Una vez más, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se ve envuelta en serias acusaciones de desvío de fondos. Reveló la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que existe un monto sin solventar por parte de la institución educativa por 613 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto al descubierto una serie de irregularidades financieras en la Cuenta Pública 2022, ascendiendo a 628 millones de pesos en el Gasto Federal sin aclarar por parte de Coahuila. Alarmantemente, casi el 98% de estas irregularidades recae sobre la Universidad Autónoma de Coahuila.
El reciente informe de la ASF destaca a Coahuila como una entidad con señalamientos significativos por malos manejos de recursos públicos durante el año pasado. En la revisión 722, las autoridades de la ASF han señalado a la Universidad Autónoma de Coahuila por la falta de documentación justificativa y comprobatoria en el gasto de Participaciones Federales y Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, sumando 224.4 millones de pesos.
Adicionalmente, la Universidad realizó pagos por 368.8 millones a 2,130 empleados con múltiples puestos de trabajo y 3.3 millones a 22 trabajadores que solicitaron licencias con goce de sueldo.
La ASF, en auditorías realizadas desde 2016 hasta 2022, ha revelado un panorama cuestionable sobre la transparencia y rendición de cuentas de la máxima casa de estudios. Las observaciones, relacionadas principalmente con la falta de documentación y transparencia en la gestión de recursos, han arrojado dudas sobre la administración financiera de la universidad.
Estas irregularidades, sumadas a la ineficacia en la gestión de recursos, han minado la confianza en la institución educativa. La Universidad Autónoma de Coahuila se enfrenta no solo a la posible pérdida de recursos, sino también a una amenaza para su reputación y la confianza de sus estudiantes y la comunidad en general.
Los resultados de la ASF subrayan la urgencia de abordar la transparencia, rendición de cuentas y eficiencia en el uso de recursos en la Universidad. La falta de transparencia en los procesos de adquisición y documentación de gastos plantea cuestionamientos persistentes sobre el manejo de los recursos públicos y la eficiencia en la gestión financiera.
Este escándalo ha generado indignación y llamados a una investigación completa para esclarecer las irregularidades en el manejo de los recursos de la UAdeC.
La corrupción en la UAdeC no es nueva, se remonta a décadas anteriores, lo que ha llevado a la institución a una crisis económica.
El escándalo destapa una historia de corrupción arraigada en la UAdeC, y a medida que se desarrolla la investigación, se espera que se revelen más detalles sobre cómo la universidad ha sido utilizada para el enriquecimiento de unos cuantos políticos a lo largo de los años.
La corrupción en la UAdeC se ha institucionalizado durante décadas: desvíos de recursos, funcionarios universitarios implicados, directores de escuelas y facultades comprometidos, y saqueos perpetrados por gobernadores en turno han marcado la historia de la universidad desde el siglo pasado.
UAdeC, la caja chica de gobernadores
En lugar de ser un centro de excelencia académica, la UAdeC ha sido utilizada como un botín económico y político. Sin ir tan lejos, está el caso del exgobernador Humberto Moreira Valdés, quien convirtió la UAdeC en su caja chica con la colaboración de Héctor Javier Villarreal Hernández, su entonces Secretario de Finanzas (y que actualmente se encuentra preso en Estados Unidos por malversación de fondos) exigía cuantías millonarias a los rectores en nombre del gobernador.
Además, la crisis económica actual de la UAdeC se agrava por una enorme nómina de “aviadores” y funcionarios que cobran sin trabajar. El tesorero, Jorge Alanís Canales, estima que se requerirán 420 millones de pesos este año solo para el pago de pensiones. La práctica de insertar a amigos en la nómina de la universidad por parte de gobernadores ha perdurado a través de diversas administraciones estatales.
A pesar de un presupuesto anual considerable de 3 mil 626 millones de pesos, comparable al de los municipios de Saltillo, la UAdeC arroja modestos resultados académicos. El actual rector, Salvador Hernández Vélez, ha intentado desviar la atención con inventados rankings positivos, pero la realidad detrás de la situación es innegable.
Para que la corrupción en la UAdeC llegue a su fin y la institución pueda enfocarse en sus funciones fundamentales como la formación de profesionistas, la academia, el pensamiento crítico, la cultura y la investigación al servicio del pueblo trabajador, es necesaria la organización democrática e independiente de estudiantes, profesores y trabajadores, para exigir que sea la comunidad universitaria la que maneje la administración de los recursos públicos.
La politiquería de los grupúsculos priistas debe ser rechazada y enfrentada con la movilización en las calles y la unidad entre estudiantes y trabajadores, reconociendo que la corrupción es un lastre para el desarrollo de toda la comunidad escolar.
Se confirma la salida de Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga Delgado del PRI.
En conferencia de prensa, los senadores del Partido Revolucionario Institucional anunciaron que debido a inconformidades con la dirigencia de Alejandro Alito Moreno, a quien responsabilizaron de la crisis que atraviesa el partido, saltan del barco tricolor y lo dejan en plena carrera electoral.
“Rompió con el PRI de Plutarco Elías Calles, de Lázaro Cárdenas y de López Mateos. Hoy de ese PRI no queda nada”, sentenció Osorio Chong en la tarde de este 3 de julio. “Queda claro el precipicio en el que cayó el PRI. En la peor época de su historia”.
“La única basura aquí es la dirigencia nacional al minimizar a cada uno de los militantes inconformes”, condenó por su parte Mayorga Delgado.
Con esta renuncian de los 4 senadores, el PRI está en plena crisis, pues apenas hace unos días, hubo una renuncia masiva de de legisladores estatales inconformes con Alito Moreno. Y del ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.
