El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se abrirán los archivos del 27 batallón de infantería con sede en Iguala. Foto Sergio Ocampo.
Malinaltepec, Gro. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este sábado que se abrirán los archivos del 27 batallón de infantería con sede en Iguala.
Si bien desde ayer la Presidencia de la República había informado que el mandatario no realizaría actividades oficiales este sábado, López Obrador realiza una gira de trabajo por municipios de la montaña alta de Guerrero.
López Obrador fue entrevistado en la comunidad indígena unión de Las Peras, municipio de Malinaltepec, donde aseguró que se están tomando en cuenta las peticiones de los familiares víctimas de las desapariciones en el estado y que como parte de las investigaciones que realiza la comisión de la Guerra Sucia se abrirán todos los expedientes militares, incluso los archivos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, que ha sido mencionado en las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El mandatario dijo a familiares de víctimas del periodo de la Guerra Sucia que su descontento “es normal, la gente está muy dolida, hay que tener paciencia”.
Cuestionado sobre si se abrirán los expedientes militares, incluyendo el del Batallón 27 de Iguala, respondió: “En todos los casos”.
El presidente concluirá su gira por la montaña en un acto en el municipio de Iliatenco.
El canciller Marcelo Ebrard, al término del evento Encuentro de Diplomacia Indígena, realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Centro Histórico capitalino, el 3 de junio de 2022. Foto Pablo Ramos.
Ciudad de México. La extradición del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, que el sexenio pasado encabezó la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, sigue siendo prioritaria para el gobierno federal, afirmó el canciller Marcelo Ebrard. Señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ya los elementos de prueba que le pidió Israel -donde se encuentra el ex funcionario-, por lo que hay confianza en que el proceso “va a avanzar más rápido”.
En breve entrevista luego de participar en el Encuentro de Diplomacia Indígena, afirmó que la extradición de Zerón “es prioritaria para nosotros y no vamos a quitar el dedo del renglón porque es una contribución estratégica para dilucidar los hechos de Ayotzinapa. Lo tenemos como prioridad”.
Mencionó que si bien tomó tiempo integrar los elementos de prueba solicitados por Israel, la FGR “nos dice que (los) ha presentado”, por lo que “diría que ese caso va a avanzar ya más rápido”. Las leyes de ese país “tienen una serie de particularidades pero ya lo resolvió la Fiscalía General de la República. Entonces soy razonablemente optimista de que eso puede procesarse pronto”.
—¿Podría ser este año?, se le preguntó.
—“No sabría decirles si este año pero sí va a ser más rápido de lo que teníamos pensado”, dijo.
Sobre la extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, Ebrard indicó que es “algo positivo” en la relación entre México y Estados Unidos. “Estaba pendiente desde hace ya varios años”.
El país, dijo, “ha mandado a Estados Unidos, en lo que va de este gobierno, fácilmente más de 35 personas de peligrosidad o de importancia y México había solicitado o ha solicitado pues relativamente pocas extradiciones y no se habían dado algunas de ellas importantes como esta. Finalmente ya se dio y ahora corresponde a las autoridades jurisdiccionales determinar la situación de él”.
En otro tema, respecto a la demanda contra empresas fabricantes de armas de Estados Unidos, el canciller comentó que se está a la espera de la determinación del juez para iniciar el proceso en la Corte y ayer se presentaron elementos adicionales.
Indicó que los tiroteos recientes, que han dejado varías víctimas, “confirman que tenemos razón, en cuanto a que deben restringirse, el acceso a esas armas es un peligro tremendo. A mayor disponibilidad de armas, más tragedias y violencia”.
Manifestó que desde la cancillería se ve con interés lo que el presidente estadunidense Joe Biden está planteando sobre el control de armas y “estamos en un momento en el que vamos a trabajar muy de cerca” con su administración.
En cuanto a la participación de México en la Cumbre de las Américas, que este año organiza Estados Unidos, señaló que el país estará presente y su delegación ya está integrada. Hoy por la mañana se tuvo una reunión sobre los documentos que se van a presentar. Entre los temas está la movilidad laboral y energía eléctrica limpia.
“La razón por la cual hay un flujo migratorio tan grande es porque en Estados Unidos hay crecimiento demográfico es muy bajito, el año pasado fue .1 y para que su economía crezca necesitan más de un millón de personas cada año.
Entonces la propuesta mexicana es por qué mejor no se organizan o lo organizamos entre los diferentes países para que sea regular, ordenada y la gente no sufra tanto”, mencionó.
No obstante, el canciller reiteró que la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador depende de si se invitará a todos los países, y ese tema “es una decisión básicamente ya a estás alturas de Estados Unidos”.
La CNDH informó que anteriormente la misma comisión avaló la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Regeneración, 13 de abril del 2022. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que anteriormente la misma Comisión avaló la “verdad histórica”.
“Por su redacción, el documento avala de facto la formulación de la verdad histórica; si bien no lo señala tácitamente, su argumentación lo hace en sí misma”, indicó.
La CNDH señaló que la recomendación 15VG/2018 de la misma comisión, respecto al caso Iguala.
Durante la presentación de su informe sobre la recomendación 15VG/2018 respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; se presentaron prácticas institucionales de revictimización.
La Dilación en la presentación de la recomendación, pues los hechos ocurrieron en 2014, y la recomendación se presentó cuatro años después.
El informe que presentó la CNDH señala que el documento avala de facto la formulación de la verdad histórica.
De acuerdo con la revisión hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el proceso de elaboración; esto tras las inconformidades de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
La revisión del documento elaborado por la CDNH determinó que no contó con enfoque diferencial y especializado al momento de redactarse.
Además, señaló que los dictámenes se realizaron en gabinete y no se acudió al lugar de los hechos; asimismo, se detectaron deficiencias en la aplicación del Protocolo de Estambul.
También, se obvio la participación de las Fuerzas Armadas y no se consideró la importancia de investigar la cadena de mando policial.
CHILPANCINGO, GUERRERO, 22SEPTIEMBRE2017.- Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) tomaron la caseta de cobro de peaje Palo Blanco de la Autopista del Sol. Ahí dejaron pasar gratis a los automovilistas. Melitón Ortega anuncio que se cancelará la marcha que se llevaría cabo el día 26 de septiembre por el tercer año de la desaparición de los 43, esto ante la emergencia por el sismo del pasado martes.
FOTO: JOSÉ I. HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM
Existen al menos 57 informes del seguimiento y espionaje que realizaron el Cisen y la Sedena a los normalistas rurales de Ayotzinapa, entre 2011 y 2014. Se trata de los reportes a los que tuvo acceso el GIEI y en los que se dan detalles no sólo de asambleas, marchas, reivindicaciones y relación de los estudiantes con organizaciones, sino también de asesinatos, detenciones y desalojos. Tanto el extinto Cisen como el Ejército tenían agentes infiltrados en la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos
En su tercer informe del caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revela la existencia de al menos 57 informes de inteligencia elaborados por el ya extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En éstos quedan al descubierto las labores de seguimiento y espionaje permanente que hicieron ambas instituciones –entre 2011 y 2014– contra los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
Los reportes a los que tuvo acceso el GIEI detallan desde las reivindicaciones estudiantiles –como la exigencia de que se crearan plazas para maestros rurales recién egresados–, movilizaciones y toma de autobuses, pero también de conflictos con autoridades policiales, asesinatos y otros episodios de violencia policiaca.
