En 2023 se eligirá al nuevo gobernador en Coahuila, por lo que las y los candidatos podrían enfocarse en los municipios con mayor numero de personas en la lista nominal, entre ellos destacan los municipios de Saltillo con 630,574 personas en la lista nominal, seguido de Torreón con 532,590 y Monclova con 176,960.
El ‘lawfare‘ está tristemente de moda en América Latina. Por ese motivo, en la más reciente entrega de su programa Cara a Cara, el periodista Clodovaldo Hernández conversó con la abogada, escritora, articulista y profesora Ana Cristina Bracho, quien sostiene que esta táctica es la nueva manera de perpetrar golpes de Estado.
En su opinión se trata de la puesta en circulación de «as nuevas formas de obtener el poder de una manera diferente a las elecciones libres», visto el descrédito en el que cayeron los golpes de Estado, que en el siglo XX tuvieron como protagonistas al estamento militar.
Bracho destacó que el reemplazo de esta práctica en favor del sector judicial se produjo a raíz del inmenso cuestionamiento tras el Plan Cóndor.
«Esto ofrece ciertas ventajas: permite deponer mandatarios, permite evitar que una fuerza llegue al poder mediante el mecanismo mediante el cual sus principales líderes son sacados de la carrera electoral y también evita los cuestionamientos que adjuntaron en el siglo XX las formas de golpes de Estado militares concentradas normalmente en el irrespeto a los derechos humanos», explicó.
La especialista advirtió que el camino de hacia el ‘lawfare’ está acompañado de una retórica particular. En general, apuntó, se señala instrumentalmente a «un líder como corrupto», en el marco de una lucha global contra la corrupción, con el objetivo de cerrar «la vía electoral de una persona».
El ‘lawfare’, más que guerra judicial
Ana Cristina Bracho indicó que en contraste con el sistema de justicia, que «tiene una manera de ser que se rige por los principios fundamentales, tanto de la Constitución como de las leyes y tratados internacionales», el ‘lawfare’ requiere de la alianza con los medios de comunicación para consumarse.
«Normalmente, las jugadas del ‘lawfare’ son precedidas por una jugada de culpabilización que no es jurídica sino un señalamiento mediático», puntualizó. A su parecer, «los casos más visibles, que fueron los de Dilma Rousseff, Lula da Silva y ahora el de Cristina Fernández», tienen en común ser «causas muy repetitivas en lo mediático y muy débiles en lo jurídico».
Así, esta alianza entre la prensa y el Poder Judicial se traduce en «un expediente que no se ventila dentro de los tribunales» sino en los medios, porque el compromiso de esas instancias es con sectores económicos, que han aprovechado que dentro «de la estructura tradicional del Estado», el Poder Judicial es «el único que no es electo popularmente».
«Los jueces representan a unos sistemas políticos o económicos que son de segundo grado, normalmente vinculados con los factores que se oponen a los movimientos populares, que son los que denuncian la persecución por la vía del ‘lawfare’», completó.
Golpes parlamentarios y ‘lawfare’
La académica puntualizó que hay opiniones divididas acerca de considerar o no los llamados golpes parlamentarios como ‘lawfare’, pero en su opinión, lo que se ha aplicado para remover del poder a presidentes como Fernando Lugo y Dilma Rousseff, se distingue claramente de las persecuciones judiciales de las que han sido objeto políticos como Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner.
«A diferencia de lo que pasó con Dilma, con Lula hablamos claramente de un ‘lawfare’, con aquella acusación en un juicio que se cae, donde una de las características, si queremos ver, es que no tenemos jueces normales», abundó.
Esa ausencia de normalidad la deriva de la Teoría Política Clásica, que justifica la designación de sus miembros a partir de la discreción, lo que claramente se violó en los casos de Da Silva y Fernández.
«Recordemos cómo en el caso de Lula, los jueces terminaron siendo ministros y ahorita, en el caso de Cristina, cómo los vemos asociados con el grupo Clarín y también, precisamente, en una dinámica política de ‘lawfare’».
Sobre la reciente remoción de Pedro Castillo por el Congreso peruano, recalcó que el país andino tiene unas características particulares, pues la crisis política no se desencadenó con este incidente sino ha sido constante.
«Creo que tenemos que distinguir estas jugadas, porque nosotros vemos cómo las presidencias en Perú se han sucedido en cuestión de meses, frente a lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, donde tenemos una persecución judicial que ya tiene varios años (…). El Poder Judicial recibe una gran cantidad de causas contra Cristina Fernández por casos que habían pasado por el Congreso y en los que, de ser cierto que había una asociación para delinquir, debería haber otros que están asociados, que no los observamos».
