Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, dijo ayer que las y los legisladores informarán este miércoles la ruta que seguirán para dar paso a la reforma al Poder Judicial.
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Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este miércoles que “se equivocan quienes piensan que se va a dar marcha atrás al proyecto de reforma al Poder Judicial sólo porque hay nerviosismo financiero“, ya que “está de por medio la justicia” y no se puede “cambiar la corrupción por justicia”.
Casi a la par, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, publicó un mensaje en sus redes sociales sobre la continuación de la llamada Cuarta Transformación, el cual contiene la misma frase que usó López Obrador, pero sin hacer una referencia directa a la iniciativa que busca someter la designación de cargos en el Poder Judicial de la Federación (PJF) a la votación directa de la gente.
“El pueblo de México votó por la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación. No hay marcha atrás, vamos por más bienestar, justicia y democracia para nuestro amado país”, escribió
El Poder Judicial de la Federación, tal como se le conoce hasta ahora, podría estar viviendo sus últimos días: el llamado ‘Plan C’ –que implica reformas profundas a la Constitución para hacer efectiva la democracia plena y el Estado de bienestar– está en marcha a partir de la elección del 2 de junio. El cambio viene después de que los propios ministros y ministras se opusieron sistemáticamente a la transformación del país, al echar abajo 74 leyes y reformas, incluido el llamado Plan B, que reformaba el ámbito electoral. Ahora, el país discutirá la iniciativa del presidente López Obrador, que busca una nueva integración de la Suprema Corte para hacerla eficiente, austera y transparente; elección popular de ministros, magistrados y jueces; sustitución del Consejo de la Judicatura Federal; y nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita. A partir de esta posibilidad, ningún juzgador ganará más que el primer mandatario, y tampoco estarán sometidos a los intereses de los oligarcas y las trasnacionales a las que han defendido históricamente. Por primera vez, los ministros y ministras serán sometidos al juicio popular
El Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador surgió luego de uno de los mayores golpes a la democracia, asestado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación: el 8 de mayo de 2023, el Pleno de la SCJN determinó –por mayoría de nueve votos de sus 11 integrantes– la invalidez del primer decreto de reformas político-electorales –conocido como Plan B– aprobadas por el Congreso de la Unión [Morena, Verde y PT] en diciembre de 2022. Ello, tal como se lo solicitó la oposición, en voz de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática.
Aquel día, la mayoría de ministros y ministras habrían firmado su propia sentencia de extinción del Poder Judicial de la Federación: el 9 de mayo del año pasado, un día después de ese golpe judicial al Plan B, el presidente López Obrador llamó al pueblo a un “Plan C”. En la próxima elección, arengó el primer mandatario en su conferencia matutina, hay que tener mayoría calificada en el Congreso para reformar la Constitución.
El plan estaba en marcha: el pueblo fue informado por el propio López Obrador de las reformas más urgentes a la carta magna para hacer efectiva la cuarta transformación; de lo contrario, temas tan importantes como la eliminación de privilegios a costa del erario de la nación, o de sueldos millonarios para una burocracia que trabaja a favor de los intereses de poderes fácticos, como las trasnacionales, tampoco se erradicarían.
La primera reforma que sugirió el titular del Poder Ejecutivo, desde aquel mes de mayo de 2023, fue precisamente la del Poder Judicial. Ello, porque el Plan B era apenas uno de decenas de cambios legislativos que la Corte echó abajo. En total, la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama ha documentado que el máximo tribunal invalidó 74 reformas y leyes en el sexenio de López Obrador (entre 2019 y 2023), lo que la juzgadora acusa es una masacre legislativa nunca antes vista.
El 5 de febrero de 2024, el presidente de la República formalizó su llamado a ejecutar el Plan C. En la conmemoración del Día de la Constitución, dio a conocer 20 reformas a la carta magna para profundizar el Estado de bienestar, combatir la corrupción y democratizar más al país: darle el poder al pueblo. “Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional”, afirmó en el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional. [1]
Una de esas reformas es al Poder Judicial, que tiene por objetivo constituir una nueva integración de la Suprema Corte para hacerla eficiente, austera y transparente; que establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces mediante un proceso electoral similar al que se lleva a cabo para presidente de la República y legisladores; sustitución del Consejo de la Judicatura Federal; y nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita.
A partir de esta posibilidad, ningún juzgador ganará más que el primer mandatario, y los ministros, magistrados y jueces tampoco estarán sometidos a los intereses de los oligarcas y las trasnacionales a las que han defendido históricamente.
El 2 de junio de 2024, el pueblo respondió a ese llamado del presidente López Obrador al Plan C, con 35 millones 923 mil 669 votos a favor de la doctora Claudia Sheinbaum y un voto masivo para la coalición Morena, PT, Verde en el Congreso de la Unión. De acuerdo con el conteo del Instituto Nacional Electoral, la coalición de la 4T tendrá mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mientras que se calcula que en el Senado de la República le hace falta de uno a tres votos para alcanzarla, lo que hace muy viable reformar la Constitución.
Por tanto, el mandato del pueblo es claro: cambiar la carta magna en los términos en los que el presidente López Obrador planteó el pasado 5 de febrero. Y es que al conmemorar el aniversario 107 de la Constitución, el primer mandatario sostuvo que, de ser aprobadas, las reformas modificarán artículos antipopulares introducidos en el periodo neoliberal. “Se trata de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna que fue fruto de un movimiento popular, revolucionario y por lo mismo, concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social y subrayo, público”.
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Reforma al Poder Judicial
Tras la presentación del paquete de reformas, los días siguientes la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó cada una de las reformas en la conferencia presidencial. En ocasiones, estuvo acompañada por otros servidores públicos.
El 12 de febrero, la funcionaria expuso la reforma al Poder Judicial: la iniciativa, dijo, buscará construir una institución de impartición de justicia independiente, legitimada y ajena a intereses privados. La abogada Luisa María Alcalde Luján explicó que dicha propuesta responde al reclamo del pueblo de México de contar con una institución de impartición de justicia austera, que resuelva los asuntos de su competencia y abone a erradicar la impunidad.
En aras del equilibrio de poderes, la reforma –aseguró– evitará que el PJF se coloque por encima de los otros dos Poderes y desaparezca leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. Además, promueve que las y los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular; que no exista más la onerosa pensión vitalicia y, como establece la Constitución, sus remuneraciones no excedan lo que percibe el presidente de la República.
La funcionaria detalló los objetivos de la reforma:
“Nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea más eficiente, austera y transparente tratándose del máximo tribunal del país.
“Elección popular de ministros, magistrados y jueces, es decir, que cuenten con legitimidad democrática a partir del voto popular.
“Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual se propone no sólo dividirlo en dos nuevas instituciones, sino que realmente se garanticen instancias de vigilancia.
“Nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita, no más juicios interminables a través de amparos y resoluciones.”
Acerca de la nueva integración de la SCJN, expuso que la iniciativa de reforma establece:
–Reducir el número de ministras y ministros, de 11 a nueve integrantes.
