Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, durante la conferencia presidencial matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 3 de julio de 2024. Foto Germán Canseco
En enero de 2025 iniciará el juicio civil promovido en Estados Unidos por el gobierno de México contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, informó este miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.
El funcionario repasó en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el estado de la demanda civil que el gobierno presentó el 21 de septiembre de 2021 contra García Luna ante una corte de Florida, en el que se reclaman 634 millones de dólares.
Indicó que de esa cifra, se han logrado reintegrar a la Tesorería de la Federación alrededor de 2 millones de dólares.
Gómez destacó que el juicio civil contra quien fue mano derecha de Felipe Calderón “está en etapa de descubrimiento probatorio, en donde las partes recaudan o aportan evidencias” para probar sus acusaciones o su defensa.
El titular de la UIF señaló que este juicio civil, que es independiente del proceso penal abierto por autoridades estadounidenses contra García Luna en el que el ex funcionario fue declarado culpable de narcotráfico y está a la espera de que se le dicte sentencia, es un proceso lento y que la juez a cargo del caso ha determinado que el juicio arranque en enero de 2025.
Aseguró que este juicio “tiene como propósito romper la maldición de que quien roba al pueblo no regresa nada, es terminar con una tradición de funcionamiento del Estado corrupto”.
Por otra parte, sobre los procesos abiertos en México contra García Luna, Gómez recordó que se trata de dos denuncias de carácter penal y una judicialización en el ministerio público a partir de esas denuncias, a través de la cual se expidieron 61 órdenes de aprehensión.
Destacó que el 20 de diciembre de 2023 fueron vinculados a proceso por estas denuncias Gloria García Luna, hermana del ex secretario, y Edgar Rodríguez García, quienes tiene prisión preventiva justificada.
Añadió que en enero fue detenido en España Jonathan Alexis Weinberg, presunto integrante de la red de desfalco de García Luna en México.
Su extradición ya fue solicitada por el gobierno mexicano, dijo Gómez.
Señaló que la UIF ha detectado que hay 16 empresas que son receptoras de dinero defraudado en México por la red de desfalco de García Luna y que fue enviado al extranjero a paraísos fiscales para luego ser retornado al México, “ocho de las 16 están listadas por el SAT en el artículo 69-b del código fiscal, que son los factureros, que se dedican a hacer contabilidades falsas”.
Uno de los principales encargos del próximo sexenio es no permitir la siembra ni la importación de maíz transgénico para consumo humano, de acuerdo con el futuro titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán.
Luego de haber sido presentado como miembro de su futuro gabinete por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, el científico indicó: “la doctora ha sido clarísima que México mantendrá la política de no permitir el cultivo de maíz transgénico en el territorio nacional y que no queremos la importación del maíz transgénico para el consumo humano”.
Consultado en la puerta del Museo Interactivo de Economía (MIDE) de la Ciudad de México, el especialista en agronomía aseguró que el futuro gobierno respaldará la decisión de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de posponer la entrada en vigor del decreto para prohibir el glifosato hasta que haya alternativas.
“Nosotros respaldamos la decisión adoptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de postergar la entrada en vigor del decreto hasta en tanto no exista una alternativa real de la escala necesaria para reemplazar el glifosato. El día en que dicha alternativa pueda existir, en ese momento puede entrar en vigor ese decreto. Mientras tanto, respaldamos totalmente la decisión del presidente”.
Dentro de los principales retos que se avecinan a futuro están los relacionados con el cambio climático. Berdegué Sacristán anunció que tendrá que atender diversos problemas como sequía, inundaciones u olas de calor.
“Esto implica una transformación muy profunda de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la acuicultura, claro que es una amenaza y ahí tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Tenemos que hacer una transición ambiental y climática de toda la agricultura, de toda la pesca, no sólo de la pequeña agricultura con su enfoque agroecológico, toda la agricultura, toda la ganadería, tenemos que decir, o nos ajustamos o morimos”.
Finalmente, aseguró que actuará bajo la expectativa de cumplir con las esperanzas del pueblo de México, debido a que espera la consolidación del proyecto de nación encabezado por la actual administración. “No sólo es un mandato, sino que también es una exigencia estar a la altura de esa gigantesca ola de esperanza. Y ese es nuestro trabajo”.
Tras el conflicto comercial de China con Estados Unidos, México se ha convertido en un atractivo de inversión de los países asiáticos.
El conflicto comercial que ha existido por bastantes años entre China y Estados Unidos ha provocado que México se vea beneficiado. Esto debió a que actualmente, este ha sido beneficiado con las inversiones de China gracias a su tensión con el país norteamericano.
China y Estados Unidos han sido las superpotencias más importantes en cuanto a diferentes sectores económicos. Siendo la tecnología y la exportación aquellos donde ambas naciones se han visto enfrentadas para llegar a otros países.
Estos roces han provocado que una feroz competencia entre ambos países que, a su vez ha involucrado a otras naciones. Ya que, al escalar a múltiples aspectos como la política, la economía, diplomacia e incluso asuntos militares, otros han tenido que interferir en esta competencia.
Una de las naciones involucradas ha sido México, que si bien es un aliado de Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio (TLC), China ha apostado por las tierras aztecas para invertir en México y afectar la competitividad en la nación.
China aumenta inversión en México
De acuerdo con el último monitoreo del nearshoring de México realizado por la consultora Deloitte, la inversión extranjera directa de China aumentó un 278%. La cual es una cifra notable al comparar los mismos datos de 2013-1017 contra 2018-1023. Siendo así, que la inversión fue de un total de 437 millones de dólares en el primer periodo y mil 623 millones de dólares en el segundo.
Lo anterior ha dejado ver el importante interés de China por invertir en México en los últimos años. Asimismo, en cuento a las empresas chinas dentro del suelo mexicano, también han tenido un relevante aumento. Es decir, tan solo en 2017 había 43 empresas, ahora ya son 68, equivalente a un 58% de incremento.
No obstante, pese al crecimiento de la inversión en Méxco, Estados Unidos no parece contento con los resultados. En días reciente, el país de Norteamérica sentenció que impondría aranceles extras en México si China trasladaba su producción a suelo mexicano.
“DICHAS MEDIDAS PODRÍAN OBSTACULIZAR EL FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y AFECTAR NEGATIVAMENTE LA COMPETITIVIDAD DE MÉXICO EN EL MERCADO GLOBAL”.
México sería el gran ganador del coflicto entre EU y China
Con el creciente conflicto entre ambas potencias mundiales, México sería uno de los países con mayor ventaja de este. Tal solo el sector industrial se vería privilegiado al contar con una frontera con Estados Unidos, donde se agilizará la exportación.
Por su parte, en cuanto a China las empresas de juguetes han apostado por México para trasladar a Foxconn para su producción. Al igual que Estados Unidos ha decidido hacer su producción de Mattel en el mismo país. Estas decisiones solo son un ejemplo de la vasta extensión que México puede ocupar en la actividad de producción internacional.
De maestro a empresario. En la imagen, uno de los fraccionamientos que Humberto Moreira construye en el municipio de Arteaga. Foto: Especial.
Mientras Humberto Moreira –ahora empresario inmobiliario y constructor– se preparaba para dirigir el PRI y el partido para recuperar la Presidencia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos envió a México una investigación sobre sus actividades sospechosas en ese país.
SALTILLO, Coah (Proceso).– Una solicitud del Departamento del Tesoro de Estados Unidos complicó que las autoridades mexicanas investigaran las operaciones que el mismo Departamento calificó como sospechosas de parte de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y exlíder nacional del PRI, partido del que fue expulsado en 2017.
A 12 años de que se inició la averiguación previa por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la clasificación de información reservada y confidencial del expediente que envió el Departamento del Tesoro a la Unidad de Inteligencia Financiera; ésta afirma que todavía se encuentra bajo investigación y forma parte de una carpeta.
El gobierno estadunidense giró instrucciones a su homólogo mexicano de no usar el contenido como elemento probatorio en procedimientos civiles, administrativos o penales. El expediente denominado “Intelligence Fincen Case 2012/PD122589”, enviado por Estados Unidos durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, se integró a la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-II/267/2012 que derivó en el no ejercicio de la acción penal.
El documento formó parte de las diligencias realizadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales en dicha averiguación, a cuya versión pública tuvo acceso el Border Hub: Periodismo de Investigación de la Frontera Norte. El 9 de febrero de 2012 la UIFremitió a la dependencia federal el oficio 110/H/142/2012 que contenía el expediente.
