El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, anunció que se realiza una investigación para determinar si el juez Juan Pablo Gómez Fierro incurrió en algún tipo de delito al otorgar un amparo a la empresa Iberdrola para que no pague la multa histórica que le impuso la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“Al juez que mencionó -Gómez Fierro- lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola, estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos, porque no fue un proceso, consideramos, cuidado, y presumimos que hubo falsificación de documentos”.
El mandatario agregó que pudo haber falsificación de documentos en el proceso que realizó el juez, el cual libera a la empresa de pagar una multa de 10 mil millones de pesos.
López Obrador advirtió que si se confirma la falsificación de documentos o el uso de documentos extemporáneos se procederá de manera legal.
“Cero impunidad. No porque sea juez, un ministro, un presidente, no se puede denunciar si está haciendo o cometiendo una injusticia” dijo el mandatario.
Asimismo, el presidente pidió que se haga una reforma desde el Poder Judicial para evitar la impunidad de los sectores públicos.
Suspenden multa a Iberdrola
La semana pasada, Gómez Fierro otorgó un amparo a la empresa española para que no pagará una multa millonaria, una de las más altas en la historia del sector energético mexicano impuesto por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En mayo pasado, el regulador energético mexicano multó a Iberdrola por presuntamente incumplir en un contrato de autoabastecimiento, al considerar que vendía electricidad a sus socios bajo una figura fuera de la Ley de la Industria Eléctrica, la cual determina que sólo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede dar suministro en el país.
La resolución no exime a Iberdrola de pagar la multa en el futuro, pero no se le cobrará hasta que se resuelva el fondo del juicio, es decir, hasta determinar si vendió electricidad de forma ilegal o no.
Falsificación de documentos
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que existe la sospecha de hubo una posible falsificación de documentos en la suspensión que el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro otorgó a Iberdrola Energía Monterrey para evitar el pago de la multa de cerca de 10 mil millones de pesos y “Si terminamos de descubrir de que se falsificaron documentos o se usaron documentos extemporáneos, vamos a proceder legalmente”.
Y es que Gómez Fierro otorgó recientemente una suspensión a Iberdrola una suspensión contra la multa por 9 mil 145 millones de pesos que había sido impuesta por el regulador energético a finales de mayo, por lo que el Presidente señaló que “Nosotros lo estamos investigando sobre el caso Iberdrola, estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague multa de 10 mil millones de pesos, porque no fue un proceso, consideramos, cuidado, y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos”.
El mandatario agregó que lo servidores públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no deben gozar de impunidad y “Si hay delitos o se demuestra que hay corrupción en un juez, para eso es el Consejo de la Judicatura y se puede presentar una denuncia”.
Cabe recordar que el polémico Juan Pablo Gómez Fierro es conocido por haber otorgado amparos contra la reforma a la ley eléctrica, desde entonces ha estado en el radar de López Obrador quien incluso pidió al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que lo investigara.
Pero eso no es todo, Gómez Fierro también otorgó la primera suspensión provisional y con efectos generales a la Ley de Hidrocarburos. Y ayer, concedió la suspensión definitiva en contra de la política de Secretaría de Energía que obliga a comprar gas a Pemex y CFE.
Por increíble que parezca, un juez en México le otorgó la suspensión definitiva a la empresa española Iberdrola para que no pague multa impuesta por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
De acuerdo con Sin Embargo, la empresa de origen español obtuvo la suspensión definitiva de una multa de nueve mil 145 millones de pesos, luego de que la CRE los acusó de vender energía a compañías no autorizadas en sus permisos.
Por lo que ahora Iberdrola deberá de pagar en tanto no se resuelva el juicio de amparo.
La energética Iberdrola acumula señalamientos en al menos cinco países donde tiene presencia. Ilustración: SinEmbargo.
Es decir, el Juez resolvió suspender el pago de la multa en tanto no se resuelva el juicio de amparo que se presentó después de que el pasado 25 de mayo, cuando la CRE multó a Iberdrola Energía Monterrey por vender electricidad a empresas que no aparecían como los socios originales de su planta “Dulces Nombres”, ubicada en Pesquería, Nuevo León.