-Reducir el periodo de su encargo, de 15 a 12 años.
–Eliminar las dos salas que son muy opacas en la resolución de conflictos y que solamente se realicen sesiones en pleno, las cuales deberán ser públicas y transparentes para que todas y todos tengan la posibilidad de conocer qué están determinando las y los ministros.
–Eliminar la pensión vitalicia (haber de retiro) para actuales y futuros ministros y ministras.
-Ajustar sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción.
Sobre la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, Luisa María Alcalde indicó que el planteamiento es que una vez aprobada la reforma, en 2025 se realice una elección extraordinaria para renovar a todas y todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial (quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en esta elección en igualdad de condiciones).
La funcionaria explicó que la selección de candidaturas también tendría reglas: “las y los ministros de la SCJN, las y los magistrados del Tribunal Electoral y las y los magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión”.
Esto es que, de acuerdo con la iniciativa de reforma, el Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas, el Legislativo hasta cinco candidaturas por cada cámara (Diputados y Senadores), por mayoría calificada, y el Judicial hasta 10 candidaturas, a través del pleno de la SCJN, por mayoría de seis votos.
En el caso de las y los 1 mil 633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de seis candidaturas paritarias por cargo (dos por cada Poder de la Unión), indicó.
Y del proceso electoral y resultados de la elección, indicó que la propuesta incluye que se cree el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y que una vez conformado sea este el que organice la elección. El Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan los requisitos de ley.
-Las campañas durarán 60 días. No habrá etapa de precampañas.
-No se permite el financiamiento público o privado. Las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate.
-Los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas.
-El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá las impugnaciones y declarará los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá a la SCJN.
Sobre las reglas específicas, expuso que, en caso de ausencia definitiva de ministras, ministros, magistradas, magistrados o juezas o jueces, el Senado de la República designará por mayoría calificada a una persona interina para que ocupe el cargo hasta que se realice la siguiente elección ordinaria.
Y para las ternas, la iniciativa establece que el Ejecutivo federal la propone para ministros de la SCJN y magistrados del Tribunal de Disciplina; el órgano de administración judicial para magistrados de circuito y jueces de distrito; y la SCJN para magistrados electorales.
Por otra parte, el Órgano de Administración Judicial, integrado por cinco personas designadas por un periodo de seis años, de los cuales el Poder Ejecutivo nombrará uno; el Senado de la República a otro; y la SCJN a tres, será responsable de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.
Otro punto destacado de la reforma es acerca de las cuatro nuevas reglas procesales:
“-Justicia expedita: se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales (en caso de rebasarlos, la autoridad judicial debe informar al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar la demora).
“-Suspensiones: se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
“-Justicia local: los Poderes Judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.
“-Fideicomisos del Poder Judicial: una vez que concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se respetan los derechos y prestaciones de los trabajadores.”
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Las traiciones de la Corte al pueblo
A lo largo del sexenio de López Obrador, la mayoría de ministras y ministros de la Corte han actuado sistemáticamente en contra del pueblo y de las iniciativas que se han discutido y aprobado en el Poder Legislativo. Además de que directamente la presidenta del Poder Judicial, Norma Lucía PiñaHernández, habría conspirado para atentar contra los comicios electorales del 2 de junio, al tratar de reinstalar al calderonista Reyes Rodríguez Mondragón como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
El 28 de agosto de 2023, Norma Piña lanzó una amenaza pública contra el proceso electoral: ese día, advirtió que si el Poder Legislativo no les asignaba el multimillonario presupuesto que pedían, no habría una transición pacífica en México. Desde entonces, el Poder Judicial ha operado electoralmente en beneficio de la candidatura de la derechista Xóchitl Gálvez, y la coalición PRI-PAN-PRD [2].
Textualmente, en aquel momento Norma Piña declaró: “las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año [2024] son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Sólo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”.
A partir de ese momento se aceleró la guerra judicial contra el movimiento de la cuarta transformación. Al respecto, se identifican al menos otros cuatro sucesos que dejan al descubierto la operación electorera del Poder Judicial y de su presidenta: 1) la cena de diciembre pasado a la que Norma Piña convocó a tres magistrados electorales, al líder del PRI –Alejandro (Alito) Moreno– y al coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda; 2) la apertura y filtración de un expediente de investigación contra el expresidente de la Corte en retiro, Arturo Zaldívar, ahora parte del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo; 3) la liberación de actores relevantes en el caso Ayotzinapa –exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y ocho militares– y de generadores de violencia –como el caso de Abraham Oseguera Cervantes, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y hermano del líder de esa organización criminal– para desestabilizar el país por dos vías: protestas sociales y generación de violencia extrema; y 4) consentir la reunión –a tan sólo 18 días de la elección: el pasado 14 de mayo– de los magistrados del TEPJF con Xóchitl Gálvez, como parte de la estrategia del PRIAN que aseguraba que en la contienda “no hay piso parejo”, que “hay una elección de Estado”.
Respecto de la cena del 12 de diciembre de 2023 –que reveló el periodista Salvador Frausto en Milenio– destaca el hecho de que fue convocada directamente por la ministra presidenta Norma Piña; y que ésta tuvo lugar en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue propuesto en la terna que lo llevó al máximo tribunal por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que desde su llegada a la Corte se alió con los grupos más conservadores en ese Poder y ha fallado todo contra la 4T.
De la revelación periodística también es relevante que supuestamente se convocó a la cena para limar asperezas con tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Mónica Soto Fragoso [actual presidenta del TEPJF], Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, pues Norma Piña quería que al frente de ese Tribunal estuviera el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, de cara a una de las labores que más les importaba controlar: la calificación de la elección federal.
Rodríguez Mondragón fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República de Felipe Calderón –de mayo a diciembre de 2011–, cuando Genaro García Luna se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública y estaba aliado al Cártel de Sinaloa. Y una de las acciones de la autoridad electoral cuando él era la cabeza –el 3 de agosto de 2023– fue censurar al presidente López Obrador, para que nunca más se refiriera en su conferencia mañanera a los ingresos por más de 1 mil 400 millones de pesos de las empresas de Xóchitl Gálvez [3].
El 11 de diciembre del año pasado, Rodríguez Mondragón presentó su renuncia a la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, por la presión que ejercieron los tres magistrados a los que con urgencia convocó la ministra Piña a la cena, incluso a pesar de que se trataba del día en que se celebra a la Virgen de Guadalupe.
La cena no sólo se hizo a espaldas del pueblo de México, sino que incluso ni siquiera a los magistrados convidados se les avisó que había dos invitados más que pondrían en entredicho la imparcialidad del TEPJF: el líder del PRI, Alejandro (Alito) Moreno, y el panista y coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda –quien finalmente no asistió, según el diario Milenio–. Todo ello ocurrió en pleno proceso electoral, pues éste arrancó oficialmente el 7 de septiembre de 2023 [4], por lo que se podrían haber violado las leyes en la materia.
