Hugo López Gatell no especificó cuáles son las empresas que han emprendido este acoso; sin embargo, destacó que el presupuesto para la compra de vacunas en 2023 ya está asignado.
Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, reveló que algunas empresas farmacéuticas han estado acosando a las autoridades gubernamentales para presionar en la compra de vacunas. Al respecto, aseguró que el gobierno del presidente López Obrador no aceptará presiones.
“EL GOBIERNO DE MÉXICO NO ACEPTARÁ PRESIÓN ALGUNA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS UTILIZADAS EN EL NEGOCIO DE LAS VACUNAS O CUALQUIER OTRO INSUMO PARA LA SALUD”.
En entrevista con Milenio el funcionario señaló que las decisiones del gobierno federal “estarán basadas en principios científicos, en análisis rigurosos y en un principio fundamental de soberanía y de separación del poder político y del poder económico”.
Aunque Gatell no especificó cuáles son las empresas farmacéuticas que se han empeñado en convencer a las autoridades de comprar más vacunas. Lo que sí señaló fue: “las casas farmacéuticas concretas que han estado involucradas en este enorme negocio, nos han estado acosando”.
EL FUNCIONARIO MEXICANO ACLARÓ QUE ESTE ACOSO NO SÓLO HA SIDO HACIA EL GOBIERNO MEXICANO, SINO EN GENERAL A VARIOS GOBIERNOS E INCLUSO HACIA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).
Además, reafirmó que el gobierno de AMLO ya previó un presupuesto para 2023 para la compra de vacunas. No obstante, todavía no existe evidencia de que otra ronda de vacunas sea necesaria.
“La pregunta es súper pertinente porque es lo primero en lo que van a reaccionar los partidos de oposición y grupos conservadores. Van a decir ‘ni siquiera han considerado el presupuesto’. Eso es falso”.
A pesar de que no se ha tomado una decisión, el presupuesto fue asignado por instrucción del presidente, “desde hace meses, casi, de hecho, desde hace dos años”.
No tiene sustento científico el reportaje “La carboeléctrica que produce muerte” publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Así respondió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante un comunicado.
La paraestatal acusa de que es “un texto que recaba opiniones para desprestigiar a la CFE, en particular a la Central Termométrica Presidente Plutarco Elías Calles, promoviendo acusaciones graves como el ecocidio sin fundamentar científicamente sus afirmaciones“, informó la empresa de electricidad.
La publicación fue realizada el 6 de julio del 2022 y replicada por diferentes medios de comunicación.
Sin embargo, no cita ningún documento oficial o entrevista con alguna autoridad o personal de la CFE, la cual argumenta que Petacalco cumple con la Ley de Aguas Nacionales en cuanto a descargas de aguas residuales y términos y condicionantes de las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la NOM-001-SEMARNAT vigente.
Punto por punto la CFE desmintió la publicación de MCCI, una Asociación Civil que fundó y presidió Claudio X. González, también creador de la alianza “Va por México”, que aglutina al PAN, PRI y PRD como opositores del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Respecto de la materia de emisiones a la atmósfera que se refiere en el reportaje, las unidades de generación de la C.T. Petacalco cumplen con la NOM-085-SEMARNAT-2011 donde se establecen los niveles máximos permisibles de emisiones de partículas, monóxido de carbono (CO), bióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx). La central de Petacalco realiza acciones para fortalecer el control de la combustión con el objetivo de controlar las emisiones”, indicó el comunicado.
La CFE argumenta que la central de Petacalco “no ha recibido ningún documento oficial en el que se notifique el inicio de un proceso administrativo o de alguna otra índole en su contra”.
MCCI sacó de contexto un estudio llamado “Estimación de emisiones de mercurio en las plantas carboeléctricas de México”.
“Con ello Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad minimiza el interés y la colaboración de la CFE en este sentido”, expuso la CFE.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno. Se le acusa de presunto desvío de recursos federales y enriquecimiento ilícito.
Via Twitter, el Gobierno de México informó que la FGR inició una investigación en contra del Alejandro Moreno. Los delitos de los que se le acusa son tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.
Sin embargo, minutos después el tweet fue borrado de la red social de la Presidencia de la República.
Aunque hasta ahora la información no ha sido confirmada por la FGR, la cual no ha emitido ningún comunicado por sus redes, fuentes federales consultadas por este medio aseguraron que la investigación contra el dirigente del PRI sí fue abierta por el ministerio público federal.
