Saltillo, Coahuila a 08 de Marzo del 2022.- En el marco del día internacional de la mujer, la Diputada Lizbeth Ogazón, presentó una proposición con punto de acuerdo en la segunda Sesión del primer Período Ordinario en el Congreso del Estado de Coahuila, con objeto de que la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso del Estado, rinda un informe detallado de la omisión de pronunciarse al respecto de la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la legisladora de morena el pasado 14 de septiembre del año 2021, la cual tiene la intención de desincorporar al Código Penal el delito del aborto consagrado en los artículos 195, 196 y 197 del Código Penal del Estado; así mismo, la coordinadora de la bancada de morena, solicitó que dicha iniciativa sea discutida ante el pleno del Congreso de Coahuila en armonía al artículo 129 de la ley orgánica, el cual dicta que las comisiones deberán dictaminar, acordar e informar, sobre los asuntos de su competencia, en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, la Diputada Lizbeth Ogazón, recalcó que aún añadiendo la prórroga de los 60 días naturales, el plazo para ello ha finalizado, por lo que es responsabilidad de quien preside la comisión remitir la iniciativa presentada por una servidora a la mesa del pleno para que ahí mismo se programe su urgente discusión. Cabe señalar, que dicha Comisión la preside el Diputado Ricardo López Campos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Por décadas las mujeres hemos estado luchando porque se nos reconozcan nuestros derechos; es obligación del Gobierno del Estado velar por la dignidad e integridad de las mujeres a pesar de las cuestiones ideológicas” manifestó la Diputada de morena.
Ogazón Nava, recordó que en la cuarta ola feminista que se desencadenó en el año 2017, las mujeres mexicanas buscaron dar fin al acoso sexual y criminalización de la interrupción del embarazo.
“Déjenme decirles que nosotras no nos estamos pronunciando a favor del aborto, estamos luchando por la despenalización del mismo para que ninguna mujer tenga que morir en clandestinidad, para no dejarlas solas, para que la sororidad llegue a cada rincón de nuestro Estado” declaró.
La coordinadora de la bancada de morena, recalcó que, en la actual Administración Federal, se está viviendo un cambio histórico, ya que el pasado 07 de septiembre del 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto a la despenalización del aborto de personas con capacidad de gestar, que decidan interrumpir su proceso de gestación.
“Las mujeres de Coahuila buscamos que se validen nuestros derechos y se vean reconocidos al plasmarse en la ley. Tenemos la oportunidad de hacer un cambio significativo sobre un tema que incluso ya está aprobado” Exclamó en tribuna.
La Diputada Lizbeth Ogazón, externó que “los derechos no son negociables ni dependen de ninguna ideología política”: “Somos más que un simple voto, somos la voz de todas las que ya no están. ¿Por qué si el Estado no tiene intenciones de cuidar nuestros derechos, quién lo hará?” Cuestionó.
El 9 de Marzo ¡NADIE SE MUEVE!
Saltillo, Coahuila a 08 de Marzo del 2022.- En el marco del día internacional de la mujer, con el fin de respetar el “Paro Nacional” al que están convocadas las mujeres, del “9M nadie se mueve”, la Diputada Lizbeth Ogazón, presentó una proposición con punto de acuerdo en la segunda Sesión del primer Período Ordinario en el Congreso del Estado de Coahuila, con motivo de exhortar a la Diputada Luz Elena Guadalupe Morales Núñez del partido Revolucionario Institucional (PRI), a la Universidad Autónoma de Coahuila, a la Universidad Autónoma del Noreste, así como al colectivo Mujeres Dueñas de Nuestra Historia, para cambiar el día de la firma del convenio “Evolución Legislativa de los Derechos de las Mujeres”, el cual, está agendado para el día 9 de marzo.
La coordinadora de la bancada de morena en el Congreso del Estado, explicó que el paro del 9 de marzo es una protesta de las mujeres mexicanas contra la violencia de género que se vive en nuestro país; externó que las mujeres son violentadas al grado de perder la vida, y siguen sufriendo de injusticias, es por ello que protestan para que sean respetados sus derechos y para dejar de ser vulnerables.
“El 9M no es un día en el que las mujeres descansamos para ir de paseo o tomarlo como si fuera un fin de semana más, el “9M” es el día que la sociedad toma para reflexionar, en esta fecha se busca concientizar a la sociedad sobre la indispensabilidad de las mujeres en la vida cotidiana, laboral, económica y social” manifestó, Ogazón Nava.
En ese sentido, la legisladora de morena señaló que el 9 de marzo es una fecha que se debe respetar, ya que se convoca por parte de colectivas nacionales. “¿Acaso Saltillo será la excepción? Con este punto de acuerdo esperamos que no, que se entienda la importancia de la convocatoria. Nuestras hermanas, amigas, primas, hijas, mamás nos están faltando; Así que exhortamos a la Diputada Luz Elena Guadalupe Morales Núñez y a todos los organismos involucrados a respetar este Paro Nacional, y re agendar la fecha ya que no estamos en contra de la firma del convenio, al contrario lo celebramos, pero es una fecha importante para todas nosotras y queremos invitarlas a ser parte de la misma y seguir apoyando este movimiento “El 9M Ninguna se mueve” Finalizó la Diputada, Lizbeth Ogazón.
Dedicará Lizbeth labor legislativa a las mujeres.
“Se debe brindar mayor seguridad a los transeúntes que utilizan el Libramiento Óscar Flores Tapia” Diputada Lizbeth Ogazón.
Saltillo, Coahuila a 08 de Marzo del 2022.- En la segunda Sesión del primer Período Ordinario en el Congreso del Estado de Coahuila, la Diputada Lizbeth Ogazón, presentó una proposición con punto de acuerdo, con motivo de exhortar a los municipios de Ramos Arizpe y Arteaga para que de manera coordinada mejoren la vialidad, señalización y convergencia del libramiento Oscar Flores Tapia, con el fin de brindar mayor seguridad a todos los transeúntes que utilizan dicho libramiento.
La coordinadora de la bancada de morena en el Congreso, hace referencia al Libramiento Óscar Flores Tapia, que converge entre los municipios de Ramos Arizpe y Arteaga del Estado de Coahuila.
“Este libramiento Óscar Flores Tapia es una vía de acceso rápido para quienes viajan a otras ciudades o se trasladan hacia el aeropuerto, aunado a lo anterior la zona urbana se desplaza hacia ese sector con fraccionamientos habitacionales de reciente creación, cuyos habitantes circulan regularmente por el multicitado libramiento” explicó.
La legisladora externó que instalación de fábricas a lo largo del corredor industrial, así como las numerosas empresas instaladas en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga hacen que el flujo vehicular de autos particulares, transporte colectivo y de personal se incremente cada día; además, el libramiento Óscar Flores Tapia es una vía de acceso rápido para quienes viajan a otras ciudades o se trasladan hacia el aeropuerto.
“En noticias de radio y televisión, es muy frecuente escuchar accidentes automovilísticos graves ocurridos en este libramiento, incluso en internet al teclear en algún buscador esta vía de acceso, aparece la referencia de videos y notas periodísticas de lamentables sucesos; Al remontarnos a la ampliación de esta ruta y convertirla en vía rápida de tránsito, encontramos que en su momento proporcionó la solución a grandes necesidades de flujo vehicular, incluso en la actualidad se sigue aprovechando, pero antes al considerarse periferia, solo se pensó en traslados por automóviles; hoy en día muchas personas requieren pasar caminando, en bicicletas o en otros vehículos de baja velocidad sin que se cuente con un espacio destinado para ello, poniendo en grave peligro su integridad física así como la de los demás que por ahí circulan” Informó, Ogazón Nava.
La Diputada de morena señaló que el uso de semáforos ha controlado parte del congestionamiento en este libramiento que se manifestaba en el paso con entronques de calles secundarias, sin embargo, aclaró que existen intersecciones que no cuentan con este dispositivo
“El mantenimiento y conservación de la vialidad es un tema muy importante que tratar, pues los muros de contención denominados “ballenas” se encuentran en muy mal estado, pues constantemente son impactados o desplazados y solo se han limitado a colocarlos nuevamente a su lugar de origen sin las adecuaciones correspondientes; las cercas delimitadoras metálicas están deformadas, perforadas y despintadas; la señalización es precaria y la poca que existe se encuentra en estado deplorable sin cumplir con la función para la que fue diseñada; también hay hierba y maleza que además de dar un mal aspecto, obstaculizan la correcta visibilidad al circular por ese libramiento” Finalizó.
María Teresa Meraz, Manuel Bartlett y Lizbeth Ogazón Nava.
Ciudad de México, 2 de marzo de 2022, en del marco de la visita de Luis Inazio “Lula” D’Silva, las diputadas Lizbeth Ogazón y Teresa Meraz, asistieron a la segunda asamblea de legisladores de la 4T El primer turno de oratoria fue a cargo de licenciado Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de electricidad, luego vino un emotivo discurso de el expresidente brasileño donde previno de los embates del liberalismo en contra de la lucha popular.
