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  • ONU reconoce esfuerzo de México para llegar a la verdad en caso Ayotzinapa

    ONU reconoce esfuerzo de México para llegar a la verdad en caso Ayotzinapa

    Mientras algunos comentócratas como Ciro Gómez Leyva y Carlos Marín, desestiman el nuevo informe del caso Ayotzinapa dado a conocer por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció el esfuerzo de las autoridades del Estado mexicano para llegar a la verdad.

    “La información hecha pública por el Presidente de la Comisión es un paso importante para apuntalar el actuar diligente, coordinado y responsable de todas las autoridades del Estado mexicano hacia el objetivo compartido de llegar a la verdad de lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, expresó Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH.

    “En línea con los estándares internacionales, es fundamental que en este proceso las autoridades mantengan un diálogo permanente con las familias y las personas defensoras de derechos humanos que las acompañan y se garantice el acceso a toda la información generada y la que se pueda obtener en el futuro”, agregó.

    Alejandro Encinas durante la presentación del informe de los normalistas de Ayotzinapa.

    La ONU hizo una revisión del informe y resaltó lo siguiente en comunicado dado a conocer este lunes.

    1) La nueva información sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque a los estudiantes, la participación de agentes estatales y no estatales, las omisiones y falta de reacción de las autoridades y las irregularidades de la investigación inicial, corrobora y amplifica lo que previamente habían comenzado a delinear padres y madres, organizaciones acompañantes y expertos internacionales. La ONU-DH subraya la importancia que ahora sea el Gobierno el que lo ratifique de manera oficial en un informe público.

    2) Es fundamental que la Fiscalía asegure, en el desarrollo de las nuevas judicializaciones, una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas, observe el debido proceso y la independencia judicial e incorpore los más altos estándares internacionales de derechos humanos, para determinar judicialmente la responsabilidad penal de todos los actores, incluyendo a los superiores, tanto civiles como militares, involucrados por acción u omisión en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas.

    3) La importancia de la información dada a conocer debe llevar a adoptar medidas inmediatas de no repetición acordes con la gravedad del caso, entre las que se encuentran, como mínimo, una depuración inmediata del funcionariado que haya participado activa o pasivamente en los hechos de septiembre del 2014 y de aquel que haya contaminado u obstruido la realización de una investigación efectiva; el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en México; y la transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes.

    Andrés Manuel López Obrador con los padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Especial

    El Alto Comisionado de la ONU dijo que el nuevo informe presentado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) traza un “momento crucial para llegar a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa”, porque “la llamada verdad histórica resulta hoy aún más insostenible”.

    Fernández-Maldonado dijo que es crucial  conocer las circunstancias que permitieron el ataque contra los estudiantes, la secuencia de los hechos, el rol del Estado y los grupos delincuenciales en la confabulación criminal y el destino final de los estudiantes con base en pruebas fehacientes.

    Asimismo, reconoció “la persistencia” de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos que les acompañan.

    La ONU-DH señala que continuará  su compromiso de seguir brindando asesoría y cooperación técnica al Estado mexicano para la efectiva incorporación de estándares internacionales de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa.

    Polemón

  • ‘Verdad histórica’ se diseñó en los más altos niveles del gobierno de Peña: Encinas

    ‘Verdad histórica’ se diseñó en los más altos niveles del gobierno de Peña: Encinas

    El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, durante la conferencia presidencial matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 26 de agosto de 2022. Foto Guillermo Sologuren.

    La verdad histórica, “fundada en actos de tortura”, se diseñó en los más altos niveles del gobierno federales “e involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas”, subrayó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas.

    El también presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Aytotzinapa del gobierno federal estuvo en la mañanera de este viernes para ahondar en el contenido del informe y sus diferencias con la llamada verdad histórica –que fue le versión oficial en el sexenio pasado, en la que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ahora detenido y sujeto a proceso, jugó un papel preponderante—, esto para responder a las voces que siguen defendiendo esa versión y alegan que ambas concluyen lo mismo.

    El funcionario remarcó que será en esas reuniones que se dieron al más alto nivel durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde hoy las autoridades correspondientes –la fiscalía y los jueces— tendrán que ubicar no sólo el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de las acciones para construir la verdad histórica, “que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen y particularmente lo que está plenamente acreditado es haber creado una verdad fundada en actos de tortura”.

    Enfatizó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa debió evitarse, “sin duda las omisiones de la autoridad –de los tres niveles de gobierno— permitieron que ésta se concretara”.

    El subsecretario destacó que una diferencia “sustancial, de fondo”, entre la verdad histórica y el informe de la comisión que encabeza es que la primera “se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los detenidos, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie”.

    El funcionario destacó que el informe de la Comisión que preside es resultado de la reconstrucción y análisis del caso Iguala en dos momentos: el análisis de los antecedentes, hechos y contexto de personas que participaron en la desaparición forzada de los jóvenes, las repercusiones posteriores y la intervención de las autoridades de diferentes órdenes de gobierno en el encubrimiento de los hechos.

    Y dos, “dicen que es una posición política de gobierno, pero no, es el resultado de un proceso de investigación y análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico asesor y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas que ciencia y tecnología deben estar al servicio de la verdad.

    “Y sí, también hay un contenido político: esclarecer un crimen, más que uno de Estado, además que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y voluntad política para ir al fondo de los hechos”, apuntó el subsecretario.

