Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa reconocieron que la filtración de información sobre la investigación del caso hecha por la periodista Peniley Ramírez les perjudicó mucho.
El fin de semana pasado, antes de la marcha por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, la reportera dio a conocer en sus redes sociales parte de la copia sin testar del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que dio a conocer el 18 de agosto pasado el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
Uno de los padres de los estudiantes desaparecidos declaró que esta es una forma de proceder propia del gobierno y mencionó que este hecho les hizo mucho daño.
“La filtración de información no es otra cosa más que el ‘modus operandi’ del gobierno. Nos hizo mucho daño pero aquí estamos y no vamos a claudicar”, señaló.
El sábado pasado, la periodista Peniley Ramírez publicó en su cuenta de Twitter y en su columna en el diario Reforma, partes testadas del informe, entre ellas secciones de mensajes diversos entre criminales e incluso de alguien que se identificó como hija de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala.
La filtración de esta información ocasionó que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación al respecto.
Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la @FGRMexico por la Comisión de #Ayotzinapa.
Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
Fue el propio subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien condenó la filtración de detalles del informe del Gobierno de México sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Condeno la lamentable filtración (…), es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, apuntó el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) y titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) el sábado 24 de septiembre, a dos días del octavo aniversario de la llamada noche de Iguala.
Información originalmente testada del informe fue exhibida en una columna del diario Reforma y en un hilo de Twitter por la periodista cubano mexicana Peniley Ramírez, con detalles como el presunto manejo de cadáveres de los estudiantes, quienes fueron atacados la noche del 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, estado ubicado al sur del territorio mexicano.
“La versión sin testar permite entender la historia y permite explicar por qué se necesitan nuevas líneas de investigación del caso y sobre el encubrimiento. La crueldad y la horrible conclusión del asesinato era pública, el propio gobierno lo hizo público”, defendió la comunicadora.
Sputnik conversó con la reportera Lydiette Carrión, quien ha trabajado con víctimas de violencia feminicida, entre otros casos, para tratar de entender las vulneraciones a las familias de los normalistas que abrió este episodio.
Perpetuar la pornografía de la violencia
“Hay descripciones de la violencia que, si no están en el lugar adecuado, si no hay una contextualización profunda de quiénes eran las personas, de cómo fue, si nada más nos quedamos con la violencia cruda, es un poco pornografía de la violencia”, acusa la autora de La fosa de agua, investigación sobre el abandono de cuerpos de mujeres en el Río de los Remedios, ubicado en la zona metropolitana de la capital de México.
“Si tú vas y describes que si los hicieron carnitas o no los hicieron carnitas, sin contexto, sin dotar primero de una humanidad a esas víctimas, sin hablar con las familias, tú también estás deshumanizando”, identifica en torno a la reciente filtración.
Sin embargo, enfatiza que la crítica de estos problemas debe apuntar a sus causas sistémicas y no confundirse con un linchamiento que se concentre en el individuo, en este caso la articulista Ramírez.
“No creo que el tema deba ser un ataque directo contra la periodista, la reportera que filtró esta información y (con) un tratamiento que desde mi punto de vista no es el que abona a un entendimiento crítico de la violencia”, distingue Carrión, para evitar la personalización del fenómeno.
“No es un problema de cacería de brujas, de quién hizo qué, son errores muy graves, con consecuencias muy profundas. Lo que tenemos que hacer es una discusión más amplia de cómo nosotros los medios de comunicación en México hemos perpetuado también un discurso de violencia muy terrible que ha hecho muchísimo daño a la población”, valora.
La sensibilidad del trato con víctimas
Muchos periodistas no se percatan de la vulneración que abren a víctimas de violencia desde sus prácticas informativas, considera Carrión, una conciencia que se adquiere con la frecuencia del trato con los involucrados, lo que va permitiendo localizar el impacto que estos problemas generan en las comunidades y las familias.
