Las elecciones generales de 2018 establecieron una nueva correlación de fuerzas políticas en México. Por un lado, el pueblo llano; y por otro una amplia masa de individuos de pensamiento radicalmente conservador.
Mirado el asunto desde el punto de vista de los partidos políticos, esa gran masa de ciudadanos está representada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el Partido Acción Nacional (PAN).
En los comicios generales de 2018 el PRI obtuvo siete millones de votos, en tanto que el PAN cosechó nueve millones de sufragios, frente a los más de treinta millones que sufragaron por Morena.
Hasta el momento, cinco años después de aquellos comicios históricos, la nueva correlación de fuerzas se mantiene más o menos igual. De modo que la confrontación comicial de 2024 se dará entre Morena y los partidos políticos de la derecha: PRI y PAN.
Pero el conservadurismo mexicano es mucho más amplio que su representación partidista. Hasta hace poco tiempo la derecha contaba descaradamente entre sus aliados con el Instituto Nacional Electoral (INE).
Hoy ya no cuenta con ese descarado aliado. Pero cuenta, también descaradamente, con el Poder Judicial. Y es aquí donde se está dando la disputa política.
Hace falta, entonces, trabajar por una nueva correlación de fuerzas. Y la posibilidad de hacerlo se presentará en los comicios generales de 2024 con una meta clara para Morena: lograr la mayoría calificada, es decir, ganar dos tercios del total de los votos emitidos. O, dicho de otro modo, contar con dos terceras partes de los diputados y senadores.
El conservadurismo por su parte no puede aspirar ni a la Presidencia de la República ni a la mayoría calificada en el Congreso. Su meta central consiste en impedir que Morena logre la mayoría calificada.
Esto es así porque si Morena logra la mayoría calificada podrá modificarse la Constitución, paso imprescindible para reformar el Poder Judicial, el gran aliado, o lacayo, del conservadurismo.
Mientras no se reforme el Poder Judicial, la situación actual prevalecerá y será más difícil la urgente transformación del país. No se sabe, ciertamente, cuál será el resultado de la puja por la mayoría calificada en el Congreso.
Sólo se puede especular. Pero aún así hay signos y señales que apuntan hacia el logro por Morena de los dos tercios del Congreso.
Hoy, de nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el Poder Judicial, esto luego de que fue cuestionado por las críticas que hubo ante la propuesta de Morena de “obradorizar” el Poder Judicial.
El mandatario federal dijo en su conferencia de prensa, que el “Poder Judicial está echado a perder” y no ha habido una democracia. Aunque destacó que hay excepciones.
“Es normal en una democracia que tengamos posturas distintas, yo sostengo que el Poder Judicial está podrido, echado a perder, a lo mejor hay excepciones y son honrosas, pero es eso: la excepción, no la regla general”, dijo.
En ese sentido, reiteró su postura de “democratizar” al Poder Judicial y que la “mejor medicina” será que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros.
“Porque es un poder que desde hace muchos años está sometido al poder económico y político y ahora no tienen ningún sometimiento al poder político”, dijo desde Palacio Nacional.
Y es que ayer, durante la sesión de la Comisión Permanente que el diputado morenista Manuel Alejandro Robles Gómez propuso “obradorizar” el Poder Judicial, situación que de inmediato tuvo respuesta por parte del senador Julen Rementería y otros legisladores de oposición.
El mandatario mexicano justificó la propuesta del diputado y aseguró que dentro del Poder Judicial hay mucha corrupción.
“Están molestos porque están al servicio de una minoría, al pueblo se le utilizaba para legitimar un régimen de corrupción y de privilegios por eso había elecciones”, sostuvo López Obrador.
Habló que había una división entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero el presidente se volvió “el poder de los poderes”, pues ponía y quitaba gobernadores, gobernadores y ministros.
“El Poder Judicial quedó en manos de la oligarquía, porque también es un proceso el de la transformación, no se puede de la noche a mañana, arrancar de raíz un régimen de corrupción que se impuso por mucho tiempo, siglos… Hemos avanzado y vamos a seguir avanzando, pero hay que democratizar al Poder Judicial y la mejor medicina es que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros, que es lo que estamos proponiendo”, subrayó el Jefe del Estado.