“El cual contiene información relacionada con Humberto Moreira Valdés; información que se proporcionó en idioma inglés, por lo cual se giró oficio al director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, solicitando la intervención de peritos en materia de traducción”, señala el oficio.
El informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos es parte de los indicios en la averiguación abierta en la entonces PGR por enriquecimiento ilícito de Humberto Moreira, la cual emitió el no ejercicio de acción penal. Foto: Camelia Muñoz.
El documento, titulado “Informe de Inteligencia”, contiene una narración de hechos que fue ocultada por la Unidad de Transparencia de la FGR, al igual que los resultados de la base de datos financiera, informe de transacciones de divisas y otro de actividades sospechosas, además del anexo de antecedentes y las restricciones de su uso.
“La información contenida en este informe no puede difundirse fuera de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la PGR y no debe usarse como material probatorio presentado ante el tribunal ni en ningún otro procedimiento formal sin el consentimiento previo por escrito de la Fiscalía de Delitos Financieros”, establece el documento que las autoridades de Estados Unidos hicieron llegar y se integró a la citada averiguación previa tres meses después de que se abrió.
En marzo de 2017 el exgobernador declaró que no existían en su contra investigaciones en Estados Unidos y ofreció documentos a esta reportera, los cuales nunca entregó.
Investigaciones hacia cercanos de Moreira
Cuando Estados Unidos envió el informe de actividades sospechosas en noviembre de 2011 Moreira era gobernador con licencia, y en marzo de 2012 se convirtió en dirigente nacional del PRI, cargo en el que permaneció hasta diciembre de ese año y a pocos meses de que se iniciara la campaña de Enrique Peña Nieto rumbo a la Presidencia.
En Coahuila ya había protestas ciudadanas por la deuda contratada durante su gobierno y que ascendía a más de 33 mil millones de pesos, reconocida y reestructurada por el Congreso estatal en 2011 y cuyo destino, se considera por las autoridades norteamericanas, fueron diversas inversiones ilícitas en dicho país.
Mientras el Departamento del Tesoro impide el uso del informe sobre dudosas actividades del exgobernador coahuilense, exfuncionarios del gobierno de Humberto Moreira Valdés y empresarios cercanos a él están sujetos a investigaciones en dicho país.
Uno de ellos es el empresario de medios electrónicos Rolando González Treviño, quien se declaró culpable de delitos de lavado e hizo señalamientos contra el exgobernador de Coahuila en torno a que manejó de manera ilegal los recursos públicos.
A la fecha, el exgobernador de Coahuila no ha sido señalado como responsable de delitos ante una corte de Estados Unidos, aunque su nombre se mencionó en los procesos a exfuncionarios en dicho país, como en el de Héctor Javier Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas y responsable del Servicio de Administración Tributaria (SATEC), quien recibió el nombramiento de manos de Moreira en julio de 2008 para permanecer en el cargo 12 años.
De él también existe un informe similar al de Moreira Valdés, denominado “Suplemental Report”, y otro titulado “Inteligent Report Fincen Case 2012/PD122483”, con información de actividades sospechosas de Vicente Chaires Yáñez, quien trabajó en el mismo gobierno de Coahuila.
Villarreal Hernández se declaró culpable y se le aseguraron propiedades y cuentas bancarias con dos millones 275 mil 544.41 dólares en Las Bermudas, de acuerdo con una base de datos generada por el sitio Iniciativa de recuperación de activos Robados del Banco Mundial.
Aún está a la espera de la sentencia por el delito de conspiración para lavado de dinero que, de acuerdo con las autoridades estadunidenses, procedía del erario de Coahuila y era parte de la deuda obtenida con documentos falsificados por el exfuncionario y cuando se elaboró el informe del Departamento del Tesoro.
Javier Villarreal está a la espera de sentencia en Estados Unidos por operaciones ilícitas en Estados Unidos, donde se presume que el recurso salió del gobierno de Coahuila en la administración de Humberto Moreira. Foto: Miguel Sierra
Este caso está relacionado con quien sustituyó a Moreira en el último año de su gobierno: Jorge Juan Torres López, quien permaneció por meses entre los más buscados por la Agencia Antidrogas (DEA) y fue extraditado y procesado por lavado procedente de transacciones financieras a cambio de sobornos en la adjudicación de obras en Coahuila. Fue sentenciado a 36 meses de prisión, los cuales ya cumplió.
No supe de informe: Federico Döring
El diputado de extracción panista en la Ciudad de México Federico Döring Casar aseguró que no tuvo conocimiento de los informes que envió el gobierno estadunidense a las autoridades mexicanas y quienes determinaron el no ejercicio de acción penal en las denuncias que presentó ante la entonces PGR contra Chaires Yáñez y Moreira Valdés. Fue él quien presentó la denuncia por enriquecimiento ilícito siendo senador.
“Nunca tuve acceso al expediente en la PGR, porque cuando lo solicitaba me decían que estaban esperando el informe de Estados Unidos, así que el documento que refieres nunca lo conseguí”, dijo.
En las indagatorias derivadas de los procesos a empresarios y exfuncionarios de Moreira Valdés salió a relucir una mansión valuada en 602 mil dólares que se registró a nombre de la suegra del exmandatario, Herminia L. Martínez de la Fuente, que formó parte del esquema de lavado y pago de sobornos de Luis Carlos Castillo Cervantes, alias el Rey de los Dragones, de acuerdo con el testimonio del empresario lagunero en una corte de Texas, Guillermo Flores Cordero, quien explicó el modus operandi y el cual fue desmentido por el exmandatario coahuilense y exlíder nacional del PRI.
El suegro de Moreira Valdés, Jaime Guerrero, reconoció que la residencia fue asegurada por las autoridades estadunidenses y luego subastada. Así lo dijo el periodista Efraín González, quien proporcionó la entrevista para esta investigación.
Incongruencia de Estados Unidos
El representante del Consejo Cívico de las Instituciones en la Laguna, Marco Zamarripa, cuestionó que el departamento del Tesoro de Estados Unidos limite el uso de la información que tiene sobre políticos mexicanos.
“Es una incongruencia: sí facilitan información. Sin embargo, te dicen que no puede ser usada para una investigación, para utilizarla en un juicio, en la corte, y si quieres utilizarla, pues sería con la autorización de la Unidad de Inteligencia del Tesoro de Estados Unidos”, señaló.
Dijo que hay un área de oportunidad para mejorar la relación entre ambos países y se sancione a quien comete algún delito, en lugar de censurar las actuaciones de las autoridades mexicanas.
Maestros del sector inmobiliario y…
La familia Moreira Valdés está formada por Rubén Ignacio, Humberto, Carlos Ariel, Elisa Evangelina, Iván, Álvaro y Montserrat. Todos tienen estudios en la docencia, principalmente, aunque son más reconocidos por actividades dentro del sector público o sindical.
En el gobierno de Humberto, 2005- 2011, la familia creó diversas empresas relacionadas al sector de la construcción, entre otros.
En 2008 su hermano Iván y su sobrino Eduardo Alberto Ramos Moreira –hijo de su hermana Elisa Evangelina– crearon la empresa Construcciones Desarrollo y Suministros IMMER. Según el Folio Mercantil Electrónico 28848 aún se encuentra vigente.
Un año después creó Munchix Empacadora y Procesados en sociedad con su cuñado y esposo de Monserrat, Jesús Hermilo Pader Menchaca, quien fue dirigente del extinto partido Nueva Alianza y durante las administraciones de Humberto y Rubén Moreira participó en los procesos electorales aliado con el PRI. La empresa fue disuelta nueve años después.
Pader Menchaca aparece también como integrante en la sociedad con Rubén Ignacio Moreira Valdez, exgobernador de Coahuila y hoy coordinador de la fracción priista en la Cámara de Diputados, de la empresa Transportes Trenex que se registró en el municipio de Santiago, Nuevo León, en abril de 2008; luego cambió de domicilio al municipio de Frontera, donde autoridades de ese municipio coahuilense aseguran que jamás operó ahí. La empresa fue liquidada meses después.
La actividad primordial era la transportación de todo tipo de carga en el tiempo que se incrementó la presencia del crimen organizado en el noreste del país, pero también se registraron como objeto social otras áreas, entre ellas la construcción de obra pública y privada.
