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  • Desmienten reportaje de Loret sobre medicamentos caducos en el IMSS

    Desmienten reportaje de Loret sobre medicamentos caducos en el IMSS

    l conductor de Latinus, Carlos Loret de Mola, recibió otro revés a un reportaje difundido por esa plataforma digital sobre supuestos medicamentos caducos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), titulado “Medicinas a la basura, vacunas y fármacos por 18 mil millones de pesos” transmitido el pasado 7 de abril en el programa Loret Capítulo 79.

    Según Latinus, en el IMSS han caducado más de 134 millones de piezas de medicamentos en los últimos tres años, lo que representa una pérdida por más de 18 mil millones de pesos. Además, según Latinus en promedio caducaron 131 mil piezas de medicamentos por día.

    Sin embargo, el Seguro Social replicó dicho trabajo en un video compartido en sus redes sociales y aseguró que las cifras presentadas son erróneas.

    “El caso del IMSS NO es de 134 millones de piezas de medicamentos caducadas en 3 años como asegura Latinus”.

    De acuerdo con el IMSS, en ese periodo se suministraron 2 mil 715 millones de medicamentos, de los cuales solo el 0.76% presentó pérdidas por caducidad, es decir, 113 millones de caducidades menos que lo reportado por Latinus.

    El  IMSS advirtió que el reportaje tuvo una falla metodológica, pues los autores del reportaje sumaron de manera lineal la columna de “inventario caducado” mes tras mes sin descontar los inventarios iniciales de cada periodo, por lo que se obtuvo una suma 5 veces mayor a lo registrado.

    “Este es un error muy común para el que no conoce el concepto de inventario y los fundamentos básicos de la contabilidad”, señaló el IMSS.

    La dependencia federal además aclaró que la cifra dada por Latinus de 134 millones piezas caducadas representa una sobrevaluación del 521 por ciento sobre el dato real para ese periodo.

    Loret de Mola escribió en su cuenta de Twitter que hubo una “negligencia criminal” de parte del sistema de salud al permitir que caducara el medicamento.

    El IMSS precisó que debido a este error el “impacto en dinero” del costo de los medicamentos caducados también es incorrecto por lo que la cifra no es de 18 mil millones de pesos, sin tomar en cuenta que hay mecanismos de canje.

    “El reportaje asume que toda caducidad significa la pérdida monetaria del medicamento: El IMSS tiene mecanismos de sistemas de administración de las existencias de los inventarios y solicita a los proveedores presentar cartas de canje”, aclararon.

    El IMSS detalló que el  21 octubre de 2021 recibió una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la que se pidió la siguiente información: número de medicamentos que caducaron del 2015 al 21 de octubre de 2021 con su respectivo nombre, clínica, entidad federativa, así como el precio de cada medicamento a cargo de la dependencia.

    En respuesta a dicha solicitud, el 6 de diciembre se hizo entrega de una base de datos archivada en Excel compuesta de 43,163 registros. No obstante, los cálculos obtenidos con dicha información son erróneos, indicó el IMSS.

    “Se señala el envío de 2 archivos en formato Excel y de ahí es que Latinus sacó sus conclusiones. Pero sumó mal”, se explica en el video.

    “Latinus tuvo toda la información que solicitó al IMSS y no supo, no pudo o no quiso analizarla de manera profesional presentando a su audiencia datos mal calculados y conclusiones erróneas como información real”, sentenció el Instituto y agregó que la difusión de sus datos afecta la reputación de sus 215 mil trabajadores.

    El IMSS resaltó que la Organización Mundial de la Salud establece recomendaciones sobre pérdidas aceptables por caducidad debajo del 1% del total, de manera que el IMSS ha registrado 0.24% menos que lo establecido en los últimos tres años.

    Al corte de esta edición,  Latinus y Carlos Loret de Mola no han respondido al video del IMSS.

    Fuente Polemón

  • Gobierno de Michoacán investiga desvío de recursos a Latinus

    Gobierno de Michoacán investiga desvío de recursos a Latinus

    l Gobierno de Michoacán a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla, investiga los contratos por al menos 15 millones de dólares que el ex gobernador de ese estado, Silvano Aureoles Conejo, le dio a un grupo de empresas ligadas al priista Roberto Madrazo Pintado y su familia, quienes son los dueños de Latinus. 

