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Así es la intervención de Estados Unidos en la Reforma Judicial

Segunda Parte. Definido lo que es y lo que no es el lawfare y ante la oposición del Poder Judicial al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es pertinente analizar lo que caracteriza la guerra judicial en el país desde 2019. En esta entrega se abordan dos aspectos: la manufacturación de consenso y la injerencia de Estados Unidos en el combate a la corrupción y reformas judiciales.

Las vías de la guerra judicial: manufacturación de consenso

Las causas contra políticos de izquierda con características de lawfare comenzaron en el país en 2005, cuando –sin pruebas– intentaron desaforar a Andrés Manuel López Obrador para impedir su participación en las elecciones de 2006. En el sexenio anterior, también se pusieron demandas contra el doctor Hugo López-Gatell: ocho denuncias, según declaraciones del abogado Javier Coello. Estas demandas fueron desestimadas en la Fiscalía General de la República; sin embargo, son parte de la judicialización de la política en México.

Por otra parte, los medios de comunicación han realizado una constante manufacturación de consenso –a favor de la élite del poder económico– contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Al inicio de su sexenio desde distintos medios nacionales y extranjeros e incluso think tanks de Estados Unidos, el marco (frame) establecido fue, entre otros, el de “autoritario” “desmantelamiento de la democracia” y “erosión democrática”.[1] En el contexto de la elecciones de 2024, el frame se sumó el del supuesto vínculo con el narcotráfico y la consigna fue la de “narcopresidente”, establecido desde que dos agentes estadunidenses (un medio, Propública, y una organización, InsightCrime) y la cadena alemana DW publicaron dicho vínculo, sin prueba alguna. Incluso el mismo embajador Ken Salazar y la Casa Blanca mencionaron que ese supuesto vínculo de AMLO fue investigado en 2006 y el caso se cerró por falta de pruebas. No obstante, estas tres publicaciones fueron motivo para que los medios de comunicación hegemónicos nacionales replicaran dicha información. Como mencionó la entonces titular de la sección “Quién es Quién en las Mentiras”, Ana Elizabeth García Vilchis, en la conferencia del 14 de agosto de 2024, fueron 29 mil 650 cuentas en la red social X (antes Twitter) las que replicaron el hashtag de #narcopresidente, sólo 5.2 por ciento eran reales, y 94.8 por ciento eran cuentas automatizadas.

Fuente: Conferencia de prensa de Presidencia, 14 de agosto de 2024

En dicha conferencia, García Vilchis mencionó: “existe una campaña pagada a través de cuentas automatizadas como ‘narcopresidente’, y tienen mucha más injerencia en esta red social que se hace tendencia nacional y ha llegado hasta tendencia mundial y esa es una estrategia para intentar debilitar gobiernos democráticos, sobre todo en América Latina”.[2]

En esa misma conferencia de prensa, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó datos concretos sobre los recursos recibidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Como detalló Contralínea, MCCI recibió de Estados Unidos 96 millones 740 mil 613.6 pesos, entre agosto de 2018 y enero de 2024. Con datos de esa conferencia de prensa, se sabe que MCCI recibió en 2019 12.3 millones de pesos del gobierno de Estados Unidos, equivalentes al 15.4 por ciento del total que recibió. Para 2023, fue de 67.8 por ciento, de ese nivel era la relevancia del financiamiento para sostener a una organización opositora.

Además, tiene entre sus financiadores a empresarios que forman parte del Consejo Mexicano de Negocios, grupo de empresarios mexicanos que fueron beneficiados en el periodo neoliberal. Entre Fundación Maelva, Sistema de Observación Ciudadano, Fundación Kaluz, Fundación UNIFIN, Fundación ALSEA, Fundación Gentera, Kyara, American Express Company México, Centro de Estudio Espinosa Yglesias y Laboratorios PISA suman 151 millones de pesos en el periodo 2016-2023.

Figura 1. El sol y sus planetas: financiamiento a MCCI

Fuente: conferencia matutina, Presidencia de la República, 14 de agosto de 2024.

Injerencia estadunidense en la justicia y el combate a la corrupción

Este caso de la organización fundada por el empresario Claudio X González Guajardo es apenas una parte de la amplia estrategia de injerencia estadunidense en México. Además de MCCI, Estados Unidos financia al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). También financió a varias organizaciones y empresas encargadas de instrumentar las distintas reformas al Poder Judicial, entre las que destacan Management Systems International, Fundación Ethos, Fundación IDEA, Fortis Consultora, por mencionar sólo algunas de las que recibieron financiamiento de EU en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Según datos de ForeingAsisstance, el IMCO recibió de la USAID montos por 493 mil 513 dólares (constantes de 2021), para instrumentar el programa “Reformas Anticorrupción” en 2022. El objetivo era “promover instituciones, procesos y políticas de gobernanza que sean transparentes y responsables en todos los sectores del desarrollo. Apoyar a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales (incluidas las entidades de ejecución e investigación, los organismos independientes de auditoría, las comisiones anticorrupción, las agencias de contratación pública, las legislaturas, los ministerios competentes, las agencias independientes, los partidos políticos, los actores judiciales, así como las organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico, prensa y el sector privado). Apoyar la educación cívica y la promoción de reformas legislativas y prácticas o mejorar directamente la rendición de cuentas y la transparencia de los procesos de gobernanza en diversos sectores del desarrollo”.

Otro proyecto financiado por la USAID para el IMCO tuvo como objetivo una “Alianza por la integridad en México (AIM): apoyar al gobierno de México y a la sociedad civil (incluyendo el sector privado) en la implementación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción para fortalecer la transparencia, la integridad, los derechos humanos, y el imperio de la ley. Proporcionar mayores cantidades de datos para fortalecer la base de evidencia para desarrollar propuestas políticas que aborden los desafíos en capital humano, reformas legales, diseño institucional o materiales, y equipos para implementar con éxito la reforma judicial mexicana, aumentar la seguridad jurídica y la seguridad de las inversiones, especialmente en casos de robo, fraude, soborno, cumplimiento con cláusulas contractuales, etc. Elaborar una propuesta técnica en la que se esbocen los elementos clave para el diseño institucional ideal de la fiscalía especial anticorrupción a nivel estatal”. La propuesta del IMCO se basaría en “un análisis a fondo de las necesidades internas, institucionales y procedimentales de una fiscalía anticorrupción funcional. El objetivo es que las recomendaciones se conviertan en una herramienta para las fiscalías federales y estatales, los grupos de la sociedad civil y otros que buscan apoyar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (NAS) de la OMS”. Este proyecto fue financiado con 77 mil 671 dólares en 2023.

Otra empresa que destaca por el monto del financiamiento es Management Systems International. Ésta recibió de la USAID 25 millones 304 mil 955 dólares sólo entre 2019 y 2022. El recurso fue para el programa PROJUST, que “tiene como objetivo proporcionar apoyo personalizado directo o indirecto a nivel estatal y federal para el impulso final hacia los plazos de reforma de 2016, ayudando a estados mexicanos seleccionados a pasar el “punto de no retorno” en sus reformas del sistema judicial, y, por lo tanto, contribuir a los esfuerzos más amplios del Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México para mitigar el conflicto, reducir la impunidad y promover un sistema de justicia más transparente y eficiente”.

La Fundacion Ethos también recibió financiamiento de la USAID por 1 millón 250 mil 976 dólares para instrumentar un programa enfocado en el “fortalecimiento de los sistemas nacionales y locales de lucha contra la corrupción mediante la participación de la sociedad civil y el sector privado es promover la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción (NAS) y seleccionar sistemas locales de lucha contra la corrupción en estados fronterizos clave, mediante la educación de los ciudadanos, el compromiso y la participación del sector privado”.

