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  • AMLO exhibe los 40 privilegios de los ministros de la Suprema Corte

    AMLO exhibe los 40 privilegios de los ministros de la Suprema Corte

    “Sueldos muy superiores al del presidente de la República: casi 300 mil pesos mensuales cada ministro. Yo gano la mitad de eso”, exhibió Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Éste fue el primero de los 40 privilegios que expuso y que gozan los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con cargo al dinero del pueblo de México.

    El presidente de la República agregó una segunda prebenda de los ministros y ministras de la Corte: aguinaldos de 588 mil pesos, 40 días de sueldo. Indicó que esta información se originó en el Senado de la República, pues fue el legislador Ricardo Monreal quien lo dio a conocer el pasado 9 de mayo. Al respecto, explicó que “todo esto es contrario a lo que establece la Constitución, al artículo 127 de la Constitución, […por]que no hay estado de derecho, como sostienen los abogados leguleyos, huizacheros, que están defendiendo a los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial hablando del estado de derecho. No, es estado de chueco”.

    López Obrador recordó que nueve de los 11 ministros y ministras cancelaron el llamado Plan B de la reforma electoral. “¿Qué era el plan B, en esencia? Bajar los sueldos de los funcionarios del INE, que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos, que también ganan más que el presidente? Entonces, era defender sus intereses”.

    En los peldaños tres y cuatro de los privilegios, citó que los juzgadores gozan de primas vacacionales por 95 mil pesos (10 días de sueldo). Y de un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos 24 centavos al año.

    5. “Un comedor especial en la Suprema Corte de Justicia, donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas, claro que debe ser tequila.

    6. “Presupuesto de 5 millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal. Además del personal de la Corte, pero ellos tienen esa posibilidad para trabajadores domésticos.

    7. “Dos vehículos blindados tipo Suburban con valor acumulado de 6 millones, que se renuevan cada dos años.

    8. “Pago por riesgo de más de 640 mil pesos al año.

    9. “Apoyo para gasolina, 22 mil pesos mensuales. Es que no paran, o sea, van a todos los distritos del país.

    10. “Apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopistas.

    11. “Algunos ministros también cuentan con escoltas al Servicio de Protección Federal.

    12. “Seguros para autos y casa habitación.

    13. “Atención especial para reservación en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro tramite.

    14. “Atención personalizada en el aeropuerto.

    15. “Viáticos para vuelos, hospedaje, comidas en viajes oficiales tanto en México como el extranjero, para lo que les otorgan pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear.

    16. “Salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas.

    17. “Dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno, o sea, un mes.

    18. “Tres equipos de cómputo e impresión.

    19. “Seis teléfonos celulares –es que hablan bastante– de gama alta para ministros y familiares, y personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año.

    20. “Tres iPad con servicio de internet ilimitado.

    21. “Papelería personalizada.

    22. “Computadoras, impresoras e internet en su domicilio, pagado por la Suprema Corte de Justicia.

    23. “Apoyo de soporte técnico por parte de personal en la Suprema Corte.

    24. “También pueden instalar videovigilancia en sus casas con cargo al erario público.

    25. “Seguro de gasto médico, aquí sí es… Este me consta, porque hubo un ministro, ya se los he platicado, en el gobierno anterior, ya se fue, que se hizo cirugía plástica y estaba en el quirófano, y estaba también la esposa, y la esposa le dijo al cirujano plástico: ‘Déjele la naricita como la del presidente Peña’; esto, con cargo al erario. No estoy mintiendo, tengo como principio no mentir, no robar y no traicionar. ¿Qué más? Ah, bueno, ese seguro de gasto médico es 30 millones en adelante […]. Tiene que ver con su familia nuclear, también, o sea, toda su familia.

    26. “Ciento ochenta y ocho mil al año para compra de medicamentos.

    27. “Atención especial por parte del personal de la Suprema Corte y aseguradoras en cualquier trámite de seguros.

    28. “Seguro de vida institucional, 12 millones.

    29. “Pago por defunción, 1 millón 189 mil.

    30. Ayuda para gastos funerales. “Bueno, esto no lo deseo, 30 mil pesos”.

    31. “Apoyo económico para lentes –no, pues, eso sí hace falta– a cónyuges e hijos.

