El diputado federal priísta, Carlos Miguel Aysa Damas, anunció a través de sus redes sociales que votará a favor de la Reforma Eléctrica en beneficio al pueblo.
Mediante una publicación, Aysa Damas explicó que la decisión de apoyar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador la tomó después de leer que los 12 puntos que aprobó el Consejo Político del PRI fueron incluidos en el Dictamen de la Reforma.
Dichos puntos, abordan “la electricidad como derecho humano, bajar los recibos de luz a 43 millones de familias; igual que al alumbrado público, bombeo agrícola y de agua potable, y acabar con el saqueo y fraudes millonarios de empresas extranjeras, pero siempre manteniendo la inversión privada legal”.El joven priísta, quien entró de manera sorpresiva en la lista de candidatos a diputados federales por la vía plurinominal, explicó que da este voto a favor porque “se debe al pueblo, más que a caprichos o intereses de una persona o grupo”.
Además, aseguró: “lo hago convencido que no podemos estar en contra del desarrollo de México, ni de la voluntad de millones de mexicanos. Hoy, la sociedad nos demanda y exige a los representantes populares, no anteponer intereses de grupo, de alianzas electorales o personales. Nuestra alianza debe ser con el Pueblo de México”.“La democracia da oportunidades inmerecidas a personas desleales. Hoy, Carlos Miguel Aysa Damas traiciona al PRI y traiciona a México. Ni una Embajada, ni los sobornos, ni chantajes bastarán para mirar de frente a la Nación que ha traicionado.”Además, enfatizó que el voto del Grupo Parlamentario del PRI será en contra de la Reforma Eléctrica, pues “Morena, no va a lograr vencer a la oposición”.
Caso contrario fue el coordinador de Morena, Ignacio Mier, quién celebró la decisión del priísta.
“Celebro la valentía, congruencia y honestidad política del diputado del PRI, Carlos Miguel Aysa Damas, quien ha anunciado que votará a favor y sin presiones por la #reformaeléctrica. La dignidad no se compra, ni se vende, se defiende”, dijo en un mensaje escrito en redes sociales.
Celebro la valentía, congruencia y honestidad política del diputado del PRI, Carlos Miguel Aysa Damas, quien ha anunciado que votará a favor y sin presiones por la #ReformaEléctrica. La dignidad ni se compra, ni se vende, se defiende.https://t.co/xhUrYAJpUupic.twitter.com/VXxteuE8vT
Acompañado de los líderes del tricolor, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló que “se trata de una farsa, que lastima a la democracia”, el salir a votar en la próxima consulta de revocación de mandato.
Por lo que el priista pidió a los mexicanos no participar el 10 de abril en la consulta popular por revocación de mandato.
En el marco de la celebración de los 93 años del PRI, el viernes por la noche, Riquelme llamó a los priístas a no salir a votar el próximo 10 de abril.
“Hoy quiero hacer un llamado respetuoso a las priístas y los priístas de Coahuila: no participemos en la farsa que se proponen montar el próximo 10 de abril. El cargo que nos otorga la democracia no es una investidura para cumplir caprichos personales, arbitrariedades y ocurrencias en perjuicio del pueblo”, dijo.
Dijo además, que las instituciones le dieron el triunfo y la constancia de mayoría al presidente López Obrador, “por lo que de ninguna forma el PRI de Coahuila se convertirá en cómplice de esta consulta que solo traerá muy altos costos al pueblo”.
“El PRI no debe acudir de nueva cuenta a un escenario provocador. No seamos parte de la simulación fraguada desde el gobierno Federal. Esto indigna a la nación. México tomó una decisión porque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está establecido cuánto dura el cargo, ni más, ni menos. No tenemos por qué inventar falsos procesos electorales”, agregó.
El gobernador del estado dijo que la revocación solo sirve para ratificarse en el cargo, lo que implica intentar manipular los instrumentos de la democracia “para sacar ventaja indebida y raja política”, motivo por eso está en contra.
“En lugar de gobernar bien y resolver los graves problemas de toda la república; hacen campaña en lo personal y para su partido, Morena, además de ayudar a sus candidatos en los estados que tienen elecciones locales” agregó.
“Demostremos el rechazo con nuestra ausencia y que le quede claro a Morena, la siguiente cita del PRI en las urnas, será hasta el 4 de junio del 2023. Para esa fecha, vamos a hacer todo lo que nos corresponde. Desde el PRI, nuestra labor será: proponer, informar y convencer”, sentenció.
MÉXICO, D.F., 02SEPTIEMBRE2009.- Margarita Zavala, primera dama, y Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, se despiden de los asitentes a Palacio Nacional, donde el mandatario ofreció un mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.
FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM
La orden presidencial de sabotear la reacción institucional ante el incendio de la Guardería ABC y, luego, las investigaciones sobre los hechos, también terminaron beneficiando al entonces gobierno estatal de Eduardo Bours. Felipe Calderón vetó ilegalmente la investigación del ministro Zaldívar donde se revelaban las responsabilidades del entonces gobernador y su secretario de Finanzas, quien ilegalmente había habilitado una “bodega” de documentos oficiales junto a la estancia infantil
El incendio que acabó con la vida de 49 menores de edad y dejó con secuelas graves de por vida a otros 72, el 5 de junio de 2009, inició en una bodega contigua a la Guardería ABC. Era un predio usado por el gobierno del estado de manera distinta al formalmente declarado. En el lugar, la Secretaría de Finanzas había acumulado grandes cantidades de documentos extraídos de las oficinas formales.
La investigación que realizó el entonces flamante ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dio cuenta de las responsabilidades del Estado mexicano y el gobierno federal en el incendio de la guardería; pero también del estatal encabezado por el priísta Eduardo Bours Castelo.
Más allá de las omisiones en materia de protección civil, destaca el hecho de que el incendio inició en un local adyacente a la guadería. Lo que se quemaba eran grandes cantidades de documentos oficiales provenientes de la Secretaría de Finanzas del estado que se encontraban irregularmente en ese lugar. Entonces el sexenio de Bours Castelo (2003-2009) se encontraba en sus últimos meses.
Señala que el local habilitado como bodega no guardaba placas vehiculares, como se dijo oficialmente, sino miles de fojas de documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas. Además, se trataba de un lugar de trabajo irregular con empleados que tenían ese lugar de sede. Esos documentos fueron los que se quemaron inicialmente y las llamas alcanzaron la Guardería, con los saldos trágicos conocidos.
El documento elaborado por Zaldívar deriva de la Facultad de Investigación 1/2009 de la SCJN. Como ha revelado el hoy ministro presidente del máximo órgano del Poder Judicial de la Federación, su propuesta de resolución fue vetada ilegalmente por el entonces presidente de a República, Felipe Calderón, para encubrir a su propio gobierno y a la dueña de la guardería subrogada, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima hermana de Margarita Zavala Gómez del Campo.
Recibió presiones, a gritos, del entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. El ministro señaló que no tenía la certeza de que llegara a su oficina al día siguiente y que elementos enviados por el Poder Ejecutivo federal ocuparon la Corte los días previos a la votación de la resolución y el día mismo del debate.