Estamos asistiendo a las exequias de lo que, alguna vez y sin méritos propios, fue el partido más grande, poderoso e inamovible de México. Ese partido que en sus principios tuvo ideales y personajes revolucionarios a quien se le debía el agradecimiento por haber sido artífices de la lucha armada por la dignificación de los derechos sociales de un pueblo profundamente lastimado y explotado y que, como dice el corrido del barzón, trabajaba sin descanso las tierras que un patrón le había arrebatado, y a quien le pagaba por el derecho de labrarlas, a causa del decreto de un presidente entreguista y afrancesado que olvidó su origen y dignidad, para perjuicio de nuestro pueblo.
Sin embargo, de los caudillos pasamos a los sátrapas y de los ideales de justicia social, a la política clientelar. Pasamos de la expropiación petrolera y eléctrica, a las concesiones graciosas de minas, vías de comunicación, playas, servicios, y siempre, sin pedir opinión al ciudadano despojado y expoliado y sin pagarle lo justo tras arrebatarle sus propiedades.
No es la misión echarle flores al PRI, sino recordar que en cumplimiento al requisito legal de que un partido, para su conformación requiere de una declaración de principios y unos estatutos; pero debo decir, que los del revolucionario institucional tuvieron una gran prosa y recogieron del momento social que recién habían vivido, el sentimiento de dignidad y justicia social que emanaba de nuestra también recientemente promulgada Constitución de 1917. O sea, tenían de respaldo una gran Ley Fundamental recién dictada, y un pueblo que había triunfado ante la tiranía de un apátrida como Porfirio Díaz y, para colmo, resistiendo ferozmente los embates terribles de un vecino territorial con ganas de arrancarnos más espacio físico que el que nos quitó el siglo anterior.
Por eso, fue un partido regalado, que no tuvo que convencer a las personas a adherirse a sus ideales y que los heredó de un acto de profunda unificación que fue, precisamente, la Revolución Mexicana, nuestra tercera transformación. Y también por eso, es que no supieron nunca respetar las reglas de búsqueda del voto y empezaron a torcerlas de modo que un sufragio implicaba “agradecer” con un paquete de láminas, una despensa, un tinaco o lo que fuera menester, para convencer al ciudadano que el PRI, era “su” partido.
No tuvieron competidores reales, porque también hay que decirlo, el PAN surgió como un oponente de papel, pero sin convicción real para gobernar. La prueba está que en medio siglo de existencia, nunca tuvo relevancia en el plano político, más allá de las curules que ostentaba, y ni siquiera ahí era un antagonista real, porque sus intereses eran los de los empresarios que se fueron encaramando al poder ejecutivo y legislativo para satisfacción de sus necesidades, con aprobación judicial: el negocio redondo.
Para colmo, su primera participación “importante” ocurrió en las elecciones de 1988, cuando su único y mejor personaje, Clouthier, contendió justamente pero, el partido apoyó cínicamente el fraude que llevó a Salinas al “triunfo” y el flamante coordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Diego Fernández de Cevallos, instó a que las boletas que comprobaban tan fraude, fueran quemadas: desde su óptica, para “regenerar la vida pública”, pero en realidad, para que no se tuvieran evidencias que pudieran comprobar tales alegaciones y que la “legitimidad” de Salinas, no pudiera estar en tela de duda y, además, para demostrar que el inicio del PRIANato era una realidad. Y sus dos presidencias fueron más que fracasos, fueron los detonantes de la crisis que estamos viviendo hoy, en múltiples frentes, pero sobre todo, en la seguridad y la corrupción-impunidad.
Desde la década de los 60’s, las campañas políticas en municipios o federales, siempre fueron mucho ruido, papeles de colores, camisetas y despensas, con promesas de campaña desprovistas de compromiso porque, si les había funcionado tan maravillosamente llevar tambora y simular la búsqueda del voto, celebrando elecciones periódicas, secretas y auténticas ¿como para qué se iban a preocupar en cambiar sus métodos? Como un cáncer simbiótico, permitieron la injerencia de poderes fácticos en la vida pública, pero ellos también se valieron de fuerzas como los sindicatos y las confederaciones para “jalar votos en bloque” y así ganar con millones de sufragios en elecciones sin competidor.
Como todo hábito, se puede convertir en mala costumbre y de fiestas del destape, el PRI y sus candidatos ganadores, pasaron a amagar a los ciudadanos a entregar su voto si no querían ser eliminados de las listas de entregas de programas sociales que eran solo promesas. Sus políticos se convirtieron en sus verdugos y ahora, sin ninguna idea de lo que se debe hacer para reflejar las necesidades de los ciudadanos, se han aguantado el asco y, en un acto escatológico sin precedentes, se aliaron con sus antiguos oponentes de derecha e izquierda, para ser comandados por un antilíder que no ha hecho más que llevarlos a la cloaca de la historia.
¿Qué eso significa que el PRI está extinto? No todavía, aunque la pasada elección en Estado de México signifique que su alcancía partidista está seriamente descalabrada y no alcanzará para justificar a sus candidatos. Hoy, más que nunca, requiere de esos flotis que son el PAN y el PRD (lo que queda), en lo que se puede aferrar de alguna manera, al Movimiento Ciudadano, para que Claudio Equis pueda tener títeres para que salgan a dar la función como presidentes de sus respectivos “partidos”, y seguir simulando que son alguna competencia para el pueblo. Lo que es más evidente, es que aquello en que se han perdido, es en la verdadera naturaleza de su existencia y para lo que en verdad debe servir una opción política, demostrando que no contienden con el gobierno actual y su propuesta de transformación, sino que atentan contra el pueblo y sus insultos frecuentes descalificando a quienes hemos decidido nuestro destino, para convencernos que debemos volver al redil para que continue el saqueo a la Patria, el contubernio, las privatizaciones, los políticos enriqueciéndose del erario y decir que “le ganaron a morena”. No cambiarán. Esa es la ventaja de nosotros, los ciudadanos, que estamos en la posibilidad de irlos sacando del poder y de la vida política de México. Y ese es nuestro poder: el voto.