Es decir, el gigante energético español La planta habría vendido la energía a los socios “simulados” entre enero de 2019 y junio de 2020.
Sin embargo, no todo está perdido pues ahora el órgano regulador podrá impugnar la decisión ante un tribunal superior, pues será hasta septiembre que se lleve a cabo la primera audiencia para atender a fondo el juicio de amparo.
Este lunes 11 de julio el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, perteneciente a la Audiencia Nacional, acordó un juicio oral contra Iberdrola Generación y cuatro directivos por incrementar el precio de la luz, en el que la Fiscalía pide 2 años de prisión para los directivos y, para la compañía eléctrica, una multa de casi 85 millones de euros.
Esta decisión se debe a que la compañía “ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía” con la finalidad de “provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores”, en 2013, lo cual constituye un delito relativo al mercado y a los consumidores.
El juez Moreno detalla que “para conseguir un mayor precio en el mercado eléctrico, aumentaron el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre noviembre y diciembre de 2013, a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad. Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía”.
Esta política de precios, probablemente constitutiva de delitos, fue adoptada y aprobada por el director de Gestión de la Energía, Angel Chiarri Toscano; el responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, Gregorio Relaño Cobián; el responsable de Gestión de Activos, José Luis Rapún Jiménez; y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global, principales directivos de Iberdrola.
De ser encontrados culpables, se les aplicaría la pena de dos años de prisión para cada uno de ellos y una severa multa a la empresa, por un valor de 85 millones de euros, que representa cuatro veces el beneficio obtenido por la compañía, tal como lo solicitó la Fiscalía.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno manda al banquillo a Iberdrola y 4 directivos por manipular el precio de la luz en 2013. FACUA pide 3 años de prisión para cada uno y una multa de 107,5 millones de euros a la compañía, el quíntuple de los beneficios que obtuvo.
Debido a que la empresa generadora de energía Iberdrola, con la intención de evitar hacer los trámites correspondientes para obtener la autorización de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para instalar un campo eólico en el estado de Guanajuato, la compañía española intentó ponerlo en funcionamiento utilizando un permiso designado para el estado de San Luis Potosí, a pesar de que cambiar de estado está específicamente prohibido por la ley.
Y es que el permiso fue otorgado en 2015 para la construcción de un parque eólico en el municipio Villa de Reyes, en San Luis Potosí, sin embargo Iberdrola pidió a la CRE cambiar el permiso para mover el proyecto al municipio de San Felipe, Guanajuato, argumentando que el terreno de San Luis Potosí supuestamente estaba arrendado a un tercero, pero la CRE negó esta solicitud, pues la Ley de la Industria Eléctrica expresamente prohíbe autorizar cambios de ubicación de un municipio a otro en permisos ya existentes.
Es por eso que la CRE frenó el inicio de operación comercial del parque eólico y, aún cuando Iberdrola fue notificada el pasado 9 de junio, mediante un oficio, la empresa no detuvo sus operaciones basada en que el juez Ramón Lozano admitió tramitar un amparo de Iberdrola contra la decisión de la CRE.
Cabe recordar que la CRE ya había negado a Iberdrola, empresa que enfrenta una multa de la CRE por 9 mil 145 millones de pesos por vender energía a empresas no autorizadas en sus permisos, la renovación de sus permisos en Nuevo León, por la misma causa que generó la multa.
Al respecto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue quien parece más preocupado por la “competitividad” que por la legalidad manifestó que “Es una mala noticia porque precisamente lo que yo mencionaba ahorita, hoy la industria a nivel mundial va hacia las energías limpias y una empresa como Iberdrola, que no pueda operar, una planta de 50 regeneradores en San Felipe que es muy buena planta, pues nos resta competitividad. Es un duro golpe a la competitividad no sólo del estado, del país porque esta planta genera energía para la región y yo espero que pronto se pueda resolver esta situación”.
La energética española Iberdrola ha sido señalada por malas prácticas en al menos cinco países donde tiene presencia, incluyendo México, donde la CRE recientemente le impuso una multa histórica de 9 mil 145 millones de pesos por vender en forma ilegal energía bajo la figura de autoabastecimiento.
Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– Al menos 18 señalamientos, entre multas y resoluciones de entes reguladores, acumula la energética española Iberdrola desde 2008 en cinco países donde tiene presencia, incluyendo México, donde opera desde hace 23 años.
Los países donde la energética ha enfrentado acusaciones son España (8), México (3), Estados Unidos (2), Reino Unido (1) y Brasil (2), en algunos casos por manipular el mercado de energía eléctrica, sobornos y hasta tráfico de influencias, como se muestra en la siguiente tabla.
Sobre estos señalamientos, Iberdrola se ha defendido y en algunos casos ha impugnado las multas. Para conocer una opinión más amplia sobre este tema, SinEmbargo consultó, vía correo electrónico, a la empresa española, pero su respuesta fue que por el momento no estaban emitiendo posturas al respecto.
Con más de 170 años de historia, el grupo Iberdrola es hoy un líder energético global, el primer productor eólico y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo. En México, donde tiene presencia desde 1999, tiene una capacidad instalada de más de 9.3 GW a través de 16 centrales de ciclo combinado y cogeneraciones, 693 MW en siete parques eólicos y 470 MW en tres parques fotovoltaicos distribuidos en 15 estados del país.
A pesar de tener el certificado de “Empresa Socialmente Responsable”, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía a empresas y organizaciones establecidas en el país que cumplen con sustentabilidad económica, social y ambiental, Iberdrola ha sido señalada por comunidades, organizaciones ambientalistas y recientemente fue sancionada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con una multa histórica de 9 mil 145 millones de pesos por vender en forma ilegal energía bajo la figura de autoabastecimiento.
Central eólica PIER IV en Puebla. Foto: Iberdrola.
De acuerdo con el órgano que supervisa el mercado energético de México, Iberdrola Energía Monterrey entregó la energía a sus socios a cambio de una “prestación económica”, algo que no está permitido en la regulación bajo la cual se otorgó el permiso.
La resolución precisa que la subsidiaria violó el artículo 36, fracción l, inciso A de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), donde se precisa que no se puede vender energía eléctrica a terceras personas que no sean socios cuando se apruebe el proyecto original.
“La conducta descrita es antijurídica, toda vez que deviene en una afectación a los bienes jurídicos tutelados por las normas que imponen la obligación a la Permisionaria de no vender, revender o por cualquier acto jurídico enajenar capacidad o energía eléctrica”, señala el documento.
Las pruebas que la CRE utilizó para fundamentar la falta consisten en la presentación de facturas sobre la venta de energía emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La resolución destaca también que Iberdrola Energía Monterrey comercializó la energía eléctrica generada por la central del periodo 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2020, de acuerdo con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que proporciona el Servicio de Administración Tributaria.
Sobre esta resolución, Iberdrola solicitó a un juzgado en México un amparo. De acuerdo con el diario La Jornada, la empresa española interpuso la solicitud, que aún no tiene un estado de admitida, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
Central de ciclo combinado Monterrey. Foto: Iberdrola.
Además de esta multa, en marzo pasado la Comisión Reguladora de Energía aprobó un proyecto de resolución en el que se autorizó la exclusión del centro de Magna Assembly Systems de México S.A. de C.V. de dos permisos para generar electricidad que proporcionaba Iberdrola.
Los permisos retirados fueron el E/1397/COG/2015, otorgado a Iberdrola Cogeneración Altamira y el E/1444/AUT/2015, otorgado a Iberdrola Renovables del Bajío. Además, se negó a otorgar modificaciones al permiso con número E/1486/COG/2015 para aprovechar la energía generada en su planta de cogeneración Bajío y para realizar trabajos de ampliación en la misma.
BRASIL: DENUNCIAN SOBORNOS
El 19 de julio de 2014, campesinos de Belo Monte denunciaron sobornos a alcaldes y líderes de las aldeas por parte del consorcio Norte Energía, donde se encuentra Iberdrola, por la construcción de la megapresa de Belo Monte. La denuncia fue asentada en el informe “Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples”.