Curiosamente, mientras la prensa critica la deshumanización de los asesinos, incurre a la vez en prácticas deshumanizantes por exponer con descuido hechos tan sensibles, valora. “Como prensa, en general tenemos que elevar el nivel de la calidad de lo que estamos haciendo y renovar un compromiso de periodismo de calidad“.
Identificar qué papel se juega en el contexto general
Independientemente de las intenciones de la periodista y el medio, señala Carrión, esta filtración vinculada a los normalistas de Ayotzinapa sucede en un contexto convulso donde se han suscitado eventos como en caída de fichas de dominó.
“Situaciones y hechos que nos hablan de una pugna muy profunda al interior de la Fiscalía (General de la República), no queda claro ahí qué papel está jugando el Ejército, el poder judicial, la Comisión de la Verdad”, enumera.
“Esta filtración tiene una intención política muy fuerte, muy muy fuerte, que no tenemos claro de dónde viene y hacia dónde va, y que también cuando nosotros como periodistas encontramos este tipo de filtraciones tenemos que sopesar con mucha claridad y con mucha responsabilidad qué papel estamos jugando en todo este andamiaje y esta pugna política”, apunta.
Sin sentimientos de culpa, recomienda, los periodistas tienen que discernir qué componentes se involucran en un momento intenso de la historia colectiva del país, significativa por la confrontación que deja al descubierto entre élites y fuerzas políticas como la FGR.
“No podemos lavarnos las manos y decir que nosotros sólo estamos informando, generalmente no es así, también tenemos un papel político, también tenemos fichas en este tablero y tenemos que ser muy responsables con ellas”, señala.
Por ejemplo, describe que en su cobertura de casos de feminicidio las fiscalías, a veces con la intención de ayudar, a veces con el objetivo contrario, llegaban a filtrar los expedientes a la prensa, que podía publicarlos sin tamiz. “Pero lo que los periodistas jamás se enteraban era el impacto que esto podía tener en las familias”.
“Al tú brincarte este paso de contacto con los familiares de las víctimas, no es sólo una cuestión de que puedes destruir y lastimar profundamente una familia, que ya con eso tendría que haber un problema y tendría que haber toda una reflexión ética y muy grande respecto a cómo manejamos este tipo de filtraciones, sobre todo de crímenes tan duros”, apunta, donde también existen casos con expedientes que siembran pruebas y describen hechos falsos.
Hay filtraciones, señala, que pueden validar versiones amañadas, no fundamentadas en investigación y contextualización previas.
Los intereses detrás
Pese a las vulnerabilidades de esta filtración en torno al caso Ayotzinapa, Carrión considera que no hay que demonizar esa práctica, sino entenderla como un punto de partida común en el oficio que puede detonar investigaciones.
Sin embargo, también llama a entender qué intereses hay detrás de una filtración. “Una filtración no es periodismo de investigación, es el inicio de una investigación, porque todas las filtraciones tienen intereses”.
“Pero tú no puedes lanzar acríticamente una filtración sin, uno, probar que es verdadera, esto de seguro sí se hizo en este caso de la filtración, que el documento es real y no es apócrifo, y el otro lado es la intención de la filtración”, añade la periodista.
La derecha mexicana, sigue con la brújula descompuesta. La marcha del domingo, contra una dictadura inexistente, contra un país en desastre que, curiosamente, según los datos del FMI, tiene una perspectiva de crecimiento mayor, a la de Estados Unidos. Un país, según ellos, sumergido en un mar de violencia que, basándome en las cifras del INEGI, en el inicio de esta vorágine de violencia en 2007, en el sexenio de Calderón, donde hubo un aumento, sólo en homicidios, del 192% logramos, en lo que va de este sexenio, a una reducción de la tendencia, del 10%. ¿No saben utilizar las matemáticas?
De que, según ellos, vamos a ser dominados por los militares, cuando no existe evidencia alguna de que, esto vaya a suceder, de que no han entendido aún, lo que los civiles han hecho históricamente con las policías y tampoco, entienden cuánto tiempo lleva construir una policía civil, ni que, la milicia, no se quedaría eternamente con esa responsabilidad, se les está poniendo un plazo.