La Fundación IDEA recibió financiamiento por 1 millón 995 mil 736 dólares para dos programas idénticos, que tenían por objetivo “la reducción de la impunidad y ayudará a desarrollar tanto la sociedad civil como la capacidad del gobierno para aumentar de manera sostenible la eficacia del sistema de justicia penal en 12 estados mexicanos: 1) fortalecer la capacidad de las instituciones del sector de la justicia para proporcionar una resolución eficaz y eficiente de los casos, aumentar el número total de casos penales resueltos y mejorar la calidad y cantidad de las investigaciones y enjuiciamientos de delitos graves; 2) desarrollar la capacidad de las instituciones del sector de la justicia para proporcionar un proceso adecuado y protección de los derechos humanos, así como servicios adecuados para las víctimas; y 3) mejorar la capacidad de las instituciones del sector de la justicia y la sociedad civil para construir legitimidad, confianza y cooperación de los ciudadanos, fomentando la responsabilidad y la participación ciudadana. Esto se logrará mediante la capacitación, la asistencia técnica, la orientación y el establecimiento de redes entre iguales”.

Otro proyecto para la Fundación IDEA que tiene que ver con el sector justicia es el de MiFiscalía, financiado en este caso por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL por su sigla en inglés). Dicho proyecto contó con financiamiento por 4 millones 319 mil 838 dólares entre 2021-2023. Como mencionan en su página en internet, este proyecto tiene por objetivo promover “la procuración de justicia de manera proactiva, oportuna y eficaz al incrementar la capacidad instalada de las fiscalías y procuradurías para hacer frente a los desafíos operacionales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio mediante un enfoque adaptado al contexto local”.

Fundación Fortis, a su vez, trabaja en el proyecto MiFiscalía con Fundación IDEA. Fortis recibió financiamiento por 5 millones 134 mil 970 dólares entre 2020-2024. El programa financiado fue “Justice access for victims and the accused (JAVA) en México”. Este proyecto tiene por objetivo centrarse “en la participación de la sociedad civil en la protección del debido proceso y la mejora de la asistencia a las víctimas mediante la aplicación de estrategias que aprovechen sus capacidades existentes y el fortalecimiento de la comprensión técnica de las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de permitirles desarrollar estrategias sofisticadas para el cambio de políticas. JAVA también se centrará en la comunicación de la importancia del debido proceso para fines políticos específicos y para audiencias específicas”.

El papel de los medios

Como mencionamos al inicio, no hay proceso de lawfare sin medios de comunicación. Para ello, la USAID financió al International Center for Journalists (ICJ) para cumplir con el objetivo de “disuadir a la corrupción y apoyar la transparencia en estados y municipios mexicanos específicos, mejorando la capacidad de los periodistas para investigar cuestiones relacionadas con la corrupción. Para mejorar la capacidad de los periodistas de investigar la corrupción y cuestiones relacionadas con ella, USAID prevé cinco amplias categorías de apoyo. USAID trabaja con soluciones innovadoras y creativas, centrándose en las alianzas con organizaciones locales, para ayudar a mejorar la calidad del periodismo de investigación y datos a nivel subnacional en México”. ICJ recibió 6 millones 76 mil 405 dólares entre 2019-2024.

Durante el periodo 2004-2021 varios programas de reformas al sector justicia fueron aplicados en México, entre los cuales destacan “Política estratégica y reforma institucional”, “Programa de Apoyo para el Estado de Derecho en México”, “Rule of Law III: Support for Legal Reforms”, “Promoting Justice Project (Projust)”, “Sistema de Justicia”, “Program Support (Rule of Law)”. Varios de estos proyectos fueron realizados en el periodo de la aplicación de la Iniciativa Mérida que comenzó cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico en 2007.

[1] https://www.oblawfare.org/post/manufacturaci por cientoC3 por cientoB3n-de-consenso-y-lawfare-en-m por cientoC3 por cientoA9xico

[2] https://amlo.presidente.gob.mx/14-08-24-version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/

20 de November de 2024
Detrás del Narco: El Rol de Estados Unidos en el Tráfico Global

Por Editor

El narcotráfico es un fenómeno de dimensiones globales que afecta a todos los eslabones de la cadena: desde los productores en América Latina hasta los consumidores en Estados Unidos, el mayor mercado de drogas ilícitas en el mundo. Sin embargo, más allá de las narrativas oficiales que culpan principalmente a los países productores, se abre un debate sobre el papel crucial de los países consumidores y su responsabilidad en esta crisis global.

El consumo en Estados Unidos y su impacto internacional

Estados Unidos lidera el consumo mundial de drogas ilícitas, con cifras alarmantes, especialmente en el caso del fentanilo, un opioide sintético que causa más de 100,000 muertes anuales. Según expertos, la demanda sostenida de drogas en ese país alimenta la producción y el tráfico en América Latina, incentivando la violencia y la corrupción en regiones ya vulnerables. Este panorama revela la incapacidad de abordar el problema desde una perspectiva integral que incluya la prevención del consumo y una regulación efectiva del mercado de sustancias controladas【8】【9】.

La narrativa de culpabilidad hacia América Latina: Orígenes y consecuencias

La narrativa predominante que señala a América Latina como la principal responsable del narcotráfico tiene raíces profundas en el discurso político y mediático de las potencias consumidoras, principalmente Estados Unidos. Esta perspectiva simplista culpa a los países productores y de tránsito, omitiendo deliberadamente el impacto de la demanda sostenida y el consumo descontrolado en las naciones desarrolladas. Este marco narrativo ha justificado, a lo largo de las décadas, políticas intervencionistas y ha perpetuado un enfoque punitivo que no aborda las causas estructurales del problema.

El papel de Estados Unidos en la construcción de la narrativa

Desde los años 80, con la proclamada “guerra contra las drogas” por parte de la administración de Ronald Reagan, se ha reforzado la idea de que el narcotráfico es un problema que debe erradicarse desde las fuentes de producción. Este enfoque trasladó la responsabilidad hacia países como Colombia, Bolivia y México, mientras Estados Unidos continuaba siendo el principal mercado de consumo. A través de acuerdos como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, los gobiernos estadounidenses canalizaron millones de dólares en recursos militares y tecnológicos para combatir a los carteles en la región, sin atender la raíz de la demanda interna.

La demonización de América Latina también se alimenta de representaciones mediáticas que muestran a los productores y traficantes como los únicos responsables de la crisis. Series y películas populares perpetúan estereotipos sobre los países latinoamericanos como “cunas del crimen organizado”, ignorando la complicidad de actores estadounidenses en la cadena de suministro, incluidos bancos que lavan dinero del narcotráfico y empresas que fabrican precursores químicos necesarios para la producción de drogas sintéticas.

Consecuencias de esta narrativa

La culpabilización de América Latina ha tenido consecuencias devastadoras para la región. En México, por ejemplo, la militarización de la seguridad pública, bajo el pretexto de combatir a los carteles, ha contribuido a un aumento significativo de la violencia y las violaciones de derechos humanos. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, México es uno de los países más violentos del mundo fuera de zonas de guerra, con un promedio de 30,000 homicidios anuales relacionados con el crimen organizado. La narrativa también ha exacerbado el estigma hacia las comunidades rurales, que a menudo son vistas como cómplices del narcotráfico debido a la pobreza que las obliga a participar en la economía ilícita【9】【10】.

Por otro lado, esta visión unidimensional impide reconocer el papel que juegan las instituciones financieras y políticas en los países desarrollados. Investigaciones han demostrado que grandes bancos internacionales, como HSBC, han sido acusados de lavar miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico. Estos casos, aunque conocidos, rara vez generan el mismo nivel de indignación que las noticias sobre decomisos en México o Colombia, perpetuando una percepción distorsionada del problema.

Hacia una narrativa más equilibrada

Romper con esta narrativa de culpabilidad exclusiva hacia América Latina requiere un cambio en el enfoque internacional hacia el narcotráfico. Esto incluye reconocer la corresponsabilidad de los países consumidores y fomentar políticas integrales que aborden tanto la oferta como la demanda. Además, es crucial visibilizar el impacto del narcotráfico en las comunidades más afectadas, no solo desde la óptica de la criminalidad, sino también como un problema de desarrollo económico y justicia social.

En última instancia, el narcotráfico no puede combatirse desde una perspectiva punitiva y centrada en la militarización. Necesitamos una narrativa más honesta que reconozca la complejidad del problema y promueva la colaboración internacional en lugar de perpetuar estigmas y culpas unilaterales【9】【10】.

