposa, Linda Cristina Preyra, en Miami, Estados Unidos. Por verse si, luego de las investigaciones de la UIF, la actual administración federal de Andrés Manuel López Obrador buscará recuperar los recursos públicos que extrajo la red de Madrazo Pintado.
Tan sólo el gobierno de Michoacán, en tiempos de Silvano Aureoles Conejo (2015-2021), destinó más de 4 mil 500 millones de pesos a contratos con nueve empresas ligadas a la red de Roberto Madrazo. Como lo informó Contralínea el 13 de marzo de 2022 (“Financiadores de Latinus ganaron 5 mil MDP con 11 gobiernos estatales”), las mismas empresas facturaron otros 500 millones de pesos de 10 gobiernos más. Los nuevos datos dan cuenta de la obtención de, al menos, otros 2 mil 300 millones de pesos mediante siete compañías que hasta ahora aparecen en el entramado de Madrazo Pintado.
Se trata de Diseño de Salud Integral, SA de CV; Solid Mind Leasing, Ltd, SA de CV; Zdenko, SA de CV; Thomasant Group, SA de CV; Instrumedical, SA de CV; Dicipa, SA de CV, y Citesco Solutions, que principalmente firmaron contratos con el gobierno del Estado de México que encabeza Alfredo del Mazo (2017-2023).
Diseño de Salud Integral obtuvo entre 2018 y 2020 casi 1 mil 900 millones de pesos. La mayoría a través de contratos con gobiernos de cuatro entidades de la República: el Estado de México, Michoacán, Chiapas e Hidalgo.
En el caso de Thomasant Group, Zdenko e Instrumedical, se tiene el registro de una propuesta conjunta para la adjudicación de un contrato multianual 2021-2023 del servicio de anestesia para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).
Grupo Zdenko, en la red empresarial que obtuvo recursos públicos mediante contratos con gobiernos estatales
De acuerdo con el informe sobre la licitación pública nacional LPN/ISSEMYM/021/2020 que preparó el testigo social Javier Sabino Portocarrero Garduño, el contrato se celebró por un importe total mínimo de 100 millones 712 mil 861.12 pesos y un importe total máximo por 167 millones 851 mil 762.20 pesos.
En el caso de Dicipa, el 31 de diciembre pasado obtuvo la adjudicación de un contrato bianual (2023-2024) para prestar el servicio de ciclos de hemodiálisis en el mismo Issemym. En el fallo de la licitación pública nacional LPN/ISSEMYM/074/2022 se establece que el monto mínimo de los servicio es de 145 millones 45 mil 8 pesos; el máximo, de 241 millones 740 mil 288 pesos. Las cifras están consignadas en otro informe que también elaboró el testigo social Portocarrero Garduño.
El periodista Álvaro Delgado reveló en marzo 2021 que los financiadores de Latinus son Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno, respectivamente, de Roberto Madrazo Pintado. En el medio Sin Embargo, proporcionó los nombres de las primeras empresas de la trama: BCG Limited Consulting, SA de CV; Digital Beacon Programatic Services, SA de CV; Hova Health, SA de CV, y Samedic, SA de CV [“Una red de políticos prominentes y empresas (con acceso a dinero público) está detrás de Latinus [https://shorturl.at/izGHX].
Otros periodistas revelarían más nombres de empresas en los meses siguientes: Movimedical, SA de CV; Medckin, SA de CV; EPG Digital, SA de CV; Comercializadora Antel, SA de CV; y Medalfa, SA de CV (Patricia Monreal y América Juárez, “Aureoles pagó 400 MDP en mastografías… pero empresa incumplió contratos”, en Milenio, 19 de octubre de 2021; Daniel Blancas, en La Crónica; y Arturo Rodríguez, “Salud, seguridad, medicinas, finanzas… los negocios detrás de Latinus”, Proceso,19 de febrero de 2022).
Todas las empresas aparecen en el entramado que ha identificado la UIF. En uno de los diagramas de flujo se muestran los financiamientos directos e indirectos que reciben las controladoras de Latinus: BCG Limited Consulting, SA de CV; Digital Beacon Programatic Services, SA de CV, y Latinus Media Group, LLC.
Thomasant Group e Instrumedical, otras comercializadoras de equipo médico beneficiarias de contratos millonarios celebrados con gobiernos estatales
Las operadoras de Latinus
BCG Limited Consulting, SA de CV, la empresa que registró Latinus, recibió de Samedic, SA de CV, en 2020, 5 millones 673 mil 787. A su vez, esta empresa recibió 555 millones 985 mil 864 –de 2016 a 2019– de Servicios de Salud del gobierno de Michoacán, muestra un diagrama de flujo.
Pero Samedic tiene más transferencias, de ida y vuelta, con más personas físicas y morales de la red de Roberto Madrazo. El documento señala que Samedic destinó en 2017 un total de 155 millones 189 mil 245 pesos a Hova Health, SA de CV, donde es accionista Alexis Nickin Gaxiola, yerno de Roberto Madrazo.