El «falso derecho», la táctica de guerra empleada contra Venezuela
Bracho considera que más que ‘lawfare’ o golpes parlamentarios, contra Venezuela se desencadenó una guerra jurídica, concepto desarrollado por algunos autores de la doctrina militar estadounidense «que plantea que (…) es la utilización del derecho –o de un presunto derecho–, para obtener lo que de ordinario se obtiene por la guerra convencional», lo que se complementa con la noción de «falso derecho» propuesta por Alfred de Zayas.
«En el caso de Venezuela, me gusta invitar a que pensemos que hay una guerra jurídica a través de la utilización de un falso derecho, que tiene su cúspide en la figura del gobierno interino, en la cual, por la repetición de una supuesta falta absoluta de poder, se hace una persona que no fue electa como presidente, pero que legitima acciones económicas contra el país, que van a impactar en el despojo de nuestros bienes», tal y como sucedió en los casos de Citgo y Monómeros, argumentó.
Así las cosas, el así llamado falso derecho «legitima figuras» que garantizan el expolio de una nación y modificar las relaciones comerciales del país, es decir, dos de los «objetivos tradicionales» de las guerras: «reordenar el comercio e incidir para tomar riquezas».
A esto sumó «la utilización de intentos de judicialización», en los que organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) sirvió de «altavoz» para el interinato, al punto que le permitió llegar «a esferas como la Corte Penal Internacional».
«Desde esa lógica, en Venezuela ha habido una gran operación de guerra jurídica, porque la vemos que los efectos de estas acciones tienen la dimensión de una guerra», enfatizó.
Un caso que, desde su perspectiva, ilustra muy bien las dimensiones de la guerra jurídica contra Venezuela: el avión de Emtrasur retenido ilegalmente en Argentina por órdenes de la justicia estadounidense, porque «explica las anormales relaciones del Poder Judicial frente a los otros poderes».
«Normalmente estas figuras crecen sobre la vía de que el Poder Judicial es independiente, pero el Poder Judicial forma parte indivisible de un Estado», porque en el caso de autonomizarse de ese Estado, acaba sucediendo lo que hoy puede verse en Argentina, donde hay quienes dicen que hay una dictadura judicial de derecha que convive con un gobierno de izquierda electo popularmente, pero con maniobrabilidad limitada.
En el caso de Emtrasur, claramente se observa esta primera dimensión, pero también otra que niega la soberanía de Venezuela para comprar un avión, la de Irán para vendérselo y «una negativa de soberanía de Argentina de aplicar su derecho y mantener sus relaciones con Venezuela».
Empero, pese a las evidentes dificultades, en su opinión, el caso fue manejado «inteligentemente» por el Ejecutivo, que optó por «mantener la relación política», al tiempo que se produjo el sobreseimiento de las causas contra la tripulación venezolano-iraní, aunque sin que mediaran «acciones que compensen moralmente los daños que sufrieron»
«Pero queda el tema del avión que fue objeto de un secuestro a favor de un tercer país, que quiere limitar el derecho al comercio de tres países en un solo hecho», completó.
Bracho sostuvo que los riesgos internos no han desaparecido, pues si bien es verdad que el cambio constitucional fue un paso importante que ofreció al país un margen de maniobra para ejercer un «control constitucional eficiente» frente a la guerra jurídica, aún el Poder Judicial tiene importantes deudas por saldar.
«No podemos ver que, por esto, nosotros no tenemos riesgos políticos y, además, riesgos sociales. La gran lucha en Venezuela en este momento tiene que ser por la justicia, desde la justicia y pasa por la reforma de buena parte de las normas judiciales», concluyó.
Ciudad de México. “Nunca más nuestras instituciones en manos de una élite, de una burocracia dorada. Ahora que el INE se fortalece y dignifica, estará por fin al servicio del pueblo”, aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tras la elección de cuatro consejeros electorales por insaculación.
A través de Twitter reconoció “la labor y el compromiso de las diputadas y diputados federales, quienes esta madrugada, en un hecho histórico, mediante insaculación transparente y ordenada eligieron a Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences, Arturo Castillo Loza como consejeros del INE y a Guadalupe Taddei Zavala como primera presidenta del consejo general del instituto electoral”.
Sus nombres fueron extraídos de una tómbola en la Cámara de Diputados –método que recomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar “un enjuague” entre los partidos– y fueron cantados por el presidente de la mesa directiva, Santiago Creel Miranda (PAN).
Los consejeros electorales insaculados ocuparán el cargo hasta abril de 2032.
