Sostuvo un encuentro con jóvenes e integrantes de una asociación civil.
El candidato del Partido del Trabajo (PT) para la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, propuso la creación de tres instancias gubernamentales para resarcir el daño causado por “los políticos corruptos” a las finanzas públicas de la entidad.
Se trata de la Comisión de Investigación y Persecución, una Comisión Ciudadana de Contraloría y Rendición de Cuentas, así como “una verdadera” Fiscalía Anticorrupción.
Mejía Berdeja explicó que los delitos que generaron la megadeuda de Coahuila no prescriben, ya que son de tracto sucesivo, por lo que su propuesta de llevar a juicio a exgobernadores es totalmente factible y, dijo, solo hace falta voluntad política y buena litigación para lograrlo.
En Torreón, el petista sostuvo un diálogo con integrantes de la asociación civil Participación Ciudadana 29 (PC29), de quien destacó su trabajo histórico para impulsar la participación de la ciudadanía en la vida pública y empoderar al sector civil en la toma de decisiones.
“La participación ciudadana critica se ha debilitado en los últimos años, quizá lo más grave del moreirato es haber domesticado a la sociedad coahuilense”, acusó desde la Coparmex Laguna en Torreón.
Ante la organización, Mejía aseguró que blindará la entidad para que los homicidios dolosos no repunten, pero también creará una nueva policía estatal que responda a protocolos de derechos humanos, inteligencia e investigación científica.
Mejía dejó la subsecretario de Seguridad del gobierno de @lopezobrador_ entre una gran polémica y tras perder la candidatura para el estado con el morenista @aguadiana; ahora busca gobernar Coahuila de la mano del @PTnacionalMX. pic.twitter.com/kXeB3aiKe9
En cuanto a medio ambiente, indicó que su gobierno defenderá el agua de Coahuila para el consumo humano y uso agrícola, creando un nuevo organismo de aguas, evitando el acaparamiento del líquido vital y sobreexplotación de los acuíferos.
Posteriormente, sostuvo un diálogo con jóvenes, quienes le expusieron sus inquietudes en temas de salud mental, violencia de género, oportunidades de desarrollo para la juventud, entre otros. Señaló que esos cuestionamientos forman parte de su plan de gobierno y respondió que la atención a la juventud es uno de los ejes fundamentales para rescatar al estado.
Finalmente, Ricardo Mejía dio a conocer los programas de prevención y tratamiento de adicciones, apoyo a las mujeres y contra la violencia hacia ellas, atención a la salud mental, becas a la educación, impulso al deporte, cultura, arte, emprendimiento y oficios.
Lo último que se supo del extesorero de Coahuila fue el pasado 6 de febrero, cuando acudió a testificar en el juicio contra Genaro García Luna, extitular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal, en Estados Unidos. En su declaración, el exfuncionario habló del saqueo que se realizó en la entidad y aseguró que el exgobernador estuvo implicado en actos de corrupción.
Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este miércoles que Estados Unidos devolverá casi cinco mil millones de pesos que fueron desviados durante el Gobierno de Humberto Moreira Valdez en Coahuila.
“Quiero aprovechar ahora que están tratando el tema para dar una buena información: se notificó de la Fiscalía de Estados Unidos que van a devolver un dinero, bienes, que le confiscaron a un funcionario. Es el Departamento de Justicia de Estados Unidos“, informó en su conferencia de prensa matutina.
El mandatario mexicano explicó que los recursos le fueron confiscados a Héctor Javier Villarreal Hernández, quien fue Secretario de Finanzas de Coahuila y titular del Servicio de Administración Tributaria durante el Gobierno de Humberto Moreira.
“Este señor, Villarreal Hernández, fue detenido en Texas por el delito de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito. La cantidad es considerable: son 246 millones 134 mil dólares, que en pesos mexicanos son casi cinco mil millones de pesos”, reveló.
López Obrador mostró a las y los representantes de los medios de comunicación el documento formal que envió el Departamento de Justicia del país vecino para notificar la aceptación de la solicitud para la recuperación de los activos.
Desde Palacio Nacional, propuso a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), que una parte de los recursos se destine a prevenir el consumo de drogas.
“Mi propuesta al Fiscal Gertz Manero es que una parte de ese recurso se destine a prevenir sobre el consumo de droga, que se utilice para la campaña que tenemos y que se pueda prevenir todo lo relacionado con la drogadicción, dirigido básicamente a los jóvenes y a las familias”, compartió el Jefe del Ejecutivo federal.
Aunque explicó que todavía se debe esperar a ver cómo se realizará la entrega del dinero, destacó que ya está la aceptación oficial del Departamento de justicia de Estados Unidos.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este miércoles que Estados Unidos devolverá casi cinco mil millones de pesos que fueron desviados durante el Gobierno de Humberto Moreira Valdez en Coahuila. Foto: Captura de pantalla de video.
“Esto nos lo expusieron en una anterior reunión que tuvimos aquí en Palacio [Nacional], pero estábamos esperando a que se formalizará”, aseguró el Presidente de México.
También recordó que hoy viajarán las y los miembros del Gabinete de Seguridad a Estados Unidos, donde sostendrán diversas reuniones con funcionarios de la administración de Joe Biden y del Gobierno de Canadá, encabezado por Justin Trudeau, para abordar temas como el fentanilo, las armas, la migración, entre otros.
EL TESTIMONIO DE HÉCTOR VILLARREAL EN JUICIO DE GARCÍA LUNA
El pasado 6 de febrero, Héctor Villarreal Fernández acudió a testificar en el juicio contra Genaro García Luna, extitular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal, en Estados Unidos, donde habló del saqueo que se realizó en la entidad y aseguró que el exgobernador Humberto Moreira estuvo implicado en actos de corrupción.
Héctor Villarreal Fernández, quien fue tesorero de Coahuila durante el Gobierno de Humberto Moreira Valdez, acudió a testificar en el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Foto: Moisés Pablo Nava, Cuartoscuro.