El tráfico de armas y la apatía estadounidense

El tráfico de armas de Estados Unidos hacia México representa una de las principales fuentes de violencia en territorio mexicano, con consecuencias devastadoras para la seguridad y la estabilidad social. Cada año, miles de armas cruzan la frontera de manera ilegal, alimentando a los cárteles del narcotráfico y facilitando la comisión de crímenes graves. Según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO), entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México tienen origen en Estados Unidos. Estas incluyen rifles de asalto y armas de alto calibre, cuya venta es poco regulada en algunos estados norteamericanos, permitiendo su adquisición en grandes cantidades【9】【10】.

A pesar de la evidente relación entre el flujo de armas y el aumento de la violencia en México, las acciones de Estados Unidos para frenar este tráfico han sido limitadas. Las leyes laxas en materia de venta y registro de armas, combinadas con la resistencia política de grupos como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), dificultan la implementación de medidas más estrictas. Además, programas fallidos como “Rápido y Furioso”, que permitió la entrada intencionada de armas a México con el supuesto objetivo de rastrear a los traficantes, terminaron armando indirectamente a los cárteles y agravando la situación【9】.

Este desinterés contrasta con la presión que Estados Unidos ejerce sobre México para combatir el narcotráfico. Mientras se exige que México tome medidas drásticas para frenar el tráfico de drogas hacia el norte, las acciones para controlar el flujo de armas hacia el sur son insuficientes. Esta doble moral no solo subraya la falta de corresponsabilidad, sino que perpetúa un ciclo de violencia que afecta de manera desproporcionada a las comunidades mexicanas

Políticas en México: avances y desafíos

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha priorizado el combate a la producción y distribución de drogas sintéticas. En su mandato, se reportó la destrucción de más de 2,400 laboratorios clandestinos, con un impacto económico significativo en las finanzas del crimen organizado. A pesar de estos logros, el presidente ha subrayado la necesidad de que Estados Unidos asuma su responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico, no solo desde el ámbito de la seguridad, sino también abordando la raíz del consumo desmedido entre su población【10】.

Un problema estructural: corrupción y complicidad

Otro aspecto esencial en este debate es la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales, tanto en México como en Estados Unidos. Casos como el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, evidencian cómo altos funcionarios han colaborado con el crimen organizado, minando los esfuerzos por contener el narcotráfico. García Luna fue condenado en Nueva York por su colaboración con el Cártel de Sinaloa, revelando la intersección entre el poder político y las redes criminales【9】.

Hacia una estrategia global

La crisis del narcotráfico no puede resolverse con estrategias unilaterales ni culpando exclusivamente a ciertos países. Como señalaron líderes de México y Colombia, es necesario que las naciones consumidoras participen activamente en las soluciones, incluyendo políticas de salud pública y prevención. Asimismo, debe fomentarse una colaboración internacional que priorice el desarrollo económico y social en las comunidades más afectadas por la violencia del narcotráfico【8】.

El narcotráfico no es un problema de un solo país o región; es un desafío global que exige una responsabilidad compartida. Si bien los países productores tienen un papel que desempeñar en la reducción de la oferta, el combate efectivo requiere acciones integrales que enfrenten tanto la corrupción como las causas del consumo en los mercados más grandes del mundo.

19 de November de 2024
Secretaría de Economía impugna arbitraje que obliga a México a pagar deudas de TV Azteca en EU

La Secretaría de Economía (SE) solicitó desestimar el arbitraje presentado por inversionistas de EU contra el Estado mexicano.

La Secretaría de Economía (SE) declaró ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, que la controversia planteada por los fondos de inversión estadounidenses Cyrus Capital Partners, LP y Contrarian Capital Management, LLC, para que México pague 220 millones de dólares en relación con TV Azteca, no es atribuible al Estado mexicano.

El conflicto se originó tras la adquisición de bonos de deuda por parte de los acreedores de TV Azteca, empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, cuyo valor supera los 400 millones de dólares. Ante la falta de pago por parte de la televisora, los acreedores iniciaron en 2022 una serie de demandas en cortes estadounidenses.

No obstante, el Estado mexicano sostiene que estas acciones no justifican un arbitraje internacional bajo los términos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El pasado 4 de junio de 2024, México presentó su Memorial de Objeción a la Jurisdicción como parte de su defensa, argumentando que Cyrus y Contrarian no están legitimados para demandar al Estado mexicano.

La Secretaría de Economía explicó que estos fondos no cumplen con los requisitos previstos en el Anexo 14-C del T-MEC y el TLCAN, por lo que el tribunal internacional carece de competencia para conocer del caso.

“El caso debe ser desestimado”, subrayó la dependencia.

SE defiende a México en caso contra TV Azteca

El conflicto legal entre TV Azteca y sus acreedores continúa desarrollándose también en México. En septiembre de 2022, la televisora inició un juicio mercantil contra Bank of New York, representante de los acreedores, en el Juzgado 63 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

En ese mismo mes, el tribunal emitió una medida cautelar a favor de TV Azteca, suspendiendo temporalmente el cobro de los montos adeudados. Esta medida ha sido objeto de varios recursos y juicios de amparo, pero se mantiene vigente.

Los fondos Cyrus y Contrarian argumentan que dicha medida cautelar, dictada por el juez Miguel Ángel Robles Villegas, es violatoria del TLCAN y afecta sus inversiones, razón por la cual exigen al Estado mexicano el pago de 220 millones de dólares como indemnización.

Según los acreedores, la resolución judicial mexicana equivale a una “denegación de justicia”.

En respuesta a estas afirmaciones, la Secretaría de Economía reiteró su compromiso de brindar una sólida defensa de los intereses del Estado mexicano en este arbitraje internacional.

Por su parte, los acreedores han acusado al Poder Judicial mexicano de proteger a Salinas Pliego, calificando la medida cautelar como “absurda” y “sorprendente”, dada la situación financiera del empresario, quien enfrenta un adeudo fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por más de 33 mil millones de pesos.

30 de October de 2024
Cuestiona Sheinbaum a EU: “¿Qué pasa allá? ¿No hay allá cárteles? ¿Qué pasa con el recurso?”

Luego de que el candidato presidencial republicano Donald Trump afirmara que de llegar nuevamente a la Casa Blanca combatirá a los cárteles de la droga, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que siempre habrá diálogo, trabajo conjunto, coordinación, pero sin subordinación en el tema de combate a las drogas, pero cuestionó qué pasa del otro lado de la frontera porque el problema no es solo en México, porque no aquí no es el único lugar donde hay cárteles.

En ese sentido, la mandataria recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el problema era conjunto porque también del otro lado hay responsabilidad, por ello, dijo que vale la pena insistir.

“También importante plantear ¿qué pasa del otro lado de la frontera? Porque aquí hay delincuencia organizada, hay una estrategia, pero ¿qué pasa del otro lado de la frontera?, ¿cómo se vende el fentanilo en los Estados Unidos?, ¿qué pasa cuando hay droga que pasa del otro lado?, ¿qué allá no hay cárteles?, ¿qué pasa con el recurso financiero de la venta de distintas drogas, en particular del fentanilo?”, cuestionó.

En ese sentido, admitió que el problema es aquí en México, “pero también es allá”. Además, cuestionó “¿qué pasa con las armas que llegan de Estados Unidos a México’” y que entran de forma ilegal a territorio nacional y que son usadas por delincuentes para asesinar a personas.

Sobre ello, afirmó que en el reciente ataque que el grupo delincuencia Grupo Gente Nueva (GGN) perpetró contra fuerza federales en Técpan de Galeana, Guerrero, usaron armas de alto poder procedentes de Estados Unidos. “Entonces es algo que tiene que haber coordinación, trabajo conjunto, siempre debe ser así, pero con soberanía, sin subordinación, sino con diálogos de alto nivel que ayuden a seguir la coordinación.

Claudia Sheinbaum enfatizó que gane con quien gane la presidencia de Estados Unidos trabajará en coordinación para tratar temas que competen a ambas naciones, y en especial el fentanilo que por es un tema de salud pública para ellos y como un acto de “razones humanitarias” va apoyar.