Para finalizar el expresidente brasileño y dirigente del partido del trabajo, firmó con Mario Delgado presidente del Comité Ejecutivo Nacional de morena, un acuerdo de colaboración política en defensa de los pueblos de América.
México tiene un presidente de verdad, afirma Lula; intercambia elogios con Morena
En la reunión realizada en un hotel en el centro capitalino, Lula señaló que Morena representa una “revolución pacifica” y aseguró que México tiene “un presiente de verdad”; ello, en referencia a Andrés Manuel López Obrador, con quien desayunó por la mañana.
Asimismo, se congratuló de que el tabasqueño le haya dado asilo Evo Morales tras el golpe de Estado en Bolivia en 2019.
“El gesto de López Obrador fue muy grande cuando le ofreció (a Evo Morales) asilo para que viniera a México, para vivir aquí”, dijo Da Silva.
Al hablar del Partido de los Trabajadores brasileño, su propio partido, reconoció que Morena ganó en poco tiempo la presidencia de México y la mayoría en el Congreso de la Unión. “El PT (de brasil) puede tener plena seguridad de que es partido hermano de Morena”, dijo.
Debe haber gobiernos como el de AMLO para lograr paz en el mundo: Lula da Silva.
Además, felicitó al partido por poner sus “logros” en la Constitución, pues dijo que en Brasil no lo pudieron hacer cuando él era mandatario.
“Feliz cuando López Obrador me dijo que va a hacer una nueva refinería, porque quiere refinar el petroleo mexicano dentro de México y no quiere comprar gasolina allá afuera”, dijo al comentar que los costos de este combustible aumentan.
En la Segunda Asamblea de Legisladores de la 4T, tras mencionar que participará en las elecciones presidenciales de su país en octubre de este año, los morenistas le gritaron “¡presiente, presidente!”.
“Tengan la seguridad que este año asumí un compromiso con López Obrador que si gano las elecciones , voy a venir a México para consolidar la mas importante relación política entre Brasil y México que se dará a partir de 2023”, destacó Lula.
“Al igual que le hicieron, intentaron hacerlo con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República, a él le tendieron una trampa, una mascarada jurídica y fue detenido y condenado a 12 años de prisión sin tener delito alguno, sin haber alguna causal objetiva, sólo una consigna: que Lula no aparezca en la boleta presidencial de la próxima elección”, comentó el petista.
En la reunión también estuvo presente el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.
Saltillo fue la primera ciudad en México donde la gestión del agua cayó en manos privadas, hace dos décadas. Contrario a lo que afirma, la empresa podría sumar 100 mil cortes del servicio solo en 2021, pese a que la SCJN ha sentenciado que la recuperación de costos no debe ser un obstáculo brindar el acceso al agua, un derecho constitucional
Texto y fotos: Jesús Peña
Arte: Edgardo Barrera
SALTILLO.- Hace un cuarto de siglo era común reseñar en Saltillo manifestaciones de madres de familia que, cubetas en mano, cerraban calles para hacer visible la falta de agua y forzar a las autoridades a darles una respuesta. Esas estampas son hoy un recuerdo solamente.
Y es así porque en 2001, cuando en la capital de Coahuila vivían unas 580 mil personas y apenas el 10 por ciento de ellas recibía agua todos los días -y solo durante unas cuatro horas en promedio- se decidió experimentar una solución de fondo: invitar a una empresa privada para que administrara el sistema.
Así se conformó una sociedad entre el gobierno municipal -encabezado entonces por Óscar Pimentel González- y la empresa Aguas de Barcelona, dando paso al surgimiento de la empresa mixta Aguas de Saltillo (Agsal), de la que el gobierno municipal es accionista mayoritario.
Dos décadas después, los indicadores de desempeño de Agsal muestran una realidad muy distinta: con cerca de 900 mil personas viviendo en la mancha urbana, el sistema entrega el agua, por más de 20 horas al día, a más del 90 por ciento de los usuarios.
Además de la mejoría en la disponibilidad de agua en los hogares saltillenses, Agsal tiene una amplia aceptación por parte de los usuarios: 90.2 por ciento de ellos aprueba el desempeño de la empresa, según un estudio de percepción realizado a principios de 2021.
Por otra parte, la Secretaría de Salud de Coahuila le ha extendido el certificado de calidad al agua que llega a las vivienda de más de 270 mil familias. Este certificado también es avalado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
El gerente de Agsal, Jordi Bosch, afirma también que el esquema tarifario de la empresa garantiza que ninguna familia destine más del tres por ciento de sus ingresos al pago del agua y que el 80 por ciento de los usuarios eroga entre 90 y 110 pesos al mes por este concepto.
Sin embargo, frente a las cifras gruesas persisten casos de individuos y familias que obligan a poner comillas al término “éxito” si se pretende utilizarlo como síntesis de la historia de este modelo. Son los marginados que, por razones fundamentalmente económicas, siguen esperando que su derecho humano al agua se materialice.
Sobre este derecho, la Organización de las Naciones Unidas sostiene que “ningún individuo o grupo debería verse privado del acceso a agua potable por no poder pagar”.
La Constitución mexicana, por su parte, establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentenciado que “la recuperación de los costos (que implica prestar el servicio) no debe erigirse en un obstáculo al acceso al agua potable y el saneamiento, especialmente para los pobres”.
Las historias que se presentan en esta investigación evidencian que en Saltillo aún hay personas para quienes tales postulados siguen siendo solo teoría y que el éxito de un modelo como el de la empresa Aguas de Saltillo no puede medirse solamente a partir de las cifras macro que convierten en “estadística marginal” las historias de seres humanos para quienes el agua constituye un lujo inalcanzable.
Agua sólo por excepción
Una noche que Sujey se recostó a descansar con Juanito, su hijo de 13 años, le palpó repentinamente una bola en la espalda.
Que le dolía mucho, le dijo Juan a Sujey y ella, preocupada, comenzó a darle masaje y le preguntó que qué tenía, que qué era eso.
El niño le confesó que andaba estresado porque ya nadie en el barrio les quería pasar el agua y cada vez que él se aparecía por el vecindario con los botes desocupados le hacían mala cara.
“Le digo: hijo, espérame tantito, ya este fin de mes, ahora sí, pongo el agua. Pero la verdad no pude juntar, no puedo pagarla sola”, narra Sujey en la sala de su casa de la colonia Saltillo 2000, al poniente de la ciudad. Frente a ella, una fila de garrafones, botes y cubetas vacías aguardan a que algún vecino condolido les permita llenarlos.
Sujey dice que, en su domicilio, el agua ha salido del grifo solo por excepción desde que llegó a vivir ahí hace casi 15 años. El papá de sus hijos, que ganaba 600 pesos a la semana como operario en una empresa de productos higiénicos, jamás pudo cumplir con el pago del contrato ni el consumo de agua.
Juanito, el hijo de Sujey, comienza ya a sufrir en su cuerpo los estragos que le causa el estrés por la falta de agua.
“Venían, nos la ponían, no la pagábamos y la cortaban”, sintetiza.
La imposibilidad para pagar el contrato, cumplir con los convenios que firmó para “reestructurar” su adeudo, los intereses y el consumo mensual, han generado a la fecha un adeudo de entre 10 mil y 13 mil pesos, según las cuentas de Sujey.
“La primera vez que fuimos a hacer el convenio íbamos a pagar como siete mil pesos, con mensualidades de 600… algo así, más 60 pesos del consumo, no se quisieron bajar más. No pudimos pagar, se nos fue juntando y nos cortaron el servicio”, relata.
La de Sujey es una entre las más de seis mil historias de familias saltillenses que, según datos de la propia Agsal, no cuentan actualmente con el servicio de agua potable.
Sin embargo, desde la perspectiva de la empresa, esta cifra corresponde a tomas originalmente instaladas en terrenos desocupados, casas en ruinas o deshabitadas. Tomas con el servicio suspendido incluso desde hace varios años.
Se trata, afirma Anahí Medina, jefa de Atención a Clientes de la empresa, de usuarios que no se han acercado a las oficinas de Agsal para regularizar el servicio, “porque no han tenido la necesidad”.
Isidro Jaramillo, trabajador de limpieza del municipio, cuenta una historia diferente. Tras acumular un adeudo de 34 mil 150 pesos por diversos conceptos, le fue cortado el suministro de agua y tuvo que dejar su casa en la colonia 26 de Marzo, al sur de la mancha urbana, y renta otra donde sí pudiera tener agua.
“Les digo a los de Aguas de Saltillo: ¿de dónde vamos a sacar los treinta y tantos mil pesos que quieren?”, al exponer su historia, que es un embrollo.
Hace 10 años, cuenta, contrató los servicios de drenaje y agua potable para su casa de la calle Francisco H. García. El presupuesto que le plantearon en Agsal implicaba pagar 31 mil 555 pesos, porque a las redes de drenaje y agua potable les faltaban 19 metros para llegar hasta su domicilio.