Asimismo, Servicios de Salud de Michoacán destinó –entre 2016 y 2021– 403 millones 442 mil 850 pesos a Movimedical, SA de CV, de la que es representante legal Nickin Gaxiola. Esta empresa le transfirió a Federico Madrazo Rojas, hijo de Roberto Madrazo, 14 millones 213 mil 430 pesos de 2016 a 2019.
Federico Madrazo Rojas también es accionista de Grupo Madnick, SA de CV. El representante legal de esta empresa es Nickin Gaxiola.
El hijo de Roberto Madrazo Pintado recibió en 2016 un total de 3 millones 146 mil 852 de Medckin, SA de CV. Asimismo, Federico Madrazo es accionista de Consultores inmobiliarios Mafer, SA de CV, y de Consultores y Asesores del Este.
Servicios de Salud de Michoacán en 2017 también transfirió 165 millones 828 mil 961 pesos a Solid Mind Leasing, Ltd, SA de CV, donde es accionista Christian González Guadarrama. Al mismo tiempo, esta persona es representante legal de BCG Limited Consulting, SA de CV, una de las controladoras del portal que públicamente encabezan Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo.
Dicipa, SA de CV, subrogación de servicios en el sector Salud del Estado de México
A Latinus, recursos públicos por 107 MDP en 2018-2020
Un segundo diagrama de flujo da cuenta del traslado de 107 millones de pesos, entre 2018 y 2020, a una de las controladoras de Latinus: Digital Beacon. En su origen, todos son recursos públicos.
La empresa que más recursos trianguló a Latinus mediante Digital Beacon fue Diseño de Salud Integral (Diseño y Publicidad). Le aportó 78 millones 500 mil pesos en el periodo.
Sin embargo, los recursos de esta empresa fueron captados, principalmente, de cuatro gobiernos estatales. De hecho, Diseño de Salud Integral recibió en este par de años 1 mil 893 millones 500 mil pesos de seis financiadores: el gobierno del Estado de México, de Alfredo del Mazo (876 millones); el de Michoacán, entonces a cargo de Silvano Aureoles (605 millones); el de Chiapas, tanto en el periodo de Manuel Velasco como en el de Rutilio Escandón (293 millones); el de Hidalgo, encabezado en esos años por Omar Fayad (49.4 millones); Citesco Solutions, otra empresa dedicada a la comercialización de equipo médico en instituciones de salud pública (19 millones), y otros financiadores menores (51.1 millones).
Las demás fuentes de financiamiento, entre 2018 y 2020, del portal que públicamente encabeza Carlos Loret son: el Partido Verde Ecologista de México, con 7.7 millones; el gobierno de Sinaloa, con 13.1 millones; la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, 3.6 millones, la empresa Coca Cola, 1.7 millones; los Servicios de Salud de Tamaulipas, 1.6 millones; la empresa Valuad Mercadotecnia y Comunicación (que se financió con contratos obtenidos del gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán), 330 mil; y otros, 745 mil pesos.
También el documento consigna transferencias por 46.3 millones entre dos controladoras de Latinus: BCG Limited Consultingy y Digital Beacon.
La Nota es la Nota, SC, empresa de Carlos Loret
La empresa que el comunicador Carlos Loret de Mola Álvarez fundó con su esposa, Ruth Berenice Yaber Coronado, lleva por nombre La Nota es la Nota, SC. Entre 2018 y 2022 se hizo de 78 millones 200 mil pesos.
Cuatro fueron las fuentes de financiamiento de la empresa de Loret de Mola. De Radiopolis obtuvo 44 millones de pesos. Otros 16.9 millones fluyeron de Radiocentro. La Cadena Radiodifusora Mexicana (Televisa) le pagó 11.6 millones. Y Desarrollo en Radio (Radio Fórmula) le transfirió 5.7 millones de pesos.
Otro diagrama de flujo da cuenta del financiamiento a La Nota es la Nota por un periodo más amplio: de 2016 a 2021. En ese lapso obtuvo 132 millones 422 mil 755 pesos.
Figuran los pagos de la Cadena Radiodifusora Mexicana, en 2021, por 7 millones 144 mil 968 pesos; de Desarrollo en Radio, entre 2016 y 2018, por 58 millones 254 mil 108; de Grupo Radio Centro, entre 2018 y 2019, por 18 millones 492 mil 4, y de Servicios Radiópolis, entre 2019 y 2021, por 48 millones 531 mil 675 pesos.
Pagos directos a Loret de Mola
Un diagrama de flujo titulado “Ingresos comerciales 2018-2022 (pesos de enero de 2022)” da cuenta de los pagos realizados a Carlos Loret por 110 millones de pesos en ese periodo. Obtuvo tal cantidad de recursos de nueve fuentes por servicios de “honorarios”.
Recibió pagos directamente de su propia empresa, La Nota es la Nota, SC, por 46.6 millones de pesos. Del diario El Universal, 19.8 millones de pesos. Otros 17.9 millones de Televisa Talento. También, 11.4 millones de The Washington Post. La agencia de conferencias Allenamenti le pagó 2.6 millones. Otra agencia de conferencias, Ideas que Hablan, le transfirió 1.5 millones. BCG Limited Consulting (una de las controladoras de Latinus), 1.9 millones. El banco BBVA Bancomer, 1.2 millones. Y otros, 7.1 millones de pesos.