Una derecha caricaturizada en Jorge Ramos, quien, parece que, nunca ha utilizado la estadística en su vida puesto que, no es con cifras aisladas como se realizan mediciones, al tratar de evaluar los fenómenos sociales, los cuales, nunca son sucesos aislados, obedecen a un sinnúmero de variables; y, como observadores de ellos, debemos o deberíamos, regirnos por el principio de, “Contexto y Circunstancias”, (espacio/ tiempo): la trayectoria de un fenómeno y, los medios con los que contamos al momento de identificarlo, para solucionarlo.
El grosero, Gilberto Lozano, en un video, ya acusó y ofendió, a Loret de Mola, a Javier Lozano, a Lilly Téllez, a Salinas Pliego. Todos contra todos.
El vengador anónimo, el líder del PAN, va a acusar a AMLO con Europa, como si Europa, no tuviera los suficientes problemas y aún más graves por atender, que, hacer caso a las inquietudes de una derecha paranoica, pues, si comparamos la realidad con sus dichos, tal parece que, ya cayeron en un estado alucinatorio.
Las razones de su condición patológica y, de sus fracasos, yo, la ubico en una reacción, propia de un grupo acostumbrado a los privilegios que, hoy, no sabe cómo hacer para lidiar con su situación de perdedores.
Son las reacciones de un grupo que, sólo ha experimentado el privilegio: ser varón, ser blanco, ser de clase media, ser la estrella de la telenovela, ser el que manda, ser el que, “su palabra es ley”… Cuando sobrevino una crisis contra su estado mental, los colocó en una total vulnerabilidad. En el instante en que se cuestionó la autenticidad de sus privilegios, cuando se les condujo a un lugar en el que, ellos, ya no poseen la única visión de las cosas, cuando sus valores ya no son los únicos y, me refiero al valor máximo de la derecha: The Winner Takes It All, (el que gana, se lleva todo).
Este es, justamente, el talón de Aquiles de esta derecha alucinada, su individualismo. Porque, el individualismo, es enemigo de la organización social, de la solidaridad, de la unificación de un discurso.
Cuando a la derecha mexicana, se le movió el tablero, cayeron de bruces y, como no están acostumbrados a la solidaridad, ahí están derrumbados, cada quien, con un discurso diferente, tratando de llevar, cada quien, agua a su molino, y en una situación que, puedo describir, en tres puntos:
Uno) paranoia: al saberse perdedores, por primera vez en su vida, la reacción automática es, el miedo. Por eso, ven un mundo aterrador pero que, no existe.
Dos) sin herramientas: nunca han entrado a la cocina, por tanto, no saben cocinar. Tampoco, saben ayudar, por eso, no se ayudan entre ellos, y no pueden construir un discurso unificado.
Tres) su solución: la ideología y la mentira: su opción, la menos inteligente, es recurrir a la ideología más barata (el militarismizmo, el comunismizmo y la dictadura), y a partir de ahí, mentir todo lo que se pueda y, para ello, están sus voceros en los medios de comunicación.
Hace unos días, una mujer, Peniley Ramírez, publicó un artículo bastante desagradable, por cierto, en el que, según ella, hace revelaciones trascendentales sobre el caso Ayotzinapa.
El Gobierno Federal, hizo público un reporte sobre los avances de la investigación del caso. En la versión pública, se omitieron descripciones explícitas, nombres, datos personales… porque, es una investigación, en curso, aún no concluye; pero, con datos que, el Gobierno Federal, consideró suficientes, para declarar al caso como, Crimen de Estado y, pasarlo de, La Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, cuyo trabajo es con, y para, las víctimas (y esto es muy importante), a la Fiscalía; es decir:
A) La Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, es una instancia creada especialmente, para trabajar para las víctimas y, con las víctimas. No es una institución formal del Gobierno Federal, no es un coto de poder, es un espacio primordialmente ciudadano.