    Algunos los críticos sostienen que el informe se basa en una fuente, a lo que Encinas replicó que hay al menos 13 fuentes básicas distintas: toda la información y documentación que aportaron las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina y Armada de México, de Seguridad y Protección Ciudadana, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Guardia Nacional, de la procuraduría y fiscalía del estado de Guerrero, de la Fiscalía General de la República; así como de los informes que ha elaborado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro Geo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del propio Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es una de las cuatro organizaciones que ha acompañado a los padres de los normalistas desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

    “Los críticos dicen que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo que la verdad histórica, lo que es absolutamente falso. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio (María de los Ángeles Pineda), lo cual es falso, porque la misión de ellos era tomar camiones y su llegada a Iguala fue al momento que había concluido este evento, e incluso el festejo organizado en la plaza central había concluido”, detalló Encinas.

    Otra diferencia, agregó, es que la versión de Murillo Karam –que fue encabezada por el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, prófugo de la justicia que se encuentra en Israel— apuntaba que se dieron “enfrentamientos” entre estudiantes y policías municipales de Iguala, “los cuales no existieron porque fueron agresiones de los uniformados a los jóvenes”; la verdad histórica agrega que policía de Iguala entregó al grupo delictivo Guerreros Unidos a los normalistas, quienes fueron ultimados a incinerados en basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plásctico y vertidos en el río San Juan.

    A lo que el subsecretario replicó: “En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, hubo un operativo especial que los dispersó en distintas regiones del perímetro de Iguala y sí, hubo actos de agresión donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con fuerzas de seguridad y autoridades de orden municipal, estatal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes”.

    La Jornada

  • AMLO se dirige a Murillo Karam: “Que diga quién le dio la orden” sobre el caso Ayotzinapa

    AMLO se dirige a Murillo Karam: “Que diga quién le dio la orden” sobre el caso Ayotzinapa

    © Foto : Cortesía de la Presidencia de la República Mexicana.

    El extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam puede revelar en su proceso judicial quién le dio órdenes para presentar la llamada verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa, propuso el presidente de México.

    “Es bueno que salga todo y los jueces van a escuchar la opinión de todos, y ojalá y hablen, que todos hablen, si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden”, apuntó Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de este 24 de agosto.

    “Es un proceso judicial, todos los acusados tienen derecho a la defensa y quienes están sosteniendo la acusación, que son ministerios públicos, tienen que probar y los jueces tienen que decidir, y acostumbrarnos a vivir en un auténtico estado de derecho, no en un estado de chueco, como se vivía antes, o de cohecho”, expuso.

    El extitular de la PGR, hoy Fiscalía, fue detenido el 19 de agosto bajo acusación de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia para la elaboración de la llamada verdad histórica, versión que fue presentada por la dependencia a su cargo en 2014.

    Jesus Murillo Karam, exprocurador general de México - Sputnik Mundo, 1920, 20.08.2022

    De acuerdo con esa postura, los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de ese año en Iguala, Guerrero, fueron incinerados en el basurero de Cocula, una afirmación que fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) configurado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso.

    Así, desde el Palacio Nacional, sede del poder ejecutivo federal mexicano, el presidente López Obrador recomendó al extitular de la entonces PGR revelar bajo coordinación de quién operó tal declaratoria, durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

    López Obrador también criticó el papel de los medios de comunicación en relación con el caso de la desaparición de los jóvenes.

    “Cuánta inmoralidad, cuánta deshonestidad intelectual, por decir lo menos”, apuntó el presidente.

    También acusó falta de información o mala fe entre quienes acusaron que el informe que presentó el 18 de agosto la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia, que preside Alejandro Encinas, reiteró información ya conocida.

    Manifestación por el séptimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa - Sputnik Mundo, 1920, 20.08.2022

    SputnikNews

  • “Israel no puede estar protegiendo a personas así”: AMLO sobre Tomás Zerón, testigo clave de Ayotzinapa

    “Israel no puede estar protegiendo a personas así”: AMLO sobre Tomás Zerón, testigo clave de Ayotzinapa

    El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado al Gobierno de Israel para avanzar en el proceso de extradición de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), vinculado al caso Ayotzinapa.

    “Aprovecho para enviar un recordatorio respetuoso al gobierno de Israel, no pueden estar protegiendo a personas así. El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta diciendo que iban a cooperar, pero ya ha pasado mucho tiempo”, declaró.

    En conferencia de prensa, el mandatario transmitió un video en el que se observa a Tomás Zerón durante un interrogatorio por el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, “es un hecho de tortura”, así lo calificó López Obrador.

    Imputado por el delito de tortura a testigos, la suerte de Zerón de Lucio depende ya del Gobierno de Israel, donde se encuentra prófugo de la justicia mexicana, quien también fuera funcionario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.

    Murillo Karam debe decir quién dio la orden

    Respecto a otro implicado en la “verdad histórica”, el Ejecutivo Federal no descartó que Jesús “M”, ex procurador general de la República, pueda acogerse al criterio de oportunidad.  

    “Es bueno que salga todo. Los jueces pues van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen, que todos hablen. Si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden. Es un proceso judicial”, indicó el mandatario.

    Tras cumplir sus primeros cinco días en prisión preventiva justificada, este miércoles en el área de juzgados del Reclusorio Norte se reanudó la audiencia de imputación contra el extitular de la desaparecida Procuraduría General de la República, Jesús “M”, detenido el viernes pasado.

