La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 19 de diciembre de 2024. Foto Germán Canseco.
El gobierno federal continuará denunciando administrativa y penalmente los actos de corrupción que se detecten en el Infonavit, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Descartó además que se trate de un asunto político, por lo que remarcó que las reformas al instituto en realidad pretenden proteger el ahorro de los trabajadores, construir vivienda —en particular social— y transparentar la labor del organismo.
“Lo que estamos haciendo es proteger el ahorro de las y los trabajadores, contrario a lo que está diciendo la oposición que —señalan— que se quiere hacer una ‘apropiación’ de los fondos. ¡No, todo lo contrario! Se van a proteger los ahorros de los trabajadores y vamos a construir vivienda social de manera transparente, para que el Infonavit cumpla con su función que es el acceso a la vivienda”, enfatizó.
En la mañanera de este jueves, la mandataria federal acentuó que el instituto presentará las denuncias correspondientes, pero atajó a que el tema no es político, esto ante la insistencia de si hay ex directores generales señalados.
“Lo quieren hacer político, no, no es político, es un asunto de defensa del ahorro de los trabajadores. Ustedes están poniendo nombres, la mayor corrupción de lo que se habló ayer se dio en el último periodo de (Enrique) Peña Nieto, y otras que vienen de antes, de una visión del Infonavit de cobrarle y cobrarle a los trabajadores, que nunca acababan de pagar su deuda. Se van a presentar las denuncias que tenga que presentar el Infonavit”.
Insistió en que se propone cambiar la ley para que el director general del instituto pueda tener la rectoría del mismo —pues hoy no sucede así—, además para eliminar dos direcciones sectoriales “que no tienen sentido. (Y son) la de la representación empresarial y la sindical, y que siga siendo un organismo tripartida donde todos decidan, las organizaciones empresariales, las de los trabajadores y el gobierno”.
La jefa del Ejecutivo federal resaltó que quienes en su momento hicieron negocio con los recursos de los trabajadores, fueron los que han obstaculizado las auditorías y la fiscalización bajo el argumento de como se trata de fondos de los trabajadores, éstos son privados.
“Me refiero a las representaciones que no son gubernamentales y, en su momento, algunas representaciones gubernamentales no permitieron que hubiera auditorías. Esta investigación, y alguna que ya venía de la administración anterior, y ahora la que está haciendo Octavio Romero —actual director general— va a derivar en seguir informando lo que se está encontrando y las demandas penales que tengamos que presentar”.
Destacó que es muy relevante que la ciudadanía conozca estas irregularidades detectadas porque representaba un negocio privado que se dio en anteriores administraciones federales en el que “participaban representaciones empresariales y de los trabajadores”.
Inclusive, cuestionó: “¿Por qué el INAI, que tanto defendían, nunca hizo nada con el Infonavit? ¿O por qué no dicen que no permitían que entrara la Auditoría Superior de la Federación a hacer auditorías? No hay argumentos. Díganme un argumento que se haya dado de la oposición y sus dirigentes empresariales como el junior Claudio X. González, que tenga fundamento. Es un odio, una crítica… ¡Tremendo!”.
En 2019, Pisa Farmacéutica fue sancionada por la Cofepris con la suspensión de operación de sus plantas ante el incumplimiento de medidas sanitarias en sus instalaciones.
Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– La muerte de 17 bebés en el Estado de México, Michoacán y Guanajuato involucra en un nuevo escándalo de salud al magnate tapatío Carlos Álvarez Bermejillo, propietario de la empresa que fabrica los productos de nutrición que presuntamente contenían las bacterias que provocaron los decesos en tres hospitales públicos y uno privado.
Álvarez Bermejillo es el propietario de Pisa Farmacéutica, cuya filial Productos Hospitalarios S.A. de C.V. fue identificada por el Secretario de Salud del Gobierno federal, David Kershenovbich, como la empresa responsable del suministro de las nutriciones parenterales que contenían la bacteria Klebsiella oxytoca que provocó las muertes de los menores.
Pisa Farmacéutica, una de las principales vendedoras de medicamentos en los gobiernos del PRI y PAN, y que ha financiado con seis millones de pesos a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) de Claudio X. González, mantuvo una disputa con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que la culpó del desabasto de medicamentos contra el cáncer.
En 2019, Pisa Farmacéutica fue sancionada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) con la suspensión de operación de sus plantas ante el incumplimiento de medidas sanitarias en sus instalaciones y también fue inhabilitada por la Secretaría de la Funcionalistas Pública por actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) en un proceso de licitación de 2017.
Pisa Farmacéutica, cuyo lema es “una vida al servicio de la vida” y que fabrica mil 500 marcas de medicamentos en 14 plantas, fue sancionada en 2010 por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por coludirse con otras empresas para aumentar el precio de la insulina, medicamento fundamental para la diabetes mellitus, sobre todo a los pacientes del IMSS.
Entre 2003 a 2006, esta empresa conocida también como Laboratorios Pisa se amafió con Eli Lilly y Compañía-México; Laboratorios Cryopharma, y Probiomed para ponerse de acuerdo y eliminar la competencia en las licitaciones y poder aumentar los precios de la insulina.
Según el expediente de la Cofoce, que en 2022 publicó la organización “Poder”, el representante de Pisa, Carlos Arturo Villaseñor López, fue el operador de la colusión con las otras empresas para generar ganancias millonarias.
Dice el documento de la Cofece: “El patrón de posturas demostró que la alternancia en las posiciones ganadoras y perdedoras no podía darse como una simple coincidencia, sino que requirió de un acuerdo colusorio, en el que participó directamente Carlos Arturo Villaseñor López por orden de Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.”