30 de October de 2024

Así es la injerencia de Estados Unidos en México disfrazada de asistencia económica

En la entrega anterior se abordaron algunos aspectos de la política del sexenio anterior en temas laborales. En esta entrega, el objetivo principal es analizar la asistencia económica de Estados Unidos (EU) en México por lo que es importante primero definir qué es la asistencia y qué objetivos cumplen cada una de éstas. Este aspecto es importante porque en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la injerencia estadunidense tuvo una de sus tantas expresiones en el financiamiento a ciertas organizaciones de la sociedad civil, potenciando a grupos opositores.

Asistencia extranjera

Desde la visión estadunidense, la asistencia extranjera fue establecida durante la Guerra Fría y al calor del triunfo de la revolución cubana en 1959. Así, en 1961, ya con la aplicación de la Alianza para el Progreso, la asistencia extranjera se definió como “cualquier artículo tangible o intangible proporcionado por el gobierno de Estados Unidos [donación, préstamo, venta, crédito o garantía] a un país extranjero u organización internacional, bajo esta o cualquier otra ley, incluyendo pero no limitado a cualquier capacitación, servicio o asesoramiento técnico; cualquier elemento de propiedad real, personal o mixta; cualquier producto agrícola, dólares de Estados Unidos, y cualquier moneda de cualquier país extranjero que son propiedad del gobierno de Estados Unidos”.[1]

Hay tres razones por las cuales se ha otorgado la asistencia desde que fue establecida: 1) seguridad nacional, 2) intereses comerciales y 3) preocupaciones humanitarias.[2] Sin embargo, desde 2006 el gobierno estadunidense utiliza distintas subcategorias para otorgar la asistencia extranjera –como: desarrollo bilateral, desarrollo multilateral, asistencia humanitaria, apoyo económico estratégico y militar y de seguridad.

Según lo anterior, podríamos entonces definir dicha asistencia como la aplicación del poder del Estado estadunidense para lograr la defensa de sus intereses y objetivos de seguridad nacional, que en gran medida son económicos, pues contribuye a fortalecer a los grupos de poder económicos. Las razones humanitarias, incluso, suelen ser una forma de otorgar recursos a empresas estadunidenses. Con lo anterior, la clase política y económica estadunidense mantiene su hegemonía y crea capacidades de injerencia en otros países. El monto del recurso aplicado en otro país e incluso, las instituciones del gobierno estadunidense que participan, va relacionado al grado de importancia que tiene.

Asistencia económica a México en el sexenio de AMLO

Históricamente, México no formó parte de los principales países que recibían financiamiento estadunidense dentro de la región latinocaribeña. Su participación fue marginal hasta que comenzó a aplicarse la Iniciativa Mérida en 2007, con la que Felipe Calderón se aventuró para declararle la guerra al narcotráfico.

A partir de 2007, EU financió varios programas que fueron definidos como prioritarios y que están en rubros como gobernabilidad, crecimiento económico, educación, infraestructura, entre otros. Según datos de Foreign Assistance (actualizados el 26 septiembre de 2024), en los últimos cuatro sexenios, fue el de Enrique Peña Nieto (2013-2018) el que recibió más asistencia económica o para el desarrollo (ver Gráfica 1).

Gráfica 1. Asistencia económica de EU a México (dólares de 2021)

Fuente: elaboración propia con datos de ForeignAssistance.gov

En México hay financiamiento que proviene de ocho departamentos, dos agencias y una fundación, como se muestra en el cuadro 1. Los más relevantes son el Departamento de Estado y la USAID, que en conjunto representaron el 96 por ciento del total de la asistencia económica de Estados Unidos en México en el periodo de AMLO.

Cuadro 1. Asistencia económica de EU a México por Departamento (2019-2024)

Departamento, agencia o fundación	Millones de dólares (2021)	%
TOTAL	1148.9	100
Departamento de Estado	776.2	68
USAID	327.9	29
Departamento del Trabajo	34.1	3
Fundación Inter-Americana	10.5	1
Cuerpo de Paz	8.3	1
Agencia de Comercio y Desarrollo	2.2	0
Departamento de Agricultura	1.2	0
Departamento de Justicia	0.7	0
Departamento de Energía	0.5	0
Departamento de Salud y Servicios Humanos	0.1	0
Departamento del Tesoro	0.0	0
Comisión Federal de Comercio	0.0	0
Departamento del Interior	0.0	0

Fuente: elaboración propia con datos de ForeignAssistance.gov

Principales rubros que financian USAID y Departamento de Estado

En cuanto al Departamento de Estado, es la Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Aplicación de la Ley, conocido por su sigla como INL, la que erogó 687.4 millones de dólares (constantes de 2021, sin la inflación para poder hacer series históricas), entre 2019-2024. La segunda oficina con más recursos del Departamento de Estado fue Población, Refugiados y Migraciones, y contó con un financiamiento de 82.3 millones de dólares en el mismo periodo.

En cuanto a la USAID, esta agencia tiene nueve oficinas que financian proyectos en México, y es la Oficina de América Latina y el Caribe la más importante, por dos razones: el monto y las organizaciones que reciben financiamiento. Esta Oficina recibió 323 millones de dólares en el sexenio de AMLO (98.5 por ciento del total de USAID).

Esta oficina es la que financia a asociaciones ligadas a la oposición política, como: México Evalúa, IMCO, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Artículo 19, Data Cívica, Cómo Vamos La Paz, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC, entre otros. En más de una ocasión, el expresidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que había pedido al gobierno de EU la aclaración por el financiamiento a opositores en México. La última carta fue en 2024. Ahora, con el gobierno de Claudia Sheinbaum se suma la solicitud de información por el secuestro del narcotraficante Ismael –el Mayo– Zambada, en el que estuvo presumiblemente implicada la DEA.

Como se ha detallado en otras investigaciones de Contralínea, en el IMCO, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Consejo Mexicano de Litigio Estratégico, entre otras organizaciones, confluyen los principales grupos de poder económico y fáctico del país y sus representantes, entre los que destaca Claudio X González Guajardo; también, empresarios prominentes de México, que se beneficiaron del periodo neoliberal (1982-2018). La red de poder constituida por estos grupos, como se muestra en la figura 1, llega al Consejo Mexicano de Negocios, a la Coparmex, a miembros del Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil, y son estos mismos grupos los que litigaron contra las reformas y proyectos impulsados por el gobierno de AMLO.

Figura 1. La red de poder contra la 4t

Fuente: elaboración propia con datos de ForeingAsisstance.gov

Oficina para AL y el Caribe, instrumento injerencista

Dentro de la USAID, es la oficina para ALC la que otorga el mayor financiamiento a varias organizaciones que instrumentaron proyectos contra el primer gobierno de la 4T. Dentro del marco de análisis de lo que se denomina guerra híbrida, uno de los aspectos que le dan forma es la proyección del poder blando (soft power). Andrew Korybko, quien ha teorizado sobre la guerra híbrida ofrece un marco de análisis en el que menciona que “Estados Unidos es precursor de una nueva estrategia para hacer guerra en el mundo multipolar: el ‘liderazgo velado’. Esto permite a EU tercerizar las operaciones de desestabilización a aliados regionales con ideas afines, si el blanco se considera muy caro o políticamente sensible para que EU persiga directa y unilateralmente”.[3]

Analizado así, esta oficina de la USAID ha financiado a organizaciones que han litigado contra el aparato de Estado –como las reformas al sistema de justicia–, han difundido noticias falsas, han contribuido a identificar ciertos factores psicológicos capaces de causar, cambiar o reforzar ciertos comportamientos y matrices de opinión contra el gobierno objetivo –en este caso, de la 4T–, y determinar los momentos políticos clave para lograr la mayor incidencia en la población. En otras palabras, han realizado una manufacturación de consenso para ganar “las mentes y corazones” de la población mexicana, y revertir el proceso de transformación nacional.