Las presiones de la ministra Norma Piña contra los magistrados electorales continuaron, indicó Milenio. Incluso les mandó mensajes por la red de mensajería instantánea Whatsapp en los que les advertía que tenían cuentas pendientes, todo con la intención de restituir al calderonista Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del TEPJF. Lo que no consiguió.
Ésa no fue la única vez que la presidenta de la Corte se comportó de esa manera: el 17 de mayo de 2023, el entonces presidente de la Comisión Permanente del Congreso y senador morenista, Alejandro Armenta Mier, denunció que, un día antes, Piña Hernández le envió mensajes intimidantes por esa misma vía, los cuales exhibió en tribuna. El 18 de mayo, la presidenta de la Corte admitió que lo había hecho. Dos de esos mensajes decían: “Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?”; “La vida nos juzgará”.
Cobijada por la mayoría de las corporaciones mediáticas desde que asumió el cargo de presidenta del Poder Judicial, Norma Piña ha actuado con impunidad, y desde las sombras siguió tejiendo el escenario para declarar nulas las elecciones, que aparentemente se disipó por los casi 20 millones de votos de diferencia entre el primer y segundo lugar en la presidencial.
La operación electorera de Piña fue tan evidente que incluso, el pasado 12 de marzo, el presidente López Obrador acusó que desde el Poder Judicial se estaba cocinando un golpe de Estado técnico.
Ese día, expuso: quieren “que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor, o utilizar las infracciones en el momento de la calificación de la elección [presidencial]. Fíjense por dónde van”, en referencia al objetivo de anular la elección presidencial. “Eso es lo que yo pienso que están tramando. Voy a darlo a conocer aquí. Bueno, ¿y mis libertades? ¿Y cuáles son sus fundamentos?”
Tras advertir que el nerviosismo de los sectores conservadores puede deberse a las tendencias que revelan las encuestas –“quién sabe que está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos”–, López Obrador cuestionó: “¿van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X González, a José Ramón Cossío?, ¿a [Jorge] Castañeda, [Héctor] Aguilar Camín, etcétera, etcétera, etcétera?”
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La guerra judicial contra la 4T
La guerra del Poder Judicial contra la cuarta transformación va más allá de esa pretensión del golpe de Estado técnico, y se refleja en las 74 leyes y reformas que ha invalidado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los primeros cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo ha documentado la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, misma que acusa una suplantación de funciones e invasión de facultades contra el Poder Legislativo.
Como ya se expuso, uno de los primeros grandes casos que resolvió la Corte ya con Norma Piña al frente, fue determinar la invalidez, en mayo de 2023, la primera parte del llamado Plan B que el presidente López Obrador propuso a las cámaras de Diputados y Senadores, y que se votó por mayoría legislativa (modificaciones a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas). Este golpe al Poder Legislativo y a la 4T dio origen al Plan C, por el cual se llamó al pueblo a acudir masivamente a las urnas el pasado 2 de junio para lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Con ello se harán reformas constitucionales, incluida la del Poder Judicial, para que sea el pueblo el que elija democráticamente a ministros, magistrados y jueces, y por lo cual ahora se estaría operando no reconocer la mayoría calificada de Morena, PT y Verde.
En ese mismo mes de mayo, el máximo tribunal echó abajo el Decreto presidencial que clasificaba como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura prioritarios, y que tenía por objetivo evitar que grupos de intereses creados –como las dos asociaciones del empresario Claudio X González Guajardo: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico [5]– en colusión con jueces, magistrados y ministros frenaran las obras estratégicas mediante juicios de amparo.
Para junio del año pasado, la Corte determinó arbitrariamente cancelar la segunda parte del Plan B: reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Estas reformas buscaban fortalecer el régimen democrático, así como evitar que en un futuro el INE volviera a ser botín de unos cuantos, como ocurrió con Lorenzo Córdova Vianello, quien –ya como abierto aliado de Claudio X, líder del PRIAN– fue único orador de la marcha rosa del 18 de febrero de 2024, movimiento que ya se desenmascaró como promotor de Xóchitl Gálvez. También, la Suprema Corte echó abajo, ese mismo mes, la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.
A estos casos se sumó que el 24 de noviembre del año pasado, la mayoría de los ministros y ministras invalidaron la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, así como los delitos relacionados con comprobantes fiscales (factureras, es decir empresas fantasmas). El proyecto fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar, bajo el pretexto de garantizar derechos individuales y presunción de inocencia. Ello, a pesar de que las factureras son esquemas que, por un lado, defraudan a la Hacienda Pública y, por otro, posibilitan el lavado de dinero al crimen organizado.
Y en un extremo todavía más grotesco, el 31 de enero de 2024, sólo dos ministros de la Segunda Sala –Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán– invalidaron la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, en beneficio de trasnacionales como la francesa Engie, que promovió el juicio de amparo que llegó a la SCJN.
Los dos juzgadores suplantaron a todo un Congreso, al pasar por encima de la decisión que tomaron las mayorías parlamentarias para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Los juzgadores determinaron que “al introducir nuevas reglas en el orden del despacho de energía, la forma de asignación de los contratos de cobertura eléctrica y el sistema de adquisición de certificados de energías limpias, se vulneraron los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable”.
Aunado a lo anterior, Aguilar Morales y Pérez Dayán habrían estado en un posible conflicto de interés, porque como lo reveló Contralínea, ambos forman parte del Instituto Mexicano del Amparo, asociación civil que litiga contra el gobierno de López Obrador. Dicha AC se pronunció contra la reforma a la industria eléctrica, y ellos fallaron en el mismo sentido; además, fomentó los juicios contra los libros de texto gratuitos (y Luis María Aguilar frenó su entrega en Chihuahua), se manifestó por la destitución de la ministra Yasmín Esquivel, presentó un recurso para ser “amiga” de la Corte (amicus curiae) en la acción de inconstitucionalidad para que los juzgadores ganen más que el primer mandatario, lo que respaldan 10 de los 11 ministros (sólo la ministra Lenia Batres ha regresado los pagos en exceso a la Tesorería de la Federación) [6].
La guerra judicial de la Corte contra la cuarta transformación llegó al extremo de que el 23 de agosto de 2023, el ministro Aguilar Morales presentó en la Segunda Sala un proyecto de sentencia del expediente 386/2023, con el que buscaba separar del cargo al presidente López Obrador –y de última hora retiró–. Dicho proyecto señalaba que, en materia de cumplimiento de ejecutorias de amparo, la Constitución Federal establece que la autoridad que desacata debe ser separada del cargo, incluido el presidente de la República.
Otra expresión de la guerra judicial es el hecho de que jueces, magistrados y ministros siguen dándole entrada a amparos que afectan obras, políticas públicas o impiden luchar contra la corrupción, como el caso de María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización de Claudio X González Guajardo –Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad–.