Hace recomendaciones para reparar el daño al menos a 814 víctimas, la mayoría sobrevivientes
Pide a la FGR iniciar o proseguir investigaciones; solo del caso V633 señala a 7 victimarios
Reivindica el derecho a la rebelión que tuvieron las guerrillas recientes: más de 30 en 23 entidades
“Tú como periodista podrías ayudar a divulgar la recomendación 98VG/2023 que desde el 18 de abril está difundiendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos… Es sobre violaciones graves a los derechos humanos de 1965 a 1990. Yo soy uno de los afectados con el número V663,” le escribió a este reportero Arturo Martínez Nateras, perseguido desde que era líder estudiantil, torturado y encarcelado por comunista.
Atender tal sugerencia, como reportero implicaba primero averiguar cuántos medios atendieron la conferencia de prensa donde la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra presentó ese documento, pero al saberlo fue inevitable entristecer por el periodismo que hoy prevalece.
Según dos motores de búsqueda en internet solo fueron entre 8 y 10 los medios impresos y digitales (entre los centenares que coexisten en México) los que difundieron la noticia de ese informe-recomendación a pesar de sus novedades, contenidos importantes y sobre todo trascendencia histórica y política.
Novedades
A muchas personas veteranas que naveguen en las 868 páginas del documento le regurgitará, ineludiblemente, la atmósfera política de horrores que miles de mujeres y hombres de México padecieron durante décadas por ser disidentes a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI); a las más jóvenes les parecerán historias inverosímiles y de mucho sufrimiento humano.
A otra gente también podrían sorprenderle varias aspectos, como le ocurrió al veterano reportero de política. Ejemplos:
– Que en 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) creó internamente la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente. Con ello se adelantó un año al surgimiento de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, creada por decreto el 6 de octubre de 2021 bajo la responsabilidad de Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.
– Que, aunque la CNDH no forma parte de la Comisión de la Verdad, con este documento se anticipó a sus investigaciones.
– Que amplió el periodo de represión política y violencia estatal contra disidentes hasta 1990 y por eso agregó 158 nuevos casos de víctimas de la llamada “guerra sucia y que el total aproximado es de al menos 814, buena parte sobrevivientes. Aclara que podrían ser más. La CNDH en su Recomendación de 2001 solo reconocía a 275 víctimas.
– Que la CNDH actual acusa allí de omisiones graves a quienes presidieron antes a la misma CNDH porque en su Recomendación 26/2001 no integró, ni documentó, o bien desechó expedientes.
– Que el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana de 2005 de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), fue “ablandado” antes de difundirlo y eliminó conceptos y calificaciones para sustituirlos por otros que encubrían lo más grave de los años cruentos: en lugar de crímenes de lesa humanidad que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas, crímenes de guerra y genocidio pusieron “actos contrarios al honor militar, la ética y el derecho”, llegándose al grado hasta de negar que en los archivos de SEDENA se encontraran pruebas, vestigios o evidencias de los crímenes cometidos.”
– Que ahora sí difunde muchos testimonios de la participación de elementos y mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la violencia política extrema que incluso califica de terrorismo de Estado en esos años porque los grupos del Estado desplegaron “una serie de prácticas que rebasaron los límites de la legalidad. Pueblos arrasados en comunidades alejadas, allá en las montañas, detenciones masivas, detenciones ilegales, enclaustramiento en cárceles clandestinas, destierro, persecución, tortura y desapariciones.”
— Y para quienes se interesan en la sociología política también tendrán muchos elementos para rehacer o completar la historia de las rebeliones armadas contemporáneas porque refleja decenas de casos de las organizaciones más activas entonces. En ese marco reivindica el derecho a la rebelión que tuvieron las guerrillas recientes. Asegura que fueron más de 30 en 23 entidades en los 35 años estudiados.
La relatoría
Para tener ese documento la CNDH informa que su Comisión Especial interna realizó en 20 meses 412 diligencias, recabó 130 testimonios, consultó 627 legajos de 10 archivos generales de la Secretaría de Defensa Nacional, de la antigua Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Dirección de Investigaciones, Políticas y Sociales; de las hemerotecas nacional y de la CDMX; del Archivo Histórico del Comité Eureka y otros.
De las víctimas de represión omite los nombres deliberadamente y los enumera como V1 al V814. Sí se relata que en los momentos de la violación de sus derechos básicos eran estudiantes, maestros, campesinos, periodistas, acusados de comunistas bajo una estrategia planeada.
Aparte de las decenas de testimonios que reproduce uno por uno, también refleja a otras personas insurrectas o civiles inocentes que sufrieron la represión en muchas formas. De cada caso señala cuales fueron los derechos violados por agentes del Estado.
Las recomendaciones
La recomendación está dirigida, entre otras autoridades, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Este trabajo, se precisa en un comunicado posterior “no es una mera narrativa ni relatoría de hechos, se trata de una investigación seria, una compilación de evidencias y pruebas que permitieron hacer la asignación de responsabilidades de todas las autoridades que violaron derechos humanos en ese período, ya que, además de los hechos mismos, se hizo la revisión de la Recomendación 26/2001, de los casos de las personas excluidas de la misma, así como del trabajo de la FEMOSPP, abordándose en total los casos de 814 víctimas de quienes durante años se ocultó su situación.”