Esto confirma lo dicho el martes por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, aseguró que la investigación contra “Alito” estaba a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, la cual es es encabezada por María de la Luz Mijangos.
Alito, entre audioescándalos, cateos e investigaciones judiciales
Alejandro Moreno ha estado en medio del huracán por posibles actos de corrupción. Los indicios de estos salieron a la luz después de que la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, expuso una serie de audios que le fueron hechos llegar. En estos, se escucha al líder tricolor hacer apología a la violencia contra periodistas, además de exhibir un supuesto esquema para lavar dinero y obtener propiedades mediante sus privilegios como gobernador.
Asimismo, Moreno está bajo asedio de sus mismos copartidarios pues algunos jerarcas del PRI, cómo Miguel Ángel Osorio Chong, han pedido públicamente que “Alito” abandone la dirigencia del partido.
Actualmente, el dirigente tricolor se encuentra en una “gira” por Europa. Esto con la finalidad de denunciar el supuesto “acoso” que ha sufrido de parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La historia juzgará a Luis Echeverría Álvarez como «el peor represor de México», dijo Víctor Guerra, abogado del Comité 68. Foto Carlos Cisneros.
Ciudad de México. La muerte del ex presidente Luis Echeverría Álvarez “no lo exonera de ninguna responsabilidad” de la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 y la masacre del halconazo, el 10 de junio de 1971, ni de las desapariciones forzadas y asesinatos en la llamada guerra sucia. “La historia lo juzgará y lo tendrá como el peor represor de México”, aseveró Víctor Guerra, abogado del Comité 68 Pro Libertades Democráticas y quien fuera brigadista en el movimiento estudiantil de ese año.
En entrevista, aseguró que el ex presidente falleció “en calidad de imputado en dos delitos de gravedad, sobre todo el de genocidio que es de lesa humanidad y que en ningún momento prescribe”, por la matanza del 68, y de homicidio simple por los estudiantes que perdieron la vida en 1971.
Además, el caso del halconazo “aún está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que en México las instancias de justicia se cerraron al decretar que eso no había sido genocidio sino homicidio simple y que por tanto ya había prescrito el delito y no se le podía enjuiciar”, sostuvo.
Echeverría Álvarez “muere en un estado de impunidad avalado por las instancias de gobierno y de procuración de justicia”, manifestó Guerra.
“Con su muerte evade la justicia y con la complicidad de la Procuraduría General de la República, en su momento, y ahora de la Fiscalía, que desde el 2009 hasta la fecha no hicieron ninguna indagatoria para continuar la investigación y esto era una obligación constitucional”, afirmó.
Declaró que “la historia nos los dice con claridad, Echeverría fue un presidente que tuvo una actitud autoritaria frente al pueblo de México, por lo que respecta a todos los movimientos sociales que reprimió, persiguió. Sabemos todo este periodo de la guerra sucia donde hubo ejecuciones extrajudiciales, donde en vez de detener a los presuntos delincuentes, que ellos consideraban que eran personas que tomaron la vía armada como un medio para poder obtener justicia en México, pues fueron perseguidos y de alguna manera sin ningún proceso legal”.
El litigante aseguró que a pesar de la muerte del ex presidente, las víctimas seguirán luchando “por que se castigue a los que aún están con vida, porque esto no quede en un estado de impunidad. Llevamos 52 años luchando y las instancias de procuración de justicia no hacen lo correspondiente para poder integrar las carpetas o averiguaciones previas para castigar a los responsables”.
“Hay muchos personajes todavía vivos que tienen responsabilidad penal en estos asuntos y que tienen que ser enjuiciados y perseguidos… como gente del batallón olimpia, que eran jóvenes en el 68, como los militares que intervinieron también en el 68 al mando de Toledo, y el 10 de junio el grupo de los halcones, que todavía algunos se han atrevido inclusive a declarar a los medios, que han reconocido su participación bajo el mando de Díaz Escobar”, expuso.
La UIF habla de millones de pesos y las declaraciones patrimoniales de Enrique Peña Nieto solo de miles. Ambos datos contrastan y ponen en evidencia que el expresidente pasó seis años sin reportar todos sus ingresos y sus posibles conflictos de interés.
