El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha denunciado recientemente un total de 192 “sabadazos” que han sido cometidos por miembros del Poder Judicial a favor de presuntos delincuentes. Esta declaración se suma a los reclamos que el mandatario ha venido haciendo en las últimas semanas sobre las operaciones de jueces y magistrados en el país.
Durante su conferencia mañanera del martes, el presidente expresó su indignación ante esta situación. Se preguntó cómo es posible que durante la semana se liberen a 58 personas y durante el fin de semana se liberen a 192. Considera esto como una vergüenza y lo califica como corrupción.
Esta denuncia surge en un contexto en el cual el general Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, expuso que desde diciembre de 2018 hasta la fecha actual se han ordenado la liberación de 192 delincuentes durante los fines de semana. Mientras tanto, solo se dictaron estas medidas en 58 casos durante los días laborables.
El subsecretario también señaló que esta práctica tiene como objetivo evitar una revisión rápida si alguno de los liberados tiene otra causa pendiente en alguna fiscalía estatal. Además, indicó que estos casos involucran únicamente a personas detenidas por delitos del fuero federal en penales federales.
Entre los casos mencionados se encuentran implicados en homicidio, secuestro, delincuencia organizada, narcotráfico, posesión ilegal de armas o peculado. Es decir, son personas relacionadas con crímenes graves y peligrosos para la sociedad.
López Obrador no dudó al comparar esta situación con lo que sucede con la llamada “delincuencia de cuello blanco”, refiriéndose a aquellos individuos o empresas involucradas en actividades financieras fraudulentas u otros actos ilícitos relacionados con economía y poder financiero.
En este sentido destacó también las acciones realizadas por parte del Poder Judicial para frenar los casos relacionados con 13 empresas que acumulan una gran cantidad adeudada al gobierno mexicano; casi 130 mil millones pesos están pendientes por cobrar debido a estas acciones judiciales. Estos hechos evidencian no solo irregularidades sino también complicidades entre algunos miembros del sistema judicial mexicano y presuntos criminales o entidades corruptas. Es importante resaltar la preocupación mostrada por el presidente López Obrador ya que estas prácticas afectan gravemente la seguridad ciudadana y socavan la confianza pública en las instituciones encargadas de administrar justicia. Esperamos pronto ver avances significativos para erradicar este tipo conductas indebidas dentro del Poder Judicial Mexicano e impulsar reformas necesarias para garantizar un sistema judicial transparente e imparcial al servicio exclusivo del pueblo mexicano.
Jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación han beneficiado con liberaciones y diversos amparos –por ejemplo, para evitar extradiciones a Estados Unidos– a integrantes del crimen organizado. Una revisión elaborada por Contralínea arroja que, entre 2022 y lo que va de 2024, el grupo más favorecido es el Cártel Jalisco Nueva Generación, del que incluso el segundo al mando fue puesto en libertad. Por ejemplo, se les dictó libertad a dos hermanos del líder del CJNG, apodado Mencho: Abraham –Don Rodo– y Antonio –Tony Montana– Oseguera Cervantes. A la lista se suman: Erick Valencia Salazar, cofundador del cártel; Ramón Álvarez Ayala, el Moncho o R1; así como el exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, destituido por presuntamente mantener nexos con esa organización. El Cártel de Sinaloa figura como el segundo más favorecido, y otras agrupaciones –como el Cártel del Golfo, Cártel Santa Rosa de Lima, Guardia Guerrerense– también recibieron beneficios de este tipo
Presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación –algunos de muy alta jerarquía e identificados como generadores de violencia extrema– figuran como los más favorecidos por el Poder Judicial de la Federación. Jueces y magistrados ordenaron la libertad, por ejemplo, de dos hermanos de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG: se trata de Abraham –Don Rodo– y Antonio –Tony Montana, quien aún enfrenta prisión por otros delitos–. Además, fallaron para que Erick Valencia Salazar, cofundador de la organización, abandonara la prisión. Lo mismo ocurrió con Ramón Álvarez Ayala, el Moncho o R1; así como el caso del exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, destituido por presuntamente mantener nexos con esta organización.
En segundo lugar, figura el Cártel de Sinaloa, con los casos de Héctor Palma –el Güero Palma–, uno de sus fundadores; Néstor Isidro, el Nini, jefe de sicarios de los Chapitos; Kevin Daniel Castro Beltrán, presuntamente relacionado con el Nini; y Leticia Rodríguez Lara, exintegrante de la Policía Judicial Federal, de la antigua PGR.
Entre los casos relevantes relacionados con grupos delictivos también sobresalen sentencias o resoluciones de jueces y magistrados a favor el de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; Luis Antonio Yépez, el Monedas, hijo del líder del Cártel Santa Rosa de Lima, y de ese mismo grupo: Fernando Emanuel Juárez, el Panther, Giovanni ‘N’ y Cristian ‘N’; estos dos últimos, supuestos cómplices del Monedas.
También están los casos de Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos; Edilberto Bravo Barragán, el Gavilán, presunto líder del grupo Guardia Guerrerense; Mario Alberto Cárdenas, el Betito, del Cártel del Golfo; el presunto narcomenudista Guadalupe Israel, el Choncho, quien opera en Guanajuato y ha sido detenido y liberado 16 veces entre 2022 y 2024; Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, de Los Mazatlecos.
Así, el Poder Judicial de la Federación mantiene una deuda con las víctimas de la violencia: en vez de procurar justicia, jueces y magistrados otorgan beneficios procesales a presuntos delincuentes, relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, lo que deja una escena de impunidad generalizada.
Y aunque en el contexto de la reforma al Poder Judicial de la Federación, grupos opositores y la agencia antidrogas estadunidense DEA afirman que uno de los riesgos del voto popular es que el crimen organizado podría postular narcocandidatos, la realidad es que jueces y magistrados llevan años dictando sentencias para favorecer a presuntos narcotraficantes. Más aún, algunos juzgadores han sido acusados de mantener supuestos nexos con los cárteles, como se ha revelado cada 15 días en el informe Cero Impunidad, elaborado por la Subsecretaría de Seguridad Pública.
Los beneficios del Poder Judicial a los cárteles del narcotráfico también contrastan con el llamado que hizo la ministra presidenta Norma Piña, de que la reforma ponga en el centro a las víctimas, pues hasta ahora algunos de sus subordinados –jueces y magistrados– siguen liberando a generadores de violencia extrema.
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Beneficios al Cártel Jalisco Nueva Generación
El Cártel Jalisco Nueva Generación es considerado por las autoridades como uno de los más violentos y peligrosos en la actualidad. Tiene su centro de operaciones en Jalisco y mantiene presencia en 28 de las 32 entidades del país, con excepción del triángulo dorado. A este grupo se le atribuyen diversos hechos violentos, como el secuestro de jóvenes para obligarlos a unirse a sus filas, o el asesinato de ocho trabajadores de un call center en mayo de 2023.
-Caso Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo. Reportes de inteligencia citados por el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, el hermano del líder del CJNG es uno de los principales operadores logísticos de esa organización criminal. A pesar de ello, el juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal del Estado de México –con sede en el penal de Almoloya de Juárez–, Rogelio León Díaz Villarreal, falló por la no vinculación a proceso del presunto integrante del CJNG, detenido por la Guardia Nacional la madrugada del domingo 21 de abril durante un operativo.
Así, por órdenes del juez fue liberado una semana después de su detención, tras una audiencia realizada el día sábado 27 de abril, que se prolongó hasta la madrugada del domingo 28. El juez consideró inverosímil que una persona de 71 años se encontrara a las 3:48 de la madrugada portando armas y con la cantidad de 2 mil 11 pastillas de fentanilo y 38 gramos de cocaína, porque si se tratara de una persona que se dedicara a la venta de estupefacientes los tendría al interior de su casa y no en el cuerpo.
Además, consideró que Abraham Oseguera no estaba en condiciones óptimas de salud para cargar un arma larga, con base en la opinión de un médico que ofreció el detenido; es decir, no se recurrió a un dictamen pericial. En la audiencia, el agente del Ministerio Público cuestionó al médico, quien aceptó que su cliente sí podía cargar hasta cinco kilogramos de peso.
Sin embargo, el juez concluyó que existió una variación de hechos entre lo manifestado en el informe policial y los videos aportados por la defensa. En los videos, según la percepción del juzgador, no se advierte que el detenido haya podido correr hacia su domicilio por temas físicos y de salud, tampoco se le observó armado pero sí se aprecia cuando los elementos de la Guardia Nacional lo sacan de la casa.
De acuerdo con la Subsecretaría de Seguridad Pública, dichos videos fueron aceptados como válidos sin tomar en cuenta la opinión del perito en informática, quien estableció que éstos podían haber sido alterados o editados, al no contener el código que revelaría si fueron o no manipulados previamente.
-Caso Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana. Otro de los hermanos de Nemesio Oseguera, el Mencho, fue aprehendido en diciembre de 2022 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Fue vinculado a proceso por la portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El 29 de marzo de 2023, la jueza Abigail Ocampo Álvarez le otorgó un amparo para dejar insubsistente la vinculación a proceso por delitos contra la salud, acopio de armas, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército. Con ello, ordenó al juez de control reponer el procedimiento en su contra.