El informe realizado por Luis Miguel Uharte Pozas recoge también otras prácticas de la compañía como la división de aldeas y compra de líderes mediante la provisión de víveres y gasolina para los barcos. Según el documento, la construcción de la presa representaba un fuerte impacto en la zona, ya que implicaría la inundación de 40 kilómetros cuadrados de tierra, emisión de gases de efecto invernadero en una zona selvática, el desplazamiento de pescadores de la zona y alrededor de 40 mil personas expulsadas de sus casas.
La presa finalmente fue inaugurada en 2016 pese a las protestas.
Presa de Belo Monte. Foto: Neoenergía.
Pero este no es el único señalamiento en contra de la energética en Brasil. El 13 de abril de 2016, Greenpeace solicitó públicamente a Iberdrola, Mapfre y Siemens que dejaran de destruir el Amazonas con la construcción de grandes presas hidroeléctricas que destruyen ríos y enormes zonas de selva, así como la inundación de territorios indígenas.
De acuerdo con Greenpeace, Neoenergía, filial de Iberdrola en Brasil, ha estado implicada en la construcción de numerosos proyectos polémicos hidroeléctricos y forma parte del consorcio de empresas que elaboraron el Estudio de Evaluación Ambiental del proyecto de São Luiz do Tapajós. Durante la intervención de un miembro de Greenpeace en la Junta de Accionistas, el 8 de abril de 2016, se solicitó al presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, una declaración pública de desvinculación del proyecto hidroeléctrico y de otros en la Amazonía que amenazan la selva y los pueblos indígenas, pero se negó a hacerlo.
“Ni gestionamos ni pintamos nada en ese tema”, dijo Galán a Greenpeace. “Son temas de los brasileños, que seguro que lo están haciendo de acuerdo con las leyes brasileñas”.
Las españolas Iberdrola y Mapfre rechazaron desvincularse del proyecto de Sao Luiz do Tapajós, el cual finalmente fue cancelado. Foto: Greenpeace.
El 5 de agosto de 2016, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) canceló la licencia de construcción de la mega presa São Luiz do Tapajós, de la que no se quisieron desvincular ni Iberdrola ni Mapfre. Ambientalistas y, principalmente los indios del pueblo Mundukuru, en la tierra indígena Sawré Muybu, en el estado brasileño de Pará, celebraron la decisión.
EU: RECHAZA COMPRA A IBERDROLA
El 3 de diciembre de 2021, Security Limits, una empresa de ciberseguridad, presentó una demanda contra Iberdrola y Avangrid, la filial norteamericana que cotiza en Wall Street, por 110 millones de dólares en un juzgado federal de Nueva York por presunta manipulación de licitaciones y extorsión.
La demanda, de 72 páginas, describía un plan diseñado por varios ejecutivos de Iberdrola para generar millones de dólares en compras innecesarias de equipos electrónicos que posteriormente no se usaban y que se cargaban contra los servicios públicos de Nueva York, Connecticut y Maine, las zonas donde opera Avangrid.
No obstante, el 14 de febrero de este año Avangrid informó que Security Limits retiró la demanda que le puso en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
El 3 de diciembre de 2021, Security Limits, una empresa de ciberseguridad, presentó una demanda contra Iberdrola y Avangrid. Foto: Iberdrola.
El 9 de diciembre de 2021, la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México, en Estados Unidos, rechazó la propuesta de Avangrid de adquirir PNM Resources. El regulador argumentó que los riesgos del acuerdo superan los beneficios para los usuarios del estado y aceptó la recomendación emitida a principios de noviembre de ese año por la ponente Ashley Schannauer, quien observó tres problemas: gobernanza del nuevo grupo, calidad del suministro eléctrico y los conflictos judiciales de Iberdrola en España por el caso Villarejo.
REINO UNIDO: MULTA A FILIAL
El 30 de noviembre de 2021, el regulador británico de la energía, Ofgem, multó a Scottish Power, filial de Iberdrola, y a National Grid con 158 millones de libras (186 millones de euros) por los retrasos en el cable submarino para exportar energía entre Escocia, Gales e Inglaterra, denominado Western Link. El retraso de dos años dificultó que los generadores de energía renovable en Escocia exportaran electricidad limpia.
Edificio de la sede de Iberdrola. Foto: Isabel Infantes, Europa Press.
