La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno. Se le acusa de presunto desvío de recursos federales y enriquecimiento ilícito.
Via Twitter, el Gobierno de México informó que la FGR inició una investigación en contra del Alejandro Moreno. Los delitos de los que se le acusa son tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.
Sin embargo, minutos después el tweet fue borrado de la red social de la Presidencia de la República.
Aunque hasta ahora la información no ha sido confirmada por la FGR, la cual no ha emitido ningún comunicado por sus redes, fuentes federales consultadas por este medio aseguraron que la investigación contra el dirigente del PRI sí fue abierta por el ministerio público federal.
Esto confirma lo dicho el martes por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, aseguró que la investigación contra “Alito” estaba a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, la cual es es encabezada por María de la Luz Mijangos.
Alito, entre audioescándalos, cateos e investigaciones judiciales
Alejandro Moreno ha estado en medio del huracán por posibles actos de corrupción. Los indicios de estos salieron a la luz después de que la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, expuso una serie de audios que le fueron hechos llegar. En estos, se escucha al líder tricolor hacer apología a la violencia contra periodistas, además de exhibir un supuesto esquema para lavar dinero y obtener propiedades mediante sus privilegios como gobernador.
Asimismo, Moreno está bajo asedio de sus mismos copartidarios pues algunos jerarcas del PRI, cómo Miguel Ángel Osorio Chong, han pedido públicamente que “Alito” abandone la dirigencia del partido.
Actualmente, el dirigente tricolor se encuentra en una “gira” por Europa. Esto con la finalidad de denunciar el supuesto “acoso” que ha sufrido de parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A raíz de una fuerte presión social y de acusaciones de parcialidad, el Instituto Nacional Electoral decidió, por fin, iniciar una serie de investigaciones contra l presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), AlejandroMoreno, por la probable responsabilidad en delitos electorales.
Esto derivado de una serie de audios, difundidos por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en donde se escucha al priísta aceptar, reconocer y confesar diversas conductas posiblemente constitutivas de delitos de distinta índole, electorales algunos de ellos.
Mediante una tarjeta informativa, el INE anunció que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) de ese instituto ya se encuentra realizando las indagatorias tras las denuncias interpuestas por Morena, así como por Layda Sansores, actual gobernadora de Campeche, sin embargo al tratarse de una investigación en curso, el cual forma parte de un procedimiento administrativo de carácter sancionador, la información recabada como parte de las diligencias se encuentra temporalmente reservada, por lo que no puede ser revelada ni de forma parcial o total.
Una vez concluidas las indagatorias, la Comisión de Fiscalización será la responsable de tomar las medidas necesarias para sancionar al imputado, mismas que serán votadas por el Consejo General del INE y que, en caso de así convenir a los intereses del señalado, podrá recurrirlas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Las denuncias se dan a partir de una serie de audios donde Alejandro Moreno, utilizando un lenguaje extremadamente soez y prosaico, asegura, entre otras cosas que “si pagamos en efectivo no dejamos rastro” o que “a los periodistas hay que matarlos de hambre”, declaraciones a las que se suma la más reciente, difundida el pasado 5 de julio: “Cuando tenga yo la comisión (en la Cámara de Diputados) vamos a cog*rnos a los empresarios con una reformaverg*s… o sea, para que se caguen”, dijo Alito Moreno, refiriéndose a la Reforma Fiscal.
Alejandro Moreno se encuentra actualmente fuera del país, en una supuesta “gira para denunciar” lo que el llama “gobierno dictatorial” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ante instancias internacionales.
Y sigue de gira… 🤷♀️
Alito Moreno denuncia al gobierno de AMLO ante la ONU
Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República al detectar transferencias por 26 millones de pesos, presuntamente de procedencia ilícita, al ex presidente Enrique Peña Nieto, provenientes de un familiar. Con esta información, la fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar si existe un delito en estas operaciones que motive la judicialización del caso.
El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, detalló que Peña Nieto conformó dos empresas con familiares antes de llegar a Los Pinos, una de las cuales tenía “relación simbiótica” con una compañía extranjera. Esta última se convirtió en proveedor de su administración, en la cual “se benefició” de contratos por un total de 10 mil 533 millones de pesos: 714 millones en 2013, 2 mil 126 en 2014, 5 mil 505 en 2015, 948.7 en 2016, 991 en 2017 y mil 246 millones de pesos en 2018.
En la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la prioridad de su gobierno es combatir la corrupción, pero no se pretende hacer de ello un circo o un espectáculo, porque no es el propósito empantanarse en el escándalo. La UIF depende del Presidente y la instrucción que tiene, “para que se oiga bien y se oiga lejos”, es no ocultar información ni convertirse en una simulación para permitir la corrupción, aunque también aseveró que no hay persecución política ni construcción de delitos en su gobierno.
“Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios, y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad. No es para salir a decir: ‘Se acusa al ex presidente Peña de lavado de dinero’, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos “, agregó.
La instancia que determinará si existe un delito será el Ministerio Público y después un juez. “No le voy a decir al fiscal: no vaya a iniciar proceso en contra de esta persona. Cuando yo le diga eso al fiscal, ya no tengo autoridad que resuelva con autonomía. No vamos a estar persiguiendo a nadie. Si el fiscal, con pruebas, integra un expediente que demuestra que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez”.
Gómez informó que el ex presidente recibió tres transferencias internacionales de un familiar: en agosto de 2019, por 16 millones de pesos; en octubre de 2021, dos depósitos por 5.7 millones cada uno. Este pariente consanguíneo registró retiros por 189.9 millones de pesos y depósitos por 47.5 millones entre 2013 y 2022.
–¿Cuáles serían los delitos?
–Los presuntos delitos los establece el fiscal, es parte de su función constitucional en el momento de judicializar una causa. Mientras no haya judicialización, no hay delito todavía. El Código Penal Federal otorga a la UIF la capacidad de presentar denuncias por operaciones de procedencia ilícita. Sólo en ese caso la UIF es proactiva.
Apuntó que el expediente con la información completa –con datos de Compranet y del sistema financiero– y todos sus detalles ya está en poder de la FGR, a partir de lo cual abrió su carpeta de investigación, a la cual la UIF “aportará todo lo que vaya requiriendo la fiscalía”.
Las empresas tienen como giro el comercio, pero “no están en una sola rama”. Gómez indicó que la compañía identificada como B (para respetar la presunción de inocencia) realizó 261 transferencias internacionales entre 2015 y 2021: por mil 557 millones de pesos y 4.9 millones de dólares.
