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Antes de concluir su encargo como presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello conoció el resultado final de la auditoría interna DAOC/06/FI/2021, que revela anomalías en la contratación de organizaciones internacionales, asociaciones civiles y universidades para la supuesta observación electoral, por más de 50 millones de pesos. Las presuntas irregularidades se presentaron entre 2015 y 2021, cuando el ahora promotor de Xóchitl Gálvez presidió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El Órgano Interno de Control documentó, por ejemplo, que los convenios de “cooperación” con las ONG’s no establecieron mecanismos para fiscalizar el destino de los fondos públicos; que hubo gastos injustificados, y que no hay evidencias de todos los reintegros. Aunado a ello, en diciembre pasado la Cámara de Diputados recomendó al INE ya no contratar a las AC, pues se sospecha que algunas estarían presuntamente vinculadas al expresidente del INE, en especial la de la OEA. El de la observación electoral no es el único caso que el OIC documentó: el 4 de abril pasado, el contralor Luis Osvaldo Peralta Rivera denunció ante los legisladores dos casos más que involucran a Lorenzo Córdova: rentas de automóviles por más de 1 mil millones de pesos y la contratación de una “Memoria” de sus 9 años de gestión, que ni siquiera se entregó

Un mes y medio antes de concluir su encargo como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello fue notificado de al menos 24 irregularidades no solventadas por su administración (16 acciones correctivas y ocho preventivas), relacionadas con convenios millonarios firmados con dos organizaciones internacionales –una de ellas ligada a la Organización de Estados Americanos, OEA–, decenas de asociaciones civiles –algunas de ellas, que litigan contra el gobierno de la 4T– y universidades públicas y privadas, para hacer “observación electoral” en los procesos de 2015, 2018 y 2021.

El oficio INE/OIC/UA/045/2023 –del 22 de febrero de 2023 y firmado por el entonces titular de la Unidad de Auditoría, del Órgano Interno de Control (OIC), Rubén Medina Estrada– notificó al ahora promotor de la candidata Xóchitl Gálvez de las diversas anomalías encontradas y no solventadas, entre las que destacan que nunca se establecieron mecanismos para vigilar el uso del dinero público, que hubo gastos injustificados, y que no hay evidencias de todos los reintegros.

El amplio reporte descubre que el INE destinó 54 millones 733 mil 416 pesos del erario a esas contrataciones para la supuesta observación electoral, en los tres procesos electorales (2015, 2018 y 2021) que encabezó Lorenzo Córdova Vianello.

Pero ese presupuesto extraído de las arcas del Instituto Nacional Electoral no fue el único: se aportaron otros 39 millones 500 mil pesos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial (19 millones 500 mil), la Secretaría de Gobernación (15 millones) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales –de la extinta Procuraduría General de la República– (5 millones). Así, a dos organizaciones internacionales se les destinó, en total, 94 millones 233 mil 416 pesos.

De acuerdo con el resultado de la auditoría interna, esos recursos públicos se ejecutaron desde los llamados fondos de apoyo para la observación electoral, a discreción de las autoridades del INE. Y se distribuyeron de la siguiente forma: en 2015, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) recibió 35 millones de pesos; en 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –ligado a la ONU– recibió 28 millones 233 mil 416 pesos; en 2018, el IIDH obtuvo otros 11 millones; y en 2021, este mismo se embolsó 20 millones de pesos.

Esto es que el organismo más beneficiado por este esquema fue precisamente el que está ligado a la OEA: el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con un total de 66 millones de pesos.

Presuntos conflictos de interés

A fines de 2023, en el proceso de aprobación del presupuesto para 2024, la Cámara de Diputados recomendó al INE que no destinara dinero del pueblo a las asociaciones internacionales ni civiles, por considerar que algunas de ellas estaban vinculadas al exconsejero presidente. En especial, los legisladores –incluso de oposición– consideraron tres casos: el del IIDH, el del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el de la International Foundation for Electoral Systems (IFES).