ESPAÑA: UN CÚMULO DE LITIGIOS
Si en otros países Iberdrola es señalada por malas prácticas, en España, donde nació la empresa, suma acusaciones desde hace años. Por ejemplo, el 15 de febrero 2008 la entonces Comisión Nacional de Competencia impuso una multa de 15.4 millones de euros a la eléctrica por abuso de posición dominante en el mercado de generación de energía eléctrica en la zona de Levante-Norte durante el segundo semestre de 2004 y algunos días de enero y febrero de 2005. Según la denuncia, la empresa ofertó energía en el mercado diario a precios superiores para que las ofertas no cesaran y se recurriera al mercado de restricciones técnicas, donde se paga más por la electricidad.
En otro caso, el 28 de febrero de 2012, la Comisión Nacional de Competencia multó con 10.6 millones de euros a tres sociedades de Iberdrola por traspasar clientes desde la comercializadora de último recurso de luz hasta la comercializadora en mercado libre sin su consentimiento. Las empresas sancionadas fueron Iberdrola S.A., Iberdrola CUR e Iberdrola Generación.
Si en otros países Iberdrola es señalada por malas prácticas, en España, donde nació la empresa, suma acusaciones desde hace años. Foto: Iberdrola.
El 30 de agosto de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso una sanción de 25 millones de euros a Iberdrola Generación por la manipulación del precio de la energía eléctrica. La sanción se refiere a las actuaciones realizadas mediante el incremento del precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013.
Sobre este caso, el 17 de marzo de 2016 la Audiencia Nacional acordó suspender cautelarmente la multa y hasta el momento está pendiente de cobro.
Años más tarde, el 21 de febrero de 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó con un total de 100 mil euros a Iberdrola Clientes y EDP Energía por incumplir los procedimientos de contratación que deben seguir las compañías de gas y electricidad cuando captan un nuevo cliente.
La empresa reconoció los hechos el 27 de abril de 2020 y pagó anticipadamente, logrando dejar la sanción en 60 mil euros, 40 por ciento menos.
El 30 de agosto de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso una sanción de 25 millones de euros a Iberdrola Generación por la manipulación del precio de la energía eléctrica. Foto: Facebook Iberdrola México.
El 9 de julio de 2021 la Audiencia Nacional de España puso a Iberdrola Renovables bajo investigación formal por un supuesto caso de espionaje. El Juez Manuel García Castellón investiga si la empresa incurrió en un delito de cohecho al contratar al excomisario de policía José Manuel Villarejo para que supuestamente espiara a la empresa suiza Eolica Dobrogea, que se había asociado con Iberdrola para proyectos en Rumanía. La investigación aún sigue su curso.
El 11 de agosto de 2021, alcaldes de 19 municipios ribereños denunciaron ante la Comisión Europea a Iberdrola por el vaciado del embalse de Ricobayo (Zamora), una denuncia que fue atendida el 24 de agosto de ese año cuando el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, informó a los alcaldes que la Dirección General de Medio Ambiente del organismo estudiaría el caso, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España abrió un expediente informativo a Iberdrola por el desembalse.
El 13 de agosto de 2021, VOX también denunció a Iberdrola ante la Comisión Europea por vaciar el embalse de Ricobayo. Según el partido español, la capacidad pasó en pocos días de 95 a apenas un 12 por ciento para aumentar su producción y lucrar con los precios.
El 9 de julio de 2021 la Audiencia Nacional de España puso a Iberdrola Renovables bajo investigación formal por un supuesto caso de espionaje. Foto: iberdrola.
Este 2022 Iberdrola acumula más señalamientos. Apenas el pasado 30 de mayo el Juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, admitió a trámite y abrió el procesamiento contra la energética por una investigación que inició la asociación de consumidores Facua, que detectó un sobreprecio durante el ejercicio de 2013. Según la denuncia, la empresa habría inflado 26.5 por ciento el precio de la energía eléctrica.
El pasado 15 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) obligó a la empresa española a desmantelar la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, en la provincia de Badajoz, la más grande de Europa, y a devolver a su dueño las 500 hectáreas sobre las que está asentada por considerar que estas fueran expropiadas de manera ilegal. Esta resolución ha sido impugnada por Iberdrola.