Isidro aceptó y comenzaron los trabajos. Al final, asegura, Agsal incumplió el trato pues sólo le conectó a la red de agua potable pero lo dejó sin drenaje.
Que no había línea, le dijeron, pero en su factura con número de contrato 472386, apareció puntualmente el adeudo por 31 mil 555 pesos. Y luego por 34 mil 150. Un adeudo que, según el recibo, debía ser liquidado “de inmediato”.
El tinaco de don Juan Cerecero está sin gota de agua desde que Agsal le negó el servicio por un adeudo impagable para él.
Isidro acudió entonces a las oficinas de Agsal para reclamar. “¿Cómo voy a pagar un servicio que no me hicieron?, les digo”. Sin haber obtenido respuesta satisfactoria a su reclamo dejó de pagar el adeudo y por ende el consumo mensual de agua. Y cuando fueron a cortarle el suministro,Isidro optó por mudarse a una casa de renta con su familia.
Juan Antonio Cerecero, vecino de la colonia Valle Escondido Sur, al surponiente de Saltillo lleva casi ocho meses sin agua. De 68 años, ex empleado del servicio de limpieza municipal, hace 14 años fue atropellado por un auto y desde entonces quedó impedido para trabajar.
El corte del servicio se registró, afirma, luego de acumular un adeudo de seis mil 500 pesos que no puede pagar porque no tiene ingresos fijos. Don Juan padece de convulsiones, a veces no tiene qué comer, tampoco luz y lo que es peor: ni gota de agua.
80 mil suspensiones en 2021
“A la gente que no puede pagar nunca se le va a cortar el agua. Nunca se le va a suspender el servicio, eh”, asegura Jordi Bosh, gerente de Agsal, quien sostiene que la empresa que encabeza cumple con todos los parámetros del derecho humano al agua.
No obstante, y según información pública de la propia empresa, entre enero y abril de este año, Aguas de Saltillo efectuó un total de 39 mil 368 cortes por adeudo. De acuerdo con el promedio de este período, en los primeros 10 meses de 2021 el organismo operador habría efectuado cerca de 80 mil suspensiones del servicio y al concluir el año podrían sumar superar los 100 mil casos.
De hecho, de acuerdo con el documento “Memoria Anual 2018” de Agsal, durante ese año el organismo operador efectuó 112 mil cortes del servicio.
También de acuerdo con cifras de la empresa, para garantizar el pago de los adeudos cada mes suscribe entre 500 y 800 convenios con usuarios que no pudieron realizar el pago de su recibo de agua.
Bosh informó que actualmente la empresa tiene celebrados seis mil 300 convenios con familias de Saltillo que por diversas causas, como fugas dentro de su vivienda, o la pérdida de su empleo, han acumulado adeudos que no pudieron pagar a tiempo.
En la aplicación de esta política, el titular de la empresa mixta no está solo. Eglantina Canales Gutiérrez, secretaria del Medio Ambiente de Coahuila, e integrante del Consejo de Administración de Aguas de Saltillo, opina que el servicio de agua potable se tiene que pagar.
“Pero entonces ¿quién lo va a pagar?, los terminamos pagando los ciudadanos. Más vale que cada quien pague lo que le toca. Hay gente que considera que debería de ser gratis, esa es una cuestión muy discutible porque cuesta, tiene un costo el llevar el agua a tu casa”, afirma la funcionaria que representa los intereses de la población saltillense.
Es necesario tomar en cuenta, agrega, los gastos que representa extraer el agua, conducirla, almacenarla y distribuirla. “Tenemos que pagar por el servicio porque al no ser gratis, si usted prende un pozo que está a 500 metros de hondo, imagínese la energía que necesita. Entonces todo eso obviamente tiene un costo ¿Quién tiene que pagar por ese costo?, los que la usan”.
Isidro Jaramillo no puede pagar los más de 34 mil pesos que le cobra Agsal por el contrato de agua, drenaje y consumos atrasados. Por eso debe surtirse con garrafones de agua que trae de otra colonia.
Gloria Tobón Echéverri, integrante de la organización civil Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo y una de las principales activistas locales en el tema, tiene una posición crítica no solamente del desempeño de Agsal, sino de los integrantes del Consejo de Administración que representan los intereses del municipio.
“En primer lugar, los consejeros ni saben ni les interesa. Tú lees las actas, todo aprobado por unanimidad, a todo lo que dice el gerente le dicen que sí.
“Te aseguro que ni idea tienen del derecho humano al agua ni de que está en la Constitución ni de qué implica, mucho menos. Las autoridades municipales tienen obligación de cumplir, garantizar y respetar el derecho humano al agua y no lo están haciendo, porque permiten que Aguas de Saltillo viole el derecho para todos los saltillenses que no pueden pagar y tienen el servicio cortado”, sentencia.
Desde su perspectiva, tal circunstancia es particularmente relevante en el momento actual, cuando la pandemia del Coronavirus SARS-CoV-2 ha provocado afectaciones a la economía que se traducen en la pérdida del empleo, o de parte de sus ingresos, para muchas familias.
‘La empresa cumple’
El Artículo 4, párrafo sexto de la Constitución Mexicana dice que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible (…)”.
El gerente de Aguas de Saltillo, Jordi Bosch, asegura que este organismo operador cumple a cabalidad con todos y cada uno de estos rubros.
En lo que se refiere al principio de salubridad, detalla, Agsal cuenta con un certificado de la calidad del agua que otorga el sector salud.
Respecto de la accesibilidad, el 99 por ciento de la ciudad está conectada al servicio municipal de aguas, que son las tuberías del municipio,
La asequibilidad se traduce en que el costo del agua de Agsal no supone más del tres por ciento de los ingresos familiares, toda vez que el 80 por ciento de la ciudad paga entre 90 y 110 pesos por el consumo al mes.
“Tenemos el subsidio cruzado, el precio del agua cambia en función de la zona donde vives en Saltillo”, precisa.
Y es suficiente porque se garantizan más de los 50 litros diarios por persona que, como mínimo, recomienda la OMS. “Nosotros tenemos una media de 97 litros por habitante/día, depende del verano y el invierno”, afirma.
Con tales datos, Bosch concluye que Agsal satisface el derecho humano al agua.
Cuatro años sin conexión
Doña Juana María Vázquez padece una realidad que contrasta con el diagnóstico institucional. Hace ya cuatro años que ella y su familia llegaron a vivir en una casa sin número en la calle Quinta de la colonia Valle Escondido Sur y es fecha que Agsal no les conecta el agua.
La explicación que le dan, relata, es que su comadre, que tiene doble puerta, una por la calle quinta, que es donde vive Juanita, y la otra por la calle Cuarta, puso su toma de agua por esta última y dejó a Juanita sin posibilidad de conectarse.
“Ya vinieron a ver los de Aguas de Saltillo, pero como dicen que se salta una casa no pueden hacer el contrato, Que no pueden, dijeron que no y yo batallo demasiado de agua”, señala.
Cada vez que Juanita necesita agua, o sea siempre, tiene que contratar una pipa que le cuesta 200 pesos por llenar sus tinacos, ir a verle la jeta a sus vecinas para que le den un poco de agua o cosechar el agua de lluvia, cuando llueve, para los diferentes quehaceres y necesidades de la casa: trapear, lavar los trastes.
Doña Juana María Vázquez tiene que acarrear agua todos los días en estas tinas para satisfacer las necesidades de alimentación e higiene en su domicilio.
“Ninguna solución, ninguna, que yo buscara la manera, que pidiera pipas. Yo estoy en la mejor disposición de que me hagan mi contrato porque batallo mucho, demasiado de agua”, dice.
Para Magda Yadira Robles Garza, doctora en derechos humanos y titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, los casos incluidos en este reportaje encajan en el rubro de accesibilidad, incluido en la Observación General Número Quince del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
Dicho rubro, explica, comprende la accesibilidad física, es decir que el agua se halle en el domicilio de la gente o en un lugar cercano a donde puedan ir las personas a tomar el agua; además comprende la accesibilidad económica.
“La parte que él (Jordi Bosch) no está viendo es la de igualdad y no discriminación… Se les está discriminando por su situación de pobreza… Decirles ‘tú pagas’ es bien fácil, pero a las personas que no tienen trabajo o que no tienen un ingreso fijo, los estás discriminando, no puedes poner a todos en el mismo cajón. Si eres taxista, se vino la pandemia y nadie sale a la calle, cómo….”. detalla la especialista.
Robles Garza agrega que es necesaria una política pública que obligue a las empresas privadas, a través de los contratos que se celebran con ellas, a respetar los derechos humanos, en este caso el derecho al agua.
En casa de Humberto no había fugas, sin embargo, sus recibos eran muy altos. Hoy sabe lo que es no tener agua en casa.