Con el objetivo de democratizar al Poder Judicial federal, en septiembre de 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al Poder Judicial. Con ello, el primer mandatario confía en que su llamado Plan C tendrá resultados, y para ese mes el Movimiento Regeneración Nacional tendrá la mayoría calificada en las cámaras de Diputados y Senadores.
En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal indicó que el objetivo de dicha reforma es que el pueblo elija a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordó que eso ya lo establecía la Constitución Liberal de 1857, pues en la época del presidente Benito Juárez el pueblo elegía a los ministros.
López Obrador indicó que, aunque había descartado que fuera en su gobierno cuando se promoviera el cambio constitucional relativo al Poder Judicial, se dio cuenta que hace falta. “¿Por qué esa crisis en el Poder Judicial? ¿Por qué se atrofió por completo ese poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN, desde la época de [Carlos] Salinas y de [Ernesto] Zedillo. Salinas y Zedillo, del PRI, les entregó a los panistas el Poder Judicial, abogados propuestos por Diego Fernández de Cevallos, por [Santiago] Creel, por [Fernando] Gómez Mont, todos los abogados conservadores”.
El presidente de la República explicó que estos políticos de derecha eran quienes recomendaban jueces, magistrados y ministros. Y por ello el Poder Judicial “está completamente al servicio del bloque conservador, que es sinónimo, que es el equivalente a una pandilla de rufianes, muy corruptos, y eso impide que nuestro país vaya más rápido hacia la prosperidad con justicia”.
Añadió que hay un entorno muy conservador en torno a ministros y ministras que intentan romper con esa tendencia de beneficiar a la oligarquía. “Hay muchas presiones del bloque conservador, que tiene uno de sus brazos en la abogacía. Es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo, son minoría, porque a todos los formaron para proteger intereses de las minorías, de la oligarquía. Entonces, imagínense un abogado que se formó en el molde de Diego Fernández de Cevallos o de Creel, ¿qué se puede esperar de ellos? Entonces, sólo el pueblo puede salvar al pueblo, la renovación hay que hacerla con el pueblo, el pueblo es el que puede purificar la vida pública”.
El presidente López Obrador reconoció que primero hay que tener la mayoría calificada en el Congreso, porque se requiere reformar la Constitución federal; esto es, 334 de 500 diputados y 96 senadores, por lo que llamó al pueblo de México a votar parejo, en 2024, por la transformación del país. “Es afianzar la democracia la reforma al Poder Judicial, eso es importantísimo, y otras que puedan ser en beneficio del pueblo”.
Al respecto, consideró que sólo si se reforma la Constitución y democratiza al Poder Judicial “se va a poder tener una representación del pueblo, porque van a ser los ciudadanos los que van a elegirlos [a los ministros]. Ahí se va a buscar el mecanismo, cuando se presente la iniciativa, puede ser que el mismo Poder Judicial tenga posibilidad de presentar candidatos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y también independientes, y en listas. Y se da a conocer quiénes son, de dónde vienen, porque ahora no se sabe nada, nada más es su alteza serenísima [Javier] Laynez y su alteza serenísima [Alberto Pérez] Dayán”.
El primer mandatario consideró que el remedio para acabar con esos abusos de poder es que la gente participe. “La democracia, ese es el mejor método para resolver estas diferencias. Pero sí hay que atenderlo, sí hay que resolverlo para que se tenga un Poder Judicial independiente, al servicio de todos los mexicanos, no de una minoría, no de un grupo, y que no sean un obstáculo para la transformación del país, porque todo lo que están haciendo es para eso, es frenarnos, son amparos para que no avance el gobierno en la realización de obras y todo lo que van todavía a llevar a cabo”.
El Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador reveló que el Poder Judicial tiene “guardaditos” por 20 mil millones de pesos que se usan para dar bonos complementarios, atención médica privada y otros privilegios.
Antes de dar a conocer la información, el mandatario resaltó que cuando llegó al gobierno en 2018, la Presidencia de la República tenía un presupuesto anual de 3 mil 600 millones de pesos y él se encargo de implementar una política de austeridad, la cual logró que el año pasado se ejercieran solamente 550 millones de pesos.