Finalmente, el pasado 20 de junio el Juez de Castilla y León, Javier del Blas, confirmó una multa de 11 millones 250 mil euros y ratificó el embargo de bienes por un total de 130 millones de euros contra tres directivos de Iberdrola implicados en una trama de corrupción político-empresarial en la que se habrían otorgado varias concesiones para construcción de parques eólicos en la que hubo desde sobornos hasta tráfico de influencias y prevaricación, según informó el diario español El Confidencial.
A pesar de que la multinacional de energía Iberdrola se muestra al mundo como una empresa “ambientalista”, el juez de Castilla y León, Javier del Blas confirmó una multa de 11 millones 250 mil euros y ratificó el embargo de bienes por un total de 130 millones de euros contra tres de sus directivos, por los presuntos delitos de corrupción y grave daño ambiental.
Iberdrola celebró su junta anual de accionistas, en la que se ratificó la cúpula directiva con Ignacio Sánchez Galán al frente a pesar de sus numerosas imputaciones penales que incluyen una trama de corrupción político-empresarial en la que se habrían otorgado varias concesiones para construcción de parques eólicos en la que hubo desde sobornos hasta tráfico de influencias y prevaricación.
La empresa tiene en España al menos cinco procesos judiciales, entre los que se encuentra el que se refiere a la contratación de un ex comisario de policía para espiar y coaccionar tanto a empresarios y directivos de las compañías competidoras, como a políticos, periodistas y hasta líderes medioambientales críticos con los megaproyectos de la firma energética, que tiene su sede central en Bilbao y en el cual está imputado el propio Sánchez Galán, aunque también se investigan otros delitos graves, como la manipulación de los precios de la electricidad mediante el vaciado intencionado de pantanos, la expropiación ilegal de un terreno de más de 510 hectáreas para instalar ahí la mayor planta fotovoltaica de Europa.
Otro caso en investigación es la concesión irregular de autorizaciones para edificar parques eólicos en la región, en un lapso que va de 2003 a 2011. Es decir, ocho años durante los cuales Iberdrola se habría saltado la legalidad para conseguir las concesiones públicas y expandir así sus inversiones y proyectos energéticos en la zona.
El juez embarga 130 millones a tres directivos de Iberdrola por la corrupción eólica https://t.co/HJifaexT73
— julia_quintilla@hotmail.es (@juliquintilla) June 21, 2022
De confirmarse la hipótesis de la Fiscalía, significaría que en ocho años se habrían pagado hasta 80 millones de euros en los sobornos para conseguir las concesiones, en los que estarían involucrados cinco funcionarios de alto rango del gobierno autonómico y 11 empresarios, entre ellos los tres directivos de Iberdrola.
Por presuntos abusos, la empresa de las llamadas energías limpias, la española Iberdrola enfrenta problemas en España, su propio país.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le ordenó devolver a su propietario original más de 525 hectáreas de un terreno, ubicado al oeste del país, que la empresa expropió ilegalmente para construir una planta fotovoltaica, considerada la más grande de Europa con 1.4 millones de paneles solares.
De acuerdo con medios nacionales, Iberdrola firmó un contrato de arrendamiento por 25 años, pero pretendió apropiárselos “con el argumento de que eran propiedad pública”.
Ante esto, la empresa española señaló que cuenta con todos los permisos para el funcionamiento de la planta fotovoltaica y dijo que seguirá funcionando con normalidad.
La noticia se conoce en momentos de fuertes críticas al oligopolio eléctrico –en el que Iberdrola es pieza fundamental—por los abusivos precios de la electricidad en España.
Hoy una sentencia ha obligado a Iberdrola a desmantelar la fotovoltaica más grande de Europa, en Badajoz. Los terrenos fueron expropiados de manera ilegal afectando una zona de acuíferos y yacimientos arqueológicos protegidos. No verán nada en TV. Tiene comprados a los medios. pic.twitter.com/bneV6vszfd
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, durante la junta general de accionistas celebrada en Bilbao, España. Foto Europa Press
Ciudad de México. Sólo unas horas antes de que Iberdrola llevara a cabo su junta general de accionistas en España, la multinacional solicitó a un juzgado en México un amparo contra la resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que sancionó por 9 mil 145 millones de pesos a la firma española por vender en forma ilegal energía bajo la figura de autoabastecimiento.