En la figura 2, se destacan algunas de las organizaciones y empresas que han tercerizado la asistencia del gobierno de EU en México y forman parte de la expresión del poder suave en el país. Antes, es pertinente hacer dos aclaraciones: 1) no todas las organizaciones sociales en México tienen financiamiento de EU o de poderes fácticos, por lo que siempre es relevante hacer esta distinción al momento de analizar el amplio espectro de organizaciones civiles, sociales y no gubernamentales en México, y 2) a partir de la llegada del gobierno de Joe Biden, hubo modificaciones en la estructura del gobierno, por lo que la National Endowment for Democracry (NED) dejó de informar a qué organizaciones otorga financiamiento. Es una gran opacidad pública de un país que se precia ser el “modelo de democracia” mundial.

Figura 2. Financiamiento de la Oficina de América Latina y el Caribe de la USAID (2019-2024)

Fuente: elaboración propia con datos de ForeingAsisstance.gov

El esfuerzo que realizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en las conferencias matutinas –1 mil 438 conferencias, más de 2 mil horas– sirvió para desactivar la manufacturación de consenso, evidenciar las noticias falsas, informar oportunamente a la sociedad cumpliendo con el derecho humano a la información, así como exhibir a los grupos de poder opositores, nacionales y extranjeros. Fue, en síntesis, un acto político cotidiano para desactivar la guerra híbrida en el país, que impuso la agenda política y mediática. Un acto que, sin duda, deberá estudiarse con mucho más detalle.

A pesar de este esfuerzo, el proyecto político-económico de la 4T tuvo varios reveses a lo largo de los casi seis años que gobernó López Obrador, y comenzó a tener más sentido cuando la ministra Norma Piña asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues judicializó las reformas propuestas por el expresidente, e impidió su aplicación –incluidas las reformas político electorales–, además de que la gestión de Piña propició la liberación de generadores de violencia. Por lo anterior, al impedir las primeras reformas político electorales (conocidas a la postre como el Plan A), se generó el Plan B que también fue judicializado y, comenzó a tomar forma el Plan C, un paquete de reformas que concatenan muchas de las luchas históricas del pueblo mexicano y que suben a rango constitucional, al obtener mayoría calificada en el Congreso. La judicialización de la política –que no lawfare– será el tema de la siguiente entrega.

[1] “Foreign Assistance: An Introduction to U.S. Programs and Policy”, Congressional Research Service, 10 de enero de 2022, p. 2, disponible en: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R40213

[2] Ibid, p. 4.

[3] Korybko, Andrew, Guerra Híbrida. De las revoluciones de colores a los golpes, Sao Paulo, Expresao Popular, 2018 [2015], p. 20.

30 de October de 2024

El abogado de Los Chapitos confirma que Joaquín y Ovidio Guzmán negocian un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos

Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se presentó hoy en una audiencia de revisión en la corte de Chicago, Illinois. Su abogado, Jeffrey Lichtman, confirmó que tanto Ovidio como su hermano Joaquín Guzmán López están en negociaciones con la justicia de Estados Unidos para llegar a un acuerdo de culpabilidad.

Guzmán, conocido como “El Ratón”, quien anteriormente se declaró no culpable, compareció para revisar el estado de su expediente y el avance en la recolección de pruebas. La audiencia, que duró aproximadamente 15 minutos, fue presidida por la jueza Sharon Johnson Coleman. Durante la sesión, la jueza preguntó a Guzmán si estaba consciente de un posible conflicto de intereses, dado que Lichtman también representa a su hermano. Ovidio respondió afirmativamente.

El acusado enfrenta cinco cargos relacionados con el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, en Chicago, de un total de 12 acusaciones en su contra en Estados Unidos.

Lichtman también comentó que los hermanos Guzmán buscan un acuerdo de culpabilidad, lo que podría incluir la cooperación con las autoridades a cambio de una reducción en sus condenas. Se especula que los “Chapitos” podrían estar dispuestos a colaborar en la captura de otros líderes del narcotráfico, como Ismael “El Mayo” Zambada.

El abogado de Los Chapitos confirma que Joaquín y Ovidio Guzmán negocian un acuerdo con Estados Unidos

Jeffrey Lichtman rompe el silencio en la primera comparecencia de El Ratón en Chicago tras la captura de El Mayo. Ambos hermanos tienen programada una audiencia conjunta el próximo 7 de enero.

Los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán sí están en negociaciones para colaborar con la justicia de Estados Unidos. Así lo confirmó este lunes el abogado de la familia Guzmán, Jeffrey Lichtman, quien puso fin a semanas de especulaciones en torno a un posible acuerdo de culpabilidad para Los Chapitos. Lichtman hizo las revelaciones en la primera audiencia de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, en un tribunal de Chicago, tras la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, su hermano mayor, a finales de julio. La jueza Sharon Johnson Coleman ordenó que se celebre una audiencia conjunta con ambos hermanos programada para el próximo 7 de enero.

Se trata de la primera vez que Lichtman, que representa a ambos hermanos, reconoce las negociaciones con las autoridades. Las versiones sobre una posible colaboración de Los Chapitos para traicionar y delatar a sus antiguos socios a cambio de una pena reducida ganaron fuerza en los últimos días, después de que los medios en México se hicieron eco de que Joaquín y Ovidio Guzmán han sido trasladados en las últimas semanas fuera de la cárcel. Tras una breve audiencia de unos 15 minutos, el abogado aclaró ante los reporteros que sus clientes siguen bajo custodia de Estados Unidos y achacó, en buena parte, los movimientos a cuestiones de seguridad de la prisión federal de Chicago.

El Mayo acusó en una carta difundida por sus abogados a Joaquín Guzmán El Güero, su ahijado, de secuestrarlo y entregarlo a las fuerzas de seguridad estadounidenses a cambio de mejorar la situación legal de su hermano, extraditado en septiembre del año pasado. Es posible que la audiencia en enero sea el final de meses de especulaciones en torno al pacto entre los herederos de El Chapo y Estados Unidos, en caso de que ambas partes pacten las condiciones para la rendición de los capos. En México, los hombres de El Mayo y la Chapiza libran una guerra por el control del Cartel de Sinaloa desde el pasado 9 de septiembre, que ha sembrado el caos y dejado miles de muertos en Culiacán y otros municipios, bastión histórica de la organización criminal. Zambada sigue su proceso judicial en Nueva York y compareció el viernes pasado ante la corte de Brooklyn, epicentro de la ofensiva judicial de Estados Unidos contra los carteles mexicanos.

Tras la publicación de la carta de El Mayo a mediados de agosto, Lichtman fue tajante y negó en repetidas ocasiones la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad. La última vez fue apenas el viernes pasado, cuando dijo a la cadena de televisión Telemundo que no había tal pacto. El abogado de Los Chapitos, que también defendió a El Chapo en su juicio de 2019, había sido cuidadoso a últimas fechas con lo que compartía a los medios. Sin embargo, conforme han avanzado las investigaciones sobre la captura de El Mayo, los Gobiernos de México y Estados Unidos aludieron que Los Chapitos han establecido negociaciones secretas y contactos informales con agencias estadounidenses desde hace años para concretar su rendición. Esa es la hipótesis más plausible detrás de la detención de Zambada, que se ha convertido también en la principal línea de investigación de las autoridades mexicanas.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió su propia investigación para esclarecer lo que sucedió en México durante las horas previas al arresto de El Mayo en un aeropuerto rural cerca de la ciudad fronteriza de El Paso. En su último comunicado, publicado el domingo, la FGR confirmó que Héctor Cuén, exalcalde de Culiacán y diputado federal electo, fue asesinado en la misma finca donde Zambada aseguró que fue secuestrado y maniatado por Los Chapitos. El capo de 76 años afirmó que fue sometido tras ser citado a una reunión con Cuén y su principal adversario político, el gobernador Rubén Rocha Moya.

Las autoridades ministeriales dieron a conocer que se encontraron rastros de sangre de Cuén en la escena del crimen, en las primeras revelaciones sobre pruebas materiales tras el magnicidio. En su anterior comunicado, de finales de agosto, la FGR vinculó a Ovidio Guzmán con el secuestro de El Mayo y dijo que estaba indagabando si participó como uno de los autores intelectuales que planearon el golpe contra su antiguo socio. No hubo un pronunciamiento en ese sentido en el último boletín del ministerio público. Joaquín Guzmán López es el principal sospechoso de la Fiscalía. Rocha ha negado cualquier vínculo con el narco.