Ciudad de México, 8 de julio.- Era el año 2015 y el impulso con el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresó a Los Pinos se desvanecía. La razón: desde varios frentes salieron señalamientos de corrupción contra el Presidente Enrique Peña Nieto. Uno de los más graves fue por tener un posible conflicto de interés con Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, el supuesto patrocinador de la llamada “Casa Blanca”.
Derivado de ese episodio, desde el Gobierno federal se puso énfasis en la transparencia de las declaraciones patrimoniales, ese documento que todo funcionario público debe presentar a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que permite determinar irregularidades en el crecimiento del patrimonio, pero también para poner sobre aviso los posibles conflictos de interés, que son las relaciones que pueden influenciar sus decisiones como servidores.
La “casa blanca” de Peña Nieto luce en la actualidad más gris que en sus mejores años. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.
En ese entonces, Peña Nieto incluso llamó a su amigo Virgilio Andrade para investigarlo y dirigir la SFP. Éste concluyó que nunca existió un conflicto de intereses y que en las declaraciones de Peña Nieto no había anomalía ninguna.
A pesar de todo el revuelo que provocó ese episodio, Enrique Peña Nieto mantuvo la secrecía en sus declaraciones patrimoniales. Ahora contrasta la opacidad con la información que posee la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con el nivel de vida que ha llevado luego de terminar su administración.
El origen de la riqueza de Enrique Peña Nieto no se puede esclarecer con lo que reportó cuando ocupó la Presidencia de México (2012-2018). El día de ayer, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer que Peña Nieto, un político que viene de la clase media mexicana y que sólo tuvo empleos en la burocracia, obtuvo beneficios económicos a través de un esquema en el que recibió —entre agosto de 2019 y octubre de 2021— transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos, que fueron transferidos por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España.
En ninguna de sus declaraciones patrimoniales que ingresó como Presidente informó su relación con dos empresas de las que, según informó UIF, ha sacado los millones con los que ha vivido en España, su actual lugar de residencia en donde cuenta con un “visado dorado”. Esto dio origen a una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro.
Este último dato dado a conocer por El País, fue uno de los que más dudas levantó, ya que para obtener un permiso de ese nivel se requiere ser un inversor que destina al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros.
Las declaraciones dan pocas pistas pero hablan de ingresos que no rebasan los 3 millones de pesos anuales. En 2013, la primera declaración patrimonial y de intereses que presentó Enrique Peña Nieto dio información sobre su escolaridad, su experiencia laboral y sus ingresos, que en ese momento eran de 238 mil 205 pesos mensuales derivados de su cargo público (193 mil 478 pesos) y “otros” (12 mil 227 pesos).
En ese momento reportó cuatro casas, cuatro terrenos y un departamento, obtenidos la mayoría por herencia y donación; solo dos adquiridos de contado. Por último informó de bienes inmuebles por 6 millones 900 mil pesos entre joyería, obra de arte y menaje de casas.
A mediados de ese año presentó otra declaración en la que hubo cambios de sus ingresos, al pasar a los 452 mil 713 pesos anuales derivados de su cargo público (240 mil 234 pesos), por actividad financiera (65 mil 756 pesos) y “otras” actividades (146 mil 723 pesos).
En 2015, cuando se agrega el apartado de Posibles Conflictos de Interés: aceptó que se hiciera público y reportó no tener alguno. Ni él, ni su cónyuge ni dependientes económicos.
En su penúltima declaración reportó cambios en sus ingresos anuales otra vez: 2 millones 819 mil 357 pesos de su cargo público; 242 mil 702 pesos por Actividad Financiera y 46 mil 835 pesos por “otras” actividades.
En su declaración patrimonial de conclusión, ya no reportó ni su salario, ni el saldo de su fondo de inversión ni el de una cuenta bancaria.
En 2015, cuando se agrega el apartado de Posibles Conflictos de Interés: aceptó que se hiciera público y reportó no tener alguno. Ni él, ni su cónyuge ni dependientes económicos.
En su penúltima declaración reportó cambios en sus ingresos anuales otra vez: 2 millones 819 mil 357 pesos de su cargo público; 242 mil 702 pesos por Actividad Financiera y 46 mil 835 pesos por “otras” actividades.
En su declaración patrimonial de conclusión, ya no reportó ni su salario, ni el saldo de su fondo de inversión ni el de una cuenta bancaria.
De acuerdo con la UIF, el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas, respecto de las cuales se identificaron irregularidades fiscales y financieras.
demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia.