Jesús García, corresponsal del diario La Opinión de Los Ángeles, informó que el testigo número 18 que subió al estrado fue Villarreal Fernández y que describió ante las autoridades estadounidenses una trama de corrupción por 200 millones de dólares.
De acuerdo con el periodista, el cooperante, quien se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito, recibirá su sentencia este mes de abril.
“Villarreal se llevó $2.5 millones y Moreira al menos $40 millones de dólares”, citó Jesús García sobre el testimonio del séptimo cooperante que declara en el proceso.
A lo largo de su exposición, el extesorero describió cómo él y Humberto Moreira lograron desviar dinero público a través del cobro de “comisiones” ilegales por obras en la administración coahuilense.
1/3 Sube el testigo 18, cooperante 7 a declarar. Es Héctor Villarreal, ex secretario de Finanzas de Coahuila, en el gobierno de Humberto Moreira (PRI). – Está acusado de conspirar para lavado de dinero y tendrá sentencia en abril. – Describe la corrupción por US$200 millones.
Como parte de esta red de corrupción, explicó, se habría utilizado el dinero que los contratistas pagaban de forma extra para financiar campañas políticas, sobornar medios y comprar propiedades.
DETENCIÓN
Héctor Javier Villarreal fue detenido en 2012 por las autoridades texanas, al llevar 67 mil dólares en efectivo, de los cuales no pudo comprobar su procedencia; sin embargo, salió con una fianza.
Después, en febrero de 2014, el mismo extesorero se entregó luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente, se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito.
The current witness is Hector Villareal-Hernandez, a former government official in the Mexican state of Coahuila. He's talking about how he and the ex-governor, Humberto Moreira, skimmed millions in public money, a process he called taking "commissions."
En medio de este proceso penal, Villarreal fue testigo del caso en contra del exgobernador de Coahuila, Jorge Torres López, quien fue juzgado por las autoridades norteamericanas; acción que le otorgaría beneficios al exsecretario de Finanzas.
-Con información de Jesús García, La Opinión y Vanguardia
na vez más el expresidente de sustracción panista, Vicente Fox Quesada, fue mencionado en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que días 5 días antes de la salida de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó 63 concesiones para comercializar productos derivados de la cannabis a familiares del expresidente Vicente Fox Quesada.
Ante tales irregularidades, el Presidente López Obrador mencionó que se investigará el caso y las irregularidades cometidas cinco días antes de que Peña Nieto dejara el cargo de presidente; “Cinco días antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, Cofepris otorgó concesiones para comercializar productos derivados de la cannabis, la mayoría de ellos vinculados a familiares de Vicente Fox”.
El líder del Ejecutivo federal también mencionó que el Dios de Vicente Fox y los conservadores es el dinero, ya que solo les interesa lucrar, en este caso con el comercio del cannabis.
Fox responde al Presidente con mensaje confuso
Minutos más tarde, Vicente Fox respondió, a través de un mensaje confuso y mal escrito, señalando que él no tiene concesiones para comerciar productos derivados de cannabis, llamado “mentiroso” a López Obrador.
Entre su frase sin sentido, Fox mencionó que AMLO debe “revisar” Cofepris y su propia información, sin embargo el ex panista no brindó mayor información, mientras que usuarios de redes sociales mostraron como es que Fox Quesada ya ha promocionado sus empresas canabicas.
Seguridad Alimentaria Mexicana o Segalmex, es el organismo creado al inicio del gobierno del Presidente López Obrador para realizar las funciones que antes hiciera la Conasupo, adquirir los granos y asegurar la alimentación para los más pobres, pero en esta institución algo salió muy mal.
Inicialmente se nombró como director a Ignacio Ovalle, quien fuera director de Conasupo en el gobierno de Salinas de Gortari y la organización se llenó de corruptos que cometieron toda clase de abusos, hasta terminar desviando alrededor de 13 mil millones de pesos.
El asunto es equiparable en los hechos a la estafa maestra, cuando la función de Sedesol era asegurar que los recursos llegaran a los más pobres, pero se terminaron robando por lo menos 7,500 millones de pesos con Rosario Robles a la cabeza de la banda. En este caso los desvíos detectados son de casi del doble.
Este ha sido el escándalo de corrupción destapado durante el gobierno actual, no atribuible a los gobiernos anteriores y justo es por eso que su tratamiento debe ser tomado como un ejemplo de la aplicación de la ley contra los funcionarios corruptos en la 4ª transformación.
Miles de casos como este de desvíos y fraudes cometidos por empleados públicos, sucedieron en los 40 años anteriores de gobiernos neoliberales ladrones, pero jamás nos enteramos, mucho menos se hacía justicia contra los saqueadores.
A pesar de que el asunto podría haberse convertido en un gran escándalo encabezado por la oposición y sus lacayos de los medios convencionales, algunos de los cuales intentaron tomarlo como bandera temporal, fue el gobierno federal quien lo ventiló abiertamente para informar a la ciudadanía con puntualidad y transparencia sobre las trapacerías cometidas por funcionarios que habían sido puestos ahí durante esta administración.
Fue también el gobierno federal quien destituyó a los directivos del organismo y persiguió a los responsables del saqueo, quien presentó las denuncias y obtuvo ya las primeras 22 órdenes de aprehensión en contra de 12 funcionarios corruptos, 4 empresas coludidas y 6 ladrones beneficiados por uno de los delitos cometidos en esa dependencia.
Pero esto apenas está comenzando, falta aclarar mucho del dinero que fue detectado en esos desvíos y seguramente vendrán todavía muchas órdenes de captura que serán otorgadas antes de que termine este sexenio, para que todos los rateros que estuvieron ahí enfrenten la justicia como es debido.