Tras semanas de silencio, los casos abiertos contra El Mayo y Los Chapitos en Estados Unidos se vuelven a entrelazar. Los hermanos Guzmán fueron requeridos por la jueza a comparecer juntos por primera vez desde que El Güero se entregó el pasado 25 de julio. Zambada tuvo su primer encuentro en Nueva York con el juez Brian Cogan, el mismo que condenó a cadena perpetua a El Chapo en 2019 y a Genaro García Luna la semana pasada a 38 años. Se verá las caras otra vez con él el próximo 15 de enero, una semana después de que los hijos de su antiguo socio tengan su próxima vista en Illinois. Mientras sigue el juego de delaciones y traiciones sigue del otro lado de la frontera, Sinaloa arde. Se registraron otros nueve asesinatos en el Estado el pasado fin de semana, según datos oficiales.

21 de October de 2024
Todo un éxito encuentro con empresarios de México y EU: Sheinbaum les explica la reforma judicial y anuncia inversiones por 20 mil mdd en México

Foto: Presidencia de México

En el marco de la 14° edición de la US-Mexico CEO Dialogue, un espacio de encuentro entre líderes y empresarios de México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la reunión fue muy buena y anunció millonarias inversiones para el próximo año.

Fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el encargado de dar los detalles del diálogo, el cual consideró como productivo. Detalló que los anuncios de inversión que se realizaron hoy durante el evento rebasan los 20 mil millones de dólares.

🔴🔴¡Última hora! ¡Se vienen inversiones multimillonarias a México!
Tras reunirse con CEOs de grandes empresas de EU y explicarles claramente la Reforma Judicial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de economía, Marcelo Ebrard, anuncian inversiones… pic.twitter.com/etb7t8aFhn
— El gato político (@elgatopolitico_) October 15, 2024

Entre las empresas que anunciaron millonarias inversiones se encuentran 4 principales:

1. Pacific Mexico confirmó una inversión a inicios de 2025 de alrededor de 15 mil millones de dólares.
2. Royal Caribbean anunció mil 500 mdd para crear un proyecto de polo de desarrollo turístico en Mahahual, en Quintana Roo.
3. Amazon anunció que fortalecerá su red y su capacidad digital en México con 6 mil millones de dólares para 2025 y 2026.
4. Pemex anunció el desarrollo de un depósito de combustibles, con una inversión de 10 mil 400 mdd.

“En resumen, lo confirmado rebasa 20,000 millones de dólares y lo que podría ser para 2025 rebasa 30,000 millones de dólares. Nos fuimos por la (cifra) más conservadora porque es lo confirmado. Todavía tenemos que hacer el cierre del año”, precisó sobre las inversiones el secretario.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum tranquilizó a los empresarios aclarando puntos sobre la reforma judicial y aseguró que lo que se busca es garantizar estado de derecho para todos los ciudadanos, así como brindar “confianza” a inversionistas internacionales.

16 de October de 2024
Condenan a 38 años de prisión a García Luna, exsecretario de seguridad de Calderón, por vínculos con el narcotráfico

Foto: Especial

El juez de la Corte de Nueva York, Brian Cogan, dictó 38 años de cárcel para el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, García Luna, ello por sus vínculos con el narcotráfico.

De esta manera, García Luna será enviado a una prisión federal a Washington D.C. en donde cumplirá con su condena, a la que se le restarán los 5 años que ya lleva en prisión.

Durante la audiencia, el juez Cogan cuestionó el perfil de García Luna pues afirmó que él contaba con la confianza de los mexicanos al ser el encargado de la seguridad pública de México, por lo que estableció la doble vida que llevaba el funcionario en México.

🔴 ÚLTIMA HORA | Genaro García Luna, sentenciado a 38 años de cárcel por narcotráfico y delincuencia organizada

El antiguo zar antidrogas cae en la misma corte y ante el mismo juez que condenó a El Chapohttps://t.co/fNaZG7loaL pic.twitter.com/hs66uvILXz
— EL PAÍS México (@elpaismexico) October 16, 2024

Los fiscales lo señalaron no solo como colaborador del Cártel de Sinaloa, sino que «él era el Cártel», pues facilitó las operaciones de dicho grupo criminal y lo responsabilizaron de apoyar la carrera criminal de Joaquín «El Chapo» Guzmán.

16 de October de 2024
Sheinbaum endurece la relación México-Estados Unidos

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Las reglas del juego entre Estados Unidos y México han cambiado. En sus primeros 11 días de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió que no se reunirá con Joe Biden, sino que esperará al sucesor o sucesora para entablar la nueva relación bilateral. Al mismo tiempo, ordenó crear un canal diplomático de comunicación, que echa abajo la anarquía en la que operó por años la Embajada de Estados Unidos en nuestro país: ahora, el embajador sólo podrá comunicarse con el secretario de Relaciones Exteriores, y no como estaba acostumbrado a llamar a todos los secretarios de Estado y funcionarios federales, de acuerdo con los intereses y necesidades del vecino país. Además, en este breve periodo, ha insistido en que el gobierno estadunidense adeuda la información detallada sobre la detención, en nuestro territorio, del Mayo Zambada; y el secretario de Defensa envió un mensaje al vecino del norte sobre el tráfico de armas, y reveló que se pedirá revisar el Entendimiento Bicentenario que rige la cooperación en materia de seguridad. Y la primera mandataria dejó claro que no habrá marcha atrás en temas como el de Calica, maíz transgénico y glifosato

Once días de gobierno han bastado para delinear una nueva relación entre México y Estados Unidos. En este corto periodo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marcó un límite a la administración de Joe Biden, al restringir la comunicación del embajador Ken Salazar. A partir de ahora, éste sólo podrá comunicarse con el secretario de Relaciones Exteriores –Juan Ramón de la Fuente– para tratar toda su agenda, y no como lo hacía en el sexenio pasado, cuando hablaba con todos los secretarios de Estado y funcionarios federales de alto nivel, de acuerdo con las necesidades de su agenda.

Otra señal de esta nueva relación es el hecho de que la primera mandataria no acordara reunirse con su homólogo, el presidente Joe Biden, cuando sostuvieron una llamada telefónica; sino que esperará a conocer los resultados electorales que determinarán al sucesor –entre la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump–, para plantear una reunión bilateral de alto nivel.

A ello se suma que, en este breve periodo, la doctora Sheinbaum Pardo ha insistido al gobierno estadunidense que entregue la información detallada de la detención, ocurrida el pasado 25 de julio en territorio mexicano, del narcotraficante y hasta entonces líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Mayo Zambada. En el contexto del reclamo, la jefa del Ejecutivo federal ha reiterado que esa captura –organizada unilateralmente por el vecino país del norte– es la que desató la violencia en la entidad sinaloense.

Pero éste no ha sido el único reclamo de su administración. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, envió un mensaje fuerte sobre el tráfico de armas, al advertir que Estados Unidos debe entender que los flujos armamentistas contribuyen a la violencia que aún enfrenta México, por lo que se le exige compromiso para detener este mercado negro. De hecho, también reveló que una de las instrucciones de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas es que se solicite a EU revisar el Entendimiento Bicentenario, que rige la cooperación en materia de seguridad.

Aunado a ello, la presidenta de la República ha aclarado que en su gobierno no habrá marcha atrás en temas como el de Calica, y la prohibición del maíz transgénico y el glifosato, que para el vecino país del norte han sido banderas en defensa de los intereses de las trasnacionales estadunidenses afectadas por estas decisiones.

FOTO: CORTESÍA/CUARTOSCURO.COM

Nuevas reglas a la embajada estadunidense

El 10 de octubre pasado, el secretario Juan Ramón de la Fuente se reunió con el embajador estadunidense Ken Salazar, tal como lo acordaron en una llamada telefónica, el pasado 4 de octubre, la presidenta Sheinbaum y el presidente Biden. En ese encuentro, México fijó nuevas reglas para la relación del diplomático estadunidense con la actual administración.