    32. “Pensión vitalicia con casi la totalidad del sueldo cuando se retiran. O sea, lo que tenían los expresidentes, ellos lo siguen manteniendo.

    33. “Aparte, una liquidación o un haber de retiro.

    34. “Se le permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados.

    35. “Se les pagan dos personas de apoyo para estar en su servicio en la jubilación.

    36. “Seguro de separación individualizada, eso es bastante, muchísimo, 20 millones cuando se van.

    37. “Acceso a un área de atención especial para ministros jubilados.

    38. “Un estímulo por antigüedad de mil pesos anuales.

    39. “Tienen 14 fideicomisos por 20 mil 149 millones de pesos que se utilizan para mantener estas prestaciones de por vida.

    40. “El presupuesto para el 22 son 73 mil 723 millones de pesos, 73 mil 723 millones. La Presidencia ejerce al año, el año pasado ejerció 500 millones de pesos.”

    El presidente López Obrador consideró que “éste es el fondo del asunto, pero esto es el maiceo en general. Además, representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite, porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo; al contrario, es en contra del pueblo, para eso están”.

    El titular del Ejecutivo federal cuestionó que hasta ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación nunca ha resuelto nada en beneficio del pueblo. “De lo que yo recuerdo es de que a mí me obligaban, cuando fui jefe de gobierno [de la capital], a que yo pagara a un particular 1 mil 810 millones de pesos del llamado Paraje de San Juan”.

    Agregó que otro tema cuestionable acerca de la actitud de los ministros y ministras se dio cuando, en el sexenio de Enrique Peña, se les solicitó autorizar una consulta ciudadana para ver si el pueblo quería la privatización del petróleo. “Ellos negaron la posibilidad, con una argucia legaloide de que no aplicaba una consulta cuando se trataba de ingresos del gobierno”.

    López Obrador señaló que también le consta que, cuando se tenía que juzgar a los responsables del incendio de la Guardería ABC –ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, y cobró la vida de 49 bebés y lesionó a otros 104–, entre quienes se encontraban familiares de Margarita Zavala, la esposa del entonces presidente Felipe Calderón, “se protegió a los implicados”.

    Además, advirtió que le consta que “hay que estar a las vivas porque los viernes en la noche [los juzgadores] liberan a delincuentes. Lo que me consta es que el mismo día que juzgaron en Estados Unidos a[l exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro] García Luna, ese mismo día aquí le liberaron las cuentas a su esposa. Entonces, ¿para qué todo esto?”

    Por ello, el presidente consideró fundamenta que se reforme al Poder Judicial: “lo mejor es que lo haga el pueblo. No voy a actuar como lo hizo [Ernesto] Zedillo, de desconocerlos y pagarles bien para que se fueran, no, no. Tiene que ser con una reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo, como era en la época del presidente Juárez, como se aplicaba en la época de la República Restaurada”.

    En ese contexto, recordó que la ley prohíbe estos excesos y privilegios en el gobierno, pero los ministros y ministras de la SCJN incumplen con esos preceptos. Incluso, les leyó nuevamente el artículo 127 de la Constitución, el cual, dijo, están violando:

    “Los servidores públicos de la federación de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las siguientes bases:

    “Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos d viaje en actividades oficiales.

    “Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.”

    Por ello, cuestionó: “¿más claro? ¿Cuál es la interpretación? Hay una excepción: ‘ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. La suma –de todas maneras– de dichas remuneraciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente’. O sea, aun cuando por cuestiones técnicas o especialización puedan recibir más, no puede exceder del 50 por ciento de lo que gana el presidente”.

    Por ello, indicó que éste es el fondo del asunto: “como no lo están manejando de esa manera, es ‘la Suprema Corte no se toca’”.

  • Invalida la SCJN el traslado de la Guardia Nacional a Sedena

    Invalida la SCJN el traslado de la Guardia Nacional a Sedena

    Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México. Foto Cuartoscuro / Archivo

    Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por considerarlo contrario a la Constitución, con lo cual ese cuerpo volverá a depender íntegramente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y dejará de ser parte de las fuerzas armadas.

    El fallo elimina la facultad que tenía el titular de la Sedena para proponer al comandante general de la Guardía y anula el régimen por el cual la corporación reconocía a sus elementos provenientes de la Policía Militar como miembros en activo de la Defensa y sujetos al fuero castrense.