Al respecto, en su Informe Ayotzinapa III, el GIEI da cuenta de que tuvo acceso a 57 informes de seguimiento de las actividades de los normalistas rurales de Ayotzinapa de 2011 a 2014, época que coincide con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero en el estado de Guerrero.
Agrega que del periodo de 2014 les fueron entregadas 12 comunicaciones e informes de inteligencia del Cisen –que era dependiente de la Secretaría de Gobernación– que daban cuenta de las actividades de los estudiantes de Ayotzinapa, tanto de días anteriores al crimen como de ese mismo día hasta las actividades de toma de autobuses en las afueras de Iguala. Por ello, los expertos concluyen que las autoridades civiles federales y militares conocían de las actividades de los estudiantes y el monitoreo a que eran sometidos.
El GIEI apunta que “los informes reservados de las autoridades militares de Sedena, así como posteriormente de los servicios de inteligencia del Cisen, dan cuenta de las reivindicaciones de plazas o transparencia en el uso de recursos; movilizaciones y toma de buses, para las marchas; conflictos con las autoridades policiales y algunos hechos de violencia específicos como asesinatos, detenciones o desalojos; incluyendo igualmente reportes de discusiones en asambleas y relación con otras organizaciones”.
Añade que esa información y monitoreo de las actividades estudiantiles no sólo se hacía con métodos de observación externa o información de contexto, sino con la existencia de agentes de inteligencia infiltrados con fachada de estudiantes de la normal rural. “Según pudo comprobar el GIEI, dentro de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa existían personas que hacían parte activa del Ejército Mexicano que realizaban tareas de información”. Al respecto, cita dos oficios internos de la dependencia entonces bajo el mando del general Salvador Cienfuegos Zepeda: el GAOI/5246, del 29 de septiembre de 2014, y el GAOI/5823, del 21 de octubre de ese mismo año.
Los expertos internacionales también señalan que en el momento del crimen –noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrieron tanto la desaparición de los 43 normalistas como los ataques que dejan seis jóvenes asesinados y 40 heridos–, al menos, tres agentes de inteligencia de Sedena estaban activos en la normal de Ayotzinapa y en Tixla, la localidad donde ésta se encuentra.
En algunos documentos, refieren en su tercer informe, “se habla abiertamente de ‘fachada de alumno’. Ninguno de dichos reportes hacía en ningún caso referencia a posibles actividades ligadas al narcotráfico por parte de los estudiantes, sino de control de las actividades reivindicativas, asambleas y otras actividades desarrolladas por el alumnado”.
Los expertos independientes revelan extractos de algunos de los 57 informes de espionaje a los que tuvieron acceso. Por ejemplo, se cita el documento con folio G.A.O.I./5087, del 22 de septiembre de 2014, en el que la Comandancia de la 35 Zona Militar informa a la superioridad DN-1, S-2, sobre “las actividades de los alumnos de la Escuela Norma Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”.
El oficio indica: “se tuvo conocimiento de una reunión del comité estudiantil ‘Ricardo Flores Magón’, (…) al interior de las instalaciones de la escuela normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Mpio. de Tixtla, Gro., donde acordaron los asistentes que durante la presente semana realizarán la retención de aprox. 15 autobuses (…) con la finalidad de contar con los medios necesarios para trasladarse a la Plaza de México D.F. a fin de participar en el ‘XLVI aniversario de los hechos registrados el 2 oct. de 1968, en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco’”.
En ese mismo documento, la Comandancia de la 35 Zona Militar ordenó a todos los batallones del estado de Guerrero que dieran seguimiento a las actividades de los normalistas rurales de Ayotzinapa. “Así, se indica al Comandante del 50 Batallón de Infantería: ‘se mantenga al pendiente de las actividades que realizan los alumnos de citado plantel educativo, con la finalidad de informar oportunamente la salida de contingentes a la Ciudad de México para la conmemoración del ‘XLVI aniversario de los hechos registrados el 2 oct. 1968’, así como el de otras organización (sic) con presencia dentro de su sector de responsabilidad”.
El tercer informe del GIEI observa que esa misma instrucción se giró a los comandantes de los Batallones 27, 34, 41 y 93 a quienes se les solicitaba: “Informe(n) por el medio más expedito a esta Cmcia. de Z.M. sin detrimento de realizarlo posteriormente por escrito, la salida de contingentes dentro de sus sector (sic) de responsabilidad a esta plaza o a la Cd. de México, a fin de participar en la conmemoración del aniversario citado en texto”.
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El día del crimen también hicieron espionaje
EL Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señala que varios documentos de inteligencia –sin precisar cuántos– del Cisen y de la Sedena revelan el seguimiento pormenorizado que tuvieron los normalistas rurales de Ayotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
“De todas las evidencias, podemos concluir que los estudiantes tomaron tres autobuses de la [central] camionera, que venían en dos autobuses de la Escuela [Normal Rural de Ayotzinapa] y que deciden regresar nuevamente y de forma urgente a Tixtla, domicilio de la Escuela. Desplazándose en total en cinco autobuses hacia Tixtla, tomaron diversas rutas divididas en dos grupos. Que se conocieron los disparos y las agresiones que sufrieron los normalistas en los dos escenarios señalados, y se transmitieron las informaciones a los mandos de las diferentes corporaciones, habiendo desaparecidos de estos dos escenarios confirmados:
“-Un grupo de los desaparecidos se encontraba en un autobús ubicado al frente del Palacio de Justicia en la carretera rumbo a Chilpancingo y;
“-El otro autobús que iba de tercero en la caravana de los autobuses que llevaban los estudiantes que estaba ubicado sobre la calle Juan N Álvarez, dirección periférico, tal y como lo señalamos en los informes del GIEI año 2015 y 2016.”
El informe establece que las autoridades policiales y militares de todos los niveles en Iguala tuvieron conocimiento en tiempo real de todos esos hechos: “sabían de quién se trataba [normalistas rurales] desde las reuniones en las que se preparaba la toma de autobuses para la marcha del aniversario” [de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968].
“Conocieron la mañana del 26 de septiembre de 2014 el intento de tomar autobuses en Chilpancingo, frustrado por la policía estatal. Sabían del objetivo de la acción que los jóvenes pretendían realizar. Conocieron y se reportó en documentos el viaje de salida de la escuela hacia Iguala, siendo monitoreados en el trayecto. Supieron de las circunstancias de su llegada a las afueras de la ciudad a tomar autobuses, y de cómo un grupo ingresó a Iguala para devolverse con el bus y quedó encerrado en el mismo. Supieron y reportaron en documentos que el resto de los jóvenes que había quedado fuera esperando, llegaron a la central camionera y se llevaron tres autobuses. Conocieron su intento de salida de la ciudad”.