“Se establecieron una serie de lineamientos, digamos, generales; porque a veces el embajador acostumbra a llamar a un secretario, otro secretario, otro secretario. Entonces ahora le dijimos: ‘bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con la Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadunidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la cancillería’. Fueron algunos de los lineamientos que se establecieron el día de ayer, y eso ordena de manera muy importante la relación”, indicó la presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina del pasado 11 de octubre.

Aunque se trata de una medida severa que restringe el actuar del embajador a favor de nuestra soberanía nacional, la primera mandataria suavizó la decisión al indicar: “nosotros tenemos buena relación con todos los países del mundo, con todos, y siempre va a ser así. Y, además, nuestra manifestación en favor de la paz, siempre la no intervención y la autodeterminación de los pueblos”.

Los lineamientos impuestos a Ken Salazar se dan luego de que éste y el expresidente de México tuvieron varios desencuentros, a grado tal de que Andrés Manuel López Obrador pausó la relación con el diplomático. Ello, luego de que Estados Unidos se negara a proporcionar toda la información relacionada con la captura del Mayo Zambada –pues su gobierno mantuvo la sospecha de que ésta se dio en suelo mexicano por agentes de la DEA, lo que habría violado la soberanía–, y de que Ken Salazar se entrometiera en el tema de la reforma judicial, cuando ese es un asunto que sólo le compete a los mexicanos.

De la reunión entre De la Fuente y Salazar, la única información que se reveló fue la que compartió la presidenta de la República: hasta el cierre de esta edición, ni la SRE ni la Embajada estadunidense emitieron pronunciamientos. Y de lo que indicó la primera mandataria, se desprende que el único canal de comunicación que mantiene abierto el gobierno federal con el embajador es Juan Ramón de la Fuente, por lo que todos los temas estadunidenses pasarán por ese filtro que le rendirá cuentas directamente a la doctora.

FOTO: CUARTOSCURO.COM

Captura del Mayo mantiene tensión bilateral

El 9 de octubre –un día antes de este encuentro entre el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador Salazar–, la presidenta Sheinbaum expuso en su conferencia matutina que no tiene pensado reunirse pronto con su homólogo Joe Biden, y que en la llamada telefónica que sostuvo con él, esa posibilidad ni siquiera se planteó.

Este detalle no es menor. La administración de Biden está por concluir, y el gobierno de México estaría dando por terminada prácticamente esa relación, en espera de que, en noviembre próximo –cuando ya se sepa quién gobernará la nación vecina–, se establezcan las reglas del juego entre ambos países: “¿qué es lo que pasa? Que hoy está la elección en Estados Unidos; entonces. nosotros somos muy respetuosos de la elección. Por supuesto que la coordinación es con el presidente Biden y va a seguir esta coordinación. [Pero] el 5 de noviembre es la elección en Estados Unidos y luego se llevan su tiempo para la calificación de esa elección, y nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos, y se mantiene la coordinación”, declaró Sheinbaum Pardo.

La relación bilateral que se establezca con el próximo gobierno estadunidense pasará por la exigencia del gobierno federal para que Estados Unidos entregue toda la información de la captura del Mayo Zambada. Ello, porque el mismo 9 de octubre, en su conferencia, la titular del Ejecutivo federal reiteró la necesidad de esa cooperación.

Al respecto, la primera mandataria recordó que si bien la relación de México con Estados Unidos no se pausó por esta falta de información: “lo que se suspendió fue la visita del embajador al presidente de la República [López Obrador], por la acción en Sinaloa [del 25 de julio, cuando el líder del Cártel de Sinaloa fue detenido], en donde nunca se consultó al gobierno de México, ni se coordinó, sino que fue una acción que todavía hasta ahora no tenemos toda la información de cómo ocurrió esa detención”.

Esa no era la primera vez que la presidenta Sheinbaum reclamaba a Estados Unidos por este tema. Un día después de asumir el mando, el 2 de octubre, declaró en su primera conferencia matutina que su gobierno sí va “a seguir pidiendo información de estas detenciones que hubo en nuestro territorio”.

Y posteriormente indicó que Estados Unidos no puede presionar a su administración, luego que le consultaron si había tal situación por el tema de la reforma judicial. “México es un país libre, soberano, independiente. Y nos coordinamos, mas no nos subordinamos, como lo dije ayer”. Y es que el 1 de octubre, durante su toma de protesta, envió un claro mensaje de que México defenderá su soberanía e independencia.

Para el 8 de octubre, nuevamente regresó al tema de la captura del Mayo Zambada; esta vez, sin que mediara ninguna pregunta de la prensa. Ese día, declaró: “hay que recordar en el tema de Sinaloa, solamente, cómo es que Sinaloa tiene este incremento en los homicidios: a la fecha –lo que nos informó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que tenía la Secretaría de la Seguridad– es que todavía no se recibe la información suficiente por parte del gobierno de Estados Unidos de esa detención, que se sigue solicitando. Se va a reunir el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador, el embajador va a la cancillería, y es uno de los temas, que se dé la información”.

Tráfico de armas

En este breve periodo de 11 días de gobierno, las señales de un ajuste en la relación México-Estados Unidos no sólo han venido de las declaraciones de la presidenta, sino también de algunos integrantes de su gabinete. Ejemplo de ello es el reclamo que hizo el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, el pasado 8 de octubre, sobre el tráfico de armas.

“En el sexenio pasado se hicieron esfuerzos muy grandes para que Estados Unidos entendiera que parte del gran problema que tenemos en México de la violencia es producto del armamento que viene de Estados Unidos. En ese sentido, se incluyó en el Entendimiento Bicentenario –creemos que, por primera vez– ese tema en donde se les hace ver que es necesario que implementen acciones”.

En la conferencia presidencial de ese día, el general secretario agregó: “hemos recibido instrucciones [de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas], y se está analizando también dentro del Gabinete de Seguridad, que hay que revisar ese instrumento para que se continúe, se actualice y reforzar las acciones”.

De las palabras del general Trevilla Trejo se desprende que México solicitará a Estados Unidos revisar los términos en los que se da la cooperación en materia de seguridad, poniendo por delante los intereses de nuestro país.

“Dentro de todo lo que se hace es que se proporciona información directamente a Estados Unidos por las partes que deban de ser, por las partes correspondientes, respecto al armamento que se asegura, que aseguran las dependencias del Gabinete de Seguridad. Entonces, ese es un tema que no se puede dejar, va a seguir”, indicó el titular de la Sedena.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Freno a los intereses desmedidos de EU: caso Calica

Además de las declaraciones del general secretario, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, ha dado muestras de que México no cederá en terrenos en los que avanzó el expresidente López Obrador. Uno de esos asuntos es el de Calica, en el que la secretaria advirtió que no hay expropiación, pero la empresa no podrá, nunca más, explotar los bancos piedra. Además, reveló que la compañía estadunidense ha mentido no sólo a México, sino también a la SEC y al tribunal internacional donde se ventila su caso.

“Calizas Industriales del Carmen es una empresa filial de Vulcan Materials, dedicada desde 1986 al aprovechamiento y explotación de roca caliza y sus agregados pétreos; principalmente, piedra triturada, arena y grava. Es un desastre ecológico porque se extraía caliza para exportarla a Estados Unidos para construir carreteras, y la explotación de roca caliza se fue incluso por debajo del manto freático, de una zona que está, tiene un ciclo hidrológico muy importante, llena de cenotes, una cárstica, y se ha ocasionado una gran devastación ambiental y graves desequilibrios ecológicos en esta región. Quería darles un poco cuál es la dimensión, son mil 200 hectáreas lo que se ha explotado en este caso”, indicó en la conferencia presidencial del 11 de octubre.

Como en muchos casos que implican a empresas estadunidenses, en el asunto Calica-Vulcan Materials el gobierno de Estados Unidos y legisladores de ese país han buscado influir en México para evitar el cierre de la mina. Hasta ahora no lo han logrado.