–¿Se ha dado seguimiento a otros ex presidentes?
–No puedo decir que sí ni que no.
–¿Contra (Felipe) Calderón hay una denuncia?
–No tenemos ninguna denuncia presentada contra ese señor en la fiscalía.
Más adelante, ante sendas preguntas, declinó informar si se han detectado movimientos irregulares en las cuentas de Alejandro Moreno, dirigente del PRI. Sin embargo, en torno al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, resumió: “Es un escándalo”, pero acto seguido declinó informar porque fue el presidente de la comisión instructora de la Cámara de Diputados quien promovió su desafuero y ahora está al frente de la UIF.
Gómez aceptó que hay varios elementos en materia penal y civil relacionados con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, que podrían darse a conocer sin afectar los procedimientos judiciales en curso.
Empresas involucradas
Durante la conferencia presidencial, Pablo Gómez expuso que la denuncia se derivó de un análisis de los reportes financieros y avisos que permanentemente recibe la UIF respecto de quienes realizan actividades vulnerables. Advirtió que la Unidad de Inteligencia “detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”.
En su amplia explicación, el economista advirtió que los análisis detectaron que el expresidente Peña Nieto “tiene vínculos corporativos en dos empresas que identificamos, para efectos de esta nota, como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras”.
Agregó que en el caso de la empresa A, se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de 2012.
“Particularmente la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones”, explicó.
Respecto de la empresa B, afirmó que fue constituida por Peña Nieto y familiares antes de que asumiera la Presidencia de la República. Asimismo, apuntó que esta compañía “tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo”, es decir, entre 2013 y 2018.
“Aunado a lo anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. En el año 2013 por un monto de 714 millones y pico, en 2014 por un monto de 2 mil 126 millones y pico, en 2015 por 5 mil 505 millones, en 2016 por 948 millones 799 mil, en 2017 por 991 millones y en 2018 por 1 mil 246; para hacer un total en estos años de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos”.
El titular de la UIF explicó que entre 2015 y 2021, la empresa B envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: 1 mil 557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos moneda nacional y 4 millones 942 mil 900 dólares.
“Asimismo, se identificó que la empresa B, en conjunto con una filial de la empresa trasnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de esta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros.”
Pablo Gómez señaló que la información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República, misma que ha abierto ya una carpeta de investigación. “La Fiscalía hará dicha investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. Las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF, la UIF hace simplemente acopio de información, de acuerdo con la ley, y el análisis de la misma, entrega a las unidades de inteligencia del gobierno, a otras entidades de los estados, de los municipios, información relevante de carácter financiero cuando es requerido o cuando es preciso hacerlo, pero no hace las investigaciones en ningún caso”.
Por ello, aclaró que, “en relación con esto, no hay una actividad extraordinaria en la relación entre la UIF y la Fiscalía, sino algo completamente normal que se lleva a cabo en este y muchísimos casos, y en la relación más directa, más permanente y más cordial, que es lo que tenemos entre la UIF y la Fiscalía General de la República”.
ayda Sansores, Gobernadora de Campeche, reveló un nuevo audio de Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, en el que se expresa de forma ofensiva hacia algunos empresarios, además reveló un contrato con Televisa con el que presuntamente se financiaron campañas.
Durante el Martes del Jaguar, Layda Sansores reveló un audio nuevo y reprodujo el de la semana pasada, del que se mostró un contrato del PRI con Televisa donde parece que se cubre un “Servicio de inserciones en medios impresos” pero, a decir de Sansores, realmente era un servicio para la campaña electoral.
La segunda grabación, se puede escuchar a Alito Moreno platicando con José Murat, exgobernador de Oaxaca. En el audio, Moreno se mofa de “apoyos” de 10 millones de pesos y 2 mil celulares para el partido.
“Y le digo a Pepe: ‘Es mi amigo’ Clarito y él, sin que me diga me dijo: ‘Yo voy a ayudar’ ‘Ok, está bien’. 10 millones. No mames wey, eso me diste tú, 500 mil dólares y dos mil piches celulares. O sea, güey, puta madre, no mames güey, no mandan nada. O sea, pero nunca dan.” dice el dirigente tricolor.
El interlocutor de Alito le dice al dirigente que después le van a pedir favores, a lo que este responde:
“Ah no ‘perate que el monopolio, que el monopolio es la cogida que le van a dar. Estaban de perros ahí.”
A partir de ahí, Alito se expresa de forma ofensiva hacia algunos empresarios, a los que incluso insinúa que puede extorsionar con reformas.
“Cuando tengamos la comisión, vamos a cogernos a los empresarios con una reforma vergas. O sea, pa’que se caguen.” puntualizó el priísta.
🚨 #UltimaHora 🚨 Revelan nuevo audio 🔈del dirigente del PRI, @alitomorenoc, mentándole la madre a un grupo de poderosos empresarios de México 🇲🇽 por no darles más dinero 💰 😱
Y no sólo eso, presume junto con Murat que el PRI se los va a cog… con una reforma verg… 🙄 pic.twitter.com/LMZDSlkQs6
Entre los empresarios a los que nombra Alejandro Moreno están Germán Larrea, dueño de Grupo México, Alberto Baillères, Presidente de Grupo Bal que controla empresas mineras y comerciales como, Palacio de Hierro, GNP y la minera Fresnillo. También insulta a Álvaro Fernández, director general de Grupo Alfa, conglomerado neoleonés quien abiertamente ha apoyado a los candidatos de la coalición Va X México.
Asimismo, en el audio el dirigente del Revolucionario Institucional también ataca a sus aliados, PAN y PRD. Sobre ellos, refiere que “los metan al bote” siempre y cuando no se metan con el PRI.
Señalan a diputadas
Además de los audios de Alito, el Martes del Jaguar dio a conocer otras revelaciones. Por ejemplo que presuntamente algunas diputadas federales le envían fotos desnudas a Alito Moreno, con lo que él las tiene controladas. Incluso se insinuó que él les paga la renta a algunas de ellas.
La gobernadora Sansores aclaró que ellos han sido muy cuidadosos de que esas fotografías no salgan a la luz, pero recomendó a las legisladoras priistas de no confiar en Moreno Cárdenas pues es un hombre sin escrúpulos.
La mansión
Finalmente, también se revelaron algunos detalles de la casa de Alejandro Moreno, la cual fue cateada apenas el día de ayer, de la boca del fiscal Renato Sales Heredia.