“Para ubicarnos, cuando nosotros llegamos al Gobierno en 2018, la Presidencia de la República manejaba un presupuesto de 3 mil 600 millones. El año pasado ejercimos 550 en la Presidencia de la República, pero estos son 20 mil, estamos hablando de 40 veces más”.
Sin embargo, las cosas son muy diferentes en el Poder Judicial, donde según reveló el Presidente López Obrador, hay fideicomisos ilegales por 20 mil millones de pesos. 6 mil millones de pesos son de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 14 mil 402 millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En la Suprema Corte, 789 millones son parte de un fondo para pensiones y compensaciones complementarias y 137 millones para que los altos funcionarios reciban atención médica privada. 357 millones de pesos se destinan para el manejo del producto de la venta de publicaciones y otros proyectos, además de que 688 millones de pesos se envían a un Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia.
De remanentes presupuestales, la Suprema Corte envió mil 311 millones de pesos al fideicomiso, en lugar de devolver ese dinero a la Hacienda Pública.
En el Consejo de la Judicatura Federal, 4 mil 504 millones de pesos se destinan para pensiones y compensaciones complementarias para magistrados y jueces, además de que 68 millones 596 mil pesos se envían a un Fideicomiso para el mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces.
Además, el CJF tiene un fideicomiso de apoyo médico complementario y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte, pues ellos tienen su propio fideicomiso.
Asimismo, el CJF cuenta con un fideicomiso para el desarrollo de infraestructura e implementar las reformas constitucionales en materia de justicia federal por 4 mil 197 millones de pesos y un fondo de apoyo a la administración de justicia por 5 mil 564 millones de pesos.
A su vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “donde van a ordenar que se restituya a don Porfirito”, es decir, a Edmundo Jacobo Molina al INE, según expresó el Presidente López Obrador de forma irónica, se cuenta con un fideicomiso y un fondo mixto de cooperación, técnica científica, México, España, sin un peso.
Poco antes de revelar los “guardaditos” del Poder Judicial, el Presidente López Obrador explicó que le dio instrucciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que solicite al Instituto de la Transparencia que le pida al Instituto Nacional Electoral (INE) cuánto dinero tiene en sus fideicomisos y cuál es el uso que le han dado a ese dinero.
“Saber cuánto es, cómo lo han gastado y cómo son las partidas principales, porque no se sabe nada. Este del Poder Judicial es público, nada más que mucha gente no lo sabía, pero el de el INE, enigma, entonces lo vamos a solicitar para darlo a conocer aquí”.
Foto: Circuito Cerrado/ Jurídicas UNAM/ DCAF/ Wikipedia
Un juez federal canceló la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Fueron los abogados del panista, Diego Ruiz Durán y Ricardo Cajal Díaz, quienes informaron a través de un comunicado que un juez federal otorgó un amparo a favor su cliente, con el cual se invalida la orden aprehensión que se dictó en su contra en octubre de 2022.
La defensa detalló que la medida fue promulgada en contra del exgobernador una vez que dejó el cargo, cuando no contaba con el fuero constitucional que lo protegía anteriormente, por lo que el juzgador pudo analizar el asunto de fondo.
Asimismo, señalaron que la FGR actuó de manera equivocada, buscando culpar al exfuncionario de hechos que no habían ocurrido.
“El juez advirtió que el supuesto esquema de lavado de dinero que se le imputó erróneamente a nuestro representado, se trata de una operación comercial de compraventa de un departamento que pertenecía a García Cabeza de Vaca, la cual fue plenamente lícita”, señaló.
Por su parte, el exgobernador celebró la decisión y aseguró: “una vez más, la justicia me da la razón. Un juez federal resolvió un amparo aclarando que no existen indicios de un supuesto lavado de dinero ni mucho menos de delincuencia organizada”. Insistió en que la orden de aprehensión girada en su contra siempre fue “ilegal e inconstitucional”.
Otro golpe a la FGR | Juez ampara a Cabeza de Vaca e invalida orden de captura por delincuencia organizada https://t.co/9WLhCG86d0
El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que tras la llegada de la Ministra Norma Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desató una ola de fallos a favor de delincuentes.
`Ahora que llegó la nueva Ministra, declara, en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, acusó AMLO.