    El argumento principal fue que la adscripción operativa de la GN a la entidad militar viola el artículo 21 constitucional, que define a la corporación policial como una institución de carácter civil.

    El fallo de la Corte tuvo mayoría calificada de ocho votos. En contra votaron los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.

    Varios meses de ajustes

    Aunque la decisión está tomada, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señaló que regresar a la Guardia a la SSPC requerirá de ajustes legales y operativos, por lo que planteó que es preciso fijar a los poderes Legislativo y Ejecutivo un plazo de varios meses para cumplir con el fallo de la Corte. Por ello, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, propuso al ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que relabore su proyecto de efectos de la sentencia y lo presente a votación en la sesión del jueves próximo.

    En el proyecto aprobado, el ministro ponente dijo que “resultaría en un fraude a la Constitución federal afirmar que esa institución policial conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial, si sus integrantes son soldados en activo, sometidos a la jurisdicción y al régimen disciplinario castrense, desarrollando funciones militares y actuando bajo la norma de las fuerzas armadas”.

    Margarita Ríos Farjat, quien votó con la mayoría, dijo que “resulta difícil imaginar que una institución de carácter civil, en este caso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, retenga la dirección de la Guardia Nacional si no posee el control operativo y administrativo”.

    “Una institución no puede ser dirigida en realidad sin tener control de su operación y su administración. Al ser castrenses estos controles, la dirección también lo es y el carácter civil queda en entredicho”, señaló.

    Piña Hernández sumó su voto a la mayoría: “las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles, mientras a las fuerzas armadas corresponde una tarea claramente distinta: la seguridad nacional, tanto frente a amenazas internas como externas”.

    Dijo que desde 2006, cuando se inició la “guerra contra el narcotráfico” y la militarización de la seguridad pública, en el gobierno del panista Felipe Calderón, “el crimen organizado se ha fortalecido y ha puesto en mayor riesgo la seguridad e integridad de los mexicanos”.

    Apuntó además que la situación “ha forzado” a las autoridades a “fortalecer a las instituciones policiales que se habían tornado en insuficientes, ante la amenaza asimétrica que representan las organizaciones delictivas, por no ser lo bastante eficientes y adiestradas”.

    Implicaciones militares

    La Guardia Nacional fue creada el 26 de marzo de 2019, con más de 15 mil elementos provenientes de la Sedena y de la Secretaría de Marina, con el objetivo principal de coadyuvar a la seguridad pública en todo el territorio y colaborar temporalmente en esa misión con las entidades federativas o municipios. Al mismo tiempo se extinguió la Policía Federal.

    A la fecha, la corporación tiene más de 128 mil elementos, con 281 bases en el país.

    En septiembre de 2022, el Congreso de la Unión modificó diversos ordenamientos, entre ellos la Ley de la Administración Pública Federal, para que la Sedena asumiera la coordinación operativa y administrativa de la Guardia Nacional.

    La Jornada reveló en agosto de 2021 el proyecto de la Sedena para impulsar, desarrollar y entrenar a la GN y sumarla, primero, a su estructura operativa, y luego a la administrativa, hasta convertirla en la tercera fuerza armada.

    El 13 de agosto de 2021 se modificó la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional con la creación del Estado Mayor Conjunto y las comandancias de las otras dos fuerzas armadas: el Ejército y la Fuerza Aérea.

    El control operativo de la Guardia Nacional depende hasta ahora de mandos militares, al igual que la contratación, el entrenamiento y el despliegue en el país.

    La Jornada

  • Ministro Laynez admite 2 nuevas impugnaciones contra Plan B

    Ministro Laynez admite 2 nuevas impugnaciones contra Plan B

    El ministro, Javier Laynez admitió a trámite otras dos acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

    Estas fueron tramitadas por los partidos Movimiento Ciudadano y el PRD y según de acuerdo con los estrados  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro rechazó conceder las suspensiones solicitadas por  estos bajo el argumento de que el viernes pasado frenó la entrada en vigor de la reforma en la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

    Cabe decir que con este ya suman tres juicios constitucionales admitidos a trámite en la SCJN de este mismo tema.

    La Presidencia de la República impugnó esta medida al considerar preocupante que el ministro Laynez suspendiera la aplicación de la totalidad del decreto de reforma cuando el INE no lo solicitó así.