En ese mismo periodo, Ruth Berencie Yaber Coronado, esposa de Carlos Loret y socia de La Nota es la Nota, obtuvo ingresos (2018-2020) por 9 millones 177 mil pesos. Del total, 8.4 millones provinieron del arrendamiento de cinco departamentos en Polanco, Ciudad de México. El Grupo de Economistas y Asociados (GEA) le pagó 674 mil. Y recibió de otras fuentes 103 mil pesos.
Otro diagrama de flujo da cuenta de los ingreso de Carlos Loret de 2016 a 2021. Ahí se puede observar que en el periodo obtuvo 143 millones 95 mil 964 pesos.
En el desglose, se puede observar que de varios clientes recibió 64 millones 859 mil 701 pesos. De su propia empresa, La Nota es la Nota, se le pagaron como honorarios 67 millones 494 mil 207. Y de las tres controladoras de Latinus, 10 millones 742 mil 56 pesos: Latinus Media Group, Llc (2019 a 2021), 8 millones 442 mil 56; BCG Limited Consulting, SA de CV (2020), 1 millón 850 mil, y Digital Beacon Programatic Services, SA de CV (2020), 450 mil pesos.
Del documento también se desprende que, en ese periodo, Carlos Loret y Ruth Berenice Yaber pagaron, cada uno, 24 millones de pesos a Inmuebles Abel para la compra de dos departamentos.
Otro esquema detalla los ingresos por honorarios obtenidos por Carlos Loret de Mola sólo en 2021. Sumó 35 millones 200 mil pesos, es decir, un promedio de 2 millones 933 mil 333.33 pesos mensuales.
De ellos, 11.8 millones provinieron de Televisa (2.5 directamente Televisa y 9.3 de su filial Radiodifusora Mexicana). Latinus USA le pagó 6.3 millones. El Universal, 4.5 millones. De The Washington Post, recibió 600 mil pesos. Y de otros clientes 2.8 millones.
El pago de Televisa se realizó en calidad de finiquito. De acuerdo con la representación del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) emitido el 23 de marzo de 2021, Televisa Talento, SA de CV transfirió, a Loret de Mola, por “servicios de liquidación”, 2 millones 463 mil 863.44 pesos.
Loret, vecino de García Luna en Miami
De acuerdo con la copia de un documento oficial del pago de impuestos, Ruth Berenice Yaber pagó derechos por 11 mil 261.79 dólares el 31 de enero de 2020 por un departamento en 485 Brickell Ave 4302. Los impuestos son correspondientes a 2019, cuyo dueño es la empresa Bedfordbury Group Ltd.
La empresa fue fundada en 2010 en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes por Carlos Loret de Mola. Se estima que el departamento tuvo un costo de 6 millones de dólares.
El documento, con folio 01-4138-149-2100, fue emitido el 14 de enero de 2020 y ampara el cumplimiento de obligaciones fiscales por un departamento de lujo en zona exclusiva. Está ubicado en la avenida Brickell, número 485, unidad 4302, Miami, Florida, Estados Unidos. En esa misma zona, Genaro García Luna adquirió una de sus 34 propiedades.
Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del escándalo del momento, los contratos que se dieron a conocer de la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien dice el mandatario federal, es la favorita para ser la próxima candidata del PRIAN en el 2024.
Como no ha sido oficialmente notificado por el INE, quien ya le impide referirse a ella o al proceso electoral de 2024, el mandatario federal aprovechó para exhibir los contratos de las empresas de la legisladora durante la conferencia mañanera.
Es más, el Jefe del Estado hasta la acusó que las empresas de Xóchitl Gálvez han sido muy prósperas, pues pasó de vender gelatinas a ser millonaria.
“Se acuerdan ustedes como la señora Xóchitl denunciaba y denunciaba y denunciaba y ahora que dimos a conocer que la señora tiene dos empresas y que le ha ido muy bien porque de vender gelatina pasó a ser millonaria y dimos a conocer que en 9 años su empresa obtuvo contratos tanto del gobierno como de desarrolladores por 1400 millones de pesos, una empresa próspera y empiezan a decir que no jugamos limpio”, refirió AMLO.
Desde Palacio Nacional, el presidente de México señaló a la senadora Gálvez Ruiz como la “candidata del bloque conservador”.
“Como es la candidata, todavía lo puedo decir, todavía no me notifican, todavía tenemos unas horas, es la candidata del bloque conservador, de los corruptos, para que se entienda bien”, enfatizó el mandatario en sus críticas contra la senadora.
Además, el presidente López Obrador aseguró que sus adversarios están que no los calienta ni el sol ni el calor y quieren regresar por sus fueros, por ello se emprendió una campaña en contra de él y la transformación que encabeza.
“Como se dio el cambio y se inició la transformación están que no los calienta ni el sol, ni el calor y quieren regresar por sus fueros y han empezado a echar una campaña en contra de nosotros, decía yo única, sin precedentes, algo que no se veía desde el tiempo en que la oligarquía y la prensa se lanzó en contra del presidente Francisco I Madero hasta el golpe de Estado”, dijo sobre Xóchitl Gálvez.
