La treta de las multinacionales para explotar la industria eléctrica de México
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en que las empresas extranjeras se aprovechan del esquema de producción del autoabasto para lucrar más con los recursos energéticos del país latinoamericano.
Pero, ¿en qué consiste este modelo que utilizan compañías privadas como Iberdrola y que, según las autoridades mexicanas, afectan a los intereses del Estado?
En 1992 el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, modificó la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que autorizó el nacimiento de las sociedades de autoabasto. También se crearon modelos de cogeneración, productores independientes, pequeña producción e importación y exportación de energía.
Esta dinámica se agudizó durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), al crear la empresa Contratos de Interconexión Legados (CIL), filial a la CFE, que entregan energía a socios simulados, sin pagar el uso de la infraestructura eléctrica mexicana.
«[El Gobierno de México ha tomado la decisión de] restringir el autoabasto. La ley preveía, antes de la firma de este tratado [el T-MEC], que una empresa puede tener autoabasto y generar su propia energía, siempre y cuando fuera para consumo propio, así es lo que dice la ley», declaró el canciller mexicano, Marcel Ebrard, a medios de comunicación locales.
Sin embargo, dice, la figura del autoabasto se utilizó a modo por las compañías eléctricas, que metieron a su esquema a sus socios (otras empresas), a los cuales les proveen energía utilizando la infraestructura del Estado, cuando en realidad se trata de una operación de compra-venta que sólo los beneficia a ellos como firma energética y a sus clientes.
El llamado Grupo Monterrey es una de las alianzas empresariales más importantes de México, entre quienes figuran las empresas trasnacionales y nacionales FEMSA, Cemex, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, entre otras firmas. Muchas de ellas se benefician del modelo de autoabasto que provee Iberdrola en el estado norteño de Nuevo León y sus inmediaciones.
A pesar de que no se logró la reforma eléctrica impulsada por López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca echar atrás los esquemas de autoabastecimiento, con los que pretende recuperar unos 77.000 clientes, entre los que figuran fábricas y comercios.
Por ello, asegura Ebrard, ni Estados Unidos ni Canadá pueden reclamar nada en torno a esa problemática, ya que las leyes mexicanas están por encima de cualquier tratado comercial, como el T-MEC, cuyo marco legal ha sido utilizado por inversionistas estadounidenses y canadienses para exigir a México que eche para atrás su políticas en la materia.
«El que exijamos que se cumpla la ley en sus términos, no puede violar ningún tratado; quien viola la ley no es el gobierno de México, sino la empresa que simula el autoabasto», asegura el canciller mexicano.
«De 2017 al cierre de octubre de 2021 se ha socializado una pérdida de 28.096 millones de pesos (alrededor de 1.404 millones de dólares) entre los participantes, pero Suministrador de Servicios Básicos, empresa subsidiaria de la CFE, termina pagando prácticamente todo, ya que concentra el 94% de los clientes», acusa la CFE, la empresa estatal de México en el ramo eléctrico.
«Simplemente, el sector privado de generación no paga el transporte de la energía eléctrica por el uso de la red de la CFE, misma que genera utilidades que pagan todos los y las mexicanas», agrega.
El autoabasto, critica la empresa pública, tiene como fin generar riqueza a la iniciativa privada mientras produce pérdidas a la Comisión Federal de Electricidad.
Los conflictos entre el Gobierno de México y la firma española Iberdrola tienen que ver con este esquema de autoabasto. Sin embargo, el último round fue ganado por la compañía dirigida por Ignacio Galán.
Luego de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) del Gobierno de México impusiera una multa de 9.145 millones de pesos (unos 428 millones de dólares) a Iberdrola, un juez otorgó una suspensión al pago y le dio la razón a la empresa eléctrica española.
La autoridad judicial mexicana determinó el pasado 15 de julio que la empresa española no tendrá que cubrir la multa, al menos mientras dura el juicio de amparo, en un nuevo episodio de tensiones entre la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y el sector privado de la industria eléctrica.
La determinación del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, todavía puede ser impugnada todavía por la CRE.