Pisa Farmacéutica, una de las principales vendedoras de medicamentos en los gobiernos del PRI y PAN. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro
Según la Cofece, Pisa “obtuvo ganancias indebidas” y millonarias de 2003 a 2006 y la sanción fue sólo una multa de 21.5 millones de pesos, la pena máxima que permite la ley, aunque no se castigó a los propietarios, porque la multa sólo fue para el abogado Villaseñor López y la razón social de la farmacéutica.
Álvarez Bermejillo, amigo de Claudio X. González Laporte y su hijo del mismo nombre, es muy cercano a los políticos del partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, como el exgobernador Enrique Alfaro Ramírez, a su sucesor, Pablo Lemus, y al jefe de gabinete de éste, Salvador Zamora.
Como Alcalde de Tlajomulco, Zamora premió a Álvarez Bermejillo con la medalla al Mérito Empresarial, en presencia de Alfaro, de quien es amigo y presuntamente ha financiado sus campañas políticas.
Los haberes incluyen sueldo base, seguros, aguinaldo, prima vacacional, reembolsos de medicamentos y servidores públicos asignados.
En una sesión privada celebrada el jueves 21 de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un acuerdo para definir el haber de retiro que se pagará a ocho ministras y ministros que presentaron su renuncia y anunciaron que no participarán en la elección de jueces y magistrados prevista para 2025, como parte de la reforma judicial.
Las renuncias de estas ministras y ministros fueron presentadas a principios de este mes, pero surtirán efecto hasta el 1 de septiembre de 2025, cuando los nuevos integrantes de la SCJN asuman sus cargos.
Además, se informó que el ministro Luis María Aguilar Morales concluirá su periodo constitucional el 30 de noviembre de 2024.
Ministros libran el recorte de 2025 y se van con pensiones completas
El Pleno de la SCJN determinó que el cálculo del haber de retiro será proporcional al sueldo tabular actual, en lugar de basarse en el salario proyectado para 2025, el cual incluye recortes en prestaciones significativas, como el pago por riesgos. Esta decisión permitirá a las y los ministros obtener un haber de retiro 15.4% superior al que les correspondería bajo el esquema de percepciones de 2025.
Si el cálculo se hubiera realizado con base en los salarios autorizados para 2025, conforme al presupuesto de egresos, el monto a pagar por concepto de haber de retiro habría sido 12.8% menor.
La decisión fue aprobada por mayoría, con el único voto en contra de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien cuestionó la celeridad con la que se tramitó el acuerdo.
En la misma sesión, se rechazó una propuesta para otorgar el haber de retiro íntegro, sin respetar lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dispone que el haber de retiro debe ser del 100% durante los primeros dos años, para posteriormente reducirse al 80%.
La ministra Batres fue la única que voto en contra del acuerdo sobre el retiro de los ministros. Foto: Cuartoscuro
Además de la pensión, ministros se retiran con prestaciones de lujo
De acuerdo con el Pleno de la SCJN, los haberes de retiro incluyen nueve conceptos, según el acuerdo aprobado el 9 de septiembre de 2013:
Sueldo base
Aguinaldo
Seguro de vida
Seguro de gastos médicos mayores
Pago por riesgo
Prima vacacional
Tres servidores públicos asignados a cada ministro en retiro
Reembolso por compra de medicamentos
Opción de compra de los vehículos asignados
Actualmente, estos conceptos suman un total mensual de 389 mil 265 pesos, una cifra significativamente superior a la pensión de cualquier otra persona servidora pública jubilada bajo la Ley del ISSSTE.
La ministra Lenia Batres Guadarrama calificó estos montos como “exagerados” y argumentó que se derivan de percepciones ordinarias que las y los ministros en retiro obtuvieron durante su ejercicio profesional, señalando que actualmente son inconstitucionales.
Según el artículo 127, fracción II, de la Constitución, vigente desde el 1 de enero de 2010, las remuneraciones de los servidores públicos no pueden exceder las de la persona titular de la Presidencia de la República.
Ellos son los ocho ministros que se retirarán y no participaran en la elección de 2025. Foto: Cuartoscuro
¿Cuál será la millonaria pensión de los ministros en retiro?
Luis María Aguilar Morales: $389,266 mensuales ($4,671,191 anuales).
Jorge Mario Pardo Rebolledo: $371,614 mensuales ($4,459,372 anuales).
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Gelasio Pérez Dayán: $346,667 mensuales ($4,160,006 anuales cada uno).
Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández: $304,937 mensuales ($3,659,248 anuales cada uno).
Juan Luis González Alcántara Carrancá: $263,132 mensuales ($3,157,584 anuales).
Ana Margarita Ríos Farjat: $249,132 mensuales ($2,998,829 anuales).
Ministra afines a la 4T no recibirán pensión; van por reelección
Por otra parte, las ministras afines al movimiento de la Cuarta Transformación —Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama— no recibirán haber de retiro, ya que no renunciaron y buscarán reelegirse en 2025, según la reforma judicial.
Cabe mencionar que los ministros en retiro, como Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, continúan recibiendo su pensión. Zaldívar, ahora coordinador de Política y Gobierno en el equipo de Claudia Sheinbaum, percibe $374,600 mensuales ($4,495,205 anuales). Sánchez Cordero, actual legisladora de Morena, recibe $307,824 mensuales ($3,693,889 anuales).
Finalmente, las viudas de los ministros que fallezcan podrán recibir hasta el 50% de estas pensiones de forma vitalicia.