Además, han liberado en algunos casos de forma definitiva a presuntos delincuentes de cuello blanco, como el abogado de Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado Mocelo; a la exsecretaria de Estado en el sexenio peñista, Rosario Robles, quien fue investigada por la llamada estafa maestra; y a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, implicado presuntamente en hechos de corrupción, como el caso Odebrecht y AgroNitrogenados. Esto frena las acciones contra la corrupción y genera impunidad.
Y también han liberado bajo medidas cautelares como prisión domiciliaria a actores clave del caso Ayotzinapa: el exprocurador Jesús Murillo Karam y ocho militares presuntamente vinculados a la desaparición de los 43 normalistas rurales. El entorpecimiento de la investigación del caso no sólo genera protestas sociales –como la irrupción violenta en Palacio Nacional del pasado 6 de marzo–, sino que impide que se sepa la verdad y propicia que los culpables sigan impunes.
Además, la guerra del Poder Judicial ha llevado a la liberación de decenas de integrantes del crimen organizado, como se demuestra cada 15 días en la sección de Cero Impunidad, lo que contribuye a la generación de violencia extrema. Una de las banderas de la derecha es, precisamente ésta, sin apuntar jamás a la responsabilidad que tienen jueces, magistrados y ministros que abren la puerta a los presuntos delincuentes.
Ahora, por primera vez, se tiene la oportunidad de reformar al Poder Judicial para impedir que en el futuro actúe contra el pueblo de México, en beneficio de un puñado de oligarcas y trasnacionales.
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Referencias:
[1] El 5 de febrero de 2024, el presidente López Obrador presentó al pueblo las 20 reformas a la Constitución:
“1. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten.
“2. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Garantizar el mismo derecho a las personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal.
“3. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
“4. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.
“5. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.
“6. Prohibir el maltrato a los animales.
“7. Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.
“8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
“9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras.
“10. No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.
“11. El salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al seguro social.
“12. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón porque afectan injustamente a trabajadores inscritos en el Seguro Social y del ISSSTE; les impiden jubilarse con el ciento por ciento de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de este año [2024], será creado un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que irá en aumento; se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.
“13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. En el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
“14. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras sembrando árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar; se mantendrán precios de garantía para la compra-venta de alimentos básicos y continuará la entrega de fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país para cumplir con un acto básico de justicia: ‘que coman los que nos dan de comer’.
“15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas, concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma constitucional propuesta, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica.
“16. La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, evitar las excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales; el Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500 y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales, serán electos con el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30 por ciento de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la Revocación del Mandato.
“17. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los Congresos, serán electos de manera directa por el pueblo.
“18. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con estricto respeto a los derechos humanos.
“19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana; se redactará con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el Presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal.
“20. Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público.”
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que no comprende por qué la oposición presentó una controversia de inconstitucionalidad contra la reforma al sistema de Afores, que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar. “Es oponerse por oponerse”, declaró el mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Consultado sobre la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anule la reforma, López Obrador respondió que la Corte es capaz de hacerlo. Argumentó que el Poder Judicial es parte de la “asociación delictuosa” que dominaba México. “Pero bueno, qué tal que yo me equivoque, me van a dar mi ‘tenga para que aprenda’”, dijo, subrayando que hasta ahora no hay resistencia de las Afores a la reforma.
El Presidente explicó que la reforma se diseñó para crear un fondo de pensiones para el Bienestar, permitiendo a los trabajadores, especialmente los de menores ingresos, retirarse con el 100% de su salario. “La pregunta es, ¿cómo integramos ese fondo? Hay varias fuentes de financiamiento, y una de ellas es el dinero de pensiones no reclamadas”, señaló.
López Obrador detalló que los fondos de pensiones no reclamados se destinarían al Fondo de Pensiones del Bienestar, asegurando que el derecho a reclamar ese fondo nunca se cancela. “Si pasó el tiempo y nadie reclamó, ese dinero va al fondo para compensar a los jubilados y darles el 100%”, explicó.
El Presidente también mencionó que había 40 mil millones de pesos no reclamados en las Afores, de los cuales solo mil millones habían sido entregados al IMSS. “Por eso hicieron un escándalo, porque todo ese dinero estaba sudando en las arcas de los bancos”, comentó.
Además, López Obrador indicó que el fondo no solo se integra con esos recursos, sino también con lo que se confisque a la delincuencia organizada y las deudas condonadas de los estados al ISSSTE. El fondo será manejado por el Banco de México.
La ley que establece el fondo ya fue aprobada, pese a la oposición de los conservadores, y el trámite del fideicomiso está en curso. Los primeros beneficiarios comenzarían a cobrar el 1 de julio. “La sorpresa fue que ayer van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el fondo de pensiones”, añadió.
El Presidente expresó su incomprensión ante las críticas, afirmando que las acusaciones de que se robarán las Afores y dejarán sin pensiones son falsas. “Es un dinero de los trabajadores para los trabajadores, es pensión para pensión”, concluyó.
Encabezado por Norma Piña, el Poder Judicial acelera la guerra contra la cuarta transformación y mantiene como posibilidad la pretensión de anular las elecciones presidenciales, lo que constituiría un golpe de Estado técnico. Desde agosto de 2023, la ministra presidenta amenazaba con afectar la transición del poder, al declarar que el proceso no sería pacífico ni habría estabilidad democrática si no se les asignaba el presupuesto millonario que pedían; para diciembre, se reunió con el líder del PRI –Alito Moreno–, el ministro González Alcántara y tres magistrados del Tribunal Electoral en plena contienda; en abril pasado abrió y filtró un expediente de investigación contra el expresidente de la Corte en retiro Arturo Zaldívar, quien ahora es parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum; y para el 14 de mayo, consintió que magistrados del TEPJF se reunieran con Xóchitl Gálvez, como parte de la estrategia del PRIAN para argumentar falsamente que “no hay piso parejo” y que es “elección de Estado”. A eso se suma que, al suplantar al Legislativo, la Suprema Corte ha invalidado 74 leyes y reformas; juzgadores siguen dándole entrada a amparos que afectan obras, políticas públicas o impiden luchar contra la corrupción; y han liberado a presuntos delincuentes de cuello blanco, a actores clave del caso Ayotzinapa y a integrantes del crimen organizado, lo que contribuye a la desestabilización por violencia extrema
Cinco sucesos revelan que la sombra de un golpe de Estado técnico desde el Poder Judicial de la Federación se mantiene con la pretensión de anular los comicios del próximo 2 de junio y, con ello, impedir la llegada de la primera mujer de izquierda a la Presidencia de la República. Uno de esos hechos fue la amenaza pública que lanzó directamente la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández el 28 de agosto de 2023 [1], cuando advirtió que si el Poder Legislativo no les asignaba el multimillonario presupuesto que pedían, no habría una transición pacífica en México. Desde entonces, el Poder Judicial ha operado electoralmente en beneficio de la candidatura de la derechista Xóchitl Gálvez, y la coalición PRI-PAN-PRD.