El informe del GIEI señala que “todos sabían, a través de OBIS [infiltrados identificados internamente como agentes de obtención y búsqueda de información] que reportaban directamente desde el lugar de los hechos y del C-4, que un número grande de jóvenes había sido detenido de forma violenta en medio de disparos o agresiones físicas en los dos escenarios del Palacio de Justicia y de la calle Juan N Álvarez, por varias policías municipales con un enorme despliegue de vehículos de distintas corporaciones y policías vestidos de negro en el caso del Palacio de Justicia”.
Al citar el informe interno FCA No.CRFI/1194, del 26 de septiembre de 2014, el GIEI destaca que la documentación que obtuvo da cuenta de un hecho llamativo: “este seguimiento detallado y reproducido en los referidos informes cesa en las horas críticas de la ocurrencia de los hechos. Sin embargo, otros documentos de inteligencia que reproducen el contenido de interceptación de comunicaciones dan cuenta que las autoridades militares tenían información en tiempo real de los hechos de violencia que estaban ocurriendo en Iguala”.
OTO: DASSAEV TELLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM
Otros documentos militares
El informe del GIEI revela fragmentos de otros documentos militares que revelan pormenores del papel de la Secretaría de la Defensa Nacional en el caso Ayotzinapa. En ellos también se descubre el seguimiento y labores de espionaje que hacía el Ejército de las actividades del crimen organizado, “especialmente de enfrentamientos, hechos de violencia y control en diferentes lugares de Iguala y zonas aledañas”.
Al respecto, indica que tanto las autoridades militares como el Cisen “hacían seguimiento a las actividades del crimen organizado en tiempo real, a través de intervenciones de comunicaciones de integrantes de las organizaciones delictivas”. De esto último, enfatiza que también sucedió la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando “las autoridades militares tenían interceptación de comunicaciones en tiempo real”.
Uno de los ejemplos que cita es el mensaje militar CRFI, del 24 de agosto de 2014, un mes antes de la tragedia: “(…)en relación a (sic) los hechos ocurridos y la información obtenida por los OBIS de esta unidad es probable que estas acciones hayan sido realizadas y ordenadas por el grupo delictivo Guerreros Unidos asentado en esta plaza con la finalidad de no permitir que integrantes de un grupo antagónico entre a esta ciudad para disputarles el control de las operaciones ilícitas que tienen en la misma (…)”.
Asimismo, se refiere al mensaje militar F.C.A. 037114, del 27 de septiembre de 2014, cuando ya había sucedido el “gran operativo” que dejó como saldo seis jóvenes muertos, 43 normalistas rurales desaparecidos, 40 heridos y 120 víctimas de persecución que sufrieron tentativas de asesinato. Aunque de éste no se cita ni un párrafo textual, el informe del GIEI, detalla: “da cuenta que la caseta de cobro número 3 de Iguala, carretera México/Chilpancingo, había sido decretada instalación estratégica del 1 al 30 de septiembre. Caseta que cumple un rol fundamental en la narrativa acerca de cómo ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre, y que contaba en los días de los hechos con presencia de una patrulla militar”.
Asimismo, revela la existencia del documento militar llamado “Panorama General delictivo en el Estado de Guerrero”, de noviembre de 2014. Y reproduce un fragmento del mismo: “el estado de Guerrero es relevante en la producción de estupefacientes, principalmente amapola, por su ubicación geográfica e infraestructura de comunicación, facilitando el trasiego aéreo, terrestre y marítimo procedente de Centroamérica, con destino a los EUA”.
Otro oficio al que hacen referencia es el F.C.A. G.A.O.I/5388, del 4 de octubre de 2014, enviado por la Comandancia de la 35 Zona Militar a la Comandancia del 27 Batallón de Infantería, en el cual los militares abordan el tema de la utilización de autobuses en el traslado de droga: “La chiva que se elabora en Tlacotepec es enviada a Chicago USA vía carretera en autobús como el reciente autobús detenido en Puebla”.
A pesar de la importancia que revisten todas estas informaciones internas, fue hasta el año pasado con la Sedena y el Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) empezaron a entregar a cuenta gotas estos documentos al GIEI. En su más reciente informe, el Grupo reitera la necesidad de que estas dos instituciones den acceso pleno a sus archivos y con ello se contribuya a conocer la verdad acerca de este macro caso de un crimen de lesa humanidad.
l presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se investiga a los mandos de la Marina por el caso Ayotzinapa.
Esto después que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rindiera un informe en el que se revela un video donde que se aprecia a personal de la Marina manipulando el Basurero de Cocula, en octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los normalistas. En este lugar fue donde según la primera versión oficial de los hechos, los cuerpos de los 43 normalistas fueron incinerados.
Al respecto, López Obrador informó en su conferencia matutina que ya dio la instrucción para que se investigue a los mandos que participaron en el operativo.
“Sobre ese video de la Marina, me lo mostraron y se dio la instrucción de que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía. Todos los que participaron, sobre todo el Almirante responsable del operativo”
El mandatario dijo que la investigación del caso sigue abierta. Ya que fue un compromiso que hizo al iniciar su mandato.
“Es un compromiso que tenemos, de dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”
El presidente aseguró que los expertos del GIEI seguirán colaborando con el gobierno federal para resolver el caso. De igual forma dijo que todos los datos e información disponible será entregada. “No sé oculta nada”.
“Toda la información del Ejército se ha puesto a disposición de la Comisión (para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa) y la Fiscalía especial, y esa es la instrucción que tienen y la están cumpliendo”
El 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa, Guerrero acudían a una manifestación por el 2 de octubre. No obstante, en el traslado fueron desaparecidos.
La versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, conocida como la “verdad histórica” los normalistas fueron entregados al Cártel Guerreros Unidos. Estos terminaron por incinerar a los estudiantes en el basurero de Cocula y tirar los restos al Río San Juan.
Esta polémica versión fue derribada en 2018 por el gobierno de López Obrador. La reapertura del caso arrojó el hallazgo de los restos no calcinados de dos de los estudiantes, Christian Rodríguez, en 2020, y de Jhosivani Guerrero, en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero.
El GIEI y otros expertos ya habían hablado de la participación de las fuerzas armadas del estado en el caso. Y ahora con este nuevo informe se revelan más vínculos del aparato castrense con el suceso.
El periodista Epigmenio Ibarra cuestionó a Ciro Gómez Leyva por su postura sobre la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.
De forma increíble pese a las pruebas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ciro Gómez Leyva sostuvo que la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto sigue intacta a pesar de las pruebas presentadas en días recientes.