La jueza argumentó que la cantidad de cocaína que poseía el imputado no acreditaba que pretendía venderla, pues no se encontró una báscula o dinero en el lugar. En cuanto al acopio de armas, la juzgadora señaló que sólo se acreditó la existencia de cinco, y no más de cinco como lo había referido la Fiscalía. Además, argumentó que tampoco se acreditó que la posesión del armamento tuviera fines ilícitos.
-Caso Erick Valencia Salazar, alias el 85. Reconocido en reportes de inteligencia como el cofundador del CJNG, fue detenido en 2012, luego de mantener un enfrentamiento armado con miembros del Ejército que culminó con ataques a la población civil. A pesar de esta situación, fue puesto en libertad en diciembre de 2017, luego de que el juez federal de Guadalajara, Alejandro Castro Peña, determinó que hubo violaciones a su debido proceso y que no había pruebas suficientes en su contra. Su liberación se hizo pública hasta mediados de enero de 2018, porque ocurrió en periodo vacacional, lo que le impidió al gobierno federal impugnar la decisión del juez.
Fue recapturado en 2022 y también fue requerido por la Corte Federal de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, por tráfico de drogas entre 2003 y 2008; pero el 12 de septiembre de 2023, el juez Alfonso Alexander López Moreno otorgó una suspensión definitiva en favor de Erick Valencia para que no se ejecutara el acuerdo de extradición emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta en tanto se resolviera el amparo promovido por el detenido. Por esta resolución, su proceso se alargó hasta que el 27 de febrero. El gobierno federal presionó el dictamen judicial hasta que se le negó el recurso de amparo contra la extradición en febrero de 2024. A la fecha no ha sido extraditado.
-Caso Ramón Álvarez Ayala, el Moncho o el R1. Es identificado como presunto lugarteniente de Los Valencia, del CJNG, y segundo al mando dentro de la organización liderada por el Mencho. Mediante un auto con fecha 18 de noviembre de 2022, el juez Julio César Moreno Fierros, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Sonora, en su calidad de juez exhortado, y en cumplimiento a la sentencia absolutoria decretada por la jueza Primera de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, solicitó al Cefereso número 11 en Sonora ponerlo en inmediata libertad.
Su detención se dio en 2012 y sobre él pesaban cinco procesos judiciales, los cuales fueron cayendo hasta llegar a este último donde se ordenó su liberación. Todas las resoluciones judiciales tuvieron una constante: hubo desvanecimiento de pruebas, no comparecieron testigos y, a criterio de los jueces, no habían elementos suficientes para acreditar responsabilidad alguna. Además de que la última decisión de liberarlo se dio la madrugada de un sábado, para no llamar la atención y que la FGR no apelara el fallo.
-Caso del exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez. En una sesión privada celebrada el 20 de febrero de 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la destitución del magistrado, tras ser señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta determinación fue tomada tras resolver un recurso de revisión administrativa. Dicho juzgador figuraba en lo más alto del organigrama de la estructura jerárquica del CJNG.
En 2016, como magistrado del Séptimo Tribunal Unitario de Circuito, con sede en Guadalajara, Jalisco, Isidro Avelar exoneró de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, a Nemesio Oseguera González, el Menchito, hijo del líder del CJNG y quien fue extraditado a Estados Unidos.
En 2017, el Departamento de Justicia del Tesoro de Estados Unidos lo señaló por favorecer al grupo delictivo y fungir como su operador financiero. Aunque no se le acusó por delincuencia organizada –pues no se pudo comprobar que hubiera recibido dinero del Mencho–, sí se le acusó de enriquecimiento ilícito, porque habría recibido más de 12 millones de pesos sin poder justificar su procedencia. En julio de 2023 el juez Daniel Ramírez Peña lo absolvió del proceso, debido a que determinó que “fue poco ético, pero no ilegal” el enriquecimiento ilícito del exmagistrado vinculado al CJNG.
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Beneficios al Cártel de Sinaloa
El Cártel de Sinaloa tiene su mayor influencia en Sinaloa, Durango y Chihuahua (región conocida como el triángulo dorado). Además, se tiene información de su presencia en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Este grupo es responsable del Culiacanazo o jueves negro: una serie de enfrentamientos armados entre elementos de las Fuerzas Armadas y miembros de la facción de los Chapitos, con el objetivo de liberar a Ovidio Guzmán, alias el Ratón, ocurridos el 17 de octubre de 2019.
-Caso Héctor Luis Palma Salazar, el Güero Palma. Fundador y uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa –junto a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo–, fue detenido en mayo de 1995, acusado de los delitos de homicidio, narcotráfico y asociación delictuosa. El 3 de mayo de 2023, el gobierno federal dio a conocer que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, notificó en la madrugada del sábado 1 de mayo –día festivo y de descanso obligatorio en México– a la dirección del penal de máxima seguridad Altiplano, la resolución de absolución a Héctor Luis Palma Salazar, por el delito de delincuencia organizada, presentada por el Ministerio Público de la Federación, en la causa penal 6/2018-IX. El capo fue reaprehendido al salir de prisión.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó dicha liberación como un sabadazo, práctica que consiste en liberar a los presuntos delincuentes en fin de semana, lo que complica a los directores de los reclusorios indagar si existen órdenes de aprehensión vigentes en otros estados.
Para el 17 de mayo de 2023, Cecilia Crockman Flores –encargada del despacho del Juzgado de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero– decretó auto de libertad de la acción penal por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de nueve personas ordenando su liberación en un plazo de tres horas.
El 27 de febrero de 2024, el juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, Conrado Alcalá Romo; otorgó un amparo que dejó insubsistente la orden de aprehensión en contra del Güero Palma por el proceso de homicidio en agravio de Juan Castillo Alonso, subdirector del penal de Puente Grande, Jalisco; cometido en 2000.
-Caso Néstor Isidro, el Nini. El mismo día de su detención (22 de noviembre de 2023) y de manera inmediata, la jueza María de los Ángeles Sánchez Cisneros otorgó una suspensión de plano a favor del presunto integrante del Cártel de Sinaloa, para evitar que fuera extraditado a Estados Unidos. El quejoso había manifestado en su amparo que fue víctima de actos de tortura e incomunicación; sin embargo, el 23 de noviembre de 2023, el actuario del juzgado se cercioró que el detenido se encontraba en buenas condiciones, no presentaba lesiones visibles, golpes o moretones y no había sufrido de malos tratos.
-Caso Kevin Daniel Castro Beltrán. Dos días después del arresto del Nini, fue detenido Kevin Daniel por elementos de la FGR y miembros de la Sedena tras un cateo realizado el 23 de noviembre de 2023, en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Montecarlo –en Culiacán, Sinaloa–, donde al detenido le aseguraron más de 6 mil tabletas de fentanilo, otras drogas y armas de distintos calibres.
Una semana después de su arresto, el juez Alberto Díaz Cruz decidió no vincularlo a proceso. Su dictamen se basó en un video que presentó la defensa de Kevin Daniel, en el que se observa que al domicilio ingresaron 21 elementos y no sólo los nueve que firmaron el acta de cateo; por lo que, a consideración del juzgador, “no hay certeza de quiénes y cuántos servidores públicos intervinieron en la diligencia”.
De acuerdo con la Subsecretaría de Seguridad Pública, el juez “confundió” a los elementos que brindaban únicamente seguridad perimetral con aquellos a los que les corresponde la búsqueda y localización de indicios, y que son los únicos autorizados para firmar el acta.
-Caso Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety. Fue policía judicial federal, pero abandonó su puesto para unirse al Cártel de Sinaloa, donde comenzó a controlar la zona de la Riviera Maya. Al respecto, las autoridades presumen que Leticia Rodríguez controlaba en esa zona la distribución de narcóticos procedentes de Colombia hacia Sonora y Sinaloa, para después ser enviados a Estados Unidos.
De acuerdo con la información, tiempo después decidió separarse de este cártel para convertirse en jefa de plaza del Cártel del Golfo. Se inició una carpeta de investigación en su contra el 31 de julio de 2017, tras una denuncia anónima en la que se le señaló por la venta y distribución de cocaína en la zona hotelera y turística de Quintana Roo, por lo que fue detenida el 9 de agosto. Ese mismo día promovió un recurso de nulidad para impugnar cualquier sentencia en su contra, argumentando supuesta tortura, con ello logró que la magistrada Sara Olimpia Reyes García excluyera una prueba documental contemplada en la causa penal 104/2008, lo que dio como resultado un fallo absolutorio el 11 de noviembre de 2022 a favor de Leticia, y su hijo José Rafael.
Una segunda carpeta de investigación fue abierta el 9 de agosto de aquel año, pues al momento de su detención sobre la carretera Puebla-Córdoba, en compañía de otras tres personas, se les aseguraron armas de fuego, envoltorios y bolsas con metanfetaminas. Pese a las pruebas presentadas el 1 de julio de 2022, el juez Francisco Marroquín Arredondo le dictó sentencia absolutoria.
