RegeneraciónMx, 23 de julio de 2022.- Cuando el agua escasea en las llaves de los hogares, las escuelas y las oficinas aún queda la esperanza de encontrarla en un anaquel, embotellada y etiquetada con una marca y un precio. Pero, ¿no se supone que los gobiernos deberían proporcionarla en condiciones aptas para el consumo humano? ¿No se supone que se podría tomar directamente del grifo sin riesgo a enfermedades? ¿Por qué hay que pagar por un garrafón para poder consumirla y, a parte, pagar al sistema de aguas por líquido para lavar, trapear y bañarse?
En la década de los 80 bastaba con abrir la llave para tomar agua después de la escuela o para llenar la licuadora y cocinar sopa. Pero, a inicios de los 90 todo cambió: el agua empezó a venderse en garrafones y surgieron algunas campañas «de salud» en contra del agua de grifo.
¿Por salud?
Si bien es cierto que las enfermedades gastrointestinales como cólera, tifoidea y rotavirus —por mencionar algunas— se adquieren tras consumir agua o alimentos contaminados con materia fecal, también es real que la prevalencia de éstas ha bajado gracias a las vacunas y los medicamentos, y no precisamente porque la gente haya cambiado el grifo por el garrafón.
Y es aquí donde viene el primer «pero» de los gobiernos mexicanos. La población no confía en el agua de grifo, porque las autoridades no han implementado, desde hace sexenios, alguna campaña o algún sistema de información sobre la calidad del agua que proporcionan. Únicamente hay, por todos lados, mensajes de conservación, pero nada que regrese la confianza de la gente.
La propia Constitución Mexicana establece que el agua es un derecho humano. «Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible«, dicta. Pero, los mexicanos con posibilidades prefieren comprarla embotellada antes que confiar en la que manda el Sistema de Aguas.
Cabe destacar que el costo que se le paga al Sistema de Aguas es por el traslado desde el acuífero hasta la llave, la demanda total de agua y las cargas comerciales y operativas (como servicios administrativos y de mantenimiento), pero principalmente, por el tratamiento que se le da para eliminar contaminantes y hacerla potable. Entonces, si los mexicanos ya pagan por recibir agua consumible, ¿por qué compran más agua en botella?
El presunto culpable
¿Cuándo embotellaron el agua? A partir del 1 de diciembre de 1992, cuando el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari aprobó la Ley de Aguas Nacionales. Una ley que le cedió a las empresas privadas los derechos de las presas y canales, y permisos para explotar fuentes acuíferas.
Apenas unos meses después y por decreto de Salinas de Gortari, en febrero de 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), convirtiéndose en la única y discrecional autoridad. De tal manera que las concesiones y asignaciones sólo le corresponderían (y siguen correspondiendo) a ella. ¿Incorruptible?
Desde entonces, por la dirección de Conagua han pasado varias «casualidades». El primero al mando fue Fernando González Villarreal, pero años más tarde, en el sexenio de Vicente Fox entró al ruedo Cristóbal Jaime Jáquez, quien ha sido directivo de Femsa (Coca-Cola), de la Corporación Industrial Escorpión (integrada por empresas embotelladoras) y de Lala.
Se ha favorecido a las industrias y, por supuesto, a los amigos. Entre ellos a los cercanos a Salinas de Gortari, como la empresa Bachoco y los parques temáticos Xcaret, en Yucatán. Incluso, según un texto publicado por La Jornada en agosto de 2006, Jaime Jáquez permitió a la empresa Lala explotar 250 pozos en Cuatrociénegas, Coahuila.
En 2021, durante el foro El derecho humano al agua: avances y retos en el Senado, Elena Burns Stuck, subdirectora general de Administración del Agua de la Conagua, dijo que desde 1992 y hasta ese día se habían otorgado 518 mil concesiones. Y eso no es todo, sino que todas han sido bajo la presión de los tribunales.
“Los tribunales dicen, no importa si hay veda, no importa si hay daños a terceros o si no hay disponibilidad del líquido, la Conagua está obligada a otorgar permisos. En este momento, en toda la nación y en nuestras oficinas centrales, se están otorgando concesiones al mayoreo en acuíferos y cuencas sobrexplotadas. (La Conagua) está obligada a otorgar concesiones en acuíferos y cuencas sobrexplotadas por órdenes de tribunales que nos dan 24 o 72 horas para otorgarlas, y si no lo hacemos nos aplican sanciones que van desde multas descontadas del salario del funcionario, inhabilitación o prisión”, dijo la funcionaria.
Hay problemas como sobreconcesionamiento de más de 200 cuentas y acuíferos, que haya compradores que apartan metros cúbicos por año sin siquiera un estudio de campo y que existan pozos fantasma para adquirir recursos públicos a diestra y siniestra.
Las grandes del agua
Mientras la industria posee los derechos del agua, hay millones de ciudadanos mexicanos que no ven una sola gota y, por tanto, se ven obligados a contratar pipas o comprar garrafones para actividades tan básicas como bañarse o lavar alimentos.
Lo peor de todo, quizás, es que las más favorecidas con esta ley han sido empresas extranjeras. Por ejemplo, hasta 2017, Agua.org estimó que las marcas con mayor venta en México eran Bonafont (de la francesa Danone), con 2.5 millones de litros al año; y las estadounidenses Ciel (de Coca-Cola), con 2.3 millones de litros anuales, y E-Pura (de Pepsico), con más de 2.1 millones de litros.
En conjunto, estas élites controlan unos 730 mil millones de litros de agua. Mientras que, Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo y Aga controlan otros 133 mil millones de litros de agua al año. ¿Y los mexicanos que por años han cumplido con sus cuotas? ¿Seguirán en silencio? ¿Qué está haciendo el Gobierno obradorista al respecto? ¿Qué se le puede exigir?
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