“Tenemos el problema en dos frentes: uno, de que no hay una política pública que dentro de estos convenios, de esta normativa, impida a las empresas (violar los derechos humanos).
“Y por el otro lado, en nuestros juicios de amparo no hay un caso que diga ‘ya es ley para todo el país’. Quienes promueven los litigios son quienes se ven beneficiados y entonces las empresas dicen ‘me espero a que se ampare’, y mientras ellos siguen aplicando su normativa hasta que no venga un asunto y que un juez federal les diga ‘ábrele la llave’”.
Magda Robles recomienda rescatar en este texto los llamados Principio Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU y que en sustancia hablan de:
a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales y;
b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos.
Tales principios, contenidos en la declaratoria que salió a luz en 2011: “(…) se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura”.
Por ello, “que no se hagan locos, que no se hagan de la vista gorda de que no los obligan porque sí se les obliga. La responsabilidad de las empresas es, tú prestas un servicio público al estado, le inviertes, claro, pero el estado mexicano tiene la responsabilidad de vigilar que tú no estés violentando ningún derecho humano. Ahí va el mensaje para el estado y para las empresas. Aquí en México no le han dado mucha publicidad a esto, tú sabes, por qué: manda el dinero”, sentencia.
¿Cuál regla es la ‘buena’?
Los tratados internacionales en materia de derecho al agua establecen con claridad que la falta de capacidad para pagar por el servicio no puede servir de argumento para la suspensión de éste y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado tal criterio.
Una jurisprudencia emitida por dicho Tribunal el 26 de febrero de 2021 dice a la letra: “los costos directos e indirectos del agua y el saneamiento no deberían privar a nadie del acceso a estos servicios y no deberían comprometer la capacidad de disfrutar de otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a la educación, a una vivienda adecuada o a la salud. El requisito de la asequibilidad también pone de relieve que la recuperación de los costos no debe erigirse en un obstáculo al acceso al agua potable y el saneamiento, especialmente para los pobres”.
Y ordena: “No se suspenda el servicio público de agua potable sino para que se siga prestando aquel pero, de manera restringida, esto es, que se otorgue el mínimo vital que, de conformidad con lo determinado por la Organización Mundial de la Salud, corresponde a 50 litros de agua por persona al día en el supuesto de uso personal y doméstico”.
Sin embargo, la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, expedida por el Congreso del Estado en diciembre de 2008 y publicada en el Periódico Oficial del Estado en febrero de 2009, faculta a los organismos operadores a suspender el servicio.
“En caso de mora por parte de los usuarios en el pago de dos meses de cuota o tarifa establecida para los servicios de agua potable, podrá limitárseles el suministro a la cantidad de agua equivalente a la cuota mínima establecida en la tarifa respectiva”, establece como primera hipótesis el artículo 86 de dicha norma.
Pero enseguida señala: “si la mora en el pago es de tres meses, se suspenderá totalmente el suministro de agua, sin perjuicio de que el organismo operador efectúe el cobro de los adeudos, a través del procedimiento administrativo de ejecución”.
Una adición realizada a dicho artículo, apenas en marzo de este año, contempla excepciones a la posibilidad de suspender totalmente el servicio pero no incluye a quienes, por encontrarse en situación de precariedad, no puedan pagarlo, sino solamente para los casos de edificios “destinados a la prestación de servicios asistenciales o médicos… escuelas públicas de nivel básico; inmuebles destinados a la asistencia de personas migrantes, desplazadas o cualquier otra en condición de movilidad vulnerable; así como en los inmuebles donde, por razones de salud pública o por tratarse de centros de reinserción social o para detención preventiva, no sea conveniente proceder a la suspensión”.
Casi siempre los tambos de doña Juanita están vacíos y para llenarlos tiene que contratar una pipa de agua que le cuesta 200 pesos.
En todo caso, la Ley es clara al precisar que la imposibilidad de suspender por completo el servicio de agua potable no implica “que la obligación de realizar el pago del servicio de agua no sea exigible”.
Al respecto, Magda Robles señala: “puedes meter un reductor de flujo, pero nunca cerrar la llave, eso es lo que la Corte Mexicana ha aceptado, disminuir el flujo del agua, pero no cerrarlo, no se puede negar o cortar el suministro de un básico como es el agua por falta de pago”.
Por su parte, Gloria Tobón, de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), plantea que “lo que deberían hacer los organismos operadores es dejar, por lo menos, lo que se llama el mínimo vital hídrico, la cantidad de agua necesaria para satisfacer las necesidades básicas, pero no lo hacen”.
*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Por Gerardo Lozano.- En este año de 2022 se cumplirán diez años de que Rubén Moreira, como gobernador de Coahuila, formalizara la deuda heredada por su hermano Humberto Moreira y el interino de éste: Jorge Torres López.
Viendo los números con frialdad, el daño que le provocaron los Moreira a Coahuila se agiganta, porque lo más grave es que ha resultado un daño permanente que mantendrá en una precariedad económica las finanzas públicas del estado por toda esta década y la próxima si el gobierno federal no hace algo al respecto, y está bien claro que no hará nada, por lo menos ése es el oscuro panorama que se percibe hoy.
Por los candados legales que tiene esta deuda es imposible hacer modificaciones para obtener, por ejemplo, una quita sustancial de intereses, incrementando el pago del capital. La única instancia que tiene el poder de cambiar este esquema es el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero aún así el tema es muy delicado.
Algunos políticos panistas siguen manejando el problema de esta deuda, pero con el propósito de sacar beneficios políticos, porque no tienen ninguna propuesta concreta de solución.
Si se le ve en retrospectiva, el gobierno panista de Felipe Calderón, a través de su secretario de Hacienda, debió haber parado el endeudamiento que estaban realizando algunos gobernadores entre el 2010 y el 2012, más en el caso de Coahuila, cuando el destino de esa deuda no tenía una justificación sustentable en obra pública o infraestructura. Había información para haber tomado decisiones e impedir primero la adquisición de gran parte de esa deuda y, segundo, su formalización, cuando inclusive había inconsistencias legales graves.
FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
OPERAR HACIENDO MILAGROS
Al poner a los gobiernos estatales sucesivos la obligación de un pago de deuda a largo plazo por 4 mil 544 millones de pesos anuales, estos tienen que operar en una precariedad que llega casi al extremo, a lo que se suma el hecho lamentable de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está castigando financieramente a Coahuila.
Contra lo que puede pensarse de que un gobernador tiene que justificar a su antecesor por ser del mismo partido, esto no funciona así, porque al momento de que alguien asume al poder se vuelve completamente independiente, más si el antecesor goza de un gran desprestigio y rechazo social, como es el caso de los hermanos Moreira.
La única relación posible es la irritación y el encono, al tener que gobernar con una estrechez financiera de tal magnitud, limitando la realización de nuevos proyectos, arrastrando tensiones e impidiendo desplegar una obra propia de una magnitud razonable.
En estas circunstancias se tiene que ser sumamente disciplinado y operar con un orden financiero espartano, priorizando al máximo cada peso del que se dispone para inversión, una vez que se cubren todos los renglones de gasto que están ya institucionalmente comprometidos.
Para cubrir los compromisos de un año, ordinariamente se ha tenido que contraer créditos a corto plazo que son cubiertos en el ejercicio siguiente, para evitar incrementar la deuda a largo plazo; administrar con dificultades el pago a proveedores y enfocarse básicamente a programas de tipo esencial.
LOS NÚMEROS
Coahuila contará en este año con un presupuesto de egresos por 56 mil 888 millones de pesos, pero al cual tiene que restarle el 8% por el pago de la deuda, algo realmente complicado que sigue moviendo a la indignación.
Según documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas, a cargo de Blas Flores Dávila, se tiene una deuda total de 38 mil 226 millones de pesos, integrada de la siguiente manera: mil 860 millones de pesos compuestos por seis créditos a corto plazo y 36 mil 277 millones de pesos compuestos por cinco créditos a largo plazo.
De acuerdo con la misma Secretaría de Finanzas, estos créditos simples de corto plazo fueron por insuficiencia de liquidez de carácter temporal.
Al corte del mes de diciembre de 2021, Coahuila debía a Banco Azteca 183 millones 333 mil pesos, mientras que a Banorte se le debía mil 275 millones de pesos derivado de dos créditos.
Al banco HSBC 100 millones, a BBVA 181 millones 900 mil pesos y a Santander 120 millones.
De los cinco bancos con los que se tiene adeudo, son Banco Azteca y Banorte los que se llevarán mayor pago de intereses con 6 millones 864 y 42 millones 545 mil pesos.
Esta deuda a corto plazo se ha ido liquidando cada año y es indispensable para poder operar el aparato gubernamental, de otra forma se presentaría una parálisis, especialmente en el último trimestre de cada periodo anual, el problema realmente es esa gigantesca herencia de deuda a largo plazo.