La tercera carpeta de investigación fue abierta por el delito de delincuencia organizada y contra la salud, con motivo de una denuncia anónima que le acusaba de ser propietaria de tres inmuebles en Cancún, donde presuntamente guardaba mercancía, droga y dinero. Pero el 13 de enero de 2022, el juez de control de la carpeta administrativa 335/2021 resolvió “no vincular a proceso” a Leticia Rodríguez, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, resolución que fue confirmada el 2 de marzo de 2022 por el Primer Tribunal Unitario del 27 Circuito.
Fue liberada el 18 de noviembre de 2022, y aunque el gobierno federal anunció en la conferencia mañanera que buscaría apelar la decisión del juez del Tribunal de Enjuiciamiento, la liberación se dio de una forma muy rápida. De acuerdo con la Subsecretaría de Seguridad Pública, al dictarle libertad se echaron abajo más de 10 años de inteligencia de investigación contra las actividades del Cártel de Sinaloa en Quintana Roo.
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Beneficios del PJF al Cártel Santa Rosa de Lima
-Caso Fernando Emanuel Juárez Morelos, el Panther. El juez Jorge Quiroz Quintero emitió un fallo absolutorio a favor del Panther, considerado como el sucesor de José Antonio Yepes, el Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en agravio de tres agentes de la Fiscalía General de Guanajuato, y daños dolosos en agravio de esta misma institución. Por esta razón ordenó de manera inmediata su libertad.
De acuerdo con el juez Quiroz Quintero, los elementos probatorios ofrecidos no fueron suficientes para acreditar la participación de Fernando Emmanuel en estos hechos. Actualmente sigue preso en el Cefereso 18 de Coahuila, ya que enfrenta cargos por otro proceso penal.
-Caso José Antonio Yépez, el Monedas, y sus presuntos cómplices. El hijo del líder del Cártel Santa Rosa de Lima fue detenido el 7 de enero de 2024 junto a otras dos personas, por elementos de la Fiscalía General de Guanajuato, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la FGR, tras repeler una agresión armada suscitada en una comunidad del municipio de Juventino Rosas. Pero fue puesto en libertad cinco meses después.
El pasado 17 de junio, tras una votación unánime el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa –integrado por los magistrados Carlos Alberto Martínez Hernández, Eustacio Esteban Salinas Wolberg y Eduardo López Muñoz– concedió una suspensión provisional para dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta a él y sus presuntos cómplices el 9 de enero, por considerarla “inconvencional”.
El tribunal ordenó a la jueza de control celebrar una nueva audiencia para poner a discusión otras medidas cautelares, e incluir la posibilidad de la prisión preventiva justificada. En la audiencia celebrada el 18 de junio, la jueza María del Refugio Castañeda Guillén impuso como medidas cautelares la presentación periódica y una garantía económica.
En el caso de Luis Antonio, le prohibió acercarse a los policías aprehensores así como salir del país; y a pesar de que la jueza reconoció el alto riesgo de fuga, no lo consideró suficiente para justificar la prisión preventiva. La juzgadora también rechazó considerar que Luis Antonio fuera hijo del Marro.
Aunque el gobierno federal ordenó una revisión para determinar si existían otros procesos en su contra y poder aprehenderlo nuevamente, el mismo 18 de junio la jueza determinó un plazo de 24 horas para el cumplimiento de la resolución, y poner en libertad a este presunto delincuente.
Respecto a los otros dos detenidos, Giovanni “N” y Cristian “N”, la jueza también prescindió de la prisión preventiva justificada, pues a su consideración había poco riesgo de sustracción.
Tras los asesinatos de tres agentes de seguridad vial y de tránsito ocurridos la mañana del pasado 10 de julio en la salida de la carretera Celaya-Salvatierra, el presidente López Obrador detalló que, de acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad, se tiene la hipótesis de que el aumento de violencia en Guanajuato, y esos crímenes en particular, están relacionados con la liberación de Luis Antonio Yépez –alias el Monedas– hijo del Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima.
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Otros casos relevantes
En el abanico de casos relevantes de jueces que favorecen a presuntos delincuentes destacan:
Caso Rafael Caro Quintero. A éste –junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, don Neto– la DEA lo acusa de haber planeado el secuestro y asesinato del agente Enrique Kiki Camarena. Por ese crimen es requerido por una Corte Federal del Distrito Central de California, por lo que el gobierno de Estados Unidos solicitó a México su extradición. No obstante, el 22 de septiembre de 2023, el juez José Fernando García Quiroz otorgó una suspensión provisional contra todo acto tendente a extraditar a Caro Quintero de territorio nacional.
El mismo juez le concedió una suspensión de plano el pasado 27 de mayo para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar la petición de extradición hecha por el gobierno estadounidense, lo que preocupó al gobierno federal al considerar que tras esta decisión podría ser liberado como ocurrió en 2013, cuando ganó un amparo que fue otorgado por la jueza Abigail Ocampo (misma que otorgó un amparo a Tony Montana hermano del Mencho).
-Caso Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. El 7 de septiembre de 2023, el juez Julio Veredín Sena Velázquez otorgó una suspensión provisional al hermano del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quien heredó el liderazgo del Cártel de Juárez y fue requerido por la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, acusado de 46 cargos, entre ellos lavado de dinero, actividad criminal continua, importación y posesión con la intención de distribuir cocaína y marihuana, entre otros.
-Caso Edilberto Bravo Barragán, el Gavilán. Había sido sentenciado a 50 años de prisión, pero el 20 de enero de 2021, el magistrado Benjamín Gallegos Segura ordenó la inmediata y absoluta libertad de Edilberto Bravo, alias el Gavilán, tras revocar la sentencia definitiva decretada por el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal –con competencia en Azueta y Montes de Oca– por el delito de secuestro agravado. El argumento para liberarlo fue que existieron inconsistencias respecto al lugar de privación y cautiverio de la víctima, por lo que se concluyó que no habían elementos suficientes para acreditar el delito de secuestro agravado.
-Caso Mario Alberto Cárdenas, el Betito. El 11 de noviembre de 2022, el juez del Tribunal de Enjuiciamiento en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, dictó fallo absolutorio a favor de Mario Alberto, presunto integrante del Cártel del Golfo, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, y contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio del psicotrópico clorhidrato de metanfetamina. Se levantó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se ordenó su inmediata liberación.
-Caso Guadalupe Israel, el Choncho. El 26 de mayo de 2023, el juez José de Jesús Rodríguez Hernández ordenó la liberación del presunto narcomenudista Guadalupe Israel y siete de sus supuestos cómplices, a pesar de ser detenidos en flagrancia durante un cateo, en posesión de cocaína, marihuana y metanfetamina, así como en posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Este presunto delincuente ha sido detenido en por lo menos 16 ocasiones y pese a ser encontrado con grandes cantidades de drogas, armas y dinero ha sido puesto en libertad.
-Caso Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro. Considerado como presunto líder de la organización criminal Los Mazatlecos, fue absuelto por el juez Aníbal Castro Borbón, luego de considerar que aunque fue detenido después de agredir a elementos del Ejército Mexicano y resguardarse de forma ilegal en una propiedad privada, el morador propietario de dicho inmueble ratificó de manera tardía –por temor a posibles represalias– ante el juez de control, su autorización para la entrada de los elementos de seguridad al domicilio para realizar la detención, lo que consideró razón suficiente para declarar nulas todas las pruebas y otorgar la absolución.
Así, los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que liberan a generadores de violencia extrema también son responsables por la actual violencia que se vive en el país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó el diálogo directo solicitado por Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para debatir sobre el contenido de la iniciativa de Reforma Judicial. En tanto, señaló que él está convencido de que hace falta que tal proyecto de modificaciones legales se concrete y que los jueces, magistrados y ministros sean electos como lo propuso.
En conferencia de prensa, AMLO celebró que Norma Piña esté dispuesta a dialogar sobre el contenido de la Reforma Judicial; sin embargo, comentó que él ya no tiene nada que ver en eso porque, de acuerdo con sus facultades constitucionales, él termina su intervención al enviar la iniciativa al Congreso de la Unión. No obstante, señaló que ésta u otros integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) podrían reunirse con los legisladores o con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.
“Luisa [Alcalde] podría reunirse con los ministros, considero que también estarían dispuestos en el Congreso [a discutir el tema]. Qué bueno que se reconoce que hace falta la reforma, es un paso adelante. Sobre los procedimientos, el método de elección de jueces, magistrados y ministros [y más] será analizado por el Congreso, es función del poder legislativo, pero debe haber diálogo”, manifestó el mandatario nacional.
Respecto a los dichos de la ministra respecto a que su iniciativa en realidad provocará que los puestos públicos sean ocupados por personas populares y no por los mejores o más preparados, López Obrador dijo que él tenía una visión distinta, ya que cree que lo que se necesita para los cargos judiciales es honestidad y ser incorruptible. Al respecto, sostuvo que los abogados egresan de las escuelas de derecho con mucha ilusión de aplicar la ley sin distintos, pero que muchas veces es precisamente en la adquisición de experiencia cuando aprenden a torcer la ley.