Por ejemplo, que casa está construida sobre 17 terrenos y contaba con grandes amenidades, además de valiosas obras de arte. Además se aclaró que no hubo agresión por parte de los uniformados, pues llegaron de manera pacifica, pero no se les permitió la entrada.
Durante el cateo, un valuador estuvo tomando nota de todo lo que contenía la casa y se esperará el dictamen de la Fiscalía para poder dar más detalles.
Vehículo de lujo
Señalado los diferentes audios dados a conocer por Sansores Mendieta, Alejandro Moreno tiene una vida de lujo, tal como evidenció la gobernadora al mostrar fotografías del Lamborghini de Alito Moreno, vehículo de lujo valuado en hasta 12 millones de pesos.
Mexicanos Contra la Corrupción señala que líder priista se hizo de propiedades a precios bajos; con ayuda de familia y amigos revende; le hallan 35; Alejandro Moreno califica de falaz la información; en la Permanente, Morena y oposición se acusan de narcotriunfos en elecciones.
Por:
YULIA BONILLA
– 09/06/2022 01:52
Una red de amigos y familiares habría sido el vehículo mediante el cual el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, adquirió varias propiedades en Campeche a precios bajos, para después donárselos y posteriormente revenderlos a precios superiores, sin que esto dejara algún rastro en sus declaraciones patrimoniales.
La investigación, nombrada “La red de Alito para triangular dinero con la compra-venta de inmuebles”, realizada por Eduardo Buendía, colaborador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), acusa al priista de haber utilizado su influencia política y poder para cometer estos actos.
Tras una revisión que se hizo al Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPyC) y al Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral (Infocam) de Campeche, se establece que el también diputado, así como su hermano, Emigdio Gabriel Moreno; su madre, Yolanda Mercedes, y Juan José Salazar Ferrer, su arquitecto de cabecera, poseen 35 inmuebles y terrenos en la entidad.
Apunta que, en su declaración patrimonial presentada a finales del 2021, Moreno Cárdenas notificó 13 inmuebles adquiridos entre marzo del 2012 y mayo del 2021, por un monto de 12 millones 963 mil pesos, periodos durante los cuales fue diputado, gobernador y luego dirigente del CEN y, nuevamente, diputado de la actual legislatura.
Según consta, uno de estos predios, con extensión de 39.2 mil metros cuadrados, fue adquirido a Desarrollo Comercial y Residencial SA de CV, al que pagó menos de cuatro pesos por metro cuadrado.
Ahora, el terreno forma parte de “Campeche Hills”, descrito como un exclusivo complejo residencial cuyos lotes se venden actualmente a un precio de dos mil pesos por metro cuadrado.
La investigación también apunta que, durante noviembre del 2016, mientras era gobernador, cedió cinco lotes a su madre, las cuales adquirió un año antes.
Entre los predios donados se encuentra uno denominado Miramar, con una extensión de más de 10 hectáreas, el cual adquirió al hijo del exgobernador de la entidad Eugenio Echeverría Castellot, cuyo costo fue de 390 mil pesos.
De las propiedades cedidas a su madre, cuatro fueron aseguradas por la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre del 2019, como parte de una investigación en contra de Moreno Cárdenas por el presunto delito de enriquecimiento ilícito; sin embargo, en septiembre del año siguiente fueron suspendidas las retenciones y las propiedades volvieron al poder del priista.
Más adelante, apunta que la “donación” de predio también incluyó dos terrenos en el “lujoso” fraccionamiento Lomas del Castillo, en el que existen 140 lotes, de los cuales 22 pertenecen a Alejandro Moreno, su madre, hermano y al arquitecto.
Además, se señala que 11 meses antes de que el priista asumiera el cargo como gobernador, adquirió un terreno de 812 metros cuadrados con la empresa Constructores Unidos de Campeche SA de CV, la cual fue beneficiada entre 2015 y 2017 con contratos millonarios de obra pública.
Tras la publicación de la investigación, el dirigente priista aseguró, al ejercer su derecho de réplica, que la información difundida es falsa.
Sostuvo que cada una de sus propiedades aparecen dentro de sus declaraciones patrimoniales, por lo que afirmó que los señalamientos acerca de haber puesto los inmuebles y predios a nombre de otras personas es “una falacia”; además, señaló que las ubicaciones proporcionadas son incorrectas.
Respecto a las propiedades que le fueron aseguradas por la FGR entre el 2019 y el 2020, indicó que se realizó una minuciosa investigación que concluyó con el ejercicio de la no acción penal por parte de la dependencia.
El dato: Las organizaciones que integran el Frente Nacional Democracia y Justicia Social exigieron la remoción del dirigente partidista por afectar al PRI con “bochornosos escándalos”.
Llama senador a reflexionar resultados electorales
Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI, reconoció que tras los resultados obtenidos en los comicios del domingo pasado, su partido tiene que revisar en conjunto, incluido el dirigente, Alejandro Moreno, qué es lo que le conviene corregir con miras a las próximas elecciones.
En entrevista, evitó decir si el actual presidente del partido debe renunciar a su cargo tras resultados electorales negativos, como hicieron otros dirigentes, pero señaló que la reflexión debe ser para fortalecer al partido y no para atacarlo.
“Alito tiene que revisar muy bien, junto con todos, qué pasó y qué es lo más conveniente. Tiene que revisar qué es lo que realmente conviene en el partido. El partido tiene que hacer una reflexión conjunta, sana, optimista. No veo yo tampoco que estemos en esta situación de simplemente darnos unos contra otros dentro del PRI. Hay que identificar que lo que queremos está afuera, no adentro”, manifestó.
Ante los señalamientos de Roberto Madrazo, excandidato presidencial de su partido, el político yucateco estimó que sería importante que ese tipo de declaraciones no sólo las hagan después de los procesos electorales.
Por eso, enfatizó que la reflexión es necesaria e incluso la deben exigir los priistas: “no es ni ofensivo, ni debe considerarse un ataque. Hay que revisar siempre después de un proceso electoral. Yo creo que los que estamos en política tenemos una obligación en ese sentido.
Morena y la oposición acusan “narcotriunfos”
Morena y los partidos de la alianza Va por México se lanzaron mutuamente acusaciones de que los triunfos que consiguieron el domingo pasado se debieron a respectivos apoyos del crimen organizado.
En la sesión de la Comisión Permanente que se realizó tras la jornada electoral para renovar las seis gubernaturas, ambos bandos presumieron sus triunfos y se burlaron por las derrotas electorales que registraron unos y otros.