Durante su participación en el programa Ciro Gómez Leyva por la mañana, el productor Epigmenio Ibarra pidió al presentador de noticias que se disculpara por haber defendido en el pasado y afirmado que la “verdad histórica” sigue intacta. No obstante, el periodista en lugar de disculparse sostuvo lo dicho y lo repitió.
Ciro Gómez Leyva afirmó que la polémica versión sobre Ayotzinapa durante el gobierno pasado sigue intacta. Esto pese a los videos difundidos por el GIEI en su nuevo informe, en los cuales se observa a personal de la Secretaria de Marina interviene en la que se convirtió en la “escena del crimen” antes de que se presentara como tal.
De igual forma, Ciro aseguró que no se ha probado la participación de militares en la desaparición de los normalistas. Incluso dijo que eso solo lo dicen “versiones como las tuyas” refiriéndose a Ibarra y desacreditando las investigaciones contrarias a la “verdad histórica”. No obstante, la reportera Miriam Moreno, parte del equipo de colaboradores del programa, afirmó poco después que a partir de la apertura de los expedientes del caso se supo de la intervención del ejército.
Epigmenio Ibarra aclaró su punto y cuestionó a los colaboradores del programa de Ciro las razones por las que no actuaron las autoridades federales y su inacción incluso a sabiendas de que hubo participación de algunos policías federales. Estas preguntas también fueron descalificadas por Gómez Leyva diciendo que son “puras hipótesis”.
Ciro Gómez Leyva. Foto: Especial.
De igual forma, Ibarra preguntó a Ciro por qué ponen en duda a los expertos que dicen que la escena del crimen fue manipulada. Pero no cuestionan la versión oficial del gobierno de Peña Nieto y continúan afirmando que la verdad histórica sigue intacta.
La defensa de Gómez Leyva fue decir que los “fundamentos” de la verdad histórica son los que están intactos.
“Los elementos de la verdad histórica, los fundamentos los jóvenes fueron secuestrados por grupos criminales y fundamentalmente hasta donde sabemos policías municipales, autoridades municipales. Se los llevaron y los mataron, eso para nosotros, es lo que hemos dicho. Lo dijimos en 2014, lo dijimos después y lo decimos hoy.”
A lo que Epigmenio respondió: “La verdad histórica es: los mataron a todos la misma mañana, los incineraron en el basurero de Cocula” y Ciro nuevamente lo descalificó y lo interrumpió mandando su programa a pausa.
Regresando del corte Epigmenio sentenció que Peña Nieto en lugar de atender el asunto dejó que creciera y después inventó la “verdad histórica”. Y finalizó recordando que el otrora presidente de México dijo en conferencia de prensa “los mataron a todos, los desaparecieron a todos, lo siento mucho. Ya supérenlo.”
Finalmente, Epigmenio Ibarra concluyó que hubo una inacción del Estado “no había autoridad”, que hubo encubrimiento del hecho y coacción de parte de autoridades, municipales y federales. Por su parte Gómez Leyva concluyó que se borraron los restos de los normalistas pero sin certeza de cómo, además puso en duda la participación de autoridades federales en el hecho.
CIUDAD DE MÉXICO, 29MARZO2022.- Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ofrecieron un mensaje para hablar sobre el Tercer Informe Ayotzinapa del GIEI, en el Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro.
FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
Uno de los hallazgos más relevantes del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero, tiene que ver con el espionaje y la infiltración a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos por parte del Ejército Mexicano.
El Informe Ayotzinapa III revela que los normalistas rurales fueron espiados por la Secretaría de la Defensa Nacional: “eran un blanco de inteligencia por parte de las autoridades militares. Los alumnos fueron objeto de seguimiento durante los años anteriores a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Estaban siendo sujetos a un cercano seguimiento cuando se desarrollaron los hechos y se encontraban infiltrados con agentes de inteligencia”.
Además de la infiltración de militares encubiertos con fachada de estudiantes (al menos se han documentado tres casos, incluido uno que se cuenta entre las 43 víctimas de desaparición forzada), el documento del GIEI –que fue entregado a la Fiscalía General de la República para que el caso se judicialice una vez más– también advierte de la intervención de comunicaciones.
“Los documentos confirman que el Ejército (así como el Cisen) tenía intervenidas las comunicaciones de actores relevantes en los hechos, incluso cuando estaban ocurriendo, sin que consten autorizaciones judiciales para ello. Por ejemplo, en un documento fechado el 5 de octubre de 2014 se incluyen algunas de estas intervenciones, de fechas anteriores: 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014, que revelan datos importantes sobre las personas involucradas en los hechos, su ubicación e informaciones sobre el destino de los estudiantes”, se señala en el reporte.
Asimismo, la abogada Ángela Buitrago –integrante del GIEI– declaró el pasado 28 de marzo que el espionaje era realizado por los integrantes del Batallón 27. También indicó que este seguimiento “sirve para mirar estructuras, historias, y aquí una mirada sociológica muy importante creo que también vale la pena, y es hablar de cuál era el procedimiento habitual frente a los estudiantes de Ayotzinapa y de todas las [Normales] Rurales de todo el país, de un espionaje que nosotros por lo menos tenemos documentado desde el año 2010. Un espionaje permanente y sobre esos supuestos también formas de cultura sobre discriminación, etiquetamiento, que llevan también a condiciones de manejos en estos temas”.
Por su parte, la abogada Claudia Paz y Paz –también integrante del GIEI– se refirió a este tema como “un seguimiento que vamos a llamar ‘histórico’, casi contrainsurgente a la escuela, las actividades de la escuela [Normal Rural de Ayotzinapa], de los estudiantes”.
En el reporte queda claro que la Sedena no tiene facultades legales para realizar estas operaciones, ni tampoco las intervenciones de conversaciones telefónicas, por mensajería instantánea y/o correos electrónicos, pues no contaba con órdenes de jueces. Más aún, ninguna ley le confiere hacer este tipo de interceptaciones.
No obstante, la Defensa Nacional fue la primera institución que adquirió la plataforma Pegasus, que ya se ha demostrado que fue usada para espiar a los miembros del GIEI y al abogado Vidulfo Rosales, defensor de derechos humanos que ha acompañado a los padres y madres de los 43 normalistas rurales en su lucha por la justicia. De ahí que sea muy probable que con este mismo malware se hayan hecho las intercepciones de comunicaciones ligadas a este caso.
En México está demostrado que el malware Pegasus ha sido utilizado para espiar luchadores sociales, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, políticos y periodistas, por lo que ésta no sería la primera vez que se le hubiera dado ese uso.
Contralínea documentó que desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la Sección Segunda de la Sedena compró las licencias de dicha plataforma. Los contratos se firmaron entre septiembre de 2010 y finales de 2012 e implicaron un gasto superior a los 8 mil millones de pesos.
Para activar y operar la plataforma de espionaje, la Secretaría de la Defensa Nacional acondicionó un edificio completo en el Campo Militar Número 1. De acuerdo con los documentos a los que Contralínea tuvo acceso, la instalación del sistema se hizo en tres fases, y por ello se firmaron 18 contratos (15 de estos fueron para obras, servicios y bienes relacionados).
