El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propuso hacer una pausa en la relación con España, al menos hasta el final de su sexenio, por considerar que empresas hispanas han actuado de manera ventajosa al amparo del poder político.
Aclaró que se trata de un planteamiento público, no de una declaración diplomática formal ni un pleito sino una acción encaminada a que se conozcan los acuerdos de arriba, de las élites.
El tema fue planteado por el mandatario como parte de una respuesta frente a las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien cambió su postura y ahora critica la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica promovida por el gobierno actual. López Obrador acusó que las empresas hacen cabildeo, lobby para hacer negocios jugosos porque los grandes consorcios del sector energético, como las españolas, antes eran como dueños de México.
En ese contexto planteó la pausa, un respiro, para normalizar la relación bilateral con la nación ibérica, para que no se siga viendo a México como “tierra de conquista”
De inmediato, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, el socialista José Manuel Albares, solicitó una aclaración ante lo que calificó de declaraciones verbales súbitas, y advirtió que el gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, defenderá los intereses de España (¿o de sus empresas?) ante cualquier circunstancia y país.
López Obrador, acompañado por el director general de la estatal petrolera Pemex, Octavio Romero Oropeza, presentó varios ejemplos de lo ruinosas que han sido para México las actividades de algunos consorcios españoles, particularmente en los ramos de energía e infraestructura, y resaltó que esas operaciones.
Operaciones, dijo, jugosas para las empresas y devastadoras para las finanzas públicas y hasta para empresarios mexicanos, que no habrían podido realizarse sin un entramado de corrupción cómplice –un contubernio arriba, una promiscuidad económico-política, dijo– que se instaló en los gobiernos de ambos países. Añadió que la relación bilateral que ahora no es buena, y a la posibilidad de “darnos un tiempo, una pausa por lo que resta de este sexenio para normalizarla”, aunque descartó el retiro de embajadores.
Los ejemplos de contratos leoninos que causaron graves daños al erario mexicano, pero representaron grandes negocios para consorcios como Repsol e Iberdrola en los sexenios de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y recordó la opacidad, la arbitrariedad y la parcialidad en las que se desarrollaron licitaciones obtenidas en el de Enrique Peña Nieto por la empresa española OHL para construir obras viales en el estado de México.
Detalló que la Astillera de Vigo fue rescatada por Pemex no sólo con la compra a sobreprecio de 51 por ciento de las acciones de esa compañía, sino con la construcción de barcos (floteles para la pernocta de 600 personas) que costaron a la paraestatatal mexicana 80 millones de euros cada una, negocio en el que Pemex nunca ganó un solo centavo, reclamó.
Otro pésimo negocio para México fueron los contratos a Repsol durante el sexenio de Calderón para la extracción de gas en la Cuenca de Burgos, la cual se dedicó a hacer pozos casi estériles. Tan sólo en una perforación se pagaba a la compañía 4.2 millones de dólares mensuales, durante cinco años, por no transportar absolutamente nada, denunció.
Y así otros –intervino el mandatario– como uno en Manzanillo, para traer gas desde Perú, en cuya negociación de este contrato por 26 mil millones de dólares estuvo involucrado el finado secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Injerencia, prepotencia
Desde que asumió el poder López Obrador ha tenido al frente del gobierno español al socialista Pedro Sánchez. En ese mismo lapso ha habido hasta dos cancilleres, Arantxa González Laya, y el actual José Manuel Albares. La primera fue quien respondió al mandatario mexicano que España no tenía previsto ofrecer una reparación de Estado a los pueblos originarios por la invasión de América, tal como le propuso López Obrador para conmemorar los 500 años de toma de Tenochtitlán.
Desde los años noventa del siglo pasado, los abusos de firmas españolas en México y en el resto de Latinoamérica han sido posibles por la corrupción de autoridades locales, pero también por políticas intervencionistas impresentables por parte de las autoridades y de los medios peninsulares, en lo que ha sido llamado la reconquista de América.
Durante la presidencia de López Obrador, las autoridades de Madrid han exhibido con frecuencia un trato arrogante y hasta grosero hacia el gobierno mexicano. Muestras de ello fueron la displicente respuesta española a la misiva en la que López Obrador propuso al rey de España dar una vuelta definitiva a la página de la invasión de Mesoamérica y la destrucción de las culturas originarias mediante una solicitud de perdón a los descendientes de los conquistados, recuerda La Jornada.
La carta ni siquiera mereció una respuesta del monarca; en cambio, se contestó por medio de un comunicado en el que el Ministerio de Exteriores rechazó la iniciativa con toda firmeza. Más recientemente, esa misma dependencia tardó un tiempo desusadamente largo –cinco meses– en dar el beneplácito al embajador mexicano propuesto, el ex gobernador priísta de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel.
Con estos hechos en mente, dice el editorial de La Jornada. resulta claro que López Obrador decidió enviar al gobierno de España –no al pueblo de ese país– un mensaje inequívoco de hartazgo por las actitudes prepotentes, injerencistas y abusivas que han caracterizado a autoridades y empresas españolas hacia México. No más que eso, pero no menos.
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