"Apenas llegó Norma Piña a la SCNJ y se desatan una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes….esto de Francisco García Cabeza de Vaca @fgcabezadevaca es grave, no es intervenir en otro poder, es no callar ante la corrupción": López Obrador @lopezobrador_pic.twitter.com/XXemRHca17
— Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) March 1, 2023
En este sentido, el mandatario declaró que el Poder Judicial de la Federación (PJF) vive una decadencia, ya que se protege a todo tipo de delincuentes, situación que dijo estaba más vigilada cuando el ministro Arturo Zaldívar estaba al frente de la SCJN.
“Hay protección para delincuentes comunes, para la delincuencia organizada y sustracción para delincuentes de cuello blanco. Esos son los hijos predilectos del régimen anterior, ojalá y el Poder Judicial se reforme. Antes, cuando estaba el ministro Zaldívar había un poco más de vigilancia sobre los jueces”, dijo AMLO.
Las declaraciones del presidente López Obrador surgieron al ser cuestionado por la situación del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien el día de ayer un juez le otorgó un amparo que frena la orden de captura que tiene por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Es la decadencia del Poder Judicial que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción, es un Poder Judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político de nuestro país, entonces por eso esos amparos constantes”, señaló AMLO.
En este tenor, López Obrador exhibió que los jueces han otorgando resoluciones favorables a presuntos delincuentes, tal como fue el caso de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, quien recibió un amparo para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le descongelara sus cuentas bancarias.
“Estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna y a las tres horas, un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa”, detalló AMLO.
El mandatario manifestó que exhibir los fallos del Poder Judicial “no es intervenir en otro Poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción”.
Además, López Obrador respaldó la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de proceder penalmente contra el juez que otorgó el amparo a García Cabeza de Vaca.
“Sí (apoyaría), si el Poder Judicial no actúa y si hay elementos , pruebas de que hubo influyentismo y corrupción, hay que presentar denuncias contra los jueces, sino actúa el Poder Judicial, porque no gozan de privilegios, son servidores públicos, ni modo que tengan impunidad”, manifestó AMLO.
Está mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Genaro García Luna debió ser juzgado en México y no en Estados Unidos, ya que en México se contaban con los elementos para proceder contra el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón.
“Es una llamada de atención para la justicia mexicana porque se debió juzgar aquí, nosotros tuvimos elementos, se presentaron, ya lo habían detenido”, dijo en su conferencia de este viernes.
El mandatario mexicano señaló que en nuestro país impera la desconfianza el Poder Judicial, por lo que reiteró “que urge una reforma, a fin de que jueces, magistrados o tribunales no liberen a delincuentes o apliquen el denominado sabadazo por el que, dijo, dejaron libre a Rafael Caro Quintero”.
“Los jueces dejan libres por cuestiones formales a delincuentes, lo que pasó en el caso de Caro Quintero, un sabadazo y nosotros tenemos que estar cuidando eso, ¿cómo que lo sueltan? Ya después cambian la resolución, sí, pero ya se fue”, dijo.
El presidente López Obrador puso otro ejemplo, el amparo que se le otorgó a Cristina Pereyra, esposa de García Luna para que fueran descongeladas sus cuentas, justo el día que en Estados Unidos, era declarado culpable el exsecretario de seguridad de Felipe Calderón.
“Todavía, esto sucedió el día que están juzgando a García Luna y un magistrado, un tribunal, ordena que se descongelen las cuentas de su esposa”, dijo, por lo que reitero su petición a la presidenta de la Corte, a los consejeros de la Judicatura, que tienen la obligación de vigilar “el buen comportamiento” de jueces y magistrados, que informen.
Linda Pereyra, esposa del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, había sido incluida por la UIF en la Lista de Personas Bloqueadas desde diciembre de 2019; además, tiene una denuncia ante la FGR por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).– El mismo día en que un jurado de Estados Unidos declaró culpable a Genaro García Luna de aceptar sobornos para proteger a los violentos cárteles del narcotráfico a los que debía combatir, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México revocó la sentencia del Juzgado Décimo Segundo con la que se había negado a su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez, el amparo por su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas del 9 de diciembre de 2019.