Los Pader han mantenido una relación muy estrecha con otros Moreira, como son los sobrinos de los dos exgobernadores: los hermanos Eduardo Alberto y Álvaro Ramos Moreira, con quienes crearon en 2010 la empresa Lombricarium S. de P.R. de R.L.
Álvaro Ramos Moreira también es socio en la empresa Santa Elena GreenHouse, en la que participan políticos prisitas allegados a Humberto: Jericó Abramo Masso y Eduardo Olmos Castro; el primero diputado federal que busca la reelección y el segundo secretario de Desarrollo Regional de la Laguna en el gobierno de Manolo Jiménez Salinas. La compañía fue liquidada en marzo de 2013.
En 2012, fuera Humberto del gobierno, Iván se unió con su hermano menor Álvaro, hoy diputado local por el PRI, para crear la empresa Gigi Desarrollos, en la cual también participaron Mario Segundo González Rodríguez y su hijo Mario Alberto González García.
La constructora lotificó el fraccionamiento Candelarias, cuyos predios formaron parte de bienes asegurados a Juan Chapa Garza, relacionado con Juan García Abrego, a quien se adjudicó la fundación del Cártel del Golfo.
Chapa Garza, también identificado como José Luis García Treviño, era dueño del Grupo Aztlán dedicado al sector de la construcción. Fue detenido por los delitos de lavado en 1991 y extraditado a Estados Unidos. Al recuperar la libertad, reclamó las propiedades aseguradas por la entonces PGR.
Sobre el caso, Álvaro Moreira cayó en contradicciones durante una entrevista el 15 de marzo del presente año. Inicialmente negó haber tenido una empresa relacionada con el sector de la construcción y posteriormente, antes de que un grupo de lideresas del PRI le facilitaron la oportunidad de irse a bordo de su vehículo, el diputado local manifestó que tuvo unas acciones, pero las vendió.
Luego, a través del área de prensa del Comité Directivo Estatal del PRI, envió copia de la escritura pública en la cual se protocolizó el acta de la Asamblea General Ordinaria en la que los hermanos Iván y Álvaro se retiraron de la asociación.
En el caso de Carlos Ariel, hoy secretario de Desarrollo Educativo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aparece en el Registro Público de la Propiedad como quien inició trámites del Folio Mercantil Electrónico 553110 a nombre de Sistema Nacional de Ahorro y Previsión para los Agremiados al SNTE, una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de responsabilidad limitada de capital variable. En la base de datos no aparece más información porque no se concluyó con el pago de derechos para la inscripción.
Dicha nominación empresarial aparece también como parte de los organismos auxiliares “que asisten al sindicato”, de acuerdo con el artículo 126 de los estatutos del SNTE, entre los que se encuentran fideicomisos e instituciones financieras diversas.
Los socios de Humberto Moreira
Mario Segundo González Rodríguez y Mario Alberto González García han tenido una relación muy cercana a Humberto Moreira. Padre e hijo fueron los dueños, desde 2005 hasta 2012, de la empresaUnipolares y Espectaculares del Norte, y con las cuales el exgobernador comprobó que tenía ingresos de procedencia lícita cuando en 2016 fue detenido en el aeropuerto internacional de Barajas en Madrid, España.
También en 2012 el exgobernador y exlíder nacional del PRI adquirió las acciones de la empresa Negocios, Asesoría y Publicidad Nuevo Milenio, que fue creada en 2007 y cuyos dueños eran Marco Aurelio Morales Müller y Samuel Rodríguez Martínez; éste último durante los años siguientes apareció como dueño de diferentes medios de comunicación, una área que también se le atribuye a Moreira Valdés en las investigaciones que se siguen en Estados Unidos a Villarreal Hernández.
Ambas empresas, Unipolares y Nuevo Milenio, ampliaron su objeto social en 2017 para convertirse en empresas dedicadas a la lotificación y construcción de vivienda y fraccionamientos campestres.
Después de salir libre de España, Humberto Moreira se asentó en el municipio de Arteaga, donde asegura que se dedica a trabajar bajo el sol. Ahí construye los fraccionamientos Villalba, San Joaquín, San Eduardo y Santa Elena Residencial, además de empezar otro proyecto denominado Alta Vista, para los cuales consiguió los cambios de uso del suelo agrícola a densidad alta y media.
Los pobladores del lugar consideran que está comprando las tierras a muy bajo precio para vender las residencias hasta en seis mil pesos el metro cuadrado. Nadie quiso hacer declaraciones públicas por temor a represalias y el presidente municipal de Arteaga, Ramiro Durán García, rechazó atender la petición de entrevista pactada a mediados de febrero.
Apenas en agosto del año pasado creó la empresa Nuevo Milenio Saltillense con 98% de las acciones y el resto en manos de quien fuera su secretaria particular, Guadalupe Rodríguez. En 2019 creó la empresa Cahoxe.
Su legado en el sector mobiliario lo siguen sus hijos Rubén Humberto y Joaquín, quienes tienen acciones en las empresas Los Tres Encinos y Villas de la Vid.
Otro miembro, pero por el lado materno de la familia de maestros dedicados a la política y al sector inmobiliario es Francisco Xavier Flores Valdez, quien desde los 24 años figura como prominente empresario en diferentes áreas de la actividad productiva: actividades relacionadas con producciones y medios visuales, transporte de carga, y hasta en el sector salud, además de que naturalmente en el sector de la construcción e inmobiliario.
De 2008 a la fecha ha creado 10 empresas, en una de las cuales fue socio de Héctor Javier Villarreal Hernández, quien además fue testigo en la boda con Anabel Torres Leza, quien fuera funcionaria en la Secretaría de Finanzas bajo el gobierno de Moreira Valdés.
En 2008 creó las empresas XAVAC en Monterrey y Tracoah, dedicadas a la comercialización de predios de cualquier tipo. En la primera de ellas se invirtieron 50 mil pesos, pero en la segunda se destinó un capital social mínimo de un millón 200 mil pesos, aportados por él y otras tres personas.
Al año siguiente creó las empresas Conexo, Dos Sentidos Entertaiment, en Saltillo, y Confecciones DS, en Monterrey, y teniendo como socio a Villarreal Hernández. En cada una se registró un capital social de 50 mil pesos.
En 2010 el joven creó Dos Sentidos Media, también con 50 mil pesos, pero en Plenitud Centro Coahuilense de Hemodiálisis destinó con otros dos socios 750 mil pesos
En 2019 abrió la empresa Coviro, también con 50 mil pesos, y en julio de 2022 registró Vineyard San Antonio, con la misma cantidad.
A Flores Valdez se le mencionó en varias ocasiones como parte del grupo de personas investigadas en Texas en 2013, pero las autoridades estadunidenses no le fincaron cargos por un presunto depósito de 6.5 millones de dólares en un banco de ese país.
Camino de opacidad
Para esta investigación se solicitó a la FGR y a la UIF el contenido del informe elaborado por Estados Unidos. La primera respondió que el documento no existía y luego del recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información, aceptó tenerlo, pero lo clasificó como información reservada y confidencial que al hacerse pública puede causar “daño al honor”.
El INAI pidió elaborar una versión pública y la FGR entregó el documento tachado en su mayor parte, aunque el instituto de transparencia consideró que no se generarían afectaciones de ese tipo porque se determinó el no ejercicio de acción penal.
Sin embargo, el nombre de Moreira Valdés sale a relucir en los procesos que se siguen a sus exfuncionarios y amigos en Estados Unidos, quienes entregaron propiedades y recursos depositados en cuentas bancarias diversas y paraísos fiscales, de acuerdo con documentos de la Corte del Distrito Sur de Texas.
En el caso de la UIF ésta informó que desconoce si hay investigaciones abiertas en la FGR y a las cuales se integró dicho informe.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists
Una persona muere cada cinco minutos por sobredosis en Estados Unidos, la mayoría por el consumo de drogas sintéticas ilícitas. Para cuando haya terminado de leer este artículo, tres personas habrán fallecido por sobredosis. Es decir, cerca de 300 personas mueren al día y más de 110.000 al año. Al parecer la culpa es de mexicanos y chinos.
Dos tercios de esos fallecimientos están relacionados con los opioides sintéticos, como el fentanilo ilícito, y lo peor es que miles de jóvenes murieron sin saber siquiera que estaban consumiendo esa sustancia.