La secretaria Alicia Bárcena señaló que “la empresa ha dado una serie de declaraciones falsas; entre otras, dice que tiene todos los permisos. No es verdad. En segundo lugar, negó sobrexplotar la extracción de piedra caliza. Se sobrepasó en la extracción y los permisos que se le dieron en 1986. Luego, se les otorgó otro permiso en 2000 que les extendió el permiso por 20 años. Ellos ya no tienen permiso desde diciembre de 2020. Explotaron, además, 140 hectáreas de extensión con una profundidad hasta de 12 metros, invadiendo realmente el manto freático.

“Declararon que había siete cenotes, y cuando se hizo una visita se encontraron sólo cuatro, quiere decir que destrozaron al menos tres. Y afirmaron tener todas las concesiones de agua, y solamente tenían una, que nunca actualizaron y que fue justamente utilizada esa agua para incluso ir más abajo del manto freático. Simularon incluso ante el tribunal internacional que tenían todos los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en las zonas arqueológicas. Y yo diría, lo más delicado también para México es que reportaron a la autoridad financiera de Estados Unidos en la bolsa [SEC] –porque es una empresa que cotiza en bolsa– el doble de reservas de material pétreo que reportan en México, para poder evadir impuestos”.

De acuerdo con la titular de la Semarnat, luego de que el gobierno de López Obrador les prohibió la extracción de piedra caliza del subsuelo de Playa del Carmen y Cozumel, Quintana Roo, Vulcan Materials demandó a México con base en el TLCAN –no en el T-MEC, que es el acuerdo vigente–, por más de 1 mil 500 millones de dólares. Ello, a pesar de que la Semarnat y la Profepa confirmaron los daños ecológicos, el impacto al sistema hidrológico subterráneo 20 veces más del volumen autorizado.

Otra de las mentiras diseminadas por la empresa, dijo Bárcena, es que se le está expropiando el terreno. “No, no estamos expropiando: su terreno sigue siendo de ellos, lo único que sí estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza, eso sí. Es decir, tendrán que restaurarlo, producir bosque, o a ver qué hacen, pero caliza no”.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Transgénicos y glifosato

Al igual que en este caso de Calica, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado el freno a la industria agroalimentaria que atenta contra la salud de los mexicanos. Tal como avanzó la pasada administración de López Obrador, la presidenta declaró que no hay marcha atrás en la prohibición del maíz transgénico para consumo humano y del herbicida glifosato.

“Avanzaremos en la soberanía y la autosuficiencia alimentaria. Como dice el presidente, dar de comer a quien nos da de comer. No permitiremos la siembra de maíz transgénico. Andrés Manuel López Obrador, como dice Andrés Manuel López Obrador, no permitiremos la siembra del maíz transgénico, seremos autosuficientes, no sólo en maíz blanco, sino en frijol y en otros cultivos”, señaló Sheinbaum Pardo en su toma de protesta, el 1 de octubre pasado.

14 de October de 2024
Condenan agente de la CIA asignado a México por drogar abusar sexualmente de más de 28 mujeres

Estados Unidos condenó a 30 años de prisión al exagente Brian Jeffrey debido a que abusó sexualmente a más de 28 mujeres, entre ellas, algunas mexicanas.

Este miércoles 18 de septiembre, el nombre de Brian Jeffrey acaparó la gran mayoría de las portadas de diarios de renombre, luego de que este exagente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) fuera detenido por abusar a más de 28 mujeres, durante las misiones que cumplía en diferentes partes del mundo, entre las que se encontró México.

De acuerdo con la información proporcionada por la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, quien se encargó de dictar una sentencia de 30 años, el experimentado exagente de la CIA engañó a un sinfín de mujeres fingiendo ser un hombre amable y educado; no obstante, una vez en sus diferentes apartamentos, drogaba a las víctimas por medio de vino y bocadillos, para después realizar sus fechorías.

Todas estas acciones quedaron plasmadas en una colección que guardaba de más de 500 fotografías de las mujeres al desnudo; además, en la gran mayoría de estas mostraba como tocaba o montaba los cuerpos inconscientes de las víctimas.

Por tal motivo, la propia jueza Colleen Kollar-Kotelly calificó a Brian Jeffrey como un depredador sexual que se aprovechó durante años de su cargo en el gobierno para pasar desapercibido y en lugar de “salvaguardar a la población”, como debería de haber hecho, simplemente “causó un terrible daño” a diversas chicas.

Las palabras de la jueza al imponer la sentencia fueron:

“Cuando este depredador sexual era empleado del gobierno, atraía a mujeres inocentes a su vivienda alquilada por el gobierno y las drogaba. Después, las desnudaba, abusaba sexualmente de ellas y las fotografiaba… Va a tener mucho tiempo para pensar en esto”.

¿Quién es Brian Jeffrey y de qué se le acusa?

Según se sabe, Brian Jeffrey se declaró culpable en noviembre de 2023 por cargos de abuso sexual, contacto sexual abusivo, coerción y distribución de material pornográfico. Todo esto, comenzó desde el año 2006, es decir, hace casi 20 años; además de que sus crímenes se extendieron a lo largo de su carrera en México, Perú, y más países, siempre con un modus operandi similar.

Las acusaciones señalan que el exagente de la CIA conocía a las víctimas por la aplicación Tinder u otras plataformas de citas, para después programar una cita en el apartamento que el Gobierno de Estados Unidos alquilaba para su estancia en cualquier país.

Una vez ahí, Brian Jeffrey drogaba a las mujeres por medio del vino y bocadillos, por lo que cuando estaban inconscientes pasaba horas con los cuerpos desnudos, cometiendo diversos abusos y tomando cientos de fotografías con diferentes posiciones; incluso, en algunas instantáneas les abría los párpados y les colocaba los dedos dentro de la boca.

Colleen Kollar-Kotelly continuó:

“La sentencia de hoy garantiza que el acusado será identificado como delincuente sexual de por vida y pasará una buena parte de su vida entre rejas”.

Por su parte, la fiscal general adjunta y jefa de la División Penal, Nicole Argentieri, remarcó que el exagente de la CIA dijo estar agradecida con el gobierno mexicano, incluso aseveró que espera continuar trabajando con los diferentes socios nacionales e internacionales para lograr la mejor de las justicias para las víctimas de explotación sexual.

Cabe recordar que la investigación contra Brian Jeffrey se suscitó a partir de 2020, después de que una mujer desnuda fuera vista gritando desde el balcón de la casa del exagente en la Ciudad de México, por lo que rápidamente la Embajada del país americano en México pidió, a cualquiera que tuviera información del caso, aportar lo que se supiera.

En tanto, la mujer en cuestión dijo después que no recordaba lo que sucedió, simplemente subrayó que perdió el conocimiento tras consumir alimentos y bebidas proporcionadas por el exagente, por lo que ahí fue donde se empezó a analizar el modus operandi, el cual más tarde fue confesado por el hoy culpable.

Víctimas de Brian Jeffrey narran terribles experiencias

Conforme la investigación avanzó, una por una fueron identificadas las víctimas de Brian Jeffrey, por lo que narraron ante el tribunal cómo fue que el experimentado exagente trastocó sus vidas; algunas de estas señalaron que solo se enteraron de lo que sucedió después de que las autoridades de Estados Unidos mostraron las fotografías de las agredidas, es decir, ni siquiera sabían lo que había pasado con ellas.

Una de las víctimas comentó:

“Mi cuerpo parece un cadáver sobre su cama… Ahora tengo estas pesadillas en las que me veo a mí misma muerta”.

Otra más confesó haber tenido una crisis nerviosa, incluso explicó que cayó en un trance recurrente que le hacía pasarse las señales de auto cuando conducía, por lo que argumentó que espera que Brian Jeffrey pague sus delitos.

“Espero que las consecuencias de sus actos lo atormenten el resto de su vida”.

Del lado del exagente, este únicamente se dijo arrepentido y coincidió en que ninguna de sus disculpas jamás podrán ser suficientes para reparar los daños.

“Traicioné todo lo que defendía y sé que ninguna disculpa será suficiente jamás… No tengo palabras para describir lo mucho que lo lamento. No soy así y, sin embargo, me convertí en esto”.

20 de September de 2024