En la más reciente encuesta de Parametría a habitantes del Estado de México, Delfina Gómez, candidata de Morena por la gubernatura del estado aparece con 20 puntos de ventaja sobre Alejandra Moral, candidata de la Alianza Va por México.
Al preguntar a las personas encuestadas “Si hoy fuera la elección para gobernar el Estado de México, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?”, los resultados fueron:
En el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde Gómez fue Presidenta Municipal entre 2009 y 2012, la morenista lleva una ventaja de 22% frente a Alejandra del Moral, recibiendo 48% del total de los votos, frente al 26% de su contrincante más cercana.
Por su parte, en Texcoco, donde fue Presidenta Municipal de 2013 a 2015, obtiene 52% de las preferencias, mientras que Del Moral obtuvo solo 25%.
Otra pregunta de la encuesta analiza un panorama en donde sólo Defina Gómez y Del Moral aparecen como candidatas, quitando de la ecuación a Juan Zepeda, y los resultados obtenidos son:
Ante la pregunta de “¿Qué es lo mejor para el Estado de México, que siga gobernando el PRI o que gobierne un partido diferente?” en esta última encuesta el 73% de los resultados dijo estar a favor de que gobierne otro partido, y 20% que continuara el PRI.
Esta encuesta se realizó en el mes de febrero.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, se extralimitó al admitir la controversia constitucional en materia electoral presentada por el INE, consideró Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la República señaló que se excedió porque, en los hechos, se convirtió en Poder Legislativo al anular la decisión que tomaron los diputados y los senadores. “Puede haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo”.
En ese contexto, indicó que “hay un plan C, que no estén pensando que ya terminó todo”, en referencia a esta decisión de la Corte que se perfila a la violación del artículo 105, fracción I, de la Constitución Mexicana. Explicó que ese plan C es “que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”.
El titular del Poder Ejecutivo federal explicó que el plan C se aplicó en las elecciones presidenciales de 2018: “fue el pueblo el que dijo: ‘basta’, y se inició la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país. Y hemos avanzado muchísimo limpiando de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras, pero como se está llevando a cabo esta transformación respetando la división, el equilibrio de los poderes, porque hay un auténtico Estado de derecho, no como antes, que lo que había era un Estado de chueco, una república simulada, donde una minoría era la que mandaba en México… ¿Cuándo se había visto que le rechazaran en la cámara, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte una ley al presidente? ¿Cuándo, si todo era: ‘Sí, señor, lo que usted diga, señor’? ‘¿Qué horas son? Las que usted quiera, señor’”.
En el caso de la Corte y la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral contra el llamado plan B de reforma en esa materia, el presidente López Obrador consideró que lo importante es saber por qué los ministros actúan así. “Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político, y yo diría mercantil, porque lo que no quieren ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral; lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE, a eso se reduce todo, en eso consiste ‘el INE no se toca’”.
El primer mandatario expuso que en la ley electoral se establecen topes de acuerdo con el artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. No obstante, recordó que desde la Corte se empezaron a otorgar amparos para que los altos funcionarios del INE y de instituciones supuestamente autónomas. Y criticó: “los mismos ministros de la Corte violan la Constitución porque todos ganan más que el presidente y tienen fideicomisos y retuercen las leyes. Pero la esencia, el fondo, es no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios, eso es todo”.
Asimismo, detalló que desde la Consejería Jurídica de la Presidencia se continuará luchando por la vía legal. “Y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía, para que haya un gobierno del pueblo y no un gobierno de los potentados, con sus achichincles, voceros e intelectuales orgánicos, y mucha gente con pensamiento conservador, a las que respetamos mucho, pero ese es el fondo del debate”, entonces se tendrá el plan C.
Alejandro Armenta, senador de morena y presidente del Senado presentó iniciativa para que magistrados sean elegidos por voto de ciudadanos.
Si se aprobara esta iniciativa, se modificaría la Constitución y dos leyes secundarias que cambiarían el método de elección de integrantes del Poder Judicial y así establecer que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean elegidos por voto de los ciudadanos.
“Los magistrados electorales serán electos por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos”, se menciona en la iniciativa.
Primero, se reformaría el articulo 94 de la Carta Magna, para que quede: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito. La elección del Poder Judicial será directa y en los términos que disponga la ley electoral”.
Mientras, en los cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se modifica el artículo 179 para establecer que las ausencias definitivas de los magistrados y magistradas electorales del TEPJF serán cubiertas por el voto directo de los ciudadanos mexicanos.
El senador de Morenista recalcó el papel “de suma importancia” que tienen magistrados, magistrados, jueces y juezas en el desarrollo de una sociedad justa; por lo que precisó la necesidad de que quien ocupe dichos cargos cuenten con el respaldo ciudadano.