El documento elaborado por el ministro Arturo Zaldívar determina la responsabilidad del Estado mexicano en la tragedia de la Guardería ABC y no sólo del gobierno estatal o de particulares.
En sus páginas 291 y 292 establece la “relación especial” que guardaba el Estado mexicano con los niños y las niñas de las guarderías públicas del país, en este caso con los de la ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora.
“Este Alto Tribunal tiene que determinar […] si en el caso objeto de la presente facultad de investigación hay una relación especial entre el Estado y los cuarenta y nueve niños que perdieron la vida en la ‘Guardería ABC’. La respuesta a esta pregunta es indiscutible: sí existía una relación jurídica especial entre el Estado y los niños que murieron en el incendio que imponía a aquél la obligación de emprender medidas adecuadas para la protección de sus vidas”.
FOTO: ALFREDO GUERRERO/CUARTOSCURO.COM
El documento argumenta la obligación de las instituciones federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la garantización de derechos a las personas menores de edad a los que están obligadas.
En su propuesta, Zaldívar Lelo de Larrea señala directamente la responsabilidad en la tragedia de cinco funcionarios del gobierno estatal y de tres del gobierno municipal. La lista es encabezada por quien fuera el gobernador de Sonora en ese tiempo, Eduardo Bours Castelo (2003-2009). Destaca la utilizacion del inmueble contiguo a la guardería como ilegal bodega de documentos que deberían estar en la Secretaría de Finanzas del estado.
Como se recordará, el incendio inició este inmueble a cargo del gobierno priísta saliente de Eduardo Bours. El entonces gobernador es señalado en el documento como una de las personas con responsabilidad directa por omisión en el incidente.
En la página 185 señala que Bours Castelo “era directamente responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil y el principal encargado del diseño de las políticas públicas en esa materia”.
La ausencia de acciones para prevenir este tipo de accidentes y para responder adecuadamente en caso de que se presentaran no fue un hecho fortuito. La investigación del ministro encontró que se trató de hechos generalizados. Más aún, y de manera específca la Guardería ABC, era “una bomba de tiempo”.
“Como titular de la administración pública local, era el responsable de velar por el cumplimiento de las leyes que en materia de protección civil y protección de los derechos de la infancia correspondía observar a sus subordinados jerárquicos. En tal medida, le son atribuibles las omisiones que provocaron la grave falla del Sistema Estatal de Protección Civil, el cual fue inefectivo para detectar la acumulación de riesgos que rodeaban a la Guardería ABC y la bomba de tiempo que representaba la bodega adyacente” (página 185).
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Más aún, el documento advierte que la responsabilidad no debe diluirse entre funcionarios menores de la administración estatal, sino que alcanza a la máxima figura del Poder Ejecutivo de Sonora.
“Dicha acumulación exponencial de riesgos [detectada e la Guardería ABC y el inmueble adyacente] no fue sólo consecuencia de las omisiones en que incurrieron los inferiores jerárquicos del Gobernador y las autoridades municipales, sino que encuentra su principal origen en el diseño de las políticas públicas en materia de protección civil” (página 186).
Ernesto Vargas Gaytán era el secretario de Hacienda del gobierno del estado de Sonora. Permitió un uso distinto al inmueble que el gobierno sonorense rentó junto a la guardería. “En su carácter de administrador de los inmuebles a cargo del gobierno local, le es atribuible el uso indebido que se daba a la bodega contigua a la Guardería ABC para un fin distinto del que fue arrendada, en contravención al artículo 2695, fracción III, del Código Civil del Estado de Sonora” (página 199).
En su investigación, Zaldívar señala que el uso pactado de la bodega era para el resguardo de placas de la Dirección General de Recaudación. “Sin embargo, de los peritajes rendidos en relación con las causas del incendio y de las declaraciones de quienes laboraban en la bodega, quedó acreditado que ésta almacenaba, además, expedientes de la Agencia Fiscal de Hermosillo –adscrita a la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda–, contenidos en cajas”.
Este uso distinto que se dio a la bodega, observa la propuesta de Zaldívar que fue saboteada y vetada por el gobierno de Felipe Calderón, no sólo implicó una violación al contrato que se celebró para la renta del propiedad: “además aumentó el grado de riesgo del inmueble, lo que debió dar lugar la adecuación de los sistemas de prevención de incendios, por lo que el cambio de uso estuvo directamente ligado a las consecuencias trágicas [del 5 de junio de 2009]” (página 200).
Otro de los responsables en los hechos resulta ser Fausto Salazar Gómez, quien ocupó el cargo de Director General de Recaudación durante el sexenio de Eduardo Bours.
De acuerdo con el proyecto del ministro Zaldívar, el entonces director general de Recaudación del gobierno del estado, “en su carácter de responsable del funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo, permitió o toleró el uso de la bodega contigua a la Guardería ABC para un fin distinto del que fue arrendada, en contravención al artículo 2695, fracción III, del Código Civil del Estado de Sonora, así como a las disposiciones en materia de protección civil que en todo caso debieron observarse con motivo del cambio de uso”.
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La investigación demostró que la bodega no sólo resguardaba documentación que tenía que estar en un lugar distinto de la Secretaría de Finanzas del estado. También que era un centro de trabajo, con personal que diariamente se presentaba a laborar ahí.
Jorge Luis Melchor Islas, por su parte, fungía como subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora. En su carácter de encargado de abastecer de placas y tarjetas de circulación a las Agencias Fiscales y Tesorerías Municipales, era el funcionario directamente responsable del funcionamiento de la bodega contigua a la Guardería ABC. Aunque los documentos que iniciaron el incendio no pertenecían al área de control vehicular sino a la Agencia Fiscal de Hermosillo, la bodega estaba bajo su resguardo directo de este funcionario.
Otro de los responsables directos en el incendio, al menos por omisión, es Wilebaldo Alatriste Candiani, quien se desempeñaba como titular de la Unidad Estatal de Protección Civil en ese tiempo. Al entonces funcionario le pasó de noche el funcionamiento de los dos inmuebles con nulas medidas de protección y el alto riesgo a la salud y la vida de las personas con que funcionaban.
El proyecto del ministro Zaldívar señala que Alatriste, en su carácter de ejecutor de las políticas, programas y acciones de protección civil1 “omitió ejercer sus competencias específicas, conforme a las cuales debió realizar actos de inspección a la bodega contigua a la Guardería, a fin de verificar la constitución de la unidad interna de protección civil y el cumplimiento del programa interno correspondiente” (páginas 177-178).
FOTO: IVAN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM
Agrega que como consecuencia de las omisiones en la verificación que su cargo le obligaba, “no formuló las medidas correctivas y de seguridad que hubieran eliminado o mitigado el riesgo latente que representaban las grandes cantidades de papel almacenadas en anaqueles colocados contra el muro que compartían la bodega y la Guardería ABC” (página 194).
Tampoco se percató el funcionario que el inmueble de la supuesta bodega de placas en realidad tenía un uso distinto al declarado.
Con respecto de las autoridades municipales con responsabilidad en los hechos, el proyecto del ministro Zaldívar señala al entonces presidente municipal, Ernesto Gándara Camou y a otros tres de sus subalternos.
