Por vender energía eléctrica generada por la central autorizada solamente con el título de permiso de autoabastecimiento, el órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó, en sesión extraordinaria del miércoles 25 de mayo, la resolución que impone una multa por 9 mil 145 millones 900 mil pesos a la empresa española Iberdrola.
Este tipo de sanciones son dirigidas fundamentalmente a las personas que, teniendo autorización para generar la energía eléctrica suficiente para autoabastecerse, deciden lucrar con este permiso, vendiendo energía a terceros, mediante contratos simulados de “sociedad”.
La comisión señala en el dictamen que la única vía de impugnación a esta resolución es mediante un juicio de amparo indirecto, en los términos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, que se podría interponer ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, dentro de los plazos establecidos en la Ley de Amparo.
Por vender energía eléctrica generada por la central autorizada solamente con el título de permiso de autoabastecimiento, el órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó, en sesión extraordinaria del miércoles 25 de mayo, la resolución que impone una multa por 9 mil 145 millones 900 mil pesos a la empresa española Iberdrola.
Este tipo de sanciones son dirigidas fundamentalmente a las personas que, teniendo autorización para generar la energía eléctrica suficiente para autoabastecerse, deciden lucrar con este permiso, vendiendo energía a terceros, mediante contratos simulados de “sociedad”.
La comisión señala en el dictamen que la única vía de impugnación a esta resolución es mediante un juicio de amparo indirecto, en los términos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, que se podría interponer ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, dentro de los plazos establecidos en la Ley de Amparo.
En esta misma sesión extraordinaria, la CRE aprobó sanciones a otras tres empresas, cuyos nombres aún no han sido revelados, en materia de Electricidad e Hidrocarburos.
La CRE aprobó en la sesión extraordinaria del miércoles una resolución en la que se sanciona a tres empresas privadas.
En la sesión, los integrantes del órgano de gobierno del regulador aprobaron las sanciones, sin especificar el nombre de las empresas y el motivo del castigo. “Tres proyectos de resolución por los que se resuelven procedimientos administrativos de sanción, en materia de Electricidad e Hidrocarburos”, se leyó durante la sesión.
La española Iberdrola, cuestionada por el Gobierno federal por abusar de la CFE, planeaba construir una central termoeléctrica a unos metros de la Reserva de Anillos de Cenotes de Yucatán, pero la Semarnat no le aprobó el permiso ambiental por faltarle requisitos.
Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).– Por falta de estudios y consulta pública, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) no dio la autorización ambiental a la española Iberdrola para instalar la termoeléctrica de ciclo combinado “Mérida IV” a unos 200 metros de la Reserva de Anillos de Cenotes en Yucatán, luego de la presión de la comunidad maya de Kanasín y San Antonio Tehuitz de la zona conurbada de Mérida.
La empresa energética, cuestionada por el Gobierno federal por dañar a la Comisión Federal de Electricidad(CFE), puede volver a presentar otra Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para esta central eléctrica, ofrecida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2020.
En Pesquería, Nuevo León, el permiso de autoabastecimiento de Iberdrola de la central de ciclo combinado “Dulces Nombres” no fue renovado y, aunque presentó un amparo, la Ley de la Industria Eléctrica considera ilegal este mecanismo por ser abusivo para la CFE. En su país sede, España, la energética también ha sido cuestionada por las altas tarifas registradas desde finales del año pasado e incluso su presidente Ignacio Sánchez Galán insultó a los consumidores llamándolos “tontos”.
Los campesinos de Tamazunchale en la Huasteca Potosina, donde Iberdrola construyó una central termoeléctrica, registran que sus cosechas de maíz, frutas y hortalizas se han reducido desde que se instaló la planta. Foto: Iberdrola Generación.
Pero en Yucatán, el Secretario de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novelo, dijo a la prensa local que “la Semarnat no tiene facultades para cancelar los proyectos” y que al “sólo faltar algunos estudios”, la empresa “seguirá y construirá esa planta eléctrica en Kanasí” con el apoyo el Gobierno estatal. SinEmbargo pidió un comentario al respecto, pero argumentó estar de viaje.