Dentro y fuera del priismo lo que hicieron los hermanos Moreira es indefendible y sus consecuencias, a diez años del endeudamiento, se han vuelto más difíciles de sobrellevar debido a las políticas de recortes presupuestales que lleva a cabo el gobierno de la 4T, pues Coahuila no es el único estado que se encuentra en tal situación, pero sí de los más castigados, tomando en cuenta que es uno de los estados más productivos del país y genera una aportación fiscal mucho más importante que estados que si están siendo apoyados financieramente.
DEUDA A LARGO PLAZO
El Gobierno de Coahuila tiene una deuda de 36 mil 366 millones de pesos a largo plazo, son créditos con plazos de 20, 25 y 30 años.
Con el banco Multiva se tienen dos créditos a largo plazo por 10 mil 995 millones 331 mil pesos y 4 mil 997 millones 878 mil pesos.
Mientras que a Banobras se le deben dos créditos más de 8 mil 946 millones 412 mil pesos y 3 mil 471 millones 430 mil pesos.
Al banco Banorte se le deben 7 mil 955 millones 637 mil pesos. Cabe mencionar que, a diferencia de los créditos a corto plazos, los de largo plazo fueron heredados por compromisos crediticios de las pasadas administraciones a cargo de Humberto Moreira, Jorge Torres y Rubén Moreira.
Como se puede observar, el propietario del 33% de la deuda a largo plazo de Coahuila es Banobras, con 12 mil 417 millones de pesos, un banco que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo cual un tercio de los intereses que se pagan los está ingresando el mismo gobierno federal.
Otro dato significativo es que el banco Banorte es propiedad de Carlos Hank, heredero de la dinastía Hank González, cuyo padre es el fundador del llamado Grupo Atlacomulco, del cual surgió Enrique Peña Nieto y ya es bien conocida la relación política de Humberto Moreira con dicho clan político, como lo es el inocultable pacto de AMLO para no tocar a los políticos cercanos a Peña Nieto, mucho menos a quienes maniobraron para el financiamiento de su campaña electoral del 2010 al 2012.
Con base en una estimación per cápita, los cinco estados más endeudados del país son, de mayor a menor: Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila y Ciudad de México, gobernados respectivamente por Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y MORENA.
El único que ha recibido un apoyo es la Ciudad de México, que tiene una deuda de 84 mil 201 millones de pesos, y es también el único gobernado hasta ahora por MORENA.
Coahuila destinará 470 millones de pesos para cubrir adeudos de ejercicios fiscales anteriores en este 2022.
La composición de esta deuda bancaria no se ha especificado en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso Local; sin embargo, este adeudo no causa intereses.
Cabe mencionar que cada año se destina una parte de los recursos públicos para solventar estos deberes financieros, pero en esta ocasión se registró un incremento en el monto a destinar. De acuerdo con el presupuesto de Egresos 2021, este recurso pasó de 300 millones a 470 millones de pesos.
A DETALLE
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2022 publicado por el Congreso Local, de los 5 mil 674 millones de pesos destinados a pago de deuda, 649 millones 78 mil pesos se aplicarán a costos por coberturas, 10 millones 239 mil pesos a gasto de deuda interna, 2 mil 595 millones 456 mil pesos al pago de intereses y mil 949 millones 325 mil pesos a la amortización de la deuda.
Aunado a ello, se suman los 470 millones de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará la ceremonia conmemorativa del 109 Aniversario del Día del Ejército Mexicano en la Ex Hacienda Plan de Guadalupe. Foto cortesía Sedena.
Ramos Arizpe, Coah. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará la ceremonia conmemorativa del 109 Aniversario del Día del Ejército Mexicano en la Ex Hacienda Plan de Guadalupe.
La ceremonia se realizará en el inmueble en el cual el 26 de marzo de 1913, entonces llamada Hacienda de Guadalupe, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, documento en el que nació el Ejército Constitucionalista y en el que se designó al entonces gobernador de Coahuila como primer jefe de esta fuerza armada y con ello dio origen al actual Ejército Mexicano.
Este hecho, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), estos ecos se remontan a la Revolución Mexicana, con la promulgación del Decreto 1421 el 19 de febrero de 1913, realizado por el XXII Congreso del Estado de Coahuila, mediante el cual se desconoció al gobierno de Victoriano Huerta, facultando al gobernador Venustiano Carranza para armar fuerzas y restituir el orden constitucional.
En ese contexto, el 5 de febrero de 1917, con la promulgación de la Constitución Política, el entonces Ejército Constitucionalista cambió su denominación por la de Ejército Nacional, otorgando en la Carta Magna su carácter permanente; el 22 de septiembre de 1948, el presidente de la República Miguel Alemán Valdés decretó cambiar el nombre de “Ejército Nacional”, por el de “Ejército Mexicano”.
En 1950, “como un reconocimiento a las actividades que realizaba el soldado mexicano, que se declaró el 19 de febrero como la fecha conmemorativa al Día del Ejército”, señaló la Sedena.
El Ejército tiene asignadas cinco misiones: defender la integridad, la independencia y soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y reconstrucción de las zonas afectadas.
Nava, Coahuila 16/02/2022-. El presidente del comité ejecutivo estatal de MORENA en Coahuila, Diego del Bosque, estuvo presente en la caravana de apoyo a la reforma eléctrica convocada por la SUTERM (Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana) Nava, Coahuila.
El contingente encabezado por Eulalio Gutiérrez García, secretario general de la sección 201 del SUTERM, se convocó además para conmemorar el aniversario de la eficiente y rápida respuesta de los trabajadores de la CFE ante el apagón histórico provocado por las fuertes heladas en el 2021. Recordemos que, a causa de las inclemencias del tiempo, Texas y localidades aledañas se quedaron sin energía, mientras que el desabasto de electricidad en el territorio mexicano fue solucionado en cuestión de horas demostrando así la capacidad y autonomía de la mano de obra nacional.
Por su parte, Del Bosque habló sobre las desventajas que trajo consigo para los mexicanos la reforma Eléctrica aprobada en anteriores administraciones. Señaló que dicha reforma se autorizó en ese entonces a través de sobornos a diputados del PRI y del PAN. Es debido a esto que, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, buscará la reconfiguración a dicha reforma y con esto alcanzar una victoria para la población mexicana.
Cabe mencionar que al evento asistieron también el secretario del CEE de MORENA, Guadalupe Céspedes, el diputado federal del PT, Brígido Moreno, el diputado local de MORENA, Francisco Cortéz, y el dirigente estatal de UDC, Lenin Pérez.
El Grupo Parlamentario del PRI rechaza que prevalezca la justicia en beneficio de las y los Coahuilenses en relación al aumento de la violación de los Derechos Humanos de los mismos: Diputada Lizbeth Ogazón Nava.
Saltillo, Coahuila a 1 de Febrero del 2022.- En la quinta Sesión de la Diputación Permanente en el Congreso del Estado de Coahuila, la Diputada de morena, Lizbeth Ogazón Nava, presentó un punto de acuerdo con motivo de exhortar a los funcionarios de la Fiscalía General del Estado, así como a todos los elementos de los cuerpos policiacos Estatales y Municipales para que se conduzcan con estricto apego en el ejercicio sus funciones, ya que muestran una total incapacidad en el actuar al fungir como autoridad, ejerciendo un abuso de poder al no tener respeto en el desarrollo de sus funciones, atropellando la vida de los ciudadanos coahuilenses de manera reiterada y constante. Dicho punto de acuerdo, fue rechazado por mayoría de votos por parte de la bancada priísta, a pesar de la información que se presentó en tribuna, la cual, se presenta a continuación.
“En el año 2020, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), registró más de 252 mil expedientes con hechos violatorios y la Comisión Nacional de Derechos humanos reporta más de 26 mil quejas. Además, refirió a Coahuila como uno de los 7 Estados con más violaciones a los derechos humanos” informó, la Diputada Lizbeth Ogazón.
La coordinadora de la bancada de morena en el Congreso, señaló que la Fiscalía General del Estado de Coahuila se encuentra como número uno en la lista de autoridades que ejercen violación a los derechos humanos con 497 quejas; en segundo lugar le sigue la Secretaría de Seguridad Pública con 278 y las Policías Municipales con 248.
“Hechos atribuibles a las instancias de seguridad pública y justicia como: detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos o degradantes, torturas, retenciones ilegales, incumplimientos en cateos o visitas domiciliarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y hechos por tolerancia u omisión de la autoridad para la protección contra la trata de personas o explotación con fines sexuales; ahora resulta que debemos cuidarnos de la autoridad y servidores públicos cuando son los que en primer lugar deben ver y actuar por nuestra seguridad” manifestó, Ogazón Nava.
La legisladora de morena, señaló que en cuanto a las personas que se encuentran en prisión, no solo se están privadas de su libertad, sino también de una estructura que les permita desarrollarse correctamente y propiciar la reinserción social; así mismo, mencionó el caso de las familias incompletas, ya que en el 2021 hubo un incremento considerable en personas desaparecidas o no encontradas, uno de los índices más altos desde el 2015, con 114 personas no localizadas.