    El que fuera procurador general de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con la actual Fiscalía General de la República (FGR) es probable responsable de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la procuración de justicia en el caso Ayotzinapa.

    Avanza proceso de extradición 

    El proceso para la extradición de Tomás Zerón de Lucio, implicado en la fabricación de la “verdad histórica”, va por buen camino, afirmó el canciller Marcelo Ebrard.

    “Ya la mayor parte de la información que solicitó el Gobierno de Israel según nos ha informado la Fiscalía General de la República, ya se entregó. Sí ya está presentado lo que México tenía que presentar, y las pruebas”, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

    Al término de la firma del convenio entre México y Georgia sobre cooperación educativa y cultural, el canciller indicó que la suerte de quien fuera funcionario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón depende ya de Israel, donde Zerón se encuentra prófugo.

    OnceNoticias

  • Cinco puntos sobre la captura de Murillo Karam

    Cinco puntos sobre la captura de Murillo Karam

    La captura de Jesús Murillo Karam fue, además de una gran esperanza para que exista justicia, un golpe durísimo para la oposición. Y es que mostró que en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno anterior estuvo involucrado. Es decir, que fue un crimen de Estado.

    Aquí algunos puntos breves sobre esa captura: 

    1.- Es el recordatorio de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple lo que promete: cuando estaba en campaña afirmó que investigaría la desaparición de los estudiantes desparecidos de Ayotzinapa, y que se castigaría a los responsables.

    2.- La captura de Murillo Karam significa que la justicia puede llegar a quien sea. Él era el Procurador con Peña Nieto, y es un priísta importante: exgobernador, exsenador, expresidente de la Cámara de Diputados, ex secretario del PRI y de Estado. No es cualquiera. Por eso es muy simbólico verlo capturado. No hay intocables.

    3.- También esta captura significa para muchos mexicanos la confirmación de que las anteriores administraciones eran corruptas e indolentes ante la tragedia. Hoy la gente está más convencida de eso, y por supuesto, afecta no sólo al PRI, sino a toda la oposición.

    4.- Si bien es cierto el PAN no defendió a Murillo Karam, sí lo hicieron los del PRI y los del (decadente) PRD. Esos tres partidos están aliados en Va por México, así que esa “defensa” de Murillo Karam, que afectó negativamente al PRI y al PRD, también afecta a su aliado: el PAN. La oposición está desfondada por donde se vea.

    5.- Y claro, la captura de Murillo Karam es un acto de justicia para los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Quienes permitieron su desaparición y supieron de eso y no hicieron nada para detenerlo, están en proceso de ser castigados.

    Todas estas cuestiones confirman algo: que vivimos otros tiempos, que la esperanza es realidad, y que la justicia, tan anhelada, está llegando.

  • Por caso Ayotzinapa: FGR notifica a Sedena las órdenes para detener a 20 militares

    Por caso Ayotzinapa: FGR notifica a Sedena las órdenes para detener a 20 militares

    Protesta en caseta de la Autopista del Sol en febrero pasado. Foto Cuartoscuro.

    Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) notificó oficialmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que han sido giradas órdenes de aprehensión en contra de 20 de sus elementos, incluyendo a un general de división, por su posible participación en el caso Ayotzinapa.

    Se trata de militares pertenecientes a los batallones 27 y 41 de infantería, ubicados en Iguala y Teloloapan, Guerrero, de manera respectiva.

    La Sedena debe informar si los militares buscados aún pertenecen al Ejército y, de ser así, presentarlos ante las autoridades civiles.

    El juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, estado de México, autorizó 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que intervinieron en la investigación de los hechos, incluyendo a los 20 militares.

    En la lista, el de más alto rango es el general Alejandro Saavedra Hernández, quien era en 2014 comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo.

    Según el informe de la Comisión de la Verdad, el jefe militar tuvo conocimiento de los hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, pues fueron captados por las cámaras del C4, a las cuales tenía acceso directo.

    Meses después, Saavedra Hernández fue ascendido a general de División y ocupó, sucesivamente, los cargos de comandante de la novena Región Militar, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea y jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el 30 de noviembre de 2017. Finalmente, fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas hasta el 2 de marzo de 2021.

    Otros militares posiblemente involucrados son el coronel José Rodríguez Pérez, comandante en 2014 del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, y el teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, el mando inmediato superior del soldado Julio César López Patolzin, a quien se ordenó infiltrarse entre los normalistas y que desapareció junto con ellos.

    La Jornada

  • Caso Ayotzinapa: se confirma espionaje de Sedena con malware Pegasus

    Caso Ayotzinapa: se confirma espionaje de Sedena con malware Pegasus

    El informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa revela que la Sedena sí utilizó el malware Pegasus para espiar a personas clave al momento de la desaparición de los 43 normalistas. El documento destaca dos intervenciones de comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades municipales. Asimismo, descubre que los contratos del programa de espionaje se hicieron con la empresa Proyectos y Diseños VME, y que entre septiembre y octubre de 2014 se intervenían teléfonos de integrantes del grupo delictivo, policías de élite de Iguala conocidos como Los Bélicos y estudiantes de la Normal Rural.

    La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sí utilizó el malware Pegasus para espiar a integrantes del cártel Guerreros Unidos antes, durante y después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos –ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014–, confirma el informe con conclusiones preliminares que la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa presentó el pasado 18 de agosto. Asimismo, descubre que también eran espiados los policías de élite de Iguala conocidos como Los Bélicos y también algunos normalistas rurales.