El primero de ellos, por la cercanía de Córdova Vianello con Luis Almagro, que lo llevó incluso a viajar a Estados Unidos en vísperas de la conclusión de su presidencia –en marzo de 2023– para denunciar ante la OEA que, según él, la reforma electoral que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador (y que se conoció como Plan B) afectaba “la integridad de la organización de las elecciones y la certeza y confianza con la que deben organizarse los procesos electorales”.

En aquella reunión, el ultraderechista Almagro lamentó que la institucionalidad de México “esté en riesgo”. Discurso que, por cierto, coincide ahora con las peticiones de algunos grupos de derecha para que se anulen las próximas elecciones, lo que el propio AMLO denunció como intento de golpe de Estado técnico.

En el segundo caso, porque al concluir su presidencia en el organismo autónomo electoral, Córdova Vianello se reintegró al Instituto de Investigaciones Jurídicas como investigador titular B. Según la máxima casa de estudios, el doctor en derecho nunca se retiró del todo del IIJ, pues estuvo de permiso mientras se desempeñó como titular del INE.

Y en el tercer caso, porque el propio Lorenzo Córdova presume en su perfil de la red social X ser miembro del Consejo Directivo de la International Foundation for Electoral Systems. Ello, aunado a que el 18 de mayo de 2021 –y en su calidad de presidente del Instituto Nacional Electoral– firmó con la IFES un memorando de entendimiento para “promover la democracia electoral”.

El rechazo de la Cámara de Diputados a que el INE siga financiando  organizaciones sesgadas quedó evidenciado el 16 de diciembre de 2023, en la sesión ordinaria del Consejo General de ese Instituto –en la que se discutió y aprobó su presupuesto–. Ese día, el representante del Partido Revolucionario Institucional, Hiram Hernández Zetina, señaló que “el tema de fondo no es el concepto de la observación electoral, sino la sospecha de que por medio de una triangulación de recursos opaca, de organismo internacionales a organismos nacionales, en donde están ligados exfuncionarios de este Instituto en un claro conflicto de interés, hay que decirlo, pues que esta triangulación de recursos provoque que haya una camarilla que se beneficie de fondos que deben ser usados para la observación electoral, no para beneficio personal”.

El legislador priísta acusó que “entre los años 2018 y 2021 se han entregado más de 120 millones de pesos a través de organizaciones internacionales, como el IFES, o IDEA Internacional, entre otros. Para este 2024 se quieren distribuir más de 18 millones de pesos, y precisamente en este último organismo colabora un exfuncionario del INE que se encargaba de otorgar dichos recursos.

“La mecánica es simple, se otorgan recursos a estos organismos internacionales pero no se quedan ahí, hay que decirlo, de esos organismos internacionales esos recursos se dispersan a organizaciones mexicanas, cuya lista actualizada nos dice que hay un claro sesgo por ayudar a organizaciones con intenciones políticas y partidarias. Algunas asociaciones supuestamente civiles como éstas son, por ejemplo, la Alianza Cívica, la COPARMEX, el INCIDE Social, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, y yo no entiendo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre muchas otras.”

Por su parte, el consejero del Poder Legislativo de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, declaró ante los consejeros electorales presididos por la maestra Guadalupe Taddei: “en la Cámara de Diputados no estaríamos de acuerdo, y no estamos de acuerdo, y por eso hicimos esa consideración en que algunos de esos recursos se triangulan a través de ONG’s para que vayan a dar al Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde está Lorenzo Córdova. En eso no estamos de acuerdo, y no lo vamos a permitir. […] Queremos que esos recursos, en todo caso, tengan un fin eminentemente indispensable para la función electoral.