Ante la posibilidad de que la española vuelva a solicitar el permiso ambiental, los mayas seguirán organizándose contra el megaproyecto al considerar que amenaza la selva y a los anillos de cenotes, principal fuente de agua de la Península de Yucatán.
“Rechazamos la termoeléctrica porque puede lastimar nuestra selva maravillosa, nuestros cultivos (agrícolas y de miel), hay zonas arqueológicas que pueden ser enterradas; es un centro ceremonial gigantesco con hallazgos de nuevas pirámides. Queremos seguir viviendo en un lugar limpio, poder seguir bebiendo el agua limpia”, dijo un integrante del colectivo Ma’alob Cuxta, conformado por comuneros de Kanasín y San Antonio, académicos y organizaciones sociales, cuya identidad pidió ser resguardada por seguridad.
En rojo, la zona donde Iberdrola planeaba la central a unos metros de los cenotes. Mapa: Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Iberdrola.
Esta termoeléctrica de 500 MW plantea quemar como combustible 150 millones de pies cúbicos de gas natural al día, equivalente a 3 millones de toneladas de CO2 al año, más que el total de los automóviles registrados en el Yucatán. Los gases tóxicos que generaría la planta (como óxidos de nitrógeno) provocan daños a los sistemas respiratorio, circulatorio e inmunitario.
Como parte de su operación también extraería 25.5 metros cúbicos por hora de agua con aditivos tóxicos (ácido sulfúrico, amoníaco, cloruro cálcico), expone el Colectivo Ma’alob Cuxta con base en la Manifestación de Impacto Ambiental, documento denegado que también reconoce que se contaminarán cuatro mil kilogramos de tierra con aceite lubricante sin detallar el tratamiento de los residuos tóxicos sólidos y líquidos peligrosos que generará.
Comuneros caminan por la comunidad San Antonio, Kanasín. Foto: Especial para SinEmbargo.
El impacto al aire, al agua, a los vestigios arqueológicos y a la salud sería en detrimento de la región para beneficiar a privados. El Gobierno de Yucatán asegura que iluminará al estado, pero Iberdrola aún no tiene ningún contrato con el servicio público estatal por lo que, prevé el colectivo, la electricidad que produciría sería para empresas privadas.
El proyecto eléctrico, contextualiza, está planeado a tres kilómetros de la mayor planta de procesamiento de carne de cerdo de la empresa Kekén, la cual consume grandes cantidades de energía y, de acuerdo con un informe de Greenpeace México, contamina acuíferos y genera emisiones tóxicas como el resto de las granjas porcícolas alrededor.
Otros integrantes del colectivo comentaron que además del impacto ambiental en una zona vulnerable a las inundaciones agudizadas por el cambio climático, el proyecto de la central termoeléctrica está exacerbando fricciones entre los comuneros.
“Tenemos que cuidar nuestra riqueza de cenotes”, dijo uno de ellos. “La negativa de la Semarnat fue un round, pero no hay que darnos por confiados de que no vayan a seguir intentándolo”.
FALLAS EN PERMISO AMBIENTAL
El 14 de enero de 2021 un miembro del colectivo Ma’alob Cuxta solicitó a la Semarnat que transparentara a la comunidad maya la información completa del proyecto de la central termoeléctrica para que se sometiese a una consulta informativa, como parte del proceso de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) presentada por Iberdrola en diciembre de 2020. La otra consulta a la que tienen derecho, la indígena libre, previa e informada, la Secretaría de Energía no la ha realizado.
“El enterarnos por otras vías y no por consulta es preocupante”, dijo una comunera de la zona.
La Semarnat convocó a la consulta pública –no indígena– hasta el 8 de octubre pasado y aunque no realizó la reunión informativa, el dictamen final fue negativo para la Iberdrola.
Pero antes, el colectivo Colectivo Ma’alob Cuxta detectó diversas irregularidades por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat para llevarla a cabo de manera adecuada, empezando porque la dependencia publicó los datos personales del solicitante pese a que pidió confidencialidad por su seguridad por el asesinato a defensores ambientales.