Es evidente que la plataforma de espionaje con la cual contaba la Sedena antes, durante y después de la desaparición de los estudiantes normalistas es Pegasus, considerada una de las más invasivas y con mayor capacidad de romper sistemas de seguridad y encriptación de comunicaciones.
El informe del GIEI, revela que “todas las corporaciones –Ejército, Cisen y Policía Federal y estatal– hacían seguimiento y reporte en tiempo real de todas las actividades de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y otras, o de sus actividades, desde años atrás a los hechos de 2014”. No hablan, sin embargo, de qué plataformas de espionaje fueron empleadas en estas labores.
Entre sus hallazgos se apunta que esas autoridades “conocían perfectamente que, desde principios de septiembre de 2014, se estaba organizando una conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México con todas las Escuelas Normales, y la encargada de realizar el aprovisionamiento, consecución de transporte y alimentación (boteo), era la Normal Raúl Isidro Burgos”.
También se señala que elementos de la Sedena y el Cisen “hacían seguimiento permanente a las actividades de boteo y toma de camiones de manera especial en este mes de septiembre, teniendo claridad de los autobuses, placas, y marcas que habían sido tomados en los diversos municipios de Guerrero”.
El tercer informe enfatiza que el Ejército Mexicano “tenía infiltrada la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos a través de jóvenes que actuaban como estudiantes y agentes de inteligencia. Los documentos confirman que un normalista, que está entre los estudiantes desaparecidos, ingresó a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para realizar labores como Órgano de Búsqueda de Información (OBI). Igualmente, el ejército contaba con al menos otro OBI que ejercía como estudiante de la Escuela e informante del Ejército”.
De esas documentaciones a las que tuvieron acceso los expertos internacionales se desprende que había un tercer OBI situado en la ciudad de Tixtla, “quien observó los movimientos en la escuela después de los hechos”. Además se señala que la Sedena conoció de todas las actividades que los normalistas rurales de Ayotzinapa habían planeado para aprovisionarse de vehículos y recursos desde el 14 de septiembre de 2014.
Las omisiones intencionales de la Sedena
La Secretaría de la Defensa Nacional –entonces comandada por el general Salvador Cienfuegos Zepeda– no sólo omitió actuar para detener la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas rurales, sino que sistemáticamente ha ocultado lo que sabe.
El informe del GIEI señala que “durante y posteriormente a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, el Ejército recibió información de interceptación de comunicaciones la cual nunca fue puesta a disposición de la búsqueda o la investigación. De la misma manera instruyó procesos disciplinarios en contra de sus integrantes y realizó investigaciones cuyos resultados no compartió, ni ha compartido plenamente”.
Respecto de la interceptación de comunicaciones, se apunta la existencia de documentos que confirman que “las autoridades militares y del CISEN estuvieron informadas en tiempo real de lo que ocurría. Sin embargo, esta información no fue compartida con las autoridades encargadas de la investigación, ni hay constancia de que se hubiera hecho alguna actividad de búsqueda específica con la misma”.
Además se advierte que hubieron investigación por parte de autoridades militares que se ocultaron. “El GIEI pidió insistentemente las investigaciones que se hubieran adelantado en el fuero militar con ocasión de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. La reiterada respuesta a este requerimiento fue que no se había adelantado ninguna investigación. A la fecha no se ha tenido acceso a la misma. Sin embargo, distintos documentos militares dan cuenta de que si se ordenó y realizó una investigación por parte de autoridades militares”.
El informe cita como ejemplo un documento del 15 de octubre de 2014, de la IX Región Militar del Estado Mayor, CG en Acapulco, que “hace referencia a que se realizó una ‘exhaustiva investigación’ sobre los hechos. En este documento se incluyen informes y entrevistas a integrantes del 27 y del 41 Batallón de Infantería. En la sección de consideraciones, existe una afirmación que corrobora la existencia de una averiguación previa en el fuero militar. Al referirse a una declaración de uno de los estudiantes que se encontraba en el Hospital Cristina, señala que: ‘sobre el particular, en las declaraciones obtenidas del personal que participó en los hechos, no es posible determinar la veracidad de estas declaraciones, circunstancia que fue confirmada por el ministerio público adscrito a la 35/a Zona Militar, quién por es del DN-21 inició una averiguación previa’”.
También da cuenta de otra documental elaborado por la Policía Militar Ministerial que data de octubre de 2014: en la Sección B de Investigaciones también se refiere a investigaciones adelantadas por autoridades militares. “El documento informa sobre el ‘avance de investigación’ originada por artículos de prensa en la que estudiantes denuncian el mal trato que recibieron en el Hospital Cristina por elementos del ejército. En la sección denominada ‘IV. Acciones que se realizan’, al final del documento se afirma que: ‘un equipo investigador de la PMM continúa con la investigación de los hechos, entrevistando a personal militar del 27/o BI, médicos y personal administrativo del hospital ‘Cristina’ y paramédicos de la Cruz Roja de Iguala, Gro”.
Los expertos concluyen que personal de la Policía Ministerial Militar realizaron entrevistas como parte de una investigación relacionada con los hechos. Sin embargo, acusan que los resultados de estas indagatorias no se incluyeron en los documentos a los que les dieron acceso ni se encuentran en las averiguaciones previas.
Pegasus en la Sedena
Fue el gobierno de Calderón el que compró la plataforma de espionaje Pegasus. La primera institución que usó esta tecnología fue la Sedena en su rama de inteligencia militar, cuando esa dependencia era dirigida por el general Guillermo Galván Galván y cuando, en la Secretaría de Seguridad Pública se desarrollaba a la par la llamada Plataforma México, a cargo de Genaro García Luna.
El edificio que la Sedena acondicionó para alojar el equipo tecnológico de espionaje contaba o cuenta con ocho módulos y más de 200 computadoras. Además se adquirieron mesas, pantallas, servidores y sistemas satelitales para su correcta operación. El gasto público superó en aquel momento los 8 mil millones de pesos. Luego ese malware se popularizó entre las dependencias federales, pues acabó contratándose también para la Procuraduría General de la República –que en la época de la desaparición de los estudiantes estuvo a cargo de Jesús Murillo Karam–, la Secretaría de Seguridad Pública y el propio Cisen.