De Gándara Camou señala que era la autoridad en materia de protección civil y responsable de la integración y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil. Por ello le es atribuible la falla del sistema en detectar y mitigar el riesgo exponencial al que estaba sujeta la Guardería ABC.
Los tros funcionarios municipales señalados son Jesús Davis Osuna, quien era director de Inspección y Vigilancia Municipal e incumplió en su obligación de verificar que los establecimientos contaran con licencia de funcionamiento, y Roberto Copado Gutiérrez, que fuera director de la Unidad Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Hermosillo y omitió inspeccionar el funcionamiento de los inmuebles.
El Grupo Parlamentario del PRI rechaza que prevalezca la justicia en beneficio de las y los Coahuilenses en relación al aumento de la violación de los Derechos Humanos de los mismos: Diputada Lizbeth Ogazón Nava.
Saltillo, Coahuila a 1 de Febrero del 2022.- En la quinta Sesión de la Diputación Permanente en el Congreso del Estado de Coahuila, la Diputada de morena, Lizbeth Ogazón Nava, presentó un punto de acuerdo con motivo de exhortar a los funcionarios de la Fiscalía General del Estado, así como a todos los elementos de los cuerpos policiacos Estatales y Municipales para que se conduzcan con estricto apego en el ejercicio sus funciones, ya que muestran una total incapacidad en el actuar al fungir como autoridad, ejerciendo un abuso de poder al no tener respeto en el desarrollo de sus funciones, atropellando la vida de los ciudadanos coahuilenses de manera reiterada y constante. Dicho punto de acuerdo, fue rechazado por mayoría de votos por parte de la bancada priísta, a pesar de la información que se presentó en tribuna, la cual, se presenta a continuación.
“En el año 2020, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), registró más de 252 mil expedientes con hechos violatorios y la Comisión Nacional de Derechos humanos reporta más de 26 mil quejas. Además, refirió a Coahuila como uno de los 7 Estados con más violaciones a los derechos humanos” informó, la Diputada Lizbeth Ogazón.
La coordinadora de la bancada de morena en el Congreso, señaló que la Fiscalía General del Estado de Coahuila se encuentra como número uno en la lista de autoridades que ejercen violación a los derechos humanos con 497 quejas; en segundo lugar le sigue la Secretaría de Seguridad Pública con 278 y las Policías Municipales con 248.
“Hechos atribuibles a las instancias de seguridad pública y justicia como: detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos o degradantes, torturas, retenciones ilegales, incumplimientos en cateos o visitas domiciliarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y hechos por tolerancia u omisión de la autoridad para la protección contra la trata de personas o explotación con fines sexuales; ahora resulta que debemos cuidarnos de la autoridad y servidores públicos cuando son los que en primer lugar deben ver y actuar por nuestra seguridad” manifestó, Ogazón Nava.
La legisladora de morena, señaló que en cuanto a las personas que se encuentran en prisión, no solo se están privadas de su libertad, sino también de una estructura que les permita desarrollarse correctamente y propiciar la reinserción social; así mismo, mencionó el caso de las familias incompletas, ya que en el 2021 hubo un incremento considerable en personas desaparecidas o no encontradas, uno de los índices más altos desde el 2015, con 114 personas no localizadas.
“Todos estos actos de violencia antes mencionados, son delitos graves que se deben de atacar de inmediato; continuamos con el dedo en el renglón señalando casos de abuso, corrupción y derechos humanos violentados, seguiremos señalando enérgicamente toda inequidad social, solicitando que la justicia prevalezca en beneficios de las y los coahuilenses” Finalizó.
Por décadas este inmueble ha estado abandonado, primero serían las oficinas de la Policía Federal, después del patronato de Bomberos y recientemente se estableció que albergarán a la Guardia Nacional, sin embargo la obra sigue intacta. Foto: Omar Saucedo
Estos son los monumentos al recurso público malgastado. Hay hospitales, centros de justicia y pirámides, todos erigidos en diferentes puntos del Estado, como pruebas fieles de indiferencia política, omisión y en varios casos impunidad y corrupción
Texto: Francisco Rodríguez
Fotos: Francisco Rodríguez, Josué Rodríguez, Mauricio García y Omar Saucedo
Ilustración: Edgardo Barrera
COAHUILA.- En los últimos 20 años, en Coahuila, hay un mapa de obras que han quedado inconclusas, en obra negra, que siguen sin entrar en operaciones, que no fueron útiles o de plano se convirtieron en un elefante blanco. Este dispendio de recursos públicos asciende a 747 millones de pesos al menos en cinco obras. Esta cantidad es más que todo el presupuesto de la secretaría de Gobierno para 2022, y tres veces el presupuesto de las secretarías de Cultura y de Economía.
Los 747 millones de pesos habrían alcanzado para pagar tres años la nómina del Poder Legislativo, pero, en cambio, se gastaron en obras que no se concluyeron o que llevan años paradas.
Miguel Ángel Ordaz, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), considera que, en este caso, los ‘elefantes blancos’ son un asunto que tiene que ver con la falta de una normatividad que permita establecer responsabilidades sobre cualquier acción de gobierno en cualquiera de sus ámbitos.
Pasan los años y ahí están: ‘elefantes blancos’ que se han erigido como reflejo del derroche, de la falta de planeación en las políticas públicas y de la visión cortoplacista de un gobierno acostumbrado a no cumplir con sus promesas.
Por eso Ordaz no duda en señalar que las acciones de los gobiernos siguen en gran medida funcionando a partir de los intereses de los gobernantes y de los intereses de los grupos económicos. Sin ninguna consecuencia.
Los elefantes blancos presentados por Semanario son tres infraestructuras relacionadas con temas esenciales como salud, seguridad y protección a la mujer. Es un mapa de elefantes blancos localizados en La Laguna, Región Sureste, Carbonífera y en la frontera de Piedras Negras.
Ilustración: Edgardo Barrera.
Todos, como dice el académico Miguel Ángel Ordaz, se manejaron con los anuncios tradicionales de bombo y platillo, como algo que iba a favorecer a la región o a algún segmento de la población, pero que, finalmente, critica Ordaz, pudieron haber servido entre otras cosas sólo para gastarse el dinero.
“Al no concluirse las obras, como no hay responsabilidad que fincar, no hay el procedimiento establecido para ello, sencillamente se queda como obra inconclusa”, critica el analista político.
De las cinco obras presentadas, hay tres que no tienen remedio. Son casos perdidos. Dos más todavía tienen oportunidad de rescatarse.
Y mientras estos edificios o estructuras se han convertido en paisaje, Ordaz señala que la fiscalización a estas obras inconclusas no ha sido lo suficientemente fuerte porque la misma tiene agujeros, tiene hoyos que entorpecen cualquier cosa o conducen a ninguna parte. Asegura que esta dinámica conviene a la relación “perversa” entre las autonomías y el Ejecutivo.
Considera que no hay interés en sancionar las obras inconclusas de parte de instancias como la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas o la misma Fiscalía Anticorrupción.
“Tenemos tantas leyes que sirven para regular tan poco, para sancionar a tan pocos”, critica el especialista.
Además, refiere que los titulares de los ejecutivos no son responsables de algo. Nunca, pues se diseña la norma de tal manera para que así suceda. “Todo es por la vía de la delegación”, explica.