La Cámara de Diputados discutirá las reformas constitucionales para extinguir organismos autónomos que despilfarran como el INAI.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha sido criticado por sus gastos excesivos en seguros de vida, viajes, asesores y otros lujos.
En 2024, destinaron millones de pesos a estos rubros, lo que generó controversia y cuestionamientos sobre la eficiencia y transparencia del organismo.
Estos excesos y otras irregularidades, dieron justificación para cuestionar sobre el actual funcionamiento de este y otros organismos, el cual se discutirá su extinción en la Cámara de Diputados.
El INAI no se ayuda: los acusan de abuso con viáticos, moches, nepotismos, aviadores…
La reforma a discutirse esta semana en la Cámara de Diputados expone que el INAI trasladará la tutela de acceso de derecho a la información y protección de datos personales a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción. Una revisión a las observaciones que se han hecho a este organismo autónomo evidencia una serie de prácticas irregulares que contrastan con el objetivo por el que fue creado este Instituto.
Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– Los excomisionados del INAI, Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, renunciaron en 2023, cuando ocupaban otros cargos dentro del Instituto, tras revelarse que usaron la tarjeta de crédito institucional para pagar un table dance. Sin embargo, un informe de la Auditoría Superior de la Federación de 2022 plantea que los derroches van más allá de los viáticos para viajes nacionales e internacionales.
Esta semana la Cámara de Diputados discutirá y, en su caso, aprobará la reforma enviada por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador que plantea eliminar siete órganos autónomos y trasladar sus funciones a otras dependencias, entre ellos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos.
La Auditoría observó que en 2022 los comisionados abusaron del uso de viáticos para quedarse más días de lo requerido en Islas Mujeres o Baja California; detectó que hubo moches a empleados bajo la amenaza del despido, así como nepotismo y posibles aviadores en el área de limpieza.
Asimismo, de sus 975 millones de pesos de presupuesto para ese año, el INAI erogó 694 millones de pesos para salarios y prestaciones de más de 700 plazas; así como dos millones para la instalación de piso deck en un piso de su sede. También gastó otros 1.8 millones de pesos para premios por concursos como “60 segundos para informarme en Tik Tok”; y más de un millón de pesos en material con el logo del INAI.
Salarios y prestaciones para las 700 plazas del INAI en 2022. Imagen: Auditoría Superior de la Federación.
En 2022, tras la renuncia de Ford y Monterrey, la Comisionada Presidenta era Blanca Lilia Ibarra Cadena y el resto de comisionados eran Francisco Javier Acuña Llamas, Julieta del Río Venegas, Adrián Alcalá Méndez y Josefina Román Vergara. Ante la salida de Acuña y la falta de designación por parte del Senado, el pleno del INAI quedó sin el número suficiente para sesionar y sus labores se paralizaron hasta que se les permitió sesionar solo con cuatro comisionados.
Pero independientemente de eso, el INAI gastó 2 millones 132 mil pesos en tres autos híbridos para esos “nuevos” comisionados que nunca fueron designados, observó la ASF.
“La adquisición directa se realizó bajo la justificación de que era necesario contar con los vehículos para ser asignados a los nuevos comisionados; sin embargo, no se tenía la certeza de que los referidos comisionados serían nombrados antes del cierre del ejercicio. Asimismo, se identificó que al no haberse nombrado los referidos nuevos comisionados, dos de los vehículos se asignaron a dos de los comisionados en funciones y el restante a la Subdirección de Servicios Generales, sin que de este último se cuente con las bitácoras de uso correspondientes”.
El dictamen de iniciativa a discutirse esta semana expone que el INAI trasladará la tutela de acceso de derecho a la información y protección de datos personales a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción titulada por Raquel Buenrostro; también al Órgano de disciplina del Poder Judicial; las Contralorías del Congreso de la Unión y al Instituto Nacional Electoral (INE) en lo que compete a partidos políticos. La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comprometió a “no tocar” a los trabajadores del INAI.
“Mi aspiración en lo particular es que desde la Cámara de Diputados pueda crearse eventualmente un artículo transitorio que dé posibilidad de una instancia con autonomía técnica a fin de que las mexicanas y los mexicanos puedan seguir ejerciendo con plenitud su derecho de acceso a la información, y de manera particular sin retrasos y de manera eficaz”, dijo este martes el Comisionado presidente Adrián Alcalá.
El INAI debe garantizar que órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos entregue la información pública que se les solicite, además de garantizar el uso adecuado de los datos personales. Daniel Lizárraga, periodista coautor de las investigaciones La Casa Blanca y la negra historia de Odebrecht, tuiteó al respecto:
“Sin duda, los excesos en el INAI acabaron con su existencia. Pero, de ahí a dejar en manos del propio gobierno qué es público y qué debe reservarse es un despropósito. No hay, hasta el momento, garantía alguna de evitar que intereses dentro de las oficinas bloqueen la información. Por ejemplo: Si la Defensa Nacional considera no entregar un contrato de obra pública, el o la solicitante debe pedir al mismo Ejército que revise el caso. ¿En serio podemos confiar? ¿Cómo sería posible cuando está de por medio la cadena de mando? ¿Un coronel, por ejemplo, le podrá exigir a su general entregar los documentos?”.
VIÁTICOS PARA FINDE O LA PLAYA
Hace unos días, los comisionados del INAI propusieron a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, una serie de ajustes para lograr ahorros por 300 millones de pesos, entre ellos, disminuir el pleno a tres comisionados y reducir viajes, convenciones y viáticos.