El tercer informe del GIEI sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa revela una operación de Estado ejecutada por el gobierno de Peña Nieto, que involucró a los tres niveles de gobierno. Los crímenes cometidos incluyen tortura, obstrucción de la justicia, manipulación de escenas, fabricación y destrucción de pruebas, falsificación de documentos, ocultamiento de información, detenciones ilegales, espionaje, colusión de servidores públicos. En estos delitos se revela el papel activo de la Sedena –tuvo conocimiento en tiempo real de los hechos– y de la Marina –manipuló el basurero de Cocula–; además, se descubre que previo a la desaparición, estudiantes fueron presentados con vida en barandillas. Otro elemento que se destaca es el asesinato de 20 testigos clave. Pese a la instrucción del presidente López Obrador de colaborar plenamente con la investigación, la Defensa Nacional y el CNI siguen ocultando información crucial para revelar la verdad
El gobierno de Enrique Peña Nieto orquestó una operación de Estado antes, durante y después de la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero –ocurrida la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala–, revela el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado este 28 de marzo. En éste se documenta, por ejemplo, que elementos de la Secretaría de Marina manipularon la escena del basurero de Cocula y que el Ejército –a través del Batallón 27– realizó labores de espionaje de forma ilegal, además de que tuvo conocimiento de lo que sucedía con los jóvenes en tiempo real.
En realidad, el reporte –del que sólo se dio a conocer una versión corta, porque el original fue entregado a la Fiscalía General de la República para su judicialización– evidencia que los tres niveles de gobierno participaron de forma activa en lo que los expertos del GIEI denominaron una simulación, y que podría configurar una operación de Estado para encubrir este crimen de lesa humanidad y a sus verdaderos responsables.
En éste se documentan los delitos de desaparición forzada y tortura, sancionados por el derecho penal internacional por considerarse violaciones graves a los derechos humanos, mismos que no prescriben. Además, se da cuenta de otros ilícitos, como la obstrucción sistemática de la justicia, la manipulación de escenas, la fabricación y la destrucción de pruebas, la falsificación de documentos, el ocultamiento de información, las detenciones ilegales, el espionaje. Asimismo se descubre que previo a la desaparición de los estudiantes, éstos fueron presentados con vida en barandillas y en presencia de personal del Ejército Mexicano.
Otro elemento que se destaca es el asesinato de 20 testigos clave. En total, 22 personas civiles que pudieron aportar elementos para conocer el desarrollo de los hechos han perdido la vida, pero sólo dos por causas naturales. Asimismo, durante la presentación del reporte, los integrantes del GIEI denunciaron que sigue habiendo resistencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia (antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen) para entregar información crucial que podría revelar la verdad. Ello, pese a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de colaborar plenamente con la investigación del Grupo Interdisciplinario.
Antes de la desaparición
El resumen del Informe Ayotzinapa III da cuenta de que “las autoridades militares y de inteligencia conocían y daban seguimiento a las actividades del crimen organizado, particularmente, el accionar de Guerreros Unidos. También conocían de la siembra de amapola y la fabricación de heroína, así como su trasiego en autobuses de pasajeros hacia Estados Unidos. En respuesta a esta situación, en 2014 se instalaron el Centro Regional de Inteligencia y la Coordinación Guerrero Seguro, en la que participaban efectivos militares para combatir al crimen organizado. En seguimiento a estas actividades, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, las autoridades militares tenían interceptación de comunicaciones en tiempo real”.
El documento incluso señala que la infiltración a los estudiantes por parte de la Sedena era de tiempo atrás, con militares encubiertos que reportaban todo a sus superiores. “Los estudiantes durante al menos 10 años fueron objeto de continuo seguimiento por parte de las autoridades, incluso, había agentes de inteligencia en los alrededores de la escuela y en la escuela misma que se hacían pasar por estudiantes y uno de ellos se encuentra desaparecido”. Durante la presentación, los expertos del GIEI confirmaron que se trata de un militar encubierto que se había infiltrado en la normal rural, como parte de las labores de contraguerrilla que aplica el Ejército en campo.
Adicionalmente, el informe señala que el 22 de septiembre de 2014 –4 días antes de la desaparición forzada– “se ordenó que se diera un seguimiento a las actividades de las estudiantes previas a la marcha por el 2 de octubre hacia Ciudad de México”. Específicamente, los expertos señalaron en la conferencia que hubo labores de espionaje del Batallón 27.
Documentos militares a los que el GIEI tuvo acceso en esta nueva etapa de investigaciones dan cuenta que el 26 y 27 de septiembre de ese año, cuando ocurrió el crimen de lesa humanidad, “el seguimiento a los estudiantes inició frente al intento de toma de autobuses al medio día en Chilpancingo; continuó con su salida de la escuela hacia Iguala, los intentos de toma de autobuses a las afueras y su traslado a la Central Camionera, y posteriormente su desplazamiento en dos grupos con el propósito de salir de la ciudad”.
Al respecto, detalla que con el seguimiento ocurrió a través del C4 y de OBIS (órganos de búsqueda de información o agentes de inteligencia), las autoridades tuvieron información en tiempo real desde las dos escenas donde se detuvo y desapareció a los estudiantes.
FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
Durante la desaparición
Los documentos a los que accedieron los integrantes del GIEI revelan las comunicaciones que se realizaron entre zonas militares y batallones. “Los documentos pertinentes no sólo se encuentran en el 27 Batallón, sino en los archivos de la Zona Militar 35 y de la IX Región Militar a la que pertenecen y en el EMD. Más allá de la existencia física de estas copias, numerosos documentos evidencian que, en el propio momento de los hechos, los distintos niveles de autoridades militares estaban al tanto de lo que sucedía, e incluso realizaron informes al más alto nivel sobre hechos”.
De acuerdo con el informe, se ejecutaron dos operaciones de inteligencia: “una que monitoreaba los movimientos del crimen organizado, y la otra, las actividades de los estudiantes antes y durante los sucesos del 26 y 27 de septiembre; resulta llamativo que estos seguimientos cesaran justo en el momento de la desaparición. Esto a pesar de que se contaba con interceptación de comunicaciones que podría haber guiado la búsqueda de los estudiantes desde el mismo 26 de septiembre de 2014. Esta información nunca fue brindada a las autoridades encargadas de la búsqueda y la investigación y se negó su existencia hasta recientemente”.
Otra información que destaca del tercer informe del GIEI es el hecho de que los estudiantes desaparecidos fueron detenidos en los separos del Palacio de Justicia (conocidos como barandillas) y ahí estuvieron presentes elementos del Ejército.
“Desde el inicio de la investigación, existieron fuertes indicios de que un grupo de estudiantes detenidos habrían sido llevados a la comisaría de barandillas, aunque no era claro si entraron o no y el tiempo que se habrían quedado ahí, en su caso, antes de ser trasladados. Si bien varias declaraciones de policías acusados señalaron que los estudiantes habrían sido llevados a este lugar, nuevas evidencias confirman que los estudiantes efectivamente estuvieron detenidos en barandillas”.
El reporte da cuenta de que las autoridades militares sancionaron a los elementos que ingresaron a los separos y omitieron informar al respecto. “Las patrullas salieron antes de las 00:30 horas, porque ya se encontraban en Palacio de Justicia cuando ocurrió la segunda balacera en la calle Juan N Álvarez. De la misma manera, el recorrido incluyó otros sitios que no se habían reconocido en las primeras declaraciones como los separos (barandillas). Hay que tener en cuenta que existen varias pruebas y declaraciones de personas que manifestaron haber visto la presencia de normalistas detenidos en este lugar”.