    Indicó que el ministro Laynez “arrancó hojas a la Constitución”, pues explicó que dicha norma suprema prohíbe las controversias constitucionales en materia electoral.

    Esta suspensión, publicada el pasado lunes, señala que de no frenar la entrada en vigor de toda la reforma y suspender parcialmente sus efectos, puede provocar un “caos operativo” en el INE.

    Los Reporteros

  • AMLO: Ministro Laynez ya es como alteza serenísima del “Supremo Poder Conservador”

    AMLO: Ministro Laynez ya es como alteza serenísima del “Supremo Poder Conservador”

    El Presidente criticó al Ministro Laynez Postisek, quien fue quien concedió la suspensión del Plan B de la Reforma Electoral, sin embargo, señaló que buscará con el Plan C impulsar cambios en el Instituto Nacional Electoral (INE).

    Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del Ministro Javier Laynez Potisek, quien concedió la suspensión del Plan B de la Reforma Electoral, al que llamó “alteza serenísima” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

    “Ya ahora tenemos en los hechos, o quieren que prevalezca, que impere en México una especie de ‘Supremo Poder Conservador’, y este Ministro [Javier] Laynez ya es como su alteza serenísima”, criticó.

    “Esta Ley fue cancelada por un Ministro, es interesante porque la aprobaron diputados y senadores, el Poder Legislativo, que es el poder más cercano a la soberanía popular, y de repente un Ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, sino un Ministro, la cancela, es un hecho yo pienso inédito y desde luego injusto, arbitrario”, agregó.

    Además, el Presidente señaló que si fracasa la aprobación del Plan B intentará con un Plan C, que es que una persona vinculada a su Gobierno presida el INE, “eso no va a ser bloqueado, ese no falla porque es convocar al pueblo a continuar con la transformación”.

    Asimismo, consideró que la suspensión del Plan B “no es un asunto jurídico”, sino que es un “asunto político y mercantil”, pues según dijo, “lo que no quieren no es ni siquiera que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral, lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE”.

    El pasado 24 de marzo, el Ministro Laynez Potisek concedió al INE una suspensión a la entrada en vigor del “Plan B” electoral, por lo que podrá seguir operando como lo hacia antes de la reforma impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. También concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.

    El Ministro de la SCJN aseguró que concedió la suspensión “para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional“.

    Según el acuerdo de la suspensión que fue publicado el pasado lunes 27 de marzo, “el sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE”, sin embargo, alertó que “el decreto reclamado [el del Plan B] produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano, al grado que es posible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos que venía operando”.

    Laynez Potisek también advirtió que “de no concederse la suspensión, el Instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del Instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”.

    El pasado domingo 26 de marzo, en un comunicado titulado “Para conceder suspensión, Ministro Laynez arrancó hojas a la Constitución”, el Poder Ejecutivo federal acusó que en contra de lo que prevé expresamente la norma fundamental, “Laynez Potisek decidió admitir a trámite la controversia constitucional presentada por el INE y conceder una suspensión total para que no surta efectos el decreto expedido por el Congreso de la Unión que modifica diversas leyes en materia electoral, “cuyo objeto es reducir los costos burocráticos de las elecciones y afianzar los principios democráticos para que los derechos político-electorales de la ciudadanía sean verdaderamente respetados y no ocurran más fraudes, como en el pasado”.

    De acuerdo con la Presidencia de la República, “se trata de régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee, ya que la Ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente”.

    Por último, reiteró que no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano y dio a conocer que “solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de Derecho que nos rige”.

    SinEmbargo

  • Senador de Morena presentó iniciativa para que jueces y magistrados sean elegidos mediante el voto de los ciudadanos

    Senador de Morena presentó iniciativa para que jueces y magistrados sean elegidos mediante el voto de los ciudadanos

    Alejandro Armenta, senador de morena y presidente del Senado presentó iniciativa para que magistrados sean elegidos por voto de ciudadanos.

    Si se aprobara esta iniciativa, se modificaría la Constitución y dos leyes secundarias que cambiarían el método de elección de integrantes del Poder Judicial y así establecer que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean elegidos por voto de los ciudadanos.

    “Los magistrados electorales serán electos por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos”, se menciona en la iniciativa.

    Primero, se reformaría el articulo 94 de la Carta Magna, para que quede: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito. La elección del Poder Judicial será directa y en los términos que disponga la ley electoral”.