B) El informe en su versión pública, tiene partes testadas, o tachadas, precisamente porque, la investigación sigue en curso, algunos de los peritajes, como dice el informe, aún estaban en espera cuando el dictamen se hizo público y no tiene sentido dar lectura a ciertas partes del informe, que solo resultan morbosas. Tan sigue en curso que, justo cuando llegó a la Fiscalía, Peniley obtiene una copia del informe, sin testar.
Retomo ahora, tres definiciones de periodismo que, considero, nos pueden ayudar a comprender, cuál es la tremenda falta de ética profesional de Peniley Ramírez:
Para Rizard Kapuscińsky, bielorruso, considerado uno de los mejores reporteros internacionales: “el trabajo de los periodistas, no consiste en pisar las cucarachas; sino, en prender la luz para que la gente vea, cómo las cucarachas corren a ocultarse”.
Para Mariano Moreno, argentino, periodista que, vivió entre 1778 y 1811: “el pueblo, tiene derecho a saber la conducta de sus representantes… el interés del periodismo es que, todos conozcan los misterios inventados por el poder”.
También, tengo la definición de Bill Kovash, estadounidense, dos veces premio Pulitzer: “el periodismo, es la primera versión de la Historia. Las pautas éticas, son para los periodistas, como las estrellas para los antiguos navegantes; quizá, no las lleguemos a usar nunca, pero, sin ellas, estaríamos completamente perdidos”.
Conclusión: el objetivo del periodismo, su misión, su razón de ser es, dar información a la sociedad en general, información que los ilustre y los defienda, de los cotos de poder, de las élites (con cotos de poder, me refiero no solamente a los gobiernos; hay muchos otros cotos de poder y eso, incluye a los medios de comunicación).
El periodismo, trabaja para las mayorías, develando los secretos de las minorías. Peniley, hizo exactamente lo contrario: atentó contra la integridad, esfuerzo, esperanza y dolor, de los familiares de los chicos desaparecidos en Ayotzinapa, porque, está metiendo los dedos, en una investigación en curso, cuyo beneficiario, es la sociedad. Peniley, lo hace para beneficio personal, evidentemente, y, para validar las alucinaciones de la derecha.
La Comisión para la Verdad, no es la Presidencia de la República, no es la Suprema Corte, no es el Congreso, no es la Fiscalía, no es una empresa multinacional, dañando el medio ambiente o evadiendo impuestos, no es la iglesia, no es un grupo delincuencial, no es el Ejército, no es un medio de comunicación. Es un grupo de ciudadanos, tratando de derribar una mentira.
La Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, es un grupo de ciudadanos, tratando de esclarecer lo que sucedió la noche de Ayotzinapa, con el apoyo y la venia, del Gobierno Federal. ¿Sí entendimos eso, Peniley?
Ella, todavía, en un párrafo final de su artículo editorial, dice: “la fuente que me lo compartió (se refiere a la copia del informe, sin testar) me dijo que, lo hace porque considera que es vital que, se investiguen esas nuevas pistas”.
Y, según ella, ¿quién haría esa nueva investigación? De entrada, la Comisión para la Verdad, única instancia que tiene acceso a la evidencia recopilada. Es decir, volveríamos al inicio. ¿Cuál es la aportación de Peniley o del whistleblower región 4?
De verdad, ¿Peniley cree que, en un artículo editorial se van a hacer descubrimientos, o se va a aportar a una investigación que, tiene años en proceso? ¿Se pueden hacer descubrimientos sobre los descubrimientos, ya hechos? O sea, ¿yo, puedo descubrir de nuevo América?
De ese nivel, tan ingenuo, por llamarle de una manera, es el razonamiento de esta mujer.