Lo que tiene que ocurrir, considera el académico, es que la sociedad se interese por el destino de los impuestos que pagamos pues, finalmente, lo gastado en esos proyectos proviene del dinero de la gente.
“Nos acostumbraron a no exigir, a no protestar. Es un proceso largo que implica la composición de una nueva mentalidad”, dice.
Dos décadas de una Pirámide sin uso
Hace más de dos décadas se construyó en el Parque Industrial Santa María de Ramos Arizpe un edificio conocido como “La Pirámide”, donde se pretendía albergar un destacamento de la entonces Policía Federal de Caminos. Pasaron los años y quedó en el olvido.
“La Pirámide” quedó abandonada y nadie se hizo cargo de ella. Nadie sabe por qué en su momento no se ocupó.
Según el libro El país de los elefantes blancos, de Julio Franco Corzo, un empresario donó el terreno al Ayuntamiento para construir el destacamento. Sin embargo, la Federal de Caminos desapareció y se convirtió en Policía Federal Preventiva, la cual primero estuvo bajo el mando de la Secretaría de Gobernación y después de la Secretaría de Seguridad Pública. Estas modificaciones provocaron incertidumbre jurídica, lo que derivó en que nadie se hiciera cargo.
Los únicos que la aprovecharon fueron los indigentes que encontraron refugio y los grafiteros que plasmaron su obra en las paredes.
Se realizaron solicitudes de información al Ayuntamiento de Ramos Arizpe (folio 050103000001221) y a la Secretaría de Comunicación y Transportes (folio 330025521000262) para conocer el monto de la inversión, pero los entes aseguraron no ser competentes para proporcionar el dato.
Según una revisión hemerográfica, la inversión inicial fue de cuatro millones de pesos. La estructura comenzó a levantarse antes de concluir el siglo pasado. Pero quedó en obra negra.
En septiembre de 2014, el ayuntamiento de Ramos Arizpe anunció que el edificio sería donado al patronato de Bomberos de la región sureste del estado, con la intención de colocar una nueva central de emergencias.
El municipio adelantó que se utilizarían, en una primera etapa, cerca de cuatro millones de pesos para rehabilitar el lugar. En diciembre de 2014 se firmó un convenio con el que Davisa Parques Industriales -dueña del predio- se comprometía a donar “La Pirámide” y un terreno contiguo, donde se buscaría crear la central de urgencias especializada en accidentes vehiculares y un área de capacitación para bomberos y elementos de protección civil.
En 2016 el Patronato de Bomberos recibió el espacio en comodato. Pero el proyecto fracasó.
En 2018, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe decidió deshacerse de “La Pirámide” y entregársela a la Policía Federal. El 11 de diciembre de 2018, en el decreto 100 del Periódico Oficial del Estado se había autorizado la desincorporación municipal de “La Pirámide”.
Pero en tres años nadie metió mano a la obra y la operación perdió vigencia, sobre todo por la extinción de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional.
Finalmente, el 30 de junio de 2021, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe aprobó en Cabildo (acta 237) la desincorporación -por segunda ocasión- del elefante blanco, plasmado en el Periódico Oficial como “predio identificado como lote PR-1” de la colonia Agrícola Veteranos de la Revolución de la ex Hacienda Molinos de Santa María, actualmente Parque Industrial Santa María, con el objetivo de donarlo al gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para uso de la Guardia Nacional.
Fue el 7 de septiembre de 2021, mediante el decreto número 90 publicado en el Diario Oficial del Estado, que se aprobó la donación de “La Pirámide” al gobierno federal para la construcción de las instalaciones de la Guardia Nacional.
El bien inmueble donado y sin usarse en más de dos décadas tiene una superficie de 9 mil 453 metros cuadrados.
Se cuestionó vía transparencia a la Guardia Nacional (folio 332259821000274) el estatus de la obra y los planes sobre ella, pero simplemente respondió con la confirmación de la donación que hizo el municipio de Ramos Arizpe.
A pesar de la necesidad de contar con un centro de internamiento para atender a los casos de gravedad, no se ha dado un paso adelante con la terminación de este centro, tampoco se ha castigado a nadie por el abandono y omisión del a obra. Foto: Francisco Rodríguez
El tratamiento de adicciones, convertido en elefante blanco
Las omisiones y desdén de las autoridades de Coahuila para el combate a las adicciones podrían resumirse en una obra: el Centro de Integración Juvenil y Atención a las Adicciones en San Pedro, un proyecto de 24.6 millones de pesos de la administración del exgobernador Rubén Moreira que fue pensando para ser el primer centro de internamiento para adictos en el Estado.
Pero nunca concluyó.
Actualmente, la construcción quedó en obra negra y no existe ningún plan de las autoridades estatales para rescatar una obra que, además, fue asignada a una empresa ligada a la expresidenta del Poder Judicial del Estado, Miriam Cárdenas Cantú.
El edificio se halla detrás de las instalaciones de la cárcel de San Pedro, por un camino de tierra.
Lo que sería un centro con 28 dormitorios, aulas, capilla, áreas de trabajo y consultorios, quedó en obra negra desde el término de la administración del exgobernador Moreira, en 2017. Y la actual administración de Miguel Riquelme no tiene ningún interés en rescatarla. Cuestionado sobre el centro que no se concluyó, el secretario de Salud, Roberto Bernal aseguró que en la entidad “hay prioridades”, y ese proyecto no lo es.
Admitió que conoce de la obra inconclusa, pero recalcó que no existe proyecto para rescatar el Centro.
En 2015, el exgobernador Rubén Moreira, actual diputado federal, anunció la construcción de un centro para atender las adicciones en el municipio de San Pedro de las Colonias. Eran los tiempos de postguerra de cárteles y San Pedro de las Colonias estaba identificada como una ciudad con graves problemas de consumo de heroína.
En 2016 se lanzó la licitación pública nacional CE-905002984-E168-2016 para la construcción delCentro de Integración Juvenil y Atención a las Adicciones en San Pedro. En septiembre se dio el fallo a la empresaCorporativo de Desarrollo y Construcción S.A de C.V, pese a ser la propuesta más cara de tres que se presentaron. La razón fue que las otras dos se desecharon por cuestiones técnicas de requisitos.
El contrato CE-E168-2016, en posesión de Semanario, fue firmado por 24 millones 697 mil 716.98 pesos y en él se establecía un plazo de 180 días (del 30 de septiembre de 2016 al 28 de marzo de 2017) para concluir la obra.
Nada de eso sucedió.
A más de cinco años de iniciarse, el Centro de Integración Juvenil y Atención a las Adicciones en San Pedro es uno más de los elefantes blancos estacionados en Coahuila.
Este proyecto sería el primer centro de internamiento para adicciones dependiente del estado. Pero al quedar inconcluso, no se puede atender al ejército de adictos -principalmente de cristal- que hoy en día se suman a las estadísticas permanentemente. Según el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón, siete de cada 10 personas que acuden a esa institución tienen una adicción al cristal.
Esos adictos tienen que buscar a alguno de los 21 centros de rehabilitación de la organización civil especializados en adicciones o uno de los tres lugares reconocidos por la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic). O quizá, terminar en algún anexo clandestino.