Iberdrola interpuso la solicitud, que aún no tiene un estado de admitida, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República para reclamar sobre la discusión, aprobación y emisión de la resolución RES/466/2022 por parte del ente regulador energético en México, la cual fue autorizada por su órgano de gobierno el pasado 25 de mayo.
La empresa estaría inconforme con la sanción por 9 mil 145 millones que se le impuso por la venta ilegal de energía a los más de 500 socios que tiene en la planta Dulces Nombres, la cual se ubica en Pesquería, Nuevo León.
El pasado 25 de mayo la CRE aprobó la RES/466/2022, la cual multa a Iberdrola Energía Monterrey (IEM), titular del permiso de generación de energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento E/205/AUT/2002, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acusó a la empresa de cobrar por la electricidad que generaba en la planta.
El regulador comprobó que IEM incurrió en la venta de energía eléctrica a terceros, acción que no está permitida por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) en su artículo 36, pues la figura de autoabastecimiento —creada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari— es para que una misma empresa se suministre de la electricidad generada o bien el proyecto original todos los socios sean propietarios.
La CRE demostró con comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) emitidos por IEM entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020 que la filial de Iberdrola vendió energía a terceros, con lo que hizo caso omiso de la ley.
Pese a ello, Iberdrola en su defensa argumentó que el uso de las facturas, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) facilitó, violaba su secreto fiscal, pero el alegato fue desechado.
Ahora la empresa solicitó el amparo, pero la acusación específica señala que la sanción económica no sólo es para IEM, sino para otros socios de la planta Dulces Nombres.
Este no es el único litigio legal que tiene Iberdrola en México, pues el pasado lunes su solicitud de amparo contra otra resolución de la CRE en el mismo juzgado fue admitida.
En ese caso se trata de la planta ubicada en Querétaro y que es operada por Iberdrola Energía Bajío, la cual pretendía incluir en el proyecto a 519 socios, ya contando a Kimberly-Clark, empresa que recibía el suministro generado.
Más temprano, en Bilbao, España, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, recibió el apoyo masivo de la gestión de la multinacional.
La empresa destacó que el grupo ha ingresado en las arcas públicas de los países donde desarrolla su actividad 7 mil 836 millones de euros, 5 por ciento más que el año anterior, es decir, 361 millones de euros más.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió a la española Iberdrola no “patear el bote” esperando que acabe su gobierno para no pagar la multa que se le impuso por abastecer energía eléctrica a sus socios comerciales bajo el modelo de autoabasto.
Durante la conferencia matutina del 9 de junio, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre la multa de 9.145 millones de pesos (457 millones de dólares) que impuso la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en mayo pasado, misma que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En este sentido, López Obrador sostuvo que “está fundada la sanción” dado que la SCJN determinó que se trata de un fraude legal; sin embargo, consideró que los directivos de Iberdrola “son algo especiales” y quedaron acostumbrados al influyentismo.
“Pero en el caso de Iberdrola y de algunos empresarios asociados a Iberdrola de México no quieren (pagar), piensan que van a ir pateando el bote y que ya se va a terminar el gobierno y que entonces van a regresar sus fueros. Está mal esa apuesta. Yo les aconsejo que no lo hagan porque yo no me voy a ir quedando como cómplice de corrupción, como encubridor”, declaró el titular del Poder Ejecutivo.
Andrés Manuel López Obrador insistió en el pago de la sanción ya que no les están expropiando ninguna planta ni se están planteando aumento de tarifas, y, al contrario, hay acercamientos para llegar a acuerdos, como ha sucedido con firmas estadounidenses.
“Vamos a seguirlos convenciendo, persuadiendo de que ya las cosas cambiaron. El ejemplo es lo que se hizo con las empresas estadounidenses, que nos llevó, no sé, cinco días. Los atendí personalmente, caso por caso, en concesiones de petróleo, en terminales de distribución, en planta solar, en gasoductos, en permisos para plantas de licuefacción, vimos todo”, insistió López Obrador.