Los voceros de la derecha mexicana, una derecha derrumbada sobre un tablero hecho polvorón, incapaz para construir comunidad, que no practicó jamás la empatía, y sus voceros, todos, están tan extraviados que, no sólo ven fantasmas y elefantes verdes, sobrevolando las ciudades, praderas y desiertos; también, terminan pisoteando al periodismo, convirtiéndolo en basura y al final, a quien están afectando, es a un grupo de por sí ya bastante afectado: están revictimizando a una víctima. El periodismo, está para beneficiar, en este caso, a los familiares de los desaparecidos, no para lamerle las botas a una élite.
No Peniley, no te equivoques, Julian Assange, jamás habría cometido un error tan garrafal como el tuyo.
AMLO dijo que se seguirá actuando conforme a la Comisión de la Verdad y advirtió a quienes sus adversario “que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación”.
Tras la renuncia de Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que se buscará enrarecer y hasta descarrilar la investigación que realiza la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj). Por lo que reafirmó que no habrá impunidad para quienes perpetraron y encubrieron el crimen.
“Ya sabemos lo que viene después, o sea, vienen otras denuncias, porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación. No lo van a lograr“, dijo en su conferencia matutina tras confirmar que Gómez Trejo renunció al cargo por inconformidades en el proceso para obtener órdenes de aprehensión tras el informe presentado por la Covaj en agosto.
"Que no estén pensando nuestros adversarios, los que encubrieron este crimen de que van descarrilar la investigación, vamos a seguir adelante sin limitaciones, sin presiones, ya sabemos lo que viene después porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación": AMLO pic.twitter.com/DZ3VXCqACV
Adelantando que se seguirá actuando conforme a la Covaj, planteó que “así como ellos van a apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo vamos a hacer nosotros, respetando la libertad de expresión, informándole al pueblo de todo”. Descartando que hechos como la reciente filtración del informe al diario Reforma afecten el proceso.
Por tal, advirtió “que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los pseudodefensores de derechos humanos que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación”.
Defendiendo la investigación que realiza la Covaj y pidiendo la confianza de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace ocho años, López Obrador también reiteró “que no hay impunidad para nadie y que tampoco vamos a permitir que entren o que quieran los zopilotes, buitres y halcones, y cómplices”.
Jóvenes lanzaron este viernes petardos y piedras contra las instalaciones del Campo Militar 1.
Ciudad de México. El gobierno federal denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) al juez de distrito Samuel Ventura Ramos, uno de los juzgadores que llevan el desahogo de los expedientes relacionados con el caso Ayotzinapa, tras haber otorgado en días pasados la libertad a 25 implicados en la desaparición de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
De esta forma, solicitó al Ministerio Público Federal que lo investigue “por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”, señalaron de manera conjunta las secretarías de Gobernación (SG) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que indicaron que el juzgador ha dictado más de 120 sentencias absolutorias en este caso.
Representantes de las áreas jurídicas de SG y SSPC acudieron a la FGR para ingresar una denuncia de hechos contra el juez, cuya sede se localiza en Matamoros, Tamaulipas.
“Hace unos días, el juez dictó sentencia absolutoria a 24 personas que intervinieron en el intento de homicidio contra un estudiante en Iguala, Guerrero, que desde el día de los hechos, el 26 septiembre de 2014, se encuentra en estado vegetativo. Pese a ello, los imputados no fueron dejados en libertad porque los procesaron por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas”, refieren las secretarías.
Asimismo, detallan que “el 14 de septiembre pasado, el juzgador también dictó sentencia absolutoria a José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, por secuestro, aunque sigue compurgando prisión por otros delitos”.
Entre 2014 y 2015 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal contra 147 presuntos implicados, entre ellos policías municipales, líderes regionales y miembros de Guerreros Unidos, así como el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda.
La PGR judicializó 27 causas penales y hasta agosto pasado “estos procesos se encontraban de la siguiente manera: 10 en juzgados con sede en Tamaulipas, cinco en el estado de México, cinco en Guerrero, cuatro en la Ciudad de México, uno en Colima, uno en Morelos y uno más en Querétaro”, refiere el informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
En el documento se recuerda que familiares de las víctimas han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la unificación de los procesos y que se establezca una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida.