La recomendación incluye un listado, “lo más completo que se pudo, de todos los perpetradores, violadores de derechos humanos entre 1965 y 1990. Y en esta ocasión, a diferencia de lo que pasó con la recomendación de 2001, es público, y se pone a disposición de la sociedad y de las autoridades para que realicen las acciones que correspondan.”
“Por la ausencia de libertades y democracia, que caracterizaron al Estado mexicano durante una gran parte del siglo pasado, se reconoce a las guerrillas como grupo beligerante y no como delincuentes comunes, que fue como pretendieron eludir los gobiernos de la época su estrategia genocida, que también fue posible por muchas complicidades, de actores políticos, económicos, religiosos y, sobre todo, de medios de comunicación, que convirtieron la lucha política en actos de bandoleros, actos de nota roja.”
En las recomendaciones se emplaza a todas las autoridades referidas para que en dos meses respondan la aceptación o no de las recomendaciones. El plazo se cumplirá el 18 de junio de 2023.
El Caso V663
En las recomendaciones solo se ubica a las víctimas con la consonante V de víctimas y el número correspondiente a su aceptación. Arturo Martínez Nateras autorizó referir su caso y para ello él se identificó como el V633. Su caso es una sola muestra de tratos y daños causados al total de las víctimas.
De él dice la recomendación que, a pesar de que se han negado respuestas a oficios, se pudo confirmar que “sufrió persecución política, espionaje, vigilancia y tratos crueles e inhumanos en diversas ocasiones entre la década de los cincuenta y setenta del siglo pasado.
“El 20 de julio de 1965 (cuando era líder estudiantil) comenzó su persecución política, derivada de acciones de acoso por parte de los cuerpos de seguridad del Estado mexicano en la ciudad de Monterrey en Nuevo León.
“Otro momento se dio el 6 de febrero de 1968 cuando nuevamente fue víctima de agresiones, amenazas e intimidaciones. Mientras se encontraba en La Marcha estudiantil por la ruta de la libertad, en Valle de Santiago, Guanajuato rumbo a Morelia, Michoacán, en el tercer día de la marcha, V663 y sus compañeros fueron arribados por una brigada de militares al mando del Coronel Carlos Ferrer Villavicencio, quien los amenazó de la siguiente forma: “O se suben a los autobuses o se los lleva su chingada madre”.
“Meses más tarde, del 26 de mayo al 10 de noviembre de 1968 vivió persecución política debido a su participación política durante el movimiento estudiantil de ese mítico año. Los agentes de la DFS reportaron el 31 de julio de 1968 que, tres días antes el 28 de julio 1968, el Procurador General de Justicia del entonces Distrito Federal ejerció acción penal contra V663 por su presunta responsabilidad en los delitos de daño en propiedad ajena, robo, secuestro, resistencia de particulares, lesiones e injurias contra agentes de la autoridad y pandillerismo por los recientes motines estudiantiles. Días después la Procuraduría General del D.F. lo consignó por los delitos antes mencionados ante el Juez 8o. de la 3a. Corte Penal. El hostigamiento en su contra duró hasta que fue detenido y trasladado a la prisión de Lecumberri, donde estuvo detenido e incomunicado durante dos meses en la crujía I.
“El seguimiento y espionaje hacia V663 se debió a que fue dirigente de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos y de la Juventud Comunista Mexicana, condición que provocó el acoso y vigilancia hacia su persona. El primero de enero de 1970, durante su reclusión en Lecumberri fue objeto de brutales agresiones por parte de los presos comunes. Estas acciones fueron realizadas bajo la aquiescencia y organización del General Andrés Puentes Vargas y el Mayor Bernardo Palacio, principales responsables del penal como director y subdirector de éste.
“Año y medio después, el 2 de octubre de 1971 fue encañonado por policías y soldados guardias del penal, después de una manifestación a favor del 2 de octubre de 1968 en el interior del centro de reclusión.
“Aunque salió de la cárcel, entre 1972 y 1979 nuevamente fue objeto de vigilancia, persecución política y tuvo varios intentos de detención arbitraria. Este registro y seguimiento quedó asentado en las múltiples fichas creadas por la DFS en su contra.”
Y como en todos los demás casos en este, en su expediente (CNDH/PRE/2021/1857/Q/VG) se indican los nombres de los responsables de todo ello: Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de la República; Luis Echeverría Álvarez, Secretario de Gobernación: Gilberto Suárez Torres; Procurador de Justicia del DF y agente y ex director de la DFS; Fernando Gutiérrez Barrios, Director de la DFS; Coronel Carlos Ferrer Villavicencio; General Andrés Puentes Vargas y Mayor Bernardo Palacio director y subdirector de la Penitenciaría del DF, Lecumberri.
La recomendación más general de la CNDH sobre este y todos los casos es que se reconozca su calidad de víctimas, se agreguen como tal a los bancos de datos de la CEAV para que proceda la reparación del daño. Habremos de seguir las secuelas de estas recomendaciones, con especial interés a lo que responda la Secretaría de la Defensa Nacional. Mirada de reportero
Las obras públicas prometidas por la administración priista en Coahuila están lejos de cumplirse. Las prisas llevaron al gobernador Miguel Ángel Riquelme a inaugurar hospitales que aún se encuentran inconclusos y obras fantasma que consumieron millones de pesos y no trajeron beneficios para la ciudadanía.