Hasta 2018, según una relación de proyectos de obra para Coahuila del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativa (FAFEF), el proyecto con folioCOA16160200640962, a la construcción del Centro de Integración Juvenil y Atención a las Adicciones en San Pedro se le habían entregado 9 millones 565 mil 836.5 y tenía entonces un 35% de avance.
El elefante blanco tiene también otro tamiz. La empresa responsable del Centro, Corporativo de Desarrollo y Construcción, S.A de C.V, está ligada a Miriam Cárdenas Cantú, expresidenta del Poder Judicial del Estado. La expresidenta fue accionista de la empresa en sus inicios, pero su cuñado, Jorge Domingo Mejía de la Garza, sigue siéndolo y su esposo, Jaime Alfredo Mejía de la Garza, es el representante legal.
A pesar de que hubo aportaciones de los mineros para la construcción y habilitación de este hospital, el gobierno de Humberto Moreira lo dejó inconcluso sin que nadie pague por la mala administración de los recursos públicos. Foto: Mauricio García.
El hospital del minero, una obra que nació elefante blanco
En la región Carbonífera los mineros trabajan bajo condiciones de inseguridad constante. Derrumbes, explosiones o inundaciones se presentan cada año.
Luego del trágico accidente de Pasta de Conchos donde quedaron atrapados 65 mineros, durante la administración del exgobernador Humberto Moreira, se construyó en el municipio de San Juan de Sabinas un “Hospital del minero”, el cual tenía como objetivo atender esencialmente a los trabajadores de la Carbonífera, y también el Centro de Capacitación y Rescate de los Mineros, cuyo fin era capacitar en materia de seguridad a los mineros que trabajaban en pozos, minas o tajos.
El proyecto del hospital se abandonó. La obra fue iniciativa de Javier Villarreal Hernández, extesorero de Coahuila, aunque entonces era director del Servicio de Administración Tributaria (SATEC), dependencia que había creado Humberto Moreira para que todo el dinero que ingresaba a las arcas estatales se concentrara en una oficina.
Villarreal Hernández convenció a los productores de invertir parte de los fondos que aportaban por cada tonelada de carbón a la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) en la construcción del hospital.
En el año 2003, como resultado de una negociación entre los sectores involucrados, y autoridades federales y estatales se creó la Prodemi, que tenía como objetivo fundamental fungir como intermediaria para que los productores de la región vendieran el carbón producido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Gracias a aportaciones de mineros y productores a la Prodemi se construyó el Hospital del Minero y un Centro de Capacitación y Rescate de los Mineros. Sin embargo, el hospital nunca funcionó porque nunca tuvo equipamiento. Cuando se terminó la obra, el gobierno solicitó a los productores que aportaran recursos para el equipamiento. Pero ellos se negaron.
El 12 de mayo de 2011, el entonces gobernador Jorge Torres López, quien entró como interino a la salida de Humberto Moreira, calificó como “un error” la creación del hospital, pues los patrones de las minas tienen la obligación de tener inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a sus trabajadores.
Por tal motivo, el 20 de mayo de 2011, en sesión del Congreso de Coahuila, la entonces diputada panista Esther Quintana Salinas propuso un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo del Estado que diera a conocer de qué manera se planeaba reembolsar a los mineros las cantidades que, por vía de aportación, realizaron para la creación del hospital del Minero. Los priistas se negaron y la solicitud fue rechazada por mayoría.
Miguel Ángel Ordaz refiere que nunca habrá exigencia de los diputados porque son “correa de la misma tela”. Para el catedrático, la falta de exigencia de los diputados locales, principalmente los que son parte del partido en el poder, reflejan la combinación perfecta entre una representación simulada y una simulación democrática a la hora de la elección. “Todo está establecido a partir de los intereses del ejecutivo”, comenta.
Para Esther Quintana se trató de dinero de los trabajadores tirado a la basura, por lo que no duda en calificarlo como un “robo” y un “fraude”. Asegura que era necesario un hospital especializado que tratara a los mineros por sus múltiples males. Por ejemplo, de 2018 a 2020 se registraron 3 mil 179 casos de neumoconiosis, según la memoria estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
A la neumoconiosis también se le conoce como la enfermedad del pulmón negro, porque resulta de la inhalación del polvo de carbón. En ningún otro estado hay esos niveles de males respiratorios.
Como tampoco en ninguna otra parte del país ocurren la cantidad de accidentes fatales en minas como en la Carbonífera: un promedio de cuatro accidentes fatales cada año, lo que evidencia el riesgo de trabajo en la zona.
“No existe un hospital de esta naturaleza. Si no les van a devolver su dinero, que les den el hospital”, lamenta Quintana Salinas.
La exdiputada reflexiona que un gobierno actúa cuando se encarga de aspectos torales: salud y educación. Sin embargo, en el tema del hospital del minero, ya había dinero aportado y se dio por perdido. “No se vale, no se llegó a ningún acuerdo”, añade.
El único uso que se le daba era el de bodega del hospital General del municipio.
Así mismo, se dio a conocer la intención del gobierno estatal para que fuera el IMSS quien se hiciera cargo del elefante blanco, a fin de que éste fuera utilizado para la operación de una clínica regional. Pero el IMSS nunca lo aceptó. Esther Quintana critica que nunca se dialogó y no se le dio la importancia requerida en una región donde son típicas las enfermedades respiratorias consecuencia de la minería del carbón.
Jorge Torres fue condenado a 36 meses de prisión en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero y liberado hace unos meses. Javier Villarreal, por su parte, enfrenta en libertad en Estados Unidos cargos de conspiración de lavado de dinero robado de las arcas de Coahuila.
La Prodemi desapareció y cualquier solicitud de información no es respondida ni es posible presentar recursos de revisión. La secretaría de Infraestructura dice no tener información. Hoy el elefante blanco está sepultado y dio vida, gracias a la pandemia, a un laboratorio de biología molecular. Pero del hospital del minero nadie se acordó en una década.
De acuerdo a la Secretaría de Infraestructura se han gastado 33 millones de pesos en la construcción de este centro que sigue sin abrir sus puertas. Foto: Josué Rodríguez.
Un Centro de Justicia que sigue sin concluir
El 17 de diciembre de 2018 se puso la primera piedra del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en Piedras Negras, prácticamente a un año de gobierno del actual gobernador, Miguel Riquelme Solís.
Al lado del mandatario estaba la entonces alcaldesa de Piedras Negras, Sonia Villarreal, actual secretaria de Seguridad del Estado.
La obra tiene una construcción, según la minuta del proyecto, de 2 mil 765 metros cuadrados y más de 3 mil metros cuadrados de superficie. En este edificio se pretende contar con un área de atención a las mujeres, oficinas de enlace de la Fiscalía, DIF, Pronnif; además de un refugio temporal para albergar a tres familias.
La obra tiene sus orígenes en un convenio de coordinación que celebraron la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Coahuila para la creación específica del Centro de Justicia en Piedras Negras.
El gobierno de Coahuila, a través del exsecretario de Gobierno y actual alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, solicitaron el 26 de enero de 2018 a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), recursos federales para la creación del Centro. El 21 de febrero de ese año se determinó viable el proyecto y se autorizaron 13.6 millones de pesos.
