Miembros del Ejército mexicano hacen guardia en la escena del crimen en Ciudad Juárez, México, el 2 de julio de 2022. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez).
Laura Castellanoses reportera independiente mexicana y autora del libro ‘México Armado 1943-19810’.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, creó en octubre pasado la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Su objetivo es eliminar la impunidad en dicho periodo de contrainsurgencia, la cual generó una espiral de casos de desaparición forzada que ha convertido al país en una república de fosas comunes.
El organismo tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024 e integra un programa ambicioso, con cinco mecanismos que pretenden reconstruir la verdad histórica, indagar el paradero de las personas desaparecidas, buscar la reparación integral y la compensación del daño a las víctimas, y abrir la puerta al juicio de los perpetradores de violaciones de lesa humanidad. El problema es que no hay garantías de que tras los trabajos de la Comisión de la Verdad se enjuicie a los responsables en el Ejército.
México fue el país que tuvo más guerrillas en América Latina en la década de 1970 y el precursor de los “vuelos de la muerte” en la región, en los que personas opositoras al régimen fueron arrojadas vivas al mar desde aeronaves militares. El Ejército fue el brazo ejecutor de la política de exterminio del Estado contra las guerrillas y los movimientos sociales radicales, con asesoría del gobierno estadounidense, y cometió masacres, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias y prolongadas, como documenté en mi libro México Armado 1943-1981.
En junio pasado se anunció el arranque de los trabajos de investigación en archivos y en las instalaciones militares donde presuntamente se hayan cometido violaciones. El evento se realizó en el Campo Militar Número 1, el centro de reclusión clandestina y tortura más grande de la época. Ahí el actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, invocó a la ley orgánica castrense para descargar responsabilidades: “Las Fuerzas Armadas han permanecido subordinadas al poder civil (…) El mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea corresponden al presidente de la República”.
También anunció que, con aval presidencial, se inscribirán los nombres de militares fallecidos “con motivo de los hechos del pasado” en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas. En tanto López Obrador, en consonancia, hizo responsables de la represión a los presidentes de la época.
La Asamblea de Colectivos Acompañantes de esta comisión, integrada por una veintena de organizaciones de sobrevivientes y familiares de víctimas, en un comunicado le demandó al presidente retirar su aval de inscribir los nombres de dichos militares en cualquier sitio público y cualquier otro acto reivindicador, y “el inmediato análisis de las cadenas de mando de aquel periodo y la ubicación en estas de personas vivas, retiradas y en activo”.
La molestia de los colectivos tiene sentido. No solo se trata de la violencia que militares ejercieron con impunidad, en ocasiones en mancuerna con policías de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), sino que esta posibilitó que los mandos se coludieran con narcotraficantes y expandieran sus mercados.
El investigador Alexander Aviña, de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, consultó documentos de espionaje desclasificados que revelan que las mismas aeronaves Arava 201 usadas en los “vuelos de la muerte” por el general Francisco Quirós Hermosillo y el mayor Mario Arturo Acosta Chaparro, trasladaron droga a ese país. El periodista Juan Veledíaz documentó cómo el jefe de la DFS, Miguel Nazar Haro, utilizó su estructura policiaca para aplastar a las guerrillas en Sinaloa mientras vendía protección a capos locales.
Dichos personajes alimentaron un Estado cómplice de redes criminales, responsable de entre 400 y 870 desapariciones forzadas en ese momento, según las organizaciones de familiares de víctimas. Al no ser juzgados dejaron un mensaje perenne: en México no se penalizan las desapariciones. Hay al menos 101,600 personas desaparecidas de marzo de 1964 a la fecha.
Acosta Chaparro fue exonerado por la desaparición de 143 personas víctimas de los “vuelos de la muerte”, pero purgaba una condena por tráfico de drogas. Fue excarcelado en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. La periodista Anabel Hernández, en su libro Los señores del narco, asegura que Calderón lo hizo su emisario para negociar con los capos al tiempo que implementó una estrategia de seguridad militarizada. Esta detonó las muertes provocadas por el supuesto combate a la violencia organizada, que hoy ascienden a más de 250,000.
El Estado está obligado a asegurar los fines de la Comisión de la Verdad porque se lo debe a la sociedad. La creación del organismo es resultado de la tozudez de la generación marcada por las matanzas del Ejército de 1968 y 1971, y que tomó las armas para enfrentar un régimen que aplastó cualquier intento de cambio político. También de las familias de las víctimas, quienes han seguido exigiendo justicia.
Sin embargo, esta comisión ha lidiado con la carencia de presupuesto, oficinas y recursos humanos en su primer semestre de operación, de acuerdo con entrevistas a integrantes de la Asamblea de Colectivos. El defensor de derechos humanos Abel Barrera, una de las cinco personas expertas con cargo honorífico en la misma, me dijo en entrevista que este segundo semestre recibirán un presupuesto de 10 millones de pesos (500,000 dólares), que les permitirá tener entre 40 y 47 personas investigadoras.
Hay militares en retiro que han externado su rechazo a la Comisión de la Verdad, pero Barrera dice que en su primer acercamiento observó disponibilidad del personal: “Son generaciones nuevas que estuvieron en otro momento de formación”.
Más allá del tema militar, la Comisión de la Verdad enfrenta otros desafíos. Uno es la ausencia de la Fiscalía General de la República: no hay una explicación oficial de las razones por las cuáles no ha hecho presencia en el proceso de conformación del organismo. Nadie ha garantizado su participación o la de las fiscalías estatales, ni hay fecha de creación de una fiscalía especializada. Además, el Mecanismo de Justicia deberá sumergirse en un mar de denuncias penales empantanadas, entre las cuales estarán las de los militares.
Como México juzga tarde este capítulo trágico, muchos victimarios ya murieron, como el expresidente Luis Echeverría, quien falleció hace unas semanas y se le acusa de ser el principal responsable de la violencia contrainsurgente en esos años. Por ello Armando Rentería, exguerrillero de la Liga Comunista 23 de Septiembre y quien que fue víctima de tortura, me dijo que desconfía de “la justicia burguesa”, y que solo la verdad histórica —en la que se hagan públicos los nombres de quienes cometieron crímenes— provocará una sanción social, como sucedió con Echeverría.
Con o sin justicia judicial, las investigaciones de la Comisión de la Verdad y la apertura de los archivos militares llevarán al Ejército a un terreno en el que tendrá que asumir su responsabilidad histórica en el periodo de contrainsurgencia. Coincido con Rentería: los hechos y sus perpetradores deberán hacerse públicos. Esta será una vía de justicia social para las víctimas y de la no repetición del horror vivido en esa época.
Es factible, antes de que concluya el actual sexenio, saber qué pasó con los desaparecidos de la Guerra Sucia, así como determinar las responsabilidades de quienes ordenaron el terrorismo de Estado: cárceles clandestinas, “vuelos de la muerte”, desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales. Es la convicción del antropólogo Abel Barrera, integrante de la Comisión de la Verdad. La semana pasada, dicha Comisión empezó a revisar documentos y planos de las instalaciones militares
“Es un gran desafío”, dice el antropólogo Abel Barrera Hernández sobre la misión encomendada a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan es uno de los cinco comisionados.
Señala que este organismo honorífico –creado por decreto presidencial y al que se le conoce por su nombre corto de “Comisión de la Verdad”– recogerá los testimonios de sobrevivientes del terrorismo de Estado, pero también los de militares que participaron en esos hechos o que fueron testigos. Destaca que se accederá a las instalaciones castrenses, en específico a los lugares donde se tenga indicios de las cárceles clandestinas y lugares de retención ilegal de personas.
Reconoce que, hasta el momento, ha encontrado disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para colaborar con la Comisión de la Verdad, a partir de la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El titular del Poder Ejecutivo, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ordenó la apertura de los archivos e instalaciones militares a los integrantes de la Comisión. Dispuso, inclusive, que militares en situación de retiro sean llamados dar su testimonio.
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Abel Barrera señala que no se empieza de cero: ya hay un trabajo previo, realizado por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad). Advierte que existe una coyuntura política para avanzar en el esclarecimiento de esos hechos e iniciar un proceso de justicia para las víctimas y sus familias.
Tal coyuntura está determinada por la lucha de decenas de colectivos de sobrevivientes del terrorismo de Estado y de familiares. Son ellos los que han empujado y acompañado la instalación de esta Comisión y son quienes le dan legitimidad y seriedad, explica Abel Barrera.
El decreto por el que se crea la Comisión de la Verdad fue firmado por el presidente de la República el 7 de octubre pasado. Ese mismo día se publicó en Diario Oficial de la Federación. El objetivo manifiesto del organismo es realizar las acciones que sean necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria.
Cinco son los ejes de trabajo, citados en el decreto, de la Comisión. El primero, un Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico en el que se integran personas expertas independientes para realizar las indagatorias, acopio de información, acceso a los archivos de todas las dependencias, acceso a las instalaciones federales militares o civiles en búsqueda de la verdad.
El segundo, un Comité para el Impulso de la Justicia, encabezado por tres personas expertas independientes, entre ellas, Ángela María Buitrago Ruiz, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El tercer eje lo constituye un Plan Especial de Búsqueda, encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
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Mientras, el cuarto eje se trata de un Plan Especial de Reparación y Compensación, donde de manera integral –se asegura– se atenderá la reparación por el daño a las víctimas.
Finalmente, el quinto eje está constituido por las Acciones para la Memoria y Garantía de No Repetición, a fin de dignificar la memoria de las víctimas.
La Comisión quedó integrada por cinco personas expertas: Abel Barrera Hernández, David de Jesús Fernández Dávalos, Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Alonso Pérez Ricart.
El antropólogo Abel Barrera Hernández es director fundador de Tlachi, como popularmente se conoce al no gubernamental Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Desde que se fundó, hace 28 años, este centro ha acompañado los dolores y las luchas de las poblaciones me’phaa, na’savi, nahua, afromexicana, ñomndaa y mestiza esparcidas entre los pliegues de las regiones Montaña y Costa Chica, las más pobres de Guerrero y del país. Muy pronto Tlachinollan vio ampliar sus trabajos hacia las otras cinco regiones de Guerrero: Acapulco, Costa Grande, Centro, Norte y Tierra Caliente.
Como antropólogo social egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Abel Barrera estudiaba los sistemas de petición de lluvias entre las comunidades indígenas de la Montaña. Hace más de 30 años, los recorridos por las comunidades y la vida cotidiana de Tlapa de Comonfort, –“el corazón de la Montaña”– con la violencia estructural que se ceba con los más vulnerables terminaron por abrirle un derrotero: el de defensor de derechos humanos.
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En entrevista con Contralínea, asegura que todo ese andar confluyó en postularse integrar la Comisión de la Verdad. Siempre crítico del poder, encontró una oportunidad de seguir sirviendo a los más vulnerables.
“Este trabajo de defensa y promoción de derechos humanos nos imbuye de ese espíritu que tienen las personas, las familias, pueblos, comunidades, para defender sus derechos.”
Explica que, como antropólogo, en los tiempos en que concluyó su formación en la ENAH, “no tenía claridad de lo que significa estar en una trinchera que la gente no escogió, sino que tiene que estar ahí, resistiendo, organizando, peleando por su vida, su seguridad, su salud, por su educación. Eso lo empecé a ver en la medida en que me adentraba en las comunidades, en el mundo de las familias que han sufrido represión”.
Se trató de una “iniciación” de varios años que irremediablemente le llevó a conocer los graves casos de pueblos arrasados y desapariciones forzadas que son hoy heridas abiertas desde 1960, 1970 y 1980. “Aunque no fuimos parte de este proceso [las luchas de esas décadas], nos consideramos una especie de miembros de ese movimiento de los derechos humanos: alumnos de las familias, de los padres, madres, hijas, hermanas, de quienes aún a 50 años están reivindicando sus familiares desparecidos, torturados, perseguidos, encarcelados, exiliados. Esa historia es dolorosa. Es una historia que es parte de esta herida que llamamos en Guerrero “la herida de la guerra”, que no fue una guerra, sino una acción terrorista de las autoridades contra poblaciones inermes.
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—¿Cómo se integraste a la Comisión de la Verdad? ¿Qué te motivó a participar en el proceso?
—La convocatoria simplemente para mí fue una ventana de oportunidad. Aun así, no había tomado la decisión de participar. Compañeras que formaron parte de la Comisión de la Verdad [de Guerrero] me comentaron que sería importante que participara en la convocatoria. No me lo había propuesto. Lo tuve en consideración, y platiqué con los compañeros de aquí, de Tlachi, y dejaron abierta la posibilidad de que yo pudiera participar. Así fue que me animé. Pero también porque sé que hay una posibilidad de empujar esta iniciativa, este decreto, desde acá de Guerrero. Sobre todo porque es un bastión de la lucha por democratizar nuestro país, por la justicia, la verdad. También sentí como un deber y un desafío, un compromiso para poderlo realizar. Eso fue lo que me movió. En verdad me siento muy comprometido con las familias, las organizaciones, los colectivos, los sobrevivientes.
“Ahora que he tenido oportunidad de ir a los diferentes estados como Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, y acá en Guerrero, y que hemos tenido reuniones con los colectivos, en la misma Ciudad de México, la verdad uno se siente pequeño ante la grandeza de tantas familias, compañeros y compañeras que lucharon. Y más, su trayectoria de lucha, casi por 50 años, a su edad, con sus enfermedades, la situación económica siempre adversa, los riesgos, las amenazas… y aún perseveran con ese espíritu inquebrantable y el deseo de justicia, esa contribución para que haya verdad y justicia. Uno no puede defraudar a este gran movimiento nacional, que es como el gran precedente de las luchas que han permitido que se den ciertos cambios, transformaciones, reformas, y también una nueva cultura de los derechos humanos: contra el autoritarismo, la represión, la militarización, contra la impunidad, contra el abuso de poder. El paradigma de los derechos humanos ya nos lo hemos apropiado como mexicanos, pero eso es parte de ellos y ellas, el legado que tenemos y que están vigentes, porque están sus protagonistas.
—Siempre has sido crítico del poder. Has propiciado el diálogo, la mediación, el acuerdo; pero has sido escéptico ante las palabras de los políticos. ¿Qué fue lo que te motivó a, esta vez, participar en una Comisión creada por acuerdo presidencial?
—Son varios factores. En primer lugar, mantuvieron viva la demanda [de justicia] varios colectivos y sobrevivientes en este sexenio con AMLO [Andrés Manuel López Obrador]. Hubo reuniones que tuvieron ellos y ellas con el subsecretario [de Derechos Humanos y Población] Alejandro Encinas sobre la necesidad de que se implementara un mecanismo que impulsara o que le diera una nueva fisonomía a este movimiento de la exigencia de verdad y justicia por parte de las víctimas del terrorismo de Estado. En primer lugar, hubo un trabajo de intercambio de opiniones, planteamientos de parte de los colectivos hacia el gobierno. Entonces, hubo el compromiso de atender su demanda, y ahí fue donde estuvieron trabajando cómo podría ser esta Comisión de la Verdad. Hubo reuniones, pláticas con las víctimas. Es decir, había un respaldo de las organizaciones, de los familiares, hacia la creación de esta Comisión. Obviamente, tratando de que ésta tuviera la fuerza necesaria para que desde un decreto presidencial se empujara que se investigue, sobre todo en el tema de los archivos del Ejército, lo cual es difícil de hacer sin la voluntad política del presidente de la República, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y si él asumía el compromiso, pues es obvio que los militares tienen que obedecer esa orden. Obvio, fue una comisión sui generis, que goza de cierta autonomía.
Abunda en que los colectivos de sobrevivientes y familiares de las víctimas acompañan el proceso y con ellos se han acordado las características del trabajo que se realiza.
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“Segundo, que es otro momento histórico, otra etapa en este esfuerzo de lo que ya se hizo antes, con el trabajo de la Femospp, que bien o mal se investigó, se avanzó, hubo un informe que no se publicó como debía de ser. La misma recomendación de la CNDH, que también fue muy importante. Lo que se hizo en Guerrero con la Comisión de la Verdad, y un movimiento vigoroso con una estatura moral viva, vigente. Eso me motivó, saber que también era un cargo honorífico, un servicio.
“Por otro lado, en el estado de Guerrero la situación ha sido muy grave, desde hace décadas: las masacres, los asesinatos, las persecuciones… todo lo que ha sucedido con los militares en términos de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos con las desapariciones, ejecuciones, torturas. Por lo que documentamos desde que Tlachi existe como organización no gubernamental, desde 1994 a la fecha, los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo [violadas por soldados], lo que lograron los compañeros del Centro con los campesinos ecologistas Teodoro y Rodolfo [ecologistas presos y torturados por defender los bosques], obviamente el caso emblemático de Rosendo Radilla [desaparecido por militares por “componer corridos” sobre Lucio Cabañas y Genaro Vázquez], que pertenece al terrorismo de Estado.
“Todo ese bagaje, toda esa lucha, ese movimiento, esa historia de los pueblos, las víctimas, también me motivó. Estamos en un momento óptimo para poder seguir impulsando. Es una coyuntura, una oportunidad, una posibilidad, es decir, en el sentido del decreto que te dan los lineamientos básicos de lo que se busca, de un informe final, para poder dilucidar lo más profundo que se pueda lo que pasó de 1965 a 1990, que es parte de este mandato.”
—¿Se llegará a saber qué pasó con los desaparecidos? ¿Quién ordenó las ejecuciones masivas? ¿Quién ordenó los “vuelos de la muerte” [avionetas desde las que militares y civiles de la Dirección Federal de Seguridad arrojaban personas al mar]?
—Es el gran desafío que tenemos como mecanismo de esclarecimiento histórico. Será muy importante acceder a los archivos. Ya se está accediendo. Esta semana ya se tiene este acercamiento, esta revisión de los documentos [militares]. Hasta el momento hay un ambiente propicio para facilitar la información. Esa es la meta, que se sepa. Es la intención: profundizar y llegar a esos quiebres de la historia, que nos ha dejado en situaciones muy tristes en términos de que la gente no sabe dónde están sus familiares. El caso de Rosendo Radilla es paradigmático. A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana [de los Derechos Humanos], se dijera que era un caso que marcó un nuevo derrotero en nuestra vida política, y sobre todo en la lucha por los derechos humanos. Pero al final, no sabemos dónde está Rosendo. Sí, se hacen grandes esfuerzos jurídicos, esfuerzos de instancias internacionales, pero, lo concreto, lo material, saber dónde está Rosendo, si está vivo, muerto… si está muerto, dónde está su cuerpo, todas esas cuestiones de la verdad tangible. Eso será algo importante. Quién ordenó, ejecutó, dónde están los desaparecidos, qué pasó en las instalaciones militares, qué pasó con los “vuelos de la muerte”, sus responsables. Todas esas preguntas son las que están en nuestro plan de trabajo: cómo implementar una metodología apropiada para avanzar con los testimonios claves. A pesar de que [ya] hay muchos, sabemos de la necesidad de que haya más. Al mismo tiempo, de cómo se implementaron estas políticas, tanto de la represión, planes de gobierno, persecución, y una serie de políticas implementadas. Nosotros estamos abocados a que se avance. Esa es nuestra tarea como comisionados: indagar, investigar de manera exhaustiva, escuchar a las víctimas, tener la capacidad de atención, la sensibilidad para entender los momentos, coyunturas, el contexto, los diagnósticos para ubicar cómo se dieron todas esas acciones represivas del Estado.
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—A sobrevivientes de este terrorismo de Estado les preocupa que vayan a recabar más testimonios y no se avance más allá de lo que ya se sabe. Y que en 3 años no se pueda salir de ese pantano, con cada vez menos víctimas y perpetradores.
—Lo que puedo decir es que vamos a avanzar. Tampoco es empezar de cero, hay mucha información que ya está de la Femospp, la Comisión Nacional [de los Derechos Humanos], la Comverdad [de Guerrero], muchas investigaciones de académicos, activistas, militantes, muchos diarios de archivos personales donde la gente misma ha documentado. Nuestra tarea es cómo conjuntar toda esa memoria histórica, colectiva, digna. Hay un manantial de información en los archivos del Ejército, porque son ellos los que directamente intervinieron en estas acciones; por eso será fundamental para todos los archivos planteados en nuestro plan de trabajo. Hay que indagar. Es un gran desafío. Tenemos la confianza de que los cinco compañeros haremos alrededor de 40 investigaciones en lo que queda concluir este año, y las demás comisiones que están desde el impulso a la justicia, todo el tema de la búsqueda, reparaciones, memoria, todas esas facetas de la Comisión de la Verdad, sabemos que es un equipo multidisciplinario con gente experta y mucha experiencia. Qué tanto avanzaremos, con qué profundidad, para eso todavía faltan estos meses en que iremos midiendo.
—¿Han platicado ustedes con militares que estuvieron en inteligencia militar o que son responsables de ejecutar, torturar, de cometer este tipo de esas acciones?
—Uno de los puntos de estas reuniones es la invitación formal para que los militares que participaron o estuvieron [en estas acciones] den sus testimonios. Se hará de manera formal. Esto está comunicado. Y como es parte del plan de trabajo, ya se planteó a militares encargados de ese seguimiento de archivo, y facilitar información relacionada con instalaciones militares, para verificar lugares donde hay testimonios de que la gente fue detenida y desaparecida. Dentro de eso también poder abordar con personal militar estos temas. Para nosotros es muy importante, saber cómo participaron. Más allá de que el MP [ministerio público] investigue sus responsabilidades penales, nos interesa saber quién ordenó, qué pasó, qué se hizo, en qué se involucraron los grupos del Ejército para la represión generalizada y acciones terroríficas contra la población.
—¿Qué ambiente encuentran con las Fuerzas Armadas? ¿Hay resistencia a su trabajo?
—Por lo menos en términos formales, en términos de la relación que persiste entre los equipos de trabajo, nosotros como comisionados, y obviamente en el equipo de militares que atienden estos planteamientos y requerimientos ha habido plena disposición. Lo más importante es que se pueda acceder como hasta ahora a los archivos militares. Apenas están los primeros acercamientos, entrevistas. Se ha pedido cierta documentación y se ha facilitado. Nos interesa constatar qué tanto se puede conocer a fondo todos estos acervos, todos estos repositorios. Estamos empezando esta primera semana.
—Ellos insisten en que combatían delincuentes y que los “terroristas” eran los guerrilleros.
—Entendemos que la visión del Ejército, los mandos, y seguro de todo el personal castrense, es que ellos simplemente acataron órdenes y, por otra parte, cumplieron con algunas acciones, algunos operativos: “Nos mandaron a hacer una misión, y nosotros lo hicimos”. Desde la lógica bélica y militar siempre habrá una justificación, una postura de que ellos no cometieron graves violaciones a los derechos humanos, pero para eso se quiere hacer la investigación. Los responsables de violaciones graves difícilmente aceptarán y reconocerán; pero, creo que las experiencias de otros países de las Comisiones de Verdad, con equipos multidisciplinarios, con fuentes, las fuentes del Ejército, los modus operandi, testimonios, mostrarán este panorama de lo que significó la participación del Ejército contra la sociedad, la población, todas las implicaciones que tuvo en términos de graves violaciones a los derechos humanos. No esperamos que en una entrevista un soldado acepte su responsabilidad en una desaparición forzada; nadie lo hará, lo mismo que los civiles que son acusados por delitos y que no aceptan. Para eso están las autoridades, para investigar las evidencias. A nosotros, como mecanismo histórico, nos toca investigar. Para eso hay métodos, herramientas, documentos, testimonios. Nuestra investigación no se reduce a un sí o un no, si participó o no un militar en un operativo. Es parte de pruebas mayores, de contextos, acciones y evidencias que tienen que ver con decisiones, operativos, mandos, cadenas de mando: un sinnúmero de elementos, que no se quedará uno con el simple testimonio. Eso apenas es una referencia básica que puede ser central, hasta la manera en cómo se da el testimonio puede ayudar a dilucidar qué tanto hay de veracidad, o qué tanto hay de opacidad.
—¿Ya pudieron entrar a instalaciones militares? Hay un lugar que interesa mucho a colectivos de sobrevivientes de la Guerra Sucia: “el metro” un sitio en el Campo militar número 1.
—Estamos empezando, es la primera semana. Ahorita se trabaja en conocer los planos de las instalaciones militares, porque como están actualmente, es obvio que tuvieron cambios. No es lo mismo que hace 50 años a lo que hay ahora, se necesita información previa, conocer los planos, todos estos trabajos de ingeniería que se hicieron previamente. Se está accediendo a esos materiales, a esa información para que, a partir de eso, se identifiquen estos lugares: caballerizas, lugares de reclusión, en fin, todo eso… ubican una cancha de básquetbol… trabajar todos esos lugares. Probablemente ya no están, pero viene un trabajo de investigación. Por ahora han sido las modificaciones, los planos, el trabajo de ingeniería hecho a lo largo de 5 décadas. Y ver cómo se modificaron para recrear lo que pasó con algunos familiares que aún recuerdan que estuvieron ahí. Para eso se requiere, después de este trabajo, un recorrido a las instalaciones militares. Estamos empezando en el tema, no hemos profundizado, es algo que es parte de un proceso de reconocimiento.
—¿Basta el trabajo de una Comisión y la voluntad política de un presidente, que concluye su mandato en menos de 3 años, para desmontar el pacto de impunidad transexenal de una institución permanente como el Ejército?
—A nosotros nos toca hacer el trabajo de esclarecimiento e investigación histórica, pero al final de cuentas somos un eslabón de este gran movimiento de derechos humanos de las víctimas que viene de más de 50 años. Esa ola grande, ese gran movimiento, es el que nos permitirá sacar todas esas realidades dolorosas, como las olas del mar, con esa fuerza, que por un lado parecen aguas tranquilas, pero por debajo está la verdadera fuerza, que es la de los pueblos y víctimas; con esa fuerza, esperanza, con ese torbellino, es que nosotros como comisionados tenemos esa certeza de que lograremos avanzar. Obviamente, la voluntad política cuenta muchísimo, la disposición para que podamos acceder a los archivos es fundamental. Está puesta la escena en términos de que las víctimas están todo momento dándole seguimiento, qué avances hay.
“Hay muchos ojos, mucho corazón, mucha voluntad, y creo que eso es el capital simbólico, pero también político y moral de esta Comisión. Por esa razón no podemos desvalorar todo lo que esto significa. Tenemos una alta responsabilidad para estar a la altura de las grandes expectativas que tienen centenares de víctimas. Y que más allá de lo que pasa cotidianamente, y a veces hay ciertos jaloneos, pero creo que tenemos que ir empujando, esa es nuestra tarea, empujar, sobre todo nuestro mandato de hacer la investigación, acceder a los archivos, a los informes, y avanzar con este equipo, en las líneas que nos hemos planteado, y en el plan de trabajo que tenemos para este año.”
Culiacán.- Buenos días, demos la BIENVENIDA al Tercer Encuentro: Proceso de Reflexión Raúl Ramos Zavala.
Primero, agradecer el apoyo para la realización de la reunión en este emblemático lugar que fue la Casa del Estudiante (Rafael Buelna Tenorio), la cual albergó a jóvenes, protagonistas y constructores del movimiento estudiantil-popular y guerrillero en Sinaloa de los años setentas y ochentas. Fue hacer posible este acto en lo que es hoy el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, gracias al apoyo de los siguientes funcionarios estatales: El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el director del Instituto de Cultura de Sinaloa, Juan Avilés Ochoa; los colaboradores del mismo Instituto de Cultura: César Ibarra y Alán Franco.
Todos ellos nos facilitaron las condiciones para que este acto se lleve a cabo hoy sábado 18 de junio de 2022, en un horarios de 10:00 a 16:00 horas.
Introducción A 50 años del asesinato de Raúl Ramos Zavala (RRZ), un joven mexicano revolucionario, quien fue dirigente de la Juventud Comunista, líder de la Organización “Los Procesos”, dirigente teórico y práctico del movimiento armando socialista y precursor de la Liga Comunista 23 de Septiembre. El 6 de febrero de 2022 se rindió un Homenaje a RRZ en el Parque México de la CDMX (lugar en donde fue emboscado y acribillado). Un colectivo de familiares amigos y compañeros de lucha se reunieron para reflexionar y recordar a Raúl, marcando el inicio de un proceso de reflexión para recuperar las contribuciones a la lucha revolucionaria, sobre el papel de la lucha armada socialista en la historia y esencialmente reflexionar el momento presente para determinar las tareas que reclama el pueblo mexicano.
El Estado mexicano fue responsable de las masacres del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971; ambos sucesos deja una huella indeleble en generaciones que vivimos la embestida de un gobierno represor, autoritario, defensor del modelo capitalista que impedía las libertades democráticas; es en ese contexto donde se ubica el surgimiento de grupos revolucionarios armados en México.
Después de los asesinatos los dirigentes revolucionarios: Raúl Ramos Zavala, Diego Lucero y Genaro Vázquez Rojas, prosiguieron su lucha por un mejor país con Libertad, Justicia y Democracia: Ignacio Salas, Ignacio Olivares, Salvador Corral, Jesús Piedra Ibarra, Miguel Domínguez Rodríguez, Pedro Morón, José Manuel Báez, José García Wenceslao, David Jiménez, Fernando Salinas Mora, Tomás Lizárrga, Arturo Gamiz; hombres y mujeres de la LC 23 de septiembre, precursores de la labor emprendida por RRZ.
El 16 de junio de 1976 fueron también asesinados tres compañeros: Enrique Guillermo Pérez Mora (el Tenebras), Froylán Rendón Estrada (el Cubano) y Antonio Rodríguez Armenta (el Yaqui).
En honor a ellos, recordando esa fatídica fecha, estamos aquí hoy 18 de junio de 2022 en Culiacán, Sinaloa, con los propósitos fundamentales de: 1) Recuperar la memoria histórica de las víctimas de lo que denominamos la “Guerra Sucia”y sus consecuencias (persecución, asesinatos, desapariciones); 2) Dimensionar las repercusiones de la lucha armada en nuestro país; y 3) Ubicar las contribuciones de sus protagonistas de la lucha política y social en el tiempo que les tocó vivir.
Vamos a hacer una recapitulación de los hechos; escuchar testimonios, reconstruir la memoria, extraer enseñanzas y plantearnos tareas a realizar, para dar continuidad al Proceso de Reflexión, inspirado en compañeras y compañeros que dieron su propia vida por un cambio revolucionario en México.
Recordando lo dicho por Carlos Marx hacia 1852, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su voluntad, bajo condiciones elegida por ellos mismos, sino bajo condiciones directamente existentes, dadas y heredadas”.
Hablando de la recuperación de la memoria, permítanme leer un pensamiento de Eduardo Galeano, que dice: “En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.” (Eduardo Galeano. El derecho al delirio.)
Enseguida presento a ustedes al Presídium: Victoria Montes, María de la Paz Quintanilla, Rosario Flores Navidad, Martha Camacho, Camilo Valenzuela, Graciela Zamora, Francisco Javier Loza, Juan Aguado Franco, Víctor Joel Armenta
Que nunca más, nadie recurra a las armas para ejercer sus libertades políticas.
A raíz del evento celebrado el 22 de junio en el Campo Militar No. 1, donde se presentó la ruta de trabajo para abrir los archivos e instalaciones de la Sedena a fin de esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, se ha abierto un debate respecto a sus implicaciones y alcances. En particular sobre el papel que desempeñaron las autoridades civiles y militares en las acciones represivas llevadas a cabo; el deslinde de responsabilidades en la cadena de mando, así como de las corporaciones ilegales creadas para instrumentar operaciones contrainsurgentes.
En el centro de este debate se ubica el discurso que busca equiparar las operaciones represivas del Estado con las acciones de la disidencia política de entonces, pretendiendo eximir de responsabilidad a quienes, en aras “de la seguridad nacional y la seguridad interior”, arremetieron contra toda expresión de inconformidad social, la que no se limitó a los movimientos armados, sino que se generalizó a la lucha por la tierra; la libertad sindical y la defensa de los derechos laborales, a los movimientos urbanos, del magisterio, de estudiantes universitarios y normalistas, a los movimientos contra culturales, la libertad de prensa y de quienes pugnaron por la democracia electoral ante un régimen autoritario.
Se ha abierto la puerta para allanar el camino y cerrar una herida que se mantiene abierta y saldar una deuda con la memoria, la verdad y la justicia.
Ahí la relevancia de este acontecimiento en el Campo Militar No. 1, lugar donde, en 1971, se implementó el Plan Telaraña, para desarticular las guerrillas encabezadas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas; donde, en 1976, se instaló la Brigada Blanca; donde decenas de personas estuvieron detenidas ilegalmente o fueron desaparecidas; donde se emitió la orden a la comandancia de la 35° Zona Militar de Chilpancingo, señalando: “Ratifíquese orden y sentido de incrementar actividades, a fin de localizar, hostigar, capturar o exterminar a las gavillas que operan en esa región, debiendo de utilizar el máximo de medidas de seguridad”.
En este contexto, y en cumplimiento a la instrucción del Presidente de la México, la Comisión de la Verdad y la Sedena consensuamos un programa de trabajo para revisar los archivos y las instalaciones militares donde se cometieron violaciones graves a los derechos humanos; realizar entrevistas y recibir testimonios de personal de la Sedena que cuente con información referente a los hechos objeto del esclarecimiento histórico, así como recoger testimonios de víctimas de violaciones a derechos humanos en las instalaciones militares en las que estuvieron en calidad de detenidas.
El camino hacia la reconciliación se construye con memoria, verdad y justicia. Para ello es necesario que la Fiscalía General de la República acompañe este esfuerzo y reactive las 245 carpetas de investigación sobre la Guerra Sucia que hoy duermen el sueño de los justos, asumiendo que la principal reparación a las víctimas es la justicia.
Que nunca más nadie sea perseguido por su forma de pensar, por sus convicciones filosóficas, su creencia religiosa, su preferencia sexual, su forma de vestir o por la música que escucha.
Que nunca más, nadie recurra a las armas para ejercer sus libertades políticas y su derecho a transformar las formas de gobierno. Que nunca más, la intolerancia enfrente al pueblo con las fuerzas armadas.
Buscamos la verdad, como un acto que permita la reconciliación y que impida que se vuelva a repetir este capítulo oprobioso de nuestra historia. Que la puerta que se ha abierto, no se vuelva a cerrar.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
Este 28 de Junio Pedro estaría cumpliendo 74 años, perdió la vida a manos de las fuerzas represivas un 24 de diciembre de 1973 por su participación en la lucha social, fue, como en el caso de muchos otros compañeros, perseguido hasta su muerte.
Lograron emboscarlo en una casa de seguridad, donde herido, fue trasladado por la cruz verde hacia el Hospital Civil de Guadalajara. Allí le esperaban para interrogarlo por medio de tortura, le pidieron su nombre y cuando por fin lo obtuvieron, arreciaron los tormentos en su contra para que diera información de sus compañeros de lucha, pero él aguantó hasta su muerte.
Las fuerzas represivas lo consideraron un triunfo, tenían en sus manos al hombre más buscado en ese momento, su cabeza tenía precio al igual que la de otros luchadores, esa era la estrategia de exterminio que el gobierno tenía contra la disidencia armada.
A 48 años de su muerte, hoy por hoy surge la esperanza de justicia y reparación del daño para muchos que, como él, fueron víctimas de la llamada “Guerra Sucia”.
Confiamos en que la Comisión de la Verdad, decretada por el actual presidente de México logre reparar las graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas, sobrevivientes y familiares por gobiernos anteriores, a quienes no sólo se les negó el acceso a la justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en su contra, sino que también se les estigmatizó institucionalmente y negó el reconocimiento a su memoria sometiendo su historia al olvido.
La magnitud de esta deuda histórica mantiene una herida abierta que requiere una respuesta clara por parte del actual gobierno, por tal motivo, hoy el compromiso es de rendir cuentas a las víctimas, sobrevivientes, familiares y la sociedad mexicana para que esta herida pueda comenzar a sanar.
Breve Semblanza
Nació en Ignacio Allende, Zacatecas el 28 de junio de 1948. Cursó la primaria en la escuela Federal Miguel Hidalgo de 1955-1961.
La secundaria en el pueblo del Teùl de González Ortega de 1961-1964.
En la preparatoria #3 Gómez de Mendiola en Guadalajara, Jal. En 1964-1971.
Hizo sus estudios profesionales en la Escuela de Agronomía de los Belenes en Guadalajara, Jalisco de 1966-1971.
Era el más pequeño de una familia numerosa de 7 hermanos. Hijo de la Sra. Amelia Guzmán y del Sr. Juan Orozco.
Era un muchacho pueblerino dedicado a estudiar y trabajar para sostener sus estudios, al principio de su carrera no participaba en política. Su participación se dio a raíz de las agresiones de los porros de la FEG (Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara), que de tiempo atrás venían ejerciendo un control gansteril en todos los planteles de la universidad desde el nivel de secundaria.
La inconformidad se empezó a generalizar en toda la universidad, lo que dio origen a la formación de grupos en las distintas escuelas y barrios de Guadalajara.
La incorporación de Pedro al grupo de la Escuela de Agronomía, responde principal mente a una acción de “Autodefensa” a las agresiones constantes a los alumnos y a la impunidad con la que actuaban los porros de la FEG.
Las principales demandas que planteaban eran el derecho a elegir a sus mesas directivas.
—A tener sus propios Órganos representativos para gestiones propias entre autoridades y estudiantado;
—Oponerse al pago forzoso de cuotas económicas que ostentaban los porros como pago por mantener controlado al estudiantado
La FEG recrudece sus acciones represivas a todos los niveles con la intención de no dejar crecer la oposición. Esto crea la necesidad de que estos agrupamientos busquen coordinarse con otras escuelas, además de la coyuntura que se daba por la postulación de Echeverría a la Presidencia de la Republica y, la posibilidad de que la familia política del futuro presidente volviera a retomar el control del estudiantado de la Universidad a través de Andrés Zuno, el cual había venido trabajando con grupos de barrios de distintas colonias y entre ellos los Vikingos de San Andrés.
La confluencia de distintas agrupaciones de las escuelas y barrios con distinto enfoque del ¿Qué hacer? En esta coyuntura surge el FER (Frente Estudiantil Revolucionario), como una clara oposición a la FEG. Ésta, al verse amenazada y sin tener la certeza de contar con el apoyo del futuro presidente, titubea y finalmente arremete con toda la brutalidad que había caracterizado. Contando con todo el apoyo del gobierno del estado de Jalisco y del mismo Echeverría. Ante esto su familia política se repliega y deja incipiente movimiento a su suerte.
Con la venia del Gobierno del Estado y del propio Echeverría, la FEG se lanza a la cacería de los dirigentes del movimiento, con la consigna de matarlos a todos contando con el apoyo logístico y asesoría de asociaciones representativas de parte del ejército y las policías. Los arman con equipo de uso exclusivo del ejército y les construyen un bunker que habilitan como su cuartel general.
Empiezan los asesinatos, desapariciones, cuerpos mutilados en las orillas de Guadalajara y una campaña de desprestigio del movimiento opositor por parte de los medios de comunicación y del gobierno del estado.
Ante esta situación el FER no tiene un planteamiento concreto. Lo más que alcanza a hacer es un manifiesto, donde explica que su lucha es por la democracia, la no represión a los estudiantes, la disolución de la FEG como grupo gansteril y se pide que el gobierno le retire el apoyo.
De no responder satisfactoriamente al peligro de peticiones, el movimiento se iría a la clandestinidad y se respondería con los mismos métodos.
Como era de esperarse, el gobierno no atendió las demandas que se le planteaban y se desató una carnicería. Cada quien se sintió con el derecho de vengar a sus compañeros caídos, llegando a su punto crítico en el enfrentamiento en el área politécnica donde perdieron la vida y cayeron heridos varios activistas del FER.
Como respuesta a este ataque se organizó la defensa en la cual cae abatido el mismo presidente de la FEG. En estos hechos la policía participaba formando un cerco en toda el área, para detener a los activistas del FER y dar protección a los porros.
En un ambiente de confusión y persecución los dirigentes se planteaban que la lucha ya no es sólo contra la FEG y todo lo que representa, si no que la lucha es contra el Estado que le da el sustento principal. Se pierde toda esperanza de que sus demandas sean atendidas.
La lucha requiere de recursos, organización, capacitación y de un planteamiento político que le dé consistencia al movimiento.
Se buscan relaciones con gente del Distrito Federal, Sonora y otros lugares del país. Estas son gente que proviene de la lucha del 68-71 y de las luchas campesinas y populares que traen una visión distinta. Esto es, se están planteando la lucha armada como único recurso de un cambio en el país.
Es en estas circunstancias en que Pedro surge, entre otros compañeros, como dirigente de este agrupamiento. Ya en esos momentos era perseguido por la policía. Dejó de asistir a clases por temor a ser detenido o asesinado, como lo fueron otros dirigentes del FER.
Posteriormente, con la fusión de varias organizaciones existentes en el país y el nacimiento de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S), se convierte en miembro activo de esta organización ocupando un lugar destacado en la Dirección Político Militar de ésta.
Su inteligencia cultivada por su formación profesional y los acontecimientos políticos locales y nacionales, su férrea convicción que fogueaba en la, práctica por un orden democrático, socialista para liberar de sus necesidades a los desposeídos y explotados que sufrieron económica y políticamente, fue lo que lo llevó a arriesgar su vida para abrir brecha en la construcción de la democracia por elemental que sea, pero que ahora tenemos los mexicanos.
Fue un luchador por las libertades económicas y políticas que cayó abatido por las balas de la policía estatal y federal en Guadalajara, Jalisco un 24 de Diciembre de 1974. Hace ya 49 años.
Su caída fue un golpe muy lamentable para su organización en Guadalajara. Para la policía sus armas “Se cubrían de gloria”. Tenían en sus manos al hombre más buscado. La prensa local y nacional aplaudía esta acción porque Pedro pagaría todas sus fechorías. Cuando se le detuvo le aplicarían la ley de “talión” y así fue: cayó con dos heridas en su cuerpo que, según gentes que lo vieron en el Hospital Civil, no eran graves.
Ahí lo interrogaban: ¿Quién eres? Clemente Sánchez contestaba, y le metían los dedos en las heridas y le daban de golpes en sus partes nobles. La sesión de ablandamiento continuó hasta la madrugada cuando les dijo su nombre. De ahí lo pasan al Cuartel Colorado para continuar el mismo tratamiento. No se sabe con exactitud cuánto duró esto. Lo cierto es que por su caída no detienen a nadie. A él lo entregan días después a sus familiares tras una larga y tortuosa gestión. Su cuerpo presenta signos de tortura y mutilación.
Su cuerpo descansa en el Panteón Municipal de Guadalajara, Jalisco.
Compañero con mucho carisma y sensibilidad que con su vida pagó el atrevimiento de impugnar y combatir contra el despotismo, explotación y represión del gobierno.
En la conferencia matutina de este día, el presidente López Obrador trató un tema que va a ser recurrente en adelante. Algo que veremos repetirse una y otra vez, por parte de la prensa y los políticos conservadores.
Hoy por la mañana, un reportero expuso ante el presidente López Obrador un problema relacionado con obra pública, donde existe cierta evidencia de posible desvío de recursos públicos y sobreprecio, en el costo de una obra construida durante el periodo neoliberal. El presidente López Obrador fue claro al respecto. El reportero preguntaba si se harían investigaciones relacionadas con este tipo de posibles quebrantos a la Hacienda Pública y López Obrador contestó lo siguiente.
“El esquema que describes sobre la forma en que se realizó ese contrato, era norma común durante las administraciones neoliberales. La misma Secretaría de Hacienda destinaba los recursos solicitados, para la firma de los llamados PPS (Proyectos para la Prestación de Servicios). Si se realizaran investigaciones en este sentido, todos los gobiernos estatales y el federal por supuesto, quedarían sujetos a esas revisiones. Sí se daban situaciones de posible sobreprecio y de un endeudamiento que pudo haber sido menor. Pero ese modelo era el que operaba prácticamente en todo el país”.
López Obrador finaliza su respuesta, manifestando que si hay pruebas que señalen faltas mayores, o conductas evidentes que dejen ver un comportamiento irregular por parte de algún servidor público, se deben presentar las denuncias del caso, para que la autoridad correspondiente actúe y dicte las medidas de sanción que señale la Ley.
Hay un aspecto importante que remarca el presidente, sobre estas acusaciones que comienzan a salir a dos años de que termine el sexenio. Es en el sentido de que no se utilicen con fines politiqueros.
Y es que esa modalidad de la guerra sucia, la vamos a ver repetirse una y otra vez, durante el tiempo que resta para elegir al sucesor de López Obrador, en el cargo de presidente de la república.
La revista Contralínea publica en su edición de esta semana, una nota de investigación en la que señala que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, podría reabrir una carpeta de investigación relativa a la compra de 30 trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Esto en razón a que se estima que la compra se realizó a sobreprecio y que la deuda contraída para el pago de estos trenes y el mantenimiento de los mismos, se encuentra “viva” al ser pactada para ser liquidada en el espacio de 15 años.
La compra y firma del contrato se realizó en el 2010 y los pagos y servicios convenidos concluirán en el 2026.
Contralínea acepta de entrada que este tipo de investigaciones que “pudieran” reabrirse después de años de permanecer “dormidas” están relacionadas con el proceso de sucesión presidencial que ya arrancó.
Es decir, no tienen nada que ver con una cuestión apremiante de justicia. No se trata de asuntos que por su naturaleza, se consideren de especial importancia para la sociedad, o para la administración pública en turno.
Como lo dijo con claridad el presidente López Obrador. Podemos estar ante el inicio de campañas politiqueras, que intentan manchar o descalificar a personajes que han manifestado su intención de participar por la candidatura presidencial dentro de Morena y por el cargo que dejará vacante el presidente en 2024.
La “posible” investigación a la que se refiere Contralínea y que es motivo de la nota que aparece en su semanario, está relacionada con el canciller Marcelo Ebrard y el presidente del Partido Morena, Mario Delgado Carrillo.
El primero, por haber sido el Jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal, que ordenó la compra de estos trenes, para abrir la Línea 12 del Metro. Mario Delgado por su parte, era el Secretario de Finanzas en la administración capitalina, que tramitó ante la Secretaría de Hacienda los recursos necesarios y destinó esos fondos para el pago del equipo y los servicios de mantenimiento establecidos en el contrato.
La investigación de Contralínea toca a autoridades del Servicio de Transporte Público Metro y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que habrían participado también en la adquisición de estos trenes. Pero el punto central de su investigación, es que se afirma que Marcelo Ebrard y su equipo financiero, “armaron” un esquema de endeudamiento público que concluye hasta 2026, con un contrato desventajoso para las finanzas públicas de la capital.
¿Es esto cierto?
Por lo que señaló el presidente López Obrador el día de hoy, no lo es y deja claros los motivos para señalar eso.
Los PPS (Proyectos para la Prestación de Servicios), operaron a lo largo y ancho del territorio nacional y fueron el mecanismo utilizado por todos los gobiernos estatales, para financiar obra de infraestructura. La Secretaría de hacienda avalaba este tipo de contratos y liberaba los fondos necesarios para hacer frente al pago y deuda contraída. No se trata de algo que se hayan sacado de la manga Marcelo Ebrard y Mario Delgado. No se “armó” una estrategia apartada de la norma seguida por los demás gobiernos estatales y prevista desde la Secretaría de Hacienda.
¿De qué se trata entonces todo esto?
De lo que el presidente define muy bien como “guerra sucia”, que intenta manchar o restar posibilidades a precandidatos que no son del agrado de determinados poderes políticos y económicos. La posible “investigación” por parte de las autoridades capitalinas, en contra de Marcelo Ebrard y Mario Delgado, tal y como lo señal Contralínea, no tiene visos de hacerse realidad. En medio de una campaña sucesoria que ya dio inicio, en lugar de perjudicar al canciller, restaría puntos a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Y ese comportamiento falto de ética para alcanzar un triunfo, está fuera del radar de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.
Tienen trayectorias limpias, donde la bajeza no tiene cabida.
Entonces “alguien” ajeno a estos dos políticos, comienza a impulsar este tipo de noticias, con el fin de llevar agua a su molino. La politiquería y los ataques solapados que nacen de ella, serán el pan de cada día, durante los próximos dos años. La guerra de lodo inicia, con este tipo de acciones que pretenden “bajar” en las encuestas a determinado candidato (en este caso Ebrard), o abrir las puertas de Morena a personajes a quienes estorba Mario Delgado, para lograr sus fines.
Vamos a ver que tanto prende la guerra sucia dentro de una sociedad despierta que ha aprendido a reconocer y no dejarse engañar por sus enemigos verdaderos. Una sociedad que sabe que el único futuro posible, después del sexenio del Andrés Manuel López Obrador, lo representará con dignidad cualquiera de los tres precandidatos punteros que compiten por Morena. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, o Adán Augusto López.
Los demás, son relleno, sin posibilidad, ni peso real.
La guerra de lodo solo manchará más a quienes de por sí ya están bastante desacreditados. Así se trate de la oposición, o de fuego amigo.
Apesar de la diferencia de edades y de las ciudades de origen, sus recuerdos concuerdan. Ambos son guerrerenses y luchadores sociales. El profesor Vicente Estrada Vega, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa y compañero en distintos momentos de Lucio Cabañas, nació en Taxco, Guerrero, y creció en Tixtla. Su padre fue minero. Tiene 87 años. El antropólogo Abel Barrera, defensor de derechos humanos, vio la luz en Tlapa, hace 62 años. Su familia se dedicaba al comercio. Forma parte de la Comisión de la Verdad.
Vicente cuenta: “Conozco desde niño la tonada de los soldados que protegen al estado. Viví mi niñez en Tixtla y ahí jalaban a los indios de por Atliaca. Vi cómo los agarraban, los maltrataban, losamarraban con un palo atravesado ylos arrastraban; cómo los colgaban y los fusilaban.
“Fui a Los Piloncillos, que es un caso histórico. Está a 60 kilómetros sobre caminos muy adentro de la Sierra. La gente se había ido al campo. Ya no estaban los hombres que trabajan. Ahí llegó el Ejército. Fue como a las 9 de la mañana. Engañó a la gente. Gritaron “¡Viva el Che Guevara!”. En realidad iban a matarlos. Agarraron a los que pudieron, como a siete gentes y los asesinaron ahí en la cancha.
El pueblo agarró y se fue a la comandancia a preguntarles a los militares: ¿por qué? El general, o lo que haya sido, pretextó: nosotros no fuimos. Nunca mandamos tropa. Los campesinos le respondieron: “¡Cómo no! Nosotros vimos que eran los guachos los que mataron a nuestros compañeros”.
“Supe cómo agarraban y les decían a los campesinos: ‘súbete a la palmera y corta cocos’. Y ya arriba, los cazaban, los mataban. Es muy triste.”
Corría la década de 1970. Abel rememora sus tiempos de seminarista. Vio cómo la policía judicial y el Ejército bajaban de la Montaña a indígenas amarrados como si fueran animales. Los traían caminando, salvajemente golpeados, con la ropa raída y los pies desnudos y ensangrentados.
Los uniformados, que se ostentaban como la ley y el orden, con pistola al cinto, los acusaban de haber matado, robado o violado. Los llevaban hasta la comandancia, en pleno zócalo, y después de torturarlos, los dejaban atados en la calle para el escarnio público. No era un hecho casual. Sucedió una y otra vez. Algunos de los detenidos ni siquiera llegaban hasta la ciudad. Simple y sencillamente los colgaban en el camino.
Desde que en 1994 se formó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel ha escuchado, literalmente, cientos de abusos de policías y soldados en toda la geografía guerrerense, contra indígenas, campesinos, maestros, ecologistas y mujeres. Los informes que documentan esas gravísimas violaciones suman miles de páginas.
Zacarías Osorio Cruz es un ex militar mexicano asilado en Canadá. Fue parte del Cuerpo de Paracaidistas del Ejército. Especialista en tiro, recibió, en varias ocasiones, una instrucción tajante por parte de sus superiores: desaparecer a campesinos y luchadores sociales guerrerenses.
Recibía ciertas órdenes y me elegían porque mi especialidad era disparar. La orden era que tenía que desaparecer a esta gente, que tenían que morir porque le traían problemas al alto mando, declaró bajo juramento al solicitar refugio político en aquel país.
Zacarías realizó su primera operación en Atoyac, Guerrero. Los desaparecidos fueron, según él, quienes encabezaban a ciertos grupos que querían manifestar su descontento con el gobierno. Estos eran los que eran arrestados y puestos en nuestras manos.
Los operativos en los que Osorio Cruz participó no fueron obra de un escuadrón de la muerte que actuara al margen de las fuerzas armadas. Fueron acciones de guerra en forma, realizadas por militares en servicio, en cumplimiento de órdenes oficiales.
Una de las piezas más dramáticas del rompecabezas de esta guerra contrainsurgente fueron los vuelos de la muerte, en los que soldados y miembros de la aviación arrojaron al océano Pacífico a opositores y presuntos guerrilleros. Años después del testimonio de Osorio, la Comisión de la Verdad (Comverdad) formada por el Congreso de Guerrero, recuperó de evidencias de estas barbaridades.
Entre las evidencias que la comisión obtuvo hay tres relatos, dos de sobrevivientes y uno más de un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, que arrojan luz sobre las tinieblas de estos sobrevuelos. Metían a las víctimas en sacos de ixtle llenos de piedras. Algunos iban aún vivos. Los aviones descendían para tirar los cuerpos mar adentro. En las comunidades costeras empezaron a aparecer restos humanos.
La comisión encontró también un reporte “en el que se señala que, cuando empezaron aparecer cuerpos mutilados, quemados, torturados, se especulaba en la sociedad si pertenecerían al hampa y serían venganzas. Sin embargo, el mismo informe dice que discretamente se llegó a conocer que eran personas relacionadas con Lucio Cabañas. La lista de las atrocidades perpetradas por los militares es interminable.
En la ceremonia de instalación de la Comisión para el Acceso de la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, el general secretario Luis Crescencio Sandoval anunció que se autorizó a inscribir los nombres de militares fallecidos con motivos de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas. La indignación entre los familiares de las víctimas explotó.
“Me quiero equivocar –dice Vicente Estrada cargando sobre sus hombros una larga lista de agravios de militares–, pero este gobierno no va a resolver el asunto de los desaparecidos. Conozco al Ejército. Para que cambien, debe empezar por hacerse una autocrítica profunda de qué es lo que han hecho mal ante el pueblo. Pero hasta ahora no se les ha visto el interés. Nosotros vamos a seguir con el mismo problema”. Más claro, ni el agua. Las heridas siguen abiertas.
En un hecho histórico, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador abrió las instalaciones y los archivos de las Fuerzas Armadas a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas en 1965 a 1990.
En el acto de apertura, ocurrido la mañana de este 22 de junio en el Campo Militar número 1 y que encabezó el primer mandatario, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez explicó que se consensuó “un programa de trabajo para revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y las instalaciones militares donde presuntamente se cometieron violaciones graves a los derechos humanos”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión agregó que esto se da en cumplimiento a la encomienda de López Obrador de encontrar la verdad, impulsar el acceso a la justicia, reparar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990 (periodo que comprende la llamada Guerra Sucia), así como para garantizar el derecho a la memoria.
En el contexto del programa que ejecutará la Comisión de la Verdad en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, el funcionario indicó que en los lugares e instalaciones militares en los que se presuma se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos –como es el Campo Militar número 1– se realizarán acciones de reconocimiento, búsqueda e investigaciones.
Encinas Rodríguez saludó la presencia en el acto de víctimas que sobrevivieron a esas violaciones ocurridas en distintas instalaciones militares, y a familiares de víctimas. Añadió que la Comisión va a “acceder a instalaciones y consultar repositorios, archivos y documentos con la finalidad de contribuir con las investigaciones para el esclarecimiento de la verdad. Es el caso de la 5ª y 42 zonas militares de Chihuahua, la 7ª Zona Militar de Nuevo León, la 9ª de Sinaloa, la 15ª de Jalisco, la 27 y 35 zonas militares de Guerrero, y la Zona Militar número 28 de Oaxaca”.
FOTOS: PRESIDENCIA
Respecto de los archivos, expuso que se revisarán “de distintas unidades de las Fuerzas Armadas, como el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, de la Policía Militar, del Batallón de Fusileros Paracaidistas, del Segundo Batallón de la Policía Judicial Federal Militar, de la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta y también del Estado Mayor Presidencial”.
De acuerdo con Encinas Rodríguez, “el programa contempla realizar entrevistas y recibir testimonios de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que cuente con información referente a los hechos objeto de esclarecimiento histórico, por lo que la Comisión de la Verdad y la Secretaría de la Defensa Nacional consideramos importantes llamar a este encuentro, a este diálogo de la verdad, a personal activo y en retiro de las Fuerzas Armadas que puedan contribuir a comprender lo que sucedió y pueda brindar información que permita a las familias saber el paradero de las personas desaparecidas”.
Adicionalmente, detalló que se busca tener testimonios de víctimas de violaciones a derechos humanos en las instalaciones militares en las que presuntamente estuvieron en calidad de detenidas.
“La apertura de las instalaciones militares no sólo será para las personas expertas que la comisión determine para realizar las investigaciones, sino también se acompañará de aquellas personas víctimas que hayan estado en las mismas, y su testimonio será fundamental para reconstruir los hechos y llegar a la verdad”.
En presencia de personal militar, incluido el general secretario Luis Cresencio Sandoval, el subsecretario de Derechos Humanos señaló: “hoy, un día inimaginable hace poco más de tres años, se abre la puerta a una nueva etapa en la historia del país que busca allanar el camino para cerrar una herida que se mantiene abierta y saldar una deuda con la memoria, la verdad y la justicia”.
FOTOS: PRESIDENCIA
Agregó que “en tiempos de transformación es preciso mirar de frente a nuestra historia para poder reconocernos en ella y abrir una ruta de cambio y de ruptura con un pasado doloroso. El no ser capaces de hacerlo se corre el riesgo que en nuestro actuar no dignifique a las (inaudible) es que nos antecedieron en la lucha por la democracia y la justicia en nuestro país”.
El funcionario agregó: “hoy, pese al escepticismo y malos augurios de actores políticos que apostaban al fracaso, poniendo en duda la firme convicción del presidente de México para abrir las instalaciones y archivos de las Fuerzas Armadas en busca de la verdad y la reconciliación, llegamos al Campo Militar número 1 para mirar de frente a una parte de esa historia. En este lugar, en el mes de junio de hace 46 años se instaló una de las agrupaciones represivas más temidas en el país, la Brigada Blanca, integrada por elementos de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección Federal de Seguridad y la Policía Judicial Federal, la Policía Judicial y la Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal y la Policía Militar”.
Asimismo, recordó que desde el Campo Militar número 1, “hace 51 años se implementó el Plan Telaraña para combatir y desarticular las guerrillas encabezados por los profesores Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. Desde esa zona de Lomas de Sotelo se emitió un telegrama a la comandancia de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Guerrero, ordenando, cito: ‘Ratifíquese orden y sentido de incrementar actividades a fin de localizar, hostigar, capturar o exterminar a las gavillas que operan en esa región debiendo utilizar el máximo de las medidas de seguridad’”.
Encinas Rodríguez expuso que en esa instalación militar, “de acuerdo con los documentos oficiales y testimonios, estuvieron detenidos y desaparecidos Amanda Arciniega, Ezequiel Barrientos, Ismael Bracho, Micaela Cabañas, Álvaro Cartagena, Cirilo Cota, Alicia de los Ríos, Hilda Flores, Ramón Galaviz, Leticia Galarza, Manuel Hernández, José Luis Moreno, Elda Narváez, Rafael Ramírez, entre otros muchos opositores y disidentes del sistema”.
En el acto, las víctimas y familiares protestaron en contra del discurso del general Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, quien rindió homenaje a los militares.
El investigador Julián Atilano explicó en entrevista con SinEmbargo Al Aire que esta “narrativa orquestada” está en distintos espacios como medios de comunicación, incluso, extranjeros, pero también involucra a senadores de Estados Unidos, como el republicano Marco Rubio, y a periodistas mexicanos.
Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).– Antes, durante y después de la jornada electoral del pasado 5 de junio hubo en redes sociales, particularmente en Twitter, una “estrategia coordinada” para ligar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, con el crimen organizado, explicó el investigador Julián Atilano, quien participó en un análisis realizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que reportó estos hallazgos.
“El objetivo que se busca con esta narrativa básicamente es desprestigiar a Morena y López Obrador. ¿En qué sentido? Desde el principio López Obrador ha creado, ha construido esta idea de alguien incorruptible, alguien que no negocia con el crimen organizado. Sabemos que la legitimidad que ha construido es su mayor valor agregado, es lo que lo hace, al menos narrativamente, políticamente, distinto a los demás. Entonces, empezar a construir la idea de que, uno, ‘es igual a todos’, y dos, ‘además de ser igual a todos, está vinculado a lo peor de la sociedad que es el crimen organizado’, atenta al centro de la legitimidad del Presidente López Obrador”, comentó el investigador en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado para el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
Julián Atilano explicó que esta “narrativa orquestada” está en distintos espacios como medios de comunicación, incluso, extranjeros, pero también involucra a senadores de Estados Unidos, como el republicano Marco Rubio, y a periodistas mexicanos. “Ya está rebasando fronteras y parece que de aquí a 2024 va a ser la forma en la que se va a golpear a López Obrador y a su partido”.
“No hay pruebas para sostener lo que están diciendo. Sabemos que el tema del narcotráfico es estructural, sabemos que evidentemente hay políticos, a nivel municipal, nivel local, que están vinculados, pero decir que Morena y López Obrador están vinculados a ese nivel estructural sin mostrar ninguna prueba, pues no es otra cosa que difamación”, abundó.
La narrativa que asocia a Morena y al Presidente López Obrador con el narco, explicó Julián Atilano, ha estado desde hace varios años, pero en el pasado proceso electoral se hizo más notoria cuando se posicionaron distintos hashtag en Twitter como #NarcoPresidente o #MorenaNarcoPartido.
“Nos damos cuenta que (los hashtags) están articulados y entonces empezamos a ver que hay una orquestación, hay un nado sincronizado y vemos que entre estos hashtag hay articulación, nosotros los llamamos concurrencia de hashtags, es decir son hashtags que están ocurriendo al mismo tiempo y vemos tres grandes comunidades” que los difunden, comentó el investigador.
En las recientes elecciones Morena y sus aliados sumaron 22 gubernaturas en sólo 7 años. Algunos periodistas y políticos de oposición señalaron que este resultado responde a una presunta alianza con el narco.
Al mismo tiempo, refirió, se puso en marcha una campaña, “en donde viene el meme, en donde viene el GIF, es decir ya no sólo son estas granjas de bots que están inflando, sino también campañas de comunicación. La pregunta es: ¿quién está impulsando, quién está pagando para hacer esto?”
Julián Atilano precisó que a la par de esta narrativa que se impulsó en Twitter, y de la campaña de comunicación, también detectaron una serie de medios que impulsaron esta “narconarrativa” a través de entrevistas con políticos y artículos de opinión.
En ese sentido, indicó que no necesariamente están relacionados con los bots de Twitter, pero detalló que quienes están pagando la campaña en redes se han montado a esta narrativa difundida en los medios de comunicación.
Dichas cuentas y hashtags también acompañaron sus tweets con memes, caricaturas o imágenes editadas que buscaban vincular al actual gobierno y a Morena con el narco y el crimen organizado. pic.twitter.com/L90yMbekpO
El estudio identificó una serie de argumentos y tesis que se han posicionado, entre ellas: que hay un narcoestado fortalecido por López Obrador a raíz del lema “abrazos, no balazos”, que hay un supuesto pacto entre el Gobierno federal y el Cartel de Sinaloa por las visitas del Presidente a Badiraguato, en Sinaloa, o que “sin ayuda del narco, Morena no hubiera ganado las elecciones”, en otras otras.
“¿Qué hay de fondo? De fondo está la idea de construir la narrativa, de construir la sospecha, de que la gente diga, ¿será cierto?. Y algo fundamental, es que no han presentado ninguna evidencia, ninguna de estas columnas, editoriales, ninguna presenta evidencia, presenta pruebas y eso hace que esto sea una campaña orquestada”, abundó.