    De acuerdo con una investigación de SinEmbargo, el gobierno de Aureoles dio los contratos relacionados con el tema de salud a las empresas de productos médicos Samedic, S.A. de C.V. y Hova Health S.A. de C.V., las cuales son propiedad de Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo. 

    Ambos personajes son los principales dueños y financiadores del medio digital Latinus, en el cual participan Carlos Loret de Mola y Brozo. 

    Como es sabido, fue el periodista Álvaro Delgado quien reveló que los financiadores de Latinus son Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola,hijo y yerno respectivamente de Roberto Madrazo Pintado. Los recursos provienen de sus principales negocios, entre ellos las empresas BCG Limited Consulting, SA de CV; Digital Beacon Programatic Services, SA de CV; Hova Health, SA de CV, y Samedic, SA de CV.

    Entre 2018 y lo que va de 2022, las nueve compañías del clan Madrazo han capitalizado la plataforma de “desinformación” Latinus, cuyas controladoras –Latinus Media Group, LLC; BCG Limited Consulting, SA de CV; y/o Digital Beacon Programatic Services, SA de CV– radican tanto en México como en Estados Unidos, específicamente en el paraíso fiscal de Delaware. Los flujos millonarios de esas nueve empresas al proyecto que se hace pasar como portal de corte periodístico iniciaron en 2018, previo a su lanzamiento formal a principios de enero de 2020.

    Desde su inauguración, Latinus ha difundido todas las campañas de propaganda relacionada con grupos de interés, especialmente los encabezados por el empresario Claudio X. González Guajardo, entre ellos la alianza Sí por México.

    De acuerdo con un reportaje del medio digital Contralínea, fueron 4 mil 500 millones los aportó el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo por medio de contratos ligados a nueve compañías del clan político del priísta Roberto Madrazo Pintado.

    A éstas se suman Movimedical, SA de CV; Medckin, SA de CV; EPG Digital, SA de CV; Comercializadora Antel, SA de CV; y Medalfa, SA de CV, que de acuerdo con información revelada por Milenio, La Crónica y Proceso, Aureoles pagó 400 MDP en mastografías, pero empresa incumplió contratos.

    Medalfa S.A. de C.V., es una de las empresas más relevantes a las que Aureoles asignó contratos. Su vínculo se ha identificado a través de Alexis Nickin Gaxiola, esposo de Ximena Madrazo Rojas (hija del político Roberto Madrazo).

    Roberto Madrazo y Federico Madrazo. Foto: Especial

    Medalfa se constituyó en febrero de 2014 ante el notario 112 de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), José Higinio Núñez y Bandera. Su domicilio se ubica en Emiliano Zapata sin número, bodega B2,B3,B4, en el Parque Industrial Lerma, México, y tiene por objeto social: “comprar, vender, fabricar, importar, exportar, distribuir, suministrar y comercializar toda clase de productos,mercancías y servicios por cuenta propia o ajena incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, medicamentos, material de curación, reactivos, remedios herbolarios, suplementos alimenticios, cosméticos, estudios, mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio así como toda clase de productos relacionados con y para la salud”.

    Su representante legal es Ana Lilia Báez Guzmán, mientras que su auxiliar de asuntos regulatorios es Abraham Nickin Goldberg, primo de Alexis Nickin Gaxiola. Y tan sólo en el periodo de 2018 a 2021, obtuvo contratos con el gobierno de Michoacán –la mayoría por vía de la adjudicación directa– por 4 mil 233 millones 241 mil pesos, de los poco más de 4 mil 500 millones que facturaron las nueve empresas con la administración de Aureoles Conejo.

    Además, de acuerdo con sus portales de transparencia, en 2020, el Instituto de Salud del Estado de México –entidad gobernada por Alfredo del Mazo Maza– dio dos contratos a Medalfa: el ISEM-SEV-LPRE10/013-20, por 239 millones 991 pesos, y el ISEM-ADQ-ADPURE/052-20, por 2 millones 900 mil. Y en ese mismo año, el organismo Servicios de Salud de Sonora (Claudia Artemiza Pavlovich Arellano) le otorgó por adjudicación directa el contrato SSS-CGSPES-CAAS/29/2020-099, por 2 millones 254 mil pesos.

    Contralínea destaca que las empresas que han financiado a Latinus cuentan con un historial de irregularidades en la prestación de servicios y venta de productos. Ejemplo de ello es el caso de Movimedical, que ya enfrenta problemas por un presunto fraude por más de 400 millones de pesos en el que habría incurrido por no dar el servicio de mastografías a las mujeres michoacanas.