Textualmente, en aquel momento Norma Piña declaró: “las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año [2024] son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Sólo así se puede garantizar que la transmisión de poder en Méxicose dé pacíficamente y con estabilidad democrática”.
A partir de ese momento se aceleró la guerra judicial contra el movimiento de la cuarta transformación. Al respecto, se identifican al menos otros cuatro sucesos que dejan al descubierto la operación electorera del Poder Judicial y de su presidenta: 1) la cena de diciembre pasado a la que Norma Piña convocó a tres magistrados electorales, al líder del PRI –Alejandro (Alito) Moreno– y al coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda; 2) la apertura y filtración de un expediente de investigación contra el expresidente de la Corte en retiro, Arturo Zaldívar, ahora parte del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo; 3) la liberación de actores relevantes en el caso Ayotzinapa –exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y ocho militares– y de generadores de violencia –como el caso de Abraham Oseguera Cervantes, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y hermano del líder de esa organización criminal– para desestabilizar el país por dos vías: protestas sociales y generación de violencia extrema; y 4) consentir la reunión –a tan sólo 18 días de la elección: el pasado 14 de mayo– de los magistrados del TEPJF con Xóchitl Gálvez, como parte de la estrategia del PRIAN para asegurar que en la contienda “no hay piso parejo”, que “hay una elección de Estado” y mantener abierta la posibilidad de solicitar la nulidad de los comicios.
Respecto de la cena del 12 de diciembre de 2023 –que reveló el periodista Salvador Frausto en Milenio– destaca el hecho de que fue convocada directamente por la ministra presidenta Norma Piña; y que ésta tuvo lugar en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue propuesto en la terna que lo llevó al máximo tribunal por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que desde su llegada a la Corte se alió con los grupos más conservadores en ese Poder y ha fallado todo contra la 4T.
De la revelación periodística también es relevante que supuestamente se convocó a la cena para limar asperezas con tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Mónica Soto Fragoso [actual presidenta del TEPJF], Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, pues Norma Piña quería que al frente de ese Tribunal estuviera el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, de cara a una de las labores que más les importa controlar: la calificación de la elección del próximo 2 de junio.
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Rodríguez Mondragón fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República de Felipe Calderón –de mayo a diciembre de 2011–, cuando Genaro García Luna se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública y estaba aliado al Cártel de Sinaloa. Y una de las acciones de la autoridad electoral cuando él era la cabeza –el 3 de agosto de 2023– fue censurar al presidente López Obrador, para que nunca más se refiriera en su conferencia mañanera a los ingresos por más de 1 mil 400 millones de pesos de las empresas de Xóchitl Gálvez [2].
El 11 de diciembre del año pasado, Rodríguez Mondragón presentó su renuncia a la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, por la presión que ejercieron los tres magistrados a los que con urgencia convocó la ministra Piña a la cena, incluso a pesar de que se trataba del día en que se celebra a la Virgen de Guadalupe.
La cena no sólo se hizo a espaldas del pueblo de México, sino que incluso ni siquiera a los magistrados convidados se les avisó que había dos invitados más que pondrían en entredicho la imparcialidad del TEPJF: el líder del PRI, Alejandro (Alito) Moreno, y el panista y coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda –quien finalmente no asistió, según el diario Milenio–. Todo ello ocurrió en pleno proceso electoral, pues éste arrancó oficialmente el 7 de septiembre de 2023 [3], por lo que se podrían haber violado las leyes en la materia.
Las presiones de la ministra Norma Piña contra los magistrados electorales continuaron, indicó Milenio. Incluso les mandó mensajes por la red de mensajería instantánea Whatsapp en los que les advertía que tenían cuentas pendientes, todo con la intención de restituir al calderonista Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del TEPJF. Lo que no consiguió.
Ésa no fue la única vez que la presidenta de la Corte se comportó de esa manera: el 17 de mayo de 2023, el entonces presidente de la Comisión Permanente del Congreso y senador morenista, Alejandro Armenta Mier, denunció que, un día antes, Piña Hernández le envió mensajes intimidantes por esa misma vía, los cuales exhibió en tribuna. El 18 de mayo, la presidenta de la Corte admitió que lo había hecho. Dos de esos mensajes decían: “Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?”; “La vida nos juzgará”.
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Cobijada por la mayoría de las corporaciones mediáticas desde que asumió el cargo de presidenta del Poder Judicial, Norma Piña ha actuado con impunidad, y desde las sombras sigue tejiendo el escenario que mantiene la posibilidad de declarar nulas las elecciones. Incluso, el pasado 12 de marzo, el presidente López Obrador acusó que desde el Poder Judicial se estaba cocinando un golpe de Estado técnico.
Ese día, expuso: quieren “que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor, o utilizar las infracciones en el momento de la calificación de la elección [presidencial]. Fíjense por dónde van”, en referencia al objetivo de anular la elecciónpresidencial. “Eso es lo que yo pienso que están tramando. Voy a darlo a conocer aquí. Bueno, ¿y mis libertades? ¿Y cuáles son sus fundamentos?”
Tras advertir que el nerviosismo de los sectores conservadores puede deberse a las tendencias que revelan las encuestas –“quién sabe que está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos”–, López Obrador cuestionó: “¿van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X González, a José Ramón Cossío?, ¿a [Jorge] Castañeda, [Héctor] Aguilar Camín, etcétera, etcétera, etcétera?”
La guerra judicial contra la 4T
La guerra del Poder Judicial contra la cuarta transformación va más allá de esa pretensión del golpe de Estado técnico, y se refleja en las 74 leyes y reformas que ha invalidado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los primeros cinco años del gobierno del presidenteAndrés Manuel López Obrador, como lo ha documentado la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, misma que acusa una suplantación de funciones e invasión de facultades contra el Poder Legislativo.
Ya en el mandato de Norma Piña, destaca que la SCJN invalidó, en mayo de 2023, la primera parte del llamado Plan B que el presidente López Obrador propuso a las cámaras de Diputados y Senadores, y que se votó por mayoría legislativa (modificaciones a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas). Este golpe al Poder Legislativo y a la 4T dio origen al Plan C, por el cual se llamó al pueblo a acudir masivamente a las urnas el próximo 2 de junio para lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Con ello se harían reformas constitucionales, incluida la del Poder Judicial, para que sea el pueblo el que elija democráticamente a ministros, magistrados y jueces.
En ese mismo mes de mayo, el máximo tribunal echó abajo el Decreto presidencial que clasificaba como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura prioritarios, y que tenía por objetivo evitar que grupos de intereses creados –como las dos asociaciones del empresario Claudio X González Guajardo: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico [4]– en colusión con jueces, magistrados y ministros frenaran las obras estratégicas mediante juicios de amparo.
Para junio del año pasado, la Corte determinó arbitrariamente cancelar la segunda parte del Plan B: reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Estas reformas buscaban fortalecer el régimen democrático, así como evitar que en un futuro el INE volviera a ser botín de unos cuantos, como ocurrió con Lorenzo Córdova Vianello, quien –ya como abierto aliado de Claudio X, líder del PRIAN– fue único orador de la marcha rosa del 18 de febrero de 2024, movimiento que ya se desenmascaró como promotor de Xóchitl Gálvez. También, la Suprema Corte echó abajo, ese mismo mes, la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.