“Todos estos actos de violencia antes mencionados, son delitos graves que se deben de atacar de inmediato; continuamos con el dedo en el renglón señalando casos de abuso, corrupción y derechos humanos violentados, seguiremos señalando enérgicamente toda inequidad social, solicitando que la justicia prevalezca en beneficios de las y los coahuilenses” Finalizó.
Por décadas este inmueble ha estado abandonado, primero serían las oficinas de la Policía Federal, después del patronato de Bomberos y recientemente se estableció que albergarán a la Guardia Nacional, sin embargo la obra sigue intacta. Foto: Omar Saucedo
Estos son los monumentos al recurso público malgastado. Hay hospitales, centros de justicia y pirámides, todos erigidos en diferentes puntos del Estado, como pruebas fieles de indiferencia política, omisión y en varios casos impunidad y corrupción
Texto: Francisco Rodríguez
Fotos: Francisco Rodríguez, Josué Rodríguez, Mauricio García y Omar Saucedo
Ilustración: Edgardo Barrera
COAHUILA.- En los últimos 20 años, en Coahuila, hay un mapa de obras que han quedado inconclusas, en obra negra, que siguen sin entrar en operaciones, que no fueron útiles o de plano se convirtieron en un elefante blanco. Este dispendio de recursos públicos asciende a 747 millones de pesos al menos en cinco obras. Esta cantidad es más que todo el presupuesto de la secretaría de Gobierno para 2022, y tres veces el presupuesto de las secretarías de Cultura y de Economía.
Los 747 millones de pesos habrían alcanzado para pagar tres años la nómina del Poder Legislativo, pero, en cambio, se gastaron en obras que no se concluyeron o que llevan años paradas.
Miguel Ángel Ordaz, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), considera que, en este caso, los ‘elefantes blancos’ son un asunto que tiene que ver con la falta de una normatividad que permita establecer responsabilidades sobre cualquier acción de gobierno en cualquiera de sus ámbitos.
Pasan los años y ahí están: ‘elefantes blancos’ que se han erigido como reflejo del derroche, de la falta de planeación en las políticas públicas y de la visión cortoplacista de un gobierno acostumbrado a no cumplir con sus promesas.
Por eso Ordaz no duda en señalar que las acciones de los gobiernos siguen en gran medida funcionando a partir de los intereses de los gobernantes y de los intereses de los grupos económicos. Sin ninguna consecuencia.
Los elefantes blancos presentados por Semanario son tres infraestructuras relacionadas con temas esenciales como salud, seguridad y protección a la mujer. Es un mapa de elefantes blancos localizados en La Laguna, Región Sureste, Carbonífera y en la frontera de Piedras Negras.
Ilustración: Edgardo Barrera.
Todos, como dice el académico Miguel Ángel Ordaz, se manejaron con los anuncios tradicionales de bombo y platillo, como algo que iba a favorecer a la región o a algún segmento de la población, pero que, finalmente, critica Ordaz, pudieron haber servido entre otras cosas sólo para gastarse el dinero.
“Al no concluirse las obras, como no hay responsabilidad que fincar, no hay el procedimiento establecido para ello, sencillamente se queda como obra inconclusa”, critica el analista político.
De las cinco obras presentadas, hay tres que no tienen remedio. Son casos perdidos. Dos más todavía tienen oportunidad de rescatarse.
Y mientras estos edificios o estructuras se han convertido en paisaje, Ordaz señala que la fiscalización a estas obras inconclusas no ha sido lo suficientemente fuerte porque la misma tiene agujeros, tiene hoyos que entorpecen cualquier cosa o conducen a ninguna parte. Asegura que esta dinámica conviene a la relación “perversa” entre las autonomías y el Ejecutivo.
Considera que no hay interés en sancionar las obras inconclusas de parte de instancias como la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas o la misma Fiscalía Anticorrupción.
“Tenemos tantas leyes que sirven para regular tan poco, para sancionar a tan pocos”, critica el especialista.
Además, refiere que los titulares de los ejecutivos no son responsables de algo. Nunca, pues se diseña la norma de tal manera para que así suceda. “Todo es por la vía de la delegación”, explica.
Lo que tiene que ocurrir, considera el académico, es que la sociedad se interese por el destino de los impuestos que pagamos pues, finalmente, lo gastado en esos proyectos proviene del dinero de la gente.
“Nos acostumbraron a no exigir, a no protestar. Es un proceso largo que implica la composición de una nueva mentalidad”, dice.
Dos décadas de una Pirámide sin uso
Hace más de dos décadas se construyó en el Parque Industrial Santa María de Ramos Arizpe un edificio conocido como “La Pirámide”, donde se pretendía albergar un destacamento de la entonces Policía Federal de Caminos. Pasaron los años y quedó en el olvido.
“La Pirámide” quedó abandonada y nadie se hizo cargo de ella. Nadie sabe por qué en su momento no se ocupó.
Según el libro El país de los elefantes blancos, de Julio Franco Corzo, un empresario donó el terreno al Ayuntamiento para construir el destacamento. Sin embargo, la Federal de Caminos desapareció y se convirtió en Policía Federal Preventiva, la cual primero estuvo bajo el mando de la Secretaría de Gobernación y después de la Secretaría de Seguridad Pública. Estas modificaciones provocaron incertidumbre jurídica, lo que derivó en que nadie se hiciera cargo.
Los únicos que la aprovecharon fueron los indigentes que encontraron refugio y los grafiteros que plasmaron su obra en las paredes.
Se realizaron solicitudes de información al Ayuntamiento de Ramos Arizpe (folio 050103000001221) y a la Secretaría de Comunicación y Transportes (folio 330025521000262) para conocer el monto de la inversión, pero los entes aseguraron no ser competentes para proporcionar el dato.
Según una revisión hemerográfica, la inversión inicial fue de cuatro millones de pesos. La estructura comenzó a levantarse antes de concluir el siglo pasado. Pero quedó en obra negra.
En septiembre de 2014, el ayuntamiento de Ramos Arizpe anunció que el edificio sería donado al patronato de Bomberos de la región sureste del estado, con la intención de colocar una nueva central de emergencias.
El municipio adelantó que se utilizarían, en una primera etapa, cerca de cuatro millones de pesos para rehabilitar el lugar. En diciembre de 2014 se firmó un convenio con el que Davisa Parques Industriales -dueña del predio- se comprometía a donar “La Pirámide” y un terreno contiguo, donde se buscaría crear la central de urgencias especializada en accidentes vehiculares y un área de capacitación para bomberos y elementos de protección civil.
En 2016 el Patronato de Bomberos recibió el espacio en comodato. Pero el proyecto fracasó.
En 2018, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe decidió deshacerse de “La Pirámide” y entregársela a la Policía Federal. El 11 de diciembre de 2018, en el decreto 100 del Periódico Oficial del Estado se había autorizado la desincorporación municipal de “La Pirámide”.
Pero en tres años nadie metió mano a la obra y la operación perdió vigencia, sobre todo por la extinción de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional.
Finalmente, el 30 de junio de 2021, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe aprobó en Cabildo (acta 237) la desincorporación -por segunda ocasión- del elefante blanco, plasmado en el Periódico Oficial como “predio identificado como lote PR-1” de la colonia Agrícola Veteranos de la Revolución de la ex Hacienda Molinos de Santa María, actualmente Parque Industrial Santa María, con el objetivo de donarlo al gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para uso de la Guardia Nacional.
Fue el 7 de septiembre de 2021, mediante el decreto número 90 publicado en el Diario Oficial del Estado, que se aprobó la donación de “La Pirámide” al gobierno federal para la construcción de las instalaciones de la Guardia Nacional.
El bien inmueble donado y sin usarse en más de dos décadas tiene una superficie de 9 mil 453 metros cuadrados.
Se cuestionó vía transparencia a la Guardia Nacional (folio 332259821000274) el estatus de la obra y los planes sobre ella, pero simplemente respondió con la confirmación de la donación que hizo el municipio de Ramos Arizpe.
A pesar de la necesidad de contar con un centro de internamiento para atender a los casos de gravedad, no se ha dado un paso adelante con la terminación de este centro, tampoco se ha castigado a nadie por el abandono y omisión del a obra. Foto: Francisco Rodríguez
El tratamiento de adicciones, convertido en elefante blanco
Las omisiones y desdén de las autoridades de Coahuila para el combate a las adicciones podrían resumirse en una obra: el Centro de Integración Juvenil y Atención a las Adicciones en San Pedro, un proyecto de 24.6 millones de pesos de la administración del exgobernador Rubén Moreira que fue pensando para ser el primer centro de internamiento para adictos en el Estado.
Pero nunca concluyó.
Actualmente, la construcción quedó en obra negra y no existe ningún plan de las autoridades estatales para rescatar una obra que, además, fue asignada a una empresa ligada a la expresidenta del Poder Judicial del Estado, Miriam Cárdenas Cantú.