SinEmbargo identificó con base a los contratos contenidos en Compranet, la plataforma en la que se publican todas las compras gubernamentales, que Plasti-Estéril, S.A. de C.V. y Baxter, S.A. de C.V. son las dos empresas con “relación simbiótica” involucradas en las millonarias transferencias que beneficiaron al expresidente priista.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México.
No obstante, desde que dejó la Presidencia su estilo de vida ha llamado la atención, sobre todo por los viajes que ha hecho a lo largo del mundo y por las recientes revelaciones que hizo el diario El País de su estancia en un chalet localizado en la exclusiva urbanización Valdelagua y de la adquisición en 2020 de un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del barrio madrileño de Chamberí.
De acuerdo con fotos y videos difundidos en los últimos años a través de redes sociales, Peña Nieto ha disfrutado de bodas, fiestas y cenas tanto en Nueva York, Estados Unidos, como en Roma, República Dominicana y México.
Aunque frenó sus apariciones públicas en México desde que dejó su cargo como Presidente en 2018, pero ha sido gracias a las fotografías que difunde en redes Tania Ruiz y a imágenes publicadas por internautas que se ha sabido de los lugares que visita.
Ahora, con la reportado por la UIF, las autoridades han dado una posible explicación sobre el financiamiento de este estilo de vida, un esquema millonario irregular, que implica a empresas que obtuvieron contratos durante a su Gobierno, y sobre el cual no hay un rastro en su declaración patrimonial.
Las drogas aseguradas suman un valor de 4 mil 642 millones de pesos.
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Militares mexicanos detuvieron a 10 personas y decomisaron, entre otras drogas, 542,7 kilogramos de fentanilo, un opioide sintético 100 veces más potente que la morfina, que tendría un valor en el mercado ilegal de unos 230 millones de dólares
La droga fue decomisada en una bodega de Culiacán, capital del estado de Sinaloa (noroeste), informó este el subsecretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja.
Sub Secretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
«Es el aseguramiento más grande en la historia de esta droga letal del fentanilo», dijo en conferencia de prensa el funcionario federal.
El pasado 4 de julio, Fiscalía General emitió una orden técnica de investigación para realizar el cateo dentro de un complejo de bodegas utilizadas por empresas transportistas.
La Defensa Nacional confirmó el hallazgo hasta el 6 de julio por la noche, y 10 hombres se encontraban en las inmediaciones del lugar, quienes fueron detenidos en flagrancia de un posible delito.
La bodega asegurada se encuentra en la colonia Las Palmas, en Culiacán donde también se encontró 31.02 kilos de cocaína, 19 kilos de goma de opio, 6.97 kilos de heroína, 71 mil kilos de precursores químicos, 67 mil 942 litros de sustancias químicas y un kilo de material químico de color negro.
En las bodegas fueron encontrados, además, 556 kilogramos de metanfetamina, 31 kilogramos de cocaína, 19 kilogramos de goma de opio, siete kilogramos de heroína, así como 71.000 kilogramos y 68.000 litros de precursores químicos, detalló Mejía Berdeja.
“Damos cuenta de un aseguramiento histórico de fentanilo en Culiacán. Entre los días 2, 4 y 5 de este mes elementos de la Sedena y Guardia Nacional lograron un aseguramiento histórico en un domicilio ubicado en el municipio de Culiacán, donde se obtuvo la detención de 10 personas tras cumplimentar una orden de cateo dentro de una bodega”.
Ricardo Mejía Berdeja.
La droga estaba oculta en bidones y costales de agroquímicos y fertilizantes.
Antes del inédito decomiso, un parte de operaciones contra el narcotráfico, del periodo mayo y junio, el Gobierno mexicano reportó la intercepción de 53 kilogramos de fentanilo y 1.753 kilogramos de metanfetaminas.
Como en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ya no hay condonaciones y los grandes contribuyentes ya pagan impuestos, TV Azteca debe pagarle al Servicio de Administración Tributaria (SAT) más de 2 mil 447 millones de pesos, entre ganancias por venta de acciones, ISR, multas y recargos. Sin embargo, se están llegando a acuerdos con el dueño de la televisora, Ricardo Salinas Pliego.