Es decir, el Tribunal integrado por el presidente Rolando González Licona, el magistrado Eduardo Baltazar Robles y la Magistrada Amanda Roberta García González le liberó sus cuentas financieras y su fallo fue por unanimidad.
Linda Cristina Pereyra Gálvez está denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había incluido a Pereyra Gálvez en la Lista de Personas Bloqueadas como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros mientras se resuelve el procedimiento penal, ya que formó parte integrante de la trama de lavado de dinero encabezada por Genaro García Luna.
Además, Pereyra Gálvez está demandada ante una Corte civil del estado de Florida, Estados Unidos, con el fin de que México rescate 745.8 millones de dólares sustraídos ilícitamente del erario nacional mexicano y trasladados a Miami.
🚨#ÚltimaHora I La UIF informó que un Tribunal revocó la sentencia con la que se había negado a la esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra, el amparo por su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas. pic.twitter.com/Feu9ngasNw
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en una cobertura de SinEmbargo al Aire, vía YouTube, que el viernes pasado un Tribunal Colegiado de Circuito de México revocó la sentencia de juicio de amparo en favor de la esposa de García Luna.
“Ella está en la lista de personas bloqueadas que maneja la UIF como elemento de precaución, de defensa del sistema financiero, para impedir que ciertos sujetos, ya sea personas morales o personas físicas, operan y manejen sus recursos dentro del sistema financiero, es decir, usen dinero ilícito dentro del sistema financiero nacional”, detalló funcionario federal.
Pablo Gómez precisó que Linda Cristina Pereyra está en la lista de personas bloqueadas por lo que manifestó su extrañeza de que el Tribunal de Circuito revocara la sentencia que le negó el amparo y dijera “la justicia de la unión protege y ampara a esta persona”.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Foto: Gobierno de México
“Esa persona está en la banda [de García Luna que exhibió la UIF], fue parte de la banda, no importa que sea la esposa de García Luna, nosotros no operamos en función de parentescos, sino en función de lo que cada quien hace”, señaló.
De igual forma cuestionó que los tribunales protejan a personas que, a su decir, deberían enfrentar a la justicia. “¿Por qué no están en un proceso penal? Bueno, no se ha desarrollado esto, estas personas no están en el territorio nacional, algunos que sí están ya han sido sometidos a proceso, se han abierto estas causas, pero la justicia mexicana no les alcanza, en cambio son exonerados por un Tribunal Colegiado como ocurrió con Cárdenas Palomino, volvió a ocurrir”, refirió.
Gómez Álvarez ahondó que “justo en el momento en el que García Luna, el jefe de la banda es declarado culpable por un jurado de los Estados Unidos a falta de un Tribunal mexicano que lo hiciera como hubiera sido mejor para nuestro país”.
Genaro García Luna fue declarado culpable en una corte en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Foto: Elizabeth Williams, AP
“Es vergonzoso todo esto, cómo es posible que en el extranjero se hagan cosas que no se hacen en México, necesitamos el apoyo de los jueces, no es posible seguir de esta manera, necesitamos fiscales más rápidos, fiscales que se pongan las pilas, están muy lentos”, criticó.
Pablo Gómez dijo que los fiscales “han demostrado una lentitud exasperante” y señaló que esto es “un boleto para operar libremente, sin ningún obstáculo en el sistema financiero nacional que es lo que impide estar en la lista de las personas bloqueadas”.
“El punto aquí es que junto con García Luna, ella y 10 personas más están denunciadas por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por delitos de corrupción, por asociación delictuosa, por todos los delitos que cometieron, el dinero que está en Florida es dinero que procede del pueblo de México, no les cayó del cielo, incluso ella se ha acercado a los abogados del gobierno de México en el proceso civil a intentar un acuerdo económico, yo no voy a aceptar eso, que se lleve a cabo el proceso civil y a ver qué recupera México”, destacó el funcionario federal.
Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue la única persona en testificar a favor del funcionario durante el Gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
El pasado 14 de febrero, subió al estrado para explicar de dónde viene la riqueza del exfuncionario.
“La esposa de Genaro García Luna, Cristina Pereyra, actualmente está declarando por la defensa”, informó Keegan Hamilton, quien cubre el juicio para Vice News.