En el marco de la lentitud de procesos por la pandemia, a inicio de 2021 la DGIRA pidió al miembro del colectivo presentar una constancia de vecindad, pese a que ya había dado su credencial de elector. El Ayuntamiento de Kanasín negó al solicitante el requisito de la constancia de vecindad, pese a ser nativo de la comunidad y descendiente de dos familias mayas originarias de Kanasín.
Un venado encontrado cerca de la zona donde Iberdrola planeaba instalar la termoeléctrica. Foto: Especial para SinEmbargo.
Frente a la negativa, se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y sólo así el Ayuntamiento emitió la constancia, la cual fue presentada el 23 de febrero de 2021 en la Delegación de Semarnat. Hasta seis meses después, la DGIRA dio acuse de recibido.
El 8 de septiembre la DGIRA emitió un oficio en el que comunicaba que la solicitud de consulta pública había cumplido con el requisito de tiempo y forma. Sin embargo, dejó pasar los plazos previstos para la celebración de la reunión pública de información, por lo que “llevó a cabo una simulación de consulta sin dar información accesible a la comunidad”, consideró el colectivo Ma’alob Cuxta.
A la par, aún sin la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada, el titular de la Secretaría de Fomento Económico de Yucatán, Ernesto Herrera Novelo, informó a la prensa local que habían hablado vía telefónica con directivos de Iberdrola y que tenían la entidad “en el radar” por la facilidad de acceso al agua.
“¿Hay un acuerdo entre Iberdrola y el Secretario de Fomento Económico en la lógica del dinero? Esas son nuestras autoridades que privatizan los beneficios y socializan los efectos, que pongan la planta en su club de golf, por qué siempre en comunidades indígenas”, cuestionó un integrante del colectivo maya
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene una querella contra la española Iberdrola en la que solicita 200 millones de dólares en compensación por daños y perjuicios.
Dicho conflicto está centrado en el inicio de operaciones de la planta eléctrica Topolobampo III. Esta planta de energía no ha iniciado operaciones por falta de documentos de la autoridad federal.
La planta eléctrica Topolobampo III es propiedad de Iberdrola. Se encuentra en Sinaloa y funciona con un ciclo combinado cuyos combustibles son el gas y el vapor.
El pasado 31 de enero de 2022 fue cuando Iberdrola finalizó el contrato de interconexión que le permitía operar en el régimen de autoabastecimiento. Con esto la energética española pretendía comenzar a operar en el mercado eléctrico mayorista.
Sin embargo, dicho permiso no ha sido otorgado por lo cual la planta ha permanecido parada, aunque ya cuenta con la infraestructura necesaria para operar.
La CFE reclama a Iberdrola el pago de una multa de 16,5 millones de dólares más IVA por el retraso en la construcción de dicha planta. Ante esto la firma española inició un proceso de arbitraje en el que además reclama la devolución de 2 millones de dólares pagados por sanciones contractuales impuesta en julio de 2020. Además reclama un pago adicional de 10 millones de dólares por cargos de capacidad y gastos incurridos.
Como respuesta, la CFE interpuso una reconvención en el arbitraje y reclama daños y perjuicios por 185,5 millones de dólares y 4,7 millones de dólares adicionales por concepto de multas al no haber alcanzado el coeficiente de integración nacional.
Recientemente, el juez segundo especializado en competencia económica, Juan Pablo Gómez, ordenó mantener vigente el permiso de autoabastecimiento de Iberdrola para su planta en Monterrey. Esto porque consideró que las compañías que operan en el modelo de autoabasto tienen derecho a cambiar el giro del permiso otorgado.
l presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, tildó de “tontos” a los consumidores españoles que tienen contratada la factura de la luz en la llamada “tarifa regulada”, que les permite tener acceso a las ayudas públicas para las familias más vulnerables que otorga el Estado español.
Se trata de más de diez millones de hogares, lo que representa más de un 40 por ciento del total del mercado, y que están a expensas de las fluctuaciones del precio de la electricidad, que en los últimos meses se ha situado en las cotas más altas de la historia.
“Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el Gobierno pagan ese precio”, dijo durante una conferencia con motivo de la presentación de la fábrica de baterías de Volkswagen en Sagunto,
Esa declaración motivó una gran indignación entre la sociedad española y fue discutida ampliamente en una mesa de debate en el programa La Base conducida por Pablo Iglesias, el ex secretario general del Partido Podemos.
Iglesias dijo que Ignacio Galán es uno de los empresarios más ricos y poderosos de España, el cual está al frente de una de las compañías energéticas con más proyección.
Después de su exabrupto, el gobierno español le exigió que rectificara y ofreciera una disculpa, lo que hizo el empresario, tras asegurar que su declaración la había dicho en un contexto ‘coloquial’.
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Foto: Europa Press.
Sin embargo, para Pablo Iglesias, la amonestación verbal de parte del Estado español no fue suficiente, pues consideró que se trata de un mero jalón de orejas, y lo que de verdad debería estarse discutiendo es la nacionalización de Iberdrola.
“No me digais que no molaría ver a un gobierno acabando con el sistema marginalista de fijación de precios de la energía que es una estafa o ver al gobierno haciendo una empresa pública de energía, o qué narices, nacionalizando Iberdrola, molaría todo”.
El exdirigente de Podemos, se refirió al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre quien dijo, que “ha hecho una reforma valiente en su país que frena el proceso de privatización”.
“En la experiencia mexicana hay una gran lección, cuando hay voluntad política se pueden defender los intereses de su país y los de sus ciudadanos y no quedarse sólo en regañitos. Les aseguro que López Galán teme más los hechos de López Obrador que las regañinas de nuestro gobierno”.
El programa completo estuvo dedicado al tema Iberdrola, haciendo un repaso de los inicios del propietario de la empresa, Sánchez Galán; la influencia que ha adquirido este entre miembros de la banca española, y la política española a través del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), así como el poder que tiene para coaccionar a los medios de comunicación y obligarlos a hacer un trabajo de propaganda a favor de Iberdrola.
Un dato que ofreció el panel, es que durante el 2021, en plena pandemia por Covid-19, la compañía obtuvo su máximo histórico de ganancias, con 3 mil 855 millones de euros y ese mismo año, Sánchez Galán aumentó su sueldo a 12 millones de euros.
Edificio de Iberdrola. Foto: Especial.
Sara Serrano, una de las panelistas en la mesa de debate recordó que el empresario también ha hecho, a través de Iberdrola, labor de espionaje a políticos y empresarios. Pero también ha utilizado el llamado sistema de puertas giratorias para tener bajo su mando a miembros del PSOE, encargados de proteger los intereses de Iberdrola. Fue así como contrataron al hijo del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, como responsable de atender a los medios de comunicación.
“Por Iberdrola también han pasado pesos pesados de la política internacional como es el caso de Anthony Carner, actual vicepresidente segundo de Iberdrola que fue embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea durante el mandato de Barack Obama”, dijo.
Félix Sanz Roldán, exdirector de los servicios secretos del Estado Español. Foto: EFE
Entre la gente que ha incorporado Sánchez Galán a Iberdrola, también se encuentra el exjefe del Estado Mayor de la Defensa entre los años 2004 y 2008 y exjefe de los servicios secretos, Félix Sanz Roldán, quien desempeña en la empresa la labor de asesor internacional.
Algunos medios españoles como El País, resaltaron que Sánchez Galán no tomó en cuenta que la mayoría de los que consumidores, más de 10 millones, que tienen esa tarifa es también por cuestiones burocráticas, ya que es una exigencia del gobierno para ser receptores de ayuda humanitaria por parte del Estado, como el bono social, descuentos en el coste de la factura para hogares en situaciones vulnerables y otro tipo de subvenciones autonómicas y municipales.
“El 80 por ciento de los españoles no pagan el precio del pool y están pagando menos precio que en el año 2018 porque han bajado los impuestos”, aseguró Galán, que volvió a exigir al gobierno que cambie de estrategia en su plan de abaratamiento de la luz, que consiste en el reconocimiento por parte de la Unión Europea (UE) de la “excepcionalidad ibérica”, que permitiría, según sus palabras, un fijar un precio más barato de la electricidad, pero que todavía está pendiente de que el Ejecutivo español envíe su propuesta detallada a las instituciones europeas para que éstas lo aprueben o lo modifiquen.