Inicialmente se calcula que Iberdrola provocó un aumento del precio del mercado diario de unos siete euros por megavatio hora, con lo cual obtuvo beneficios estimados de 21.5 millones de euros y provocó un perjuicio de 105 millones en el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 23 diciembre de 2013. Foto Europa Press
Madrid. La justicia española decidió abrir un proceso penal contra la multinacional ibérica Iberdrola por la manipulación sistemática del precio de la energía eléctrica, que habría inflado 26.5 por ciento. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, finalmente admitió a trámite y abrió el procesamiento de la empresa energética, en concreto por una investigación que inició una asociación de consumidores, Facua, que detectó un sobreprecio durante el ejercicio de 2013 y desde entonces reclamó a la justicia que adoptara medidas para indagar los hechos.
Iberdrola está en la mirada de la justicia española por diversas causas y motivos. Este es uno más, que, de hecho, estaba a la espera desde hace más de dos años de que el juez Moreno decidiera sobre la imputación de Iberdrola. En la larga lista de investigaciones judiciales que tiene a la energética en el punto de mira hay otros casos de manipulación del precio de la electricidad, como el que presuntamente habría cometido en el verano del año pasado por el vaciado intencional del embalse de Ricobayo, en la provincia de Zamora, precisamente para alterar a su favor el costo de la energía. Además se investiga a la cúpula directiva de los presuntos delitos de espionaje, cohecho activo, falsedad en documento mercantil, atentado contra la intimidad y una serie de delitos ecológicos.
La Audiencia Nacional española es el tribunal que tiene al menos dos procesos de investigaciones abiertos contra Iberdrola, ambos de enorme gravedad para una empresa que se dedica a abastecer de electricidad a la ciudadanía. El primero es el del supuesto espionaje contra empresas competidoras, pero también el de vigilancia y amenazas a políticos y líderes medioambientales contrarios a sus intereses. Este caso lo instruye el magistrado Manuel García Castellón y ya tiene muy avanzadas las investigaciones, basadas sobre todo en grabaciones y documentos que confirmarían la intervención del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en esta trama de espionaje y coacción.
El segundo caso es el que finalmente se desbloqueó en el juzgado de Ismael Moreno, en el que por fin y después de una larga travesía en búsqueda de justicia, se investigará la presunta manipulación de los precios de Iberdrola durante 2013, al haber constatado que se infló el precio. El procesamiento será contra Iberdrola Generación y contra cuatro personas físicas que entonces ocupaban distintos cargos de responsabilidad dentro de la compañía.
Según el auto judicial, firmado el pasado 26 de mayo y dado a conocer este lunes, el procesamiento contra Iberdrola se justifica después del último informe de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que, tras las “numerosas diligencias”, se ha acreditado “indiciariamente” el “artificial incremento del precio de la energía eléctrica que vendía Iberdrola” en estas fechas, es decir, 2013. Se calcula que Iberdrola provocó un aumento del precio del mercado diario de unos siete euros por megavatio hora, con lo cual obtuvo beneficios estimados de 21.5 millones de euros y provocó un perjuicio de 105 millones en el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 23 diciembre de 2013.
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que es órgano regulador en este materia en España, sancionó en 2016 a Iberdrola con una multa de 25 millones de euros, precisamente por la manipulación de los precios. Pero en dicha sanción no se incluyeron otros delitos que a juicio de la Fiscalía Anticorrupción habría incurrido en otros delito la multinacional y que le habría permitido un obtener un “lucro ilícito” de 20 millones de euros.
La versión de Iberdrola es que el precio del mercado subió a finales de 2013 por circunstancias ajenas, que en ese periodo hubo escasez de agua y llegó a los embalses un 25 por ciento de lo normal y que no obtuvo ningún beneficio por la paralización de sus centrales hidráulicas. Es prácticamente el mismo argumento que presentó para defenderse de la causa abierta en su contra por el delito ecológico por el que está señalado en Zamora, también por el vaciado intencionado de los embalses para lograr un incremento del precio de la energía y así más beneficios propios.