La mayor parte de los acusados están en proceso por órganos con sede en Tamaulipas y particularmente por el juzgado que encabeza el juez Ventura Ramos, quien en septiembre de 2019 liberó a 77 acusados de participar en el secuestro y desaparición de los 43 normalistas; en días pasados exoneró a Abarca del delito de secuestro y el pasado 21 de septiembre liberó a otros 24 inculpados en el caso Iguala.
Entre los liberados por decisión del juez Ventura Ramos, al considerar que se violaron sus derechos humanos por ser objeto de actos de tortura, destacan Gildardo López, El cabo Gil, jefe de sicarios de Guerreros Unidos en Iguala; los sicarios y presuntos ejecutores de los jóvenes Patricio Reyes Landa, Salvador Reza, Jonathan Osorio, Agustín García y Felipe Rodríguez.
El presidente López Obrador señaló que las resoluciones del juez Ventura Ramos, pueden haber sido adoptadas conforme a lo que señala la ley, pero eso no significa que hayan sido justas. Foto Cuartoscuro
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obardor expresó este viernes su deseo de que se haga una reforma al Poder Judicial para que no se presenten más casos como el del juez Samuel Ventura Ramos que ha dictado sentencias de absolución a 120 personas vinculadas a delitos en perjuicio de los normalistas de Ayotzinapa.
Cuestionado en su mañanera sobre la posición del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, que ha manifestado su rechazo a las críticas contra los jueces que han liberado a algunos de los imputados por el caso Ayotzinapa, y ha señalado que la responsabilidad de que estos procesos se hayan caído es de quienes hicieron las investigaciones, López Obrador dijo que comprende que el ministro abogue por su gremio, pero que no se debe defender a su servidores públicos si actúan mal.
“Respeto mucho al ministro presidente, entiendo que él tiene que defender a los jueces, hay un asunto ahí que tiene que ver con la defensa de los gremios, pero yo no voy a defender a un servidor público corrupto porque pertenece al Ejecutivo. El que actúa mal, tiene que ser castigado” afirmó.
López Obrador señaló que “hay tiempo para llevar a cabo la reforma del Poder Judicial” y se manifestó esperanzado de que así lo planteen los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, los ministros de la SCJN o los jueces.
“Sí está mal el Poder Judicial, con todo respeto a su independencia”, aseveró el mandatario.
Señaló que, por ejemplo, las resoluciones del juez Ventura Ramos, que ha sido denunciado por autoridades federales por su actuar, pueden haber sido adoptadas conforme a lo que señala la ley, pero eso, dijo, no significa que hayan sido justas.
“Todo tiene que ver con el supuesto debido proceso. Son fallas en la integración de los expedientes que presenta el ministerio público, o sea, forma, no fondo. Puede ser derecho, que está por verse, pero yo creo que es chueco, pero sin duda no es justicia. Estamos hablando de un caso de tremenda injusticia y, porque no está bien presentada la denuncia por el Ministerio Público voy a resolver dejar en libertad a un presunto delincuente. ¿Por qué no se repone el procedimiento, qué no es juez, no tiene que ver con la justicia? ¿Quién lo nombró, por qué el caso de Ayotzinapa lo atiende un juez de Tamaulipas?”.
Dijo que sin una reforma al Poder Judicial, los jueces “van a seguir haciendo y deshaciendo’. Tiene que haber una revisión de este proceder al interior del Poder Judicial. Esto no puede seguir manteniéndose así. Y que la autonomía de los jueces, si a esas vamos, ese juez es el Estado. ¿Quién lo eligió para ser el jefe del Estado? Está por encima de todo, tiene un poder omnímodo. Esto hay que revisarlo, sin duda”.