A través de su cuenta de Twitter, detalló que la mujer “ha estado explicando metódicamente al jurado cómo compraron todas sus propiedades y vehículos en México con ahorros y/o préstamos”, algo que el periodista consideró “aburrido, pero efectivo”.
Jesús García, periodista del diario La Opinión de Los Ángeles y quien cubre el juicio contra el exsecretario desde Nueva York, explicó que este día la defensa cuestionó a Linda Cristina Pereyra sobre bienes entre 1994 y 2008 y ella respondió de manera lógica en cuanto a la compra-venta de casas y negocios.
Es este dibujo del tribunal de Nueva York, el viernes 17 de febrero de 2023, Genaro García Luna (derecha) y su abogada Valerie Gotlieb (izquierda) durante el juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México. Foto: Elizabeth Williams, AP.
“La Fiscal Erin Reid cuestionó ciertas inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de los García Luna, pero Pereyra señaló que hubo ajustes posteriores”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter en donde también precisó que la Fiscal quiso preguntar sobre la vivienda de 3.7 millones de dólares en Miami, pero el Juez aceptó la objeción de la defensa al no entrar en el periodo de acusaciones (2001-2012).
“Aunque los fiscales hicieron un buen cierre con ‘El Rey’ Zambada, la defensa logró justificar los ingresos y bienes de los García Luna con poco margen para los fiscales. Mañana el cierre de ambas partes”, añadió.
En tanto, Nadia Sanders, quien ha seguido de cerca el juicio en la Corte del Distrito Este de Nueva York, narró que ella y el exfuncionario comenzaron con “un departamentito en Xochimilco que después vendieron y se compraron un terrenito para hacer una casa”.
Según lo que ha compartido la periodista, “ella se hizo de una papelería en 1998 y en 2000 compraron una casa en Jiutepec, Morelos, principalmente para que descansara ahí sus suegros”.
“El caso es que Cristina Pereyra está dando una reseña de cómo compraron y vendieron propiedades con créditos bancarios más los bonos de su esposo”, aseguró en un hilo de Twitter.
El presidente López Obrador señaló que las resoluciones del juez Ventura Ramos, pueden haber sido adoptadas conforme a lo que señala la ley, pero eso no significa que hayan sido justas. Foto Cuartoscuro
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obardor expresó este viernes su deseo de que se haga una reforma al Poder Judicial para que no se presenten más casos como el del juez Samuel Ventura Ramos que ha dictado sentencias de absolución a 120 personas vinculadas a delitos en perjuicio de los normalistas de Ayotzinapa.
Cuestionado en su mañanera sobre la posición del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, que ha manifestado su rechazo a las críticas contra los jueces que han liberado a algunos de los imputados por el caso Ayotzinapa, y ha señalado que la responsabilidad de que estos procesos se hayan caído es de quienes hicieron las investigaciones, López Obrador dijo que comprende que el ministro abogue por su gremio, pero que no se debe defender a su servidores públicos si actúan mal.
“Respeto mucho al ministro presidente, entiendo que él tiene que defender a los jueces, hay un asunto ahí que tiene que ver con la defensa de los gremios, pero yo no voy a defender a un servidor público corrupto porque pertenece al Ejecutivo. El que actúa mal, tiene que ser castigado” afirmó.
López Obrador señaló que “hay tiempo para llevar a cabo la reforma del Poder Judicial” y se manifestó esperanzado de que así lo planteen los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, los ministros de la SCJN o los jueces.
“Sí está mal el Poder Judicial, con todo respeto a su independencia”, aseveró el mandatario.
Señaló que, por ejemplo, las resoluciones del juez Ventura Ramos, que ha sido denunciado por autoridades federales por su actuar, pueden haber sido adoptadas conforme a lo que señala la ley, pero eso, dijo, no significa que hayan sido justas.
“Todo tiene que ver con el supuesto debido proceso. Son fallas en la integración de los expedientes que presenta el ministerio público, o sea, forma, no fondo. Puede ser derecho, que está por verse, pero yo creo que es chueco, pero sin duda no es justicia. Estamos hablando de un caso de tremenda injusticia y, porque no está bien presentada la denuncia por el Ministerio Público voy a resolver dejar en libertad a un presunto delincuente. ¿Por qué no se repone el procedimiento, qué no es juez, no tiene que ver con la justicia? ¿Quién lo nombró, por qué el caso de Ayotzinapa lo atiende un juez de Tamaulipas?”.