    Mientras, en los cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se modifica el artículo 179 para establecer que las ausencias definitivas de los magistrados y magistradas electorales del TEPJF serán cubiertas por el voto directo de los ciudadanos mexicanos.

    El senador de Morenista recalcó el papel “de suma importancia” que tienen magistrados, magistrados, jueces y juezas en el desarrollo de una sociedad justa; por lo que precisó la necesidad de que quien ocupe dichos cargos cuenten con el respaldo ciudadano.

    “Así, será la democracia la que les otorgue esos puestos y no una minoría a la que los antes mencionados sientan deberles el puesto; y terminen estableciendo una justicia bajo subordinación”, recalcó.

    Hasta el momento los integrantes del PJF son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal; mientras que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sale de una terna enviada por el jefe del Ejecutivo al Senado de la República.

    Cabe resaltar que al tratarse de una iniciativa que modificaría la Constitución, se necesitarían los votos de dos terceras partes del Senado.

    Con información de Forbes.

  • Favorece la Corte a factureros; han defraudado 4.5 billones de pesos

    Favorece la Corte a factureros; han defraudado 4.5 billones de pesos

    Ciudad de México. El presidente del Senado, Alejandro Armenta, y el dirigente de Morena, Mario Delgado, lamentaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anuló la aplicación de prisión preventiva oficiosa (PPO) en delitos fiscales, ya que, lamentaron, desaparece una norma encaminada a impedir el saqueo de las finanzas públicas.

    Armenta era presidente de la Comisión de Hacienda en 2019 cuando se dictaminaron las reformas que ampliaron la aplicación de la PPO.

    Ayer aseguró que empresarios y políticos que se volvieron delincuentes desviaron, en gobiernos anteriores, más de 4.5 billones de pesos a través de empresas fantasmas y facturas apócrifas.

    El senador morenista agregó que respeta pero no comparte la resolución de la Corte y espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga llegar nuevas iniciativas en la materia, que pongan fin a la corrupción y “actuación desleal” de los defraudadores fiscales.

    Rechazó, además, que senadores y diputados se hubieran equivocado al aprobar las reformas para ampliar la PPO. “Hicimos lo correcto y vamos a insistir en legislar para evitar abusos.

    “Puerta giratoria de la corrupción”: Delgado

    Por su parte, Delgado manifestó que el fallo de la Corte “es una regresión”.

    Ponderó que en el gobierno actual ya no hay privilegios ni favores fiscales, pero el hecho de que esos delitos “no sean sancionados de manera grave, como sí sucede en otros países, destapa la puerta giratoria de la corrupción a gran escala, a la que estaban acostumbrados los delincuentes de cuello blanco y los alienta a vivir sin miedo a la justicia”, añadió.

    La decisión de la SCJN “sólo la celebran los factureros y contrabandistas que en el pasado, impunes, vivían de defraudar a la hacienda pública. Por el traspatio la mafia del poder recupera los privilegios que con las reformas de la mayoría del pueblo perdieron”, indicó el presidente de Morena.

  • Prisión preventiva, nuevo triunfo de AMLO

    Prisión preventiva, nuevo triunfo de AMLO

    El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que eliminar la prisión preventiva oficiosa implica riesgos. (Fotos: Presidencia de la República/Cuartoscuro.)

    Por Miguel Ángel Ferrer

    Con sus mañaneras López Obrador venció a los grandes poderes mediáticos y al sector más retardatario y corrupto del Poder Judicial.

    En su desesperada batalla contra la Cuarta Transformación (4T), el conservadurismo, incapaz de recuperar el poder presidencial, se ha atrincherado en tres sectores en los que aún mantiene poder, influencia y recursos económicos: los medios de comunicación, los organismos autónomos y el Poder Judicial.

    La tarea de estos tres sectores se reduce a obstaculizar las tareas gubernamentales. O, dicho de otro modo, impedir que cuajen las muy necesarias transformaciones por las que la ciudadanía votó mayoritariamente en los comicios de 2018.

    Para combatir exitosamente a esos tres poderosos adversarios, López Obrador se ha valido del recurso de sus diarias conferencias de prensa matutinas, las muy célebres mañaneras.