AMLO insistió en que el pueblo debe elegir a los jueces, magistrados y ministros porque es sabio, tiene un instinto certero y sabe lo que le conviene, aunque no le guste a muchos aceptarlo. A la par, sostuvo que los funcionarios judiciales deberían comenzar a interiorizar que ellos están para servir a la ciudadanía y no a grupos de intereses privados, ya que se han vuelto un instrumento al servicio de una minoría o un poder faccioso al servicio de una facción. Además, expresó su molestia por la protección que el Poder Judicial ha hecho de jueces corruptos y el otorgamiento de su libertad a otros que deberían estar presos.
“Le diría con respeto ¿Por qué no resuelven lo del pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros? ¿Por qué tardan tanto en resolver lo que debe ser rápida decisión? ¿Por qué las tácticas dilatorias? Que revisen los casos que tienen o por qué no dan un informe de los procesados sin sentencia desde hace años. ¿Por qué deciden ganar más que presidente contra la Constitución y tener fideicomisos para tener atenciones o privilegios como si fuese una burocracia dorada?”, planteó el político tabasqueño.
Finalmente, el presidente de la República expresó nuevamente que la Reforma Judicial no es algo personal contra Norma Piña, sino que tiene como finalidad limpiar al país pensando en las nuevas generaciones. En tanto, indicó que en su sexenio se terminó el que “no se tocaba al intocable” y eso causó que ahora incluso él recibiera insultos.
El ministro González Alcántara propone un plan paliativo para erradicar la corrupción en el Poder Judicial, pero el pueblo, cansado de sus promesas huecas, les advierte que ya es demasiado tarde y que el Plan C va.
El día de ayer se llevó a cabo el segundo foro para la discusión de la Reforma al Poder Judicial propuesto por el Presidente López Obrador y en donde el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Ancántara, criticó las reformas, señalando que no funcionarán.
El ministro, claramente en contra de perder sus privilegios, mencionó que una sala de 5 magistrados no puede revisar el actuar de más de 1 mil 600 personas juzgadoras, por lo que recomendó “cerrar las puertas de la corrupción desde la carrera judicial”.
Un tribunal disciplinario integrado por 5 magistrados no podrá revisar eficientemente la labor de más de 1,600 personas juzgadoras. Cerremos las puertas a la corrupción desde la carrera judicial: Min. Juan L. González Alcántara 🎦 https://t.co/bgYdYwqQCw#DiálogosReformaJudicialpic.twitter.com/eLXIxMXtsJ
Las declaraciones del ministro no fueron bien vistas por el pueblo de México, y es que mencionan que ya no es momento de tratar de reparar los daños que han causado a la impartición de justicia, sino que es momento de darle la “estocada final” a la corrupción en el máximo tribunal mediante el Plan C de la Cuarta Transformación.
“Solo esperaban los resultados del 2 de junio para hacer de las suyas, pero no se les cumplió. Su tiempo se acabó”.
También se leen comentarios que con justa razón, desestiman las palabras de González Alcántara, y es que la población mexicana no confía en la palabra de la elite dorada de la SCJN, señalando desde ahora que son medidas que nunca cumplirían.
Exacto, pero además son promesas y propuestas que sabemos no van a cumplir.
— Drama Queenskaya 🦭☭ (@MissSunshine4) July 2, 2024
Otros también lamentan que ahora los altos funcionarios del Poder Judicial salgan con estos pretextos, aún cuando ellos mismos son los que se han encargado de viciar al que debería ser el máximo tribunal del país.
Háganme el refregado favor. Ahora salen con este pretexto, cuando nunca han realizado eficiente trabajo.
Una de las principales deudas del Poder Judicial con el pueblo de México es la impunidad derivada de sus sentencias. Por ejemplo, en presuntos delitos de cuello blanco, el sistema de justicia falló a favor del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y de sus colaboradores Luis Cárdenas Palomino y Jannet Miriam Martínez Sánchez. Otro caso documentado es el de Ayotzinapa, con sentencias que no sólo beneficiaron a los presuntos responsables sino que impiden conocer la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos –casos: exprocurador Jesús Murillo Karam, expresidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa–; o las resoluciones que cambiaron medidas cautelares al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin; a Juan Collado, abogado de Carlos Salinas y amigo de Peña Nieto; a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social. A la lista se suman otros casos igual de indignantes: los de los exgobernadores César Horacio Duarte y Francisco Javier Cabeza de Vaca; el del priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; el del fiscal Uriel Carmona Gándara; el del exgobernador Roberto Borge Angulo; el del exadministrador de Javier Duarte en Veracruz, Gabriel Deantes Ramos; o del exfiscal Jorge Winckler
En plena discusión sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que conforman el llamado “bloque conservador” omitieron hacer una autocrítica a ese Poder de la Unión, en especial a sus decisiones que favorecen a los presuntos responsables de delitos de cuello blanco y del crimen organizado. Nada dijeron de la impunidad que propician las sentencias a favor de influyentes políticos o exservidores públicos que dañaron al erario de la nación, y que ahora disfrutan de esos recursos mal habidos o de su libertad sin ninguna consecuencia por sus actos.En la lista de beneficiarios de ese sistema que se busca reformar en la próxima legislatura del Congreso de la Unión están, por ejemplo, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y sus colaboradores Luis Cárdenas Palomino y Jannet Miriam Martínez Sánchez; el exprocurador Jesús Murillo Karam, el expresidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa–, presuntamente vinculados al caso Ayotzinapa; el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin; el abogado de Carlos Salinas y amigo, Juan Collado; la exsecretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto, Rosario Robles; los exgobernadores César Horacio Duarte, Roberto Borge Angulo y Francisco Javier Cabeza de Vaca; el del líder priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; el fiscal Uriel Carmona Gándara; el exadministrador de Javier Duarte en Veracruz, Gabriel Deantes Ramos; yel exfiscal de esa misma entidad, Jorge Winckler.
Todos los casos han sido documentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la sección “Jueces que favorecieron a presuntos delincuentes”, contenida en el informe quincenal Cero Impunidad, que se presenta en la conferencia presidencial.
Caso: García Luna
Actualmente detenido en Estados Unidos tras ser encontrado culpable de cuatro cargos por narcotráfico y uno más por falsificación de documentos, García Luna se salvó de enfrentar cargos en México gracias al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Gerardo Genaro Alarcón López. En mayo de 2023, el juzgador desestimó una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra el exsecretario de Seguridad Pública.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera, el desfalco al erario nacional cometido por la red de corrupción de García Luna supera los 745 mil millones de dólares, por lo que la Fiscalía General de la República lo acusó de un presunto incremento injustificado en su patrimonio.
Sin embargo, el juez Alarcón López descartó proceder, bajo el argumento de que no se demostró que el aumento patrimonial estuviera directamente relacionado con actividades ilícitas vinculadas al ejercicio de la función pública. La decisión fue ratificada posteriormente por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito.
Caso: Jannet Miriam Martínez Sánchez
Martínez Sánchez, quien enfrentaba cargos por delincuencia organizada y peculado relacionados con la red de corrupción presuntamente dirigida por García Luna, fue puesta en libertad el pasado 24 de junio. La extitular de la Dirección de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social fue aprehendida y vinculada a proceso por su presunta participación en el desvío de 5 mil 112 millones de pesos destinados a obras y servicios en penales federales.
Después de un año de detención y en una audiencia de revisión de medidas cautelares, el juez Gregorio Salazar Hernández revocó la prisión preventiva justificada. En su lugar, ordenó medidas cautelares no privativas de libertad y decretó su liberación inmediata, omitiendo los trámites de egreso obligatorios en estos casos. Se ordenó su salida directamente de la sala de audiencia, al término de la misma.
Caso: Luis Cárdenas Palomino
Quien fuera coordinador de Inteligencia de la Policía Federal en el gobierno de Felipe Calderón y colaborador cercano de Genaro García Luna, fue liberado de los cargos relacionados con el controversial operativo Rápido y Furioso. Éste fue ejecutado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, e introdujo ilegalmente más de 2 mil armas a México con el consentimiento del gobierno del gobierno de Calderón. El armamento fue entregado al Cártel de Sinaloa en 2009 –cuando García Luna estaba aliado a ese grupo delictivo encabezado por el Chapo Guzmán–, y contaba con unos chips para ser rastreados; sin embargo, la ATF perdió el control de éstas.
A pesar del daño que ese operativo causó, al contribuir a la violencia extrema, la jueza Novena de Distrito en Sonora, Jesús Karina Almada Rábago, dictó auto de libertad para Cárdenas Palomino el 20 de enero de 2024. Su argumento: “falta de elementos para procesar”. La acusación señalaba al colaborador de García Luna de omisión en el impedimento de la entrada clandestina de armas y municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la jueza determinó que no se presentaron pruebas suficientes y aptas para sustentar los cargos en su contra.