Más allá de la gravedad de la situación, en un año preelectoral, tanto en EEUU como en México, el problema se ha politizado y la agencia antinarcóticos estadounidense DEA ha aprovechado la ocasión para echarle la culpa de su inacción a los mexicanos y, a la vez, atacar al gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador.
A decir de la DEA, los cárteles mexicanos continúan con la venta de fentanilo ilícito en forma de pastillas para imitar los medicamentos recetados de marcas registradas. Como resultado, muchos ingenuos estadounidenses –supuestamente de buena fe, engañados por los pérfidos mexicanos- compran y consumen drogas ilegales que creen que son medicamentos recetados legítimos.
El informe oficial estadounidense señala que el Cartel de Sinaloa ha estado produciendo grandes cantidades de fentanilo desde al menos 2012, pero la facción de Los Chapitos es responsable de llevar la importancia del fentanilo al ‘resultado final’ del cártel”.
Añade que este grupo inicialmente estableció una base de operaciones para fabricar fentanilo ilícito en las montañas cercanas a Culiacán, pero hoy controlan la adquisición de precursores químicos, en gran parte de China, y dirigen la producción de la droga desde laboratorios escondidos en las montañas de Sinaloa y otros bastiones del cártel por todo México. Añade que, por su parte, el cártel de Jalisco se convirtió en uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo, en polvo y pastillas, hacia EEUU.
En este apartado, informó que, aunque el cártel de Jalisco no puede igualar la capacidad de producción de fentanilo del de Sinaloa, ha inundado las calles estadounidenses con fentanilo, a menudo mezclado con heroína, cocaína y xilazina.
En política exterior, el tema del fentanilo ha alcanzado casi la importancia que tiene el intercambio económico estadunidense tanto con México y China, el primer y segundo socios comerciales de Estados Unidos respectivamente. De acuerdo a las autoridades, México es el principal productor del fentanilo que llega a suelo estadounidense y China es el principal exportador de precursores químicos con los que se produce el fentanilo.
Un millón de muertos entre 2000 y 2023
Entre 2000 y 2023 murieron más de un millón de estadounidenses por sobredosis de opioides altamente adictivos expendidos como analgésicos regulares. Las muertes por sobredosis de fentanilo pasaron de entre 2,000 y 3,000 anuales en el 2012 a entre 75,000 y 110,000 anuales en los últimos años, incluido el 2023.
De acuerdo con el estadounidense Centro Nacional de Estadísticas sobre Abuso de Drogas, las sobredosis de fentanilo son parte de la crisis de consumo de opioides, que provocó la industria farmacéutica estadounidense por un apetito de ganancias astronómicas alrededor de 1999.
En el tema de la distribución de estupefacientes a suelo estadounidense, la DEA informó que la venta de drogas se hace posible mediante aplicaciones de mensajería encriptadas y abiertas y redes sociales, utilizadas tanto por miembros de cárteles como por traficantes callejeros para anunciar, organizar entregas y recibir pagos rápidamente, todo en un solo dispositivo y con una exposición mínima.
El documento, que trata de culpar a los mexicanos de los más de cien mil muertos por consumo de fentanilo, indicó que ambos cárteles han causado la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos, ya que dictan el flujo de casi todas las drogas ilícitas y su dominio sobre el comercio de drogas sintéticas en particular es evidente en el incesante tráfico de fentanilo y metanfetamina ilícitos que cruzan la frontera hacia sus mercados.
Las empresas farmacéuticas
La DEA afirma que el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación ( CJNG) dictan el flujo de sustancias ilícitas en su territorio, particularmente de drogas sintéticas como el fentanilo, lo que está muy lejos de la verdad, porque la peor crisis de drogas en la historia fueron las compañías farmacéuticas que, con total complicidad de las autoridades que debieron regularlas, comercializaron opioides altamente adictivos haciendo creer al público que se trataba de compuestos inocuos.
Fueron esas empresas las que crearon generaciones de adictos a los derivados de la amapola, quienes, en busca de dosis más fuertes, comenzaron a usar heroína y luego fentanilo.
Fue con agresivas mercadológicas que pusieron los opiáceos en cada farmacia de ese país, con la corrupción de médicos que los recetaron con una irresponsabilidad criminal, y con la disposición de los políticos a mirar a otro lado mientras las empresas inescrupulosas financiaban sus campañas. Sin ellos, los fabricantes de heroína y fentanilo jamás habrían encontrado un mercado cautivo y ávido de sus productos.
Del crack al fentanilo
Para el diario La Jornada, el otro gran responsable de que EEUU sea la única nación desarrollada con un problema semejante de consumo de drogas es el propio gobierno estadounidense, cuyas agencias de espionaje y control político inundaron las calles de los barrios pobres con heroína y cocaína de muy baja calidad (conocida como crack) con el doble propósito de financiar sus actividades ilegales en el contexto de la guerra fría y de quebrar la organización de los sectores marginados que reclamaban el cumplimiento de sus derechos humanos sociales y económicos.
Es importante que la DEA, por primera vez, admita abiertamente que los grandes cárteles mexicanos operan en su territorio y dictan el trasiego de drogas, lo que contrasta con su inveterado negacionismo, según el cual dichas estructuras criminales se desvanecían al norte del río Bravo, en territorio estadounidense, donde sólo había pequeños traficantes de alcance local y desconectados entre sí, pero mantiene la farsa de que el negocio del narcotráfico es manejado en su totalidad por extranjeros.
O sea, no hay cárteles ni capos narcotraficantes estadounidenses, lo que pareciera una ficción insostenible ya que supone que los estadounidenses, siempre a la cabeza de emprendimientos lucrativos como la venta de armas, se abstienen de ponerse a la cabeza de un mercado tan lucrativo como el de las drogas.
La admisión de la DEA tiene repercusiones más profundas e implica, ante todo, que Washington ya no puede perpetuar su política de combatir a los cárteles fuera de sus fronteras y tolerarlos dentro de ellas.
Un editorial de La Jornada de México señala que EEUU deberá hacer algo al respecto, y no tiene muchas opciones: o replica contra sus ciudadanos la fútil guerra contra el narcotráfico que impusieron a través de gobernantes sumisos como Felipe Calderón en México y Álvaro Uribe en Colombia, o diseña un plan integral para atender las causas que empujan a un sector de su población a las adicciones y a otro a incorporarse a la economía del narco.
A la sociedad y el gobierno de Estados Unidos les corresponde decidir, en total soberanía, lo que van a hacer ahora que saben que el crimen organizado es un asunto interno, concluye.
*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Ante la gran probabilidad de encabezar la presidencia de la República, la candidata que abandera las encuestas, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó garantizar la soberanía nacional, al descartar la subordinación con algún gobierno extranjero.
Tal pronunciamiento fue realizado en el marco de las declaraciones emitidas por diversos integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al cual representa. Anteriormente, han señalado la inversión extranjera en la guerra sucia, a favor de su contrincante, Xóchitl Gálvez, quien se ha visto envuelta en una serie de señalamientos por manejar una estrategia de bots en redes sociales.
En ese contexto y apoyada por su equipo de campaña, Sheinbaum declaró que, por encima de cualquier interés político o económico, está el pueblo mexicano, único responsable en decidir el futuro de las elecciones y del país.
“La decisión de quién va a ser la presidenta de la República le corresponde al pueblo de México. Es la soberanía nacional que radica y reside en el pueblo y nunca, porque nos va a tocar gobernar, vamos a poner en juego eso”.
Asimismo, en su intervención, el dirigente de Morena, Mario Delgado, argumentó que “la derecha va a basar su campaña en meter miedo a la población y eso no les va a dar resultados porque tenemos un pueblo muy informado, muy participativo”.
Por su parte, el coordinador de organizaciones sociales y civiles de la exjefa de gobierno de la Ciudad México, el diputado Gerardo Fernández Noroña, puntualizó que Morena ya interpuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para investigar las irregularidades de la millonaria guerra sucia.
Igualmente, el coordinador de territorio, Ricardo Monreal, detalló que desde el senado se ha visto un “intento orquestado muy claro de la oposición nacional, en coordinación con entes internacionales, de demeritar al gobierno mexicano y particularmente al presidente [Andrés Manuel López Obrador]”.
Ello con el objetivo de posicionar la imagen de Gálvez, quien en la mayoría de encuestas es posicionada por debajo de 30 puntos de la doctora Sheinbaum Pardo.