En febrero pasado, el Presidente López Obrador dijo en su conferencia matutina que Iberdrola estaba haciendo lobby con sus socios o ‘cómplices en México’ para que no se aprobara la reforma eléctrica. Ese mismo mes, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) canceló el permiso a una planta propiedad de Iberdrola, que daba servicio en Nuevo León.
“Este es un caso de concesión que se venció y ya no se renovó el permiso, es de los pocos casos, y la CRE (Comisión Reguladora de Energía) ya no renovó el permiso”, dijo AMLO.
“Entonces, no pasa nada y, en efecto, fueron puros negocios de estas empresas. Se alegaba que había que darles oportunidad a empresas extranjeras con el argumento de que se incrementaba la inversión foránea, pero no, era el mismo dinero de la banca de desarrollo”, agregó el mandatario.
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a compañía eléctrica Iberdrola amenazó con iniciar acciones legales en contra de México. Esto ante la negativa de las autoridades regulatorias de cambiar sus permisos de autoabasto, ya que desean incursionar en el mercado mayorista.
En su informe anual, la empresa ibérica dejó en claro que podría iniciar una demanda en contra de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La causa es que el órgano sigue sin dejarla operar en México, mediante la negación de permisos.
En dicho documento, la compañía con sede en Bilbao actualiza el estado del diferendo que tiene con la CRE, luego de que en noviembre pasado solicitó el cambio de permiso para su planta ubicada en Monterrey.
Edificio de Iberdrola. Foto: Especial.
Iberdrola argumenta que el contrato para operar dicha planta como una de autoabastecimiento se suspendió en enero de 2022. Esto con la finalidad de solicitar uno que le permita incursionar en el mercado eléctrico.
“Este permiso no se ha obtenido todavía en la fecha que se autorizan estos estados financieros, aunque se cree que se trata de un retraso y no una negativa a conceder el permiso” afirma Iberdrola.
La energética advirtió que la negativa a un permiso para operar en el mercado eléctrico nacional le constaría una inversión de 270 mdd. Motivo por el cual emprenderían acciones legales en contra de México.
Cabe recordar que desde inicios de este año, Iberdrola mantiene una batalla legal para mantener en operaciones su planta en Monterrey. Esta planta estaba suscrita al modelo de autoabasto, mediante el cual surtía de energía eléctrica a sus 44 socios del Grupo Monterrey. Entre estos destacan Cemex, FEMSA y Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma.
En diferentes ocasiones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado en contra de Iberdrola. Inclusive pidió hacer “una pausa” con España, para así evitar que las empresas de dicha nación siguieran aprovechándose de las leyes mexicanas.
“Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista, o sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los Gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país, y hacen bien, a robarles, pues tampoco queremos nosotros”
Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avaló la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, el Gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este viernes la revisión y revocación de los permisos de autoabastecimiento en electricidad que sean considerados ilegales.
Entre las empresas que estarían bajo la revisión contractual del Gobierno se encuentran Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Saavi y Enel, entre otras, aunque no se ofrecieron más detalles.
En un documento difundido en las redes de comunicación del Ejecutivo federal, se explicó que se cancelarán aquellos permisos que impliquen graves irregularidades a la ley y en ese sentido se prevé sean revocados alrededor de 110 permisos de autoabastecimiento de un total de 234, los cuales tienen alrededor de 77 mil socios y clientes.
Una de las empresas que heredó el esquema de autoabastecimiento de energía eléctrica y cuyos contratos también podrían rescindirse es la compañía Femsa, propietaria de las tiendas de autoservicio Oxxo, así como Bimbo que opera un parque eólico.
Aunque hubo muchas objeciones durante la discusión a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ser considerada inconstitucional.
Edificio de Iberdrola. Foto: Especial.
De igual forma, se anunció la revisión de la rentabilidad de los contratos para la producción independiente de energía eléctrica, a fin de renegociarlos o proceder a su cancelación de manera anticipada.