El edificio se halla detrás de las instalaciones de la cárcel de San Pedro, por un camino de tierra.
Lo que sería un centro con 28 dormitorios, aulas, capilla, áreas de trabajo y consultorios, quedó en obra negra desde el término de la administración del exgobernador Moreira, en 2017. Y la actual administración de Miguel Riquelme no tiene ningún interés en rescatarla. Cuestionado sobre el centro que no se concluyó, el secretario de Salud, Roberto Bernal aseguró que en la entidad “hay prioridades”, y ese proyecto no lo es.
Admitió que conoce de la obra inconclusa, pero recalcó que no existe proyecto para rescatar el Centro.
En 2015, el exgobernador Rubén Moreira, actual diputado federal, anunció la construcción de un centro para atender las adicciones en el municipio de San Pedro de las Colonias. Eran los tiempos de postguerra de cárteles y San Pedro de las Colonias estaba identificada como una ciudad con graves problemas de consumo de heroína.
En 2016 se lanzó la licitación pública nacional CE-905002984-E168-2016 para la construcción delCentro de Integración Juvenil y Atención a las Adicciones en San Pedro. En septiembre se dio el fallo a la empresaCorporativo de Desarrollo y Construcción S.A de C.V, pese a ser la propuesta más cara de tres que se presentaron. La razón fue que las otras dos se desecharon por cuestiones técnicas de requisitos.
El contrato CE-E168-2016, en posesión de Semanario, fue firmado por 24 millones 697 mil 716.98 pesos y en él se establecía un plazo de 180 días (del 30 de septiembre de 2016 al 28 de marzo de 2017) para concluir la obra.
Nada de eso sucedió.
A más de cinco años de iniciarse, el Centro de Integración Juvenil y Atención a las Adicciones en San Pedro es uno más de los elefantes blancos estacionados en Coahuila.
Este proyecto sería el primer centro de internamiento para adicciones dependiente del estado. Pero al quedar inconcluso, no se puede atender al ejército de adictos -principalmente de cristal- que hoy en día se suman a las estadísticas permanentemente. Según el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón, siete de cada 10 personas que acuden a esa institución tienen una adicción al cristal.
Esos adictos tienen que buscar a alguno de los 21 centros de rehabilitación de la organización civil especializados en adicciones o uno de los tres lugares reconocidos por la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic). O quizá, terminar en algún anexo clandestino.
Hasta 2018, según una relación de proyectos de obra para Coahuila del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativa (FAFEF), el proyecto con folioCOA16160200640962, a la construcción del Centro de Integración Juvenil y Atención a las Adicciones en San Pedro se le habían entregado 9 millones 565 mil 836.5 y tenía entonces un 35% de avance.
El elefante blanco tiene también otro tamiz. La empresa responsable del Centro, Corporativo de Desarrollo y Construcción, S.A de C.V, está ligada a Miriam Cárdenas Cantú, expresidenta del Poder Judicial del Estado. La expresidenta fue accionista de la empresa en sus inicios, pero su cuñado, Jorge Domingo Mejía de la Garza, sigue siéndolo y su esposo, Jaime Alfredo Mejía de la Garza, es el representante legal.
A pesar de que hubo aportaciones de los mineros para la construcción y habilitación de este hospital, el gobierno de Humberto Moreira lo dejó inconcluso sin que nadie pague por la mala administración de los recursos públicos. Foto: Mauricio García.
El hospital del minero, una obra que nació elefante blanco
En la región Carbonífera los mineros trabajan bajo condiciones de inseguridad constante. Derrumbes, explosiones o inundaciones se presentan cada año.
Luego del trágico accidente de Pasta de Conchos donde quedaron atrapados 65 mineros, durante la administración del exgobernador Humberto Moreira, se construyó en el municipio de San Juan de Sabinas un “Hospital del minero”, el cual tenía como objetivo atender esencialmente a los trabajadores de la Carbonífera, y también el Centro de Capacitación y Rescate de los Mineros, cuyo fin era capacitar en materia de seguridad a los mineros que trabajaban en pozos, minas o tajos.
El proyecto del hospital se abandonó. La obra fue iniciativa de Javier Villarreal Hernández, extesorero de Coahuila, aunque entonces era director del Servicio de Administración Tributaria (SATEC), dependencia que había creado Humberto Moreira para que todo el dinero que ingresaba a las arcas estatales se concentrara en una oficina.
Villarreal Hernández convenció a los productores de invertir parte de los fondos que aportaban por cada tonelada de carbón a la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) en la construcción del hospital.
En el año 2003, como resultado de una negociación entre los sectores involucrados, y autoridades federales y estatales se creó la Prodemi, que tenía como objetivo fundamental fungir como intermediaria para que los productores de la región vendieran el carbón producido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Gracias a aportaciones de mineros y productores a la Prodemi se construyó el Hospital del Minero y un Centro de Capacitación y Rescate de los Mineros. Sin embargo, el hospital nunca funcionó porque nunca tuvo equipamiento. Cuando se terminó la obra, el gobierno solicitó a los productores que aportaran recursos para el equipamiento. Pero ellos se negaron.
El 12 de mayo de 2011, el entonces gobernador Jorge Torres López, quien entró como interino a la salida de Humberto Moreira, calificó como “un error” la creación del hospital, pues los patrones de las minas tienen la obligación de tener inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a sus trabajadores.
Por tal motivo, el 20 de mayo de 2011, en sesión del Congreso de Coahuila, la entonces diputada panista Esther Quintana Salinas propuso un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo del Estado que diera a conocer de qué manera se planeaba reembolsar a los mineros las cantidades que, por vía de aportación, realizaron para la creación del hospital del Minero. Los priistas se negaron y la solicitud fue rechazada por mayoría.
Miguel Ángel Ordaz refiere que nunca habrá exigencia de los diputados porque son “correa de la misma tela”. Para el catedrático, la falta de exigencia de los diputados locales, principalmente los que son parte del partido en el poder, reflejan la combinación perfecta entre una representación simulada y una simulación democrática a la hora de la elección. “Todo está establecido a partir de los intereses del ejecutivo”, comenta.
Para Esther Quintana se trató de dinero de los trabajadores tirado a la basura, por lo que no duda en calificarlo como un “robo” y un “fraude”. Asegura que era necesario un hospital especializado que tratara a los mineros por sus múltiples males. Por ejemplo, de 2018 a 2020 se registraron 3 mil 179 casos de neumoconiosis, según la memoria estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
A la neumoconiosis también se le conoce como la enfermedad del pulmón negro, porque resulta de la inhalación del polvo de carbón. En ningún otro estado hay esos niveles de males respiratorios.
Como tampoco en ninguna otra parte del país ocurren la cantidad de accidentes fatales en minas como en la Carbonífera: un promedio de cuatro accidentes fatales cada año, lo que evidencia el riesgo de trabajo en la zona.
“No existe un hospital de esta naturaleza. Si no les van a devolver su dinero, que les den el hospital”, lamenta Quintana Salinas.
La exdiputada reflexiona que un gobierno actúa cuando se encarga de aspectos torales: salud y educación. Sin embargo, en el tema del hospital del minero, ya había dinero aportado y se dio por perdido. “No se vale, no se llegó a ningún acuerdo”, añade.
El único uso que se le daba era el de bodega del hospital General del municipio.
Así mismo, se dio a conocer la intención del gobierno estatal para que fuera el IMSS quien se hiciera cargo del elefante blanco, a fin de que éste fuera utilizado para la operación de una clínica regional. Pero el IMSS nunca lo aceptó. Esther Quintana critica que nunca se dialogó y no se le dio la importancia requerida en una región donde son típicas las enfermedades respiratorias consecuencia de la minería del carbón.
Jorge Torres fue condenado a 36 meses de prisión en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero y liberado hace unos meses. Javier Villarreal, por su parte, enfrenta en libertad en Estados Unidos cargos de conspiración de lavado de dinero robado de las arcas de Coahuila.
La Prodemi desapareció y cualquier solicitud de información no es respondida ni es posible presentar recursos de revisión. La secretaría de Infraestructura dice no tener información. Hoy el elefante blanco está sepultado y dio vida, gracias a la pandemia, a un laboratorio de biología molecular. Pero del hospital del minero nadie se acordó en una década.
De acuerdo a la Secretaría de Infraestructura se han gastado 33 millones de pesos en la construcción de este centro que sigue sin abrir sus puertas. Foto: Josué Rodríguez.
Un Centro de Justicia que sigue sin concluir
El 17 de diciembre de 2018 se puso la primera piedra del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en Piedras Negras, prácticamente a un año de gobierno del actual gobernador, Miguel Riquelme Solís.
Al lado del mandatario estaba la entonces alcaldesa de Piedras Negras, Sonia Villarreal, actual secretaria de Seguridad del Estado.