Actualmente, Cárdenas Palomino permanece detenido en el penal del Altiplano, enfrentando cargos por tortura contra de Mario Vallarta Cisneros–hermano de Israel– y su sobrino Sergio Cortez Vallarta, así como de los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, por presuntamente participar en la banda de secuestradores “Los Zodiacos”. Estos fueron detenidos el 27 de abril de 2012, y su caso se relaciona con el montaje televisivo que difundió el comunicador Carlos Loret de Mola en un noticiero de Televisa.
Cárdenas Palomino también enfrenta un proceso bajo acusaciones de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM
Caso: Jesús Murillo Karam
Conocido por ser el autor de la mal llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa. Como procurador General de la República en el sexenio de Peña Nieto, Murillo Karam afirmó que los 43 normalistas fueron asesinados y quemados por miembros del grupo Guerreros Unidos en el basurero municipal de Cocula, versión que fue refutada tiempo después.
El 2 de noviembre de 2023 –día feriado en México–, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal, José Rivas González, sustituyó al juez titular de la causa y fijó una audiencia de revisión de medidas cautelares. Estableció un plazo acelerado de dos horas y media, y cambió la medida cautelar a Murillo Karam de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Argumentó razones de salud, aunque el exprocurador llegó por su propio pie a la audiencia.
Su proceso por delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa aún continúa, pero ahora bajo la medida de arraigo domiciliario.
Caso: José Luis Abarca
El expresidente municipal de Iguala en el momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fue identificado como uno de los principales involucrados en este crimen. Sin embargo, el 15 de noviembre de 2023, un Tribunal Colegiado le otorgó un amparo para cambiar sus medidas cautelares, lo que permitió una nueva audiencia para reconsiderar la prisión preventiva oficiosa que enfrenta por delitos graves como homicidio.
Un año antes, el juez Samuel Ventura Ramos lo había absuelto del cargo de delincuencia organizada. Este mismo juez también dictó sentencia absolutoria para 24 personas relacionadas con el caso de los normalistas, incluyendo a aquellos acusados por el intento de homicidio de Aldo Gutiérrez Solano, estudiante que quedó en estado vegetativo tras recibir un disparo por parte de un policía durante los hechos.
Caso: María de los Ángeles Pineda Villa
En el mismo caso Ayotzinapa se encuentra el proceso contra la esposa de José Luis Abarca. El 24 de abril de 2023, Jorge Mario Montellano Iturralde –magistrado instructor del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito en el Estado de México– revocó la sentencia condenatoria de 10 años de prisión que le había sido impuesta a María de los Ángeles Pineda Villa, por delincuencia organizada. También ordenó la reposición del procedimiento, pues, a su consideración, el juez que la sentenció violó su derecho de seguridad jurídica (debido proceso, audiencia, defensa e igualdad).
De acuerdo con las declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, como parte del expediente por la desaparición de los normalistas, la señora Pineda Villa era la principal operadora del crimen organizado en Iguala. Primero se le relacionó con el cártel de los Beltrán Leyva, ya que sus hermanos Mario y Alberto Pineda Villa se desempeñaban como operadores financieros de dicho grupo delictivo, y posteriormente se le vinculó con Guerreros Unidos, pues Iguala era uno de sus centros de operación.
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Caso: Emilio Lozoya Austin
Los beneficiarios de ese sistema judicial que ha sido calificado como podrido va más allá de esos casos, y toca asuntos que implican desvío de recursos públicos y otras modalidades de corrupción. Ejemplo de ello es el caso de Emilio Lozoya Austin, una de las figuras centrales en el escándalo de corrupción global de Odebrecht, además de estar involucrado en el caso de la compra irregular de la planta chatarra Agro Nitrogenados.
El 23 de enero de 2024, la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña concedió una suspensión provisional a Lozoya, quien había promovido un amparo contra la resolución que le negaba el cambio de medida cautelar de prisión preventiva justificada por su implicación en el caso Odebrecht. Esta decisión se convirtió en definitiva el 6 de febrero del mismo año, cuando dicha jueza decretó la suspensión definitiva y revocó la prisión preventiva. Estableció medidas cautelares menos restrictivas, como el uso de brazalete electrónico y la presentación periódica quincenal. Esto, a pesar de que Emilio Lozoya fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga.
El magistrado Juan Pedro Contreras Navarro también otorgó un amparo a Lozoya el 19 de febrero de 2024, anulando la medida cautelar de prisión preventiva justificada que pesaba sobre él desde 2022. Contreras Navarro argumentó que la solicitud de esta medidano estaba suficientemente fundamentada, vulnerando los derechos de Lozoya a la certeza y seguridad jurídica,
Lozoya también enfrenta acusaciones por el caso Agro Nitrogenados, donde se le imputa la compra irregular de la empresa mientras dirigía Pemex durante el gobierno de Peña Nieto. Esta compra, junto con la de Grupo Fertinal, generó acusaciones de lavado de dinero y malversación de fondos públicos, siendo parte de un esquema de transferencias offshore vinculado al caso Odebrecht.
Además, el juez Genaro Alarcón López –quien también fue criticado por decisiones en casos anteriores como el de Genaro García Luna–suspendió el procedimiento contra Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta suspensión se basó en un acuerdo de reparación del daño firmado por el empresario Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), quien no ha cumplido íntegramente con los pagos acordados.
El 10 de noviembre de 2023, la jueza Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, Ana Lilia Osorno Arroyo, declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la FGR contra un inmueble de Lozoya valuado en más de 38 millones de pesos, adquirido presuntamente con recursos de procedencia ilícita.
FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
Caso: Juan Collado
En otro caso de fraude fiscal, el abogado de Carlos Salinas de Gortari y su hermano incómodo Raúl, Enrique Peña Nieto, Carlos Ahumada y Carlos Romero Deschamps. El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Guillermo Aquiles Villaseñor, determinó cesar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Juan Collado, a pesar de reconocer el riesgo de sustracción del imputado.
Sin embargo, continuó interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, por el proceso en que la Fiscalía le acusaba de blanqueo de capitales y delincuencia organizada, por la presunta venta simulada de un inmueble de la compañía Caja Libertad, propiedad del abogado, hasta que un juez federal lo declaró absuelto de los cargos.
En abril de este año, el abogado libró todos los procesos penales en su contra, luego de que un juez federal dio por concluido el último proceso que enfrentaba por el presunto delito de defraudación fiscal por un monto de 36.7 millones de pesos; el fallo se sustentó en la ponderación de que el delito había prescrito.
Luego de la detención de Collado, su hermana Lucía Collado se amparó contra toda posible orden de aprehensión, detención, búsqueda y localización que hubiera en su contra. El 15 de noviembre de 2023, el juez Medina Gaona otorgó suspensión provisional en favor de Lucía, mediante un “amparo buscapiés” –término utilizado en el argot jurídico para referirse a este recurso que busca conocer los elementos a disposición de la Fiscalía, en expedientes y carpetas de investigación para ganar tiempo y preparar una mejor defensa–. El argumento del juez fue que “de no otorgar la suspensión a Lucía se le podía causar daños y perjuicios de difícil reparación”.
Caso: Rosario Robles
Estuvo recluida en el penal de Santa Martha Acatitla por el caso conocido como “estafa maestra” ocurrido en el gobierno de Peña Nieto. Fue absuelta del delito de omisión por el desvío de 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales durante su función como titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Así lo determinó el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Roberto Omar Paredes.
Caso: César Horacio Duarte
Uno de los casos recientemente documentados fue el de César Horacio Duarte, exgobernador priísta de Chihuahua, a quien se le acusa de delitos graves como asociación delictuosa y peculado por alrededor de 96.6 millones de pesos. El 4 de junio de 2024, sin celebrar una audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza Hortensia García Rodríguez ordenó a la autoridad penitenciaria estatal que, a partir del 5 de junio, dejara sin efecto la prisión preventiva que cumplía el exgobernador de Chihuahua.
La jueza ordenó lo anterior tomando como base las dos resoluciones de apelación emitidas por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, mismas que establecen un máximo de dos años de prisión preventiva. Fue hasta el 6 de junio que la misma jueza, tras convocar a una audiencia de revisión de medidas, cambió la prisión preventiva a domiciliaria, portación de brazalete electrónico y entrega de pasaporte.
Caso: Francisco Javier Cabeza de Vaca
En 2023, tres comisiones del Congreso de Tamaulipas preparaban una iniciativa impulsada por diputados de Morena, para que los gastos de seguridad del exgobernador dejaran de financiarse con dinero público, ante lo cual Cabeza de Vaca solicitó un amparo, el cual le fue otorgado por el juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez.
El juez ordenó la suspensión definitiva contra el acuerdo que ordenaba el retiro de sus escoltas, pero unos meses antes, también dictó una suspensión contra la orden de aprehensión emitida por el delito de delincuencia organizada y un amparo en febrero de 2023. El político panista actualmente se encuentra prófugo de la justicia, acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Caso: Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
Conocido como el Príncipe de la basura, fue acusado del delito de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada en grado de tentativa, publicidad engañosa y asociación delictuosa, esto después de que una investigación periodística reveló que supuestamente dirigía una red de prostitución en la Ciudad de México, aprovechándose de su cargo como dirigente del PRI en 2014.