Las obras inconclusas y a sobreprecio son el legado que está por dejar la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien está al frente del estado de Coahuila.
Estas construcciones se localizan en diferentes zonas de la entidad y acumulan una serie de irregularidades que inician desde los contratos celebrados, pasan por la opacidad en los millones que se han gastado para erigirlas y se saltan la rendición de cuentas.
El común denominador que presentan estas obras abandonadas en el norte del país son los múltiples retrasos que han tenido, incluso, varias de ellas han sido inauguradas sin estar 100 por ciento concluidas, por lo que operan sin los insumos necesarios y el personal suficiente, lo que ha derivado en la inconformidad de la ciudadanía.
A esto se le suman las observaciones que han realizado diputados locales y la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los contratos que se celebraron con la iniciativa privada, cuya meta era mejorar la obra pública, el sistema de salud y la movilidad de los habitantes de Coahuila, promesa que está lejos de cumplirse.
Reporte Índigo recorrió tres de los principales proyectos que inició y otros a los que ha dado continuidad la gestión de Miguel Ángel Riquelme en materia de obra pública y movilidad.
Se tratan del Hospital Materno Infantil y el Centro Oncológico, localizados en la ciudad de Saltillo, así como el Metrobús que se prometió para Torreón, el cual sigue sin ver la luz.
Las bolsas presupuestales que se gastaron para estas obras “emblema” para los coahuilenses ascendieron a millones de pesos; sin embargo, hasta la fecha, ninguno de los tres proyectos se ha concretado al cien por ciento.
Es más, dos de ellos enfrentan problemas en su operación y otro está en la congeladora.
El caso más polémico es el Hospital Materno Infantil, el cual fue inaugurado en julio de 2022, pero cuya apertura fue pospuesta durante varios años.
El gobernador Riquelme tomó esta obra como estandarte para mejorar el sistema de salud público en Saltillo y así ofrecer un catálogo más amplio de especialidades para los menores de edad en esta zona del país.
No obstante, a meses de abrir sus puertas de forma oficial, el inmueble luce en el abandono, tiene problemas de mantenimiento y opera muy por debajo del estándar al que se comprometieron las autoridades, pues sus edificios anexos todavía siguen sin funcionar y solo sirven como bodegas para algunos materiales médicos que utilizan los pasantes de medicina y trabajadores.
La fachada de color rosa y morada, por ejemplo, presenta problemas en la pintura. Y la letra M que ostenta el letrero del edificio principal está a punto de caerse.
El costo de dicha construcción fue de aproximadamente 52.7 millones de pesos, de acuerdo con los datos que dio a conocer comunicación social del gobierno el día de su apertura el año pasado.
“No tiene ni un año y las letras del edificio están por desprenderse. El hospital en teoría es nuevo, pero parece que tiene ya varios años de antigüedad”, dice uno de los familiares que acuden al hospital de forma constante.
Por si fuera poco, la edificación de este centro de especialidades para niños de Saltillo enfrenta un deterioro acelerado en varias de sus estructuras a primera vista, esto a pesar de los cuantiosos recursos que se inyectaron para sacar adelante la obra que tuvo demoras en distintos periodos.
Ni siquiera el módulo de seguridad que fue habilitado en la entrada principal se encuentra en operación, pues el pequeño cubículo de cemento permanece en obra negra y es usado como contenedor de basura para las personas que transitan por las calles aledañas.
Al interior del recinto médico la situación no pinta diferente: los baños que se habilitaron no funcionan correctamente y prevalece la mala organización entre los médicos y los familiares, estos últimos pernoctan al exterior del inmueble ante la falta de sillas y espacios para descansar.
“Nos arrinconamos en una de las bardas del hospital para descansar el tiempo que sea necesario.
“Pasamos mucho frío y aunque hemos pedido cobijas nos comentan los de seguridad que no hay suficientes para los familiares de los niños”, afirman padres de familia que montan guardia en la construcción que se levanta en un predio de 37 mil 822 metros cuadrados.
Riquelme y el restaurante Don Artemio
El gobernador de Coahuila tiene una segunda sede de gobierno en la ciudad de Saltillo, desde la que despacha los asuntos de su administración durante la tarde.
El alto funcionario hizo del restaurante Don Artemio su oficina para resolver los compromisos que tiene en la entidad.
Acompañado de sus escoltas y su equipo de trabajo, Riquelme arriba a este restaurante casi todos los días después de las 14:00 horas, para salir hasta altas horas de la noche.
El gobernador es bien recibido en este restaurante de primer nivel, incluso se le destina una sala privada para no ser molestado por los comensales que pudieran reconocerlo.
Este sitio ha ganado popularidad entre la clase política mexicana para cerrar negocios o simplemente reunirse para conversar y procurar acuerdos.
El Metrobús fantasma de Torreón
La ciudad de Torreón tampoco se salva del problema de las obras inconclusas. Ahí se encuentra un Metrobús que jamás existió y por el cual se derrocharon millones de pesos.
Las estaciones se construyeron desde hace años, pero el sistema de movilidad que presumió el gobierno de Riquelme Solís nunca llegó.
Es más, actualmente, estas construcciones han sido vandalizadas, se encuentran en total abandono y hasta son usadas como refugio por personas en situación de calle.
En un recorrido por siete de las estaciones de lo que sería el proyecto de movilidad urbana más importante de la Comarca lagunera, se observa que presentan un severo deterioro en sus instalaciones.
El caso más grave es la Estación Nazas, que se ubica justo en la entrada de Torreón y que tiene derrumbes.