    En el documento se lee que dicha Comisión tuvo acceso a más de 17 mil documentos de archivos de la Sedena en las regiones, zonas y batallones militares en Guerrero y su área de inteligencia. Entre éstos, se destaca la identificación de “dos intervenciones de comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades municipales”.

    El informe agrega que “la intervención de estas llamadas se confirma con el registro del monitoreo a mensajería SMS de telefonía celular los días 27 y 28 de septiembre, a la central de comunicaciones de Guerreros Unidos, por el Centro Regional de Fusión e Inteligencia [dependiente de la Secretaría de Gobernación], en sus mensajes: CRFI/1202 y CRFI/1212 de esos días”.

    Por primera vez, un documento oficial admite que fue con el malware Pegasus como se realizaron las intercepciones ilegales a integrantes del grupo delictivo involucrado en el crimen de Estado. Además, se reconoce que los propios normalistas rurales eran objeto de estas intervenciones ilegales de sus comunicaciones.

    Y es que el informe de la Comisión de la Verdad señala: “es relevante el registro de llamadas telefónicas de la empresa Proyectos y Diseños VME, SA de CV, empresa vinculada con el Programa Pegasus utilizado en su momento, en particular por las fuerzas de seguridad, para la intervención de dispositivos de comunicación”.

    En su “Esquema 16. Red de comunicaciones relevantes de la empresa Proyectos y Diseños VME, SA de CV. Septiembre y octubre 2014”, el informe esquematiza el alcance de este espionaje y da cuenta de que entre los espiados se encontraban también estudiantes.

    Del análisis de los contratos del gobierno federal con esa empresa, la Comisión de la Verdad encontró que aunque se firmaron a partir de 2015, “los registros telefónicos demuestran su operación al menos desde 2014”. Otro hallazgo fue que el 93 de las contrataciones realizadas fueron con la Sedena de entonces. También, que “los servicios relacionados con los contratos se refieren a mantenimiento y refacciones para diversos fines”.

    Respecto de  la  información  de  las  comunicaciones telefónicas registradas  por  Proyectos y Diseños VME durante  los  meses  de  septiembre  y octubre de 2014, el informe subraya que “la empresa intervenía a las personas objetivos a  través de seis números”, uno de los cuales está a su nombre.

    “A  través  del  número  registrado  por  la  empresa  se  intervinieron  las comunicaciones de objetivos de alto nivel como: Adán Zenén N, José Ángel N, Sidronio N y Gildardo N, ‘El Gil’”, integrantes de Guerreros Unidos.

    Mientras que “a  través  de  los  números  a  nombre  de  José  Carlos  N  se  intervenía objetivos de nivel medio, como policías y otros integrantes de Guerreros Unidos. En estos números se registran intentos de comunicación con José Luis Abarca [exalcalde de Iguala] a partir del 17 de octubre y con los estudiantes a partir del 21 de octubre de 2014”.

    Sedena, sin facultades para espiar

    Aunque cuenta con un área de inteligencia –la Sección Segunda–, la Sedena no tiene facultades legales para intervenir conversaciones telefónicas, por mensajería instantánea y/o correos electrónicos: ninguna ley le confiere hacer este tipo de interceptaciones.

    No obstante, la Defensa Nacional fue la primera institución que adquirió la plataforma Pegasus, que ya se ha demostrado que fue usada para espiar a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al abogado Vidulfo Rosales, defensor de derechos humanos que ha acompañado a los padres y madres de los 43 normalistas rurales en su lucha por la justicia.

    En México el malware Pegasus también ha sido utilizado para espiar luchadores sociales, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, políticos y periodistas. Contralínea documentó que fue en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando la Sección Segunda de la Sedena compró las licencias de dicha plataforma. Los contratos se firmaron entre septiembre de 2010 y finales de 2012 e implicaron un gasto superior a los 8 mil millones de pesos.

    Para activar y operar la plataforma de espionaje, la Secretaría de la Defensa Nacional acondicionó un edificio completo en el Campo Militar Número 1. De acuerdo con los documentos a los que Contralínea tuvo acceso, la instalación del sistema se hizo en tres fases, y por ello se firmaron 18 contratos (15 de estos fueron para obras, servicios y bienes relacionados).

    La primera institución que usó esta tecnología fue la Sedena en su rama de inteligencia militar, cuando esa dependencia era dirigida por el general Guillermo Galván Galván y cuando, en la Secretaría de Seguridad Pública se desarrollaba a la par la llamada Plataforma México, a cargo de Genaro García Luna.

    El edificio que la Sedena acondicionó para alojar el equipo tecnológico de espionaje contaba o cuenta con ocho módulos y más de 200 computadoras. Además se adquirieron mesas, pantallas, servidores y sistemas satelitales para su correcta operación.

    El gasto público superó en aquel momento los 8 mil millones de pesos. Luego ese malware se popularizó entre las dependencias federales, pues acabó contratándose también para la Procuraduría General de la República –que en la época de la desaparición de los estudiantes estuvo a cargo de Jesús Murillo Karam–, la Secretaría de Seguridad Pública y el propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

    El espionaje del Cisen

    La Sedena no fue la única institución que realizó espionaje en los momentos críticos de este crimen de Estado. El informe de la Comisión de la Verdad da cuenta de las operaciones del Cisen en torno a este caso.