“No vamos a permitir esa triangulación y por eso, nosotros, la Cámara de Diputados, asumimos nuestra atribución constitucional. Le pedimos a este Instituto Nacional Electoral que tenga respeto del ejercicio que asumimos de esa atribución, nosotros lo hicimos con responsabilidad, vamos a acompañar la modificación presupuestal, vamos a coadyuvar para que se den los procesos necesarios aquí en este Consejo, [pero] no vamos a apoyar que se le triangule dinero al Instituto de Investigaciones Jurídicas para Lorenzo Córdova, de ninguna manera.”

Ejemplo de dicha triangulación de fondos también es el caso de la IFES, donde abiertamente colabora Lorenzo Córdova: en 2018, esta organización con sede en Virginia, Estados Unidos, fue contratada por el IIDH, a nombre del INE, para hacer observación electoral mediante un “acompañamiento técnico”. En ese proceso electoral, la organización vinculada a la OEA obtuvo 11 millones de pesos del erario mexicano para subcontratar a terceros que dieran “legitimidad” a las elecciones.

Nueve años al frente del INE

Desde el 3 de abril de 2014 hasta el 3 de abril de 2023, el abogado y ahora abierto aliado de Claudio X González Guajardo –al grado de que el pasado 18 de febrero fue el único orador en la marcha que convocó el accionista de la trasnacional Kimberly Clark, en supuesta defensa de la democracia pero en realidad para posicionar la candidatura del PRIAN a la Presidencia de la República– presidió el INE. Durante su paso por esa institución dejó una estela de cuentas pendientes, además de incurrir en gastos superfluos con cargo al erario nacional.

Además de las anomalías relacionadas con las contrataciones millonarias de organismos internacionales para la observación electoral, hay al menos otros dos asuntos por los que pronto Lorenzo Córdova Vianello podría enfrentar procesos disciplinarios o incluso judiciales.

Y es que el pasado 4 de abril de 2024, el actual titular del Órgano Interno de Control en el INE, Luis Osvaldo Peralta Rivera, denunció ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que en la gestión del ahora investigador de la UNAM se enfrentaron resistencias para evitar gastos indebidos multimillonarios relacionados con la renta de automóviles. Además, acusó que Córdova Vianello mandó a hacer una “Memoria” de los 9 años de su administración, pero ésta nunca se entregó.

Al presentar el Informe anual del OIC, el contralor interno calificó como un asunto el caso de la renta multimillonaria de parque vehicular. Al respecto, detalló que en 2019, el OIC fiscalizó una licitación con contrato ya firmado para la renta de más de 1 mil vehículos por 3 años. El pago superaba los 1 mil 100 millones de pesos.

“Nosotros atendemos el asunto porque diferentes concursantes se inconformaron. Ellos presentaron tres inconformidades y se hicieron múltiples acusaciones”, entre ellas, “la asignación indebida de puntos a unas empresas que no los merecían, y quitarle puntos a otras empresas que tampoco lo merecían”. Además, dijo, se confirmó que en el proceso algunas empresas concursantes habían presentado documentos falsos.

Esto generó que el Órgano Interno de Control derribara la licitación y ordenara que se repusiera el procedimiento. No obstante, por segunda ocasión el Instituto incurrió en irregularidades: “en aquel entonces cambia el mecanismo de evaluación, y al cambiar el mecanismo de evaluación vuelve a violar la convocatoria”. Por ello, Peralta Rivera explicó que el entonces titular del Órgano Interno de Control volvió a echar abajo el fallo.

No obstante, el contralor acusó que “diversos servidores públicos del propio Instituto [Nacional Electoral] pugnaron, incluso presentaron juicios ante los tribunales para atacar y derribar las decisiones del Órgano Interno de Control. Nosotros, sin suponer, pero sospechamos un interés bastante extraño. Se iniciaron los procedimientos correspondientes, y esos procedimientos están actualmente, uno en particular está actualmente, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y quizás se resuelva en un par de meses”.