Afirmó que de ningún modo está en contra del debido proceso. “No, si el problema de México fuesen las leyes, no habría problema, porque ninguna ley dice que hay que actuar de manera injusta, que hay que proteger a delincuentes, que está permitido robar. Ese no es el asunto de fondo. Hace falta una revisión. Ojalá que tomen la iniciativa al interior del Poder Judicial”.
El general Rodríguez Pérez fue el comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, cuando ocurrieron los acontecimientos del 26 de septiembre de 2014. Foto Alfredo Domínguez / Archivo
El general José Rodríguez Pérez quedó sujeto a proceso penal por el delito de delincuencia organizada, luego de haber sido señalado como uno de los presuntos responsables en los acontecimientos en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El juez Enrique Beltrán Santes dictó auto formal prisión al considerar válidos los cargos presentados por el Ministerio Público Federal.
El general Rodríguez Pérez fue el comandante del Veintisiete Batallón de Infantería con sede en Iguala cuando ocurrieron los acontecimientos en los cuales policías municipales de Cocula, Iguala y Huitzuco privaron de la libertad a los normalistas la noche de 26 de septiembre de 2014 y posteriormente los entregaron a miembros del cartel de Guerreros Unidos quienes presuntamente los habrían asesinado.
En agosto pasado, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación en materia de Derechos Humanos, dio a conocer el avance de las investigaciones que realiza la Comisión Especial para el caso Iguala e indico que el general Rodríguez Pérez presuntamente estuvo involucrado en el homicidio de algunos normalistas días después de lo ocurrido el 26 de septiembre.
En 2014 Rodríguez Pérez ostentaba el grado de coronel y un año después fue ascendido a general. Con ese rango y tras conocerse que existía una orden de aprehensión en su contra se puso a disposición de las autoridades y permanece recluido en la prisión del Campo Militar no. 1.
El juez Beltrán Santes, titular del juzgado segundo de distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, también dictó formal prisión al capitán José Martínez Crespo y al sargento Eduardo Mota Esquivel, a estos por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, también relacionados con los mismos hechos.
Caso Ayotzinapa. Ordenan aprehensión contra José Luis Abarca y su esposa.
CDMX.- Un juez federal giró una nueva orden de aprehensión contra José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa por hechos que los implican con el grupo delictivo Guerreros Unidos, al que se atribuye la desaparición material de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Enrique Beltrán Santés, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, ordenó el pasado viernes las capturas por el delito de delincuencia organizada, al mismo tiempo que libró la aprehensión contra Felipe Flores Velázquez, ex jefe de la Policía de Iguala, por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Estas capturas fueron libradas el mismo día en que Abarca y Flores, junto con otros 18 agentes municipales de Iguala, fueron absueltos del secuestro de los normalistas de Ayotzinapa, en el único juicio que los relacionaba con el Caso Iguala.
Los mandamientos de captura ya fueron ejecutados en reclusión a los tres indiciados, informaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, representante de los padres de los estudiantes; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlanchinollan; y las organizaciones civiles Fundar y SeraPaz.
“La situación jurídica de todas estas personas deberá resolverse en los siguientes días, conforme a las reglas del anterior sistema escrito de justicia penal. De dictarse auto de formal prisión, los juicios que se inicien pueden ser relevantes para que se rinda cuentas y esclarezca la verdad en el caso”, informaron las organizaciones civiles.
Estas nuevas órdenes de captura fueron libradas en la causa penal 15/2022, la misma en la que el juez Beltrán Santés giró las aprehensiones del General Brigadier José Rodríguez Pérez, el Sargento Eduardo Mota Esquivel, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el Capitán José Martínez Crespo.
Todos están presos en el Campo Militar Número 1, los tres primeros se entregaron el jueves y viernes de la semana pasada y el último ya estaba preso desde el 13 de noviembre de 2020, fecha en que también se entregó voluntariamente a la justicia.