A estos casos se sumó que el 24 de noviembre del año pasado, la mayoría de los ministros y ministras invalidaron la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, así como los delitos relacionados con comprobantes fiscales (factureras, es decir empresas fantasmas). El proyecto fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar, bajo el pretexto de garantizar derechos individuales y presunción de inocencia. Ello, a pesar de que las factureras son esquemas que, por un lado, defraudan a la Hacienda Pública y, por otro, posibilitan el lavado de dinero al crimen organizado.
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Y en un extremo todavía más grotesco, el 31 de enero de 2024, sólo dos ministros de la Segunda Sala –Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán– invalidaron la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, en beneficio de trasnacionales como la francesa Engie, que promovió el juicio de amparo que llegó a la SCJN.
Los dos juzgadores suplantaron a todo un Congreso, al pasar por encima de la decisión que tomaron las mayorías parlamentarias para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Los juzgadores determinaron que “al introducir nuevas reglas en el orden del despacho de energía, la forma de asignación de los contratos de cobertura eléctrica y el sistema de adquisición de certificados de energías limpias, se vulneraron los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable”.
Aunado a lo anterior, Aguilar Morales y Pérez Dayán habrían estado en un posible conflicto de interés, porque como lo reveló Contralínea, ambos forman parte del Instituto Mexicano del Amparo, asociación civil que litiga contra el gobierno de López Obrador. Dicha AC se pronunció contra la reforma a la industria eléctrica, y ellos fallaron en el mismo sentido; además, fomentó los juicios contra los libros de texto gratuitos (y Luis María Aguilar frenó su entrega en Chihuahua), se manifestó por la destitución de la ministra Yasmín Esquivel, presentó un recurso para ser “amiga” de la Corte (amicus curiae) en la acción de inconstitucionalidad para que los juzgadores ganen más que el primer mandatario, lo que respaldan 10 de los 11 ministros (sólo la ministra Lenia Batres ha regresado los pagos en exceso a la Tesorería de la Federación) [5].
La guerra judicial de la Corte contra la cuarta transformación llegó al extremo de que el 23 de agosto de 2023, el ministro Aguilar Morales presentó en la Segunda Sala un proyecto de sentencia del expediente 386/2023, con el que buscaba separar del cargo al presidente López Obrador –y de última hora retiró–. Dicho proyecto señalaba que, en materia de cumplimiento de ejecutorias de amparo, la Constitución Federal establece que la autoridad que desacata debe ser separada del cargo, incluido el presidente de la República.
Otra expresión de la guerra judicial es el hecho de que jueces, magistrados y ministros siguen dándole entrada a amparos que afectan obras, políticas públicas o impiden luchar contra la corrupción, como el caso de María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización de Claudio X González Guajardo –Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad–.
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Además, han liberado en algunos casos de forma definitiva a presuntos delincuentes de cuello blanco, como el abogado de Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado Mocelo; a la exsecretaria de Estado en el sexenio peñista, Rosario Robles, quien fue investigada por la llamada estafa maestra; y a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, implicado presuntamente en hechos de corrupción, como el caso Odebrecht y AgroNitrogenados. Esto frena las acciones contra la corrupción y genera impunidad.
Y también han liberado bajo medidas cautelares como prisión domiciliaria a actores clave del caso Ayotzinapa: el exprocurador Jesús Murillo Karam y ocho militares presuntamente vinculados a la desaparición de los 43 normalistas rurales. El entorpecimiento de la investigación del caso no sólo genera protestas sociales –como la irrupción violenta en Palacio Nacional del pasado 6 de marzo–, sino que impide que se sepa la verdad y propicia que los culpables sigan impunes.
Además, la guerra del Poder Judicial ha llevado a la liberación de decenas de integrantes del crimen organizado, como se demuestra cada 15 días en la sección de Cero Impunidad, lo que contribuye a la generación de violencia extrema. Una de las banderas de la derecha es, precisamente ésta, sin apuntar jamás a la responsabilidad que tienen jueces, magistrados y ministros que abren la puerta a los presuntos delincuentes.
El mapa de riesgo de violencia –equivalente al 28 por ciento de las casillas–, entregado por la dirigencia de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), forma parte del plan para judicializar la elección del 2 de junio, advirtió el dirigente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado.
“¿Qué dice la ley? Que una elección se anula cuando no se puede instalar el 25 por ciento de casillas. Entonces son muy evidentes, lo que van a tratar de hacer, que no van a lograr, porque otra vez estos señores operan despreciando al pueblo, pensando que lo pueden manipular, pensando que lo pueden asustar o pensando que lo pueden engañar”.
De igual manera, Delgado indicó que el bloque opositor insiste en implantar una estrategia de miedo, con el objetivo de crear una idea de inseguridad en el país, así como generar “actos de provocación de violencia”.
Asimismo, realizó un llamado a la ciudadanía. “Que no gane el miedo, que salgan libre y democráticamente a ejercer el derecho del voto. Mientras ellos llaman al miedo y a la violencia, nosotros vamos a llamar a que sea una gran fiesta democrática y que triunfe la voluntad del pueblo de México”.
Finalmente, Delgado señaló que habrá una compra masiva de votos, la cual se prepara desde la Ciudad de México. “Vienen días difíciles y la convocatoria aquí a toda la gente que está en favor de este cambio de que llegue Claudia Sheinbaum a la presidencia para que continúe el cambio histórico que inició Andrés Manuel López Obrador, es que no nos confiemos”.
La Ministra Norma Piña organizó una cena privada a la que acudió la cúpula del Tribunal Electoral, el Ministro González Alcántara y Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, y a la que se convocó a Santiago Creel Miranda, el jefe de la campaña de Xóchitl Gálvez, quien nunca llegó a esta reunión atípica.
Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– El pasado 12 de diciembre, un día después de que renunciara, en medio de presiones de sus compañeros, el Magistrado electoral Reyes Rodríguez Calderón a la presidencia del Tribunal Electoral, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) organizó una cena en la casa del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ubicada en Paseo de la Reforma, Lomas de Chapultepec. El argumento era “limar asperezas” con integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La realidad fue otra o al menos así lo percibieron los magistrados que se encontraron con un asistente sorpresa: Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Era un rumor dentro de la Suprema Corte esta reunión, esta cena polémica que ocurrió el 12 de diciembre de 2023 y nos dimos a la tarea de hablar con algunas de las personas que estuvieron en esa cena. La Ministra Norma Piña empezó a invitar por Whatsapp a algunos de los magistrados, concretamente a tres que estaban en rebeldía en diciembre de 2023: los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes”, narró a “Los Periodistas” el periodista Salvador Frausto, quien reveló este encuentro en exclusiva el miércoles pasado en su columna en Milenio, medio en el que se desempeña como Director de Investigaciones y Asuntos Especiales.