“Hay arreglos en puerta y yo espero que se llegue a buen entendimiento. Ya hay juicios de la Suprema Corte en donde tienen que pagar una cantidad, y hay otros procesos también, y se está buscando un acuerdo y hay entendimiento, o sea, hay diálogo, pero nosotros no podemos condonar impuestos a nadie ni dar trato preferencial a nadie. Y esto lo entienden todos, incluso Salinas Pliego, Ricardo. Él tiene un alegato y se le está escuchando, como a todos”, dijo este jueves en la conferencia mañanera el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.
Pero a pesar de la apertura de López Obrador hacia con el empresario mexicano, éste advirtió en su Twitter: “Vamos a pagar, SOLAMENTE lo justo y apegados a la ley”.
Vamos a pagar, SOLAMENTE lo justo y apegados a la ley. Que ustedes los enajenados no entiendan que en México tenemos derecho a no estar de acuerdo con la autoridad e inconformarnos, no es problema mío, es gobierno, no son dioses y se equivocan y trabajan para el pueblo 😌
— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 7, 2022
Sobre el cobro a Salinas Pliego, el Presidente AMLO comentó en la mañanera:
“Él sostiene que le cobraron doble o que le están queriendo cobrar doble, que fue una especie de venganza en gobiernos anteriores. Entonces, se está revisando porque, si hay algo injusto, se tiene que reponer el procedimiento; si no, reafirmar lo que está demandando el SAT que se pague. Pero está abierta la negociación”.
Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República al detectar transferencias por 26 millones de pesos, presuntamente de procedencia ilícita, al ex presidente Enrique Peña Nieto, provenientes de un familiar. Con esta información, la fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar si existe un delito en estas operaciones que motive la judicialización del caso.
El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, detalló que Peña Nieto conformó dos empresas con familiares antes de llegar a Los Pinos, una de las cuales tenía “relación simbiótica” con una compañía extranjera. Esta última se convirtió en proveedor de su administración, en la cual “se benefició” de contratos por un total de 10 mil 533 millones de pesos: 714 millones en 2013, 2 mil 126 en 2014, 5 mil 505 en 2015, 948.7 en 2016, 991 en 2017 y mil 246 millones de pesos en 2018.
En la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la prioridad de su gobierno es combatir la corrupción, pero no se pretende hacer de ello un circo o un espectáculo, porque no es el propósito empantanarse en el escándalo. La UIF depende del Presidente y la instrucción que tiene, “para que se oiga bien y se oiga lejos”, es no ocultar información ni convertirse en una simulación para permitir la corrupción, aunque también aseveró que no hay persecución política ni construcción de delitos en su gobierno.
“Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios, y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad. No es para salir a decir: ‘Se acusa al ex presidente Peña de lavado de dinero’, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos “, agregó.
La instancia que determinará si existe un delito será el Ministerio Público y después un juez. “No le voy a decir al fiscal: no vaya a iniciar proceso en contra de esta persona. Cuando yo le diga eso al fiscal, ya no tengo autoridad que resuelva con autonomía. No vamos a estar persiguiendo a nadie. Si el fiscal, con pruebas, integra un expediente que demuestra que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez”.
Gómez informó que el ex presidente recibió tres transferencias internacionales de un familiar: en agosto de 2019, por 16 millones de pesos; en octubre de 2021, dos depósitos por 5.7 millones cada uno. Este pariente consanguíneo registró retiros por 189.9 millones de pesos y depósitos por 47.5 millones entre 2013 y 2022.
–¿Cuáles serían los delitos?
–Los presuntos delitos los establece el fiscal, es parte de su función constitucional en el momento de judicializar una causa. Mientras no haya judicialización, no hay delito todavía. El Código Penal Federal otorga a la UIF la capacidad de presentar denuncias por operaciones de procedencia ilícita. Sólo en ese caso la UIF es proactiva.
Apuntó que el expediente con la información completa –con datos de Compranet y del sistema financiero– y todos sus detalles ya está en poder de la FGR, a partir de lo cual abrió su carpeta de investigación, a la cual la UIF “aportará todo lo que vaya requiriendo la fiscalía”.
Las empresas tienen como giro el comercio, pero “no están en una sola rama”. Gómez indicó que la compañía identificada como B (para respetar la presunción de inocencia) realizó 261 transferencias internacionales entre 2015 y 2021: por mil 557 millones de pesos y 4.9 millones de dólares.
–¿Se ha dado seguimiento a otros ex presidentes?
–No puedo decir que sí ni que no.
–¿Contra (Felipe) Calderón hay una denuncia?
–No tenemos ninguna denuncia presentada contra ese señor en la fiscalía.