    Fuente Polemón

  • Loret de Mola-Yaber, una pareja exitosa… en los bienes raíces

    Loret de Mola-Yaber, una pareja exitosa… en los bienes raíces

    CIUDAD DE MÉXICO, 05ABRIL2017.- Los candidatos a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, del PRD; Alfredo del Mazo, del PRI, Josefina Vázquez Mota, del PAN, y Delfina Gómez, por MORENA, sostuvieron un debate durante el noticiero Despierta de Carlos Loret de Mola. FOTO: CUARTOSCURO.COM

    Segunda parte. El matrimonio de Carlos Loret de Mola y Ruth Berenice Yaber Coronado es un éxito en materia inmobiliaria. El periodista, la académica y la hermana de ésta acumulan, al menos, 13 departamentos por alrededor de 100 millones de pesos. Una sola de las propiedades del líder visible de Latinus y su esposa alcanza un valor por 50 millones de pesos

    Carlos Loret de Mola, Ruth Berenice y Paola Yaber Coronado poseen, al menos, 13 propiedades inmobiliarias sólo en la Ciudad de México. El valor conjunto de ellas ronda los 100 millones de pesos, de acuerdo con información del Registro Público de la Propiedad y el Comercio consultada por Contralínea.

    Una de las propiedades vale casi 50 millones de pesos. Está a nombre de Carlos Loret de Mola y Ruth Berenice Yaber Coronado. El valor estimado del inmueble es de 48 millones 162 mil 641 pesos. Ubicado en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, fue adquirido por la pareja en septiembre de 2014 mediante escritura pública otorgada ante el notario 116 en la Ciudad de México, Ignacio Morales Lechuga, de acuerdo con el folio electrónico 1443340-28.

    Otro departamento a nombre del matrimonio se encuentra en la avenida Arquímedes del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. El valor del inmueble es de 6 millones 900 mil pesos y la adquisición data de noviembre de 2007. Fue adquirido por compraventa mediante escritura pública otorgada ante el notario 145 de la Ciudad de México, Francisco José Visoso, según el folio real 9321639-2.

    Matrimonio Loret de Mola-Yaber; uno de sus departamentos, con un valor de casi 50 millones de pesos
    FOTO: CUARTOSCURO.COM

    Una tercera propiedad, sólo a nombre de Carlos Loret de Mola, se encuentra en el Conjunto Punto Poniente, en la colonia Reforma Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo. Según el folio electrónico 553494-62, el inmueble tiene un valor de 1 millón 211 mil pesos y fue adquirido por el conductor de radio y televisión en septiembre de 2014. La compraventa fue otorgada mediante escritura pública ante el notario Ignacio Morales Lechuga.

    Por su parte, Ruth Berenice Yaber Coronado aparece como dueña de otros ocho departamentos. Uno de ellos, con valor de 3 millones de 692 mil, comparte con sus hermanas Paola y Karina. Ella es propietaria del 50 por ciento, mientras que sus consanguíneas detentan el 25 por ciento del inmueble cada una.

    Este departamento, ubicado en la colonia Lomas Quebradas, en la alcaldía La Magdalena Contreras, fue adquirido por las hermanas por donación, otorgada por medio de escritura pública en febrero de 2011. El proceso se llevó a cabo ante el notario 144 de la Ciudad de México, Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero, según el folio electrónico 54992.

    Ruth Berenice, economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y, según sus propias palabras, sólo colabora “de manera esporádica” en GEA Grupo de Economistas y Asociados. Pudo adquirir en diciembre de 2016 dos departamentos en la avenida Ejército Nacional en la alcaldía Miguel Hidalgo.

    Ambos inmuebles están ubicados en la torre D de la colonia Granada. Las adquisiciones se realizaron por compraventa otorgada mediante escritura pública ante el notario 227 de la Ciudad de México, Carlos Antonio Morales Montes de Oca. Según el folio electrónico 1411622, una de ellas tiene un valor de 6 millones 238 mil 234.68 pesos. Y según el folio electrónico 1411613, la otra propiedad vale 5 millones 421 mil 583.72 pesos.

    Además, Ruth Berenice Yaber Coronado es propietaria de otros tres departamentos ubicados en la colonia Ampliación Granada, de la alcaldía Miguel Hidalgo, adquiridos por “transmisión de propiedad” ante el notario Eduardo Francisco García Villegas. Uno de ellos, según el folio electrónico 1350207 se encuentra en el Conjunto Plaza Carso, en la calle Lago Zúrich, y tiene un valor de 3 millones 325 mil 824 pesos.