    Al respecto, indica: “el expediente proporcionado por el CISEN corrobora la existencia de distintas intervenciones de comunicaciones a objetivos relevantes de Guerreros Unidos en la fecha de los eventos, como lo muestra la siguiente narrativa de hechos:

    • “A las 20:30 horas, David N (a) El Chino, responsable de turno de la central de comunicación del citado grupo delictivo, reportó que los normalistas estaban en actitud violenta, disparando armas de fuego y asaltando los comercios ubicados en las inmediaciones de la iglesia de Iguala.
    • “Una persona identificada como (a) El Choky, presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos ordenó a la central de comunicaciones del grupo delictivo reportar que dentro del contingente estaban integrantes de Los Rojos, presuntamente encabezados por Omar N, quienes iban rapados.”

    El tercer informe del GIEI

    Ya en marzo pasado, el GIEI daba a conocer como parte de su tercer informe del caso Ayotzinapa que el Ejército Mexicano realizó labores de espionaje e infiltración a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

    El Informe Ayotzinapa III revelaba que los normalistas rurales fueron espiados por la Sedena: “eran un blanco de inteligencia por parte de las autoridades militares. Los alumnos fueron objeto de seguimiento durante los años anteriores a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Estaban siendo sujetos a un cercano seguimiento cuando se desarrollaron los hechos y se encontraban infiltrados con agentes de inteligencia”.

    Además de la infiltración de militares encubiertos con fachada de estudiantes (al menos se han documentado tres casos, incluido uno que se cuenta entre las 43 víctimas de desaparición forzada), el documento del GIEI –que fue entregado a la Fiscalía General de la República para que el caso se judicialice una vez más– también advertía de la intervención de comunicaciones.

    “Los documentos confirman que el Ejército (así como el Cisen) tenía intervenidas las comunicaciones de actores relevantes en los hechos, incluso cuando estaban ocurriendo, sin que consten autorizaciones judiciales para ello. Por ejemplo, en un documento fechado el 5 de octubre de 2014 se incluyen algunas de estas intervenciones, de fechas anteriores: 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014, que revelan datos importantes sobre las personas involucradas en los hechos, su ubicación e informaciones sobre el destino de los estudiantes”, se señala en el reporte.

    Asimismo, la abogada Ángela Buitrago –integrante del GIEI– declaró el pasado 28 de marzo durante la presentación que el espionaje era realizado por los integrantes del Batallón 27. También indicó que este seguimiento “sirve para mirar estructuras, historias, y aquí una mirada sociológica muy importante creo que también vale la pena, y es hablar de cuál era el procedimiento habitual frente a los estudiantes de Ayotzinapa y de todas las [Normales] Rurales de todo el país, de un espionaje que nosotros por lo menos tenemos documentado desde el año 2010. Un espionaje permanente y sobre esos supuestos también formas de cultura sobre discriminación, etiquetamiento, que llevan también a condiciones de manejos en estos temas”.

    Por su parte, la abogada Claudia Paz y Paz –también integrante del GIEI– se refirió a este tema como “un seguimiento que vamos a llamar ‘histórico’, casi contrainsurgente a la escuela, las actividades de la escuela [Normal Rural de Ayotzinapa], de los estudiantes”.

    El militar El informe de la Comisión de la Verdad da cuenta del caso del militar en activo Julio César López Patolzin, quien fue desaparecido junto con los otros 42 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Al respecto, el documento apunta que “de acuerdo con la información obtenida, la Sedena contaba con un elemento infiltrado en la Normal: el soldado Julio César López Patolzin, causó alta como soldado de infantería el 16 de enero de 2009, en el 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo, con un tiempo de servicio de 5 años 8 meses”. Agrega que “las actividades que realizaba López Patolzin, desde 2012 en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, consistían en informar lo que acontecía en las asambleas que se realizaban en la normal; dar seguimiento a las marchas, mítines y cualquier movimiento que los estudiantes realizaban en el estado de Guerrero o fuera de la entidad, y detectar vínculos con integrantes de grupos subversivos, grupos de delincuencia organizada y todo movimiento ‘que pusiera en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional’”. El informe detalla que su mando inmediato era el teniente de Infantería Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería, a quien reportaba directamente. “En sus informes, dio cuenta del plan de acción de los estudiantes de la Escuela Normal contemplado para el 2 de octubre 2014. Su último reporte fue el 26 de septiembre del 2014 alrededor de las 10:00 horas”. López Patolzin, agrega el documento, “fue desaparecido junto con los estudiantes normalistas. No obstante que se encontraba activo en el Ejército Mexicano realizando funciones de informante y de que su superior jerárquico estaba al tanto de que se encontraba dentro del grupo de estudiantes, éste no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber, como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos que obliga a los mandos a ‘implementar medidas contundentes, a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y en su caso, rescate del personal militar desaparecido’”.

    ContraLínea

  • Informe sobre Ayotzinapa evidencia horrores de la llamada ‘verdad histórica’: AMLO

    Informe sobre Ayotzinapa evidencia horrores de la llamada ‘verdad histórica’: AMLO

    El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 22 de agosto de 2022. Foto Luis Castillo.

    El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que del informe sobre lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa no sólo evidencia los horrores que ocurrieron sino la forma en que los responsables de las investigaciones se pusieron de acuerdo “para ocultar los hechos y construir lo que se conoce como la verdad histórica”. Afirmó que el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón (quien encabezó las investigaciones) “fueron armando toda esta falsedad, incluso torturando personas, fabricando declaraciones”.

