Ciudad Juárez- Alrededor de 30 representantes de familias de víctimas de desaparición de la “guerra sucia” mexicana estarán mañana en la capital del estado para la instalación formal de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”.
De acuerdo con Judith Galarza, juarense e integrante de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de familiares de Detenidos Desaparecidos, para el encuentro fueron convocados por la Secretaría de Gobernación, de donde se les informó que en la ceremonia participará el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Galarza agregó que las decenas de colectivos formados por estas desapariciones registradas en el país antes de la década de los años 90 participaron durante más de un año junto con la Secretaría de Gobernación para dar forma a la Comisión.
La entrevistada es hermana de Leticia Galarza Campos, juarense que fue integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre y desaparecida en 1978 en la Ciudad de México. Sobre ella, dijo la hoy activista, espera que la nueva Comisión establezca su paradero, identifique y castigue a los culpables y se pida perdón debido a que por años se les juzgó como criminales cuando eran opositores políticos.
“Lo primero que deseo es que me digan dónde está mi hermana y que digan quiénes fueron los responsables para que los lleven a juicio, no importa que estén muertos, los que por ahí quedan vivos, para que este delito no se vuelva a cometer”, dijo Galarza.
“Dos, exijo que se pida perdón, porque siempre desprestigiaron a nuestros familiares, que eran delincuentes, que robaban bancos… les negaron el derecho de ser opositores políticos a un régimen totalitario y represivo. No eran delincuentes, sino gente muy preparada que, si estuvieran aquí acompañándonos, no estaría todo este desorden”, agregó.
El pasado 6 de octubre, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto que crea la Comisión con la finalidad, dice el documento, de “cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990”.
Esto, agrega, “a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención”.
Galarza agregó que al acto formal vendrán representantes de colectivos y familiares de estados como Oaxaca, Sinaloa y Guerrero, donde se registró el mayor número de desapariciones en el periodo que abarca el trabajo del organismo.