Finalmente, el presidente López Obrador negó que use el aparato del Estado para exhibir los contratos de las empresas de la aspirante presidencial de la oposición.
“No se necesita usar el aparato del Estado, casi es de dominio público, lo doy a conocer porque la mayoría de los medios son manipulación y están al servicio del bloque conservador”, refirió.
Además dijo, que exhibir los montos de los contratos que obtuvo la senadora, es su deber, pues afirmó que no se puede quedar callado ante un acto de corrupción.
También señaló que los montos que gana una de las empresas de Xóchitl Gálvez en el INAI, son enormes. El mandatario federal reiteró que el mantenimiento que paga el INAI cuesta mil millones al año; “supuestamente eran para cuidar que no hubiera corrupción, pero son una farsa; ¿Cómo no va a defenderlo?”, dijo.
La Senadora Xóchitl Gálvez Ruíz pasó de vender gelatinas en un pueblo a convertirse en una “exitosa” empresaria. Pero el origen de su “éxito” inició cuando empezó su trayectoria como contratista millonaria del PRIAN.
En la Unidad de Investigaciones Polemón (UIP) desenmascaramos a la panista que quiere ser Presidenta de la República por el ala conservadora, quien benefició a sus empresas haciendo jugosos contratos millonarios con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y con los gobiernos del PRIAN en los últimos 18 años.
Este 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se embolsará 3 millones 568 mil 836 pesos brutos sólo por concepto de sueldo (297 mil 403.77 pesos por mes), a los que se le suman más de medio millón de pesos por aguinaldo; las vacaciones pagadas (un mes en total); los 261 mil 648 pesos anuales por seguro de separación individualizado y 35 mil 552 pesos por seguro de gastos médicos mayores. Aunque la retahíla de lujos y prebendas es mucho más grande.
Al igual que Norma Lucía Piña Hernández, las ministras y ministros de la Corte –Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf– violan el artículo 127 de la Constitución al ganar más que el presidente de la República, señaló Andrés Manuel López Obrador.
En su conferencia, recordó que el sueldo de dichos juzgadores asciende a 297 mil mensuales; sus aguinaldos, a 586 mil pesos equivalentes a 40 días de sueldo; “primas vacacionales, 95 mil 474, o sea, 10 días de sueldo más; un fondo para comer en restaurantes de lujo, por 723 mil anuales; un comedor especial en la Suprema Corte, pueden ordenar alimentos a la carta y bebidas alcohólicas”.
Los ministros también cuentan con un presupuesto de 5 millones 540 mil 930 mensuales para contratar personal; “o sea, ellos pueden ejercer esos 5 millones para contratar personal, sus trabajadores domésticos”, dijo el primer mandatario. Por ello, acusó que “es un acto de corrupción en sí mismo ganar ese sueldo, es una inmoralidad en un país con tanta pobreza, y más si se trata de un impartidor de justicia. Entonces no son siervos de la nación, como decía Morelos”.
López Obrador detalló que el erario de la nación también les paga a las ministras y ministros “dos vehículos blindados tipo Suburban, con valor acumulado de 6 millones de pesos, que se renuevan cada dos años; pago por riesgos, 640 mil 372 al año; apoyo para gasolina, 22 mil pesos mensuales; apoyo ilimitado para el pago de peajes en autopistas; algunos cuentan con escoltas; seguro para autos y casa-habitación; atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencia, visas y cualquier otro trámite”.
Asimismo, indicó que se les da atención personalizada en el aeropuerto: no hacen filas ni son revisados. “Viáticos para vuelos, hospedaje, comidas, pasaporte diplomático, para ellos y su familia nuclear; salón especial en el aeropuerto; dos periodos vacacionales de 15 días cada uno, o sea, un mes de vacaciones; tres equipos de cómputo e impresión; seis teléfonos celulares de gama alta para ministros y familiares; tres iPads con servicio de internet ilimitado; papelería personalizada; computadoras, impresoras, internet en su domicilio; apoyo de soporte técnico”.
Entre sus privilegios que les paga el dinero del pueblo se suma el hecho de que pueden instalar video de vigilancia en sus casas. Además, se les paga “seguro de gastos médicos, esto ya lo hemos visto, de cómo ministros se han hecho cirugía plástica a costillas del erario; compra de medicamento; seguro de vida institucional; pago por defunción, ayuda para gastos funerales; apoyo económico para lentes; cuando se retiran, pensión vitalicia con casi la totalidad del sueldo; tienen derecho a un haber de retiro, o sea, una liquidación; en la jubilación se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados”.
El presidente añadió que “se llevan al personal de apoyo ya estando jubilados; tienen un seguro cuando terminan, 20 millones de pesos; un estímulo por antigüedad de mil pesos anuales; y tienen un fideicomiso de 20 mil 149 millones de pesos, que es el que les da respaldo a todas sus prestaciones”.
Por ello, López Obrador expuso que entiende muy bien la respuesta que las y los ministros de la Corte dieron a la Secretaría de Gobernación, respecto de por qué no respetan el artículo 127 de la Constitución y siguen con sueldos superiores al del presidente de la República. Los juzgadores indicaron que no están obligados a ganar menos que el primer mandatario, ya que no forman parte del Poder Ejecutivo.