Las organizaciones civiles precisaron que la orden de captura contra el General es sólo por el ilícito de delincuencia organizada, como ya era de dominio público, pero la de Mota y Pirita es tanto por ese delito como por desaparición forzada, en tanto que el mandamiento judicial contra Martínez Crespo -quien ya estaba procesado por delincuencia organizada- es únicamente por desaparición forzada.
Por lo que toca a Abarca, en caso de ser procesado por esta nueva acusación, tendrá cinco juicios en la justicia federal por delitos que van desde la delincuencia organizada hasta el lavado de dinero.
El Gobierno de México impugnará la absolución del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien es señalado como la persona que ordenó el ataque y el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, condenó la absolución de Abarca Chávez y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene los elementos suficientes para impugnar la decisión.
Además, el funcionario federal responsabilizó al juez Samuel Ventura Ramos de ser clave en la absolución del exedil y de la liberación de 77 personas que también estuvieron implicadas en el caso.
La @FGRMexico tiene elementos suficientes para apelar este desafortunado acto de impunidad.
Espero que se ejecuten de inmediato las órdenes de aprehensión contra los responsables de la desaparición de los jóvenes, como lo señalamos en el informe de #Ayotzinapa
El rotativo mexicano señala que la estrategia del político perredista fue similar a la que utilizó Gildardo López Astudillo, jefe de plaza en Cocula de la organización criminal Guerreros Unidos y a quien se responsabilizó de coordinar el secuestro de los estudiantes.
Abarca Chávez habría promovido un recurso de libertad por desvanecimiento de datos, es decir, un recurso que le permite anular los testimonios que se usaron en su contra bajo el alegato de que estos se obtuvieron de manera ilegal.
Semanas antes de su absolución, la familia de José Luis Abarca organizó varias protestas en Cocula para exigir su liberación, luego de la presentación de un informe preliminar presentado por la Secretaría de Gobernación, y la cual derivó en la liberación de 83 militares acusados de ser cómplices de la desaparición de los normalistas.
Tanto Abarca como su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron acusados de ordenar la desaparición de los 43 estudiantes para evitar que sabotearan un evento público de Pineda Villa, quien presuntamente aspiraba a suceder a su esposo en el Ayuntamiento de Cocula.
La acusación se sostuvo principalmente por los señalamientos de El Cabo Gil y de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos.
El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, fue absuelto en el juzgado de Matamoros, Tamaulipas, de la causa penal que lo acusaba de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre del 2014.
Un juez federal estimó que no existen evidencias de su plena responsabilidad.
La sentencia no es definitiva porque la Fiscalía General de la República (FGR) puede apelarla ante un Tribunal Unitario de Circuito.
El exedil continuará internado en el Penal del Altiplano porque tiene otros tres procesos en curso. Dos de ellos son por el delito de delincuencia organizada, uno relacionado con los supuestos vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos y otro con las operaciones de lavado de dinero. Un tercer juicio fue iniciado por el delito de homicidio, ya que le atribuyen los asesinatos de los activistas Arturo Hernández Cardona y Justino Carbajal Salgado.
La absolución fue dictada apenas unas semanas después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informara durante la mañanera del 26 de agosto que José Luis Abarca ordenó la desaparición de los 43 normalistas en complicidad con distintas autoridades.
“Estamos diciendo quiénes dieron la orden (de desaparecer a los normalistas). Participa A1, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación”, dijo en aquel entonces Encinas.
“Los estudiantes incendiaron la documentación en demanda de la presentación de Hernández Cardona, quien apareció asesinado y ese homicidio se le atribuye al entonces presidente municipal, José Luis Abarca, que está detenido por el delito de homicidio”, aseveró y prosiguió que “a partir de ese momento los estudiantes fueron amenazados por el alcalde y por Guerreros Unidos de que no regresaran a la ciudad o se iban a atener a las consecuencias”.
José Luis Abarca Velázquez, exmilitante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue detenido el 4 de noviembre de 2014 junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, luego de permanecieron prófugos más de mes y medio.