Si intentamos recordar cuantos ladrones del erario fueron perseguidos y encarcelados en el mismo sexenio en el que habían trabajado y cometido sus trapacerías, vamos a llegar a la conclusión de que ninguno cae en esa clasificación. En los gobiernos anteriores no se castigaba la corrupción; si alguno de ellos caía en la cárcel era para satisfacer alguna venganza de quienes gobernaban, no para enfrentar a la justicia.
Cuando el Presidente dice que no hay corrupción, se refiere a la corrupción tolerada al estilo neoliberal, cuando no solamente se permitía, sino que era promovida, alentada e impulsada activamente desde la presidencia de la República ocupada por delincuentes durante 36 años.
Actualmente este es el mejor ejemplo para demostrar que el gobierno de la 4T no es igual a los anteriores. Es tan buen ejemplo que hoy los opositores ni siquiera lo mencionan, porque se está resolviendo de la forma que ellos no podrían ni imaginarse, haciendo cumplir la ley y encerrando a los corruptos. Si esto hubiese sucedido en los sexenios en los que ellos gobernaban, hoy no habría políticos de derecha caminando libres por la calle.
Como dijo el político inglés Lord Halifax: “No se ahorca a un hombre por haber robado caballos, sino para que los caballos no sean robados”.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado capturar a 9 de los 22 imputados en el caso de los 142 millones de pesos que pagó Seguridad Alimentaria de México (Segalmex) por la compra de 7 mil 800 toneladas de azúcar, de las que únicamente recibió 3 mil 110.
Un juez federal les ordenó prisión preventiva oficiosa, dejando internados a siete acusados en el Penal Federal del Altiplano y a una mujer en el Penal Federal Femenil de Morelos.
Fue la Policía Federal Ministrerial (PFM) la que detuvo, en cuatro estados del país, a cinco ex servidores públicos de Segalmex, a dos representantes de la proveedora Carregin y a un particular que recibió los recursos en sus cuentas, de acuerdo con la orden de aprehensión girada el 2 de marzo pasado.
Sobre los ex funcionarios detenidos, sus capturas fueron giradas por el delito de delincuencia organizada, pero hay otros aún prófugos de la justicia, así como particulares, que son perseguidos por ese delito y por lavado de dinero.
Los ex funcionarios detenidos son:
Carlos Antonio Dávila Amerena, Jurídico de Diconsa y Selgamex
Roberto Rivera Ramos, ex subgerente de Adquisiciones de Granos y Azúcar
Laura Patricia Hernández Rojas, Coordinadora de Control Presupuestal Liconsa
Simón Escobar Copca, Jefe de Almacén en Querétaro
Artemio Gutiérrez Rodríguez, Subjefe Operativo de Diconsa en Querétaro
Asimismo fue detenido Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de Servicios Integrales Carregín SA de CV, la empresa proveedora de este contrato de azúcar.
Por su parte, el ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, sigue prófugo por este caso, y dos procesos por la supuesta compra ilegal de títulos bursátiles por 800 millones de pesos con recursos de Segalmex.
Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este lunes que se irá a fondo en el desfalco a Segalmex. “Antes decían ‘caiga quien caiga’, pura simulación, pura demagogia, ahora no es así”, reiteró.
Autoridades federales han dado a conocer que Gavira Segreste tiene orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, el primero de ellos contemplado con prisión preventiva de oficio.
Gavira Segreste llegó al cargo al inicio del actual Gobierno federal, y renunció el 30 de junio de 2020, cuando ya había denuncias en su contra por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por irregularidades en el organismo a su cargo.
Dos meses después de dejar el cargo, su hijo, René Federico Gavira Martínez, compró un departamento de 135 metros cuadrados en The Ricchi Luxury Condominiums, un exclusivo desarrollo residencial en San Antonio, Texas.
Contratación irregular
Fue en abril de 2020 cuando Segalmex otorgó un contrato mediante el que Diconsa, filial de Segalmex, pagó a Carregin 465 millones de pesos por 25 mil toneladas de azúcar.
Cuando el organismo descentralizado pidió la devolución de 88 millones de pesos, correspondientes a 4 mil 700 toneladas de azúcar no entregadas, Carregin únicamente depositó 8 millones de pesos a Diconsa.
La empresa proveedora se habría quedado con 80 millones de pesos sin entregar la azúcar correspondiente.
Este sería el segundo proceso penal en contra de Gavira Martínez, ya que en abril pasado un juez de control federal del Reclusorio Norte lo vinculó a proceso por la presunta compra ilegal de 100 mil títulos bursátiles con un valor de 100 millones de pesos con recursos de Segalmex.
En este caso habría sido la Corporación en Asesoría Financiera, encabezada por René Dávila de la Vega, la que captó los recursos de Liconsa mediante un fideicomiso.
La casa de bolsa CI Banco, como fiduciaria, habría emitido los certificados bursátiles.
En este tema, el ex funcionario fue procesado por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Foto: Circuito Cerrado/ Jurídicas UNAM/ DCAF/ Wikipedia
Un juez federal canceló la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Fueron los abogados del panista, Diego Ruiz Durán y Ricardo Cajal Díaz, quienes informaron a través de un comunicado que un juez federal otorgó un amparo a favor su cliente, con el cual se invalida la orden aprehensión que se dictó en su contra en octubre de 2022.
La defensa detalló que la medida fue promulgada en contra del exgobernador una vez que dejó el cargo, cuando no contaba con el fuero constitucional que lo protegía anteriormente, por lo que el juzgador pudo analizar el asunto de fondo.
Asimismo, señalaron que la FGR actuó de manera equivocada, buscando culpar al exfuncionario de hechos que no habían ocurrido.
“El juez advirtió que el supuesto esquema de lavado de dinero que se le imputó erróneamente a nuestro representado, se trata de una operación comercial de compraventa de un departamento que pertenecía a García Cabeza de Vaca, la cual fue plenamente lícita”, señaló.