Respecto de los procesos disciplinarios y sanciones, se indica que fueron dos militares los que omitieron información relevante sobre su presencia esa noche en barandillas. “De acuerdo al documento donde se le notifica la sanción a uno
de ellos, esta se impuso: “por haber omitido en su informe que el día 26 de sept. 2014 ingresó a barandilla de la pol. [policía] municipal en busca de una motocicleta propiedad de un elemento de la tropa, encontrándose efectuando rondines de patrullamiento con el pnal [personal] de la fuerza de reacción que se organizó con pnal de los diferentes svs que se encontraban el día 26 y 27 de sep. 2014”.
Pese a contar con información en tiempo real, ni la Sedena ni el Cisen evitaron la desaparición forzada de los 43 normalistas. Entre ellos, el militar infiltrado para hacer labores de inteligencia.
FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
Después de la desaparición
La cargada de las instituciones federales, estatales y municipales para ejecutar la operación de Estado de encubrimiento de los hechos ocurrió después de consumada la desaparición forzada de los estudiantes y permanece, en el caso de la Sedena y el CNI, hasta la fecha por las resistencias que mantienen ambas dependencias a colaborar con las investigaciones.
El GIEI ha llamado a estas estrategias de ocultamiento de la verdad como simulación, mismas que rayan en una clara obstrucción de la justicia, para lo cual servidores públicos de todos los niveles de gobierno se coludieron con el objetivo de fabricar la “verdad histórica”.
Al respecto, en su tercer informe el Grupo Interdisciplinario señala que “se llevó a cabo una operación coordinada por parte de una multiplicidad de actores, muchos de los cuales no sólo realizaron parte de una actuación ilegal, sino que conocían en distintos niveles las actuaciones que se llevaban a cabo. Funcionarios que participaron en las torturas, las conocieron, legalizaron las capturas o no denunciaron. Otros, llevaron a cabo actuaciones irregulares en el basurero de Cocula y el río San Juan por fuera de la legalidad, y realizaron prácticas para dotar de cobertura esas acciones”.
Asimismo, acusa que “la coordinación de todas estas instituciones no podía ocurrir sin la dirección de una autoridad superior que se tiene que investigar si se quiere tener claridad de cómo y por qué se llevó a cabo toda esta operación, como parte de la verdad que puede ayudar a tener claridad sobre los hechos, las circunstancias de la desaparición y el paradero de los normalistas desaparecidos”.
Para los expertos independientes, está demostrado que las autoridades federales, estatales y municipales crearon un relato que no se correspondía con la verdad sobre el destino final de los 43 normalistas desaparecidos y para ello se cometieron distintas ilegalidades para incorporar tanto el relato como las declaraciones dentro de las investigaciones. “La actuación de diferentes funcionarios de la PGR legalizó y falsificó varias de esas actuaciones. Estas ilegalidades incluyen falsificación de constancias procesales, detenciones ilegales y torturas, alteración de posibles escenas del crimen”.
Los expertos indican que al ser verídica la identidad del resto óseo de Alexander Mora –uno de los 43 estudiantes desaparecidos–, esta circunstancia supone no sólo una versión distorsionada de la realidad, sino que debe existir evidencia de cómo se llegó a ella.
Se agrega que la construcción de la ‘verdad histórica’ fue una forma de ocultar el destino de los estudiantes, ya que se sostuvo por todas las autoridades federales una versión distorsionada que daba por cerrado el caso y que impedía que los estudiantes fueran realmente buscados y en lo posible encontrados”.
En esta obstrucción sistemática de la justicia se destacan varios momentos clave de la simulación. Entre ellos la participación activa de la Semar en el montaje del basurero de Cocula, donde supuestamente se habían incinerado los cuerpos de los normalistas rurales. Ello, gracias a que los expertos del GIEI obtuvieron copias de videograbaciones hechas por un área de inteligencia de Marina a la que sólo le dan órdenes el secretario de Marina en turno –en aquel momento se trataba del almirante Vidal Francisco Soberón– o el presidente de la República –Enrique Peña–. Se trata de más de 100 horas de video que se encuentra bajo resguardo seguro por parte del Grupo Interdisciplinario.
Al respecto, se indica que “el 12 de noviembre de 2021, el GIEI, finalmente, tuvo acceso a los archivos de la Marina, tal y como había sido solicitado reiteradamente. El acceso a los archivos permitió tener documentos confidenciales, archivados como “secreto”, que hacían referencia a algunas actuaciones de la Marina, especialmente los días 27-29 de octubre de 2021. Esta documentación se refiere a los escenarios del basurero de Cocula y el río San Juan”.
Uno de esos videos captado por un dron de la Marina (aeronave no tripulada de reconocimiento ANX 3501) corresponde al día 27 de octubre de 2014, en el que se observan actividades realizadas por elementos de la Semar hasta ahora desconocidas, “y que no constan en ninguna parte del expediente de investigación de la PGR”. Éste documento en video dura más de 2 horas y lleva por nombre “20141027A.mpg”, en el basurero del municipio de Cocula durante la mañana de aquel día. Algunos fragmentos se proyectaron en la presentación del tercer informe.
Tras hacer una amplia descripción de los hechos que se observan en el video, el reporte del GIEI concluye que “un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, participan al menos de las 06:39 am hasta la llegada de la comitiva del procurador [Jesús] Murillo Karam, en una acción de la que no existe registro alguno, información previa ni constancia de su realización en la averiguación e investigación del basurero de Cocula.
“Los elementos de la Marina manipulan bultos que sacan de dos camionetas, se visualizan tres bultos en la parte alta del basurero. Posteriormente un grupo de elementos de la Marina descienden al fondo de la hondonada del basurero, mientras encienden una hoguera, en el inicio de la pendiente. La explicación dada es que la hoguera se realiza para que un dron, tripulado a distancia y que se dirige mediante coordenadas, ubique el punto de interés, ello no obstante que ya había localizado el basurero por medio de coordenadas.
“Poco después de lo cual los bultos que se encontraban en esa zona han desaparecido. Mientras tanto un grupo de marinos deambula por la zona, baja de la hondonada del basurero, en la zona donde se señaló posteriormente que se habría dado la hoguera y quema de los estudiantes, según la versión oficial, identificada como zona B en el acta relacionada y donde se encontraron elementos balísticos y restos óseos. Tanto la zona A como la zona B eran de relevancia para la investigación por la posibilidad de que en ellas se encontraran distintas evidencias (balísticas, restos óseos, ropa, sangre, etcétera), ambas quedaron seriamente contaminadas después de la presencia del personal de la Marina.
“Mientras estas acciones se están dando, el dron que realiza la filmación explora el camino al basurero, se centra un momento en personas que cruzan a caballo el camino, y exploran la totalidad de la ruta desde el pueblo de Cocula. Posteriormente uno de los vehículos de la Marina se mueve hacia la entrada del basurero y bloquea la entrada.”