    En ellas, López Obrador se dirige directamente al pueblo para explicar las razones de su proceder y para desnudar las mentiras, las calumnias, las falsas noticias y los falaces argumentos con los que el conservadurismo combate inútilmente las políticas emanadas del gobierno de la 4T.

    El más reciente caso de la confrontación entre obradorismo y conservadurismo se ha dado en el tema de la prisión preventiva oficiosa o automática (PPO). La 4T en favor de mantenerla vigente y la derecha procurando eliminarla.

    El resultado de la batalla es ya por todos conocido: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó mantenerla vigente. De modo que el Presidente López Obrador obtuvo una nueva e importantísima victoria sobre los conservadores.

    Y el factor decisivo, el que inclinó la balanza, fue sin duda el recurso de la mañanera. En varias de ellas, López Obrador explicó elocuente y detalladamente los beneficios para el pueblo de mantener vigente esa medida cautelar. 

    Y explicó asimismo que eliminarla sólo implicaría beneficiar a diversas categorías de peligrosos delincuentes, aunque la eliminación llevaba dedicatoria para los políticos corruptos hoy en prisión, como Juan Collado  o Emilio Lozoya, encarcelados gracias precisamente a la existencia legal de la PPO, los cuales habrían de quedar libres de manera inmediata si la PPO era eliminada.

    Con sus mañaneras López Obrador venció a los grandes poderes mediáticos y al sector más retardatario y corrupto del Poder Judicial. Con las mañaneras el Presidente ganó la batalla decisiva, es decir, la batalla de la opinión pública. Es obvio que la Suprema Corte no se atrevió a ponerse abierta y claramente en favor de la corrupción. 

  • Golpe de estado fallido desde la SCJN

    Golpe de estado fallido desde la SCJN

    Por Erika González

    En las estrategias de la guerra híbrida juegan un papel fundamental 3 factores que se aplican para intentar derrocar a los gobiernos; uno es el uso faccioso de los medios de propaganda disfrazados de medios de comunicación, a los que se satura con mentiras, verdades a medias e información tergiversada, en un intento de desprestigiar al gobierno influyendo sobre las mentes débiles y mal informadas.

    Otro es el calentamiento de las calles, utilizando grupos pagados y organizaciones de la delincuencia para crear un ambiente de caos y descontrol entre la población y otro más denominado como Law Fair, que es el uso de las estructuras legales para entorpecer los avances de un gobierno y para intentar destituirlo por medio de argucias legaloides.

    En México la oligarquía y sus marionetas han aplicado todas estas en los últimos 4 años para desestabilizar al gobierno de la 4ª transformación sin éxito, porque la consciencia colectiva de la ciudadanía se encuentra desarrollada a un nivel tal, que sabe lo que quiere, pero sobre todo lo que no quiere e identifica ya claramente cuál es la naturaleza del juego de los que están ahí para perjudicar a la mayoría, intentando recuperar sus privilegios elitistas y mezquinos.

    Como nada les ha funcionado y la aprobación del gobierno se mantiene en niveles históricamente altos, a pesar de todos sus esfuerzos, la última de las acciones que emprendieron fue intentar dar un golpe de estado por la vía legal desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, liderado por uno de los 11 ministros convertido en mascota de los oligarcas.

    Al inicio de este gobierno, el poder ejecutivo envió una iniciativa de reforma constitucional al congreso, que fue aprobada para modificar la carta magna e incluir 16 delitos como delitos graves, en los que es automática la prisión preventiva oficiosa para quienes los cometen; entre ellos se incluyó a la corrupción, los delitos electorales y el robo de combustible, sumándose a los que ya antes se clasificaban así.

    De acuerdo con las leyes mexicanas esa es la única forma en la que se puede modificar la constitución y no hay ninguna otra; mandando una iniciativa al congreso, para que sus miembros la discutan y realicen o no el cambio de la carta magna.

    Sin embargo, el ministro Aguilar presentó un proyecto, basado en los argumentos de un amparo presentado por miembros del cártel de la Unión de Tepito, para que se cancelara la prisión preventiva automática, intentando que la Suprema Corte modificara la constitución desapareciendo uno de sus artículos, sin siquiera tomar en cuenta al poder legislativo, como si él mismo no conociera el texto completo de la constitución.