Por su parte, el exgobernador celebró la decisión y aseguró: “una vez más, la justicia me da la razón. Un juez federal resolvió un amparo aclarando que no existen indicios de un supuesto lavado de dinero ni mucho menos de delincuencia organizada”. Insistió en que la orden de aprehensión girada en su contra siempre fue “ilegal e inconstitucional”.
Otro golpe a la FGR | Juez ampara a Cabeza de Vaca e invalida orden de captura por delincuencia organizada https://t.co/9WLhCG86d0
El juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se tornó en un relato sin pruebas tangibles de la corrupción e impunidad que imperan en las más altas esferas del gobierno mexicano y de su relación con los distintos grupos del crimen organizado.
Después de 26 días de proceso en la Corte de Brooklyn y ya con los alegatos de todos los testigos, entre los cuales se encuentran figuras como Jesús “El Rey” Zambada, Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit; Sergio Villarreal, operador del Cártel de los Beltrán Leyva o Héctor Villarreal, extesorero de Coahuila, entre otros, las probabilidades de que el jurado encuentre culpable a quien fuera uno de los personajes clave en la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón, son bajas.
"El Rey said he personally handed over $300,000 per month in bribes while he was based in Mexico City, corrupting nearly every level of law enforcement in the Mexican capital…"https://t.co/RxyOzDLSa3
Por un lado, los 12 miembros del jurado deben estar de acuerdo en que, basados en las pruebas que presentaron tanto los acusadores como los acusados, Genaro García Luna es culpable, algo que parece complicado ante lo polémico del personaje.
Por el otro, la falta de pruebas concretas y el uso excesivo de testigos criminales por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos complica la posibilidad de sustentar las acusaciones hechas en su contra: tres cargos de conspiración para cometer narcotráfico, un cargo de crimen organizado y otro más por falsedad de declaraciones ante autoridades estadounidenses.
“Es un error por parte de la Fiscalía de Estados Unidos creer que únicamente con los testimonios de personajes considerados criminales, los cuales además se están viendo beneficiados al inculpar a García Luna, podrían sostener sus acusaciones y obtener una sentencia en contra de este personaje.
“Esta falta de material tangible en contra de García Luna mina, sin duda alguna, la posibilidad de que se dé una sentencia en su contra, lo que a su vez provocaría un desazón respecto a las revelaciones y pruebas que se esperaban obtener sobre cómo actuaron las autoridades durante el gobierno del último presidente del PAN y su colusión con organizaciones del narcotráfico como los Beltrán Leyva o el Cártel de Sinaloa en tiempos de los Zambada”, opina Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador en seguridad pública del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE).
Silencio y protección
Una de las situaciones que más llamó la atención en el juicio del lunes 13 de febrero fue la negativa de García Luna a declarar.
Sobre esta situación, Aguilar Antonio, experto en seguridad, dice que la postura del exsecretario de gobierno concuerda con su forma de actuar como secretario de Seguridad Pública.
“Al no hablar evita que con alguna declaración pudieran demeritarlo o tratar de resaltar alguna irregularidad o coincidencia con lo dicho por los testigos. Además, al no haber pruebas concretas en su contra más allá de los alegatos verbales, no confirma ni niega nada.
“García Luna no era de improvisaciones ni de enfrentar interrogatorios o discusiones. Si lo vemos en el ámbito concreto de cuando fue funcionario público y se presentó ante los congresistas donde fue fuertemente confrontado nunca cayó en provocaciones; siempre con sangre muy fría”.
En cuanto al futuro de García Luna al terminar el juicio, el investigador de CASEDE considera que buscará permanecer en Estados Unidos bajo la figura de testigo protegido.
“Creo que el personaje buscará un papel de colaborador con las autoridades de Estados Unidos, con lo cual eventualmente podría incluso obtener una nueva identidad y evitaría regresar a México, en donde la justicia está muy politizada y se buscaría hacer un ejemplo de él”.
Los testigos clave
Sergio Villarreal Barragán alias “El Grande”, uno de los más importantes operadores de la organización delictiva de los Beltrán Leyva cuando estos eran aliados del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con dicho criminal, entre el 2001 y 2005 la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI), bajo el mando de García Luna, fue la corporación policial más cercana al referido grupo delictivo y su cooperación fue indispensable para hacer crecer su negocio y debilitar a sus rivales.
Tirso Martínez alias “El Mecánico” o “El futbolista”, aunque Tirso era un narcotraficante promedio, su testimonio como operador en el terreno mostró las enormes cantidades de cocaína que podrían transportarse desde el centro de México hasta el noreste de Nueva York prácticamente sin ser detectados, gracias a la colusión de las autoridades involucradas.
Exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, sentenciado a 20 años de prisión en la misma corte en la que ahora se juzga a García Luna por nexos con el narcotráfico, el exfuncionario, quien busca una reducción en su condena, detalló que García Luna y Calderón Hinojosa le pidieron al exgobernador Ney González que apoyara a “El Chapo”, en la disputa que sostenía con los Beltrán Leyva.
Oscar Nava Valencia “El Lobo”, quien dirigía el Cártel del Milenio, una organización criminal aliada al Cártel de Sinaloa declaró ante el jurado que García Luna recibió millonarios sobornos en distintos momentos de parte del crimen organizado. Dijo que tan solo él le habría dado más de 15 millones de dólares en efectivo.
Harold Poveda, “El Conejo”, intermediario entre los capos mexicanos y los colombianos, dijo al jurado que la Policía Federal estaba al servicio del crimen organizado y reconoció que durante su carrera criminal ganó más de 400 millones de dólares, de los que solo ha regresado uno.
Miguel Madrigal, un experimentado agente especial de la DEA, sostuvo que en 2010 se encontró con Sergio Villarreal alias “El Grande”, lugarteniente del grupo de los Beltrán Leyva.