La ASF auditó el uso de los viáticos para los viajes de los comisionados en 2022 y encontró entre diversos abusos un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 30 mil 236 pesos.
Antes de esta auditoría, la Comisionada Presidenta era Blanca Lilia Ibarra Cadena y el resto de comisionados eran Francisco Javier Acuña Llamas, Julieta del Río Venegas, Adrián Alcalá Méndez, Josefina Román Vergara, Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Estos dos últimos renunciaron por el mal uso de la tarjeta institucional incluso para pagar un table dance en 2014.
El “comisionado 2” (así lo identifica la Auditoría) realizó 85 viajes, de los cuales 79 fueron nacionales y seis internacionales. Para ello, el INAI gastó 864 mil pesos para viáticos, pasajes y pagos realizados a la tarjeta corporativa.
“Dentro de la comprobación, se constató que el ‘comisionado 2’ realizó comisiones al estado de Baja California en los meses de marzo, mayo y agosto de 2022, lugar donde permaneció sábado y domingo, sin que estos días estuvieran relacionados con el objeto de las comisiones a las cuales fue designado”, observó la ASF.
Irregularidades en uso de viáticos para comisionados del INAI. Imagen: Auditoría Superior de la Federación.
El INAI justificó que por el horario de conclusión de actividades y la disponibilidad de vuelos, los regresos se realizaron en las fechas antes citadas; sin embargo, no se remitió la documentación que lo acredite.
Respecto a los viajes del ‘comisionado 2’ del 24 de febrero y 9 de agosto de 2022, en Jalisco y Baja California, se constató que realizó erogaciones con recursos públicos federales correspondientes para el pago del consumo de alimentos para más de una persona.
De los meses de septiembre a diciembre de 2022, además, se identificaron 11 cargos a la tarjeta de crédito American Express institucional por un monto de 12 mil 700 pesos, mismos que no se encontraron vinculados con algún oficio de comisión autorizado, ni con los formatos de desglose en incumplimiento con los lineamientos.
Alimentos no solo para el comisionado. Imagen: Auditoría Superior de la Federación.
Por su parte, el “comisionado 3” realizó seis viajes a España, Marruecos, Brasil, Turquía y Bélgica, en los cuales el comisionado ejerció viáticos por 331 mil 500 pesos; sin embargo, del viaje a Barcelona por 88 mil 600 pesos, sólo se remitió el pase de abordar de regreso.
Asimismo, la ‘Comisionada presidenta’ salió de viaje del 23 al 27 de febrero de 2022 a Isla Mujeres, Quintana Roo, por un monto de viáticos por 14 mil 400 pesos. Pero la ASF observó que no se acreditó que los días del 25 al 27 de febrero de 2022 fueran estrictamente necesarios para desempeñar la comisión, ya que la ficha técnica de la “Información general del evento”, invitación, mensaje y tuit del evento únicamente contempló el día 24 de febrero de 2022. De los días restantes, no se proporcionó documentación que justificara las actividades realizadas por un importe de 9 mil 700 pesos.
LOS MOCHES Y EL NEPOTISMO
La ASF aplicó 44 cuestionarios a diversos servidores públicos del INAI y entrevistas a servidores y exservidores públicos. Ahí se reveló que de 2018 a 2023, servidores públicos del INAI pedían a personal de este ente público entre el 10 al 60 por ciento de sus sueldos y demás prestaciones de forma quincenal “para continuar laborando”.
Si se denunciaba o se oponía a seguir realizando el pago de los porcentajes de sus sueldos, había despidos.
También el órgano fiscalizador detectó personal sin experiencia ni capacidad para el cargo y al menos cinco personas que no laboraba directamente en las oficinas del INAI y cuyo trabajo lo realizaban otros servidores públicos del Instituto.
El Comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá. Foto: X.
Asimismo observó nepotismo, es decir, la existencia de diversos servidores públicos laborando en el INAI con lazos de parentesco que prestan sus servicios en dicha institución, desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos. Pese a ello, no se contó con un mecanismo para prevenir posibles conflictos de interés o temas de nepotismo, previo a su contratación.
Respecto a los aviadores, se detectaron en el área de limpieza. “Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 36 mil 955 pesos por pagar a 14 personas físicas con recibos de nómina que no se vincularon con la ejecución del servicio integral de limpieza en las instalaciones del edificio sede del INAI”.
PISO DECK Y PREMIOS
En 2022, el INAI ejerció 194 millones 315 mil pesos para “Servicios Generales”, la segunda partida donde más se destina el presupuesto anual después de los salarios y prestaciones.
Para materiales con la identidad gráfica del INAI se establecieron dos contratos por adjudicación directa: el OA/P017/22 por 564 mil pesos y OA/P044/2022 por 439 mil pesos, es decir, este órgano autónomo erogó más de un millón de pesos para materiales con su logo.
En tanto, en año de pandemia, para mantenimiento ejerció 2 millones 365 mil pesos para “Suministro e instalación de piso DECK en el acceso principal y andador del quinto piso del edificio sede del INAI”.
Asimismo, de los 5 millones 509 mil pesos ejercidos para “congresos y convenciones”, el INAI reportó un gasto de un millón 284 mil pesos para el servicio integral de eventos de todo el año 2022 del Sistema Nacional de Transparencia consistente en el servicio de cafetería y alimentos, servicio de transporte, hospedaje y renta de sedes de eventos en hoteles, mobiliario y equipo (sillas, sillones, sala tipo lounge, tablón, periqueras, tarima, pódium), equipo de audio y video, así como servicios profesionales de intérprete del lenguaje de señas mexicanas y estenógrafo.