Desde la tribuna, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quien ocupa un espacio en la Permanente en representación de Morena, explicó, literalmente “con manzanitas”, que la alianza Juntos Hacemos Historia ganó cuatro de las seis gubernaturas en juego.
Dijo que, en Tamaulipas, el pueblo corrió “al narcogobierno paniaguado”, y afirmó que en la elección de Durango el crimen organizado le ayudó a la oposición a ganar la gubernatura.
“Tenían seis y les quedan dos, cómo que hay tiro en 2024. Bienvenidos a la competencia en 2023 y a la de 2024, donde ganaremos la Presidencia. Nuestro movimiento tiene que tener altura de miras y no ponerse arrogante, porque es un movimiento del pueblo”, declaró.
Fernández Noroña también le pidió a la oposición mantener en sus cargos a los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Marko Cortés, porque ironizó que son los mejores aliados del guinda.
La senadora Lucy Meza, de Morena, señaló que a pesar del discurso del PAN, PRI y PRD respecto a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza un narcogobierno, los resultados electorales demuestran que “le hizo lo que el viento a Juárez”.
A su vez, Leonel Godoy Rangel, diputado federal de Morena, apuntó que es momento de que el PRI reflexione y deje la ruta de ser “palero” del PAN, porque eso lo va a llevar a la extinción.
Expuso que mientras los opositores acusan que el de Morena es un narcogobierno, los que sí tienen a narcopolíticos presos son los panistas, y acusó que Felipe Calderón tuvo un narcogobierno aliado de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Acusan de narcogobierno sin ninguna prueba y ellos tienen a varios, a un exsenador, a un exgobernador, a un exsecretario de Seguridad Pública, los tienen en la cárcel y vienen a acusar sin ninguna prueba de narcogobierno o narcopolíticos a nosotros; eso los va a llevar a la perdición”, manifestó.
Por parte de Va por México, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, sostuvo que es evidente que las manzanas de Morena “están podridas”, por sus vínculos con el narcotráfico.
Al respecto, el legislador priista Eduardo Zarzosa dijo que, tras los resultados electorales, la alianza de Morena con el crimen organizado rindió frutos, pero dijo que ni así lograron su meta de ganar seis de seis: “Apliquen su método de manzanitas para saber por qué no pudieron ganar estos dos estados (Aguascalientes y Durango)”, dijo.
Jorge Arturo Espadas Galván, diputado del PAN, expresó que los miembros de Morena siguen el ejemplo de su líder moral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que “ve bien los narcorretenes de sus narcosocios”.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, la mayoría legislativa también defendió la decisión del titular del Ejecutivo federal de no asistir a la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, Califonia. Señalaron que no afectará la relación de México con Estados Unidos.
Layda Sansores, gobernadora de Campeche, reveló un nuevo audio del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, en el cual habla con su contador sobre una serie de presuntas operaciones para triangular y lavar dinero.
En el Martes del Jaguar, como se ha hecho costumbre, Layda Sansores reveló un nuevo audio de “Alito” Moreno.
Durante el primer audio, el priísta habla con una persona quien parece lleva sus finanzas y propiedades. En dicha grabación se discuten los detalles de una operación para “prestar” un terreno a través de un comodato y así no declararlo y evadir impuestos.
“¿Qué es lo que a mi se me ocurrió? Hoy tenemos números. Yo te voy a dar un comodato, a través del cual, yo Alejandro, a tu empresa; porque su empresa es de 2013. Yo a tu empresa en 2014, yo le digo: ‘A ver güey, yo te voy a prestar mi terreno por 10 años, 8 años, yo te lo voy a prestar, lo que tú le hagas es tu pedo, estacionamiento público, kínder’. Entonces no estamos obligados a reportarlo en la declaración patrimonial.” Le plantea la otra persona a Moreno.
Y continuó:
“Entonces decimos: ‘No güey, yo te puse un terreno porque yo alquilo un terreno. Y ahora, vamos acá, ya se le acabó el contrato ¿y qué crees papá? Me pagas’.”
El dirigente del partido tricolor añadió que con dicha operación “necesitaba que le dieran 12 millones mínimo“.
“Al final del día yo necesito que de dé 12 mínimo, para poder pagar por lo menos. Lo único que necesito es que deposite 12, de 12 millones es la operación y a la verga. Está bien güey, ya que me haga la transferencia
-Ya le decimos que me lo chingué; o sea, que te lo chingaste.”
Posteriormente, Alejandro Moreno explica para qué necesita los 12 millones de la operación de triangulación de dinero.
“Si, a ver que me haga la transferencia de esos 12 y con esos 12 le voy a gar el terreno a Salazar, el “Panqué”. Catastral para tener ese, ese es mío, y voy a pagar el edificio de Tomás y ese edificio ya lo ponemos en renta, van a quedar dos, pero ya voy a vender la otra propiedad de mi mamá.”
Cabe destacar que durante la transmisión del primer audio pareciera que intentaron “tumbar” la transmisión, pues el audio se cortó durante aproximadamente un minuto. No obstante, volvieron a transmitir el vídeo y se pudo escuchar completo. En el último lapso de la grabación, Alito Moreno habla sobre un terreno de su madre y dice que lo va a vender en 15 millones, pero nuevamente hace triangulación de los recursos.
“Por eso, esa ya, me lo pones en 15, ya preparado y todo. Y esa se la van a pagar a mi mamá y mi mamá me lo pasa a mi cuenta”
En un segundo audio se expone que Alejandro Moreno no sabe ni siquiera cuantos terrenos tiene. No obstante, confirma que con la operación anterior terminarían por tener al menos 11 millones en la cuenta.
“Son 10. Y con el otro putazo pago el “Panqué”, pago el terreno y a la verga. Y ya todas las cosas están bien, vamos a tener unos 10,12 millones en cuenta para que Chris esté tranquila.”
Después de su comentario, el interlocutor de Moreno le pregunta si quiere vender algún otro terreno. A lo que el dirigente tricolor pregunta “¿Qué otro terreno tengo?“. El acompañante le responde que “no tiene la lista pero igual podrían vender un terreno o una casa”.
Finalmente, cuando hablan del terreno llamado “El Panqué”, le notifican a Alejandro Moreno que en ese terreno hay “un pedacito que no es tuyo, son 200 metros”. A lo que el priísta responde tranquilamente “Yo me los chingué“.
“Si vale verga, agárralos yo se los chingué a Gladys” finalizó.