“Lo que El Grande me dijo es que sabía y tenía información de la colaboración y cercanía de Genaro García Luna con el crimen organizado y quería compartirla”, dijo el detective.
Jesús “El Rey” Zambada, hermano de “El Mayo” Zambada, quien hasta antes de su detención en 2008 era uno de los máximos líderes del Cártel de Sinaloa a cargo del flujo de drogas a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sostuvo que a finales de 2006 se organizaron dos reuniones con García Luna en el restaurante Campos Eliseos en Reforma y que le pagaron 5 millones de dólares en sobornos a cambio de su apoyo.
Los daños a la imagen de México
Más allá de la decisión que tome el jurado sobre el caso de Genaro García Luna, lo narrado en la corte por los testigos, así como las acusaciones planteadas por parte de las autoridades estadounidenses en contra del secretario de Seguridad Pública en la administración del expresidente Felipe Calderón, manchan la imagen de México.
“Sin importar el resultado del juicio, la imagen de México, en donde las autoridades del más alto nivel se coluden con el crimen organizado; así como del sistema de justicia, donde la impunidad reina, queda muy deteriorada”, critica Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador en seguridad pública del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE).
El experto en la materia, explica que esta no es la primera vez que desde una corte en Estados Unidos se dan a conocer las corruptelas que se cometen en México.
“En el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, donde además sí se pudieron comprobar parte de sus acciones delincuenciales, también quedaron en evidencia las autoridades mexicanas y el importante papel que desarrollaron para que el Cártel de Sinaloa pudiera llevar a cabo sus operaciones”.
En el proceso judicial en contra de Genaro García Luna, se describió cómo las organizaciones del crimen organizado y las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan de la mano. Foto: Especial
Propiedades y desvíos, otro caso
El camino que Genaro García Luna todavía tiene por delante es complicado, pues de no lograr un trato con el gobierno de Estados Unidos para quedarse en ese país como colaborador de las autoridades, hay varias acusaciones por las cuales aún debe responder.
En México tiene denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por desvíos de más de 400 millones de pesos, mientras que en Florida, se le encontraron y aseguraron propiedades, un tema que el juez Brian Cogan rechazó tratar durante estas últimas semanas al argumentar que no es relevante a menos que se compruebe que García Luna trabajaba para un grupo del crimen organizado y de ahí obtuvo el dinero para adquirir todos estos bienes.
De acuerdo con diversas fuentes periodísticas y la propia UIF, el exsecretario de Seguridad Pública posee múltiples mansiones y diversas propiedades, así como restaurantes y autos de lujo entre otros bienes, que presuntamente adquirió con dinero proveniente de actividades ilícitas.
Cierre de jornada
A pesar de que se tenía previsto que los testimonios de los testigos concluyeran ayer tras las declaraciones de Jesús “El Rey” Zambada, el juez Cogan anunció que hoy terminarán con el hermano de Ismael “El Mayo”.
Por su parte, la defensa presentará algún testigo breve y el miércoles, a más tardar, serán los alegatos finales de las partes y luego el jurado comenzará a deliberar, informó el periodista Arturo Ángel, uno de los pocos reporteros en cubrir el juicio directo desde Brooklyn.
Menos de lo esperado
Cuando el juicio en contra de Genaro García Luna comenzó, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tardó en aprovecharse de la situación para beneficiarse políticamente y, al mismo tiempo, golpear a sus adversarios, especialmente al expresidente Felipe Calderón, a quien acusa de robarle las elecciones presidenciales en 2006.
A pocos días de que concluya el juicio en contra de Genaro García Luna, las probabilidades de que sea encontrado culpable son pocas. Foto: Especial
“Creo que el presidente buscó explotar el proceso para criticar a su antecesor Felipe Calderón y a la oposición.
“Habló de él en sus mañaneras e incluso se comprometió a informar desde ese espacio sobre la evolución del caso, sin embargo, la falta de pruebas para sustentar las acusaciones en contra de García Luna impidió que se le pudiera dar el peso esperado”, dice Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador en seguridad pública del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE).
El experto en la materia opina que si llegaran a encontrar al exsecretario de seguridad culpable en la Corte Brooklyn, sería una de las más grandes fortunas para el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Tendría pruebas de lo podrido que estaba el sistema, validando su discurso anticorrupción y golpeando a la oposición, pero difícilmente veremos este escenario”, confiesa el investigador de CASEDE.
La red de corrupción de Genaro García Luna –compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 morales– extrajo de forma ilegal más de 745 millones de dólares, a través de contratos con la Policía Federal, la OADPRS, el Cisen y la Procuraduría General de Justicia capitalina. El presunto robo multimillonario ocurrió en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, y también implica al gobierno local de Mancera, documenta la UIF. El dinero se trianguló al paraíso fiscal de Barbados y luego a Estados Unidos, donde se empleó para la compra de propiedades y autos de lujo, actualmente asegurados por las autoridades estadunidenses
Al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno calderonista, Genaro García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 morales. Quien fuera mano derecha de Felipe Calderón robó más de 745 millones de dólares del erario de la nación, mediante contratos fraudulentos con la Policía Federal, la OADPRS, el Cisen y la Procuraduría General de Justicia capitalina, documenta la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El presunto quebranto multimillonario a la Hacienda Pública ocurrió en los sexenios de Felipe Calderón –cuando las empresas obtuvieron 10 contrataciones– y de Enrique Peña Nieto –29 contrataciones ilícitas–, y también implica al gobierno de Miguel Ángel Mancera –con un contrato–, documenta la UIF.
El dinero obtenido ilegalmente se trianguló al paraíso fiscal de Barbados y luego a Estados Unidos, donde se empleó para la compra de propiedades y autos de lujo, actualmente asegurados por las autoridades estadunidenses, acusó el licenciado Pablo Gómez, titular de la Unidad, e la conferencia presidencial de este 9 de febrero.
“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares. Y sigue el examen de otras operaciones: no hemos terminado”, señaló Gómez Álvarez.