Los expertos destacan que previo a esa manipulación de la escena, elementos del Ejército habían visitado el basurero de Cocula semanas antes sin encontrar evidencias, los que fue consignado así en documentos oficiales. La versión de que en ese lugar habrían sido calcinados los restos de los estudiantes, apunta el GIEI, surgió el 26 de octubre y se generó mediante bajo tortura. Durante 7 años se ocultó información en torno a este lugar.
Esta no fue la única simulación o montaje. De acuerdo con el nuevo reporte, las autoridades de los tres niveles sistemáticamente ocultaron la verdad a los expertos pues ante sus solicitudes de información, las respuestas no coincidían con la realidad de los hechos. “Diversas instituciones suministraron información contraria a la verdad”.
Asimismo se usaron documentaciones falsas, como el acta del Río San Juan: la ministerio público que la firma no estuvo en el lugar. “Las autoridades omitieron y cambiaron información para ocultar lo que sabían”.
Otro hecho relevante fue que se cambiaron las placas de las patrullas que participaron en los hechos, así como las torturas con las cuales se arrancaron los supuestos testimonios de este crimen.
Asimismo se hicieron llamadas ficticias por parte de funcionarios. “Hay simulaciones en las fechas, lugares y formas en que se dieron las detenciones. Las tarjetas informativas de las policías de todos los niveles entregadas eran falsas, también las bitácoras”.
Adicionalmente se señala que 22 personas que pudieron tener información sobre el caso han muerto, de las cuales sólo en dos casos fallecieron por muerte natural.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su Tercer Informe sobre el caso Ayotzinapa, en el cual reveló la presencia del ex procurador Jesús Murillo Karam y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el basurero de Cocula momentos antes de que se levantaran las evidencias de la supuesta quema de los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El informe también expone que el Ejército realizó investigaciones que no compartió y conoció en tiempo real mensajes del crimen organizado sobre el paradero de algunos estudiantes, que no dio a conocer, pese a que pudieron ser vitales para la localización de los jóvenes.
En el documento, dado a conocer este lunes, se incluye un video de más de dos horas, hasta ahora desconocido, tomado el 27 de octubre de 2014 por un dron de la Semar sobre el área del basurero de Cocula.
Tras analizar las imágenes, el GIEI concluyó que:
“Un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, participan al menos de 6 h39 am(sic) hasta la llegada de la comitiva del procurador Murillo Karam (a las 8:28 horas), en una acción de la que no existe registro alguno, información previa ni constancia de su realización en la averiguación previa e investigación del basurero de Cocula”.
Al revisar los detalles, cuadro por cuadro de las imágenes, los expertos determinaron que “los elementos de la Marina manipulan bultos que sacan de dos camionetas, se visualizan tres bultos en la parte alta del basurero”.
Puede verse a algunos marinos bajar al fondo de la hondada del basurero y encender una hoguera en el inicio de la pendiente. También se ve cómo los bultos bajados de las camionetas navales “han desaparecido”.
La explicación brindada a los miembros del GIEI sobre la hoguera, refiere que se hizo “para que un dron, tripulado a distancia y que se dirige mediante coordenadas, ubique el punto de interés, ello no obstante que ya había localizado el basurero por medio de las coordenadas”.
En el reporte, el GIEI agrega que ese mismo día, a las 16:00 horas, Murillo Karam y Tomás Zenón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), protagonizaron una conferencia de prensa para anunciar la detención de cuatro integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
“En ese momento, los detenidos ni siquiera habían sido puestos a disposición de la PGR, ni habían declarado, por lo que estaban informando sobre hechos que, al menos en el expediente, aún no había ocurrido”, detalla el documento.
Destaca que en los primeros días de febrero, elementos de la Policía Estatal y del 27 Batallón de Infantería ya vigilaban ese lugar y preguntaban a lugareños de Cocula por algunos personas que, luego, fueron acusados por la PGR.
Todo se trató de una construcción
En esta tercera parte del informe, el GIEI, compuesto por Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, muestra cómo la “verdad histórica” fue construida por funcionarios de distintas dependencias.
Algunas de las que fueron señaladas son:
Policía Estatal
Ejército
Secretaría de Marina
Policía Federal
Procuraduría General de la República
AIC
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido)
La narrativa indica que:
“Fue una forma de ocultar el destino de los estudiantes ya que sostuvo por todas las autoridades federales una versión distorsionada, que daba por cerrado el caso y que impedía que los estudiantes fueran realmente buscados y, en lo posible, encontrados”.
Gracias a la colaboración de la Unidad Especializada en la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), entre los nuevos datos revelados en el documento se da cuenta que la llamada anónima con la que se justificaron las detenciones de personas involucradas en la “verdad histórica” no existió.
También se reveló que “se bajó de forma intencional y bajo la dirección de una persona de nivel de dirección de la unidad antisecuestros de la PGR, para dar cobertura a las detenciones que se habían realizado el 27 de octubre (…) se falseó no sólo el contenido sino la fecha, señalando que habría ocurrido el 25 de octubre, de forma que diera credibilidad a actuaciones que ya estaban en curso”.
De igual forma, se identificaron más de 60 videos relacionados con 50 detenidos, “que demuestran el trato degradante y violatorio de derechos humanos” y la tortura que recibieron de “titulares de Unidad, agentes del Ministerio Público de la Federación, policías federales, ministeriales de la PRG” y elementos de la Policía Federal y el Cisen.
Así fue el operativo
El informe sostiene que en el caso Ayotzinapa la tortura fue sistemática, y se describe el modus operandi a partir de los videos:
27 de octubre de 2014, basurero de Cocula
6:39 hrs: se observa a elementos de la Marina en la escena del crimen principal. Los marinos pueden verse acercándose a los vehículos estacionados en la zona.
6:52 hrs: llega a la zona una camioneta blanca. Las personas presentes tienen una charla en el vehículo y regresan.
6:59 hrs: El acceso al basurero es cerado con uno de los vehículos
7:00 hrs: Las personajes bajan hacia el Río San Juan, que cruza el basurero, y se les ve andando durante varios minutos en la zona donde, luego, se anunciaría el hallazgo de restos óseos supuestamente pertenecientes a los estudiantes.
7:27 hrs: Comienza a observarse humo blanco que se desprende de una fogata que encendieron los marinos. En el video se observan tres bultos blancos.
7:37 hrs: El fuego se extingue y los marinos salen del basurero.
Mas tarde, cerca de las 8:31 de la mañana, llega al lugar un convoy de seis camionetas de la PGR y la Semar, en las que se encuentran el entonces Procurador, Jesús Murillo Karam, y el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón.
Luego de que los marinos estuvieran ahí, al mediodía arribaron los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes encontraron restos humanos que no eran del los normalistas. Por su parte, los miembros de la Marina y la PGR estuvieron por varios minutos removiendo objetos y, aparentemente, vertiendo otros.
A lo largo del video es posible apreciar que, en algún momento, más de 40 personas estuvieron en el fondo del basurero.