La denuncia, precisó el contralor, es por faltas graves y abuso de funciones. El contralor añadió que fue hasta la administración de la maestra Guadalupe Taddei que se está limpiando esta área del gasto. “Fue hasta esta administración que se logró optar por establecer un mecanismo híbrido. Siempre [en el OIC] estuvimos solicitando que no se rentaran, [sino] que se compraran los vehículos. Y sólo fue hasta esta gestión, precisamente casi hasta los últimos días de diciembre del año pasado, que se emite la convocatoria respectiva y se hace híbrido el mecanismo: comprar 513 vehículos y rentar otros 500. Si hubiéramos rentado los 513 vehículos, hubiésemos pagado 527 millones de pesos, pero como los compramos –y a pesar de cargar con el mantenimiento y la aseguranza por los siguientes 3años– estaríamos pagando 243 millones. Y nos quedamos como Instituto Nacional Electoral con nuestras 513 camionetas, y no tenemos que llegar a 30 meses o 36 meses más adelante y volver a rentar otras 513 camionetas, por lo que probablemente pudiera ser 527 millones, o quizá los 600 [millones de pesos].

En el asunto de la “Memoria” de la gestión de Lorenzo Córdova, el contralor Luis Osvaldo Peralta Rivera también consideró que se trata de un caso emblema de auditoría: se trata, dijo, de una contratación para que se elaborara una memoria institucional 2014-2023, y “tiene que ver con el ejercicio de la presidencia del Consejo General anterior”.

Al respecto, narró que antes de la salida de Córdova Vianello del INE –a quien no mencionó por su nombre para salvaguardar la presunción de inocencia–, “se subió a la Junta General Ejecutiva un proyecto así denominado: ‘Memoria de gestión institucional 2014-2023’. Agregó que éste tenía como finalidad que se hiciera un informe de toda la gestión, pero nunca se entregó.

“En lugar de entregarnos el informe para el que era el proyecto, con una inversión de más de 11 millones de pesos, lo que se hizo fue firmar tres contratos para que nos dieran asesoría. Bueno, para que les dieran asesoría a los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, como si en las diferentes direcciones ejecutivas o unidades técnicas no hubiese el personal necesario y capacitado y que –además, sus cédulas de puesto así lo indican– tienen como función la realización de memorias e informes. Entonces, esto acusa una terrible duplicidad de funciones”.

De acuerdo con el Informe anual del OIC, se trata de la auditoría DADE/02/ES/2023. Del caso, se indica que “el 18 de mayo de 2022, con motivo del término de la gestión del exconsejero presidente del INE, la DEA [Dirección Ejecutiva de Administración] en la Sesión Extraordinaria de la JGE, presentó a consideración de ese órgano colegiado la aprobación del Proyecto Específico G162010 ‘Informe de Gestión y Rendición de Cuentas’. En dicha sesión el Titular del OIC se pronunció señalando que los recursos asignados a este proyecto no fueron considerados dentro del presupuesto del Instituto para el ejercicio presupuestal 2022, aprobado por la Cámara de Diputados, que existen otras necesidades institucionales más apremiantes, que no se presentó el fundamento legal que permita su autorización, que el proyecto debería ser realizado por el personal del Instituto que, de conformidad con la normatividad aplicable, se podría realizar con la plantilla adscrita a la Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración o, en su caso, de la Dirección del Secretariado”.

Por ello, el OIC señala que el proyecto no tenía fundamento normativo; “sin embargo, a pesar del pronunciamiento de este órgano de fiscalización, la JGE aprobó el mencionado proyecto a cargo de la DEA, por un monto de 11 millones 614 mil 586 [pesos]”. La auditoría encontró que los contratos INE/049/2022, INE/055/2022 e INE/059/2022 tuvieron por objetivo brindar asesoría para la realización del informe, y no para su ejecución, lo que consideró irregular. Por ejemplo, el contrato 049 fue para “servicio de asesoría relativo a la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas de la gestión administrativa del consejero presidente del ‘Instituto’ correspondiente al periodo 2014-2022”.