Fue detenido a finales de 2021 y actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Sin embargo, la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros le otorgó un amparo en junio de este año, contra cualquier nueva orden de aprehensión, presentación y/o su ejecución que exista en su contra. Esto, tras pagar una garantía por la cantidad de 87 mil 500 pesos.
Aunque el ex dirigente priísta continúa en prisión, su abogado espera que tras esta resolución pueda promover un nuevo amparo para que enfrente su proceso en libertad bajo prisión domiciliaria.
Caso: Uriel Carmona Gándara
El fiscal de Morelos fue detenido en cuatro ocasiones durante 2023, por dos imputaciones: su probable participación en el delito de retraso a la justicia por el feminicidio de Ariadna Fernanda, y por el delito de tortura. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Uriel Carmona no aplicó el debido protocolo para delitos de feminicidio y declaró de forma anticipada que la causa de la muerte de la joven había sido una broncoaspiración por intoxicación alcohólica, lo cual dio ventaja y ayudó a encubrir a los presuntos responsables del feminicidio.
Por el caso se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión: la primera por el delito de retraso a la justicia, por lo que fue detenido en agosto de 2023, sin embargo el 1 de septiembre del mismo año magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenaron su inmediata liberación por “no haberse respetado su fuero”.
La segunda orden fue girada por el delito de encubrimiento por favorecimiento, por lo que fue reaprehendido un día después de su liberación, pero nuevamente fue puesto en libertad, porque los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal le concedieron una suspensión provisional de la medida cautelar de prisión preventiva.
Una tercera orden fue obtenida por el delito de feminicidio en calidad de auxiliador, pero otro Tribunal en Materia Penal resolvió la suspensión definitiva de la medida cautelar de prisión preventiva y ordenaron su inmediata liberación por considerar que el acusado cuenta con fuero. Para abril de este año, el Poder Judicial de la Ciudad de México decidió cerrar la causa penal contra el fiscal por el feminicidio de Ariadna.
Caso: Roberto Borge Angulo
En audiencia de revisión de medidas cautelares –el 29 de septiembre de 2023– solicitada por el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Marco Antonio Beltrán Moreno, determinó modificar la prisión preventiva justificada y modificarla por la colocación de un brazalete electrónico, arraigo domiciliario y pago de una garantía de 10 millones de pesos.
Cuando el juez fue exhibido en una de las conferencias matutinas del presidente, publicó un video pidiendo ayuda al gobierno de Estados Unidos y a la ONU. En su mensaje señaló que “la democracia en México está en peligro” y pidió apoyo y solidaridad para empoderar la “independencia judicial”.
Caso: Gabriel Deantes Ramos
Ocupó el cargo de subsecretario de Finanzas de Administración en el gobierno del priísta Javier Duarte, en Veracruz. Fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito y sentenciado a seis años con seis meses de prisión, el 15 de junio de 2023. Sin embargo, en agosto del mismo año la jueza Primera de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, Zarahí Escobar Acosta, otorgó un amparo para dejar insubsistente la audiencia del 15 de junio.
Posteriormente, ordenó al juez de Control citar a las partes a una nueva audiencia, la cual fue llevada a cabo en octubre y se determinó el resguardo domiciliario como medida cautelar. La jueza Escobar Acosta argumentó que el juez de Control y Enjuiciamiento “no tomó en consideración la presunción de inocencia, así como la idoneidad y proporcionalidad de la prisión preventiva”. Ello, sin importar que existía un riesgo de fuga por parte del imputado.
Caso: Jorge Winckler
Luego de permanecer dos años prófugo de la justicia, quien se desempeñó como fiscal de Veracruz durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes fue detenido en julio de 2022, acusado de secuestro y desaparición forzada. Un año después, el secretario en funciones de juez federal ordenó cancelar la prisión preventiva oficiosa impuesta a Jorge Winckler porque, de acuerdo con su criterio, es contraria a los Tratados Internacionales.
En la sentencia, ordenó que “se le otorgue a las partes la oportunidad de evaluar la imposición de otra u otras medidas cautelares previstas en la ley”. Sin embargo, el juez de Control que lleva el proceso penal impuso prisión preventiva justificada.
na vez más la élite del Poder Judicial pretende pisotear la voluntad del pueblo mexicano, ahora la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pide rebelarse en contra de la reforma de la Cuarta Transformación.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Norma Lucía Piña, se dirigió a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial en donde les pidió unidad, ante la reforma constitucional que impulsa la 4T, aunque nuevamente desliza la narrativa de la “defensa de los derechos laborales”.
Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México. Nuestros principios y nuestros valores son el pilar que sostiene y sostendrá al Poder Judicial de la Federación.Sostuvo Norma Piña.
🚨#Alerta | 📹 #Vídeo | Norma Piña busca pisotear la voluntad del pueblo: La ministra presidenta de la @SCJN envía mensaje a los trabajadores del #PoderJudicial para rebelarse en contra de la reforma impulsada por la #4T, que busca acabar con la corrupción y los privilegios. pic.twitter.com/4dSo6vTjpw
En ese sentido, señaló que la misión de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial es “hacer valer los derechos” del pueblo mexicano, así como hacer valer el “equilibrio de poderes”.
Cabe recordar que, la SCJN declaró incondicional leyes importantes que beneficiaban al pueblo, al intervenir y descalificar el proceso de aprobación de las iniciativas por el Poder Legislativo.
Asimismo, la reforma constitucional al Poder Judicial busca que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos a través de voto popular, así como acabar con los altos salarios de los ministros, los privilegios y que verdaderamente brinden justicia al pueblo de México.
“Se cambiará la forma de acceso al poder de los que deciden la justicia. Se hará por votación y no, como ahora, por lealtad partidista o, peor aún, por compadrazgos o, de plano, nepotismo”.
Un 75% de los encuestados por Enkoll está a favor de que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por el pueblo. Un 85% aprueban que exista una vigilancia y castigo a los jueces que incurren en actos de corrupción. Un 83% se pronunció por una reforma al Poder Judicial. Estos altísimos porcentajes son apenas un indicio de lo que fue el enorme consenso social en torno a la elección como Presidenta de la República de Claudia Sheinbaum, la mayoría calificada en el Congreso, y en 27 legislaturas estatales. Sin distinción geográfica, de ingreso, escolaridad, género, ni profesión, el consenso que expresaron 36 millones de votos contiene el mandato de que se conduzca, desde las Cámaras, un cambio de régimen.
¿Qué quiere decir esto? El régimen es el modo en que se ejerce el poder. La Constitución es la expresión jurídica de ese modo. Lo que los electores y el movimiento obradorista están ordenando y encargándole a los legisladores de la mayoría calificada es que cambien la forma en que se reparte el poder en la República. Que sean sus representantes para que los ministros del Poder Judicial sean, también, representantes de la justicia y no de las élites. Que las funciones de los institutos autónomos vuelvan al Estado y no estén coptadas por agencias norteamericanas y europeas o, peor, por sus corporativos de empresas. Eso es el poder que viene de la elección del 2 de junio: la ciudadanía ha manifestado con claridad la intención de cambiar el peso del poder republicano: de sus actores no electos ni sancionables a otros que sí lo sean. Aquí la responsabilidad política está en los legisladores a los que se les entregó una mayoría calificada. El cambio de régimen es democratizar los espacios que el neoliberalismo mantuvo alejados del escrutinio público. Implica más que la elección de ministros y magistrados. Pero a eso llegaré más tarde.
Quiero empezar por definirme qué entiendo por cambio del modo en que se ejerce el poder. El poder no es una cosa. Es una relación. Unas acciones que se inducen en otros y determinan otras acciones. Es decir, quién obedece a quién. Esto implica cómo se divide el trabajo, los recursos naturales y tecnológicos, pero también cómo se fragua el sentido de la nación, el futuro colectivo, y la forma de comportarse en política, además de las jerarquías y las formas de coerción. Estas relaciones producen cosas, comunican sentidos, y instauran disciplinas. El poder no es ni sólo violencia ni sólo consenso, no es sólo inducir ni tampoco sólo obligar o prohibir. Es conducir. Este término implica guiar a los demás en una terreno de probables acciones y conductas. Como escribió el gran téorico de esto, Michel Foucault, el poder no es lo contrario a la libertad sino su condición de posibilidad. No hay gente que se someta por pura voluntad ni personas que antagonicen al poder. Eso no sería una relación sino un control absoluto sólo de un lado o sólo un antagonismo, una separación, del otro. Para que haya poder tienen que existir tanto la libertad como la conducción. Una de las muchas cosas en que la oposición mexicana está errada es en ver el poder sólo al Presidente, por ejemplo, y no los múltiples circuitos de relaciones de poder económico, mediático, académico, jurisdiccional, fáctico. Otro error es ver al poder como ”polos” o “contrapesos” cuando lo que vivimos en estos seis años de 4T fue un cambio en la conducción que abarcó una transformación desde las condiciones de existencia de millones de mexicanos hasta el sentido común de otros tantos, sobre la idea misma de la nación y el Estado. Ese 60% que votó a Claudia y ese 80% que está por una reforma judicial no son ni “polos” en espera de su “reconciliación” ni “pesos” en espera de sus “contrapesos”. Son la expresión de una forma de poder que abarca producción de bienes, sentido común, y una forma de ejercicio del poder que tiene prohibida la discrecionalidad, la corrupción, la mentira, y la traición. Es un cambio de relación en el interior, no del gobierno, sino de la trama social. No entenderlo y seguir insistiendo en polarizar y contrapesar es seguir perdiendo. Es no atinar a ver el nuevo terreno en el que estás ya actuando y determinado por el nuevo país.