El entronque de esta estación es clave para el proyecto del Metrobús, pues este sitio tiene la función de ser la terminal de los autobuses; sin embargo, solo se encuentra el cascarón de la obra, la cual está repleta de basura y de animales muertos como aves y otras especies.
A unos metros de ahí se localizan las estaciones Juárez y Allende, las cuales también están intervenidas con grafitis y ya enfrentan problemas de corrosión en las secciones de metal.
Los vecinos se mofan cuando se les pregunta por la apertura de este transporte: “Eso nunca va a pasar, es más fácil que aquí deje de hacer calor a que funcione el Metrobús”.
Los comerciantes han aprovechado estos espacios sin usar para depositar su basura, los cuales se encuentran apostados sobre avenidas principales como Boulevard Revolución, además, los vándalos han realizado pintas en paredes y mobiliario que se instaló.
La opacidad
A través de diferentes solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se exigió dar a conocer el proyecto ejecutivo de movilidad a la Dirección de Obras Públicas del gobierno de Coahuila, así como el impacto que tendría. En respuesta, la administración entregó información a medias y confusa.
Desde 2014 la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad reveló que el Proyecto Ejecutivo para el Corredor Exclusivo para el Transporte Metropolitano “Metrobús Laguna” en Torreón, estaría a cargo de la empresa Logit Logística, según detalla el contrato SDRLST-2009035.
A más de siete años de distancia, aún no se sabe con certeza cuál será la participación que tendrá la iniciativa privada y el gobierno estatal para rehabilitar las estaciones que se encuentran en el olvido y subsanar las quejas que existen de los transportistas.
Este sistema de movilidad se descarriló antes de iniciar operaciones. Las estaciones se encuentran vandalizadas y sirve de refugio para personas en situación de calle. Foto: Especial
Uno de los más férreos críticos de estos ‘elefantes blancos’ que se han levantado en los últimos años es Rodolfo Walss, diputado local, quien confirma a Reporte Índigo que la entidad está plagada de obras sin terminar y que el gobierno actual es un ejemplo del derroche de recursos públicos de Coahuila.
De hecho, califica el proyecto de movilidad en Torreón como el “fraudebús” debido a las diversas inconsistencias que ha registrado desde su anuncio.
“Es una obra con sobreprecio que está plagada de corrupción y que sigue estancada por razones que se desconocen”, precisa.
Para Walss este proyecto ha sido uno de los tantos que han quedado en la congeladora y de las cuales es responsable en su totalidad el gobierno de Miguel Ángel Riquelme.
“Son construcciones que siguen costando millones y no pasa nada. Las licitaciones se han hecho a modo y con cero transparencia. Pasaron ya casi siete años y seguimos sin tener una fecha clara para la apertura de este sistema de movilidad”.
El otro elefante blanco
Otra de las obras que ha destacado por las carencias y abandono que presenta es el Centro Oncológico de Saltillo, ubicado a un costado del Hospital Materno Infantil, el cual también presumió la gestión actual de Coahuila como un proyecto principal.
Con un gasto superior a los 355 millones de pesos, esta estructura de salud se inauguró en 2017.
Desde entonces, no entra en operación directa debido a la falta de insumos y médicos. Al inicio de su gestión, Riquelme retomó el proyecto inconcluso y firmó nuevos convenios federales para finalizar su construcción.
Pero también, al igual que el Hospital Materno Infantil, este centro hospitalario sigue sin poder brindar un servicio de calidad por las diferentes deficiencias que presenta.
Las condiciones en la que se encuentran estos proyectos se debe en gran medida a los procesos de contratación turbios y a la ampliación de plazos sin justificación por las autoridades.
En 2015 se inició la construcción del Centro Oncológico de Saltillo; sin embargo, a casi ocho años de comenzar sus operaciones, el inmueble presenta signos de deterioro y acumula quejas de familiares. Foto: Especial
La serie de irregularidades llamó la atención de la Auditoría Superior de la Federación, que a la postre realizó distintas observaciones al gobierno estatal, las cuales no han sido atendidas.
Pese a los recursos públicos que se gastaron para el Oncológico, en el edificio se alcanzan a notar zonas con material de construcción y obras a medio terminar, las cuales son custodiadas por algunos elementos de seguridad privada.
Para dimensionar el problema de los atrasos deliberados que tienen estas obras hospitalarias y de movilidad en Coahuila, se solicitó la postura de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), pero debido al periodo vacacional de Semana Santa respondieron que no era viable la solicitud.
En su defensa, el gobernador aseguró a principios de 2023, que la falta deapoyos federales han impedido que se concreten las obras en todo el territorio de Coahuila.
“Nos quisieron ahorcar, pero les salió contraproducente”, atizó Miguel Ángel Riquelme.
Parece que la candidata del PRI en la campaña para gobernadora del Estado de México, Alejandra del Moral se está quedando sola.
Con un largo historial de robo, fraude y corrupción a rastras, que incluyen desde el desfalco de fondos en Bansefi y en el municipio que gobernó, hasta la cobranza de moches millonarios para aprobar en forma entusiasta la reforma energética de Peña Nieto, los priistas parecen haber asumido que no podrá remontar la enorme ventaja que le lleva la candidata de Morena, la maestra Delfina Gómez, con un promedio de más de 20 puntos a menos de 2 meses de que se lleve a cabo la jornada electoral.