Dijo que sin una reforma al Poder Judicial, los jueces “van a seguir haciendo y deshaciendo’. Tiene que haber una revisión de este proceder al interior del Poder Judicial. Esto no puede seguir manteniéndose así. Y que la autonomía de los jueces, si a esas vamos, ese juez es el Estado. ¿Quién lo eligió para ser el jefe del Estado? Está por encima de todo, tiene un poder omnímodo. Esto hay que revisarlo, sin duda”.
Afirmó que de ningún modo está en contra del debido proceso. “No, si el problema de México fuesen las leyes, no habría problema, porque ninguna ley dice que hay que actuar de manera injusta, que hay que proteger a delincuentes, que está permitido robar. Ese no es el asunto de fondo. Hace falta una revisión. Ojalá que tomen la iniciativa al interior del Poder Judicial”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el 30 de agosto de 2022. Foto Cuartoscuro
En vísperas de que se resuelva el futuro de la prisión preventiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la honestidad en el Poder Judicial: “Si el poder judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de que preocuparnos, pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción con honrosas excepciones para no generalizar”.
Por otro lado, reconoció que los bloqueos efectuados durante tres días en Zacatecas se relacionan con el enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. “ Hubo estos enfrentamientos y se ha iniciado un tiempo para acá de incendiar vehículos cuando se detiene a presuntos delincuentes y hacer propaganda, pero vamos a mantener la paz, la tranquilidad”. Anunció que la próxima semana acudirá la entidad, donde encabezará la reunión del gabinete de seguridad y recorrerá comunidades indígenas en la entidad, Durango y Jalisco.
Durante su conferencia, alertó sobre los riesgos que tiene para el país una eventual modificación al carácter que tiene actualmente, en torno al cual dijo que en general, la corrupción en el Poder Judicial sigue intacto, hay jueces que ni siquiera les importa el pueblo, no existe el pueblo para ellos, “son jueces para defender grupos de intereses creados Todos estos que defienden a empresas extranjeras, todo ese andamiaje jurídico que se creo para defender las privatizaciones, ahi está intacto”
Ante esta realidad, dijo, su gobierno no puede permanecer callado porque afecta todo el esfuerzo que se hace en seguridad, incrementa el el riesgo para servidores públicos que son amenazados. En este asunto de la libertad de este presunto delincuente, “hay el asesinato de servidores públicos Son graves, no nos podemos quedar callados”.
Reconoció que también se tiene que revisar la situación de los ministerios públicos y jueces porque “aunque le tengo confianza al fiscal, al presidente de la Suprema Corte y a algunos ministros, pero la mayor parte del poder judicial no son gente caracterizada por la honestidad. Hablando en plata.No resisten cañonazos, no resisten la tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados. No respetan al pueblo, desprecian al pueblo, es una vida artificial donde el pueblo no cuenta. Cuentan todos los intereses menos el interés del pueblo. Es una burbuja, son los abogados, relaciones públicas, todo arriba. Tenemos que cambiar esto”.
Vinculó su crítica al caso Florence Cassez “una verguenza” , por lo que advirtió que si la Corte resuelve que no va a haber más esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, “yo respeto la decisión pero no quiero ser cómplice. Que el día de mañana , aquí ustedes me digan, y por que salio de la cárcel este delincuente de cuello blanco, voy a repetir, no fuimos nosotros, fue el juez, el poder judicial. Pues si, pero ya salió, entonces México sigue siendo el país de la corrupción y de la impunidad y no queremos que suceda.”
Por lo que hace a la situación de Zacatecas, dijo que se reforzará la seguridad, pero a partir de ahi adelantó que enviará su iniciativa preferente para que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, destacando que ya se han construido 266 cuarteles de los 590 que habrá y hay 108 mil efectivos operativos de la Guardia Nacional.
Están distribuidos territorialmente, como se requiere, queremos que quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional que es la iniciativa preferente del día 1 y que hay oposición de los conservadores que no quieren aprobar nada. Ni esto ni algo todavía de mayor beneficio para el pueblo.