    Negocios inmobiliarios. FOTO: CUARTOSCURO.COM

    Otro departamento, según el folio electrónico 1352541, también ubicado en la calle de Lago Zúrich, vale 2 millones 659 mil 764.93 pesos. Y el tercero, en la misma zona residencial tiene un valor casi idéntico: 2 millones 659 mil 764.92 pesos. Los tres fueron adquiridos en febrero de 2011.

    Además, cuenta con otro departamento adquirido en julio de 2012 por compraventa, mediante escritura otorgada ante el notario 122 de la Ciudad de México, Arturo Talavera Autrique. Según el folio electrónico 9401101-10, estpa ubicado en la calle Lago Wan, colonia Ahuehuetes Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, y tiene un valor de 873 mil pesos.

    Finalmente, Ruth Berenice Yaber Coronado aparece como propietaria de un departamento más, ubicado en la calle Casa Amarilla de la colonia Reforma Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo. El valor del inmueble no consta en el folio electrónico 553494-60. Sólo se consigna que fue adquirido por compraventa otorgada mediante escritura ante el notario Ignacio Morales Lechuga.

    Por su parte, la magistrada Paola Yaber Coronado, hermana de Ruth Berenice, es propietaria de dos departamentos, adquiridos recientemente y ubicados en la avenida Ejército Mexicano, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo. Uno de ellos, con valor de 9 millones de pesos, según el folio 1419035, fue adquirido por compraventa ante el notario 15 de la Ciudad de México, Eduardo Alejandro Francisco García Villegas en septiembre de 2020.

    El otro, con valor de 6 millones 626 mil 500 pesos, fue adquirido por donación, mediante instrumento otorgado ante el notario 102 de la Ciudad de México, José María Morera González. Según el folio electrónico 1411644,  la adquisición se realizó en julio de 2019.

    El monto total de los 12 departamentos con valor consignado en los folios asciende a 96 millones 770 mil 313.25 pesos. Falta por estimar el valor de un departamento a nombre de Ruth Berenice Yaber Coronado.

    Éstas son las propiedades rastreadas hasta el momento del cierre de esta edición y sólo en la Ciudad de México.

    Polémica. FOTO: CUARTOSCURO.COM
    Roberto Madrazo admitió que su hijo y su yerno financian Latinus Luego de que el periodista Álvaro Delgado reveló que el clan de Roberto Madrazo Pintado estaba detrás del financiamiento al portal que encabeza Carlos Loret de Mola, el político priísta admitió en una charla con Carlos Alazraki que eso es verdad. [“Una red de políticos prominentes y empresas (con acceso a dinero público) está detrás de Latinus”, Sin Embargo, 29 de marzo de 2021.] “El lunes salió un artículo en que Pico, tu hijo [Federico Madrazo Rojas], y Alex, tu yerno [Alexis Nickin Gaxiola], eran accionistas de Latinus, con tras tres o cuatro personas. Primera pregunta: ¿es cierto?”, le dice Alazraki a Madrazo. Roberto Madrazo (RM): Sí, totalmente cierto.Carlos Alazraki (CA): ¿Tú sabías?RM: Sí.CA: ¿Tienes algo que ver?RM: No, nada.CA: ¿Por qué?RM: Porque no me invitaron.CA: Así son los hijos, no tienen madre, me pasa igual en cosas…(Risas)RM: Los hijos no me hicieron la menor invitación, pero sí estaba yo enterado por la plática que se da en cualquier familia de lo que los hijos están haciendo con sus proyectos.Alexis, directamente, ha estado muy involucrado y Federico en otra forma, pero también está involucrado y nunca se ocultó, lo que pasa es que nadie preguntó, nadie decía quién es el dueño.A medida que la plataforma creció, comenzaron a decir: quién es el dueño, el presidente López Obrador ya lo sabía, yo estoy seguro que él tenía información de quienes estaban ahí, los hijos míos, es su camino, su propio proyecto, su decisión que ha sido exitosa.CA: Le ha ido súper bien. Yo invité a Carlos y también quería invitar Víctor y Carlos Loret me dijo que hasta que no cumplan el año por contrato no puede dar entrevistas, pero que me promete la primera entrevista.RM: Va a ser muy interesante.CA: Lo voy a tener en un platicando.RM: Además, tú sabes que tanto Víctor Trujillo, en su personaje Brozo, y Carlos Loret eran críticos míos durísimos. ¿Tú crees que me preguntaron, Federico y Alexis? No, jamás, nunca.Además, yo no hubiera opinado mal porque no es mi estilo, pero me llamó la atención cuando los vi ahí trabajando en un proyecto tan interesante.CA: Nada más hace falta Adal Ramones. Nos trataron del carajo, había ido Labastida antes y luego Roberto… y todo el mundo en el estudio de Adal Ramones: ¡Labastida!, ¡Labastida! y luego nos tocan a Roberto y a mi unas mentadas de madre en el estudio. Todo era pagado, obviamente, pero…RM: 1999 ha pasado el tiempo Carlos y nos divertimos mucho en esa interna, teníamos todo en contra. El sistema, el partido, los gobernadores, pero dale un madrazo al dedazo es inolvidable…CA: Sí, y el quién dijo que no se puede.