El abanico de trampas que hasta hoy han aplicado los priistas para intentar disuadir a los seguidores de Morena de su intención de voto, incluyen borrarles propaganda, falsificar encuestas, enviar golpeadores a los mítines de la alianza Juntos Hacemos Historia para amenazar y agredir a los asistentes, repartir papel para envolver tortillas con la foto de Del Moral impresa, acarrear a jóvenes de secundaria que ni siquiera están en edad de votar para que rellenen algún mitin desolado en el que ya no esperan que asista nadie, rentar 60 autobuses para andar de evento en evento acarreando a los mismos dos mil supuestos seguidores que colocan estratégicamente, para que Del Moral no tenga que pronunciar discursos ante un escenario vacío.
Recientemente en el mitin que organizó la maestra en Polotitlán, el gobierno del Estado anunció que a la misma hora se citaría a todas las mujeres que reciben la tarjeta rosa para que asistieran a recoger su apoyo en un sitio diferente al de la reunión de Morena. Y un día antes en redes sociales soltaron miles de bots para posicionar la tendencia “Delfina se desploma”, probablemente para darse ánimos a sí mismos ante una realidad que no quieren enfrentar. Lo que no entienden es que todo esto solamente motiva más a la gente para echarlos del Estado.
Están dispuestos ya a violar todas las reglas electorales sin importarles que los vayan a denunciar y sin darse cuenta que sus acciones van a tener consecuencias, especialmente una vez que hayan perdido el gobierno del Estado, lo cual parece ya difícil de evitar. Hoy prácticamente ninguna encuesta le otorga a Morena una ventaja menor a 18 puntos sobre las preferencias de voto contra las que recibe Del Moral.
Recientemente trascendió que el mismísimo gobernador del Estado, Alfredo Del Mazo, reveló ante sus cercanos que para ellos “esto ya se perdió” y que él va a estar en el gabinete de Claudia Sheinbaum. A menos que esta sea una estrategia para desprestigiar a Sheinbaum, el gobernador emanado del Grupo Atlacomulco estaría literalmente bajando los brazos y dejando a Del Moral colgada de la brocha, girando de mitin en mitin con sus dos mil acarreados, repitiendo las mismas mentiras que han dicho los candidatos del PRI durante su historia de elecciones en ese estado.
Cuando se hunden los barcos las ratas son las primeras en escapar, así que todo parece indicar que el transatlántico priista que duró casi 100 años flotando sobre las aguas del saqueo y del fraude en ese estado emblemático para ellos, se colocó ya en posición de pique y va para el fondo.
Todavía falta mes y medio antes de que cierren las campañas y los esfuerzos desesperados del PRI por no verse tan abrumado en la elección pueden derivar en cualquier cosa, echándole toda la carne al asador del fraude electoral. Mientras el panorama para ese partido apunta a la extinción y ellos parecen saberlo.
Como dijo la actriz estadounidense Rachel Woods: “Los placeres violentos tienen finales violentos”.
El presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, durante sesión extraordinaria, en la Ciudad de México, el 30 de marzo de 2023. Foto Luis Castillo.
Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no sancionar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) –y sus institutos aliados– por el presunto financiamiento ilegal de las empresas Odebrecht y OHL –a través de Emilio Lozoya– a las campañas de los entonces candidatos Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo.
Argumentó –entre otros puntos– que la Fiscalía General de la República (FGR) le negó acceso a la información crucial del caso.
También dejó sin sanción al PRI por la llamada Operación Safiro, la triangulación de 250 millones de pesos de las arcas federales a las estatales de Chihuahua, en 2016; esos recursos que fueron a parar a empresas fantasmas, cuyos accionistas – en dos de cinco compañías– eran prominentes militantes del PRI.
Los dos asuntos fueron resueltos en la última sesión encabezada por Lorenzo Córdova Vianello; en los hechos, en ambos, el INE dejó libre de culpa al partido tricolor.
En el comunicado oficial se lee: “El INE, imposibilitado para sancionar a partidos por el caso Odebrecht y la Operación Safiro”.
Córdova adujo que el tema Odebrecht se asemeja al de Amigos de Fox, es decir, “implicó una batalla de esta institución para poder allegarse de información que le fue negada sistemáticamente por las autoridades encargadas de la supervisión de la información financiera”.
Apuntó entonces que la FGR les negó de plano toda la información alegando el secreto ministerial.
Y aunque el caso llegó al Poder Judicial, “lamentablemente, por el tiempo transcurrido desde la presentación de esta denuncia, pues hoy nos vemos obligados a tener que cerrar este caso”, manifestó.
Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE, dijo que aunque los expedientes muestran irregularidades graves en materia de financiación de la política, incluso actos de corrupción internacionales, se declaran en el INE infundados, precisamente a unos días de que concluyan su gestión cuatro consejeros, incluido Córdova.
“Parecería que tenían ese pendiente de dar carpetazo a estos asuntos y se presenta aquí una justificación; qué buena coartada decir ‘no, pues no podemos investigar, porque la fiscalía no nos da los elementos para investigar’.
“De verdad es una coartada muy buena. Pero no se cree cuando se ve cómo se ha comportado el INE y su Unidad de Fiscalización… La verdad es que aquí se está exonerando y no se puede decir otra cosa.”
Y si bien en ese tema los consejeros cerraron filas, en cuanto a subrayar la actitud de la FGR, donde sí hubo división fue en el caso Chihuahua.
Sin comprobación
Todos reconocieron irregularidades en la trama, pero una mayoría sostuvo que no se pudo comprobar que los recursos fueron a parar a las arcas del PRI.
La consejera Claudia Zavala, siempre mesurada en su tono a la hora de exponer, alzó la voz para advertir que no apoyará este tipo de proyectos.
“¿Está acreditado el ilícito? ¡Claro! No me pueden decir que no hay empresas fachadas, no me pueden decir que no hay un entramado de una administración ilegal, ilícita.”