“Se revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado de los contratos de producción independiente, los cuales, en su caso, deberán ser renegociados o terminados anticipadamente. A estas centrales de producción independiente se les paga el 100% de la energía por parte de CFE, aunque no se entregue”, refiere el documento.
El comunicado que giró el Gobierno de México, detalla que la CFE podrá celebrar contratos de cobertura eléctrica con compromisos de entrega física, por lo que podrá hacer un despacho de sus propias centrales a través de un programa fijo de generación.
“Las hidroeléctricas tendrán un despacho prioritario, son 60 hidroeléctricas con 12 mil 125 megawatts que aportan un 10% de energía en el sistema eléctrico, antes del inicio de esta administración se utilizaban solo para respaldo y no representaban más del 3% del mercado”, señala el comunicado.
También precisa que la empresa productiva subsidiaria CFE Suministro Básico podrá celebrar contratos con las centrales eléctricas de la CFE que tienen compromiso de entrega física.
“El acceso a las redes eléctricas sólo será posible cuando esto resulte técnicamente factible. A partir de ahora se detiene le otorgamiento de permisos por parte de la CRE sin sustento técnico.
“Al día de hoy los productores privados mantenían el monopolio del despacho preferente, con esta resolución, el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) dará prioridad a lo que beneficia a la CFE”, se apuntó.
Las empresas energéticas Iberdrola y Naturgy fueron señaladas de vaciar cuatro presas en el verano de 2021 para generar luz; el resultado: escasez de agua en Galicia.
Además, fueron denunciadas de cobrar precios excesivos por los recibos de luz en España.
De acuerdo con las investigaciones de la junta gallega, las multinacionales afectaron las presas de Cenza, As Portas, Salas y Belesar, a fin de generar la mayor cantidad de energía hidroeléctrica posible.
La investigación contra Iberdrola inició en agosto del año pasado, pues de acuerdo con Europa Press, la Vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, calificó de “escandalosa” la situación que se vivió en los embalses de Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres), ambos gestionados por Iberdrola. En ambos embalses fue “drástica” la reducción de sus aguas.
De acuerdo con la Guardia Civil española, la multinacional redujo las reservas de Ricobayo del 98 al 11 por ciento, con la intención de maximizar sus beneficios, pero provocó problemas de abastecimiento de agua a varias poblaciones y ocasionó graves pérdidas económicas en instalaciones turísticas y agrícolas de la comarca.
Ahora, Naturgy e Iberdrola pagarán 50 mil euros cada una por las afectaciones en las presas de Salas, Belesar, Cenza y As Portas. Sin embargo, después de evaluar las opciones de castigos, ambas energéticas, junto con la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica), suman un total de 200 mil euros en multas.
Cabe recordar que Iberdrola también tiene actividad comercial en México. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto obtuvo grandes beneficios por la reforma eléctrica. Actualmente, es una de las principales opositoras a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La eléctrica española Iberdrola obtuvo una penalización económica por parte de la Comisión Reguladora de la Energía (CRE), luego de ser acusada de vender energía de forma irregular.
En la sesión del viernes 28 de enero, se aprobó por unanimidad la resolución que indica que la planta Dulces Nombres, ubicada en Pesquería, Nuevo León, hizo negocio con su producción a pesar de tener un permiso de autoabasto.
En opinión de la CRE, esto viola el artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía (LSPEE), que señala que los titulares de estos permisos “no podrán vender, revender o por cualquier acto jurídico enajenar capacidad o energía eléctrica, salvo en los casos previstos expresamente”.
Edificio de Iberdrola. Foto: Especial.
En el documento, la comisión reguladora señala que la multa asignada es de 100 veces el salario mínimo de la Ciudad de México por cada KW generado. La planta tiene una capacidad máxima de 700, por lo que la sanción podría superar los 8 mil mdp.
El expediente fue iniciado tras una denuncia de la CFE presentada en septiembre de 2020. Para entonces, Iberdrola ya había presentado amparos contra varias iniciativas del gobierno federal: el acuerdo para otorgar Certificados de Energías Limpias y la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