Electoralmente, este año será de relevancia a nivel internacional. Además de México, otros países como Estados Unidos, Rusia y la India elegirán a quién será su representante por los próximos años.
Particularmente, en Estados Unidos, la contienda se disputa entre el demócrata JosephBiden o el republicano Donald Trump. Ambos establecieron relaciones diplomáticas con el actual presidente de México, López Obrador.
Arsenal decomisado al cártel del Golfo. Foto Víctor Camacho / Archivo
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en lo que va del sexenio se han decomisado 50 mil armas que han ingresado ilegalmente desde Estados Unidos, país de donde vienen el 70 por ciento de las armas que utiliza el crimen organizado en México. En paralelo, descalificó el endurecimiento del discurso anti inmigrante tanto entre los republicanos como los demócratas ante el proceso electoral en curso.
Y agregó: “la mitad de las armas que ingresan desde Estados Unidos, de ese 70 por ciento que vienen de allá, provienen de Texas, ¿qué me responde a esto el gobernador de Texas? Hay que estar informando. Siempre va a haber esas balandronadas que van a intervenir y tomar medidas unilaterales. No hay que tomarlas muy en serio porque esa temporada de elecciones”.
En este contexto, consideró que la pretensión de llevar a juicio político al secretario de Seguridad Nacional estadunidense, Alejandro Mayorkas es solo una estrategia propagandística, “porque él no tiene la culpa. ¿Por qué no, si realmente tienen preocupación, en el caso de la migración, por qué no aprueban apoyos para Centroamérica? ¿Por qué no le garantizan los derechos a regularizarse a obtener su nacionalidad estadunidense?
Durante su conferencia, afirmó que tanto los republicanos como los demócratas se están corriendo hacia la derecha en búsqueda de los votos, pero no se han dado cuenta que hay una franja de votantes independientes ajenas a estas tendencias.
Señaló que ante el empate que existe en las encuestas entre los candidatos Joe Biden y Donald Trump, se radicalizan las posturas como cerrar la frontera con México, sin preguntarse cuánto tiempo puede estar cerrada sin provocar una crisis en esa zona.
En otro orden de ideas, se refirió al manejo consistente y artificial de las redes sociales para emprender una campaña en su contra bajo el hashtag narcopresidente, pero a partir de invertir millones de pesos para difundir que hay 170 millones de usuarios que han difundido esta campaña son bots.
Por ello, anunció que se creará una nueva sección sobre quién es quién en los bots para denunciar estas campañas artificiales en contra de él y su gobierno.
La ruta de armas desde Estados Unidos
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el último año, el Ejército y la Guardia Nacional lograron el aseguramiento de 11 mil 112 armas de fuego en todo el país, lo cual representó un 10 por ciento más de lo confiscado en 2022 con 10 mil 085.
Para muestra de lo anterior, tan sólo hace unos días se realizó el decomiso de dos armerías. En Nuevo León, elementos de la Fiscalía General de la República aseguraron más de cuatro mil balas y un fusil barrets, así como cargadores y tres vehículos. En tanto, en el estado de Michoacán, en el municipio de La Huacana, autoridades locales aseguraron un “narcotaller” en donde se fabricaban artefactos explosivos.
El tráfico de armas desde Estados Unidos a México conlleva una larga travesía de miles de kilómetros y cubre docenas de estados, tanto de la Unión Americana como de su vecino del sur, revela el informe de las Fuerzas Armadas que participan en la seguridad pública del país, donde también se presume la disminución de delitos del fuero federal, así como el combate al huachicoleo y el incremento de decomisos, tanto de droga como de esas armas ilegales.
La travesía desde Estados Unidos y a lo largo y ancho de México de estas armas ilegales. Foto: Senado de la República
Estas conclusiones, entre otros detalles sobre la actuación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina en la seguridad pública vienen recopilados en el Segundo Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente.
El documento incluye dos mapas importantes sobre el tráfico de armas. El primero detalla los principales puntos de entrada de este tipo de cargamento a territorio mexicano desde Estados Unidos y señala cinco puntos clave: Tijuana (Baja California); Nogales (Sonora); Ciudad Juárez (Chihuahua); Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros (Tamaulipas).
Una vez que ingresan por los puntos fronterizos señalados, realizan otra gran travesía, esta vez por territorio mexicano. Las armas prácticamente se distribuyen en todo el país: llegan hasta Tuxtla Gutiérrez y Balancán, en Chiapas y Tabasco, respectivamente, muy cerca de la frontera con Guatemala.
Las rutas por las que ingresan las armas desde Estados Unidos. Foto: Senado de la República
Los puntos de entrada, debido a que están repartidos por toda la frontera, permiten un tráfico uniforme por toda la República: desde Tijuana entran las armas que pasan por San Luis Río Colorado, Hermosillo, Culiacán, Tepic, Guadalajara e incluso Morelia. Ahí interceptan la ruta que viene de Chihuahua y Coahuila: desde Ciudad Acuña y Durango hasta Michoacán y Guerrero, también en el sur.
Por el noreste hacen escala y se distribuyen en Monterrey, Durango, Ciudad Victoria y llegan hasta Veracruz, Ciudad Cuauhtémoc y Tapachula. Las armas recorren miles de kilómetros y están presentes en prácticamente todo el país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia del pasado 29 de enero, en Palacio Nacional. Foto Pablo Ramos.
Ante las filtraciones informativas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) que, sin pruebas, da a conocer datos de una presunta aportación del narcotráfico a su campaña en 2006, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al gobierno del presidente Joe Biden una disculpa pública porque posteriormente instancias gubernamentales estadunidenses dijeron que no tenían confirmación de nada. “Si no tienen pruebas, tienen que disculparse”, aseveró el mandatario.
Tras señalar que en esta trama de suministrar información a un “mercenario” en esta coyuntura electoral involucra no sólo a la DEA sino al Departamento de Estado, el presidente Biden debería de enterarse de esto. ¿Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga, si una institución de ellos, está filtrando información y dañándome, no a mi, sino a lo que represento?
-¿Se suspenderán las reuniones de alto nivel con Estados Unidos?
-No, no, tenemos que mantener buena relación, respondió aunque enfatizó que estas prácticas no son de una relación de buena vecindad entre los países.
En su conferencia, López Obrador derivó una pregunta relacionada con la política migratoria, sin pregunta expresa sobre el tema del reportaje en donde se difundió una presunta aportación del crimen organizado a su campaña en 2006, afirmó que “yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se disculpe, porque el presidente Estados Unidos tiene autoridad moral y politica, si no tienen pruebas, tienen que disculparse.”.
Aún molesto por la difusión sin pruebas de estas versiones, el mandatario dijo: “¿Cómo vamos a estar hablando de migración del combate a la droga y del fentanilo, si un periodista tiene información de la DEA y que ese periodista de repente consideró que es importante hacer un reportaje en estas fechas en México, de pura casualidad o, aquí es como se hacía antes, ¿de parte de quién? pero bien armado.”
-¿Debería el gobierno de Estados Unidos investigar a la DEA?
-Si, es que ellos tienen problemas. Es parte de su crisis.
Recordó que en su momento se corroboró que el encargado en México de la DEA tenía vínculos con el narcotráfico y lo remueven pero ya no se volvió a saber nada de ese caso.
Acusó que esta información difundida por este periodista (Tim Golden) fue reproducida por diversos medios en México y por Mexicanos contra la Corrupción. Por ello, insistió en que es ilegítimo el financiamiento de agencias estadunidenses a esta agrupación. “Como le van a dar dinero a un agrupamiento que se dedica a atacarnos, se dedica a denostar a un gobierno legal y legítimamente constituido.
“México no es colonia de ningún gobierno extranjero. Si antes no hacían valer la soberanía del país es porque no había autoridad moral de los presidentes que llegaban mediante fraude.. pero a mi me eligieron. Pero además cuáles son las pruebas. Es la máxima del hampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha, tizna. Se le da mucho vuelo en todo el periodismo vendido o alquilado a la oligarquía. Sí hacen daño”.