Esta no sería la primera vez que Alito Moreno se ve envuelto en un escandalo de corrupción. Cabe recordar que apenas el año pasado, el dirigente del PRI fue acusado por Nallely Gutiérrez, exsecretaria general del tricolor ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Gutiérrez señalaba a su copartidario de haber tenido múltiples irregularidades durante su gestión en Campeche. Dichos señalamientos fueron documentados por ciudadanos quienes precisaron las irregularidades.
La demandante el líder del PRI es responsable de “delitos fiscales como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y daño fiscal en perjuicio del patrimonio público”.
CIUDAD DE MÉXICO, 22MARZO2017.- Los gobernadores Silvano Aureoles Conejo, Michoacán; Quirino Ordaz Coppel, Sinaloa, y Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas, se reunieron con los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
FOTO: CUARTOSCURO.COM
El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, su presunto prestanombres y sus familiares no sólo son acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera por poseer propiedades en México y Estados Unidos que no coinciden con su patrimonio, también por diversos esquemas de corrupción a través de sus empresas fachada con daño al erario estatal y federal.
Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– Una de las empresasfachada de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, presunto prestanombres del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, coparticipó con la española Acciona –sancionada por corrupción– en un negocio derivado de la Reforma Energética peñista en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar su desafuero.
Otras compañías del presunto prestanombres, el único detenido hasta ahora por una red de enriquecimiento ilícito, han obtenido contratos millonarios de dependencias públicas estatales y federales durante la gestión del mandatario panista, un esquema de corrupción del que también ha gozado su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca y su hermano, José Manuel mediante empresas familiares, muestra la indagatoria federal.
El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue denunciado por la UIF ante la Fiscalía por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero. Foto: Twitter @fgcabezadevaca
Baltazar Reséndez está fichado desde 2008 por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) como un empresario tamaulipeco ligado con lavado de dinero y accionista de al menos 11 razones sociales adicionales con contratos con el Gobierno de Tamaulipas. Sus cuentas fueron bloqueadas y fue detenido en julio pasado en Texas, Estados Unidos, pero el Gobernador García Cabeza de Vaca, para quien supuestamente operó, cuenta desde junio con un amparo para evitar ser detenido y este año concluye su administración. La madre y y el hermano están libres.
SinEmbargo informó ayer que, sin coincidir con su patrimonio reportado desde hace veinte años, el Gobernador de Tamaulipas y sus familiares poseen más de 15 propiedades en México y Estados Unidos, entre ellas casas, ranchos y departamentos de lujo, incluyendo uno ubicado en Santa Fe, al sur de la Ciudad de México, que fue revendido a un sobreprecio de 300 por ciento.
EL NEGOCIO ENERGÉTICO
En septiembre de 2018, la empresa energética española Acciona inició la operación del parque eólico “El Cortijo”, en Reynosa, como parte de las subastas eléctricas derivadas de la Reforma Energética peñista votada a favor, entre otros legisladores, por el entonces Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) muestra que Enerxiza Wind, una empresa fachada a nombre del presunto prestanombres del ahora Gobernador de Tamaulipas, Baltazar Reséndez, coparticipó para instalar el parque eólico con Acciona, la ibérica sancionada por corrupción en América Latina y en España, que incluye un caso con su entonces socia Odebrecht, señalada en una docena de países por sobornos y fraudes.
A partir del esquema de Certificados de Energía Limpia (CEL’s) implementado con la Reforma Energética de 2013, y revertida por el actual Gobierno federal por dañar a las paraestatales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está obligada a ofrecer un porcentaje de energías limpia, por lo que por 20 años debe comprarle electricidad a esta empresa señalada de corrupción y que el director Manuel Bartlett Díaz coresponsabilizó por el apagón de diciembre de 2020 que dejó sin luz a 10 millones de personas de 15 estados.
Parque eólico “El Cortijo” de Acciona en Tamaulipas. Foto: Acciona.
Enerxiza Wind tramitó en 2012 con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) –donde trabaja en la Secretaría de Administración el primo del Gobernador, Hugo Guerra, también denunciado por la UIF– la instalación de una torre de 50 metros para hacer estudios eólicos y determinar la factibilidad de la instalación del parque eólico en un ejido que ahora pertenece a la familia Cabeza de Vaca.
Derivado del estudio de factibilidad de la UAT se determinó que el parque eólico “El Cortijo” fuera instalado cerca del ejido de la Retama en Reynosa, donde la empresa fachada Enerxiza Wind tiene su domicilio y, de acuerdo con la UIF, también una de las empresas familiares del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la “Desarrolladora y Constructora Cava”, donde los accionistas son su hermano y madre, José Manuel y María de Lourdes Cabeza de Vaca.
En 2016 se lanzó la licitación para la construcción del parque eólico y generación de 168 MW, ganada por la cuestionada Acciona. Además de los señalamiento en México, su filial en Ecuador está indagada por posibles sobornos a autoridades del país sudamericano al participar con Odebrecht en la construcción de la primera línea del Metro en la capital Quito. En 2015 el consorcio se adjudicó la obra por mil 538 millones de dólares.
Vista del parque eólico en el ejido de la Retama en Reynosa. Foto: Investigación UIF.
Sin embargo, en 2017 la brasileña Odebrecht se salió del proyecto luego de que la Fiscalía ecuatoriana le abrió una investigación tras el escándalo de que pagó entre 2007 y 2016 unos 33.5 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos, una parte de la red de sobornos entregados a nivel global, incluyendo México.
En Bolivia, en 2019 su otra filial, Ingeniería Especializada en Obra Civil e Industrial, fue vetada por 28 meses por el Banco Mundial por “prácticas corruptas, colusorias y fraudulentas en el proyecto de infraestructura de carreteras nacionales y aeropuertos” que el banco financió, concretamente la carretera San Buenaventura-Ixiamas y la seguridad del aeropuerto de Rurrenabaque.
Y en España, su nación sede, Acciona pagó recientemente una multa por defraudar a las autoridades de la localidad de Aragón por un mal servicio de ambulancias contratadas, que afectaron la calidad del transporte sanitario por problemas con las llantas y los choferes.
LA REVENTA DEL DEPARTAMENTO
La indagatoria federal también halló que durante la administración en Tamaulipas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la Secretaría de Obras Públicas estatal, titulada por Cecilia del Alto López, autorizó tres licitaciones por 54.5 millones de pesos a la empresa inmobiliaria “RC Tamaulipas” y a la empresa “Barca de Reynosa”, en las cuales el presunto prestanombres Baltazar Higinio figura como representante legal, accionista y administrador único. Ambas compañías no solo incumplieron el contrato estatal con daño al erario, sino que una de ellas formó parte de un esquema de desvíos y sobreprecio.