    Durante su conferencia, López Obrador descartó que del informe Ayotzinapa se desprenda que haya una orden de aprehensión ni en contra del ex presidente, Enrique Peña Nieto ni del ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos.

    —Usted ha dicho que el presidente siempre sabe lo que pasa, que no lo denunciara (la verdad histórica) no lo hace sujeto a una orden de aprehensión?

    —Eso el juez lo va a decidir. Eso sí es muy difícil que pase cuando uno está pendiente. Pero también no podemos adelantar ningún juicio. Esto tiene que resolverlo el juez. Lo más doloroso es la situación de las familias de los muchachos, pero al mismo tiempo ejemplar. Doloroso pero ejemplar, porque no se rindieron, no se han rendido. Son excepcionales

    Señaló que en el expediente hay muchos personajes, dijo, que se mencionan ahi, pero no se debe hacer juicio sumario por lo que consideró que no era procedente que el actual secretario de Seguridad Pública capitalina, Omar García Harfush deba apartarse de su cargo porque se le mencionó en la audiencia de Murillo Karam.

    En una larga intervención sobre el caso Ayotzinapa, el presidente cuestionó que se haya descalificado a priori su resultados porque los conservadores y algunos medios aseguraron que era mas de lo mismo y que hasta ahí se quedaría. “Estamos ante una situación inédita porque se pensaba que quienes cometen delitos en nombre del estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó”.

    Destacó que el documento tiene dos grandes capítulos: La descripción sobre lo sucedido en la desaparición y una segunda que alude al comportamiento de las autoridades.

    En el primer caso, se está haciendo la investigación. Este ́ es uno de los hechos más vergonzosos, lamentables, dolorosos. Hay que ventilar, evidenciarlo (…) Se tienen declaraciones de quienes participaron en la ejecución de los jóvenes. Hay declaraciones mucho muy fuertes sobre cómo se deshicieron de los jóvenes. Eso está ahi. Hay declaraciones de cómo planearon irlos moviendo del lugar”.

    Durante la conferencia, López Obrador pidió poner un fragmento de la intervención del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero en la reunión con los padres de los normalistas previa a la presentación del informe:

    “Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26… en Iguala el ejecutivo federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del estado mexican ante un crimen desmesurado y brutal y adjudicar la culpabilidad total a los alcaldes de Guerrero y sus policías como totalmente respnsables”, señalaba Gertz

    Y agregó: cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener declaraciones, adjudicándose todas la responsabilidad que sus superiores estaban buscando eludir, para después inventar la supuesta verdad histórica, todos estudiantes incinerados, cerrar el caso Proyecto lograr que ese asunto se cerrar al haber sido quemados los estudiantes y adjudicando a las políticas y cómplices del crimen organizado”, concluia Gertz.

    Al respecto, López Obrador dijo que en una conferencia, el propio Murillo Karam se asume como responsable de la investigación junto con Tomás Zeron. En ese proceso de indagatorias, “Se llegó al extremo de hacer montajes, de torturar en la televisión. Claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos, pero los que participaron de manera directa, son los que están siendo juzgados”.

    Precisó que en la investigación y preparación del informe participaron expertos nacionales y extranjeros. Hicieron una investigación a fondo, sin injerencia de ningún funcionario ni del presidente, elaboraron el informe. “Y ellos, sin injerencia de nadie hicieron la lista de los que consideraban responsables tanto de la desaparición de los jóvenes como del ocultamiento de los hechos”.

    “Lo de Ayotzinapa y lo del señor Murillo Karam, lamento mucho pero esas injusticias no pueden quedar impunes. Como veo a la madres a los padres de los muchachos. Llevo tres años reuniéndome con ellos, en reuniones, algunas ríspidas, porque imagínense el dolor. No tengo nada personal con el señor Murillo Karam. Pero este es un asunto de otra naturaleza tiene que ver con mi responsabilidad, con mis convicciones, mis principios”.

    El mandatario dijo que se está realizando la investigación que no está cerrada y va a continuar la búsqueda de los estudiantes. Hay un reporte de días, meses y años enteros de indagar el paradero de los estudiantes.

    Tras reconocer que hay militares involucrados entre los imputados, rechazó nuevamente que actuar en su contra implique dañar a las fuerzas armadas. Es la actitud de ciertas personas de esas fuerzas armadas, pero no es lo mismo. “La imagen se mancha si hay complicidad si no se actúa con la verdad.

    Finalmente dijo que nunca más que se actúe de esta forma contra los jóvenes, nada que se necesitaba un escarmiento. Nada de eso. Estos argumentos son ofensivos. No se puede . Nada de que se actúe así para proteger el prestigio de las fuerzas armadas”.

    La Jornada

  • La Comisión de la Verdad en México concluye que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “fue un crimen de Estado”

    La Comisión de la Verdad en México concluye que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “fue un crimen de Estado”

    Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos afirmó que la "Verdad histórica" siempre fue una mentira (REUTERS/Henry Romero)Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos afirmó que la “Verdad histórica” siempre fue una mentira (REUTERS/Henry Romero)

    Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dio a conocer los avances sobre la desaparición de los 43 normalistas del Colegio Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Este jueves 18 de agosto, el comisionado presidencial afirmó que el caso fue un crimen de estado.

    Además de que Alejandro Encinos leyó las conclusiones preliminares de la investigación, se compartió el documento Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

    Entre algunas de las conclusiones se afirmó que hubo coalición entre integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, como autoridades federales, estatales y municipales.