Mencionó entonces que el texto original, elaborado por la Unidad de Fiscalización del INE, avalaba la infracción, pero la Comisión de Fiscalización, donde votan los consejeros, dio el viraje, pese a que el modus operandi se fue configurando.
Adriana Favela, quien también concluye su gestión el lunes, indicó que “se tiene que tomar en cuenta que Alejandro Gutiérrez –entonces secretario general adjunto del tricolor y accionista en algunas de las empresas involucradas– fue absuelto”.
Por otra parte, el INE impuso una multa de 500 mil pesos a la asociación civil Que Siga la Democracia por haber incluido casi 15 mil firmas de personas fallecidas, en apoyo a la consulta de revocación de mandato.
Luego de que Jesús Zambrano, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunciara las precandidaturas de Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN), Marko Cortés y del Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, ratificaron su alianza de cara a las elecciones de 2023 en Coahuila y Estado de México, así como en las presidenciales del próximo año, dejando así fuera de la contienda al partido del sol azteca.
Según lo acordado, las candidaturas para Coahuila y el Estado de México saldrían del PRI, mientras que quien abandere los esfuerzos de “Va Por México” en 2024 para la gubernatura de la Ciudad de México y la presidencia de la República sería del PAN.
Sin embargo y a pesar de lo anterior, el PAN y el PRI señalan, mediante un comunicado conjunto, que los perfiles de los y las candidatas pueden ser con o sin militancia política, pero “considerando siempre perfiles competitivos, capaces de crecer, ganar las elecciones, defender la agenda parlamentaria pactada y constituir buenos gobiernos de coalición en el 2023 y 2024”.
“Acción Nacional y el Revolucionario Institucional se comprometen a encabezar esta propuesta para corregir el rumbo y cambiar a México, para detener el autoritarismo y la destrucción de las instituciones que se ha dado durante este sexenio”, aseguran en el comnicado.
El expresidente Enrique Peña Nieto. Foto: Gobierno de México.
Eustaquio Tomás de Nicolás tuvo su mayor éxito económico en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez, madre del expresidente Enrique Peña Nieto, recibió 38 millones de pesos del empresario Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, quien enfrenta procesos penales por los delitos de fraude, evasión fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero.
Según una investigación de Contralínea, las transferencias millonarias se realizaron sin que haya registros fiscales del origen de esos fondos.
Peña Nieto, a través de una tercera persona, informó al medio que esta operación sí se realizó, aunque se trató de la venta de un terreno.
“El priista aseguró que eso ocurrió hace 15 años, cuando él era gobernador del Estado de México y su madre ‘le vendió unos terrenos en Atlacomulco que ella tenía como herencia a la muerte de su esposo, Enrique Peña del Mazo’”, se lee en la investigación.
Sin embargo, declaró el priista, el pago no se hizo en su momento, sino hasta 2012, cuando él llegó a la Presidencia y pudo intervenir para reclamar el pago.
El expresidente resaltó que “terminó mal” su relación con el empresario Eustaquio de Nicolás, debido al atraso del pago. Aclaró que estas transacciones “ya fueron investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”.
“Tengo toda la documentación y verificación física de lo que digo”, expresó el exmandatario sobre los terrenos vendidos y los movimientos financieros en torno a ellos.
¿Quién es Eustaquio de Nicolás?
Contralínea hizo un perfil del empresario Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez quien actualmente se encuentra en arresto domiciliario.
Fue fundador y presidente de las empresas desarrolladoras de viviendas Homex y Expectras, así como del equipo profesional de futbol Dorados de Sinaloa. “Tuvo su mayor éxito económico en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto”, explicó el medio.
Además, “está vinculado a una red de funcionarios y empresarios que presuntamente han blanqueado dinero en el Andorra”. No solo eso, según el medio, también aparece en un esquema de triangulación de recursos con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Asimismo, “se relacionó con los prófugos de la justicia Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez-Mont, en la creación de empresas factureras”.
El crecimiento sostenido de Ricardo Mejía Berdeja en las encuestas preocupa de manera creciente en Palacio Rosa, sede de la Gubernatura de Coahuila.
Claudio X González, Guadalupe Acosta Naranjo, Cecilia Soto, Nacho Peralta imploran una candidatura de unidad ante el avance de Mejía.
Ricardo Mejía Berdeja, durante una masiva Asamblea para la Prevención del Delito en San Pedro sostuvo “la transformación en Coahuila va. El cambio es imparable y por más que los conservadores quieran apostarle al miedo, tengan claro que la esperanza siempre vence frente al miedo”.
Lo anterior, luego de que el día de ayer, el gobernador Miguel Ángel Riquelme solicitara refuerzos a los adversarios nacionales de la Cuarta Transformación quienes acudieron a Saltillo para implorar una candidatura común, en la que incluyen incluso a MC, intentar contener el efecto Mejía y detener la inminente llegada del movimiento de transformación nacional al Estado.
El crecimiento sostenido de Ricardo Mejía Berdeja en las encuestas preocupa de manera creciente en Palacio Rosa, sede de la Gubernatura de Coahuila.
En conferencia de prensa el empresario conservador Claudio X González, el dirigente de la corriente de “los Chuchos” Guadalupe Acosta Naranjo, la salinista Cecilia Soto y el ex gobernador de Colima, Nacho Peralta, junto al secretario de gobierno del estado, Fernando “el diablito” de la Fuente criticaron al Subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Berdeja y solicitaron una candidatura común ante el fuerte avance del candidato de la transformación.