El contrato con la inmobiliaria “RC Tamaulipas” se firmó para construir y amueblar la Unidad de Docencia de la Universidad Tecnológica de Reynosa. Sin embargo, las obras no fueron concluida por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló un probable daño al fideicomiso de Administración y Distribución por 6 millones 422 mil pesos.
La UIF indagó que esta firma inmobiliaria envió 300 millones de pesos entre 2019 y 2021 al dueño, el presunto prestanombres del Gobernador de Tamaulipas, Baltazar Higinio, quien a su vez transfirió 33 millones de pesos de marzo a abril de 2019 a Juan Francisco Tamez Arellano, otro presunto prestanombres de García Cabeza de Vaca que es representante legal de la empresa fachada “T Seis Doce”.
De los 33 millones de pesos transferidos, Juan Francisco Tamez envió 2.4 millones de pesos a su empresa fachada “T Seis Doce”, a través de la cual se compró por 14.38 millones de pesos un departamento en Bosques de Santa Fe, una de las zonas con más plusvalía al sur de la Ciudad de México.
Departamento en Santa Fe, al sur de la CDMX, revendido a sobreprecio. Foto: Investigación de la UIF.
Dicha compañía fachada que adquirió el inmueble recibió a su vez 46.3 millones de pesos de seis empresas fachada relacionadas a un esquema de lavado de dinero vinculadas con Rodolfo “T”, operador financiero del Cártel de Sinaloa vinculado a proceso en 2016, de los cuales envió 36.8 millones de pesos al Gobernador García Cabeza de Vaca.
El Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, resaltó la UIF, a su vez revendió el departamento de Santa Fe a la empresa fachada T Seis Doce de su segundo presunto prestanombres en 42 millones, un valor 300 por ciento más alto respecto a la primera adquisición.
EL ROBO A LAS MUJERES
Aunque la indagatoria de la UIF no precisa en qué años, la empresa “Barca de Reynosa”, la otra firma del presunto prestanombres del Gobernador de Tamaulipas, Baltazar Higinio, también recibió 497.4 millones de pesos de diversas licitaciones con el Gobierno de Tamaulipas, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Nacional del Agua (Conagua), pese a que en 2021 tampoco entregó con tiempo obras a la Secretaría de Obras estatal.
El Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa no fue concluido pese a que la obra registraron sobreprecio. Foto: Investigación de la UIF.
De 2017 a 2018, la Secretaría invirtió 28 millones 884 mil pesos con subsidios estatales y federales de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia para las Mujeres (CONAVIM) para que las mujeres tamaulipecas contaran con el Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa.
Para enero de 2021, a dos meses de la fecha para entregar el edificio según el contrato, la obra sólo llevaba un avance físico de 9 por ciento, pero el monto ya se había elevado a 66 millones de pesos sin haber sido concluida. En imágenes satelitales se sigue viendo un terreno baldío.
LOS BENEFICIOS DE LA FAMILIA
A José Manuel, hermano del Gobernador de Tamaulipas, la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le tiene ubicadas propiedades en McAllen e Hidalgo, Texas, y en Reynosa, Tamaulipas, así como 11 vehículos de gama alta, a la par de que sus empresas han recibido contratos del Gobierno estatal.
Es apoderado legal de “Construcciones y Mantenimiento Roca”, una empresa que gozó entre 2005 y 2017 de 23 contratos por un total de 400 millones de pesos con la Secretaría de Comunicaciones de Tamaulipas, la Alcaldía de Reynosa y el Gobierno de Tamaulipas, destaca la investigación que actualmente está en manos de la Fiscalía General.
Cuando Francisco Javier García Cabeza de Vaca era el Presidente Municipal de Reynosa (2005-2007), la empresa del hermano fue contratada por 2 millones de pesos para pavimentación asfáltica; por 43.5 millones de pesos para un puente vehicular; y por otros 33.9 millones de pesos para una obra municipal.
El negocio familiar no terminó ahí. Mientras su hermano ha sido el Gobernador de Tamaulipas (2016-2022), de 2016 a 2017 la compañía de José Manuel también recibió contratos por 122 millones 75 mil pesos para remodelar un centro deportivo, construir un edificio para el sistema de seguridad, pavimentación, conservación rutinaria de caminos y rehabilitación del sistema eléctrico del Acueducto Guadalupe-Victoria, desglosa la investigación.
Cada vez hay más elementos que relacionan el financiamiento del portal Latinus con un presunto esquema de lavado de dinero y desvío de recursos públicos, según las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con una investigación del periodista Álvaro Delgado en SinEmbargo, las investigaciones dan cuenta de una trama en la que participan Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno del ex candidato priísta a la Presidencia, Roberto Madrazo Pintado, así como el exgobernador perredista Silvano Aureoles y otros funcionarios del Gobierno de Michoacán.
La FGR, a través de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó un esquema de triangulación de recursos del erario michoacano a varias empresas del “clan Madrazo”, que a su vez, transfirieron a dos compañías relacionadas legalmente con Latinus.
Los investigadores explican que este esquema permite acreditar los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y peculado.
A finales de marzo de 2021, SinEmbargo dio a conocer que la familia Madrazo es propietaria de Latinus mediante las empresas BCG Limited Consulting SA de CV y Digital Beacon Programatic Services SA de CV, y que otras de sus empresas recibieron millonarios contratos del Gobierno de Aureoles en Michoacán.
“Un año después, las investigaciones realizadas por las autoridades acreditan los vínculos entre empresas y oficinas gubernamentales, de acuerdo con documentos obtenidos recientemente por este medio”, menciona ahora el portal informativo.
Latinus, el medio en donde sus protagonistas son Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo “Brozo”, se habría alimentado de dinero público del Gobierno de Michoacán.
También se le relaciona, aunque en menor cantidad, al Gobierno del Estado de México. El secretario privado de Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja, es socio de BCG Limited Consulting SA de CV y comisario de Digital Beacon Programatic Services SA de CV.
Y, pese a que Nickin Gaxiola y Madrazo Rojas no aparecen como accionistas en las actas constitutivas de las empresas, son quienes fondean a Latinus y lo hicieron, según los documentos de la investigación, mediante contratos del Gobierno de Aureoles.
Desde el 7 de enero de 2020, cuando Loret de Mola anunció el lanzamiento de Latinus, comenzaron las transferencias de Nickin Gaxiola, según los documentos oficiales. Ese año fueron más de 20 millones de pesos para el financiamiento inicial del portal mediante sus dos empresas, según se puede constatar además en la información bancaria y financiera que posee la FGR.