    “La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes de Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen se trató de un crimen de estado”, afirmó.

    En ese sentido, Encinas negó la veracidad de la llamada “Verdad histórica”, la cual señaló que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron privados de la libertad por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, porque supuestamente pertenecían a Los Rojos, grupo contrario.

    Esta “Verdad histórica” fue planteada el 27 de enero de 2015 por el entonces procurador General de la República,Jesús Murillo Karam. En conferencia de prensa dio a conocer el informe sobre los últimos avances del caso; se refirió a las conclusiones del caso como la verdad histórica, sustentada en una investigación “exhaustiva, profunda y seria”, con resultados científicos. Por este hecho, renunció a su cargo en febrero del mismo año.

    De igual manera planteó que los 43 estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula. Ésta versión se sustentó en la información obtenida “espontáneamente” de una llamada telefónica de una mujer quien proporcionó datos de “El Chereje” y “El Pato”, posteriormente también por interrogatorios realizados mediante tortura.

    En el nuevo informe se afirmó que esta versión se generó a conveniencia con la finalidad del cierre de las investigaciones y por tanto dar una resolución sobre el caso, mediante “legitimar socialmente la verdad de los hechos”.

    Cuáles son las diferencias entre “la verdad histórica” y la información actual

    1. Se señaló que los estudiantes buscaban boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, la entonces presidenta del DIF y esposa de José Luis Abarca Velázquez. Sin embargo, se indicó que en realidad los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México para conmemorar el 2 de octubre de 2014.

    2. La “Verdad histórica” determinó que los alumnos detenidos por la policía de Iguala fueron llevados a la comandancia de la entidad. Sin embargo, con la información presentada este jueves 18 de agosto, se afirmó que los estudiantes asegurados por la policía municipal de Iguala en Juan N. Álvarez, fueron los que iban a bordo del autobús 1568 y fueron trasladados a su comandancia.

    Asimismo, en el aseguramiento de los estudiantes del puente frente al Palacio de Justicia, del autobús 1531, participaron las policías municipales de Iguala y Huitzuco. “En un inicio la intención era solamente darles una ‘chinga’ a los estudiantes porque ‘A1′, es decir, un jefe de plaza que no se quiere identificar, no buscaba disturbios, además de recuperar el material, el cual aparentemente venía en uno de los autobuses”, se lee en el informe.

    3. En la primera versión se dedujo que los alumnos fueron sustraídos de la Comandancia de Iguala por elementos de policías municipales de Iguala y Cocula y entregados en Loma de Coyotes a miembros de Guerreros Unidos. Mientras que en la información presentada este jueves se aclaró que fueron los alumnos del camión 1568.

    La “verdad histórica” indicó que la primera entrega constó de cuatro personas, una de las cuales estaba muerta y fueron transportadas en una camioneta estaquitas. Más tarde se realizó una segunda entrega de 35 a 40 personas las cuales fueron transportados en una camioneta de tres y medias toneladas propiedad de “El Gil”.

    Por el contrario, la Segob indicó que los alumnos del camión 1531 fueron asegurados por la policía de Iguala y fueron llevados a Loma de Coyotes, mientras que los asegurados por la policía de Huitzuco fueron llevados a esa entidad.

    Una testigo protegida mencionó que se le solicitó tomar fotografías a todos los estudiantes ya que se creía que entre ellos venían personas de Los Rojos. De todos los estudiantes solo tres de ellos fueron de interés para sus superiores, entre los cuales estaban “El Cochiloco” y “El Chilango”.

    Hay muchas diferencias entre la "verdad histórica" y la información actualizada (Foto: Twitter/@GlorietaMx)Hay muchas diferencias entre la “verdad histórica” y la información actualizada (Foto: Twitter/@GlorietaMx)

    4. De acuerdo con Murillo Karam, la desaparición de los estudiantes se realizó por instrucciones que “El Gil” transmitió al “Cepillo” a través de “Fercho”, encargado de los sicarios de Guerreros Unidos en Cocula.

    Sin embargo, ésto contrasta con la información actual en donde se informó que “A1″ dio la orden de recuperar la mercancía: “Me ch*ngan a todos a discreción”. “A1″ ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben “quien es quien” y se está calentando la plaza demasiado: “Mátalos a todos, Iguala es mío”.

    5. La “verdad histórica” afirmó que los integrantes de Guerreros Unidos los incineraron en le basurero de Colula, por tratarse de supuestos miembros del grupo contrario llamado Los Rojos. Las instrucciones originales eran de quemar a los estudiantes, pero al ser muchos decidieron repartirlos por lo que “El Chuky” les metió “machete” y los metieron en bolsas para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisiera.

    Hasta el momento se desconoce el método de ejecución del grupo de estudiantes que fue llevado a Huitzuco. En ese sentido, se identificó al sicario Eduardo N, alias “El Chuky” como el que mató y torturó al estudiante Julio Cesar Mondragón “El Chilango”, incluso sin tener instrucciones de sus superiores, se escribió en el informe.

    Los operadores de la desaparición de los estudiantes fueron: “El Gil”; “El Negro”; “El Tito”; “El Chino”; “El Pato” Landa y su gente; “El Cholo”; “El Chango”; “La gorda”; “El Duvalín o “Duva”; “El Tony”; “El pollo”; “El Cuca”; “El Feo”; “El Wasako”; “Memo” (primo de “El Chino”); “El Moreno” (cocinero de Guerreros Unidos) y “H1″ mando policial de Huitzuco.