La escalada de violencia ejercida por los grupos del crimen organizado no es espontánea. Ha sido calculada para justificar la intervención de Estados Unidos en Ecuador con la anuencia del gobierno derechista de Daniel Noboa. Luego de supuestas “guerras contra el narcotráfico” que han padecido Colombia y México, el turno es del pueblo ecuatoriano. El gobierno estadunidense podrá contar con un nuevo enclave en América Latina con miras a detener lo que considera la “influencia” china y rusa en la región
En 2023, fueron asesinados al menos nueve políticos ecuatorianos. El caso más llamativo fue el homicidio del candidato a presidente, Fernando Villavicencio, a sólo 2 semanas de las elecciones de 2023.
De inmediato y como parte del proceso de guerra jurídica impulsada desde 2017, los medios de comunicación, funcionarios de turno y referentes políticos culparon al expresidente Rafael Correa y a los sectores políticos vinculados a él. El gobierno de Lasso pidió ayuda a la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) de Estados Unidos para esclarecer el caso.
Pasaron unos meses y, a días de la segunda vuelta electoral, seis sospechosos del crimen –quienes estaban presos en Guayaquil– fueron asesinados. En 2023, se registraron 7 mil 800 muertes violentas; la tasa más alta en la historia de Ecuador.
Esta espiral de violencia desencadenó un escenario de máxima amenaza a la seguridad pública el 9 de enero de 2024, a raíz de la toma de las cárceles por parte de bandas criminales días antes.
El 7 de enero, uno de los jefes del crimen organizado más peligrosos escapó de la cárcel. El 9 de enero prosiguió la fuga de otros criminales. Ese mismo día personas armadas tomaron un canal de televisión de Guayaquil, a la vez que se perpetró un ataque armado en contra de la Universidad de Guayaquil.
El presidente Daniel Noboa calificó los hechos como parte de un “conflicto armado interno”. Decretó “Estado de Excepción” y autorizó a los militares neutralizar a los grupos del crimen organizado. Enumera 22 organizaciones del narcotráfico por nombre y les da el estatus de “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.
Estados Unidos tiene un papel en este contexto: el 11 de enero, la Corte Constitucional debía ratificar un acuerdo de seguridad entre Ecuador y ese país. En el periodo 2021-2022, la asistencia militar estadunidense alcanzó 172 millones de dólares, en el marco de programas militares y antinarcóticos. Esto convierte al país sudamericano en el principal receptor de asistencia militar en la región.
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“Asistencia” de EU e incremento de los niveles de violencia
El 6 de octubre de 2023, el canciller Gustavo Merinque –del gobierno de Lasso– y el embajador de estadunidense en Ecuador, Michael Fitzpatrick, firmaron un acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por su sigla en inglés).
El Artículo 164 de la Constitución de la República señala que se puede declarar el estado de excepción por conflictos armados internacionales o internos, entre otros.
Con esto, el gobierno queda facultado para decretar la recaudación anticipada de impuestos; utilizar fondos públicos destinados a otros fines; disponer de la censura previa a los medios de comunicación; establecer zonas de seguridad en todo o parte del territorio, y disponer de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional con la facultad de convocar a la reserva. De igual manera, puede cerrar puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, además de la movilización y las requisiciones necesarias hasta que se restablezca la normalidad.
Este acuerdo otorga privilegios, inmunidad y garantías al personal de las Fuerzas Armadas estadunidense; del Departamento de Defensa, y a los contratistas. Cualquier “exceso” sería dirimido en la justicia de Estados Unidos. Asimismo, garantiza el libre desplazamiento en territorio ecuatoriano de aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa.
De igual manera, es una base legal que Estados Unidos considera necesaria para garantizar la inmunidad de su personal en la implementación de planes y acuerdos más amplios, en materia de seguridad y defensa. Durante la administración de Joe Biden, Ecuador pasó a ser el principal receptor de asistencia militar estadunidense en la región.
Con el Gobierno de Lasso, hay dos componentes:
El primero es el Programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por su sigla en inglés), un crédito otorgado para la adquisición de artículos de defensa, servicios de defensa y servicios de diseño y construcción (171 millones de dólares). Y, el segundo, el Programa Educación y entrenamiento militar internacional (IMET, por su sigla en inglés), una capacitación de estudiantes militares extranjeros, tanto en el extranjero como en Estados Unidos (198 mil 157 dólares).
Acuerdos recientes en materia de seguridad y defensa
El Plan de Cooperación de Estados Unidos con Ecuador en julio de 2023. Además de la firma de Memorando de Entendimiento en la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, para fortalecer las capacidades del sector de Seguridad en Ecuador y definir objetivos compartidos relacionados con la cooperación, en materia de Seguridad. Está orientado al combate del tráfico ilegal de narcóticos y sus delitos conexos, tales como la delincuencia organizada transnacional, delitos en los espacios acuáticos y las acciones de los grupos irregulares armados.
El 16 de agosto de 2023, se firmó el acuerdo –establecido por primera vez en 2002– para fortalecer la cooperación, con el fin de aumentar la capacidad de las fuerzas militares, policiales y el sector Justicia para combatir la delincuencia organizada durante los siguientes 10 años.
El 17 de agosto de 2023, el expresidente Lasso anunció un Acuerdo de Cooperación con Estados Unidos para la interceptación aérea de “narcoavionetas”.
El 28 de septiembre de 2023, se suscitó un acuerdo para el envío de fuerzas militares terrestres y marítimas al país, con el objetivo de combatir a las organizaciones del narcotráfico. Fue anunciado durante una mesa redonda de la Fuerza de Intervención del Congreso de Estados Unidos para Combatir a los Cárteles de la Droga Mexicanos que contó con la presencia de Lasso.
Cuatro puntos relevantes: intercambio de información; desarrollo de capacidades de las Fuerzas Armadas de Ecuador; entrenamiento y capacitación, y adquisición de recursos esenciales. Aunque la nota de la Embajada no incluye una asignación financiera específica, el ministro de Defensa ecuatoriano mencionó que el acuerdo implica una inversión de más de 3 mil 100 millones de dólares durante los próximos 7 años.
El Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Asociación Estados Unidos-Ecuador, como parte de la Ley de Autorización de Gastos de Defensa Nacional, el 15 de diciembre de 2022. Incluye temas comerciales, de desarrollo y de seguridad. Entre otros aspectos, autoriza el traslado de patrulleros sobrantes de la Guardia Costera de Estados Unidos a Ecuador, además de fortalecer la cooperación de seguridad en cuestiones cibernéticas, policiales y militares.
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Acuerdo entre Ecuador y EU relativo al Estatuto de las Fuerzas
El acuerdo se aplica al personal militar y civil de Estados Unidos –miembros de las Fuerzas Armadas y empleados civiles del Departamento de Defensa– y a los contratistas estadunidenses –empresas y firmas, además de sus empleados bajo contrato o subcontrato con el Departamento de Defensa– que puedan estar presentes temporalmente en el territorio ecuatoriano, con relación a visitas de buques, entrenamiento, ejercicios y actividades humanitarias, tales como respuestas a desastres naturales y provocados por el hombre; actividades de cooperación para abordar retos de seguridad compartidos, entre ellos, el tráfico ilícito, el terrorismo intencional y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y otras actividades acordadas (Artículo 1).
Se le otorgará a este personal privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a los otorgados al personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas, bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961 (Artículo 2).
El personal no será responsable de pagar ningún impuesto o cargo similar. Podrá importar y exportar desde el territorio de Ecuador y usar cualquier bien personal, equipo, suministros, pertrechos, tecnología, entrenamiento o servicios, en relación con actividades al amparo del presente acuerdo. Estarán exentos de cualquier inspección, licencia, tasas de aduanas, impuestos, o cualquier otro cargo aplicado dentro de Ecuador (Artículo 4).
Las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos –o que en ese momento estén operados para este departamento– podrán entrar, salir y desplazarse libremente por el territorio de Ecuador. Dichos vehículos –sea que se desplacen por sí mismos o remolcados– no estarán sujetos al pago de peajes por tránsito terrestre (Artículo 5).
El Departamento de Defensa podrá contratar cualesquiera pertrechos, suministros, equipos y servicios –incluidos los de construcción– que se suministren o lleven a cabo en el territorio de Ecuador, sin restricciones en cuanto a la elección del contratista, proveedor o persona que suministre esos pertrechos, suministros, equipos o servicios. Esos contratos se solicitarán, adjudicarán y administrarán conforme con las leyes y regulaciones de Estados Unidos (Artículo 6).