Piso deck para sede del INAI en pandemia. Imagen: Auditoría Superior de la Federación.
Finalmente, en el capítulo de transferencias, el INAI gastó 3 millones 648 mil pesos en la partida “Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil”. Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación identificó que un millón 887 mil pesos se destinó al pago de premios a los ganadores de 10 concursos que se llevaron a cabo en el 2022.
“Se entregó a los ganadores un total de un millón 173 mil pesos por medio de cheques, y en los 5 concursos restantes los premios por 713 mil pesos se entregaron en especie, los cuales consistieron en teléfonos celulares, tabletas electrónicas, cámaras fotográficas, libros y entradas a parques de diversión”, fiscalizó la ASF.
Y el restante un millón 761 mil pesos corresponde a las aportaciones efectuadas a 12 asociaciones civiles dentro del “Programa de Sensibilización de Derechos de Acceso de a la Información y Protección de Datos Personales” (PROSEDE).
Francisco Javier “N” fue beneficiado por jueces con un amparo que dejó insubsistente una orden de aprehensión en su contra.
Jueces y magistrados en México han sido señalados por presuntamente haber ayudado a políticos vinculados a la delincuencia organizada. En algunos casos, se les acusa de emitir fallos favorables, retrasar procesos, o liberar a personas con nexos con el crimen organizado.
La confianza en el sistema judicial se tambalea cuando quienes deberían representar la imparcialidad y la justicia se convierten en cómplices de actos corruptos. México enfrenta un problema profundo y estructural en su sistema de justicia, evidenciado por la actuación de jueces y magistrados que, en lugar de proteger el estado de derecho, han beneficiado a políticos acusados de corrupción. Estos funcionarios judiciales, ya sea por presiones, intereses económicos o lazos personales, terminan ayudando a los poderosos a evadir la justicia, perpetuando así un ciclo de impunidad que daña la democracia y la confianza pública.
Uno de los casos más sonados es el de jueces que han otorgado amparos a políticos bajo investigación por malversación de fondos y otros delitos graves. Al conceder amparos con justificaciones endebles, estos jueces obstaculizan las investigaciones, permitiendo que los acusados eviten enfrentar consecuencias por sus actos. La complicidad en estos casos no solo afecta la percepción de justicia, sino que también alienta a otros funcionarios a actuar de manera similar, con la seguridad de que existen mecanismos para eludir la ley si se cuenta con los contactos adecuados.
Por otro lado, el rol de ciertos magistrados también ha sido cuestionado. En el ámbito de los tribunales colegiados, donde se resuelven casos de mayor trascendencia, existen magistrados que han sido señalados por favorecer a figuras políticas a cambio de prebendas. Algunos casos han salido a la luz gracias a investigaciones periodísticas y denuncias ciudadanas, revelando cómo magistrados han favorecido a altos funcionarios públicos, desestimando pruebas cruciales o ignorando el peso de los cargos en su contra. Esto representa una violación no solo de la ética judicial, sino de los principios básicos que deben regir el ejercicio del poder judicial.
En este contexto, una de las prácticas más preocupantes es la llamada “puerta giratoria”, donde jueces y magistrados pasan de cargos públicos a funciones judiciales y viceversa. Este fenómeno crea una red de relaciones y favores que facilita la corrupción. Funcionarios que previamente ocupaban cargos en administraciones públicas regresan al ámbito judicial y utilizan su posición para favorecer a sus antiguos colegas, creando un círculo de impunidad que se perpetúa con cada cambio de administración. La “puerta giratoria” impide la imparcialidad que debería caracterizar a la justicia, y establece un sistema donde las conexiones políticas son más importantes que la ley.
A pesar de los esfuerzos de organismos de control y asociaciones de transparencia, la rendición de cuentas en el Poder Judicial mexicano es todavía limitada. Los procesos de investigación y sanción son lentos y muchas veces opacos, lo cual dificulta que los jueces y magistrados corruptos enfrenten consecuencias reales por sus acciones. Además, el sistema de nombramientos y promociones en el Poder Judicial es susceptible a influencias políticas, lo que facilita que los jueces alineados con ciertos intereses lleguen a posiciones de poder.
La sociedad mexicana se enfrenta a un reto monumental: lograr que su sistema judicial sea verdaderamente independiente y eficiente en la persecución de delitos, sin importar la influencia o el poder del acusado. Esto requiere una reforma profunda y un compromiso genuino por parte de todos los actores involucrados. Desde los organismos de control hasta los ciudadanos, es necesario presionar para que se implementen medidas efectivas contra la corrupción en el ámbito judicial.
Conoce qué jueces y magistrados ayudaron a políticos:
Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum nombró “junior tóxico” al empresario y líder moral del PRIAN, Claudio X González Guajardo, éste aseguró que su labor se centra en el “altruismo”, el “activismo social” y el “activismo político”, con lo que descartó ser un vividor a la sombra de su padre: el empresario Claudio X González Laporte, presidente de Kimberly Clark. Lo que no dijo es que las asociaciones civiles con las que está ligado no hacen altruismo, sino que son grupos de presión. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico litiga abiertamente contra la nueva Constitución en sus apartados sobre la democratización del Poder Judicial; mientras que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad continúa con la manufactura de informaciones falsas disfrazadas de “periodismo” e “investigación aplicada”. En 2023, esta última organización gastó 45 millones de pesos en textos destinados a desprestigiar al gobierno de AMLO; 7 millones en su difusión multimedia, y 3 millones en sus campañas en redes sociales, revela su información contable entregada al SAT
El 4 de septiembre de 2024, el empresario Claudio X González Guajardo –apodado como el “junior tóxico” por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo– confesó –en una charla, vía zoom, con integrantes de Va por Todos MX– que andaba “muy apurado persiguiendo los votos” de los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano para que la reforma judicial no fuera aprobada y, con ello, impedir “la deriva autoritaria que enfrentamos” en México.
