Por Antonio Castro.
Contrario a lo que el precandidato del PRI a la gubernatura de Coahuila ha declarado recientemente, es un absurdo comparar lo recibido en un programa social con un salario correspondiente a la venta de la fuerza de trabajo. Se trata de una similitud desproporcionada de origen. Un salario es la proporción mínima de la venta de la fuerza de trabajo de una o un trabajador; un programa social es cubrir un vacío social que el Estado abandonó a la suerte de un sector de la población socialmente desfavorecido e invisibilizado. Pero claro, es fácil salir con la verborrea alta de declarar semejante barbaridad porque su condición de vida es diferente a la realidad social que se vive Coahuila.
Si parte desde sus privilegios, los mismos que su posición de clase le han brindado, seguramente puede decir que un apoyo social es un apoyo mínimo, una insignificancia que no podrá cubrir o resolver las necesidades de quienes lo reciben y es mejor un salario, pero de nuevo, son cosas que no pueden compararse. Más bien los programas sociales han sido una renta que ha solucionado problemáticas de la gente y les han cambiado la realidad con lo que perciben. Hablamos de esa misma gente que antes no tenía lo suficiente para cubrir ciertos gastos, como la compra de medicamentos o alimentos básicos y que gracias al apoyo han podido sacar a flote. Es un absurdo estar cuestionando su efectividad solo por la ceguera que produce un sesgo económico, ideológico y político derivado de odiar a las clases bajas peyorativamente llamadas pobres.
Que bajen esa bandera de que van a trabajar para todas y para todos; su asta se rompe al no apreciar los esfuerzos que se hacen por los más pobres. Recordemos que la agenda de esos apoyos nunca ha sido buscar una clientela política o utilizarlos como una forma de manipulación o extorsión hacia los beneficiarios, sino resolver una problemática que el estado no ha podido cubrir para subsanar la brecha de desigualdad entre ricos y pobres. Ese tipo de programas se alejan de utilizarse de forma ambiciosa debido a que representan un derecho constitucional que no permite buscar beneficios personales, sino que beneficia a los sectores social desfavorecidos, mismos a quienes les corresponden.
Es absurdo que el precandidato priista para la gubernatura, Manolo Jiménez, haga esas comparaciones. Más bien lo que se entiende es que el fondo de sus comentarios es una cuestión ideológica y un odio y repele hacia las clases marginadas. Recordemos que no le conviene que los programas sociales se entreguen de forma directa y sin intermediarios y que cubran lo que el estado ha dejado de hacer, ya que probablemente no quiera perderse la oportunidad de que pase el recurso por sus manos para poder utilizarlo perversamente en beneficio suyo y de su partido, el Revolucionario Institucional -PRI-.
Algunos de nosotros no le creemos cuando dice que va a trabajar para todas y todos, ya que sabemos que odia a los pobres porque viene de una tradición familiar de los llamados nuevos ricos de Coahuila, que se hicieron de su riqueza a costa de la apropiación de terrenos ajenos en la capital del estado, pero lo esconde su riqueza mala habida en decir que es gracias a la cultura del esfuerzo, de que no le des el pescado al que lo necesita, sino dale la caña para pescar; de que hay que echarle ganas y de que los pobres son pobres porque quieren. Él ignora que existen problemáticas serias, de fondo y estructurales para las cuales el Estado no había dado las herramientas necesarias para sortear y poder tener una vida digna. Veámoslo como lo que son: comentarios clasistas. Si siendo precandidato los hace, empecemos a pensar cómo será su mandato si llegase a gobernar.
No lo olvidemos: esos mismos programas sociales han sido el soporte para que el Estado mexicano y la economía no llegaran a una crisis terrible durante la pandemia. Gracias a su implementación, el consumo ha aumentado, y lo sustentamos en los datos arrojados por el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior -IMCPMI- del INEGI, hubo un crecimiento de 5.8 por ciento en el consumo de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, una parte de ese aumento es porque más de 25 millones de familias reciben un apoyo social, tienen mayor solvencia económica para destinar al consumo.
Los programas sociales del gobierno popular del presidente López Obrador son políticas reales, sin parafernalias y sin ánimo de utilizarlas para el beneficio personal sin manipulación, sino para lo que realmente son: para la gente que más los necesita.
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