Los contratistas estadunidenses no estarán sujetos al pago de ningún impuesto y podrán importar, exportar y usar bienes personales, equipos, suministros, pertrechos, tecnologías, entrenamiento o servicios en el territorio de Ecuador, en cumplimiento de contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos relacionados con actividades al amparo del presente acuerdo. Estarán exonerados de cualquier inspección, licencia, otras restricciones, tasas de aduanas, impuestos, o cualquier otro cargo (Artículo 7).
El personal de Estados Unidos tendrá libertad de movimiento y acceso a medios de transporte, almacenamiento, entrenamiento y otras instalaciones –mutuamente acordados– que se exijan en relación con actividades al amparo del presente acuerdo, así como el uso de ellos (Artículo 9).
Se permitirá que el Departamento de Defensa de Estados Unidos opere sus propios sistemas de telecomunicaciones. Esto incluirá el derecho a utilizar los medios y servicios necesarios, con el objetivo de asegurar plena capacidad para operar los sistemas de telecomunicaciones, además del derecho a usar todas las frecuencias del espectro radioeléctrico que sean necesarias para este propósito. El uso del espectro radioeléctrico no tendrá costo alguno para Estados Unidos (Artículo 10).
Ambos gobiernos obviaron cualquier reclamo –excepto los reclamos contractuales– entre sí por daño, pérdida o destrucción de bienes, o por lesión o muerte de miembros del personal de las Fuerzas Armadas o el personal civil de cualquiera de los Gobiernos que surja del cumplimiento de sus deberes oficiales, en relación con actividades al amparo del presente acuerdo. Los reclamos de terceros por daños o pérdidas causados por personal estadunidense serán resueltos por el gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con las leyes y regulaciones de dicho país (Artículo 12).
*Posdoctora por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y la Sociedad-Conicet; doctora en Ciencia Política por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
Silvina Romano*, Tamara Lajtman** y Aníbal García Fernández***/Observatorio Lawfare
**Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (Argentina); maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM
***Doctor y maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM
Connecticut, Estados Unidos. El 11 de octubre, un camión blanco se detuvo frente a la entrada principal de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachussets, una hermosa puerta negra de hierro forjado. En los costados y la parte trasera, había tres llamativas pantallas LED en un estilo reminiscente a vallas publicitarias. Mostraban imágenes de docenas de estudiantes de la mundialmente famosa casa de estudios. Debajo de sus caras, letreros diciendo: “Principales antisemitas de Harvard” junto a una supuesta URL HarvardHatesJews.com (HarvardOdiaJudios.com).
El camión de doxxing1 fue patrocinado por el grupo de derecha Accuracy in Media. Sus objetivos eran estudiantes que habían firmado una carta patrocinada por el Comité de Solidaridad Palestina de Harvard: “Los acontecimientos de hoy no ocurrieron en el vacío”, refiriéndose al ataque de Hamás el 7 de octubre.
“Durante las últimas dos décadas, millones de palestinos en Gaza se han visto obligados a vivir en una prisión al aire libre. Los funcionarios israelíes prometen ‘abrir las puertas del infierno’ y las masacres en Gaza ya han comenzado”.
Algunos de los estudiantes recibirían amenazas de muerte, mientras que otros se preocuparían por lo que podría venir después y al menos uno perdería una oferta de trabajo. “Tengo mi carrera en juego”, dijo un joven preocupado.
Se han producido muchas otras formas de acoso contra alumnos propalestinos. La “pregunta” es si la inteligencia israelí está detrás de algo de esto. Hay una larga historia de operaciones ilegales de espionaje y acciones encubiertas de Israel contra estadunidenses dentro de su propio país, todo ello sin la más mínima interferencia por parte de las organizaciones de inteligencia de Estados Unidos. Para poner unos ejemplos:
El envío por parte del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en 2016 de un agente clandestino a Estados Unidos para proporcionar inteligencia secreta a la campaña de Donald Trump. Esto, a cambio de la promesa de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. De esta manera, se destrozó cualquier esperanza de un acuerdo negociado con los palestinos.
La larga carrera del productor de Hollywood, Arnon Milchan, como espía nuclear2 clave de Israel en Estados Unidos. Suministró a Tel Aviv materiales restringidos, incluidos casi 1 mil krytrones, los desencadenantes de bombas nucleares que Israel nunca ha declarado tener. Este billonario productor de Hollywood y espía israelí de alto rango es un gran amigo de Netanyahu.
Las operaciones de espionaje y acción encubierta dentro de Estados Unidos dirigidas a activistas estadunidenses que abogan por los derechos humanos palestinos. Incluyeron el despliegue de agentes de Psy-Group –un equipo secreto de guerra psicológica israelí– para espiar y acosar a los estadunidenses mientras ocultaban el papel de Israel.
A continuación, Netanyahu dirigió su atención a los estudiantes, profesores y grupos universitarios estadunidenses que luchan por los derechos de los palestinos.
Para este esfuerzo, fue creada la poco conocida Israel on Campus Coalition (ICC), con sede en Washington. Durante años, la organización –con vínculos tanto con la inteligencia israelí como con el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC por sus siglas en inglés)3– ha utilizado estudiantes informantes pertenecientes a organizaciones universitarias judías y proisraelíes para recopilar inteligencia sobre estudiantes y grupos propalestinos.
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Jacob Baime –el principal ejecutivo de ICC– da una sesión de acoso diaria denunciando a profesores y estudiantes propalestinos. “El ICC reúne recursos de todas las organizaciones del campus. Para que puedan aprovechar todos los ángulos”, le dijo a “Tony” Kleinfeld en 2016 Lila Greenberg, la principal organizadora nacional de AIPAC en ese momento.
En ese momento, Kleinfeld –que es judío– se hacía pasar por un activista proisraelí, mientras trabajaba como reportero encubierto para un documental de Al Jazeera. También se reunió con Jacob Baime –actual director ejecutivo de la ICC y exdirector nacional de AIPAC–. En su sede de Washington, se jactó ante Kleinfeld del poder de su organización para hostigar en secreto a los estudiantes estadunidenses que apoyan los derechos de los palestinos.
Ante la cámara oculta de Kleinfeld, Baime describió a la ICC como un comando militar israelí clandestino. “Está inspirado en la estrategia de contrainsurgencia del general Stanley McCrystal en Irak. Hemos copiado mucho de esa estrategia que, de hecho, nos ha funcionado muy bien. Y una de las piezas es este Informe de Operaciones e Inteligencia”.
Ese informe de inteligencia –que contiene detalles secretos sobre estudiantes y profesores estadunidenses– es pasada al Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel, según Ian Hersh, director de operaciones de ICC. Al igual que Baime, Hersh es un exalto funcionario del AIPAC. “En términos de intercambio de información, agregamos el Ministerio de Asuntos Estratégicos a nuestro Informe de Operaciones e Inteligencia”, dijo4.
Fueron revelaciones que indican que Israel está llevando a cabo una operación secreta de espionaje universitario a nivel nacional dentro de Estados Unidos. Una vez que los datos sobre los estudiantes propalestinos se transmitan a la inteligencia israelí, podrán usarse en operaciones encubiertas para “aplastarlos”, en palabras de Baime.
En 2016, por ejemplo, el Psy Group de Israel –una organización de guerra psicológica vinculada al Mossad– lanzó el “Proyecto Mariposa”. Financiado en secreto por ricos donantes judíos en Estados Unidos, entre sus objetivos estaba utilizar información falsa para atacar y destruir la reputación de sus objetivos y tildarlos de terroristas. Ram Ben-Barak –entonces alto funcionario del Grupo Psy y exsubdirector del Mossad– estaba entusiasmado con “Mariposa”.
Entre las muchas víctimas se encontraba Hatem Bazian, profesor de la Universidad de California en Berkeley y líder del movimiento propalestino. Una mañana, cuando estaba a punto de llevar a su hija a la escuela, descubrió un volante en el parabrisas de su automóvil que contenía su foto con el texto en letras mayúsculas y negrita: “ÉL APOYA EL TERROR”.
Según Baime, el centro de mando de la ICC utiliza la tecnología de inteligencia más avanzada. Incluía Radian6 que monitoreaba conversaciones en línea en tiempo real desde más de 650 millones de fuentes de redes sociales, incluidas Facebook, Twitter, YouTube, blogs y otras comunidades en línea. Un panel proporcionaba datos de geolocalización y otros detalles. “Lo eliminaremos gradualmente durante el próximo año y traeremos tecnología más sofisticada desarrollada en Israel”.