“Acabo de bajarme [sic] del teléfono celular porque, repito, estamos persiguiendo los votos e intentandoamarrar [sic] a las y los 43 senadores de oposición, que permitiría rechazar la reforma al Poder Judicial y eventualmente otras muy lesivas acciones que pretende el oficialismo a través del llamado Plan C”, dijo en la videollamada con la mercadóloga Ana Buhl –cercana al calderonista Max Kaiser– y otros integrantes de Va por Todos Mx.
Con esa declaración, el accionista de la trasnacional Kimberly Clark –y representante de la oligarquía mexicana más antidemocrática– dejaba al descubierto las verdaderas motivaciones del liderazgo que asumió de los partidos de derecha, especialmente el PRIAN, para defender sus propios intereses, que son contrarios a la voluntad popular que llevó a la Presidencia de la República a la doctora Sheinbaum con caso 36 millones de votos. Además, demuestra que su supuesto activismo político en realidad se basa en métodos de presión. Por eso utiliza el concepto “amarrar” y no el concepto “convencer”, a la hora de narrar su actividad a quienes simpatizan con su causa.
Y la presión a los senadores era fundamental para seguir controlando al Poder Judicial, pues la estrategia de González Guajardo –a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en el primer mes de la administración de la presidenta Sheinbaum– ha sido litigar contra las principales políticas públicas y obras de infraestructura. Para ello, evidentemente, necesita jueces, magistrados y ministros sometidos a esos intereses oligárquicos.
Como Contralínea lo ha documentado, la estrategia legaloide del empresario se ha ejecutado desde dos de sus asociaciones civiles: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Ahora mismo, este último apoya las campañas contra la Constitución reformada en materia judicial, y a favor del golpe aguado que pretende asestar el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Pero no sólo eso. En la videollamada del pasado 4 de septiembre, Claudio X enunció todas las reformas constitucionales del llamado Plan C como objetivos a evitar, incluidas: la “nacionalización de la energía”, la extinción de los órganos autónomos y la supuesta desaparición de un árbitro justo para las elecciones.
Y, de plano, el oligarca confesó: “todos esos, amigas y amigos, son temas que están en la agenda de Morena desde el primer día [diciembre de 2018]. Y hemos logrado bloquear una parte importante de esa agenda a lo largo de estos 6 años. Y nosotros jugamos un rol muy significativo en eso, primero, construyendo esta coalición [del PRIAN] y votando por esa coalición en 2021, lo cual permitió en ese momento equilibrar tablas; y en ese sentido, las reformas constitucionales que ahora pretenden, si no hubiéramos logrado eso en ese momento ni siquiera estaríamos platicando ahorita de tratar de detener la reforma judicial. Ya sería una realidad. Entonces, en ese sentido, hemos ganado tiempo”.
Más adelante se arroga que, junto con muchos mexicanos y mexicanas pararon el Plan A y el Plan B. Cuando en realidad eso lo echó abajo la Suprema Corte, que claramente responde a esos mismos intereses del empresario. Pero esa no es la única confesión que ha hecho Claudio X: el 31 de octubre, a través de su red social en X, escribió: “Es criminal que un país que recauda tan poco (medido como porcentaje del PIB), desperdicie tanto dinero en empresas quebradas como Pemex y CFE, así como en proyectos perdedores como el AIFA, Dos Bocas, el Tren Maya, Mexicana, y tantos otros. Esos recursos derrochados hacen gran falta para combatir la pobreza, para acabar con la inseguridad, para darle calidad a la educación, para universalizar la salud… Entre las muchas taras de Morena, el derroche de recursos públicos es una de las peores”.
Todos esos proyectos fueron combatidos por el empresario con desinformación, y también por la vía legaloide, con decenas de juicios de amparo interpuestos, primero por MCCI –a través de su estrategia #NoMásDerroches, y después por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
Millones de pesos para atacar a la 4T
El combate de Claudio X a la cuarta transformación y el humanismo mexicano se mueve con millones de pesos. Tan sólo de enero de 2019 a enero de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera documentó que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad –organización fundada por el empresario– operó con 277 millones 231 mil 517 pesos. De ese monto, la UIF detalla que el gobierno de Estados Unidos –a través de la USAID, brazo de la CIA– donó 96 millones 740 mil pesos a ese grupo opositor que actualmente encabeza María Amparo Casar, exfuncionaria foxista cercana a Claudio X y beneficiada con una pensión vitalicia de Pemex, y a la que cada mes MCCI le paga casi medio millón de pesos.
Otras evidencias del dineral que gasta en este activismo contra el pueblo de México –pues lo hace sin respetar la voluntad de las mayorías y para bloquear la agenda del humanismo mexicano, como el mismo empresario lo ha confesado–, es el reporte que MCCI entregó al SAT en mayo de 2024, correspondiente a su situación fiscal en el ejercicio 2023. En éste se detalla, por ejemplo, que la asociación gastó 55 millones de pesos en sus textos que suplantan al periodismo y en sus supuestas “investigaciones aplicadas” –en su mayoría, contra el gobierno de López Obrador–, así como en su difusión masiva.