La obra tiene una construcción, según la minuta del proyecto, de 2 mil 765 metros cuadrados y más de 3 mil metros cuadrados de superficie. En este edificio se pretende contar con un área de atención a las mujeres, oficinas de enlace de la Fiscalía, DIF, Pronnif; además de un refugio temporal para albergar a tres familias.
La obra tiene sus orígenes en un convenio de coordinación que celebraron la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Coahuila para la creación específica del Centro de Justicia en Piedras Negras.
El gobierno de Coahuila, a través del exsecretario de Gobierno y actual alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, solicitaron el 26 de enero de 2018 a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), recursos federales para la creación del Centro. El 21 de febrero de ese año se determinó viable el proyecto y se autorizaron 13.6 millones de pesos.
El proyecto tenía un costo estimado en dos etapas de 26 millones de pesos y tenía como fecha estimada de conclusión el 31 de diciembre de 2019. Pero fue hasta diciembre de 2018 que se puso la primera piedra. Entoncesse informó que la inversión sería de 30 millones de pesos.
El Centro sigue sin arrancar. Según la Secretaría de Infraestructura se han gastado 33 millones 713 mil 573 pesos en cuatro contratos, dos en 2018 y dos en 2021.
En tres años de construcción, esta obra que debió concluir en un año sigue sin poder entregarse.
Vanessa Ramírez, abogada y académica de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) unidad Piedras Negras, considera que es una gran diferencia contar con un Centro de Justicia en vez de que las mujeres tengan que acudir a una agencia del ministerio público.
“Cuando abren estos centros, los números se disparan. Las mujeres saben que existe un lugar donde son atendidas de forma integral y su ánimo hace que vayan. Es un fenómeno que ocurre, los números se van a incrementar. En una atención laboral, de salud, de educación”, argumenta la especialista sobre la necesidad del Centro en Piedras Negras.
Actualmente, las mujeres tienen que acudir a un módulo de atención que está en el Instituto de las Mujeres en Piedras Negras.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2021 (hasta noviembre) se reportaron 773 denuncias por violencia familiar.
Para Vanessa Ramírez acudir a una agencia del ministerio público inhibe el hecho de que las mujeres denuncien o pidan apoyo.
“La ruta de atención cuando las mujeres van a un Centro de Justicia…, hay áreas lúdicas, los niños están cuidados mientras son atendidas; ir a una agencia del MP con niños dificulta la ruta de atención en la fiscalía. En los centros de empoderamiento se sienten más tranquilas. Hay muchas ventajas”, ahonda.
Para Ramírez, en todas las regiones de Coahuila es necesario un Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.
Por ejemplo, en Piedras Negras no existe un refugio para mujeres violentadas, mientras que en Acuña sí. “Sería bueno tener uno que dé atención a Piedras Negras y a la zona de los Cinco Manantiales”, comenta la abogada.
La abogada desconoce por qué el Centro no ha entrado en operaciones. Dice que ha pasado por el exterior y luce completo.
Según la secretaría de Infraestructura, la obra tiene un 98 por ciento de avance físico, por lo que se considera “en proceso”, según respuesta a una solicitud de información (folio 050098400001821) de fecha 10 de noviembre de 2021.
De acuerdo a un informe de la Auditoría Superior de la Federación, se duplicaron pagos en la estructura metálica y además se pagaron más de 192 millones de pesos por equipo médico que no se ha instalado.
Hospital Materno infantil, ¿hasta cuándo?
El Hospital Materno Infantil de Saltillo es un elefante blanco colorido por el rosa de las jardineras y unos listones de colores pastel que cuelgan en la fachada.
La historia de este hospital data de junio de 2014, cuando el gobierno estatal del exgobernador Rubén Moreira y el federal del expresidente Enrique Peña Nieto, firmaron un convenio para la construcción del Centro Oncológico y el Hospital Materno Infantil.
Sin embargo, a más de seis años, la obra de casi 700 millones de pesos parece interminable, pese a que la obra se presentó como concluida al final de la gestión de Rubén Moreira.
El 28 de noviembre de 2017, el exmandatario publicó en su cuenta de Twitter: “Entregamos el edificio y equipo del nuevo Hospital Materno-Infantil. Empieza el proceso para su inicio de operaciones”.
Sin embargo, pese a que el elefante blanco se presentó como finalizado, la actual administración sigue gastando dinero. Al menos así lo dicen los informes del gobernador Miguel Riquelme Solís.
En la página 161 de su primer informe de Gobierno (2018), Riquelme Solís informó de la “continuación de la construcción del Hospital Materno Infantil, con una inversión de 53 millones de pesos”.
“Dice haber invertido 53 millones para construir un hospital que ya estaba construido”, reclamó en la tribuna del Congreso el diputado panista Rodolfo Walss Aurioles.
En su segundo informe (2019), página 176, en Saltillo, también se informa que se destinaron 53 millones de pesos al Hospital Materno Infantil.
En su tercer informe de Gobierno (2020), página 218, también se informó que se seguía trabajando en la “continuación de la construcción del Hospital Materno Infantil, con una inversión de 53 millones de pesos”. Aunque en la página 436 se dice que son 44.4 millones de pesos.
En la página 218 del cuarto informe (2021), dice textual: “seguimos trabajando en las siguientes obras iniciadas el año pasado: Construcción del Hospital Materno Infantil, con una inversión de 44.4 millones de pesos. Continuación de la construcción del Hospital Materno Infantil, con una inversión de 53 millones de pesos”.
“Esos 90 millones se los robaron, el hospital está abandonado, en cuatro años no le han metido ni un solo peso. Ni siquiera para deshierbar lo que está afuera y por dentro está destruido”, aseguró el diputado Walss Aurioles en el Congreso.
Por si fuera poco, el Hospital Materno Infantil ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En 2016 hizo observaciones por 192 millones de pesos por equipo que todavía no había sido instalado.
La ASF señaló, según documentó Vanguardia en una nota del 20 de mayo de 2020, que “se duplicaron pagos en el suministro de estructura metálica de acero, no se han instalado los equipos médicos que se pagaron por un monto de 192 millones 578 mil 400 pesos”.
* Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Saltillo Coahuila 18 de enero de 2022, la diputada Lizbeth Ogazón, coordinadora del grupo parlamentario de morena en el congreso del Estado, presentó un punto de acuerdo para que se aclare el destino de los recursos en la construcción equipamiento y funcionamiento del elefante blanco en el que se ha convertido el hospital materno infantil de Saltillo.
Señaló la legisladora que desde junio de 2004 se firmó un convenio para la construcción del sanatorio, donde después de 700 millones de pesos parece que no termina a pesar de haberse presentado como concluido el 28 de noviembre de 2017.
Recalcó que además de que continúa sin operar y sin brindar el servicio que requiere el pueblo, en los últimos cuatro informes de gobierno se señala que se han invertido 53 millones de pesos en su operación. Aunado a esto a las observaciones hechas por parte de la auditoría superior de la Federación la cual en el año de 2016 señaló un faltante de 192 millones de pesos en equipo sin instalar así como el hecho de qué haya pagos dobles en el suministro de la estructura metálica.
El gobierno y la auditoría superior del Estado deben dar respuesta a este elefante blanco que representa desvío de recursos impunidad y falta de compromiso a efecto de qué se investiguen y sean fincadas responsabilidades.
Carlos y Álvaro Moreira convirtieron en su «caja chica» la economía de la Sección 38 del SNTE.
Saltillo, Coah., 28 de diciembre 2017 – Los hermanos Álvaro y Carlos Moreira se encuentran en la mira de las autoridades de Coahuila luego de que la Auditoría Superior del Estado detectara irregularidades en el manejo de los recursos del magisterio. El desvío de dinero alcanzaría los mil 304 millones 393 mil 281 pesos.
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública del 2016, las instituciones de seguridad social de la Sección 38 fueron prácticamente saqueadas en este último año al incrementarse las irregularidades casi en un cien por ciento con relación al 2015 cuando se detectaron faltantes por 679 millones 682 mil 806 pesos.
La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, bajo el control de Carlos y Álvaro Moreira fue la más señalada, con presuntos malos manejos por mil millones 494 mil 967 pesos, de los cuales 957 millones 732 mil 381 pesos correspondieron al rubro de ingresos.
El Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación fue la segunda entidad con más monto por observaciones: 151 millones 268 mil 59 pesos.
Además, la Auditoría Superior del Estado detectó que no concilió cifras entre su nómina y lo reportado en la Cuenta Pública, y que no tuvo la aprobación del Programa Anual de Adquisiciones.
Hasta el momento se desconoce las acciones que se habrán de emprender en contra de los responsables del saqueo descarado que vive la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que sigue convertida en un reducto de los hermanos Moreira con elaval de su actual dirigente sindical Xicoténcatl de la Cruz.
Sin embargo se habla de que en el transcurso de las próximas semanas se emprenderán acciones legales para rescatar los recursos que pertenecen a los maestros de Coahuila.