Las empresas implicadas en las 30 contrataciones fueron: Nice Systems, Ltd; NUNVAV, Inc; NUNVAV Technologies, Inc; GLAC. Los contratos fueron asignados en el sexenio de Felipe Calderón desde la Policía Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; y en el sexenio de Enrique Peña, del Cisen, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; además, desde el gobierno capitalino en la época de Miguel Ángel Mancera, específicamente a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Los contratos implicaron beneficios económicos para García Luna y sus allegados por 745 millones 879 mil 384.78 dólares (unos 14 mil 171 millones 708 mil 310.82 pesos a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar).
Al respecto, el titular de la UIF expuso que “estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles”. Añadió que también hay otros activos en territorio estadunidense, en el estado de Florida.
Pablo Gómez explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. Por ello, concluyó que el daño a la nación ascendió a más de 745 millones de dólares.
El titular de la UIF detalló que la red está conformada por el propio García Luna, por su esposa Linda Cristina Pereyra de García Luna, y por: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Todos ellos fueron demandados por el Estado mexicano ante el Tribunal de Florida, en el juicio para que el país pueda recuperar los recursos defraudados a la Hacienda Pública.
FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
“Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar, no todos los contratos puesto que son muy largos, pero vamos a poner como ejemplo de lo que estamos hablando el uso que se le dio a estos recursos por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos y que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total, 20 años”, indicó Gómez. Se trata de las siguientes personas morales.
Restaurants & Beverage Operator Los Cedros Llc D/B/A Oggi Caffi
Ruby Dynasty Trust
Sdsw Dynasty Trust
Sunshine Dynasty Trust
Vfst, Llc
W Gourmet Group Llc
Wancier 2017 Family Trust
Imperial Crab, Ltd
Inmobiliaria Damari, Llc
Molv, Llc
Right Way Investments Corp
Sylsa Aircorp, Inc. And/Or Sysa Aircord, Inc
García Luna y el resto de personas físicas y morales que integran su red de corrupción se encuentran actualmente en la lista de personas bloqueadas. Además, explicó, desde el 24 de diciembre de 2019 la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra quienes participaron en esta confabulación, por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
Respecto de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, el titular de la UIF explicó que ésta se presentó el 21 de septiembre de 2021. Además, dijo, tiene por objetivo “la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al Estado de nuestro país. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”.
Asimismo, Pablo Gómez aseguró que en México los procesos penales siguen su curso “y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo dentro de estos los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público”.
FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM
Barbados, el paraíso fiscal de García Luna
Al el modus operandi del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, la UIF descubrió que para lavar los más de 745 millones de dólares defraudados al erario nacional, la red de corrupción de García Luna empleó paraísos fiscales.
En la conferencia presidencial del 9 de febrero, el titular de la UIF explicó que García Luna y sus cómplices triangularon el dinero a paraísos fiscales de El Caribe, especialmente a Barbados, y de ahí a Estados Unidos. “El gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29 millones 920 mil 195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países de El Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida”, afirmó Pablo Gómez.
Agregó que “no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México”.
Al respecto, Gómez criticó que se llegó al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México [en el tiempo en el que gobernaba Miguel Ángel Mancera] “le cobraron una cantidad relevante [26 millones 666 mil 666.6 dólares] por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás”. El titular de la UIF dijo que esto ya fue denunciado y las autoridades capitalinas le están dando seguimiento porque tiene un origen en el presupuesto local. Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado toda la asistencia y toda la información al gobierno de México.
Mansiones y autos de lujo
El caso que se sigue en Estados Unidos para la recuperación de bienes implica más de 19 propiedades y al menos 42 automóviles y motocicletas de lujo, que forman parte de los bienes inmuebles y muebles ligados a García Luna. Las residencias y vehículos ya fueron asegurados como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida.
Al respecto, Pablo Gómez dio a conocer que las propiedades aseguradas judicialmente en ese procedimiento civil contra la red de corrupción presuntamente encabezada por García Luna son:
En total, esos bienes implican un monto por 17 millones 930 mil 402 dólares. Agregó que también hay una serie de bienes muebles por 21 millones 725 mil 419 de dólares que fueron vendidos antes de que iniciara el juicio promovido por el gobierno mexicano, “pero que, de todas maneras, forman parte del juicio para ser recuperados”, indicó Gómez.
De acuerdo con la UIF, entre los automóviles que fueron comprados con el dinero defraudado al pueblo de México están: “un Fiat 500 2013, un Royce Royce 2013, un Ferrari F430, un GMC Terrain de 2006, un Ferrari California 2017, un Maserati Levante 2017, un Jeep Limited Rubicon, un Audi 4, un Lamborghini. Están ustedes viendo de lado izquierdo el nombre del que aparece como propietario y todos están en la trama, todas las personas. Un Jeep Grand Cherokee, un Cadillac Escalade Premium 2015, un Mini Cooper, un Toyota 2015, un Honda Elements, un remolque, un Smart, otro Lamborghini Huracán, un Tesla, un Mercedes Benz 2005, un Land Rover de 2018, un Toyota Camry, un Sea Ray, un Mercedes Benz 2011, un Bentley convertible continental, una embarcación Scout de 2014, un Fiat Cabriolet, un Mazda, un Ford Mustang 1970 de colección, un Mercury Montego 75 también, un Ford Mustang también de colección 1967, otro del año 69, otro del año 70, otro más del año 70.
Además, se localizó una motocicleta Harley-Davidson de 2007, otra más de 2009, un Ford Mustang 1970, un Ford Mustang de 1968 también de colección, un Mercedes Benz 2012, otro Mercedes Benz 2010, un Jaguar sedán 2011 y una motocicleta de lujo.
Ésta, dijo Pablo Gómez, “es una lista todavía parcial, es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado de todos los que intervinieron en esta trama.