El proyecto tenía un costo estimado en dos etapas de 26 millones de pesos y tenía como fecha estimada de conclusión el 31 de diciembre de 2019. Pero fue hasta diciembre de 2018 que se puso la primera piedra. Entoncesse informó que la inversión sería de 30 millones de pesos.
El Centro sigue sin arrancar. Según la Secretaría de Infraestructura se han gastado 33 millones 713 mil 573 pesos en cuatro contratos, dos en 2018 y dos en 2021.
En tres años de construcción, esta obra que debió concluir en un año sigue sin poder entregarse.
Vanessa Ramírez, abogada y académica de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) unidad Piedras Negras, considera que es una gran diferencia contar con un Centro de Justicia en vez de que las mujeres tengan que acudir a una agencia del ministerio público.
“Cuando abren estos centros, los números se disparan. Las mujeres saben que existe un lugar donde son atendidas de forma integral y su ánimo hace que vayan. Es un fenómeno que ocurre, los números se van a incrementar. En una atención laboral, de salud, de educación”, argumenta la especialista sobre la necesidad del Centro en Piedras Negras.
Actualmente, las mujeres tienen que acudir a un módulo de atención que está en el Instituto de las Mujeres en Piedras Negras.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2021 (hasta noviembre) se reportaron 773 denuncias por violencia familiar.
Para Vanessa Ramírez acudir a una agencia del ministerio público inhibe el hecho de que las mujeres denuncien o pidan apoyo.
“La ruta de atención cuando las mujeres van a un Centro de Justicia…, hay áreas lúdicas, los niños están cuidados mientras son atendidas; ir a una agencia del MP con niños dificulta la ruta de atención en la fiscalía. En los centros de empoderamiento se sienten más tranquilas. Hay muchas ventajas”, ahonda.
Para Ramírez, en todas las regiones de Coahuila es necesario un Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.
Por ejemplo, en Piedras Negras no existe un refugio para mujeres violentadas, mientras que en Acuña sí. “Sería bueno tener uno que dé atención a Piedras Negras y a la zona de los Cinco Manantiales”, comenta la abogada.
La abogada desconoce por qué el Centro no ha entrado en operaciones. Dice que ha pasado por el exterior y luce completo.
Según la secretaría de Infraestructura, la obra tiene un 98 por ciento de avance físico, por lo que se considera “en proceso”, según respuesta a una solicitud de información (folio 050098400001821) de fecha 10 de noviembre de 2021.
De acuerdo a un informe de la Auditoría Superior de la Federación, se duplicaron pagos en la estructura metálica y además se pagaron más de 192 millones de pesos por equipo médico que no se ha instalado.
Hospital Materno infantil, ¿hasta cuándo?
El Hospital Materno Infantil de Saltillo es un elefante blanco colorido por el rosa de las jardineras y unos listones de colores pastel que cuelgan en la fachada.
La historia de este hospital data de junio de 2014, cuando el gobierno estatal del exgobernador Rubén Moreira y el federal del expresidente Enrique Peña Nieto, firmaron un convenio para la construcción del Centro Oncológico y el Hospital Materno Infantil.
Sin embargo, a más de seis años, la obra de casi 700 millones de pesos parece interminable, pese a que la obra se presentó como concluida al final de la gestión de Rubén Moreira.
El 28 de noviembre de 2017, el exmandatario publicó en su cuenta de Twitter: “Entregamos el edificio y equipo del nuevo Hospital Materno-Infantil. Empieza el proceso para su inicio de operaciones”.
Sin embargo, pese a que el elefante blanco se presentó como finalizado, la actual administración sigue gastando dinero. Al menos así lo dicen los informes del gobernador Miguel Riquelme Solís.
En la página 161 de su primer informe de Gobierno (2018), Riquelme Solís informó de la “continuación de la construcción del Hospital Materno Infantil, con una inversión de 53 millones de pesos”.
“Dice haber invertido 53 millones para construir un hospital que ya estaba construido”, reclamó en la tribuna del Congreso el diputado panista Rodolfo Walss Aurioles.
En su segundo informe (2019), página 176, en Saltillo, también se informa que se destinaron 53 millones de pesos al Hospital Materno Infantil.
En su tercer informe de Gobierno (2020), página 218, también se informó que se seguía trabajando en la “continuación de la construcción del Hospital Materno Infantil, con una inversión de 53 millones de pesos”. Aunque en la página 436 se dice que son 44.4 millones de pesos.
En la página 218 del cuarto informe (2021), dice textual: “seguimos trabajando en las siguientes obras iniciadas el año pasado: Construcción del Hospital Materno Infantil, con una inversión de 44.4 millones de pesos. Continuación de la construcción del Hospital Materno Infantil, con una inversión de 53 millones de pesos”.
“Esos 90 millones se los robaron, el hospital está abandonado, en cuatro años no le han metido ni un solo peso. Ni siquiera para deshierbar lo que está afuera y por dentro está destruido”, aseguró el diputado Walss Aurioles en el Congreso.
Por si fuera poco, el Hospital Materno Infantil ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En 2016 hizo observaciones por 192 millones de pesos por equipo que todavía no había sido instalado.
La ASF señaló, según documentó Vanguardia en una nota del 20 de mayo de 2020, que “se duplicaron pagos en el suministro de estructura metálica de acero, no se han instalado los equipos médicos que se pagaron por un monto de 192 millones 578 mil 400 pesos”.
* Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Tres de los siete partidos que hay en México solicitaron créditos bancarios en 2021 para pagar sus actividades ordinarias y de campaña, luego de haber tenido que destinar parte de sus recursos a las sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
Un documento da cuenta de cómo Movimiento Ciudadano, encabezado por Dante Delgado, pidió dos créditos bancarios en 2021 por 32 millones de pesos.
Uno de los créditos fue solicitado a Banca Afirme S.A. por 18 millones de pesos, mismo que se usó para el sostenimiento de la operación ordinaria y de campaña. Hasta noviembre pasado, el partido habría pasado 63.3% de esa deuda.
El segundo préstamo también se solicitó a Banca Afirme S.A. por 15 millones de pesos con fecha de suscripción de noviembre de 2021 a noviembre de 2023. Los recursos habrían sido usados para la operación ordinaria y de campaña y, hasta el momento, no se ha hecho ningún pago.
Este partido fue el segundo con más sanciones del INE, con 84 millones 792 mil 761 pesos, que es 29.7% del total de las sanciones en materia de fiscalización.
Por su parte, el PRI solicitó un crédito por 207 millones 448 mil pesos a Banca Afirme S.A y, hasta noviembre del año pasado, el partido liderado por Alejandro Moreno había pagado 146 millones 784 mil 066 pesos.
Documentos del partido indicaron que el crédito es para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y específicas, como entidades de interés público.
Este partido fue el quinto con más sanciones, las cuales ascendieron a 3 millones 219 mil 727 pesos.
También el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) solicitó un crédito, por 250 millones de pesos, para atender los gastos de operación ordinaria y de campañas de 2021.
El préstamo se hizo por 200 millones de pesos en marzo de 2021 y, en abril, se realizó un adendum al contrato para solicitar 50 millones de pesos más. En noviembre de 2021 el partido ya había pagado 26 millones 666 mil pesos, así que aún debe 89% de la deuda.