    De haberse aprobado el proyecto por 8 de los 11 ministros, se habría concretado un auténtico golpe de estado, en el que el poder judicial podría llevar a cabo las funciones del legislativo y por qué no, hasta las del ejecutivo. Ya puestos en ese camino por qué no seguirle. Como lo dijo la ministra Ana Margarita Ríos Farjat: “esto significaría convertir al estado en uno donde el gobierno sería el gobierno de los jueces” y todos quedaríamos a merced de los corruptos, que son la mayoría de los juzgadores.

    Así es como a través de un juez, actuando como brazo de la oligarquía criminal y basándose en argumentos presentados por un cártel del crimen organizado, se pretendió desmantelar la estructura legal de la república para usurpar el poder. Por fortuna, la mayoría de los ministros defendieron la separación de poderes, evitándose un auténtico golpe de estado desde el poder judicial, que hubiera tenido consecuencias desastrosas para el estado de derecho y para la seguridad de la sociedad.

    Este es el grado de desesperación de la derecha, que valiéndose de uno de sus esbirros, a través de maromas legaloides, intentó arrebatar lo que no han podido lograr por la vía democrática, porque no tienen el apoyo de los ciudadanos.

    Como dijo el estadista francés Napoleón I: “Interpretar la ley es corromperla, los abogados las matan”.

  • Ministro Luis María Aguilar retira proyecto sobre prisión preventiva, advierte que hará nuevo documento

    Ministro Luis María Aguilar retira proyecto sobre prisión preventiva, advierte que hará nuevo documento

    Sin darse por vencido en su intención de eliminar la prisión preventiva oficiosa, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, retiró el proyecto con el que planteaba inaplicar los fragmentos del artículo 19 de la constitución, que establece y define el procedimiento para esta figura.

    Luego de escuchar durante dos días los argumentos expuestos por sus colegas, el ministro Aguilar determinó que su proyecto, en la forma actual, no procedería, por lo que decidió retirarlo y elaborar un nuevo documento que, dice el ministro, recogerá las opiniones vertidas por los demás ministros y ministras.

    Según Aguilar, su intención no era quitar un artículo de la constitución, sino solamente comparar al artículo 19 con el primero, donde se plantea que se deben de respetar todos los Derechos Humanos reconocidos por México, sin importar la fuente, sin embargo, decretar la inaplicabilidad de la prisión preventiva oficiosa tendría como efecto secundario, invalidar el artículo 19 constitucional.

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  • AMLO responsabiliza al poder judicial en México de las personas encarceladas sin sentencia

    AMLO responsabiliza al poder judicial en México de las personas encarceladas sin sentencia

    En momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México debate la eliminación de la prisión preventiva automática, aplicable a personas sin sentencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó corrupción en el poder judicial.

    “La responsabilidad es de la corrupción del régimen, de lo que imperaba, porque si no hay sentencias es porque no se está cumpliendo la Constitución, porque hay corrupción, porque la Constitución establece que tiene que haber justicia pronta, expedita”, apuntó en su conferencia matutina de este martes 6 de septiembre.

    “Y por el autoritarismo y por todo esto que prevaleció durante mucho tiempo, nosotros lo que estamos ahora haciendo, desde que llegamos, es procurando liberar a quienes injustamente han estado en la cárcel, que son inocentes o que fueron víctimas de tortura“, añadió el mandatario.

    Aseveró que en su gestión se ha buscado liberar a personas mediante la ley de amnistía.

    Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación - Sputnik Mundo, 1920, 06.09.2022

    Además, López Obrador descartó haber influenciado en el modelaje de los criterios de los ministros de la Suprema Corte, que inició el debate del asunto el lunes 5 de septiembre. Sin embargo, dijo que es necesario purificar el poder judicial, pues si impera la corrupción entre los jueces del país, no se va a alcanzar la justicia.

    “Y buscar los mecanismos de protección, pero eso no está presente, y además acabamos de tener ejemplos, tenemos muchísimos, de delincuentes que son aprehendidos y que los sueltan“, lamentó.

    La bandera de la ONU - Sputnik Mundo, 1920, 05.09.2022

    Hay personas que no reciben sentencia por consigna desde los poderes gubernamentales, recriminó, por lo que México debe avanzar hacia una verdadera legalidad. López Obrador dijo que es necesario abordar esos temas en la arena pública porque propicia que la gente esté al pendiente de esas injusticias y exija su resolución.

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