Estos han sido asegurados por las autoridades del vecino país del norte a solicitud del gobierno de México y como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, explicó Gómez esta mañana en la conferencia presidencial”.
La UIF, encabezada por Pablo Gómez, indaga desde octubre de 2021 un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021. La dependencia presentó una denuncia ante la FGR, la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas.
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, cuenta con los elementos suficientes para judicializar el caso del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, afirmó Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programaLos Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Gómez Álvarez destacó que a diferencia del pasado mes de julio, fecha en la que se abrió la carpeta de investigación en contra del exmandatario mexicano, ahora la FGR cuenta con más información no solo de sus años como Presidente, sino también de su gestión Gobernador del Estado de México (2005-2011).
“Hoy sabemos más del asunto de Peña Nieto y no solamente del tiempo en el que fue Presidente, sino del tiempo que fue Gobernador. Hoy tenemos un conocimiento mayor de cómo se hicieron las cosas, de cómo se operó, de cómo se realizó no solamente el delito que nosotros investigamos que son operaciones con recursos de procedencia ilícita sino también peculado, todos los delitos predicados de lavado de dinero que eso es lo que nosotros hacemos”.
El expresidente Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro
A pregunta expresa de si existe la posibilidad de que el expresidente Enrique Peña Nieto sea encarcelado, el titular de la UIF indicó que no puede asegurar nada, pues el papel de la UIF, instancia que encabeza, no es la de actuar como Ministerio Público ni como Juez.
“Nuestro punto de vista no es más que un punto de vista, no pretendemos ser quienes toman esas decisiones y respetamos la esfera de competencia del Ministerio Público. […] El Ministerio Público lo sabe y no solamente sabe lo que nosotros le decimos, sabe lo que ellos investigan por su lado que tiene que ver con otras cosas. Yo estoy a la espera de que el Ministerio Público integre todo esto y ya tiene suficientes elementos para pedirle a un Juez que le conceda una audiencia de imputación, ese es el inicio de todo proceso de carácter judicial”.
El titular de la UIF indicó descartó que Peña Nieto haya sido citado a declarar y recordó que desde mayo de 2022 el político mexiquense vive en España con un permiso migratorio conocido como “‘golden visa”, el cual permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros, como lo hizo el expresidente priista, según ha revelado el diario español El País.
“No creo que lo haya citado a declarar ningún Tribunal, ni siquiera el Ministerio Público. Nosotros sabemos donde vive este señor, no es el único expresidente que ha cambiado domicilio”, expresó Pablo Gómez.
El expresidente Enrique Peña Nieto vive en España desde hace años, allá se refugió al terminar su gestión. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.
El 7 de julio de 2022, la UIF informó que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido. La denuncia fue presentada por la dependencia y la FGR abrió una carpeta de investigación.
La UIF detectó un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021, que fueron transferidos por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España. También detectó que era accionista de dos empresas que realizaron operaciones irregulares de 2013 a 2018, incluyendo con una trasnacional contratista del Gobierno federal en su gestión de 2012 a 2018.
La UIF, frente a la cual está por Pablo Gómez, indaga las operaciones desde octubre de 2021 y ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas.
Ante los señalamientos, Peña Nieto respondió en Twitter que espera “que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.
En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y …
Posteriormente, el pasado 2 de agosto, la Fiscalía General de la República informó que tiene abierta una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.
La institución encabezada por el Fiscal Alejandro Gertz Manero informó en un comunicado que la primera carpeta por delito federal abierta en contra del expriista es por “diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales”. Los avances permitirán que se judiacialice el caso en los próximos meses, detalló. Pero no se ha dicho más del tema.
Además, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, para las cuales ya se han solicitado pruebas tales como dictámenes periciales, hacendarios y fiscales. A esto se suma otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, para la cual ya se encuentran en proceso de desahogarse dictámenes fiscales y patrimoniales con las instituciones correspondientes y los peritos especializados en la materia.
Pero mientras apenas se sabe de las investigaciones en curso, Enrique Peña Nieto continúa en España con una vida de lujos, sin ser requerido por las autoridades mexicanas a las que se las ha exigido que los señalamientos no queden impunes.
“GARCÍA LUNA, EJEMPLIFICA ESTADO CORRUPTO”
La mañana de este jueves, Pablo Gómez denunció que Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y, que actualmente enfrenta un juicio en su contra en Estados Unidos por su supuesta relación con grupos del crimen organizado, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, la cual operó con impunidad durante 20 años.
El funcionario hizo esta acusación durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, espacio en el que presentó datos relevantes sobre el juicio de carácter civil que se lleva a cabo en el estado de Florida, Estados Unidos, en contra de “García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de la red de corrupción encabezada por este sujeto”.
De acuerdo con Gómez Álvarez, “bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 países con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares”.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció la mañana de este jueves que Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, la cual operó con impunidad durante 20 años. Foto: Gobierno de México
A lo largo de su intervención, también dio a conocer que tiene “un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento”.
Al respecto, Pablo Gómez indicó que estas operaciones fueron posibles gracias al Estado de corrupción que imperó en México durante muchos años, en específico, dijo, durante los gobiernos de los llamados partidos de oposición, el PRI y el PAN.
“Es un sistema de corrupción de los varios que existieron durante ese periodo que se construyeron en el país dentro de un esquema que desde el punto de vista interpretativo es un fenómeno difícilmente visto en otros países. El Estado corrupto es aquel donde la corrupción se constituye como uno los pilares de la gobernanza, que es una cosa continua, sistemática en el cual la corrupción se convierte en parte de una forma de gobernar”.
El titular de la UIF detalló que la oposición, la misma que critica al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, contribuyó a que la corrupción se expandiera y convirtiera en parte del mismo Estado durante los años que estuvo en el poder.