    Fuente ContraLínea

  • Michoacán investiga presunto esquema para desviar recursos de salud a Latinus

    Michoacán investiga presunto esquema para desviar recursos de salud a Latinus

    Las autoridades michoacanas analizan contratos por más de 300 millones que, sospechan, fueron entregados por el exgobernador Silvano Aureoles a empresas de material y equipo médico relacionadas con Roberto Madrazo, excandidato presidencial del PRI.

    Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– El Gobierno de Michoacán examina a detalle los contratos que por al menos 300 millones de pesos asignó el exgobernador perredista Silvano Aureoles a las empresas de productos médicos vinculadas al excandidato presidencial priista Roberto Madrazo Pintado, que a su vez financian al portal Latinus que dirigen el hijo y el yerno de éste.

    “Se va a investigar todo”, aseguró el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en entrevista con Los Periodistas, el 24 de junio de 2021, y aclaró que están incluidas las empresas del clan Madrazo que obtuvieron contratos de Aureoles. “Estamos obligados a investigar, a implementar auditorías y que éstas den resultados”.

    Y así fue: Con base en lo que SinEmbargo reveló, el 29 de marzo de 2021, en el sentido de que Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Madrazo Pintado, son los propietarios de Latinus, y que éste es también dueño de Samedic, S.A. de C.V. y Hova Health S.A. de C.V., el nuevo Gobierno de Morena en Michoacán comenzó a investigar todas éstas y otras empresas contratistas.

    Silvano Aureoles se encuentra en la mira de las autoridades de Michoacán. Foto: Cuartoscuro.

    Además de revisar la legalidad de los contratos que por más de 300 millones de pesos otorgó Aureoles a Samedic, S.A. de C.V. y Hova Health S.A. de C.V., como se detalló en el reportaje de SinEmbargo hace un año, el Gobierno de Michoacán también busca identificar si funcionarios del anterior Gobierno cometieron delitos por estar vinculados a las empresas de Latinus.

    El reportaje acreditó entonces que el secretario privado del Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja, es accionista de BCG Limited Consulting, S.A. de C.V., una de las empresas propiedad de Latinus, mientras que Miguel Alonso Olamendi, también vinculado a este portal que tiene como estelares a Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, fue secretario particular del exgobernador perredista.

    Alonso Olamendi, hijo de la exsubsecretaria del Gobierno de Vicente Fox, Patricia Olamendi, y del exdiputado federal perredista Miguel Alonso Raya, fue representante del Gobierno de Michoacán en la Ciudad de México, y su mano derecha era Estrada Castilleja, socio formal de Latinus.

    Aunque el portavoz del Gobierno de Michoacán, Carlos Márquez, declinó informar fechas sobre la presentación de denuncias de carácter penal o administrativo, se analizan a detalle los contratos otorgados a las empresas citadas y la relación de servidores públicos del Gobierno de Aureoles con BCG Limited Consulting, S.A. de C.V., cuyo otro accionista formal es Christian González Guadarrama, director general de Latinus.

    Además de BCG Limited Consulting, S.A. de C.V., hay otra empresa que está detrás de Latinus, Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V., que tiene el mismo objeto social, la misma dirección —Paseo de La Reforma 1620, en las Lomas de Chapultepec— y el mismo representante legal, González Guadarrama.