Frausto compartió que a esta cena privada acudió la cúpula del Tribunal Electoral, la ministra presidenta Norma Piña, el Ministro González Alcántara —quien aunque fue propuesto por el Presidente López Obrador ha manifestado su respaldo a la “Marea Rosa” que a su vez abandera a Xóchitl Gálvez—, y “Alito Moreno”. Comentó que aunque estaba convocado Santiago Creel Miranda, el jefe de la campaña de Xóchitl Gálvez, él nunca llegó a “esta reunión atípica, incómoda en donde está la cúpula del Poder Judicial y el presidente de uno de los partidos políticos”.
Hasta el momento la Ministra Norma Piña, quien fue la que organizó este encuentro, no ha salido a dar su versión de los hechos. No obstante, Alejandro Moreno Cárdenas confirmó que acudió a esta cena a finales del año pasado. “Es un tema normal, es un tema natural, vemos temas de las entidades federativas, temas del Poder Legislativo”, sostuvo en declaraciones a la prensa. El Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, otro de los asistentes, también acordó la existencia de esta reunión. “No tengo ni tenemos mayores comentarios sobre un encuentro al que fuimos invitados por la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, declaró a Milenio Televisión. “Ahora sí que como dice el clásico, yo cené y me fui, es lo que podría decir”.
Reyes Rodríguez Mondragón, exmagistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro
Felipe de la Mata Pizaña indicó que el encuentro se dio en el marco de la renuncia de Reyes Mondragón a la presidencia del Tribunal Electoral, una posición que dejó en medio de señalamientos de sus compañeros por irregularidades como permitir la injerencia de despachos de abogados en la vida interna de este organismo que calificará la elección del próximo 2 de junio. Salvador Frausto narró a “Los Periodistas” que se sabe que Norma Piña buscaba dejar a Rodríguez Mondragón, un exfuncionario del Gobierno de Felipe Calderón, al frente de este Tribunal por un acuerdo con el PRI y PAN.
“Lo que se sabe es que la Ministra tenía el acuerdo con las cúpulas del PRI y PAN para dejar como presidente del TEPJF a Reyes Rodríguez Mondragón porque se sentían cómodos con él. En las comunicaciones por Whatsapp, digamos le dan el avión y finalmente se concreta esa cena y ahí les acerca a uno de los inconformes, a “Alito” Moreno, el otro inconforme no asistió, que era Creel”, señaló.
Y ahondó: “es una noticia en progreso, seguimos reportando e indagando lo que se dijo en esa cena, lo que hemos podido confirmar hasta ahora es que el motivo por el que los invitaron era para limar asperezas por las presiones que le había hecho Norma Piña para apoyar a Reyes Rodríguez Mondragón y les decía, vamos a limar asperezas, vamos a sentarnos y pues si ya Mónica Soto va a ser la jefa del TEPJF, pues platiquemos, nada más que en esa reunión les cayó por sorpresa Alito Moreno”.
Desde Morena y la campaña de la candidata de la izquierda Claudia Sheinbaum se ha visto este encuentro como una muestra de la cercanía del Poder Judicial y la campaña de la derecha que abandera a Xóchitl Gálvez. “¿Cómo la presidenta de la Suprema Corte promueve una reunión entre magistrados electorales y dirigentes de partidos políticos? De ser cierta esta cena lo que mostraría es el vínculo directo que hemos estado hablando y del que ha hablado el presidente, en donde la Suprema Corte y la presidencia de la Suprema Corte actúan políticamente y están operando electoralmente”, denunció Sheinbaum Pardo.
El Ministro González Alcántara Carrancá en la marcha de la “Marea Rosa” del pasado 23 de octubre. Foto: Especial.
En entrevista con “Los Periodistas”, Gerardo Fernández Noroña, uno de los voceros de la campaña de Sheinbaum, cuestionó la presencia de Alejandro Moreno Cárdenas en la cena. “Qué hacía ahí el Presidente del PRI y qué hacía ahí invitado el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez (Santigo Creel). Ese tema es delicadísimo, gravisímo, los medios están silenciándolo pero nosotros no debemos soltar que la Presidenta de la Corte, Norma Piña, debe decir por qué invitó a esos dos personajes y qué acuerdos pretendía tomar o tomó”.
Noroña señaló que actos como este muestran que el verdadero partido conservador es la Suprema Corte. “El PRI y el PAN no sirven para nada, les da vergüenza, la ‘Marea Rosa’, Fuerza y Corazón, se esconden de todas las maneras, pero quien está generando oposición, rompiendo el orden Constitucional y cobijando a una candidatura” es la Suprema Corte. “Me parece que hay que emplazar a Norma Piña a que diga por qué invitó a esos dos políticos, no tenían nada que hacer ahí”, sostuvo.
Fernández Noroña advirtió que se trata de un uso faccioso de las instituciones: “La Corte tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas en un golpeo permanente al Ejecutivo y al Legislativo, en una actitud absolutamente hipócrita y además en una actitud irresponsable porque al querer que se descarrile el proceso electoral imagínense lo que pasaría”.
“Hay que recordar que el Tribunal Electoral tiene la última palabra en la elección […] La Ministra presidenta de la Corte es la cabeza del Poder Judicial, ni más ni menos, y si bien el Tribunal Electoral es un espacio autónomo del Poder Judicial especializado en materia electoral y como tiene estamos diciendo califica la elección”.
Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI. Foto: Cuartoscuro
En ese sentido, el periodista Salvador Frausto compartió que se sabe que los magistrados electorales y otros asistentes a la cena interpretaron este encuentro “como una manera de acercar a la coalición de Xóchitl Gálvez con los magistrados electorales, esa es la interpretación de los asistentes a la cena, pero también en los pasillos de la Suprema Corte, que es así como se origina esta nota periodística, era una vox populi en el sentido de que por lo menos había sido imprudente de, en tiempos electorales, acercar a la opositora con los árbitros electorales, sobre todo cuando habían quitado a la cabeza que les era muy cómoda al PRI y PAN. Entonces, digamos que la intención es una suerte de cabildeo de la Ministra presidenta de la SCJN para con su cercano amigo Alito Moreno”.
Frausto señaló que la Ministra Norma Piña debe explicar el motivo de esa reunión. “La Ministra tendrá que dar una respuesta porque esa exigencia de respuesta la merecen los ciudadanos, sobre todo a dos semanas y media de la elección presidencial y sobre todo porque el propio Presidente ha advertido de un ánimo de querer judicializar la elección ante una eventual derrota de la oposición. Esto que fue a decir Xóchitl Gálvez a los Estados Unidos de que hay una erosión de la democracia y una elección de Estado parece que es una narrativa que está construyendo la coalición opositora para cuestionar la elección”.
Un grupo de presuntos normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con el rostro cubierto, lanzaron petardos y objetos explosivos en contra de la fachada de Palacio Nacional, en la explanada del Zócalo capitalino. Los hechos dejan 26 policías de la Ciudad de México heridos por las esquirlas de los cohetones.