En su oficio de respuesta, aseguraron también que “el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones que garanticen las características que exige dicho numeral constitucional, empezando por la del presidente de la República, lo que influye en todo el sistema de remuneraciones, porque su remuneración es el referente máximo para la determinación del resto de salarios del servicio público, permitiendo con ello una discrecionalidad con potencial de afectación a la eficacia y calidad de la función pública”.
Ante ello, el jefe del Ejecutivo federal indicó que “no queda más que enviar una iniciativa de reforma a la Constitución más precisa, porque ellos dicen que no está clara la Constitución, no está especificado bien en la Constitución, entonces hay que detallar todo. Entonces, voy a mandar esa iniciativa de ley en su momento, nada más que vamos a esperar a ver si se cuenta en la próxima legislatura con mayoría calificada, porque es una reforma a la Constitución”.
Detalló que esa reforma eliminará el abuso de los ministros y ministras, pues todo lo que les paga el erario del pueblo es “ofensivo”.
Corte no promueve la justicia
El presidente también criticó que los juzgadores nunca han estado del lado de la mayoría en este país. “¿Qué han hecho los del Poder Judicial en beneficio del pueblo? Díganme una cosa que hayan hecho. Nada; al contrario, últimamente se han dedicado a defender a las empresas nacionales y sobre todo extranjeras que afectan la economía popular. Por ejemplo, se dedicaron a defender a las empresas de la industria eléctrica, sí, y a las que hacen jugosos negocios y afectan el presupuesto público, los dineros del pueblo”.
López Obrador afirmó que nunca han promovido la justicia en México. “¿Hicieron algo cuando desaparecieron los jóvenes de Ayotzinapa? ¿Hicieron algo cuando el lamentable accidente de la Guardería ABC? ¿Hicieron algo cuando imperaba el narco Estados en la época de García Luna? Sí, sí hicieron, hace poco: liberar las cuentas de la esposa de García Luna. ¿Qué han hecho? Lo de Aguas Blancas, nada, nada. Hicieron la investigación, pero no hubo justicia. Es el único caso donde dos ministros asumieron su responsabilidad, se formó una comisión, presentaron un informe, pero no se aplicó; al contrario, metieron a la cárcel a los familiares de las víctimas de Aguas Blancas. Lo único que se hizo fue quitar a Rubén Figueroa y poner a Aguirre, es lo único, y eso no fue por resultado de la investigación de la corte, eso lo decidieron en Gobernación, Gutiérrez Barrios. Nada, nada, nada”.
Añadió que en la actualidad, la mayoría de ministras y ministros están en contra del proyecto de nación que él representa y del proceso de transformación, que vive el país, pues como forman parte del mismo bloque conservador permiten que se abuse de amparos para detener las obras de infraestructura que significan progreso, bienestar y empleo para el pueblo.
El secretario de la Función Pública aseguró que el monto observado del fraude es por 9.5 mil millones de pesos y no los 15 mil millones que se ha manejado.
El caso de corrupción en la Agencia de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) acumula un total de 100 denuncias en investigación, así como 19 exfuncionarios y empresarios vinculados a proceso. Esto con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegurando que no habrá “año de Hidalgo” al cierre de su sexenio.
“El fraude en Segalmex es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro Gobierno”, dijo López Obrador en la conferencia mañanera de este jueves desde Palacio Nacional. Reiterando que fue él quien ordenó interponer las denuncias correspondientes cuando se supo de los hechos.
Bajo el argumento de que su Gobierno no tolera la corrupción ni la impunidad, así como que quiere evitar manchas a su administración, López Obrador ponderó que “no hay año de Hidalgo. O sí hay año de Hidalgo, pero del padre de nuestra patria y año de Juárez, año de Madero y año de Lázaro Cárdenas”. Aludiendo a los últimos meses del sexenio.
En ese sentido, adelantó que se seguirá informando periódicamente sobre el avance del caso. “La Auditoría Superior de la Federación va a emitir un informe en el mes de octubre, entonces vamos a estar de nuevo aquí a partir de ese informe y continúa toda la investigación para que no haya ningún motivo de impunidad y que se combata la corrupción”, expresó.
"Me dolió mucho este fraude"
AMLO afirma que el desfalco en Segalmex es el caso de corrupción "más escándaloso" y "el único" en su gobierno. pic.twitter.com/EPsfvlN6MF
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 29, 2023
Detenidos 19 de 44 implicados en caso Segalmex
Arturo Higuera, fiscal especializado en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que se investigan 100 denuncias penales. El grupo intersecretarial del Gobierno federal interpuso 69, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) otras 16 y 15 más provienen de ciudadanos e incluso legisladores.
Con cinco carpetas de investigación judicializadas, la FGR ha logrado 49 órdenes de aprehensión contra 44 personas, logrando la detención de 26 y vinculando a proceso a 19. De estos, siete son exfuncionarios y 12 particulares. El fiscal Higuera adelantó que en breve se estarán presentando ante tribunales los resultados de otras 37 carpetas en trámite.