“Así, será la democracia la que les otorgue esos puestos y no una minoría a la que los antes mencionados sientan deberles el puesto; y terminen estableciendo una justicia bajo subordinación”, recalcó.
Hasta el momento los integrantes del PJF son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal; mientras que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sale de una terna enviada por el jefe del Ejecutivo al Senado de la República.
Cabe resaltar que al tratarse de una iniciativa que modificaría la Constitución, se necesitarían los votos de dos terceras partes del Senado.
Con información de Forbes.
Si hoy fueran las elecciones para la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, Morena y el PT obtendrían 29 puntos más que la coalición PRI-PAN-PRD, reveló la encuesta más reciente de INDEMERC (Agencia de Investigación de Mercados y Opinión Pública).
Según ese estudio, Morena en coalición con el PT suman el 56% de las preferencias electorales, mientras que la oposición solo alcanza el 27%.
Además, la encuesta reveló que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, son las candidatas de Morena que cuentan con el mayor respaldo de la ciudadanía.
Mientras que los morenistas Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, y Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno, son los candidatos del partido guinda, por los cuales votarían los capitalinos en 2024.
Por su parte, la candidatura de la oposición estaría encabezada por la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz, quien aventaja al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada y al emecista, Salomón Chertorivski Woldenberg.
Finalmente, la encuesta mostró que el 64% de los capitalinos considera que Morena ganaría nuevamente las elecciones en 2024, contra el 36% que piensa que lo haría la coalición opositora.
También INDEMERC informó que el nivel de aprobación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entre los capitalinos es del 59%
Mientras que, el de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es del 55%
La encuesta de INDEMERC se realizó por vía telefónica a mil personas mayores de 18 años, durante el periodo del 11 al 13 de marzo de 2023.
Luego de que se diera a conocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inaplicable el artículo del llamado “plan B” de reforma electoral que destituía a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), la Presidencia acusó al órgano judicial de suplantar las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y anunció que buscará por todas las vías jurídicas para “combatir” la resolución.
“En la sesión de hoy, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, aprobaron una resolución inédita que notoriamente invade las facultades constitucionales de la SCJN y desconoce la competencia de un juzgado de distrito en materia de amparo, al declarar la inconstitucionalidad del Décimo Séptimo Transitorio del decreto relativo a la destitución del secretario ejecutivo del INE”, mencionó en comunicado la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con Forbes, se informó que la determinación del Tribunal genera un “conflicto competencial” entre los órganos del Poder Judicial de la Federación y así lo advirtieron los magistrados Mónica Soto Fregoso, José Luis Vargas e Indalfer Infante, al votar en contra del proyecto, pues consideraron que el INE no está legitimado para interponer un juicio electoral en defensa de los supuestos derechos político-electorales de Edmundo Jacobo Molina.
“Lo anterior, porque —indicó la Presidencia— el secretario ejecutivo desistió de la demanda presentada ante el Tribunal; ante ello, acusó de imparciales y arbitrarios a los magistrados que votaron a favor; además, los señaló de resolver asuntos que no les competen.”
“Esta situación hace patente la parcialidad y arbitrariedad con la que se conducen los magistrados que votaron a favor del proyecto. (…) Los magistrados Reyes Rodríguez, Mata Pizaña y Otálora Malassis forman parte de un bloque dentro del TEPJF que sistemáticamente resuelven asuntos que no son de su competencia o que contradicen abiertamente los criterios de la SCJN”, señaló en comunicado el gobierno de López Obrador.
También se señaló que tres magistrados electorales fueron beneficiados de un acuerdo “inconstitucional” de 2016, entre las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD en el Senado, pues estos grupos políticos, aseguró, ampliaron “indebidamente” los plazos para que ocuparan las magistraturas hasta después de 2024, con lo cual “se comprometió la parcialidad de dichos juzgadores”.
Por todo ello, la Presidencia mencionó que, por medio de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, explorará todas las vías jurídicas para combatir la resolución del TEPJF, la cual calificó de “ilegal”, y señaló que los magistrados que avalaron el proyecto son parte de una “guerra jurídica lawfare en contra de la transformación de un marco normativo que, en su momento, fue diseñado para beneficiar a los grupos de interés político y económico en perjuicio del pueblo de México”.
Con información de Forbes.
Ante un Zócalo colmado, que buscó enviar un mensaje de fuerza y unidad luego de la reciente concentración que realizó la oposición, Andrés Manuel López Obrador conmemoró los 85 años de la expropiación petrolera con fuertes críticas hacia la oposición, a la que calificó como representante «el bloque conservador», y con una reivindicación de su administración de cara a las elecciones de 2024, donde prometió que Morena volverá a ganar en las urnas.