“Lo interesante de nuestro fenómeno político es que la oposición que durante 40 años había estado luchando contra la corrupción, según decía, lo asumió a plenitud, no solo lo asumió, lo reprodujo y lo expandió. Lo que hoy tenemos con el estudio de estas tramas de corrupción es eso, un nuevo partido que había sido víctima de fraudes electorales, se convierte en un sostenedor, impulsor, como lo quieran llamar del mismo Estado corrupto. El fenómeno es digno de tomarse en cuenta, es una transición perturbada hacia la democracia. La alternancia no es por sí misma democracia”.
García Luna es enjuiciado en EU por sus supuestos vínculos con el crimen organizado. Foto: Elizabeth Williams, archivo, AP
Respecto al estado en que se encuentran las denuncias presentadas por la UIF en contra de García Luna en 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Pablo Gómez explicó que la dependencia que encabeza ya cumplió con su parte de presentar toda la información correspondiente ante la FGR y ahora corresponde a esta dependencia seguir el proceso.
“El Ministerio Público tiene toda la información y está la denuncia presentada por la UIF, el Ministerio Público tiene que hacer ese trabajo porque la UIF no es policía, no es una agencia de investigación criminal. Nosotros proveemos de información a las entidades públicas que las necesitan para el ejercicio de sus facultades constitucionales, pero lo que no podemos hacer es sustituir a esas instituciones en el ejercicio de facultades que están concedidas a ellas mismas. Nosotros lo que hacemos es aproximamos al conocimiento de los hechos, de la verdad y darle ese conocimiento a la autoridad para que actúe y procure justicia, nosotros no podemos procurar justicia, lo más que podemos hacer es clamar justicia”.
Pablo Gómez detalló que en México el delito de lavado de dinero no se puede judicializar si no hay denuncia de la UIF, por ende, dijo, el trabajo de esta dependencia es de suma importancia.
“Estamos en un dialogo con el Ministerio Público toda la vida, estamos planeando acción ministerial en el sentido que estamos haciendo las denuncias. La UIF tiene una peculiaridad mexicana, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, no se puede judicializar si no hay denuncia de la UIF, no se puede llevar a juicio a ninguna persona por operaciones con recursos de procedencia ilícita entonces el valor de las denuncias de la UIF es muy grande”.
Finalmente, el funcionario expresó su confianza porque la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero acelere el proceso para poder presentar imputaciones contra García Luna.
“Ir al fondo lo más rápido posible. Hace un par de mese, hace poco. Claro, la denuncia de la UIF ya tiene su tiempo […] Yo espero que las cosas empiecen a correr más rápido, que los elementos con los que pueda contar el Ministerio Público sean consolidados todos ellos a efecto de poder presentar imputaciones contra García Luna. Como no es una cosa urgente desde el punto de vista del manejo de los procesos, a un diversos proceso penal entonces evidentemente la autoridad que hace la investigación en México no corre ninguna prisa, por más que pueda acelerarlo un juez podría ordenar una tercer aprehensión en contra de García Luna que no tendría una consecuencia porque él no está al alcance del Estado mexicano”.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, durante la conferencia presidencial matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 9 de febrero de 2023. Foto Marco Peláez.
Al dar a conocer detalles sobre el juicio emprendido por el gobierno mexicano contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro Garcia Luna y otras cinco personas involucradas en una red de empresas familiares mediante el cual incurrieron en delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, informó que están involucrados 745 millones 879 mil 384 dólares que se litiga en un juzgado de Florida.
Durante la conferencia presidencial, Gómez dijo que bajo auspicia de este conglomerado de empresas familiares se obtuvieron 40 contratos con diversos órganos de seguridad que involucran a 30 empresas mediante lo cual obtuvieron estos recursos los cuales se trasladaron a paraísos fiscales del Caribe, especialmente Barbados para triangularlos posteriormente hacia Miami. Entre los coacusados se encuentra también la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra; Samuel Weinberg López; Jonhatan Alexis Weinberg y Silvia Pinto de Weinberg.
Gómez detalló que estos recursos extraídos ilícitamente al erario mexicano fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro vía paraísos fiscales y adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos” como mecanismo de lavado de dinero para no dejar rastro de estos recursos.
Explicó que la UIF identificó la red de corrupción de García Luna y sus familiares y empresas, a partir de una transferencia de una de estas firmas a García Luna por monto de diez millones de dólares y presentó una denuncia en el Tribunal undécimo circuito judicial en Florida para resarcir el daño generado.
Mediante esta denuncia, al avanzar el proceso se involucraron en el juicio algunos bienes inmuebles que fueron vendidos previamente pero que forman parte del proceso para seguir la trama de lavado de dinero. Entre ellos se encuentran vehículos Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, Maserati, así como yates y otras propiedades
Gómez dijo que en México existen procesos penales que siguen su curso, que abarca peculados y contrataciones indebidas cometidas mediante redes de corrupción encabezados por García Luna durante 20 años. Incluyendo dentro de estos, los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna cuando ya no era servidor público.
El funcionario explicó que el gobierno mexicano ha bloqueado cuentas de García Luna por un monto de 29 millones de dólares, producto de esta trama de corrupción, pero en la mayor parte las empresas y las personas involucradas prácticamente no tenían recursos en cuentas dentro del sistema financiero mexicano.
Detalló que hay diez empresas ligadas a García Luna que tienen cuentas bloqueadas en México por un monto de apenas 4.5 millones de pesos, pero que evidencian la trama de cómo se llevaban el dinero a Barbados y a Florida.
También hay en lo individual una serie de personas bloqueadas en relación con esta trama de corrupción por montos de algunos millones de pesos pero no en los niveles de lo que fue hurtado a México. “Quiero dejar este asunto, estamos esperando que se resuelva un recurso que presentaron los abogados de García Luna y empresas con el propósito que se inicie el juicio, se integre el jurado y se hará todo el esfuerzo con el propósito de recuperar el dinero de lo que se nos despojó como país y como pueblo”, dijo.