De las cuentas de sus empresas, Nickin Gaxiola, cuñado del apoderado legal de Latinus, Madrazo Rojas, envío vía SPEI de 4 millones de pesos a Digital Beacon Programatic Services SA de CV por concepto de “aportación de capital”.
También en 2020, Digimedical SA de CV, también de Nickin Gaxiola, envío un SPEI de 6 millones de pesos a Digital Beacon Programatic Services con el concepto de “Pruebas Reactivas Hemo proyecto Mich”, pero la factura fue por “Servicio de producción y compra de pauta publicitaria en medios”.
Samedic SA de CV, otra empresa ligada al yerno de Madrazo Pintado, hizo otras dos transferencias a BCG Limited Consulting, una de las dos empresas vinculadas legalmente a Latinus: una por 13 millones 164 mil pesos y otra por 6 millones 581 mil pesos.
Los registros oficiales revelan que las empresas de Nickin Gaxiola recibieron del Gobierno de Michoacán contratos millonarios tanto por adjudicación directa como por licitación para proveer equipo y material médico.
Vínculos políticos
Los contratos del Gobierno de Michoacán a las empresas de Madrazo y Nickin ocurrieron cuando el secretario privado de Aureoles, Marco Antonio Estrada, era socio de BCG Limited Consulting SA de CV y comisario de Digital Beacon Programatic Services SA de CV, las dos empresas de Latinus.
Las autoridades federales detectaron que Estrada, quien por años no presentó declaraciones anuales de impuestos, aparece como socio o integrante de varias empresas y recibió un millón 46 mil 176 pesos con 30 centavos de Alejandro Carlos Hughes Acosta, quien fue procesado por lavado de dinero.
También Miguel Alonso Olamendi, secretario particular de Aureoles en la Gubernatura y representante de Ejecutivo estatal en la Ciudad de México quien, aunque no aparece como socio de las empresas de Latinus, se le identifica como “enlace” con Estrada Castilleja y personajes del clan de Roberto Madrazo.
Entre 2015 y 2020 Aureoles compartió viajes con sus secretarios particular y privado a España, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y Japón, junto al empresario y político priísta Fernando Reina Iglesias, quien está en la nómina de Latinus.
También compartieron vuelo con Aureoles el matrimonio mexiquense Laura Barrera Fortoul y Luis Ernesto Maccise Uriel, cercanísimos de Enrique Peña Nieto, y Alejandro Canek Vázquez Góngora, ex coordinador de giras de Madrazo y exsecretario particular de Manlio Fabio Beltrones, amigo de Aureoles.
Las autoridades federales han identificado cómo se movieron los recursos del erario de Michoacán a empresas vinculadas a Madrazo y luego a Latinus, a través de Aureoles, Estrada Castilleja y Alonso Olamendi.
Por ejemplo, la empresa Samedic SA de CV, recibió contratos del Gobierno de Michoacán por 425 millones de pesos entre 2017 y 2019.
Hova Health SA de CV, también del yerno de Madrazo Pintado, recibió contratos del Gobierno de Aureoles. Uno de ellos fue en 2019, por 10 millones de pesos.
Hova Health recibió en 2017 poco más de 32 millones de pesos de la empresa Solid Min Leasing STD SA de CV, que a su vez recibió del Gobierno de Michoacán contratos por 71 millones 478 mil pesos.
La investigación también detectó que el apoderado legal de Solid Mind Leasing es Cristian González Guadarrama, accionista de BCG Limited Consulting SA de CV y socio de Estrada Castilleja, una de las dos empresas legalmente detrás de Latinus.
Carlos Loret de Mola. Foto: Especial.
Cristian González Guadarrama también es socio de Digital Beacon Programatic Services, cuyo otro socio legal es Rodrigo Peña Ugarte, un personaje que no contaba con recursos porque no presentó declaraciones patrimoniales entre 2015 y 2019.
Esto significa que al menos dos de los socios de las empresas de Latinus, Estrada Castilleja y Peña Ugarte, serían testaferros.
Bajo la lupa también está otra empresa que financia a Latinus: Diseño de Salud Integral SA de CV, que antes se llamaba Diseño y Publicidad SA de CV, y que con sus dos razones sociales ha sido contratista del Gobierno de Michoacán.
Cuando era Diseño y Publicidad SA de CV recibió contratos, en 2018, por 134 millones 221 mil pesos, según los registros de Compranet y, como Diseño de Salud Integral SA de CV, recibió en 2020 115 millones de pesos del Gobierno de Michoacán.
De esa última cantidad, pagó a BGC Limited Consulting, en 2020, un total de 9 millones 775 mil por concepto de “servicios de producción y pauta publicitaria en medios”.
Y también pagó a Digital Beacon Programatic Services, otra empresa de Latinus, 46 millones 714 mil pesos por “servicios de producción y compra de pauta publicitaria en medios”.
Carlos Loret de Mola, periodista de Latinus; Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán; Federico Madrazo Riojas. Foto: Especial.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la triangulación de recursos públicos entre las empresas que financian al portal Latinus y el gobierno de Michoacán.
Con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se detectó la transferencia de recursos del gobierno de Silvano Aureoles a empresas de la familia Madrazo, informó el portal Sin Embargo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la denuncia por la que la FGR comenzó con la investigación a Latinus. Desde el año pasado, Sin Embargo también reveló que Latinus pertenece al hijo de Roberto Madrazo, Federico Madrazo Riojas.
Empresas de la familia Madrazo triangulan dinero para Latinus: FGR
Alexis Nickin Gaxiola, yerno de Roberto Madrazo, es quien se ha encargado de hacer las transferencias entre las empresas, dio a conocer el medio.
BCG Limited Consulting, S.A. de C.V. y Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V. son las compañías que proporcionaron un financiamiento de 20 millones de pesos para el lanzamiento de Latinus.
Marco Estrada Castilleja, socio de estas compañías, era a su vez el secretario privado de Silvano Aureoles, por lo que era el contacto entre ambos.
La Secretaría de Salud de Michoacán dio contratos millonarios a otras firmas de Madrazo y de estas se mandaban recursos para el medio.
“Las empresas de Nickin Gaxiola (…) recibieron del Gobierno de Michoacán contratos millonarios tanto por licitación como adjudicación directa”, citó el medio.
Los conceptos por los cuales se transfería el dinero entre empresas eran por compra de pauta publicitaria, aportación de capital y préstamos.
De acuerdo con Sin Embargo, es así que la FGR podría confirmar que existen los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y peculado entre la administración de Silvano Aureoles y las empresas de Madrazo.
En abril del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció investigar penalmente al ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, debido a dos denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero.
Esta investigación ocurrió tras una denuncia presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),en 2016, en la que los líderes de la sección 32 acusaron a Yunes de lavar cerca de 230 millones de pesos mediante préstamos a docentes.
Miguel Ángel Yunes, ex gobernador de Veracruz, con la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo.
Según la carpeta de investigación integrada por la UIF, existen una serie de nexos familiares, comerciales, ingresos y egresos de empresas, aseguradoras y cuentas bancarias alrededor de Yunes Linares y sus hijos: Fernando, Miguel Ángel y Omar Yunez Márquez.
También se detallan los movimientos financieros en empresas y aseguradoras entre los hijos del ex gobernador veracruzano y sus sobrinas, hijas de su hermana Alicia Yunez Linares, así como sus colaboradores.
La red en torno a Yunes
A decir de la UIF, Yunes Linares recibió, hasta 2018, depósitos mediante cinco empresas. Una de éstas, Yandai SA de CV le hizo ganar 2 millones 393 mil pesos entre 2016 y 2018. En 2016, su esposa, Leticia Isabel Márquez Mora, depositó a esta compañía 100 mil pesos.
La UIF identificó a la empresa Rancho Santa Gertrudis SPR de RL como propiedad de Yunes Linares, mediante la cual recibió un millón 395 mil pesos de 2006 a 2016.
También de la Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales SA de CV, Yunes recibió 1 millón de pesos entre mayo y agosto de 2014.
Además, su esposa Leticia invirtió 300 mil pesos en la empresa Cobranza y Recuperación SA de CV, en septiembre de 2016. Esa misma compañía recibió, entre 2012 y 2020, 59 millones de pesos de la Comisión Ejecutiva del Fondo para la Vivienda del ISSSTE.
De igual forma, Omar Yunez, uno de los hijos del matrimonio, invirtió 480 mil pesos en Cobranza y Recuperación SA de CV; así también lo hicieron las sociedades Yandai SA de CV y Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales SA de CV, invirtiendo 900 mil pesos y 2 millones 105 mil pesos respectivamente.
Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, Omar Yunez Márquez
Cobranza y Recuperación SA de CV, de Omar y Miguel Ángel Yunes Márquez, registró 247 millones 958 mil pesos como egresos mediante transferencias por SPEI entre 2012 y 2020.
Los principales beneficiarios de dichos movimientos fueron Omar Yunez Márquez, la Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales SA de CV y Veracruzana de Bienes Inmuebles SA de CV, que Yunes Linares comparte con sus hermanos Antonio y Norma Graciela.
Según la UIF, el ex gobernador veracruzano también aparece como accionista de Veracruzana de Bienes Inmuebles SA de CV. La compañía aparece en la lista de sujetos investigados por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS) desde la FGR.
Un trabajo de investigación publicado por Proceso y la ONEA en febrero de 2018 revela que, a través de esa empresa, Yunes Linares compró dos propiedades que no declaró en su “3 de 3” como Diputado Federal, ni luego como Gobernador de Veracruz.
Veracruzana de Bienes Inmuebles SA de CV recibió 2 millones 653 mil 900 pesos de las transferencias mediante SPEI que hizo Cobranza y Recuperación SA de CV. Por su parte, Omar Yunez Márquez recibió 5 millones 512 mil pesos y la Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales SA de CV, recibió 15 millones 688 mil pesos.
Negocios en familia
Miguel Ángel y Omar Yunes Márquez, hijos de Yunez Linares, son parte de otra supuesta red de lavado que incluye a sus primas, Karen y Graciela Collado Yunes, mediante la empresa Servicios Corporativos del Atlántico SA de CV.
Según la UIF, Miguel Ángel Yunez Márquez -quien es ex presidente de Boca del Río- invirtió en la empresa Proyectos Prácticos Avanzados SA de CV durante 2014. Esa misma empresa depositó ganancias por 215 mil 867 pesos a su prima Graciela Collado Yunes.
Graciela también recibió 284 mil pesos por honorarios de la empresa Servicios Corporativos del Atlántico SA de CV, que también pagó 27 mil pesos de salario a Félix Rafael Malpica Jiménez, esposo de Karen Collado Yunes.
En agosto de 2019, Karen Collado hizo una Transferencia Electrónica de Fondos a Miguel Ángel Yunez Márquez por 900 mil pesos.
A decir de la UIF, Miguel Ángel era investigado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por lo que en 2016 Banamex alertó de su actividad, pues aparece como socio en 4 de las 31 empresas que se identificaron por manejo irregular de millones de pesos, algunas de las cuales se vinculan también con Omar Yunez Márquez.
Miguel Ángel Yunes Márquez
Una de esas empresas es Cobranza y Recuperación SA de CV, constituida mientras Yunes Linares se desempeñaba como director general del ISSSTE y, a través de la cual, recibió millonarias ganancias.
Lavado de dinero con docentes
La UIF señala a Omar Yunes Márquez de haber creado 10 empresas a partir de prestanombres, una de ellas ligada a la acusación de lavado de dinero que el SNTE hizo contra el ex gobernador en 2016.
El Universal dio a conocer una denuncia interpuesta por el SNTE contra el ex mandatario estatal por supuesto lavado de dinero, mediante la empresa Consupago SA de CV, con créditos que daba a los docentes de la sección 32.
Documentación señala que Consupago SA de CV depositó, mediante transferencias de SPEI a Lutoza Simplificación de Personal SC, 1 millón 171 mil 879 pesos.
Como accionistas de esta empresa aparecen Enrique González Díaz Cruz y Jesica Perla Torres Fernández, presuntos prestanombres de los Yunes. La compañía ha sido identificada con operaciones a las cuentas que Omar Yunes tiene en Banamex, además que él mismo aparece como secretario del Consejo de la empresa.
Entre 2012 y 2013, Omar recibió dinero de dos fuentes: el fideicomiso de Banca Mifel SA, 10 millones 912 mil esos y transferencias por 5.5 millones de pesos, vía SPEI de Ana María Pasalagua Branch, ex esposa de Raúl Salinas de Gortari.
Asimismo, a partir de 2014 Omar recibió ingresos correspondientes a Cobranza y Recuperación SA de CV, de la que obtuvo 5.5 millones de pesos y la Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales SA de CV, de la que recibió en total 3.9 millones de pesos.