Este partido fue el tercero más sancionado el año pasado, con 50 millones 963 mil 085 pesos. Una de las faltas más sonadas fue la contratación de 104 influencers y falsos para que promocionaran al partido en plena veda electoral.
El PRI con Alejandro “Alito” Moreno en la dirigencia se desmorona en un mundo de conflictos que se viven dentro del partido, rumbo a las elecciones a gubernaturas que tendrán lugar este 2022.
Luego de anunciar que la coalición Va por México será representada por un aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Hidalgo, el actual gobernador priísta, Omar Fayad ha reprochado a su partido que haya “abierto la puerta de sus territorios al blanquiazul”, calificándolo como una “debilidad” de la dirigencia tricolor.
A través de sus redes sociales Fayad dio a conocer que acompañará a los priístas que decidan impugnar legalmente la decisión de que sea un aspirante del PAN quien sea el candidato por Hidalgo, una de las entidades bastiones que aún conserva el partido.
Como priista, en el marco de la Ley, acompañaré a quienes han decidido dar la batalla por la democratización del partido y el respeto a las dirigencias y consejeros estatales.
A este malestar se suma la exigencia que meses atrás tuvieron varios priístas con Alejandro Moreno “Alito” para que renunciara a la dirigencia nacional del partido, luego de que en la pasada jornada electoral perdiera ocho de las entidades que se encontraban gobernadas por el PRI.
Morena arrebató al PRI Colima, Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa y Campeche -de donde es originario Moreno-, mientras que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Se quedó con San Luis Potosí.
Ahora el PRI sólo conserva el Estado de México, Oaxaca, Coahuila e Hidalgo, muy lejos de las 19 que poseía en 2015, a la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto.
De esos estados, Oaxaca e Hidalgo tendrán elecciones este año y, a decir de las encuestas, la victoria será para Morena.
Tras la enorme derrota de 2021, miembros del partido señalaron a “Alito” de hacer un mal manejo de la dirigencia nacional y exigieron su renuncia.
Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, envió una carta a toda la militancia priísta, señalando que el resultado del más reciente proceso electoral que “la más humillante de las derrotas”. Poco tiempo después fue expulsado del partido.
Nayelli Gutiérrez Gijón, presidenta del Colegio Nacional de Derecho, también se manifestó a favor de la renuncia de Alito a la dirigencia nacional del PRI, e incluso lo acuso de negociar con Morena para la aprobación de las reformas propuestas por la 4T.
“Por años hemos trabajado a favor del PRI y hoy exigimos la renuncia inmediata de Alejandro Moreno, que ha acabado con este partido. Perdimos ocho gubernaturas, 250 municipios, un millón de votos”, señaló Gutiérrez Gijón.
Agregó que con sus alianzas Moreno ocasionó la peor derrota en la historia del PRI y lo acusó de buscar la Coordinación Parlamentaria del partido en la Cámara de Diputados para “vender al PRI a Morena y con ello aprobar las reformas constitucionales”.
Con la suma del PRI a la coalición Va por México, conformada también por el PAN y el PRD, los reclamos hacia Moreno se intensificaron.
Va por México nació bajo el liderazgo del empresario Claudio X. González, para quitare fuerza a Morena, pero rápidamente las diferencias entre las fuerzas políticas salieron a relucir, especialmente en los liderazgos a nivel local.
Sin embargo, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa de Reforma Eléctrica, las diferencias se hicieron aún más notorias, pues el PRI se mostró dispuesto a negociar e indicó que se convocará a unos foros con expertos para analizar los detalles de la propuesta de ley.
“Queremos un sector eléctrico que fortalezca a nuestra Comisión Federal de Electricidad, orgullo de este país. Pero también se debe de buscar que no se deterioren más las finanzas públicas de nuestro México”, indicó el PRI en un comunicado.
Esta postura se reforzó además con las declaraciones de Ruben Moreira: “Nosotros podemos dialogar, para eso somos diputados. Sería un despropósito llegar a la Cámara y no querer dialogar”.
Tampoco cerraron la puerta a una posible negociación en el tema electoral y a la Guardia Nacional, puntos claves para la 4T.
Protestas y exigencias
El rechazo a las decisiones de Moreno llegaron el año pasado a la sede nacional del PRI, en la que los militantes echaron en cara el mal manejo que se ha tenido en el partido, distanciando más al dirigente de su militancia.
El pasado 29 de junio, los priístas exigieron su renuncia, con pancartas y bajo la consigna de “eres una vergüenza para el PRI”, “Alito, renuncia”.
Así, mientras más lejos está Alito de sus militantes, el Presidente López Obrador se ha visto en una buena relación con varios gobernadores de este partido e, incluso, invitó a algunos de os mandatarios salientes a sumarse a su Gobierno, como en el caso de Sinaloa, Quirino Ordaz, a quien propuso como Embajador de México en España.
En septiembre pasado AMLO detalló que al exgobernador se le encomendó restablecer las relaciones a plenitud entre México y España.
“Estamos ya en una etapa nueva y pienso que es oportuno que se lleve a cabo este cambio y considero que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel puede y tiene capacidad para hacer ese trabajo”, indicó AMLO.
La invitación no fue bienvenida por Moreno, quien amenazó con dejar fuera del partido a los militantes que hayan aceptado cargos en el Gobierno federal sin antes haber solicitado una licencia al Consejo Político del PRI.
Además acusó a Morena de intentar dividir a la alianza Va por México y al tricolor.
La lealtad, unidad y compromiso de un priista se demuestra al lado del Partido. Cualquier invitación a nuestros gobernadores, por un partido distinto, se asume a título personal y debe someterse a consideración del Consejo Político Nacional para decidir si se aprueba o no.
Poco más de un mes después, Alito informó que el Consejo Político Nacional del PRI rechazó la solicitud de licencia a la militancia tricolor que promovió Quirino Ordaz, asegurando que fue una decisión que “se tomó democráticamente, en un proceso en que las Consejeras y Consejeros expresaron su opinión y la razón de su voto”.
Otra relación que ha sido cercana es la de Héctor Astudillo, a quien se contempló dentro del grupo de exgobernadores pertenecientes al PRI que fueron invitados al equipo presidencial.
Por su parte, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, ha manifestado públicamente su apoyo a la Reforma Eléctrica y exhortó a que se “le diera una oportunidad”.
En entrevista con medios de comunicación, Murat dijo que el Gobierno federal tiene un objetivo y habría “que darle por supuesto la oportunidad para que pueda transmitirnos cuáles son los argumentos para plantear esto y en función a eso tomar las mejores decisiones para México”.
Entre tanto, Alfredo del Mazo, Gobernador del Estado de México, ha sido visto en eventos presidenciales e incluso AMLO ha asegurado que tiene una buena relación con él, al igual que con Fayad.