En videos que circulan en redes sociales, se observa cómo los manifestantes arrojaron objetos explosivos hacia la fachada de Palacio Nacional, lo cual provocó la movilización de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.
De acuerdo con reportes, los presuntos normalistas pedían una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para solicitar apoyos económicos. Tras los hechos provocados en el Zócalo capitalino, aunque algunas otras versiones señalan que la movilización fue por la liberación de los ocho militares involucrados en el Caso Ayotzinapa, tras la violenta movilización los manifestantes se retiraron a bordo de los autobuses en los que llegaron.
🚨 #Alerta | 📹 #Vídeo | Luego de una manifestación, presuntos normalistas con el rostro cubierto lanzaron petardos y objetos explosivos contra Palacio Nacional, posteriormente se retiraron a bordo de sus autobuses.
Sin embargo, la SSC informó que ante las manifestaciones y el lanzamiento de los objetos explosivos resultaron 26 policías capitalinos heridos, por las esquirlas de los petardos y cohetes.
A través de una tarjeta informativa, la dependencia de seguridad capitalina detalló que los uniformados recibieron atención médica por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), en siete ambulancias.
Asimismo, señalaron que los elementos de la SSC presentaban heridas en las piernas, los brazos y los glúteos, razón por la que fueron trasladados a distintos hospitales para que reciban la atención médica especializada.
El pasado 8 de mayo, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares de ocho militares relacionados con el caso Ayotzinapa, la titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México determinó liberarlos y sustituir las medidas a las que estarán sujetos.
Dicha audiencia fue la continuación de la que se inició el 6 de abril de 2024, para debatir los alegatos de clausura de las partes.
Al igual que su criterio previo, la jueza estimó que aún cuando se demostró un riesgo cautelar, este no podía ser considerado “elevado”, por lo que no ameritaba prisión preventiva.
La juzgadora determinó que el cambio de medida cautelar de los ocho militares procesados por el caso Ayotzinapa no incrementaría el riesgo de sustracción, peligro de obstaculización del proceso ni se pondrían en riesgo las víctimas y testigos.
Con base en esa valoración, la representante del Poder Judicial de la Federación modificó las medidas cautelares no privativas de libertad previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Las medidas que les impuso a los ocho imputados son: presentación periódica quincenal los días 1 y 16 de cada mes; garantía económica de 100 mil pesos, por lo que dejó a disposición de los procesados los billetes de depósito de 50 mil pesos exhibidos previamente; prohibición de salir del país; prohibición de convivir y acercarse a las víctimas y testigos, siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa.
Aunado a lo anterior, la jueza argumentó que la libertad obedece a que aún en este caso en el que hay dos delitos conexos, no implica que de manera automática tendría que imponerse la prisión preventiva, ya que son hechos circunstanciales materia de dos ejercicios de la acción penal, que no son suficientes para la prisión preventiva justificada.
Además señaló que las evaluaciones de riesgo llevadas a cabo, coincidentemente, en cuanto al fondo y su contenido se advierte que existen elementos para cuestionar su objetividad entre ello, que estaba evidenciado el arraigo domiciliario, familiar, laboral.
Debido a que la revisión de medidas cautelares de los ocho militares se dio en cumplimiento a la resolución de un incidente en revisión (juicio de amparo fallado por Tribunal Colegiado), ya no es viable su impugnación.
La FGR acusó a Rosario Robles por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Rosario Robles evitó que se librará una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en diversos delitos.
Las autoridades acusan a la exfuncionaria por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal del Altiplano se negó a girar la órden de aprehensión.
Y es que, la Fiscalía General de la República (FGR) busca obtener la detención en contra la exsecretaria de Desarrollo Social.
Según se informó, la resolución se emitió el pasado 3 de abril en acato a la sentencia de un Tribunal Colegiado que confirmó un amparo.
Tribunal ordena reponer el procedimiento contra Rosario Robles
Por lo que, el Tribunal Colegiado ordenó reponer el procedimiento y con libertad de jurisdicción determinar si procedía o no librar la orden de aprehensión.
O en su caso, si Robles debía ser citada a una audiencia para que se le notifique la existencia de la órden de aprehensión.
Por lo que, el juez tendrá que analizar nuevamente la petición que hizo la Fiscalía en contra de Rosario Robles.
Y se tendrá que establecer las circunstancias de tiempo, modo y forma en que supuestamente se cometieron los supuestos delitos.
“Los agravios que hacen valer los recurrentes principales, a mi juicio, no combaten las consideraciones que sustentaron la concesión del amparo, toda vez que los ministerios públicos, ya sea el adscrito a la Unidad Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, así como el Ministerio Público adscrito al juzgado de origen, se limitan a repetir las consideraciones que vertió la autoridad responsable, al dictar la resolución. Con independencia de que este tribunal pudiera o no compartir la decisión que adoptó el juez de distrito para conceder la protección de la justicia, la misma debe ser confirmada por la inoperancia de los agravios de los recurrentes principales”, indicó el Tribunal.
Esta mañana fue cuando Salinas Pliego anunció que invertirá el doble de dinero para rescatar el campo de golf.
Ricardo Salinas Pliego informó que el campo de golf Tangolunda, en Huatulco, no será clausurado por ahora, gracias a que “se aplicó la Ley”.
“La ley sí es la ley”, dijo el empresario Salinas Pliego tras propinarle un nuevo revés al Gobierno mexicano.
Desde el momento en que el Gobierno Federal tomó control del campo, Salinas Pliego se dedicó a compartir fotos del campo de golf en condiciones deterioradas, como por ejemplo el pasto seco.
Esta mañana fue cuando Salinas Pliego anunció que invertirá el doble de dinero para rescatar el campo de golf, el cual fue clausurado el 11 de marzo, luego de que venció la concesión que se le otorgó en el año 2012.
El empresario utilizaba apoyo de Fonatur para el mantenimiento del campo, y pese a ello Salinas Pliego insistió que tendría que invertir más para resignificar el lugar.
A través de redes sociales dijo que organizará torneos de golf en cuanto se recupere el campo, por lo que fijó como fecha el 2 de Octubre, para festejar.
“Vamos a tener que meterle el doble de dinero para ver qué podemos rescatar del campo de golf… Luisa María Alcalde mande a sus gatos rápido a quitar los sellos de clausura, tenemos que ver qué podemos rescatar del campo”, posteó el empresario.
Lo anterior debido a una suspensión definitiva en contra de la clausura del campo de Huatulco.
Señores pues resulta que los #Gobiernicolas me la volvieron a pellizcar y que la ley si es la ley.
Vamos a tener que meterle el doble de dinero para ver qué podemos rescatar del campo de golf… @LuisaAlcalde mande a sus gatos rápido a quitar los sellos de clausura, tenemos que… pic.twitter.com/MAnAMpKvOG
— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 25, 2024