Así, el procurador fiscal Félix Medina informó que el grupo intersecretarial creado para investigar el caso Segalmex ha interpuesto 69 denuncias por uso ilícito de atribuciones y facultades, defraudación fiscal, captación irregular de recursos, enriquecimiento ilícito, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Destacando que se lograron 809 millones de pesos invertidos en bonos basura, Mediana puntualizó que el monto total de las denuncias asciende a 4.9 mil millones de pesos. Así como que se denunció a 87 personas, 41 exservidores públicos y 46 dueños, socios, representantes, accionistas y abogados de empresas que colaboraron en el fraude.
Fraude en Segalmex no es de 15 mil millones, asegura Función Pública
Por otra parte, el secretario Roberto Salcedo, de la Función Pública, aseguró que “la cifra de 15 mil millones que se ha manejado recientemente en la opinión pública como los presuntos montos de las irregularidad no es precisa y no tiene fundamento”. Señalando que su dependencia y la ASF observaron un monto de 9.5 mil millones de pesos.
Sobre este monto observado en Cuenta Pública 2019 y 2020, explicó que Segalmex ya ha respondido por alrededor de dos mil millones. “Se espera que con la documentación aportada, el monto de los nueve mil 500 millones pueda bajar sustantivamente. Todo lo que no se aclare, dará lugar a un proceso de investigación”, dijo.
En cuanto a las irregularidades señaladas en la Cuenta Pública 2021, el secretario Salcedo recalcó que “lo observado no es sinónimo de daño patrimonial, sino el inicio de un proceso de seguimiento”. Explicando que Segalmex también podrá presentar documentación al respecto. Lo que dará pie al informe de octubre mencionado por López Obrador.
Hoy, de nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el Poder Judicial, esto luego de que fue cuestionado por las críticas que hubo ante la propuesta de Morena de “obradorizar” el Poder Judicial.
El mandatario federal dijo en su conferencia de prensa, que el “Poder Judicial está echado a perder” y no ha habido una democracia. Aunque destacó que hay excepciones.
“Es normal en una democracia que tengamos posturas distintas, yo sostengo que el Poder Judicial está podrido, echado a perder, a lo mejor hay excepciones y son honrosas, pero es eso: la excepción, no la regla general”, dijo.
En ese sentido, reiteró su postura de “democratizar” al Poder Judicial y que la “mejor medicina” será que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros.
“Porque es un poder que desde hace muchos años está sometido al poder económico y político y ahora no tienen ningún sometimiento al poder político”, dijo desde Palacio Nacional.
Y es que ayer, durante la sesión de la Comisión Permanente que el diputado morenista Manuel Alejandro Robles Gómez propuso “obradorizar” el Poder Judicial, situación que de inmediato tuvo respuesta por parte del senador Julen Rementería y otros legisladores de oposición.
El mandatario mexicano justificó la propuesta del diputado y aseguró que dentro del Poder Judicial hay mucha corrupción.
“Están molestos porque están al servicio de una minoría, al pueblo se le utilizaba para legitimar un régimen de corrupción y de privilegios por eso había elecciones”, sostuvo López Obrador.
Habló que había una división entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero el presidente se volvió “el poder de los poderes”, pues ponía y quitaba gobernadores, gobernadores y ministros.
“El Poder Judicial quedó en manos de la oligarquía, porque también es un proceso el de la transformación, no se puede de la noche a mañana, arrancar de raíz un régimen de corrupción que se impuso por mucho tiempo, siglos… Hemos avanzado y vamos a seguir avanzando, pero hay que democratizar al Poder Judicial y la mejor medicina es que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros, que es lo que estamos proponiendo”, subrayó el Jefe del Estado.
Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhibió el nombre de los jueces que son señalados por haber ordenado la liberación de varias personas que son identificados como criminales por las autoridades federales, entre los que destacan, principalmente, a Héctor “el Güero” Palma, antiguo líder del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán; y de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, quien es investigado por su relación con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero.
El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que, en el caso del “Güero” Palma, la magistrada acusada de liberarlo es María Dolores Olarte Ruvalcaba, quien funge como presidenta del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito de Zapopan.
“El día 9 de mayo el tribunal ordenó la absolución a pesar de ser acusado por el delito de delincuencia organizada, aunque actualmente el detenido se encuentra preso por otra causa penal”, señaló Rodríguez Bucio durante la presentación del “Informe de Cero Impunidad” en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de José Luis Abarca, el funcionario federal señaló que el juez Samuel Ventura Ramos, quien funge como juez primero de Distrito en Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, absolvió al exalcalde guerrerense del delito de delincuencia organizada.
Finalmente, Luis Rodríguez Bucio señaló a Salvador Hernández Martínez, quien es el juez de control de Izúcar de Matamoros, en Puebla, como el juez que exoneró a Miguel Ángel “el Gato” Maceda, quien es el alcalde del municipio de Piaxtla, quien es acusado de homicidio culposos.
#Mañanera | Exhibe el Subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, a tres jueces acusados de absolver a delincuentes como Héctor Luis “El Güero” Palma. pic.twitter.com/AuEheEDR7w
“Sueldos muy superiores al del presidente de la República: casi 300 mil pesos mensuales cada ministro. Yo gano la mitad de eso”, exhibió Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Éste fue el primero de los 40 privilegios que expuso y que gozan los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con cargo al dinero del pueblo de México.