Ante el pronunciado declive electoral y la acelerada disminución de su militancia, el PRI enfrentará en las dos elecciones de gobernador (Hidalgo y Oaxaca) la opción de corregir el rumbo o quedar reducido a una lucha por sobrevivir como partido político nacional. Los priistas Dulce María Sauri y José Encarnación Alfaro, en sendas entrevistas, cuestionan a la actual dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno, José Murat y Rubén Moreira por el uso de su instituto “como franquicia” y su falta de compromiso con los militantes.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En tres años ha perdido casi 5 millones de afiliados y en las dos últimas elecciones 10 gubernaturas. El PRI atraviesa no sólo una crisis electoral, también de liderazgo, identidad, militancia y de legalidad por la última asamblea nacional, lo que pone en riesgo su supervivencia, advierten José Encarnación Alfaro Cázares, miembro del Frente Nacional por la Refundación del PRI, y la expresidenta del partido Dulce María Sauri Riancho.
Los dos priistas tratan de no ser catastróficos en su evaluación, pero no pueden evitar los hechos.
De acuerdo con una revisión de los padrones de militantes de los partidos políticos publicados por el Instituto Nacional Electoral (INE), en los comicios federales de 2018 y 2021, 4.9 millones de militantes abandonaron las filas del PRI, lo que equivale a una salida de 78% de sus afiliados.
En cuanto a gobiernos de los estados, en la elección de 2018 perdió Jalisco y Yucatán; y en 2021 se le fueron Colima, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí.
Ahora sólo le quedan Oaxaca, Hidalgo, Estado de México y Coahuila. Sin embargo, de acuerdo con las mediciones de varias empresas encuestadora, existe un alto riesgo de que en los comicios de 2022 pierdan Oaxaca e Hidalgo y para 2023 sólo Coahuila y el Estado de México serían bastiones del priismo.
A partir de esos datos oficiales, al PRI le quedan sólo 1.2 millones de afiliados para las elecciones de los próximos dos años, en las que se juega su permanencia, sostiene en entrevista la exdiputada y expresidenta nacional del PRI Dulce María Sauri Riancho.
Considera que si en 2022 pierde en Hidalgo y Oaxaca, estados que siempre ha gobernado, en 2023 la elección del Estado de México será vital para el PRI, ya que en caso de ser también derrotado llegará a la elección presidencial de 2024 luchando por mantener su registro como partido político nacional.
A conclusiones similares llega José Encarnación Alfaro, exsecretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien encabeza ahora el Movimiento Líder. Esa agrupación junto con Plataforma PRI –formada por Fernando Lerdo de Tejada y Alianza Generacional, representada por José Ramón Martell– integraron a partir del 1 de diciembre el Frente Nacional por la Refundación del PRI, el cual se opone a la actual dirigencia del partido en manos de los diputados Alejandro Moreno y Rubén Moreira.
El exdiputado federal sonorense observa que su partido continúa en declive en las recientes elecciones, descenso que puede acelerarse en las próximas dos contiendas por gubernaturas.
La tarde del pasado miércoles fue capturado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por agentes de la Policía de Investigación de la CDMX. Se le acusa de trata de personas, delito presuntamente cometido dentro de las mismas oficinas del PRI.
El llamado “Rey de la Basura” fue aprehendido tras ejecutar una orden de cateo solicitada y obtenida por el Ministerio Público de la Coordinación de Investigación de Delitos de Género.
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es conocido por haber tenido una larga y fructífera carrera bajo la bandera tricolor del PRI. Partido al que se unió desde 1991 como legislador suplente en la LV Legislatura. Su cargo más alto dentro del partido fue el de dirigente del PRI en el entonces Distrito Federal.
Fue en 2014, cuando el equipo de investigación de Carmen Aristegui descubrió una red de prostitución liderada por De la Torre, mediante la cuál obtenía favores sexuales para él y sus compañeros del PRI.
Trabajos de inteligencia coordinados entre la Fiscalía de Investigación de Trata de Personas, el Centro Nacional de Inteligencia y el Grupo Especialde Reacción e Intervención permitieron el aseguramiento de dicha persona
De acuerdo con la investigación, las mujeres eran atraídas mediante ofertas de empleo dentro de las oficinas del PRI, una vez dentro se les coaccionaba para realizar favores sexuales. Una reportera logró infiltrarse en la red y grabó el proceso de reclutamiento. Sandra Vaca, también acusada de participar en la red de trata de personas le dijo que
“buscaban a jóvenes entre 18 y 32 años, que se movieran con discreción, usaran faldas cortas y atendieran los deseos del jefe.”
Por si fuera poco, además del delito de trata de personas, a estas mujeres se les pagaba con dinero del erario público. Estás finanzas estaban coordinadas por la Secretaría de Finanzas a cargo de Roberto Zamorano. El salario ofrecido era de entre 8 mil y 14 mil pesos mensuales, según las mismas investigaciones.
A pesar de las pruebas en su contra, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, desechó la investigación recaída sobre Gutiérrez, mientras que este último renunció a su puesto al frente del partido en la capital. Sin embargo el gobierno de Claudia Sheinbaum retomó la indagatoria y se reabrió el proceso en contra del ex líder priísta.
El 9 de marzo de este año la Fiscalía giró una orden de aprehensión en contra del Rey de la Basura. Dos días después la Interpol emitió una ficha roja para que se buscara a Gutiérrez de la Torre en 192 países. Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló todas las cuentas a nombre del priísta.
La Fiscalía capitalina acusa al llamado “Rey de la Basura” por los delitos de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada en grado de tentativa. Además de publicidad engañosa, así como de asociación delictuosa. Junto con Gutiérrez de la Torre, presuntamente participaban Sandra Esther Vaca, Claudia Priscila y Roberto Zamorano. De estos colaboradores, Zamorano y Vaca siguen prófugos pero tienen una orden de aprehensión en su contra.
El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la amenaza del PRI de no aprobar la reforma eléctrica porque no se aceptaron sus modificaciones al presupuesto.
En su conferencia matutina del día de hoy, el presidente se expresó al respecto de las declaraciones de Rubén Moreira, el coordinador de la bancada del PRI. El diputado priista declaró que su partido no apoyará la reforma eléctrica, pues no hubo negociación en la Ley de Egresos para 2022.
El presidente respondió que el asunto no es con él, sino con el pueblo.
Si no aprueban la reforma eléctrica, pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público, van afianzarse, si no aprueban la reforma eléctrica como buenos salinistas. Y van a terminar por darle la espalda, no solo al General Cárdenas, al Presidente López Mateos.
AMLO
Además, el mandatario aprovechó para lanzar un mensaje a los legisladores de la oposición.
Aseguró que la aprobación de la reforma eléctrica “no es un asunto de toma y daca, los principios y la dignidad, no tienen precios, no se negocian”.
Asimismo, AMLO lamentó en lo que se ha convertido el partido tricolor.
Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario, termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo. Porque el que no aprueben la reforma eléctrica significa que sigan haciendo negocios las empresas extranjeras, principalmente las españolas. Que sigan pagando menos por la luz los de Oxxo, que pagan menos que los abarroteros, que pagan menos que lo que pagan los integrantes de las clases medias de las clases populares. Eso es lo que van a defender.
AMLO
Foto: Internet.
Para finalizar, aseguró que este no es un tema que tenga que ver con su persona.
Me van a poner a mi contra la pared. ¡No! Si ellos siguen con el salinismo como política, nosotros vamos a seguir defendiendo al pueblo.