De acuerdo con el reporte, MCCI destinó ese monto de la siguiente manera:
Investigaciones sobre conflictos de interés: 3 millones 341 mil 5.29 pesos; investigaciones sobre el uso irregular de recursos públicos, 5 millones 577 mil 775.34 pesos; investigaciones sobre redes de corrupción, 3 millones 559 mil 675.24 pesos; investigaciones sobre impunidad, 5 millones 989 mil 509.29 pesos; investigación aplicada contra la corrupción en el sector privado, 2 millones 806 mil 402.60 pesos; investigación aplicada para fortalecer el estado de derecho, la justicia y la democracia, 10 millones 729 mil 961.32; investigación aplicada para la equidad y concientización de la ciudadanía sobre la corrupción, 2 millones 805 mil 369.11; investigación aplicada para la evaluación de políticas públicas y la percepción ciudadana, 4 millones 499 mil 200.14; investigación aplicada para la vigilancia del gasto público, 4 millones 39 mil 260.20; investigación aplicada para mejorar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, 1 millón 481 mil 928.29 pesos; así como 3 millones 105 mil 441.86 pesos para difusión masiva en redes sociales; y 7 millones 497 mil 281.52 pesos para “generación de contenido de multimedia”.
Algunos de los textos que publicó la organización y que maquinó con esos millones de pesos fueron: “Triangulan 490 millones de pesos del INSABI a amigo de Andy [hijo de López Obrador, actualmente directivo del partido Morena]”; “El departamento de lujo del Secretario de la Defensa”; “Los viajes del general Luis Cresencio Sandoval”; “Directivo de Segalmex operó en la red de los amigos de Andy”; “Sedatu impuso como proveedor a un amigo de Andy”; “AMLO encargó a amigo de su hijo Gonzalo el Instituto para Devolver lo Robado”; “Las nuevas revelaciones de ‘La Casa Gris’”; “Funcionario ligado al caso Odebrecht firmó 197 contratos en Dos Bocas”; “Asesor de AMLO recibe obra sin licitar por 1,688 millones de pesos”.
Y a ello se suma el costo de las decenas de juicios de amparo que promovió Claudio X González desde el CNLE, organización de la que es consejero. Además del empresario, el consejo directivo está integrado por Luis Asali Harfuch (presidente y quien presta la oficina de su despacho para alojar al Consejo Nacional de Litigio Estratégico), Claudia Aguilar Barroso, Gustavo de Hoyos Walther, Fernando Gómez-Mont Urueta (exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón), José Mario de la Garza Marroquín; y Miguel Carbonell Sánchez.
Tal parece que los ministros de la SCJN únicamente quieren garantizar los millones de pesos que llegarían si el Senado les acepta sus cartas de renuncia.
En las últimas horas, varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron presentar su renuncia al cargo que ostenta debido a que no están de acuerdo con la controversial elección de jueces y magistrados que trae consigo la reforma judicial propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Y es que, de acuerdo con lo expuesto por el PoderLegislativo, el 30 de octubre era la fecha límite para que los integrantes del Judicial hicieran pública la intención de contender por el cargo, o bien, formalizar su declinación a ser parte del histórico proceso que vivirá México en 2025.
Tras esto, el primero en declinar al pueblo fue AlfredoGutiérrez OrtizMena. Más tarde, siguió los mismos pasos Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Norma Piña Hernández, quien dejó en claro que no dejaría el cargo que tiene, sino que la renuncia era un acto de congruencia.
¿Qué beneficios obtienen ministros de la SCJN al retirarse?
Del otro lado de la moneda, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, acusó que las renuncias en la SCJN se darían debido a que los ministros prefieren garantizar los enormes beneficios que podrían recibir; sin embargo, enfatizó que el Legislativo no las aceptaría, por lo que tendrían que cumplir con su cargo sí o sí.
Los beneficios que recibirán en caso de que se acepten las renuncias son:
Salario al 100 por ciento los primeros dos años y al 80 por ciento hasta su defunción
Aguinaldo de 580 mil pesos anuales
Seguro de vida hasta por 12 millones de pesos.
Pago de defunción por un millón 189 mil pesos para los familiares
Pago por riesgos por 640 mil pesos
Gastos de transporte por 22 mil pesos mensuales, incluyendo gasolina y peaje
Personal de apoyo, siendo dos choferes, tres técnicos y cinco personas de seguridad
Apoyo en servicios, principalmente acceso a servicios en restaurantes y aeropuertos
Prima vacacional por 95 mil 474 pesos
Vehículos blindados, siendo dos camionetas con un costo estimado de 6 millones de pesos.
¿Qué dijeron los ministros que renunciaron a la SCJN?
Por su parte, AlfredoGutiérrez OrtizMena subrayó que no se sometería a una elección popular, puesto que no se consideraba adecuado para ello; sin embargo, hizo hincapié en que su renuncia no implicaba una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma.
En tanto, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat y Javier Laynez Potisek coincidieron en que llevaron a cabo sus funciones con total honestidad, por lo que su renuncia era para mantener su nombre en dignidad.
Finalmente, Norma Piña Hernández, presidenta de la SCJN, explicó, como se mencionó anteriormente, que su renuncia era simplemente un acto de congruencia para con sus ideales, puesto que no dejaría el cargo para el que se le designó originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030.
(17 DE SEPTIEMBRE, 2024).- En medio de las turbulencias sobre la oficialización de la reforma al Poder Judicial, la Judicatura Federal aprovechó el momento y adecuó el retiro de las y los juzgadores onforme a la ley de ISSSTE.