El presidente de la República agregó una segunda prebenda de los ministros y ministras de la Corte: aguinaldos de 588 mil pesos, 40 días de sueldo. Indicó que esta información se originó en el Senado de la República, pues fue el legislador Ricardo Monreal quien lo dio a conocer el pasado 9 de mayo. Al respecto, explicó que “todo esto es contrario a lo que establece la Constitución, al artículo 127 de la Constitución, […por]que no hay estado de derecho, como sostienen los abogados leguleyos, huizacheros, que están defendiendo a los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial hablando del estado de derecho. No, es estado de chueco”.
López Obrador recordó que nueve de los 11 ministros y ministras cancelaron el llamado Plan B de la reforma electoral. “¿Qué era el plan B, en esencia? Bajar los sueldos de los funcionarios del INE, que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos, que también ganan más que el presidente? Entonces, era defender sus intereses”.
En los peldaños tres y cuatro de los privilegios, citó que los juzgadores gozan de primas vacacionales por 95 mil pesos (10 días de sueldo). Y de un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos 24 centavos al año.
5. “Un comedor especial en la Suprema Corte de Justicia, donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas, claro que debe ser tequila.
6. “Presupuesto de 5 millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal. Además del personal de la Corte, pero ellos tienen esa posibilidad para trabajadores domésticos.
7. “Dos vehículos blindados tipo Suburban con valor acumulado de 6 millones, que se renuevan cada dos años.
8. “Pago por riesgo de más de 640 mil pesos al año.
9. “Apoyo para gasolina, 22 mil pesos mensuales. Es que no paran, o sea, van a todos los distritos del país.
10. “Apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopistas.
11. “Algunos ministros también cuentan con escoltas al Servicio de Protección Federal.
12. “Seguros para autos y casa habitación.
13. “Atención especial para reservación en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro tramite.
14. “Atención personalizada en el aeropuerto.
15. “Viáticos para vuelos, hospedaje, comidas en viajes oficiales tanto en México como el extranjero, para lo que les otorgan pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear.
16. “Salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas.
17. “Dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno, o sea, un mes.
18. “Tres equipos de cómputo e impresión.
19. “Seis teléfonos celulares –es que hablan bastante– de gama alta para ministros y familiares, y personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año.
20. “Tres iPad con servicio de internet ilimitado.
21. “Papelería personalizada.
22. “Computadoras, impresoras e internet en su domicilio, pagado por la Suprema Corte de Justicia.
23. “Apoyo de soporte técnico por parte de personal en la Suprema Corte.
24. “También pueden instalar videovigilancia en sus casas con cargo al erario público.
25. “Seguro de gasto médico, aquí sí es… Este me consta, porque hubo un ministro, ya se los he platicado, en el gobierno anterior, ya se fue, que se hizo cirugía plástica y estaba en el quirófano, y estaba también la esposa, y la esposa le dijo al cirujano plástico: ‘Déjele la naricita como la del presidente Peña’; esto, con cargo al erario. No estoy mintiendo, tengo como principio no mentir, no robar y no traicionar. ¿Qué más? Ah, bueno, ese seguro de gasto médico es 30 millones en adelante […]. Tiene que ver con su familia nuclear, también, o sea, toda su familia.
26. “Ciento ochenta y ocho mil al año para compra de medicamentos.
27. “Atención especial por parte del personal de la Suprema Corte y aseguradoras en cualquier trámite de seguros.
28. “Seguro de vida institucional, 12 millones.
29. “Pago por defunción, 1 millón 189 mil.
30. Ayuda para gastos funerales. “Bueno, esto no lo deseo, 30 mil pesos”.
31. “Apoyo económico para lentes –no, pues, eso sí hace falta– a cónyuges e hijos.
32. “Pensión vitalicia con casi la totalidad del sueldo cuando se retiran. O sea, lo que tenían los expresidentes, ellos lo siguen manteniendo.
33. “Aparte, una liquidación o un haber de retiro.
34. “Se le permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados.
35. “Se les pagan dos personas de apoyo para estar en su servicio en la jubilación.
36. “Seguro de separación individualizada, eso es bastante, muchísimo, 20 millones cuando se van.
37. “Acceso a un área de atención especial para ministros jubilados.
38. “Un estímulo por antigüedad de mil pesos anuales.
39. “Tienen 14 fideicomisos por 20 mil 149 millones de pesos que se utilizan para mantener estas prestaciones de por vida.
40. “El presupuesto para el 22 son 73 mil 723 millones de pesos, 73 mil 723 millones. La Presidencia ejerce al año, el año pasado ejerció 500 millones de pesos.”
El presidente López Obrador consideró que “éste es el fondo del asunto, pero esto es el maiceo en general. Además, representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite, porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo; al contrario, es en contra del pueblo, para eso están”.
El titular del Ejecutivo federal cuestionó que hasta ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación nunca ha resuelto nada en beneficio del pueblo. “De lo que yo recuerdo es de que a mí me obligaban, cuando fui jefe de gobierno [de la capital], a que yo pagara a un particular 1 mil 810 millones de pesos del llamado Paraje de San Juan”.
Agregó que otro tema cuestionable acerca de la actitud de los ministros y ministras se dio cuando, en el sexenio de Enrique Peña, se les solicitó autorizar una consulta ciudadana para ver si el pueblo quería la privatización del petróleo. “Ellos negaron la posibilidad, con una argucia legaloide de que no aplicaba una consulta cuando se trataba de ingresos del gobierno”.
López Obrador señaló que también le consta que, cuando se tenía que juzgar a los responsables del incendio de la Guardería ABC –ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, y cobró la vida de 49 bebés y lesionó a otros 104–, entre quienes se encontraban familiares de Margarita Zavala, la esposa del entonces presidente Felipe Calderón, “se protegió a los implicados”.
Además, advirtió que le consta que “hay que estar a las vivas porque los viernes en la noche [los juzgadores] liberan a delincuentes. Lo que me consta es que el mismo día que juzgaron en Estados Unidos a[l exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro] García Luna, ese mismo día aquí le liberaron las cuentas a su esposa. Entonces, ¿para qué todo esto?”
Por ello, el presidente consideró fundamenta que se reforme al Poder Judicial: “lo mejor es que lo haga el pueblo. No voy a actuar como lo hizo [Ernesto] Zedillo, de desconocerlos y pagarles bien para que se fueran, no, no. Tiene que ser con una reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo, como era en la época del presidente Juárez, como se aplicaba en la época de la República Restaurada”.
En ese contexto, recordó que la ley prohíbe estos excesos y privilegios en el gobierno, pero los ministros y ministras de la SCJN incumplen con esos preceptos. Incluso, les leyó nuevamente el artículo 127 de la Constitución, el cual, dijo, están violando:
“Los servidores públicos de la federación de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las siguientes bases:
“Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos d viaje en actividades oficiales.
“Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.”
Por ello, cuestionó: “¿más claro? ¿Cuál es la interpretación? Hay una excepción: ‘ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. La suma –de todas maneras– de dichas remuneraciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente’. O sea, aun cuando por cuestiones técnicas o especialización puedan recibir más, no puede exceder del 50 por ciento de lo que gana el presidente”.
Por ello, indicó que éste es el fondo del asunto: “como no lo están manejando de esa manera, es ‘la Suprema Corte no se toca’”.
La magistrada federal del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amanda García González, quien votó a favor de descongelar las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, aparece como directiva de un rancho que supuestamente ha defraudado por 70 millones de pesos a aproximadamente 11 particulares, de acuerdo a una investigación realizada por Contralínea.
Dicha información revela que Alberto Limón Lasón González, “familiar” directo de la magistrada, quien aparece dentro de la estructura del 17 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, también forma parte del rancho, pues ostenta el título de dueño del lugar, y es el encargado de buscar “inversionistas” para aparentes proyectos agropecuarios. Durante el proceso hace mención del cargo que ocupa en el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que las víctimas caen convencidas, sin embargo, jamás vuelven a saber de su dinero, y si denuncian jamás avanzan en el Poder Judicial.
Cabe destacar que la juzgadora fue una de las magistradas que el 21 de febrero pasado votó a favor, junto con sus pares del Tribunal, Rolando González Licona y Eduardo Baltazar Robles, para que las cuentas de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, fueran desbloqueadas, sin importar mucho que ese mismo día el exsecretario de seguridad fuera encontrado culpable de narcotráfico en Estados Unidos.
¿De qué es la empresa de la magistrada?
La Corporación Rancho San José, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (SPR de RL de CV), la cual está siendo acusada de fraudes, está ubicada en el municipio de Doctor Mora, en Guanajuato, se dedica principalmente a la cosecha de hortalizas y vegetales de exportación hacia Estados Unidos, de acuerdo a documentos del Registro Público de la Propiedad del estado.
La investigación realizada por Contralínea detalla que al menos 11 personas fueron defraudadas por alrededor de 70 millones de pesos, por lo que procedieron legalmente contra la corporación de la magistrada. Al monto se deben sumar los intereses ordinarios y moratorios que han generado los incumplimientos de pago, se advierte.
Dicha información indica que las personas defraudadas habrían entregado a Limón Lasón González cantidades que van desde los 460 mil a los 22 millones de pesos, entre los años de 2017 y 2022.
Contralínea de igual manera tuvo acceso a un documento del Registro Público de Comercio de San José Iturbide, Guanajuato, da cuenta de la estructura de la empresa utilizada en los supuestos fraude donde se detalla que forman parte del Consejo de Administración: Alberto Limón Lasón González, presidente; José Ramón Martínez Zepeda, secretario, y Julio Ricaud Garza, tesorero. Mientras, los del Consejo de Vigilancia: Alejandra González Fernández, presidenta; Roberto Limón Lasón Roldán, secretario, y Amanda Roberta García González, tesorera.
Por lo que se puede deducir que la magistrada García González es la encargada de vigilar y administrar los recursos que entran al Corporativo Rancho San José.
Todas las personas que afirman haber sido estafadas celebraron contratos para “invertir” en la empresa agropecuaria a cambio de recibir rendimientos mensuales de entre el 5 y el 9%, más tasas de hasta el 10 por ciento en caso de moratoria, relata el medio.