También, detectó pagos injustificados de los entregables, por un total de 4 millones 298 mil 748 pesos, en los tres contratos. Además, la auditoría acusa una “ejecución de recursos del contrato INE/059/2022 sin autorización (partidas restringidas)”. Al respecto, detalla que “se realizaron pagos por un monto 2 millones 147 mil 902 pesos del contrato INE/059/2022 sin contar con el acuerdo de autorización de la DEA, para ejercer recursos con cargo a la Partida 33104 ‘Otras asesorías para la operación de programas’, clasificada como ‘Restringida’”.

De acuerdo con datos del propio INE, dos contratos –INE/049/2022 y INE/059/2022– fueron asignados a la empresa  Dinámica Empresarial Alabarda, SA de CV; mientras que el tercero –INE/055/2022– se asignó a Traust Accounting, S de RL de CV.

La auditoría DAOC/06/FI/2021

Al revisar las contrataciones de organismos internacionales, la auditoría DAOC/06/FI/2021 documentó que en 23 años de vigor, la normativa para suscribir convenios de cooperación técnica a nivel internacional, entre el Instituto Nacional Electoral e instituciones internacionales, no se ha actualizado. Ni ésta –que fue la primera acción correctiva que estableció el Órgano Interno de Control– se cumplió.

El reporte que el OIC entregó a Lorenzo Córdova Vianello señala que “la Coordinación de Asuntos Internacionales no proporcionó evidencia documental mediante la cual acredite que promovió la revisión y análisis de los ‘Criterios que seguirán para suscribir convenios de cooperación técnica a nivel internacional’ ante las autoridades competentes, a fin de actualizar el ‘Acuerdo CG04/99 del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen los criterios que se seguirán para suscribir convenios de cooperación técnica a nivel internacional”; ya que sólo informó que ha iniciado los trabajos para la revisión y adecuación de la norma, sin proporcionar mayores elementos que sustenten sus argumentos”. Por ello, indicó que esta observación no se solventó.

Otra observación no solventada tiene que ver con el manejo de los recursos públicos: “la Dirección Ejecutiva de Administración no acreditó las razones técnicas y jurídicas por las cuales realizó el registro de los recursos no ejercidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por 139 mil 600.40 pesos, y por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por 1 millón 814 mil 312.47 pesos, en la subcuenta ‘2.1.9.1.5 Ingresos excedentes’, y no en la subcuenta ‘4.1.6.4 Reintegros’; lo que origina que, al ser registrados en una subcuenta distinta a la establecida para tal fin, no se cumpla con el postulado de REVELACIÓN SUFICIENTE de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en el que se señala que la información financiera debe mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público; lo cual se corrobora con la materialización del riesgo observado en la acción correctiva 15-21/DAOC/06/FI/2021/DEA/06/C/09, ya que no se acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación de los remanentes que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos reembolsó al Instituto Nacional Electoral, con motivo del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2015, por 3 millones 199 mil 19.29 pesos”.

Otra observación tiene que ver con las asociaciones civiles que fueron contratadas mediante el esquema de triangulación de recursos, algunas de las cuales litigan contra el gobierno del presidente López Obrador.

“Durante la etapa de ejecución de la auditoría DAOC/06/FI/2021, este Órgano Interno de Control identificó que, del total de los gastos ejercidos por las organizaciones de observadores electorales con motivo del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE) de los ejercicios 2018 y 2021, por 30 millones 877 mil 727.52 pesos, se determinaron ‘gastos no justificados’ en 17 organizaciones de la sociedad civil, por 937 mil 909.92 pesos, mientras que la Unidad Técnica de Fiscalización identificó que nueve organizaciones de la sociedad civil tuvieron ‘gastos no justificados’ por 714 mil 778.41 pesos; por lo que existía una diferencia de 223 mil 131.51 entre lo observado por este Órgano Interno de Control y lo observado por la Unidad Técnica de Fiscalización.”