    6. Uno de los temas más polémicos fue que los restos hechos cenizas fueron colocados en bolsas negras que arrojaron al río San Juan. Pero el nuevo informe aseguró que el día de los hechos seis estudiantes se encontraban vivos y estaban retenidos en La bodega vieja. El 30 de septiembre “El Coronel” comentó que ellos se encargarían de limpiar todo y que ya se habían encargado de los seis estudiantes que quedaban vivos.

    Los 43 estudiantes fueron señalados de pertenecer al grupo de Los Rojos (REUTERS/Edgard Garrido/File Photo)Los 43 estudiantes fueron señalados de pertenecer al grupo de Los Rojos (REUTERS/Edgard Garrido/File Photo)

    Respecto al último punto, la información actual aseguró que los restos fueron movidos a un segundo destino. Respecto a la primera ubicación se conoce que:

    -“El Chino” arrojó sus “paquetes” al río Balsas

    -“La Gorda” los llevó al pozo de Pueblo Viejo con el apoyo de “El Cuca” y “El Feo”

    -A “El Moreno” se le pidió que cocinara a 10 estudiantes, pero por falta de material solo cocinó a cinco, el resto se los mandó a “El Chuky”

    – Otros estudiantes fueron desplazados a la casa de Huitzuco; aún se desconoce quién realizó el movimiento

    -”El Chino” comentó que hasta en “la mina de los patrones” aventaron gente

    En el informe se destacó: “En días posteriores hubo una reunión con Albarca y los ‘asesores de México’ para que ellos pudieran limpiar”. Además se aseguró que secuestraron a un ingeniero de Chilpancingo para que desterrara los cuerpos y se los llevaron al segundo destino en: 27 Batallón, al rancho del Cura, Lomas de Coyote y La Mina.

    Por último, se reiteró que con la “verdad histórica” construyó una narrativa que forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia con el fin de evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos.

    Infobae

  • Una puerta hacia la verdad

    Una puerta hacia la verdad

    Que nunca más, nadie recurra a las armas para ejercer sus libertades políticas.

    A raíz del evento celebrado el 22 de junio en el Campo Militar No. 1, donde se presentó la ruta de trabajo para abrir los archivos e instalaciones de la Sedena a fin de esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, se ha abierto un debate respecto a sus implicaciones y alcances. En particular sobre el papel que desempeñaron las autoridades civiles y militares en las acciones represivas llevadas a cabo; el deslinde de responsabilidades en la cadena de mando, así como de las corporaciones ilegales creadas para instrumentar operaciones contrainsurgentes.

    En el centro de este debate se ubica el discurso que busca equiparar las operaciones represivas del Estado con las acciones de la disidencia política de entonces, pretendiendo eximir de responsabilidad a quienes, en aras “de la seguridad nacional y la seguridad interior”, arremetieron contra toda expresión de inconformidad social, la que no se limitó a los movimientos armados, sino que se generalizó a la lucha por la tierra; la libertad sindical y la defensa de los derechos laborales, a los movimientos urbanos, del magisterio, de estudiantes universitarios y normalistas, a los movimientos contra culturales, la libertad de prensa y de quienes pugnaron por la democracia electoral ante un régimen autoritario.

    Se ha abierto la puerta para allanar el camino y cerrar una herida que se mantiene abierta y saldar una deuda con la memoria, la verdad y la justicia.

    Ahí la relevancia de este acontecimiento en el Campo Militar No. 1, lugar donde, en 1971, se implementó el Plan Telaraña, para desarticular las guerrillas encabezadas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas; donde, en 1976, se instaló la Brigada Blanca; donde decenas de personas estuvieron detenidas ilegalmente o fueron desaparecidas; donde se emitió la orden a la comandancia de la 35° Zona Militar de Chilpancingo, señalando: “Ratifíquese orden y sentido de incrementar actividades, a fin de localizar, hostigar, capturar o exterminar a las gavillas que operan en esa región, debiendo de utilizar el máximo de medidas de seguridad”.

    En este contexto, y en cumplimiento a la instrucción del Presidente de la México, la Comisión de la Verdad y la Sedena consensuamos un programa de trabajo para revisar los archivos y las instalaciones militares donde se cometieron violaciones graves a los derechos humanos; realizar entrevistas y recibir testimonios de personal de la Sedena que cuente con información referente a los hechos objeto del esclarecimiento histórico, así como recoger testimonios de víctimas de violaciones a derechos humanos en las instalaciones militares en las que estuvieron en calidad de detenidas.

    El camino hacia la reconciliación se construye con memoria, verdad y justicia. Para ello es necesario que la Fiscalía General de la República acompañe este esfuerzo y reactive las 245 carpetas de investigación sobre la Guerra Sucia que hoy duermen el sueño de los justos, asumiendo que la principal reparación a las víctimas es la justicia.

    Que nunca más nadie sea perseguido por su forma de pensar, por sus convicciones filosóficas, su creencia religiosa, su preferencia sexual, su forma de vestir o por la música que escucha.

    Que nunca más, nadie recurra a las armas para ejercer sus libertades políticas y su derecho a transformar las formas de gobierno. Que nunca más, la intolerancia enfrente al pueblo con las fuerzas armadas.

    Buscamos la verdad, como un acto que permita la reconciliación y que impida que se vuelva a repetir este capítulo oprobioso de nuestra historia. Que la puerta que se ha abierto, no se vuelva a cerrar.

    Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración