Se intenta obligar al gobierno a reprimir, para acusarlo de autoritario. Y si se da el caso de que el gobierno se niegue a caer en esa burda trampa, contar con un pretexto para acusarlo de “tibio” e incompetente, al no tomar medidas severas para garantizar la paz pública.
Por Malthus Gamba
Es una especie de fijación en la mente de la clase conservadora.
Como si el neoliberalismo hubiera infectado a la oposición de un virus desconocido hasta ahora, que los impulsa a encontrar en la sangre, la solución a todos sus problemas.
La primera manifestación de esta rara enfermedad, la vimos en el momento en que, de manera inesperada, Xóchitl Gálvez decide que para lograr la credibilidad que de manera natural no alcanzarán sus promesas de campaña, debe firmar un documento compromiso, con su propia sangre. Y lo hace públicamente, como si se tratara de una acción de lo más natural en el mundo.
LEA TAMBIÉN AMLO se lanza contra Jorge Castañeda y le dice que es un “cínico” por promover guerra sucia contra Sheinbaum ¡Imparable! Clara Brugada con 55% de las preferencias, 20 puntos por encima de Santiago Taboada: Encuesta Berumen Después viene la defensa férrea hacia la candidata opositora, por parte del grupo conservador, que intenta hacer creer al grueso de la población del país, que esta acción, donde la sangre juega un papel especial, está a la altura de la sangre derramada por los héroes del país, que pagaron ese tributo al defender las libertades de todos. Nadie se traga esa mentira. Xóchitl Gálvez pasó de lo ridículo, a lo grotesco, así digan misa los opositores.
A los pocos días, Televisa permite que en uno de sus espacios de opinión, el político de extrema derecha Jorge Castañeda, ligado a intereses norteamericanos desde hace bastante tiempo, recomiende a quienes conducen la campaña de Xóchitl Gálvez y a ella misma, que desaten la “guerra sucia en serio”, en contra de la candidata de izquierda Claudia Sheinbaum y de igual manera, hacia el presidente López Obrador. Castañeda dice que el “librito de reglas fachas” recomienda esa estrategia basada en la mentira, el chisme y la investigación periodística, que busca el escándalo en todo lo que pueda ser utilizado para desacreditar a una candidata y a un presidente, que no presentan puntos débiles que sirvan a la oposición, para señalar faltas personales y políticas, en el pasado de estos dos personajes públicos. Castañeda habla de una guerra sucia “a fondo”. Y eso puede interpretarse como la recomendación para utilizar las viejas prácticas de agresión física extrema, que culminaron con el asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio, en tiempo recientes.
Porque hay esa idea en la mente conservadora. Los medios de manipulación señalan a diario, en este periodo de campaña, que la violencia extrema en el país, está fuera de control y que, por lo tanto, peligra la vida de los candidatos que compiten por puestos de representación popular. En realidad, no existe un clima de inseguridad y violencia en todo el país. Los espacios donde esta lamentable situación se da, son pocos y están perfectamente identificados. Este proceso electoral será limpio y tranquilo de principio a fin. La gente sabe que el combate a la corrupción y a la delincuencia, está en marcha.
Un día después de la recomendación que hace Jorge Castañeda, para acosar permanentemente al presidente López Obrador y a la candidata Claudia Sheinbaum, se da un acto de violencia en Palacio Nacional, donde lo que se buscaba realmente, era el derramamiento de sangre inocente, para acusar al presidente López Obrador de represor. Encapuchados que decían ser normalistas de Ayotzinapa, rompieron una puerta lateral de Palacio Nacional, utilizando una camioneta como ariete.
El periodismo manipulador se lanzó de inmediato contra López Obrador, utilizando un pretexto ridículo para ello. Señalar que, en la historia moderna del país, ésta era la primera vez en que se destruía una “puerta histórica” en Palacio Nacional. ¿Por qué señalar un hecho secundario como algo relevante? Porque no corrió la sangre. Porque no se dio la represión esperada y lo poco aprovechable que dejaba la incursión de estos violentos, era esa puerta desvencijada.
Dentro de Palacio Nacional se conoció desde el primer momento ese hecho, pues el mismo se verificó por la mañana, cuando el presidente daba su conferencia diaria. Y nada pasó. La conferencia continuó su curso con normalidad, mientras la Guardia Nacional tomaba las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la gente que se encontraba al interior del edificio. Los reporteros esperaron el tiempo requerido para salir de Palacio Nacional sin mayores obstáculos y cada uno de ellos continuó después con sus actividades diarias. Un reportero preguntó al presidente López Obrador si se sentía seguro en Palacio Nacional, a lo que el primer mandatario respondió: “Me siento seguro en todo México. Al presidente, lo cuida la gente”.
Su gente. Su Pueblo.
La sangre no va a correr, a causa de un acto de represión por parte de la autoridad federal.
La “guerra sucia en serio”, va a continuar durante los meses que faltan para el cierre de campañas. Y esto es lo preocupante. En unos días más, se dará el violento evento anual, en favor de la mujer.
Y digo violento, porque a pesar de que el movimiento feminista es respaldado ampliamente por la mayor parte de la sociedad mexicana, se ha dejado que grupos encapuchados (hombres y mujeres), se infiltren en esa legítima marcha en respaldo a las mujeres, para realizar actos de destrucción y agresión, a lo largo de la ruta que se sigue. Hemos visto a mujeres y hombres encapuchados que infiltran la marcha, agredir con martillos, piolets, bombas molotov, marros y sopletes, a mujeres policías que solo intentan brindar seguridad a la marcha y garantizar que los ciudadanos que por alguna causa se encuentran en la ruta que sigue la manifestación, tengan las mismas garantías de seguridad. La búsqueda de sangre derramada, puede hacerse presente en este evento. Es la estrategia que manda el “manual facho”,
En el actual contexto electoral de México, la guerra sucia mediática que tiene por objetivo influir en el voto de la población configura un delito de fraude electoral, aunque aún no se le tipifique como tal en las leyes mexicanas, consideraron académicos del TlatelolcoLab, laboratorio del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM.
En conferencia, los investigadores universitarios destacaron que algunas de las modalidades que están presentes casi a diario son: las campañas digitales de desinformación masiva, la producción sistemática de noticias falsas en plataformas digitales y sorporaciones mediáticas, así como la alteración de audios y videos con ayuda de la inteligencia artificial.
El doctor John Ackerman –investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y director del PUEDJS– observó que detrás de esta guerra sucia hay actores antidemocráticos, a los que describió como “los factores reales de poder”. “Desde hace algunos meses han estado haciendo todo lo posible por afectar la transparencia y la equidad del proceso electoral. Y podemos esperar que a partir del viernes habrá una explosión de desinformación, manipulación, polarización, influencias extranjeras que van a buscar enturbiar este proceso electoral”.
El académico llamó a la sociedad a denunciar cualquier vulneración al proceso democrático en curso. “Es muy importante que los diferentes partidos políticos, las candidatas y candidatos a cargos de la elección popular, las autoridades electorales –en particular el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– actúen, tomen parte para evitar que esto se desborde y proteger la esfera pública electoral”.
Los investigadores del TlatelolcoLab y el PUEDJS señalaron que esta modalidad de fraude electoral también se propicia por una falta de regulación de las principales redes sociales: X, Facebook, Tik Tok, Instagram, WhatsApp y Youtube. Y llamaron al Instituto Nacional Electoral a dejar su “pasividad” a un lado, pues ese organismo debería estar a la vanguardia en nuevas tecnologías.
Tal como sucedía en el pasado con las narrativas impuestas desde el control de los medios de comunicación tradicionales –radio, televisión, periódicos–, los grandes intereses trasnacionales intentan homologar una postura política con la influencia del algoritmo, denunciaron los académicos. E hicieron 11 recomendaciones para el proceso electoral.
Éstas plantean un trabajo colaborativo entre directivos de las plataformas digitales con el Estado, específicamente los órganos electorales, para promover el debate y la participación ciudadana; el etiquetado claro de propaganda electoral pagada; la restricción de la circulación de contenido que viole la normatividad electoral; la publicación de informes de transparencia semanales de las plataformas digitales sobre la moderación de contenido y publicidad política, y la detección y combate contra los ataques organizados o sistemáticos de desinformación.
Además, establece restricciones específicas y la colaboración en el uso de la IA; la rendición de cuentas y auditorías en contextos electorales; el cumplimiento de la veda electoral en las plataformas digitales; el acceso a la información y educación digital; la promoción de plataformas electorales de las personas candidatas, y la celebración de convenios entre plataformas digitales y autoridades electorales.
Peor intervención mediática
Presente en la conferencia del PUEDJS, el presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Armando Casas, advirtió que en el país se vive la peor intervención de guerra mediática de los últimos 20 años, con un flujo de dinero muy grande.
Aunado a ello, alertó que en esta guerra mediática también “hay intervención extranjera clarísima, como no lo habíamos visto tan marcado en otros momentos”. Por ello, consideró que si no se logra regular este tipo de fraude, se podría originar una crisis o ampliar los que se conoce como lawfare. “¿A dónde va a llegar esta situación? Bueno, volteemos a ver los casos de Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, etcétera. Recordemos lo que pasó con Cristina [Fernández de] Kirchner. Ya están surgiendo ese tipo de cosas”.
“Veo que aparece en Youtube un reportaje con este diseño de reportajes de Estados Unidos, donde se ve que van a tratar algo muy serio, algo que va a cambiar la percepción de la política nacional sólo para decir ‘descubrimos una foto donde está el hijo del presidente [Andrés Manuel López Obrador] en Texas con el director de las aduanas. Es este de espaldas, ehh’. Es increíble el nivel al que llegan”, criticó.
TheAtlas Network es una agencia internacional que se dedica a impulsar el neoliberalismo y combatir a gobiernos de izquierda, la cual tiene integrantes mexicanos como el magnate Ricardo Salinas Pliego y el conductor de Latinus, Carlos Loret de Mola, quien recibió un premio de ellos y recientemente realizó un montaje al entrevistar a un líder criminal que reiteró la narrativa de la supuesta relación entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el narcotráfico desde 2006. A su vez, esta agencia está relacionada con organizaciones a las que la candidata presidencial de la derecha, Xóchitl Gálvez, visitó en su gira por EU y España.
Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).– The Atlas Networkpresume su vasta red de 500 think tanks que se expande por todo el mundo, todos ellos de derecha y extrema derecha, que están detrás de golpes a gobiernos de izquierda elegidos democráticamente como el de Pedro Castillo en Perú o el de Evo Morales en Bolivia. También están detrás de batallas llevadas al plano judicial, el llamado lawfare, como ocurrió en Brasil con Lula da Silva y en Argentina con Cristina Fernandez de Kirchner.
México no está exento de este pulpo financiado por grandes capitales como de los hermanos Koch, el Departamento de Justicia de EU o la petrolera Exxon y la cigarrera Philip Morris. El Director de Atlas Network en América Latina es el mexicano Roberto Salinas León, hijo de Ricardo Salinas Price, tío del magnate Ricardo Salinas Pliego, quien es uno de los socios de esta red de derechas, y que se ha enfrentado en más de una ocasión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde esta oligarquía global de la derecha, Roberto Salinas León ha prendido alertas por el “ascenso del populismo antiliberal desde México hasta Argentina” advirtiendo “el comienzo de un camino oscuro por delante para América Latina”. A la red se sumó en marzo de 2023 su primo a través de la asociación con el Centro Ricardo B. Salinas Pliego (CRBSP). En esa ocasión, el dueño de Grupo Salinas señaló: “En las últimas décadas, Atlas Network ha sido un verdadero campeón de la libertad en América Latina y esperamos continuar esa tradición”.
Roberto Salinas, Director de Atlas Network en América Latina. Imagen: Captura.
En meses recientes, el Presidente López Obrador y la candidata de Morena Claudia Sheinbaum han sido el blanco de The Atlas Network con la reciente campaña emprendida en redes sociales que busca ligarlos con el crimen organizado, a través de una estrategia de redes sociales impulsada por bots y un trollcenter, que a su vez respaldan a la candidata del PRI-PAN Xóchitl Gálvez, como exhibió Julián Macías Tovar, activista contra la desinformación digital e integrante del partido español Podemos.
The Atlas Network fue fundada por el británico Antony Fisher en 1981 bajo el nombre de Atlas Economic Research Foundation luego de que en en la década de 1950 fundara el Instituto de Asuntos Económicos (IEA) en Londres que “sentó las bases intelectuales para lo que luego fue la revolución de Thatcher en los años 80”, como señaló en un amplio reportaje Lee Fang publicado en The Intercept en 2017.
Para esta misma publicación, Fang habló con el entonces director de la red, el argentino Alejandro Chafuen, quien presumió la cantidad de dirigentes asociados a Altas que ahora están en el candelero: “ministros del gobierno conservador de Mauricio Macri en Argentina, senadores en Bolivia y los líderes del Movimiento Brasil Libre, que terminó con la presidencia de Dilma Rousseff”.
El académico de la UNAM Mauro Jarquín expuso, en un artículo en el diario La Jornada publicado en diciembre de 2022, cómo esta red a través del Students for Liberty (SL) “ha impulsado en procesos de interrupción por medios legales de gobiernos progresistas, en una estrategia que voces de izquierda han denominado lawfare”. Y añadió: “SL opera también en México desde hace años. En este tiempo ha construido vasos comunicantes con organizaciones de derecha –opositoras al lopezobradorismo– como la Coparmex, el PAN y otras asociaciones privadas. Ha incorporado a su estructura a jóvenes de universidades como UNAM, UAM, UAdeC o el Tecnológico de Monterrey. Colabora, además, con organizaciones civiles de magnates mexicanos y funciona como espacio de creación de cuadros políticos para su causa”.
VÍNCULO CON XÓCHITL GÁLVEZ
Este miércoles, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dijo en rueda de prensa que los tentáculos del poder mediático de The Atlas Network en México se basan en el medio Latinus, cuyo conductor estelar es Carlos Loret de Mola, y en los think tanks México Evalúa, presidido por Luis Rubio e IMCO, cuyo presidente del consejo directivo es Valentín Diez.
De hecho, en noviembre de 2017 el IMCO fue reconocido como ganador del Templeton Freedom Award, “premio que honra a organizaciones dentro de la red de Atlas (Atlas Network) que realicen proyectos excepcionales para avanzar en una política pública innovadora que contribuya a mejorar el bienestar de países alrededor del mundo”. Y más recientemente, en marzo de 2023, México Evalúa presentó el capítulo mexicano del Índice de Burocracia en América Latina 2022, auspiciado por Atlas Network y Coparmex.
Otros opinólogos integrantes de este grupo de derecha es el comunicador Sergio Sarmiento y Loret de Mola, así como la directora de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar, y el exdirector de Reforma, Juan Pardinas, quien acompañó a la candidata del PRI-PAN-PRD Xóchitl Gálvez a su gira por Estados Unidos, por lo que, afirmó Delgado, los dirigentes partidistas “están usando a su candidata como una pieza nada más de esta gran estrategia”.
Diagrama de miembros mexicanos de la agencia internacional Atlas Network. Imagen: Morena.Integrantes del consejo directivo de IMCO. Imagen: Captura.Dirección de México Evalúa. Imagen: Captura.
En su gira por España hace un par de días, la candidata de la derecha Xóchitl Gálvez tuvo un encuentro con miembros de la Fundación Internacional para la Libertad del escritor derechista Mario Vargas Llosa, fundación que a su vez ha tenido como ponentes al expresidente Felipe Calderón y a Ernesto Zedillo, y que es parte de The Atlas Network.
“Hemos visto a Xóchitl en Madrid con Felipe Calderón, bueno Felipe Calderón reside en Madrid precisamente porque trabaja en el Instituto Atlántico de Gobierno de José María Aznar, que es donde se hace la formación de este Atlas Network a la cual pertenece el Instituto Atlántico de Gobierno. Por lo tanto, habría que seguir un poco el follow de money, quién está detrás y cómo interviene en estos países (de América Latina)”, apuntó esta semana a Los Periodistas Julián Macías Tovar.
Tras seguir la ruta del dinero, el dirigente de Morena Mario Delgado resumió en que es todo un entramado internacional, por el que presentarán una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Denunciamos una estrategia internacional de muchos millones de dólares, esto cuesta, no es gratis, vía Atlas Network para desestabilizar el proceso democrático en nuestro país usando la red social X y otras para generar desinformación, para generar miedo, para tratar de desprestigiar a nuestro gobierno y a nuestra candidata”, afirmó esta tarde.
Y sobre el financiamiento de las transnacionales agregó: “Hay claramente también la intervención de empresas extranjeras con intereses muy particulares, tratar de hacer ganancias, hacer negocios en los sectores de su interés. Están obviamente en contra de un Estado fuerte, responsable, y ellos buscan el lucro y la ventaja a toda costa”.
Tatiana Clouthier, quien en 2018 coordinó la campaña presidencial de López Obrador, explicó a “Los Periodistas” que de acuerdo con las estimaciones que han sacado, detrás de esas campañas negras en redes sociales se están gastando aproximadamente un millón de dólares semanalmente”.
Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).– La misma derecha que en 2006 impulsó la campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador con el lema de “es un peligro para México” ha traído de vuelta la “guerra sucia” mediante recursos tecnológicos que han impulsado en redes sociales la narrativa “narco Presidente” y “narco candidata” para referirse a Claudia Sheinbaum Pardo, denunció en entrevista la vocera de la candidata de la izquierda Tatiana Clouthier.
“Tenemos presente la tecnología comparado con el 2006. Si recordamos en aquel entonces se usó esa estrategia de ‘un peligro para México’, ahora lo que han utilizado es ‘narco Presidente’, ‘narco candidata’ y este esquema con las redes sociales a través de campañas de bots. ¿A qué nos estamos refiriendo? Así como (Enrique) Peña Nieto usó los ‘peñabots’ (en el proceso electoral de 2012), Xóchitl (Gálvez, la candidata de la derecha) está usando los ‘xochibots’”, declaró Clouthier en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
Hace una semana,SinEmbargo dio a conocer cómo luego de los “peñabots” han brotado agencias y troles (personas reales bajo el anonimato) que han amplificado narrativas en las redes sociales como sucede con las etiqueta #NarcoPresidente, que se impuso a partir de la serie de reportajes que sugirieron un supuesto vínculo entre el narcotráfico y la campaña de López Obrador de 2006.
El propio Presidente denunció este miércoles, aunque lo ha hecho desde la semana pasada, la utilización de bots, incluso desde otros países, para manipular tendencias como esta. “¿Cómo opera eso y cuánto cuesta? Porque estamos hablando de millones de pesos de una campaña así”, alertó.
En ese sentido, Tatiana Clouthier, quien en 2018 coordinó la campaña presidencial de López Obrador, explicó que de acuerdo con las estimaciones que han sacado, detrás de esas campañas negras en redes sociales se están gastando aproximadamente un millón de dólares semanalmente”.
Clouthier indicó que esto ya habla de cómo han estado posicionando todo este trabajo y explicó que desde Morena lo vinculan a dos cosas: a la información sobre la investigación ya cerrada sobre el supuesto financiamiento del narco en la campaña de 2006 de López Obrador, “después de que en el 12 no salió nada, después de que en el 18 no salió nada”.
Y, el otro tema, refirió es la visita de Xóchitl a los Estados Unidos: “decimos fue a pasar charola, fue a pedir ayuda, fue a que le dieran otro tipo de ayuda por ponerlo de alguna manera y luego va España donde tenemos al Presidente Peña Nieto y al expresidente Felipe Calderón ambos vinculados a los procesos de estas campañas de guerra sucia que se utilizaron contra Andrés Manuel”.
Nado sincronizado de cyborgs la tarde noche del martes 30 de enero para ampliar el mensaje sobre un texto contra el Presidente López Obrador durante el proceso electoral. Imagen: Twitter.
Mario Delgado acusó este miércoles en su conferencia de prensa cómo desde el entorno de Xóchitl Gálvez “fueron a 50 países para conseguir bots y para crear la historia del narcoestado”. Ya desde el domingo pasado, el dirigente nacional de Morena denunció sobre la existencia de una campaña coordinada en Twitter que es orquestada por la oposición a la cual calificó como una “mafia digital”.
“Hacen nado sincronizado con una mafia digital que ya establecieron liderazgos panistas, tenemos perfectamente identificados quienes inician con los hashtags de ahí ellos lanzan estos ataques y todas las cuentas bots empiezan a actuar, a interactuar para generar tendencias, pero más de la mitad de esas cuentas son falsas”, alertó.
Y presentó la siguiente información:
Tatiana Clouthier expuso que a diferencia de 2006, la gente ahora tiene información, aunque consideró que hay un sector en la parte del WhatsApp al cual le han metido miedo del peligro para México, “a pesar de que las cosas no son como son y no han dado el resultado en términos de gobierno de Andrés Manuel para lo que se esperaba o lo que ellos decían que iba a pasar, sí sigue habiendo dos o tres temas que permean goteando por goteando”.
Uno de estos temas es el de una supuesta reforma a la Constitución para poder expropiar casas, una narrativa que ha sido impulsada incluso por personajes de la derecha como el exprocurador Ignacio Morales Lechuga.
Sabía usted que la propiedad privada de acuerdo al proyecto de Constitución que presentaron los morenistas pretende abolir la propiedad privada y convertir al gobierno en propietario de todo. Les comparto lo que señala el Art. 139 de dicho proyecto. ¿Quiere dejar de ser… pic.twitter.com/N1yTtsW5ys
“Es increíble que gente que fue a la universidad es dueña de empresas, etcétera, pueda seguir pensando que eso va a suceder. Luego salen con unas propuestas de reforma a la Constitución en el artículo 139”.
Clouthier platicó que contrario a lo que se pueda pensar, estos planteamientos sí llegan a un sector de la población y detrás de ellos están los mismos que organizan la movilización de este 18 de febrero. “¿A qué me refiero?, son los de la marcha del 18 de febrero en donde juegan con una línea en donde el propio Felipe Calderón, ya decía hace unos días, te está invitando para que defiendas la libertad y la democracia”.
“La libertad la tienes, puedes decir, dicen y critican al Presidente todos los días con lo que quieren, como quieren protestan y la democracia la quieren cuando son ellos los que ganan y cuando son ellos los que dirigen el INE, porque Lorenzo Córdova ahora resulta que será el orador cuando tienen la marea rosa, son los mismos colores que usa Xóchitl”.
Y apuntó: “Nos están engañando y otra vez la democracia significa ‘si yo gano hay democracia, si no gano no hay democracia, si Morena avanza no hay democracia’.
El panista Maximiliano “Max” Cortázar, responsable de la campaña de comunicación de desprestigio contra Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2006, se ha sumado al equipo de la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz como coordinador de comunicación, una incorporación que coincide con la realización y difusión de videos con una producción profesional, pero sin membrete que buscan repetir lo ocurrido hace casi 18 años: atacar a quien encabeza las preferencias electorales, en este caso a Claudia Sheinbaum.
Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– “López Obrador es un peligro para México”. La frase acuñada en la elección de 2006 ha alcanzado al actual proceso presidencial para el cual la oposición ha rescatado a uno de los artífices de esa guerra sucia: el panista Maximiliano “Max” Cortázar, quien junto al consultor estadounidense Dick Morris y el español Antonio Sola Reche diseñaron la estrategia para descarrilar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
Cortázar ha sido designado coordinador de comunicación de la precampaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, una incorporación que coincide con la realización y difusión de videos con una producción profesional, pero sin membrete que buscan repetir lo ocurrido hace casi 18 años: atacar a quien encabeza las preferencias electorales, en este caso a Claudia Sheinbaum Pardo.
Se trata de una decena de videos que difunden una y otra vez la frase: “A Sheinbaum se le va a caer el país”, que se difunden principalmente en las cuentas de Twitter y de Tik Tok “Morena nos está matando”. Junto a estas producciones han circulado grabaciones manipuladas, al parecer, por inteligencia artificial, en las que se escucha la voz de Sheinbaum Pardo reconocer su participación en actos de corrupción y además se han reactivado al menos dos cuentas empleadas en la llamada Operación Berlín contra López Obrador.
Sheinbaum Pardo ha previsto de tiempo atrás la intensificación de una campaña negra como la ha que ha resurgido en los primeros días de diciembre. La precandidata de Morena lidera todas las encuestas con una ventaja de hasta 30 puntos sobre Xóchitl Gálvez Ruiz, la abanderada del PAN y el PRI.
“Ya no estamos en la época del 2006 donde había anuncios de televisión y no había nada más, ahora pues hay muchísimos activistas en las redes sociales que de inmediato captan la guerra y la combaten, pero bueno hay que estar muy pendientes de esa guerra sucia, que muy probablemente venga con más intensidad”, expuso el lunes pasado Claudia Sheinbaum en entrevista con “Los Periodistas”.
LA CAMPAÑA DE 2006
López Obrador explicó en su libro La mafia que nos robó la Presidencia como en 2006, un proceso sobre el cual, a la fecha, aún pesan los señalamientos de fraude electoral, “esta guerra sucia se dio en el marco del acuerdo entre Fox, Calderón y los dueños de Televisa, precisamente, cuando se aprobó (el día 31 de marzo de 2006) en el Senado de la República y se publicó (por decisión de Fox, el 11 de abril de 2006) la nueva Ley de Radio y Televisión, que permite a las televisoras monopolizar todo el espectro de la telecomunicación en el territorio nacional”.
“A partir de entonces Televisa prácticamente se hizo cargo de la estrategia publicitaria del PAN y transmitió sin límites todos los mensajes negativos en contra de nosotros, con el emblema de ese partido, del Consejo Coordinador Empresarial y de supuestas organizaciones civiles”, escribió.
“Cualquier análisis serio sobre el papel de los medios y la forma como me atacaron en los meses de abril y mayo, demostraría que en la historia reciente no ha habido nada que se le parezca. En esos momentos, no sólo era ‘un peligro para México’, me parecía ‘a Hugo Chávez’, iba a ‘endeudar al país’, ‘a expropiar bienes de las clases medias’, a limitar que ‘sólo se tuviera un departamento, un carro y dos hijos por familia’, y otras mentiras más, sino que se difundían supuestos estudios psicológicos sobre mi persona, donde aparecía como desquiciado”.
El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció en la declaración de validez de esa elección que se difundieron en radio y televisión dos promocionales en favor del Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional, y en contra de la coalición Por el Bien de Todos y de su candidato presidencial, con lo que se demostró que el Consejo Coordinador Empresarial contrató tales promocionales violando así la Ley Electoral, no obstante no se determinó alguna sanción.
Sobre ese episodio resume lo ocurrido el periodista Ernesto Núñez en su Crónica de un sexenio fallido:
“Los magistrados relataron en su proyecto de sentencia una serie de irregularidades: Detallaron la intervención de Fox en detrimento de la equidad. Aceptaron que hubo intromisión ilegal de cúpulas empresariales, del sindicato de maestros y otros actores en perjuicio de los principios de equidad y certeza en un afán de frenar a López Obrador. Admitieron también que hubo propaganda negra y una campaña basada en la calumnia. Señalaron la intervención de ciudadanos españoles, el presidente José María Aznar y el publicista Antonio Sola —en franca violación al artículo 33 constitucional—. Pero no consideraron determinantes esos factores en el resultado, y el dictamen relativo al cómputo final de la elección de Presidente declaró válidos los comicios”.
De nueva cuenta esta maquinaria se ha activado.
“Ella no es él”, se ve ahora en uno de los videos de cara a la elección 2024. En otro material se muestran unas manos manchadas de sangre y se le responsabiliza del desplome de la línea 12 del Metro. En otro más, un grupo de personas juegan una especie de Lotería y al mostrar una tarjeta de Sheinbaum dicen: “la que tiró una escuela, tiró un tren y quiere tirar a México también” y finaliza con la frase “aquí todos los mexicanos salimos perdiendo”. Un material similar muestra a tres jóvenes jugando y comparándola con el payaso asesino Pennywise.
“¿Qué nuevo va a venir, qué podemos esperar? ¿Guerra sucia? Sí, va a venir mucha guerra sucia. Ahí tenemos buenos voceros, afortunadamente Tatiana (Clouthier) está con nosotros, que es buenísima para contestar esa guerra sucia”, declaró en ese sentido Sheinbaum esta semana a SinEmbargo Al Aire.
En efecto, Tatiana Clouthier Carrillo, quien se desempeñó como coordinadora de campaña de López Obrador en 2018, desentrañó en ese proceso una intrincada red digital financiada por empresarios para atacar mediante información falsa, supuestas investigaciones y hasta memes al candidato de la izquierda.
“El temor a que Andrés Manuel obtuviera la victoria en las urnas desencadenó una inimaginable guerra sucia en su contra. El principal objetivo de esta brutal ofensiva era contener, de cualquier forma, la intención de voto a favor del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Hombres de negocios muy poderosos e intelectuales influyentes, contratados y sufragados por los primeros, elaboraron una feroz campaña en redes sociales y medios de comunicación con el fin de desinflar a nuestro candidato“, escribió Clouthier en Juntos hicimos historia, una crónica sobre ese proceso electoral.
La actual vocera de Sheinbaum señaló en ese entonces cómo estos magnates que financiaron esta campaña fueron Germán Larrea y Enrique Coppel, “presidente y director general de Grupo Coppel y Coppel, no sólo apoyó abiertamente a Felipe Calderón, sino que fue uno de los empresarios que estuvo detrás de la guerra sucia contra AMLO, y quien desde 2016 encargó a su amigo, el exdiputado panista Jesús Ramón Rojo Mancillas, que coordinara los esfuerzos para habilitar una oficina de ‘inteligencia’ que tuviera como objetivo frenar el avance de López Obrador”.
OTRA CAMPAÑA, MISMOS ACTORES
El pasado 27 de noviembre, Tatiana Cloutuier fue cuestionada en el programa “Los Periodistas” sobre si ella advierte que en el próximo proceso electoral operarán personajes que en 2018 articularon una estrategia contra la izquierda como ocurrió en 2006 y 2012 con Claudio X. González Laporte, su hijo, Claudio X. González Guajardo, Germán Larrea Mota Velasco, así como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín.
—¿En 2024, en este 2023, son también el mismo proyecto, los mismos personajes, el mismo dinero? —se le preguntó
–No sé si el mismo dinero y los mismos personajes, algunos repiten porque lo hemos visto públicamente. El propio Enrique (Krauze) ha salido a caminar por esa misma ruta, tenemos también a quien sigue en estos caminos, Héctor Aguilar Camín, que también ha estado; lo vimos en algunos zoom donde fue puntualísimo con respecto a cosas que dijo que no son del Presidente de la República.
Clouthier expuso en esa ocasión que hay que tener cuidado con esas campañas “en donde fuerzas oscuras entran a jugar y a mover los procesos electorales en donde tú y yo que tenemos el interés porque vivimos, nacimos y nos vamos a morir en este país, no tenemos el poder de que nuestro voto sea el que realmente ejerza la definición final porque estamos siendo manipulados por estas fuerzas en donde ni siquiera dan la cara”.
En ese sentido recordó cómo en el pasado proceso electoral, el de 2018, el español Antonio Sola Reche reconoció en distintos espacios periodísticos que López Obrador no era, como había señalado en esta campaña de su autoría, un peligro para México. El propio Sola incluso admitió en mayo de 2021, a “Los Periodistas” que las campañas de guerra sucia en la política ya no funcionan como antes porque el mundo ha cambiado.
“Este tipo de campañas funcionaron hace unos años, pero el mundo ha cambiado y este tipo de campañas ya no funcionan, así que me parece muy relevante e interesante y quiero confirmar que efectivamente el Presidente tiene razón, esas campañas de guerra sucia no funcionan y en realidad no han funcionado todo este tiempo”, aseguró Sola, ciudadano español naturalizado mexicano desde 2006.
L PELIGRO ARTIFICIAL
“Soy Claudia. Nací en una casa llena de privilegios…”. Así inicia un video difundido por el actor mexicano Héctor Suárez Gomís y reposteado por Claudio X. González en el que se escucha, la voz de Claudia Sheinbaum reconociendo haber traicionado a su exesposo Carlos Imaz luego de los videoescándalos y otras situaciones que la oposición ha buscado adjudicar a la exjefa de Gobierno, un episodio más de una contienda en la que expertos y organizaciones han alertado por la presencia de Inteligencia Artificial.
“Con la inteligencia artificial entramos en una fineza enorme en donde tenemos que estar muy puntales para poder detectar y jalar eso que es verdad, que es armado o no y que se tendría que estar muy puntual en ello”, expresó en ese sentido Tatiana Clouthier.
Leopoldo Maldonado, director regional para México y Centroamérica de Article 19 , expuso en entrevista que se trata de un gran problema para el cual no hay un antídoto todavía. “Ni siquiera técnicamente es posible dilucidar, por ejemplo, cuando se hacen manipulaciones de voz mediante inteligencia artificial, hoy estamos discutiendo sobre el audio de Martín Batres, por ejemplo, y los técnicos te dicen ‘todavía no hay esta herramienta, no para saber si es falsa o verdadera’, entonces, evidentemente aquí hay un elemento, efectivamente, técnico y hay todavía un elemento legal que todavía llega más tarde a estas discusiones”.
“Es un claro riesgo para la integridad informativa en el contexto electoral, sin lugar a dudas, como es un claro riesgo las estrategias de desinformación, digamos, que ya aparecen como viejitas, las de las granjas de bots y de trolls, y todas esas ya parece que fueron superadas, ahora hay que sumar el elemento de la Inteligencia Artificial que sí está poniendo en grave riesgo a las democracias y en el 2024 no solo México sino otros 70 países van a tener elecciones y esto evidentemente va a influir de manera determinante en la relación de fuerzas a nivel mundial y en la geopolítica”, ahondó Maldonado.
Entre los expedientes sustraídos del AGN o nunca entregados por el Cisen-CNI figuran de asesinatos políticos, como los de Luis Donaldo Colosio, Ruiz Massieu y Manuel J Clouthier; las investigaciones contra movimientos armados, como el EZLN y el Partido de los Pobres; los expedientes de personajes relacionados con el narcotráfico, como Ernesto Fonseca, Miguel Ángel Félix Gallardo y Enrique Camarena; los seguimientos a periodistas, como Manuel Becerra Acosta y a políticos como Cuauhtémoc Cárdenas y Rafael Aguilar Talamontes. También sustrajeron archivos sobre líderes sociales, estudiantes, sacerdotes y ciudadanos extranjeros. Asimismo, falta información sobre policías “clave” de la entonces DFS, entre ellos, Rafael Macedo de la Concha y Pablo Echeverría Zuno, y la relacionada con la creación del cuerpo represor Brigada Blanca.
Fueron sustraídos del Archivo General de la Nación (AGN) expedientes de la Guerra Sucia, el Terrorismo de Estado y de la relación de agentes del Estado mexicano con el narcotráfico y con agencias de Estados Unidos, denuncia el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (MEH).
En su Informe Técnico sobre el Archivo DFS-DGISEN-CISEN en AGN, el Mecanismo acusa al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de violar la ley y obstaculizar “el cumplimiento cabal del mandato del MEH que deberá entregar su informe final en septiembre de 2024”.
Señala que el CNI –cuyo director es el general Audomaro Martínez Zapata– aún resguarda expedientes que generaron sus agencias antecesoras: la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (Dgisen) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Advierte que la apertura real de esos fondos en manos del CNI “será uno de los principales legados del MEH a la sociedad mexicana en materia de verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición, así como un reconocimiento del Estado mexicano a la importancia de los mecanismos de verdad y memoria”.
Por ello, el MEH hace un llamado al CNI para cumpla la ley y acate la orden del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la cual cita textualmente: “Permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias, sin ningún límite, y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie”, como lo declaró en el acto inaugural de los trabajos de la Comisión de la Verdad.
Entre los archivos faltantes en el AGN se encuentran: toda la información generada por la Dgisen entre 1985 y 1989; la documentación microfilmada (de agencias como la DFS, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales y, entre otras el Servicio Secreto) correspondiente al periodo 1953-1979; y expedientes relacionados con la Brigada Blanca, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con “asesinatos de varios periodistas y figuras políticas, como el vicecónsul John Patterson, y de agentes de la propia DFS”.
También faltan expedientes relacionados con el asesinato de quien fuera candidato panista a la Presidencia de la República Manuel J Clouthier, homicidios contra integrantes del entonces Partido de la Revolución Democrática (1989-1990), y fichas sobre personajes relacionados con el narcotráfico, como Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo, y Enrique Camarena Salazar.
Asimismo, se acredita fichas faltantes sobre el periodista Manuel Becerra Acosta y los políticos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rafel Aguilar Talamontes.
También el MEH encontró evidencias de que expedientes ni siquiera se llevaron al AGN cuando, por Acuerdo Presidencial, en 2001 se ordenó a la Secretaría de Gobernación trasladarle la totalidad de los archivos históricos.
Entre ellos se citan archivos sobre el EZLN, el Partido de los Pobres y 38 series completas, entre las que destacan las de los priístas asesinados e luchas intestinas Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu; le periodista mexicano Ramón Silvano de la Mora Bueno, ejecutado por el Ejército de Guatemala.
Las otras series corresponden a sacerdotes, políticos, periodistas, estudiantes, líderes sociales, empresarios y ciudadanos extranjeros.
Además, el MEH pudo detectar que se saqueó la información sobre algunos policías “clave” de la propia DFS, entre ellos el militar que a la postre sería procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha; Pablo Echevarría Zuno, hijo del presidente Luis Echeverría; Andrés A y José Guadalupe Zuno Arce, familiares de María Esther Zuno Arce, esposa de Luis Echeverría.
El MEH señala que los procesos de justicia transicional “implican la apertura de archivos que prueban la comisión de violaciones a derechos humanos por parte de instituciones y agentes del Estado, dando así un paso hacia el esclarecimiento histórico y la verdad, así como un primer avance en la reparación a las víctimas y sus familias”.
Por ello, demanda que el CNI entregue al AGN la totalidad de archivos que debió haber aportado al acervo civil. Asimismo, que reintegre al mismo fondo los expedientes que sus agentes presumiblemente sustrajeron cuando se les quitó el control de la Galería 1 a principios del actual sexenio.
En marzo de 2008, Contralínea dio a conocer que agentes del entonces Cisen tenían el control de toda el área que resguardaba los archivos de la Guerra Sucia en el AGN.
Este medio de comunicación entrevistó al entonces jefe de archivo del Cisen, Vicente Capelo, quien reconoció que él mismo se encontraba al frente de un grupo de trabajadores de ese centro, como “apoyo técnico” al AGN.
La agencia USAID del gobierno de Estados Unidos confirmó el financiamiento por 6 millones de dólares –117 millones de pesos– a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad entre 2021 y 2023, años en los que la organización fundada por Claudio X emprendió una campaña sucia disfrazada de actividad periodística contra el presidente López Obrador, que incluso violentó la vida privada de sus hijos. La embajada estadunidense admite que el dinero se usa para el “periodismo” que realiza MCCI, así como la “investigación” aplicada, el análisis de políticas públicas e incluso la participación ciudadana (conocida como calentamiento de calle). A la fecha, la asociación civil mantiene la misma agenda política del empresario, incluso se alió con UNID@S para litigar contra el Plan B de la reforma electoral; además, ninguno de sus trabajos ha cuestionado los intereses de la familia González
Séptima parte. El gobierno de Estados Unidos, a través de su agencia USAID, financió con 6 millones de dólares –unos 117 millones de pesos– a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre 2021 y 2023. La organización fundada por el empresario Claudio X González Guajardo –quien encabeza a empresarios y partidos políticos (PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano) opositores– es la punta de lanza en una campaña sucia permanente en medios de comunicación corporativos y en juzgados, tribunales e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta guerra sucia mediática ha incluido el hostigamiento a los hijos del primer mandatario, violentando su derecho humano a la privacidad. El hecho más reciente ocurrió el pasado 22 de marzo cuando, en franca violación a los principios de la ética periodística, Mexicanos Contra la Corrupción envió a sus colaboradores al domicilio privado de uno de los hijos del presidente de la República, donde también habitan los nietos de López Obrador que son menores de edad.
Hasta la fecha, MCCI no ha demostrado que existe conflicto de interés en lo que llamó “la otra casa gris”, como tampoco lo hizo, meses atrás, con la primera entrega (incluso el autor del supuesto “reportaje”, Raúl Olmos, admitió en una clase en el CIDE que no podía afirmar que hubiera conflicto de interés).
Aunque la asociación civil financiada por el gobierno estadunidense aseguró que apersonarse en la casa de uno de los hijos del primer mandatario al sur de la Ciudad de México formaba parte de un trabajo supuestamente periodístico y lo disfrazó de reportaje, la Carta Mundial de Ética para Periodistas señala: “el o la periodista respetará la privacidad de las personas. Respetará la dignidad de las personas representadas”.
Ahora se sabe que la Embajada estadunidense sí conoce que el destino de los recursos multimillonarios que el gobierno de ese país da a la organización es precisamente la confección de ese tipo de trabajos disfrazados de periodismo de investigación. Etiquetado como presupuesto destinado al “Enfoque Multidimensional para abordar la corrupción e impunidad en México”, la USAID reconoce que a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad le entregó 3 millones de dólares complementados con otros 3 millones de dólares de “coinversión” en el periodo de 2021 a 2023. Al respecto, no aclara qué otra entidad participa en dicha coinversión.
La agencia del gobierno de Estados Unidos ligada a la CIA afirma que “esta actividad integra la investigación aplicada, el análisis de políticas públicas, la participación ciudadana y el ‘periodismo de investigación’ para promover políticas y reformas legales para combatir la corrupción sistémica y promover la integridad empresarial”. Es decir, la USAID es consciente que está financiando las campañas sucias de MCCI al indicar que los millones de pesos que le otorga se destinan a su supuesto “periodismo”.
Más aún, reconoce que parte del dinero que entrega a esta asociación civil sirve para que sus directivos promuevan el llamado calentamiento de calle, a lo que eufemísticamente llama “participación ciudadana”: esto es, atizar el descontento social hasta generar un conflicto en beneficio de intereses específicos. Lo cual incluye la organización de manifestaciones que no necesariamente son legítimas.
Por ejemplo, el 10 de noviembre de 2022, la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, María Amparo Casar, convocó desde su cuenta de Twitter a marchar en defensa del Instituto Nacional Electoral, entonces dirigido por Lorenzo Córdova en asociación con Ciro Murayama. En un video que también se encuentra publicado en la plataforma político electoral de UNID@S, la exfuncionaria del gobierno de Vicente Fox convocaba a los mexicanos y mexicanas a unirse a la marcha del “INE no se toca”.
Otro ejemplo se observó entre febrero y lo que va de mayo de 2023: en una acción descarada y a nombre de MCCI, María Amparo Casar promocionó en su cuenta de Twitter una movilización digital en Change.org sobre los dos amicus curiae contra el llamado Plan B de la reforma electoral, que presentó UNID@S –en asociación con el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IEDT), liderado por Ricardo Becerra Laguna, exfuncionario del IFE y del IFAI– ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La organización UNID@S es impulsada por el jefe de Casar, Claudio X. Esta fue presentada el 11 de octubre de 2022 como una plataforma política con miras a las elecciones presidenciales de 2024 y para incidir en el voto ciudadano de cara a las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Adicionalmente, uno de sus principales objetivos al nacer fue defender al INE de Lorenzo Córdova, caracterizado por los lujos y el dispendio del dinero público.
Así, aunque Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad asegura que es apartidista y que su actividad no es política ni busca incidir en el voto, el 11 de mayo pasado el IEDT compartió una lista de organizaciones que “defienden” a ese INE mediante el recurso jurídico del amicus curiae ante la Corte, entre las que sobresalen Sí Por México, UNID@S y Mexicanos Contra la Corrupción, pues fueron creadas por el empresario González Guajardo como grupos de presión a los que también se les identifica con el concepto de lobby.
Fines partidistas
El pasado 16 de mayo, la Embajada de Estados Unidos aseguró que “ningún financiamiento del gobierno de los Estados Unidos se puede utilizar con fines partidistas”, luego de que el presidente López Obrador volvió a criticar al vecino país por donar decenas de millones de pesos al grupo opositor a su gobierno identificado como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
No obstante lo que afirma la Embajada, MCCI sí lo utiliza exactamente con esos objetivos, de lo contrario se mantendría al margen de la agenda político electoral que enarbola su presidente fundador y actual líder de la alianza Va por México, Claudio X. Incluso para demostrar su supuesta “independencia” podría publicar un reportaje sobre los intereses de Kimberly Clark y las familias González Laporte-González Guajardo, que tras envolverse en un discurso de lucha contra la corrupción se han aliado al PRI y al PAN.
En un comunicado, el 16 de mayo la Embajada del vecino país aseguró que “el gobierno de los Estados Unidos y sus agencias cuentan con mecanismos rigurosos para monitorear y garantizar que la asistencia estadounidense se implemente de manera objetiva y de acuerdo con las disposiciones de las subvenciones”. Al parecer, en este caso hay sólo dos escenarios posibles: 1) esos controles han fallado a la hora de revisar los verdaderos objetivos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; o 2) es del interés del gobierno estadunidense financiar a grupos abiertamente opositores al actual gobierno de López Obrador, elegido en julio de 2018 por más de 30 millones de votos.
Hasta ahora, ni la USAID ni la Embajada se han disculpado con el gobierno de México por financiar las campañas sucias de MCCI, que también han incluido una estrategia de golpe de Estado técnico: interponer centenas de juicios de amparo contra las principales obras de infraestructura.
Es más, nada dijeron de que el presidente fundador de esa asociación civil, Claudio X, amenazó –el 22 de octubre de 2021– con crear una lista negra y en ese mismo mes MCCI se alió a su “nuevo” colectivo UNID@S. Como se recordará, el empresario escribió en su cuenta de Twitter: “la llamada 4t, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor”.
Respecto de las estrategias jurídico legaloides, la asociación civil cuenta con un área destinada a lo que llama “litigios estratégicos”. En 2019, el primer año de gobierno de López Obrador, Claudio X González Guajardo –entonces presidente de Mexicanos Contra la Corrupción– promovió la creación del colectivo #NoMásDerroches, al que se sumaron la Confederación Patronal de la República Mexicana, Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Consejo General de la Abogacía Mexicana y México Unido Contra la Delincuencia.
Ese año, dichas organizaciones promovieron más de un centenar de juicios de amparo contra la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, y otras tantas demandas para frenar la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. Como Contralínea lo informó, la cara visible del colectivo fue el abogado Gerardo Carrasco Chávez, entonces director del área de Litigio Estratégico de MCCI –cargo que ocupó desde enero de 2017 hasta octubre de 2021. Ahora, este litigante forma parte del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, AC, también de Claudio X.
Mexicanos Contra la Corrupción y el colectivo #NoMásDerroches también promovieron juicios de amparo contra otras obras de infraestructura estratégicas: el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.
Hace recomendaciones para reparar el daño al menos a 814 víctimas, la mayoría sobrevivientes
Pide a la FGR iniciar o proseguir investigaciones; solo del caso V633 señala a 7 victimarios
Reivindica el derecho a la rebelión que tuvieron las guerrillas recientes: más de 30 en 23 entidades
“Tú como periodista podrías ayudar a divulgar la recomendación 98VG/2023 que desde el 18 de abril está difundiendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos… Es sobre violaciones graves a los derechos humanos de 1965 a 1990. Yo soy uno de los afectados con el número V663,” le escribió a este reportero Arturo Martínez Nateras, perseguido desde que era líder estudiantil, torturado y encarcelado por comunista.
Atender tal sugerencia, como reportero implicaba primero averiguar cuántos medios atendieron la conferencia de prensa donde la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra presentó ese documento, pero al saberlo fue inevitable entristecer por el periodismo que hoy prevalece.
Según dos motores de búsqueda en internet solo fueron entre 8 y 10 los medios impresos y digitales (entre los centenares que coexisten en México) los que difundieron la noticia de ese informe-recomendación a pesar de sus novedades, contenidos importantes y sobre todo trascendencia histórica y política.
Novedades
A muchas personas veteranas que naveguen en las 868 páginas del documento le regurgitará, ineludiblemente, la atmósfera política de horrores que miles de mujeres y hombres de México padecieron durante décadas por ser disidentes a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI); a las más jóvenes les parecerán historias inverosímiles y de mucho sufrimiento humano.
A otra gente también podrían sorprenderle varias aspectos, como le ocurrió al veterano reportero de política. Ejemplos:
– Que en 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) creó internamente la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente. Con ello se adelantó un año al surgimiento de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, creada por decreto el 6 de octubre de 2021 bajo la responsabilidad de Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.
– Que, aunque la CNDH no forma parte de la Comisión de la Verdad, con este documento se anticipó a sus investigaciones.
– Que amplió el periodo de represión política y violencia estatal contra disidentes hasta 1990 y por eso agregó 158 nuevos casos de víctimas de la llamada “guerra sucia y que el total aproximado es de al menos 814, buena parte sobrevivientes. Aclara que podrían ser más. La CNDH en su Recomendación de 2001 solo reconocía a 275 víctimas.
– Que la CNDH actual acusa allí de omisiones graves a quienes presidieron antes a la misma CNDH porque en su Recomendación 26/2001 no integró, ni documentó, o bien desechó expedientes.
– Que el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana de 2005 de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), fue “ablandado” antes de difundirlo y eliminó conceptos y calificaciones para sustituirlos por otros que encubrían lo más grave de los años cruentos: en lugar de crímenes de lesa humanidad que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas, crímenes de guerra y genocidio pusieron “actos contrarios al honor militar, la ética y el derecho”, llegándose al grado hasta de negar que en los archivos de SEDENA se encontraran pruebas, vestigios o evidencias de los crímenes cometidos.”
– Que ahora sí difunde muchos testimonios de la participación de elementos y mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la violencia política extrema que incluso califica de terrorismo de Estado en esos años porque los grupos del Estado desplegaron “una serie de prácticas que rebasaron los límites de la legalidad. Pueblos arrasados en comunidades alejadas, allá en las montañas, detenciones masivas, detenciones ilegales, enclaustramiento en cárceles clandestinas, destierro, persecución, tortura y desapariciones.”
— Y para quienes se interesan en la sociología política también tendrán muchos elementos para rehacer o completar la historia de las rebeliones armadas contemporáneas porque refleja decenas de casos de las organizaciones más activas entonces. En ese marco reivindica el derecho a la rebelión que tuvieron las guerrillas recientes. Asegura que fueron más de 30 en 23 entidades en los 35 años estudiados.
La relatoría
Para tener ese documento la CNDH informa que su Comisión Especial interna realizó en 20 meses 412 diligencias, recabó 130 testimonios, consultó 627 legajos de 10 archivos generales de la Secretaría de Defensa Nacional, de la antigua Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Dirección de Investigaciones, Políticas y Sociales; de las hemerotecas nacional y de la CDMX; del Archivo Histórico del Comité Eureka y otros.
De las víctimas de represión omite los nombres deliberadamente y los enumera como V1 al V814. Sí se relata que en los momentos de la violación de sus derechos básicos eran estudiantes, maestros, campesinos, periodistas, acusados de comunistas bajo una estrategia planeada.
Aparte de las decenas de testimonios que reproduce uno por uno, también refleja a otras personas insurrectas o civiles inocentes que sufrieron la represión en muchas formas. De cada caso señala cuales fueron los derechos violados por agentes del Estado.
Las recomendaciones
La recomendación está dirigida, entre otras autoridades, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Este trabajo, se precisa en un comunicado posterior “no es una mera narrativa ni relatoría de hechos, se trata de una investigación seria, una compilación de evidencias y pruebas que permitieron hacer la asignación de responsabilidades de todas las autoridades que violaron derechos humanos en ese período, ya que, además de los hechos mismos, se hizo la revisión de la Recomendación 26/2001, de los casos de las personas excluidas de la misma, así como del trabajo de la FEMOSPP, abordándose en total los casos de 814 víctimas de quienes durante años se ocultó su situación.”
La recomendación incluye un listado, “lo más completo que se pudo, de todos los perpetradores, violadores de derechos humanos entre 1965 y 1990. Y en esta ocasión, a diferencia de lo que pasó con la recomendación de 2001, es público, y se pone a disposición de la sociedad y de las autoridades para que realicen las acciones que correspondan.”
“Por la ausencia de libertades y democracia, que caracterizaron al Estado mexicano durante una gran parte del siglo pasado, se reconoce a las guerrillas como grupo beligerante y no como delincuentes comunes, que fue como pretendieron eludir los gobiernos de la época su estrategia genocida, que también fue posible por muchas complicidades, de actores políticos, económicos, religiosos y, sobre todo, de medios de comunicación, que convirtieron la lucha política en actos de bandoleros, actos de nota roja.”
En las recomendaciones se emplaza a todas las autoridades referidas para que en dos meses respondan la aceptación o no de las recomendaciones. El plazo se cumplirá el 18 de junio de 2023.
El Caso V663
En las recomendaciones solo se ubica a las víctimas con la consonante V de víctimas y el número correspondiente a su aceptación. Arturo Martínez Nateras autorizó referir su caso y para ello él se identificó como el V633. Su caso es una sola muestra de tratos y daños causados al total de las víctimas.
De él dice la recomendación que, a pesar de que se han negado respuestas a oficios, se pudo confirmar que “sufrió persecución política, espionaje, vigilancia y tratos crueles e inhumanos en diversas ocasiones entre la década de los cincuenta y setenta del siglo pasado.
“El 20 de julio de 1965 (cuando era líder estudiantil) comenzó su persecución política, derivada de acciones de acoso por parte de los cuerpos de seguridad del Estado mexicano en la ciudad de Monterrey en Nuevo León.
“Otro momento se dio el 6 de febrero de 1968 cuando nuevamente fue víctima de agresiones, amenazas e intimidaciones. Mientras se encontraba en La Marcha estudiantil por la ruta de la libertad, en Valle de Santiago, Guanajuato rumbo a Morelia, Michoacán, en el tercer día de la marcha, V663 y sus compañeros fueron arribados por una brigada de militares al mando del Coronel Carlos Ferrer Villavicencio, quien los amenazó de la siguiente forma: “O se suben a los autobuses o se los lleva su chingada madre”.
“Meses más tarde, del 26 de mayo al 10 de noviembre de 1968 vivió persecución política debido a su participación política durante el movimiento estudiantil de ese mítico año. Los agentes de la DFS reportaron el 31 de julio de 1968 que, tres días antes el 28 de julio 1968, el Procurador General de Justicia del entonces Distrito Federal ejerció acción penal contra V663 por su presunta responsabilidad en los delitos de daño en propiedad ajena, robo, secuestro, resistencia de particulares, lesiones e injurias contra agentes de la autoridad y pandillerismo por los recientes motines estudiantiles. Días después la Procuraduría General del D.F. lo consignó por los delitos antes mencionados ante el Juez 8o. de la 3a. Corte Penal. El hostigamiento en su contra duró hasta que fue detenido y trasladado a la prisión de Lecumberri, donde estuvo detenido e incomunicado durante dos meses en la crujía I.
“El seguimiento y espionaje hacia V663 se debió a que fue dirigente de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos y de la Juventud Comunista Mexicana, condición que provocó el acoso y vigilancia hacia su persona. El primero de enero de 1970, durante su reclusión en Lecumberri fue objeto de brutales agresiones por parte de los presos comunes. Estas acciones fueron realizadas bajo la aquiescencia y organización del General Andrés Puentes Vargas y el Mayor Bernardo Palacio, principales responsables del penal como director y subdirector de éste.
“Año y medio después, el 2 de octubre de 1971 fue encañonado por policías y soldados guardias del penal, después de una manifestación a favor del 2 de octubre de 1968 en el interior del centro de reclusión.
“Aunque salió de la cárcel, entre 1972 y 1979 nuevamente fue objeto de vigilancia, persecución política y tuvo varios intentos de detención arbitraria. Este registro y seguimiento quedó asentado en las múltiples fichas creadas por la DFS en su contra.”
Y como en todos los demás casos en este, en su expediente (CNDH/PRE/2021/1857/Q/VG) se indican los nombres de los responsables de todo ello: Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de la República; Luis Echeverría Álvarez, Secretario de Gobernación: Gilberto Suárez Torres; Procurador de Justicia del DF y agente y ex director de la DFS; Fernando Gutiérrez Barrios, Director de la DFS; Coronel Carlos Ferrer Villavicencio; General Andrés Puentes Vargas y Mayor Bernardo Palacio director y subdirector de la Penitenciaría del DF, Lecumberri.
La recomendación más general de la CNDH sobre este y todos los casos es que se reconozca su calidad de víctimas, se agreguen como tal a los bancos de datos de la CEAV para que proceda la reparación del daño. Habremos de seguir las secuelas de estas recomendaciones, con especial interés a lo que responda la Secretaría de la Defensa Nacional. Mirada de reportero
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, durante la presentación del informede la Comverdad sobre la guerra sucia en Guerrero. Foto tomada de @A_Encinas_R
Ciudad de México. Al participar en la presentación del informe impreso de la Comisión de la Verdad (Comverdad) sobre la guerra sucia en Guerrero, publicado en 2014, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que este estado “fue una de las expresiones más cruentas” de ese periodo, en el que la represión alcanzó a movimientos sociales independientes y “a toda forma de disidencia”.
Ante ello, aseveró, el gran reto que se enfrenta es que el Estado “asuma su responsabilidad de los hechos arbitrarios que cometió” contra la población. Éste, agregó, es el punto fundamental de la reparación del daño, la cual también tiene que ser integral tanto para los familiares de las víctimas, las personas directamente afectadas y las comunidades “que fueron arrasadas por elementos de las fuerzas armadas en aquellos espacios donde había cobertura solidaria y protección a los grupos disidentes”.
En la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Encinas expuso que este informe de la Comverdad es “referente obligado” en todos los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, y confió en que ésta “permita generar condiciones para que haya actos de justicia, de reparación y lo más importante que el Estado mexicano asuma la garantía de no repetición de estos hechos”.
En los 18 meses que restan, dijo, “en este gobierno vamos a hacer todo el esfuerzo, lo humanamente posible para que la comisión dé resultados concretos y tangibles, dé respuestas a las demandas y preocupaciones de las víctimas, de sus familiares, de los sobrevivientes y particularmente de toda nuestra sociedad”.
En su turno, Alán García, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lamentó que en el caso de la guerra sucia, a 50 años de distancia, se tiene “una impunidad absoluta”.
A su vez, a través de un videomensaje, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y quien participó en la elaboración del informe de la Comverdad, destacó que “en Guerrero se estableció la escuela de la muerte con la guerra sucia, con el Ejército en las calles”.
No es casual, enfatizó, “que la forma de operar las desapariciones es producto de esa escuela siniestra que se estableció en las instalaciones militares con los vuelos de la muerte (en los que se arrojaban al mar a personas), con los lugares clandestinos donde a la gente desaparecían y asesinaron, con las formas de actuar para amedrentar, reprimir”.
Destacó la lucha de los colectivos y grupos de sobrevivientes y familiares de víctimas que “han tenido esa fuerza para que en Guerreo las tragedias no tengan mayores consecuencias, porque las matanzas y las masacres siguen, como la de El Charco, Aguas Blancas, como las represiones que se han dado con los estudiantes de Ayotzinapa, como la desaparición de los 43”.
Por su parte, algunos de los sobrevivientes y familiares de víctimas que acudieron a la presentación, demandaron justicia y que se busque a las personas que a 50 años de los hechos siguen desaparecidas.
Mar Antonia Morales Serafín, hija de Abelardo Morales, desaparecido en 1974, entregó al subsecretario Encinas una carta escrita por su padre en la que señalaba que se encontraba en el Campo Militar número 1, y le pidió dar con el paradero de su familiar.
“Quisiera que mi mamá —que está muy enferma— sepa dónde está. Quisiera que lo encontráramos… porque para mí encontrar a mi papá es todo y dar justicia a las demás personas. Es una petición no sólo mía, sino de todas las víctimas: que se haga justicia, saber quiénes son los culpables”, expresó.
Integrantes de la Comisión ofrecieron conferencia de prensa para hacer un balance de la visita. Fotograma tomado de la transmisión vía Facebook Live
En Culiacán, Sinaloa, sobrevivientes y familiares de víctimas de la guerra sucia ingresaron al Campo Militar 9-A General Ramón F. Iturbide para constatar que en este lugar, décadas atrás, fueron detenidos de manera ilegal y torturados, al igual que -según testimonios- se perpetraron “ejecuciones extrajudiciales”.
Fueron en total 25 las víctimas directas e indirectas que ingresaron a este espacio castrense, como parte de las diligencias que lleva a cabo la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990.
En conferencia de prensa en esa ciudad, el historiador Camilo Vicente Ovalle dio a conocer los resultados preliminares de esta inspección que se realizó ayer. Entre ellos que la evidencia que ya se tenía recabada por la comisión, así como el análisis fotográfico y los testimonios de los sobrevivientes y familiares, permitieron identificar el sitio “donde muchas personas pudieron haber estado detenidas y desaparecidas al interior e la novena zona militar”.
Indicó que la identificación de este sitio fue acompañada por las labores de criminalística de parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y por el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “que estuvieron tomando registro de todas estas actividades”.
Igualmente, agregó, a partir de cuatro testimonios de personas sobrevivientes fueron señalados otros lugares dentro del campo militar que van a formar parte del proceso de indagación.
David Fernández Dávalos, integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la comisión, destacó que de confirmarse las evidencias y testimonios, “quedaría acreditada la comisión de graves violaciones a los derechos humanos con la participación de las fuerzas armadas y la actuación de éstas fuera de la ley nacional e internacional”.
Lo recabado hasta ahora, añadió, “certificaría la existencia de un circuito de la detención- desaparición durante la época de la violencia del Estado, es decir, las policías locales, las zonas militares, el Campo Militar número uno, y para algunos casos los vuelos de la muerte. Un circuito perfectamente organizado, fruto de la colusión de agentes del Estado”.
Además, mencionó que “la persistencia de los vestigios habla de la impunidad de la que se sentían portadores o de la seguridad que tenían de no ser investigados porque nunca demolieron ni ocultaron las evidencias”.
Entre los sobrevivientes que acudieron a la inspección estuvieron Cirilo Cota Rodríguez, Juan Manuel Hernández Deras, Martha Alicia Camacho Loaiza y Ramón Galaviz Navarro, los cuatro ex integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quienes sufrieron tortura, y desaparición forzada en la novena zona militar, y tres de ellos también estuvieron detenidos desaparecidos en el Campo Militar número 1.
Las víctimas reconocieron baños, pisos y el espacio donde estaban detenidos clandestinamente. Para Martha Alicia Camacho Loaiza, quien estuvo acompañada de su hijo que “nació en cautiverio”, el reconocimiento de ayer fue un momento “de catarsis, indescriptible, lleno de diferentes emociones”. Por primera vez, dijo, “lloré, grité, saqué, nunca lo había hecho”.
“Cuando mis compañeros ubicaron un espacio, yo inmediatamente me voy al lugar que estaba enseguida, porque lo tengo plenamente identificado, y evoqué aquel momento cuando me llevaron ahí junto con mi esposo, él fue muy torturado y ejecutado extrajudicialmente”, compartió.
Identificó también otro lugar “donde había personas detenidas que tenían más tiempo y que era donde se estaban recuperando de las torturas”. Igualmente señaló que pudo identificar un posible crematorio.
Lamentó que mientras realizaban las inspecciones, militares estuvieran tomándoles fotografías. “Era muy incómodo, ni siquiera poder explayar el sentimiento en ese momento porque estaban tomando fotografías, mientras a nosotros no nos permitieron el uso de celulares”.
Fernández Dávalos indicó que después de esta inspección en el Campo Militar 9-A, se requiere profundizar las investigaciones en el sitio. “Seguramente la Fiscalía General de la República, la CNB tendrán que hacer peritajes”. Además, dijo, tenemos que seguir indagando pues “hay subterráneos que no pudimos encontrar ayer”.
Asimismo, tenemos que tomar testimonios a profundidad y convocar a más víctimas. También, “eventualmente, como ha sido solicitado, (contar con) un sitio de memoria”.
En los trabajos que se realizaron ayer en el Campo Militar 9-A, también participó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