Pero la forma principal de ese poder es, por supuesto, el gobierno. En el de la 4T hay cuatro cambios de su forma de ejercerlo: se ha cambiado la diferencia entre muy ricos y muy pobres y un poco entre apariencias y capacidad, como en el caso del color de piel o la ropa y su asociación con la delincuencia; se ha cambiado el propósito de la política, de la conservación de privilegios hacia una sociedad menos desigual; se ha cambiado la racionalización con la entrega directa de apoyos y programas sociales a sus beneficiarios, con la entrega directa de información y ciertamente ideología directamente a los ciudadanos y, sin duda, queda pendiente —y de ahí la reforma judicial— la entrega de sanciones directas a los corruptos y delincuentes de cuello blanco; se han cambiado las instituciones, sobre todo las que tienen que ver directamente con las personas: la educación pública, la salud, la vigilancia policiaca. Pero todo esto no es suficiente, nos dicen los votantes del 2 de junio. Hay desterrar la desigualdades de la riqueza, el raciclasisimo, los privlegios, la burocracia delincuente, las instituciones que sólo le sirven a la casta de la blaquitud, colonizada con los de arriba y prepotente con los de abajo. Estructura el campo posible de la acción de todos. Eso es la 4T hasta donde vamos.
Ahora volvamos a la reforma del Poder Judicial. He querido poner sobre la mesa la amplitud de la 4T para volver a darle dimensión a lo que, por las noticias, parece la batalla final contra la corrupción, que sería desplazar a las Normas Piña de sus posiciones. Estamos enbarcados en un cambio mucho más amplio y con profundidades históricas. Pero, a veces, se nos nubla la vista con lo inmediato. Una de las cosas que perdemos de vista es que ese 60% y 80% a favor de la nueva Presidenta y su reforma del poder de justicia, proviene de un entendimiento del saber popular: que las leyes, los jueces, los abogados, no son más que el resultado de una lucha política. Ese entendimiento de millones hace que las discusiones de procedmientos, reglas de elegibilidad, si los abogados son buenos o ladrones desalmados, si las leyes son las sagradas Tablas de Moisés o pueden modificarse a voluntad del pueblo, todo eso, es un debate secundario. Lo que entendemos todos los demás es que es un asunto de quién pierde poder y quién lo gana. Lo ganan los ciudadanos. Lo pierden las instituciones discrecionales, opacas, y a últimas fechas, podridas. Ahí está el meollo del asunto y no se necesita citar ningún artículo de la ley reglamentaria de quién sabe qué para demostrarlo. En realidad, foros o no foros, parlamento abierto o lo que se quiera, la lucha está ganada de antemano a la oposición refugiada en el gremio abogángster, en sus academias universitarias o de la “libre” de Derecho, a sus barras mafiosas, sus medios alquilados, que tienen muy dificil el emprender una defensa contra la mayoría y su mandato. Finalmente la estrategia de lucha del pueblo fue nada más ni nada menos que la electoral con una suficiencia incontrovertible. Fue el voto masivo. Los ministros pueden aspirar a atenuar el cambio o, simplemente, a capitular. Están perdidos. Han usado el petate de la depreciación del peso diciendo que es, en realidad, una devaluación, pero los días le han restado capacidad de infringir daño. Dicen que se irán las inversiones cuando aumentaron y, además, se redujo el peso de la deuda. Dicen que la UNAM está en contra y la UNAM se deslinda de un grupúsculo de malandros con plazas de tiempo completo. Dicen que se podrá elegir a cualquier pelagatos y no a los corruptazos que, con sus doctorados y tesis ininteligibles han pasado a amparar a cuanto hampón les ha pagado o servir a oscuros ministerios como los que permitieron que se desbarrancara la investigación de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Está perdida su batalla, política y noralmente. La estrategia de la 4T debe ser cortar los lazos de estos abogados y sus agrupaciones con el viejo régimen.
Se cambiará la forma de acceso al poder de los que deciden la justicia. Se hará por votación y no, como ahora, por lealtad partidista o, peor aún, por compadrazgos o, de plano, nepotismo. El Poder Judicial en México es de familias. El Poder Judicial en México responde a intereses de presidentes, gobernadores, líderes de partidos políticos. El Poder Judicial es totalmente discrecional. Se habla en estos días de que los jueces concursan para tener los puestos y que estos se entregan a los mejor evaluados en unos examenes. Pero lo cierto es que no existen concursos abiertos. El 87% de los concursos son cerrados, es decir, solo pueden inscribirse al concurso personas que ya laboran en el Poder Judicial de la Federación. Se dejan fuera a universitarios e investigadores, miembros de barras de abogados o de los Colegios, o a cualquier abogado postulante. Eso quiere decir que el propio Poder Judicial se alimenta de sí mismo, de sus complicidades, y de sus disfunciones. Esto ha provocado que no se contrate a los más capaces o con mayor motivación y vocación para ser juzgadores, sino que se cierra sobre los ya conocidos, sin importar si son o no capaces. Así tenemos gente como Norma Piña que fue la peor evaluada por el Senado por cientos de expedientes pendientes en su haber, pero aun así, es la Presidenta de la Suprema Corte. Luego, está el tema de que los criterios para evaluar los tres examenes que se requieren van variando de acuerdo a quien quiera el jefe que quede. Hasta un abogado como Héctor Fix-Fierro, que en paz descanse, y que no era para nada pro-elección de jueces, llegó a decir que el sistema de concursos estaba tan desgastado que “no hay un examen igual al anterior”.
En cuanto al nepotismo, es decir, que el Poder Judicial está compuesto de unas cuantas familias, baste un dato: en 2016, de un total de 28 mil 065 funcionarios laborando en el Poder 4mil 467 tienen al menos un familiar laborando en el mismo Poder Judicial Federal (el 16%). De un total de 27 mil 034 servidores 3 mil 942 tienen al menos un familiar (el 15%), y de un total de mil 31 titulares, 525 tienen al menos un familiar (el 51%). Hay circuitos de la república donde esto está totalmente fuera de control como Jalisco, en el que el 80% tienen familiares en el mismo circuito. Nuevo león, Talxcala, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Coahuila, Morelos, todos están por arriba del 60% de parientes en el mismo lugar de trabajo. Primos, hijos, yernos, mamás, cuñados, todos en el Poder Judicial. Los puestos más socorridos por los parientes son de base e intervienen en la producción de las decisiones judiciales: Oficial Administrativo y Secretario de Juzgado o Tribunal. En Durango, por ejemplo, hay un funcionario que tiene 17 parientes en la nómina, casi siempre de base y con poder de decisión. Según un estudio de Julio Ríos, del total de relaciones donde los individuos tienen puestos de Juez, Magistrado, Secretarios u Oficiales Administrativos, es decir, unos 3 mil 217, el 20% se pueden considerar parte de una red de al menos 4 personas de una red familiar jurisdiccional. Así que ese argumento de que al Poder Judicial llegan los más capaces es falso. Llegan los parientes.
En una entrevista en Chamuco TV, el abogado Andrés Repper ejemplificó la vía de acceso discrecional de carácter política. Lo hizo con el caso de quien hace muy poco presidió el Tribunal Electoral Federal: Reyes Rodríguez Mondragón. Era el compañero de banca de Gil Zuarth que fue haciendo carrera junto con Felipe Calderón. Ahí donde estuvo Gil, estuvo Reyes Rodríguez. Y llegó a ser el presidente de quienes deciden la suerte de las elecciones. ¿Qué mérito tenía Reyes? Haber sido amigo. No llegan los más capaces. Llegan los buenos amigos.
Me gustaría terminar esta videocolumna atendiendo a mi intención inicial que era dar un panorama de cómo se inserta la reforma al Poder Judicial en todo lo que resta como proyecto de nación de la 4T. Sin duda impacta que el acceso a ser ministro o juez o, incluso, trabajador de base con poder de decisión, sea cambiado por una votación que destruya los vínculos políticos, partidistas, familiares y dentro del mismo circuito viciado del poder de la justicia. Pero quiero hacer énfasis en que esto debe tener un propósito de cambiar el poder de ese sistema para que no haya expendientes durmiendo décadas sin ser resueltos, que ser pobre no signifique jamás tener sentencia, que los corruptos de cuello blanco ya no puedan obtener siempre su amparo y la liberación a sus casas. Ese es el propósito y con ello todos deberíamos estar de acuerdo.