Más adelante, ante sendas preguntas, declinó informar si se han detectado movimientos irregulares en las cuentas de Alejandro Moreno, dirigente del PRI. Sin embargo, en torno al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, resumió: “Es un escándalo”, pero acto seguido declinó informar porque fue el presidente de la comisión instructora de la Cámara de Diputados quien promovió su desafuero y ahora está al frente de la UIF.
Gómez aceptó que hay varios elementos en materia penal y civil relacionados con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, que podrían darse a conocer sin afectar los procedimientos judiciales en curso.
Empresas involucradas
Durante la conferencia presidencial, Pablo Gómez expuso que la denuncia se derivó de un análisis de los reportes financieros y avisos que permanentemente recibe la UIF respecto de quienes realizan actividades vulnerables. Advirtió que la Unidad de Inteligencia “detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”.
En su amplia explicación, el economista advirtió que los análisis detectaron que el expresidente Peña Nieto “tiene vínculos corporativos en dos empresas que identificamos, para efectos de esta nota, como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras”.
Agregó que en el caso de la empresa A, se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de 2012.
“Particularmente la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones”, explicó.
Respecto de la empresa B, afirmó que fue constituida por Peña Nieto y familiares antes de que asumiera la Presidencia de la República. Asimismo, apuntó que esta compañía “tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo”, es decir, entre 2013 y 2018.
“Aunado a lo anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. En el año 2013 por un monto de 714 millones y pico, en 2014 por un monto de 2 mil 126 millones y pico, en 2015 por 5 mil 505 millones, en 2016 por 948 millones 799 mil, en 2017 por 991 millones y en 2018 por 1 mil 246; para hacer un total en estos años de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos”.
El titular de la UIF explicó que entre 2015 y 2021, la empresa B envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: 1 mil 557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos moneda nacional y 4 millones 942 mil 900 dólares.
“Asimismo, se identificó que la empresa B, en conjunto con una filial de la empresa trasnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de esta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros.”
Pablo Gómez señaló que la información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República, misma que ha abierto ya una carpeta de investigación. “La Fiscalía hará dicha investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. Las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF, la UIF hace simplemente acopio de información, de acuerdo con la ley, y el análisis de la misma, entrega a las unidades de inteligencia del gobierno, a otras entidades de los estados, de los municipios, información relevante de carácter financiero cuando es requerido o cuando es preciso hacerlo, pero no hace las investigaciones en ningún caso”.
Por ello, aclaró que, “en relación con esto, no hay una actividad extraordinaria en la relación entre la UIF y la Fiscalía, sino algo completamente normal que se lleva a cabo en este y muchísimos casos, y en la relación más directa, más permanente y más cordial, que es lo que tenemos entre la UIF y la Fiscalía General de la República”.
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre movimiento de recursos en favor del ex presidente Enrique Peña Nieto, informó hoy el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez.
Durante la conferencia mañanera, Gómez informó sobre movimientos de cuentas de Peña Nieto, aunque nunca mencionó el nombre del ex mandatario.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la UIF por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, a fin de que la Fiscalía determine si se judicializa el caso, informó Gómez.
Indicó que esos procedimientos se desprenden de operaciones financieras relacionadas desde octubre de 2021.
Dijo que la UIF detectó un esquema donde “un expresidente de la República” obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales.
El funcionario describió contratos de dos empresas donde el ex presidente es accionista. También el otorgamiento de contratos a una firma internacional vinculada con las primeras, entre 2012 y 2018, cuando Peña Nieto estaba en funciones.
Asimismo, Gómez detalló que una familiar del ex mandatario realizó transferencias a cuentas personales de Peña Nieto por un monto de 26.1 millones de pesos y 16 millones de pesos.
Informó que dicho familiar realizó retiros por 189 millones de pesos de cuentas entre 2013 y 2022, periodo en el que realizó depositos por 36.3 millones de pesos en depósitos bancarios.
Peña Nieto en los negocios
Gómez reveló que el ex presidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, que identificó como «Empresa A» y «Empresa B».
«Se fijaron irregularidades fiscales y financiera de la ‘Empresa A’, donde el ex mandatario tiene calidad de accionista con familiares, operaciones con montos elevados, empresa familiar antes de que fuera presidente”. Esta empresa deposita a un accionista una cantidad de 35.9 millones de pesos y después retorna a la empresa 22.8 millones de pesos, añadió Gómez.