En un discurso de casi una hora, el jefe de Estado enmarcó a la 4T dentro del legado del expresidente Lázaro Cárdenas, el responsable de la expropiación petrolera de 1938, ya que, aseguró, sus medidas populares generaron «un profundo malestar entre los ricos y en la mayoría de los medios de comunicación» que fueron a solicitar la intervención de los Estados Unidos. «Nos suena, nos suena», dijo para generar la risa del público que se concentró en la capital nacional.
«Es interesante destacar que históricamente la derecha siempre se reagrupa cuando se pretende llevar a cabo un cambio democrático y se torna de plano intolerante y hasta violenta cuando se trata de reivindicaciones sociales en favor del pueblo», denunció y recordó que en «ese ambiente» de 1939 se fundó el Partido Acción Nacional (PAN), lo que generó el abucheo y la silbatina del público presente.
En un discurso que pareció un recuento histórico del país, AMLO sostuvo que luego de la presidencia de Cárdenas «se instauró la paz de la corrupción», hecho que finalizó con su llegada al poder porque, manifestó, durante la gestión del partido guinda «se combate a la corrupción» y existe una administración «sin lujos» que todo lo que ahorra lo destina a «financiar los programas de bienestar».
Es interesante destacar que históricamente la derecha siempre se reagrupa cuando se pretende llevar a cabo un cambio democrático y se torna de plano intolerante y hasta violenta cuando se trata de reivindicaciones sociales en favor del pueblo.
Durante su discurso también estuvo presente el gabinete completo de su gestión. Entre ellos estaban las «corcholatas» del oficialismo de cara a las elecciones de 2024: el canciller, Marcelo Ebrard; la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo; y el secretario de Gobernación, Adán Augusto. El acto de este sábado también sirvió para medir fuerzas entre ellos, especialmente a partir del respaldo y la recibida que le brindó a cada uno el público reunido.
Sin brindar ningún tipo de favoritismo, López Obrador afirmó estar «convencido» de que «cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta» de Morena para 2024 «aplicará la misma política en favor del pueblo y de la Nación». «Está asegurada la continuidad del cambio. No hay nada que temer. Eso sí, tenemos que mantenernos unidos mirando siempre al porvenir y la felicidad de nuestros semejantes trabajando desde abajo y con la gente y sin descuidar la estrategia que llamamos la revolución de las conciencias», advirtió.
En un mensaje interno hacia las definiciones que se acercan en el oficialismo, AMLO sostuvo que «solo con el apoyo de las mayorías se puede llevar a cabo una transformación popular para hacer valer la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios». «Nada de zigzaguear, sigamos anclados en nuestros principios, reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el Gobierno. No a las medias tintas, no aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías», profundizó.
Las palabras del presidente también tuvieron un componente nacionalista, que fueron utilizadas para criticar a los legisladores de los Estados Unidos que durante los últimos días le pidieron a Joe Biden utilizar al Ejército para combatir a los cárteles del narcotráfico. «Ya no es el tiempo de Felipe Calderón o de Genaro García Luna», les dijo y reiteró que «México es un país independiente y libre» y «no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos». «Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. Cooperación sí, sometimiento no», completó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a celebrar el 85 aniversario de la expropiación petrolera de México, en lo que señaló será una “fiesta nacional por la soberanía energética”.
La concentración se llevará a cabo el próximo sábado 18 de marzo a las 17:00 horas, en la Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo de la Ciudad de México.
La dirigencia de Morena señaló que se espera la asistencia de miles de mexicanos que podrán convivir en un ambiente totalmente familiar, donde junto con el primer mandatario, se festejará también la recuperación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.
Aunque no se ha especificado quién o quiénes serán los invitados para amenizar el evento del 18 de marzo, el presidente López Obrador adelantó que habrá un concierto, porque “va a ser fiesta”, ya que “rescatamos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad”.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, reveló que los diputados federales de Morena pagarán de su bolsillo el traslado de los seguidores de su partido que quieran asistir al mitin que encabezará el presidente López Obrador el próximo sábado 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México.
Además del presidente López Obrador, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, comenzó una gira por las 16 alcaldías de la Ciudad de México para invitar a la ciudadanía a celebrar este 18 de marzo. Incluso, desde el domingo pasado se vio al dirigente del partido guinda entregando volantes en la plaza de Coyoacán y en la Alameda Central, esto en una campaña para convocar “a la sociedad abierta de todo el país” al evento.