Las propuestas de modificación al Poder Judicial, buscan responder al reclamo de la ciudadanía para contar con una institución impartidora de justicia, austera, independiente, legítima, que resuelva los asuntos de su competencia, ajena a intereses privados y abone a erradicar la impunidad.
En esto se destaca el equilibrio de poderes, que el Poder Judicial Federal no se coloque por encima y desaparezca, leyes aprobadas por el Congreso, por ejemplo. Asimismo, propone que las y los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular; que no exista más la onerosa pensión vitalicia y, como establece la Constitución, sus remuneraciones no excedan lo que percibe el presidente de la República.
¿Cuáles son los objetivos de la reforma al Poder Judicial?
1.- Nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea más eficiente, austera y transparente tratándose del máximo tribunal del país.
2.- Elección popular de ministros, magistrados y jueces, es decir, que cuenten con legitimidad democrática a partir del voto popular.
3.- Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para lo cual se propone no sólo dividirlo en dos nuevas instituciones, sino que realmente se garanticen instancias de vigilancia.
4.- Nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita, no más juicios interminables a través de amparos y resoluciones.
¿Qué se propone para la nueva integración de la SCJN?
Reducir el número de ministras y ministros, de 11 a 9 integrantes.
Reducir el periodo de su encargo, de 15 a 12 años.
Eliminar las dos salas que son muy opacas en la resolución de conflictos y que solamente se realicen sesiones en pleno, las cuales deberán ser públicas y transparentes para que todas y todos tengan la posibilidad de conocer qué están determinando las y los ministros.
Eliminar la pensión vitalicia (haber de retiro) para actuales y futuros ministros y ministras.
Ajustar sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción.
¿Cómo funcionaría la elección democrática de ministros, magistrados y jueces?
Sobre la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, se plantea en 2025 realizar una elección extraordinaria para renovar a todas y todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial (quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en esta elección en igualdad de condiciones).
Selección de candidaturas: Las y los ministros de la SCJN, las y los magistrados del Tribunal Electoral y las y los magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión.
La iniciativa de reforma estipula que el Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas, el Legislativo hasta cinco candidaturas por cada cámara (Diputados y Senadores), por mayoría calificada, y el Judicial hasta 10 candidaturas, a través del pleno de la SCJN, por mayoría de seis votos.
En el caso de las y los mil 633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de seis candidaturas paritarias por cargo (dos por cada Poder de la Unión).
Proceso electoral y resultados de la elección:
La propuesta incluye crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y que una vez conformado sea este el que organice la elección. El Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan los requisitos de ley.
Las campañas durarán 60 días. No habrá etapa de precampañas.
No se permite el financiamiento público o privado. Las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate.
Los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá las impugnaciones y declarará los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá a la SCJN.
Reglas específicas: En caso de ausencia definitiva de ministras, ministros, magistradas, magistrados o juezas o jueces, el Senado de la República designará por mayoría calificada a una persona interina para que ocupe el cargo hasta que se realice la siguiente elección ordinaria.
Para las ternas se establece:
El Ejecutivo federal la propone para ministros de la SCJN y magistrados del Tribunal de Disciplina;
El órgano de administración judicial para magistrados de circuito y jueces de distrito;
La SCJN para magistrados electorales.
En lo que concierne a la sustitución del CJF, la iniciativa propone integrar el Tribunal de Disciplina Judicial, que se debe encargar exclusivamente de la vigilancia, del buen actuar de jueces y magistrados, y adicionalmente, lo que se denomina Órgano de Administración Judicial.
¿Cómo quedaría el tribunal integrado?
De esta manera, el tribunal integrado por cinco magistrados electos a nivel nacional por un periodo de seis años, propuestos por los Poderes de la Unión, tendrá la tarea de recibir denuncias de cualquier persona u autoridad e investigar a ministras, ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces, y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia, incluyendo hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia.
Sus sanciones incluyen amonestación, multa, suspensión o destitución (excepto ministras y ministros). Asimismo, podrá dar vista al Ministerio Público (MP) en caso de delitos, o solicitar el juicio político ante el Congreso de la Unión.
Por otra parte, el Órgano de Administración Judicial, integrado por cinco personas designadas por un periodo de seis años, de los cuales el Poder Ejecutivo nombrará uno; el Senado de la República a otro; y la SCJN a tres, será responsable de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.
Reglas procesales
La reforma propone también cuatro nuevas reglas procesales:
Justicia expedita: Se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales (en caso de rebasarlos, la autoridad judicial debe informar al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar la demora).
Suspensiones: Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Justicia local: Los Poderes Judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.
Fideicomisos del Poder Judicial: Una vez que concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se respetan los derechos y prestaciones de los trabajadores.
Finalmente, con esta reforma se busca un Poder Judicial que tenga la sensibilidad de conocer las problemáticas que vive la ciudadanía, y también un órgano que pueda ser vigilado como cualquier institución de servicio público.
**Información de Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación, 12 febrero 2024 en La Mañanera.
El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que no está a discusión que la mayoría de los mexicanos quieren una reforma judicial, para elegir a jueces, magistrados y ministros.
“¡Qué ni le den vueltas!” dijo el mandatario al señalar que la gente no quiere el elitismo, la democracia que en esencia es oligarquía, refirió.
“El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar su Gobierno” dijo al recordar lo que James J. Creelman preguntó a Porfirio Díaz. ¿Qué no está preparado el pueblo para la democracia?”
AMLO remarcó que la gente está atenta a lo que pasa en el país, y la reforma al Poder Judicial es algo que los ciudadanos entienden y apoyan, para que se termine con la corrupción.
¡Qué ni le den vueltas!
Está fuera de discusión que la mayoría de los mexicanos quiere participar para elegir a jueces, magistrados y ministros. La gente quiere eso, no quiere el elitismo, la democracia que en esencia es oligarquía, contrastó #AMLO.
“La gente quiere elegir a jueces, magistrados y ministros, como se eligen a presidente municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, como se eligió a la presidenta Claudia Sheinbaum” comentó.
El mandatario insistió que el pueblo es soberano, y que es quien tiene que decidir sobre el rumbo de su país, incluso dijo que eso está en la Constitución.
El presidente López Obrador, durante una de sus conferencias desde Palacio Nacional. Foto Presidencia / archivo
Al reivindicar la viabilidad de la reforma judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el involucramiento de la Agencia Estadunidense Antidrogas, (DEA) por sus siglas en inglés. “Se toma en cuenta su punto de vista pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente. ¿Quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos?. ¿Quién les autorizó a meter su cuchara? Es como si yo doy la opinion sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna”.
Expresó su respaldo a la realización de los foros a los que convocará el Congreso, por sugerencia de la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, el mandatario señaló que “quien está conduciendo el movimiento, es la presidenta, Claudia Sheinbaum, No soy yo. Es mi presidenta electa, pero en política. Ella es la dirigente desde que le entregó el bastón de mando. Lo repito: es lo mejor que le pudo haber pasado a México en estos momentos. No solo al movimiento, a México”.
López Obrador reivindicó las disposiciones constitucionales que le confieren al pueblo la posibilidad de modificar en todo momento su forma de gobierno. Descalificó a quienes cuestionan la capacidad del pueblo para elegir a jueces, magistrados y ministros, recordando que ya desde Porfirio Díaz se le cuestionaba si México estaba preparado para la democracia.
“Dejar de manifiesto que la gente quiere participar a jueces, magistrados y ministros. Eso está fuera de discusión. La mayoría quiere participar, cómo se elige a alcaldes, diputados, gobernadores, como se elige al presidente No quiere el elitismo, la democracia de la minoría que en esencia es oligarquía. Como lo establece la Constitución, es el gobierno del pueblo, es el soberano”.
López Obrador dijo que es necesario ponerle fin al influyentismo que prevalece en la actualidad, que no sean presionados por la llamada por un magistrado o un ministro para resolver en uno u otro sentido. Señaló que la iniciativa que envió al Congreso tiene el objetivo de regenerar al Poder Judicial, para evitar que prevalezca el influyentismo y la corrupción.
“No es una reforma para limitar derechos, quitar libertades, implantar la corrupción por tiempo indefinido. Para legalizar el influyentismo, el nepotismo, Es para todo lo contrario, tener un poder judicial que actúe con integridad, Que haya un auténtico estado de derecho, que no se le dé preferencia a los que tienen influencias o dinero, Que la justicia sea pronta y expedita. No es posible que haya miles de sentenciadas por años, sin sentencia, que llevan años así y otras cosas.”
Aseveró que en caso que haya desviaciones, entonces para ello estará el Tribunal que sancionará conductas incorrectas o desviaciones en materia de impartición de la justicia. En la actualidad hay mucho influyentismo, mucha corrupción, consideramos que si se eligen los jueces, puede reformarse el Poder Judicial, limpiarse, purificarse.
No es algo para perjudicar al pueblo, afectar la vida pública del país. No es concentrar el poder, si se está planteando un órgano independiente, va a ser realmente independiente para vigilar el comportamiento de jueces, magistrados y ministros”.