La «Empresa B» fue constituida por Peña Nieto y sus famliares antes de que fungiera como presidente, señaló el titular de la UIF.
Esta empresa tiene vínculos con la compañía extranjera. «Hay una relación simbiótica con la empresa transnacional, la cual se benefició de contratos durante la administración del ex presidente por 714 millones de pesos en 2013; mil 126 millones de pesos en 2014; 5 mil 505 millones de pesos, en 2015; 948 millones de pesos en 2016; 991 millones de pesos en 2017 y mil 246 millones de pesos en 2018”.
Gómez precisó que la UIF sólo presenta denuncias cuando se presume que pueden ser operaciones de procedencia ilícita y es la FGR la que determina si existe presunción de delito.
EL FUNCIONARIO INDICÓ QUE DE ESOS DEPÓSITOS SE DESTACA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS EN EFECTIVO POR 36 MILLONES 333 MIL 939 PESOS.
“Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente”, recalcó.
Vínculos corporativos con empresas que se beneficiaron durante su sexenio
Además de las transferencias mencionadas, la UIF también detectó que “el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas (…) en las cuales se identificaron irregularidades fiscales y financieras”.
“En el caso de la empresa A se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados”. Cabe señalar que esta empresa fue constituida antes de que el expresidente llegara al poder.
“Particularmente la empresa A le deposita, a un accionista y familiar, una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximándote 22.8 millones.”
Durante su informe, Gómez Álvarez señaló que también existe una empresa B, la cual también se constituyó por el expresidente y familiares antes de que asumiera su cargo como dirigente de la nación.
“ÉSTA TIENE UNA RELACIÓN SIMBIÓTICA CON UNA MORAL TRANSNACIONAL, MISMA QUE SE BENEFICIÓ DE CONTRATOS DEL GOBIERNO FEDERAL DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL ENTONCES TITULAR DEL EJECUTIVO”.
En suma a lo anterior, la empresa B fue proveedora de servicios durante el mandato del expresidente. Como se consecuencia, se benefició de la siguiente forma:
En 2013, con hasta 714 millones de pesos.
En 2014 con mil 126 millones.
En 2015 con 5 mil 505 millones de pesos.
En 2016 por 948 millones.
En 2017 por 991 millones.
En 2018 por mil 246 millones.
Con todos esos montos, se suma un total de 10 mil 533 millones 499 mil pesos.
Pablo Gómez señaló que la información completa, con todos sus detalles y pormenores, fue entregada a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual ya abrió una investigación. “La fiscalía hará dicha investigación y la UIF aportará todo lo que vaya requiriendo la fiscalía”.
"Se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras": Pablo Gómez, informó que hay una carpeta de investigación por presuntas operaciones financieras de Enrique Peña Nieto. pic.twitter.com/SUwqEYLzEk
El pasado 3 de abril inició el horario de verano y el domingo 30 de octubre concluirá la medida. (Cuartoscuro)
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados discutirá el proyecto de decreto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que busca eliminar el horario de verano y establecer de forma excepcional un horario estacional en los municipios de la frontera norte. Ello, luego de ser turnado por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
La iniciativa de Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos se envió en conjunto con el dictamen de impacto presupuestario emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El documento indica que desde 1996, el horario de verano ha contribuido a un ahorro de energía siempre por debajo del 1 por ciento del total consumido anualmente. Ello, señala, no es significativo ni representa un ahorro económico considerable pese a lo argumentado por el decreto del entonces presidente Ernesto Zedillo. En tanto, datos de la Secretaría de Salud señalaron que la instrumentación periódica de horarios estacionales afecta a la salud pública a corto, mediano y largo plazos.
Por ello, la iniciativa propone abrogar la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 29 de diciembre de 2001 en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 1 de marzo de 2002, y sus subsecuentes reformas. Lo anterior, a fin de establecer una reforma que reconozca los husos horarios conforme al meridiano deGreenwich, pactado internacionalmente en 1884.
El documento señala que la ley sería de observancia obligatoria en todo el territorio nacional; sus disposiciones, de orden público e interés general; mientras que su aplicación y vigilancia estará a cargo del Ejecutivo federal.
Por otra parte, precisa que el horario estacional para los municipios de la frontera norte se mantendrá de forma excepcional, “dada la profunda integración laboral, social, cultural y económica existente con la zona fronteriza colindante de Estados Unidos”.