El grupo incluso pagó más de 1 millón de dólares a una poderosa firma consultora política de Washington –FP1– para promover publicaciones en las redes sociales que atacaran a los estudiantes que apoyaban los derechos de los palestinos.
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Oculta detrás de su opaco muro digital, la ICC es libre de nombrar, avergonzar y formular acusaciones espurias y escandalosas de antisemitismo y terrorismo, tal como el camión de doxxing en Harvard –aunque no hay indicios de que se tratara de una operación de la ICC–.
El objetivo es la intimidación sin temor a tener que rendir cuentas o revelar sus vínculos directos con el gobierno israelí. Por tanto, el secreto es primordial.
“Tenemos muchas capacidades de comunicación, y creo que lo más interesante de esto”, dijo Baime a la cámara oculta, “es que el 90 por ciento de las personas que prestan atención a este espacio no tienen idea de lo que estamos haciendo. Realmente estoy haciendo, lo cual me gusta. Lo hacemos de forma segura y anónima y esa es la clave”.
Una vez recopilados los datos de la red de espías universitarios y equipos de vigilancia israelíes de alta tecnología de la ICC fluyen a la Liga Antidifamación (ADL) –que a pesar de su nombre–, actúa como una organización de propaganda a favor de Israel y su director, Jonathan Greenblatt, pasa gran parte de su tiempo realizando entrevistas en los medios sobre estudiantes y grupos que se oponen a la ocupación ilegal y a las violaciones de derechos humanos. Señaló a dos grupos estudiantiles pacíficos Voz Judía por la Paz y Estudiantes por la Justicia en Palestina.
Luego, la ADL utiliza la información de la operación de espionaje universitario de la ICC –junto con otros datos– para crear un informe anual: “Activismo antiisraelí en los campus estadunidenses”. A pesar del interminable alarmismo, los resultados para 2021-2022 fueron insignificantes: “Una agresión física; 11 casos de vandalismo, y 19 casos de acoso” entre millones de estudiantes en 359 campus del país.
El dinero no es un problema para la ICC. Los organizadores de la manifestación Marcha por Israel hace una semana en Washington estaban preocupados de que pocos estudiantes se presentaran al evento. Por lo tanto, la ICC se ofreció y pagó 250 dólares a los estudiantes proisraelí que asistieran.
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¿De dónde viene el dinero de la CPI?
Gran parte de la financiación proviene de Adam Milstein –un oscuro delincuente convicto con vínculos muy estrechos tanto con Israel como con el fallecido Sheldon Adelson–. En 2015, estaba al lado de Adelson en Las Vegas cuando, a petición de Benjamin Netanyahu, el multimillonario propietario de casinos formó un grupo de trabajo secreto para luchar contra el movimiento propalestino de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).
Incluido como único miembro de la junta directiva y principal donante de la ICC, fue declarado culpable de evasión de impuestos federales y enviado a prisión en 2009. Poco después de su liberación, hizo una solicitud muy extraña al Departamento de Justicia. Quería volar a Israel, donde –entre otras cosas– se “reuniría con el primer ministro”, Benjamín Netanyahu. El Departamento de Justicia accedió a la solicitud.
Es fundamental para Israel ocultar los vínculos gubernamentales y financieros con organizaciones estadunidenses que atacan encubiertamente a sus connacionales. Para lograr esto, el Ministerio de Asuntos Estratégicos creó una organización fachada falsa y de apariencia inocente, “Concert” –anteriormente Kela Shlomo–.
Es una supuesta “organización benéfica” israelí sin fines de lucro. Fue financiada con aproximadamente 35 millones de dólares del gobierno estadunidense. Antes de la decisión de crear el frente, el ministerio intentó pasar millones de dólares a organizaciones judías estadunidenses para pagarles apoyo y cooperación en la realización de sus operaciones clandestinas.
Algunas rechazaron al ministerio, incluidas las Federaciones Judías de América del Norte, así como el Consejo Judío de Asuntos Públicos. Sabían que sin un registro formal, tales acciones constituirían violaciones de la Ley contra agentes de una potencia extranjera, conocida como Sección 951; son delitos graves.
Las negativas dejaron a los funcionarios del Ministerio de Asuntos Estratégicos “ansiosos y frustrados”, según uno de los funcionarios judíos estadunidenses contactados. El resultado fue la creación de la falsa “organización benéfica” Concert.
De igual manera, Israel contrata en secreto a judíos estadunidenses como espías para que trabajen desde su embajada en Washington y sus consulados, con el objetivo de vigilar y monitorear a sus compatriotas, incluidos los estudiantes.
Entre ellos, se encuentra Julia Reifkind, quien dirigió un grupo proisraelí en la Universidad de California antes de convertirse en activista del AIPAC. En 2016, Israel la contrató y la asignó a su embajada en Washington. Su trabajo es recolectar información de activistas propalestinos para el gobierno israelí.
Reifkind tuvo una buena preparación para su tarea. Pensando que Kleinfeld era una compañera activista a favor de Israel, reveló que mientras estaba en AIPAC pasó gran parte de su tiempo engañando a estudiantes universitarios sobre su conexión encubierta con la organización. “Obviamente, soy una activista universitaria capacitada por AIPAC”, dijo. “Cuando haces lobby en nombre de AIPAC, no dices AIPAC, sino: ‘Soy un estudiante proisraelí de UC Davis’”.
Reifkind abundó: “Se trata principalmente de recopilar información e informar a Israel. Eso es mucho de lo que hago. Informar al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Asuntos Estratégicos, y asegurarnos de que tengan la información correcta”.
Una de las formas en que espía a los activistas propalestinos y a los defensores de los derechos humanos es mediante cuentas falsas de Facebook. “Tengo mi Facebook falso y sigo todas las cuentas de SJP –Estudiantes por la Justicia en Palestina–. Uso varios nombres falsos”.
Una vez que Reifkind recopila la información de inteligencia sobre sus objetivos, se la pasa a su jefe en la embajada. Luego se envía al Ministerio de Asuntos Estratégicos y otras oficinas a través de un sistema cifrado seguro llamado “Cables”.
Como es visible, Israel realiza un enorme trabajo de inteligencia, propaganda e intimidación dentro de Estados Unidos. Afecta a muchos ciudadanos sin que esta inaudita actividad sea enfrentada por las autoridades. Durante el actual conflicto de Gaza, estas acciones se han recrudecido cuantitativa y cualitativamente.
Notas:
Doxxing –a veces escrito como Doxing– es el acto de revelar en línea información de identificación sobre alguien, como su nombre real, domicilio, lugar de trabajo, teléfono, información financiera y otros datos personales. Luego se hace circular al público, sin el permiso de la víctima. Es, por supuesto, ilegal. Pero en Estados Unidos, todos somos iguales ante la ley, aunque algunos “son más iguales que los demás”, y entre ellos, los prosionistas
La participación de Milchan en el tráfico de armas y actividades de inteligencia se desencadenaron después de la acusación en 1985 del doctor Richard Kelly Smyth, un ejecutivo y científico aeroespacial que había realizado envíos ilegales de Krytrons que podrían usarse como disparadores de armas nucleares, a través de una de sus compañías. Entrevistado sobre las actividades de inteligencia de Milchan, el expresidente israelí, Shimon Peres, declaró: “Arnon es un hombre especial. Fui yo quien lo reclutó… Sus actividades nos dieron una gran ventaja, estratégica, diplomática y tecnológicamente”
Sus actividades incluían “comprar componentes para construir y mantener el arsenal nuclear de Israel”. También apoyó al régimen del apartheid en Sudáfrica, para que permitiera a Israel adquirir uranio para su programa nuclear. En junio pasado, Milchan proporcionó algunos detalles sobre su amistad con el líder israelí, Netanyahu, ambos se relacionan “como hermanos”
AIPAC es un grupo de presión que aboga por políticas a favor de Israel ante los poderes legislativo y ejecutivo de Estados Unidos
Tiene más de 100 mil miembros, 17 oficinas regionales y “un vasto grupo de donantes”. El representante Brad Sherman –demócrata por California– ha llamado a AIPAC “la organización más importante en la promoción de la alianza entre Estados Unidos e Israel”. Su presupuesto reconocido –el presupuesto secreto puede ser mucho mayor– excede los 50 millones de dólares anuales
4.Para más información al respecto del documental filmado por Al-Jazeera.