De esta manera, la pensión complementaria para mujeres será desde los 56 años y 28 de servicio y para hombres desde los 58 años y 30 de servicio.
Con dicho acuerdo,de acuerdo con La Jornada:
“se incorporan los tipos de pensión reconocidos en la Ley del Issste, así como su décimo transitorio, al acuerdo general que regula el plan de pensiones complementarias de magistrados y jueces, conforme al principio de subordinación jerárquica, diferenciándose únicamente en que la Ley del Issste contempla supuestos de pensión que no requieren edad ni años de servicio mínimos, en cambio, el presente acuerdo establece como requisito indispensable para solicitar el retiro voluntario contar con al menos 25 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación y haber sido ratificado”.
Asi, los juzgadores podrán jubilarse de forma anticipada y acceder a una pensión complementaria.
De acuerdo con una investigación de la periodista Nora Nancy Gaspar para SinEmbargo, fue el pasado 11 de septiembre, cuando el Consejo encabezado por la ,ministra presidenta Norma Piña Hernández, aprobó por unanimidad esta medida, con el propósito de que puedan reclamarla antes de que entre en vigor la nueva Reforma al Poder Judicial.
Con ella, se garantizaría que “las y los juzgadores federales que estén en posibilidad de acceder a una pensión del ISSSTE, también puedan tener acceso a la pensión complementaria y ejercer su derecho a una jubilación digna, acorde a su trayectoria y años de servicio”.
El acuerdo firmado por la Presidenta Ministra Norma Lucia Piña Hernández, Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica De Gyvéz Zárate, Lilia Mónica López Benítez, Celina Maya García, Sergio Javier Molina Martínez y José Alfonso Montalvo Martínez.
Pensión adelantada de jueces y magistrados es un atraco del Poder Judicial: NoroñA
Gerardo Fernández Noroña aseveró que la pensión adelantada a integrantes del PJ es una prueba más de que la reforma judicial urge.
El presidente del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña, criticó fuertemente a los jueces y magistrados del PoderJudicial, luego de que aprobaran algunos cambios en el Plan de Pensiones Complementarias para reducir la edad en la que se pueda solicitar una jubilación.
Y es que luego de la aprobación de la reformajudicial, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no se quedó atrás y rápidamente movió ficha para avalar modificaciones en cuanto al tema de pensiones, por lo que ahora mismo el personal de este Poder podrá aprovechar esta prestación antes de que entre en vigor el también llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Noroña critica al PJ por adelantar pensión de jueces
Tras esto, Gerardo Fernández Noroñaseñaló que a pesar de que no es mucho el dinero que se llevarán de pensión, sí es mayor al monto que tiene la población general; además, subrayó que el tema se pudo haber planteado de manera abierta, pero el Poder Judicial quiso hacerlo “bajo el agua”.
“Es una majadería, es un atraco del Poder Judicial, que pudo haber planteado el tema con toda lealtad, pero siguen en el madruguete, en la facciosidad, siguen defendiendo de manera torcida sus intereses personales”.
A la par, el presidente del Senado puntualizó que esta nueva situación de pensiones no tiene nada que ver con una lucha de años atrás o una organización para mejorar; incluso, dejó en claro que los integrantes del Poder Judicial, al igual que el de los otros Poderes, no son trabajadores, sino que son funcionarios públicos.
“Ellos mismos se aprueban todo, así como se otorgan amparos y como se dan impunidad”.
Noroña agradece a opositores aprobación de la reforma judicial
Finalmente, Gerardo Fernández Noroña agradeció a todos y cada uno de los legisladores de oposición, pues, según su visión, el dictamen de la reforma judicial pudo haberse llevado más días; sin embargo, este grupo fue al final el que aceleró todo el proceso para su aprobación en el Senado.
“Hay que agradecerle a la oposición que sea tan torpe, porque queriendo parar la defensa, en su inexperiencia, la catapultaron, porque aceleraron un proceso que se iba a llevar más días… Al querer presionar lo que hicieron fue acelerar, muy rápido tuvimos el dictamen y cuando hicieron la toma violenta del Senado también aceleró las cosas”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la sentencia del senador estadounidense Bob Menéndez por casos de soborno y extorsión, quien ha sido un opositor a la estrategia de seguridad de la 4T, y aseguró que “es parte de tener doble moral”.
Durante su conferencia mañanera, López Obrador fue cuestionado sobre la culpabilidad sentenciada a Menéndez en un juzgado de Nueva York. Al senador del Partido Demócrata, se le acusa de 16 cargos entre los que están, extorsión y aceptación de sobornos millonarios.
Al respecto, AMLO aseguró que fue una consecuencia de “no saber respetar al pueblo”, además de que, como la mayoría de los personajes conservadores, tiene doble moral y es hipócrita.
“Es parte de tener una doble moral, acuden a la iglesia y al salir ya están violando los principios cristianos. El conservador en general se caracteriza por ser hipócrita, un doble discurso, una doble moral”, señaló.
Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, 17 de julio de 2024. Foto: Saúl López Escorcia/Presidencia
Asimismo, recordó que Menéndez ha sido uno de los principales promotores del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, política que le ha servido para sacar provecho y para enriquecerse, según explicó AMLO.
“Los conservadores son muy corruptos, y ahí se encuadra éste hecho, y éste senador ha tenido beneficios por mantener una política injusta que ha afectado a millones de cubanos, porque él es el principal promotor del bloqueo a Cuba y eso lo ha llevado a sacar provecho político con esa bandera, con esa politiquería se ha enriquecido, pero ahora se descubre que es un deshonesto”, puntualizó.