    La única diferencia entre una empresa y otra es que el socio de González Guadarrama en Digital Beacon Programatic Services, creada el 12 de diciembre de 2019, se llama Rodrigo Gerardo Peña Ugalde.

    Como lo publicó SinEmbargo hace un año, las empresas de material y equipo médico vinculadas a Madrazo recibieron del Gobierno de Michoacán contratos por más de 300 millones de pesos, uno de los cuales fue por adjudicación directa tras las elecciones federales de 2018, por 137 millones 991 mil 713 pesos para la empresa Samedic, S.A. de C.V.

    El tabasqueño Roberto Madrazo Pintado, Foto: Cuartoscuro

    Esta misma empresa recibió, también del Gobierno de Aureoles, otros tres contratos millonarios: El 9 de abril de 2018, por 94 millones 711 mil pesos; el 31 de enero de 2019, por 94 millones 699 mil, y, el 30 de marzo de 2019, recibió otro por 113 millones 220 mil pesos.

    Otra empresa propiedad del yerno de Madrazo Pintado, Hova Health S.A. de C.V., también ha recibido contratos del Gobierno de Aureoles: Uno de ellos fue, en 2019, por 10 millones 271 mil pesos.

    Cuando SinEmbargo publicó las investigación que reveló las relaciones de Madrazo Pintado con las empresas contratistas de su yerno con el Gobierno de Aureoles y éstas con Latinus, el excandidato presidencial admitió que la información era cierta y el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era de su conocimiento.

    El miércoles pasado el Presidente de México se refirió a la vinculación de las empresas de productos y equipo médico del clan de Madrazo Pintado con Latinus, en el contexto de los “ataques” en contra de su Gobierno por parte del conductor Carlos Loret de Mola.

    “De ahí viene el problema con Loret de Mola. Vean ustedes Latinus, que es parte de la empresa que está financiando a quienes nos atacan. ¿A qué se dedican, además de los medios, a qué se dedicaban? A vender medicamentos al Gobierno, políticos que vendían grandes cantidades de medicamentos, incluso adulterados, a precios elevadísimos, contratos con los gobiernos estatales, todavía los tienen”.

    El 16 de enero, SinEmbargo publicó como primicia que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación, con carácter de “alta prioridad”, en contra de Aureoles Conejo por presuntos actos de corrupción cometidos durante su mandato.

    La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) integró la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-MCH/0000601/2021 y a mediados de diciembre solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) información sobre los procedimientos administrativos que se hayan abierto en contra del exmandatario con motivo del ejercicio de sus funciones, según un oficio de la FGR que obtuvo este diario digital.

    Y apenas el 4 de marzo este medio informó que el presunto desfalco del que es acusado el Aureoles ascendería a un monto entre los 50 mil y 60 mil millones de pesos en diversos rubros que van desde la seguridad pública hasta el sector salud y económico, según estimaciones preliminares del Gobierno de Michoacán.

    La Contralora del estado, Azucena Marín Correa, indicó en entrevista con la reportera Romina Gándara que las cifras son aún estimaciones, pero indicó que el desfalco podría ser mayor a los 50 mil o incluso 60 mil millones, pero dijo que con la documentación que llevan hasta el momento sólo se pueden sustentar al menos 6 mil millones de pesos que son los que engloban las denuncias penales que han interpuesto hasta la fecha.

    “Ahorita tenemos ya acreditado o comprobado 6 mil millones de pesos. A qué me refiero con acreditado, que ya lo puedo llevar a una instancia de justicia, pero ya con documentos, no es nada más decir: ‘es una tarea pendiente de investigación’. Ahorita el universo total sería aproximadamente de 6 mil millones de pesos, los que tengo acreditados ante instancias o que voy acreditar en los próximos días”, señaló la funcionaria.

    Roberto Madrazo negó que esté detrás del financiamiento a Latinus. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.

    La actual Contraloría de Michoacán ha recibido desde octubre a la fecha al menos 148 denuncias o señalamientos por irregularidades o posibles desvíos dentro de la administración de Aureoles, las cuales se derivarán en al menos 18 denuncias penales, según estimó la dependencia. Hasta el momento el Gobierno estatal ya ha interpuesto 11 denuncias: cuatro ante instancias federales y siete ante la Fiscalía General de Justicia de Michoacán.

    “Vamos a dividir por momentos: nosotros tenemos una recepción de denuncias y quejas, pero aparte están los hallazgos que encuentran a los servidores públicos. Ahí los hallazgos fue una cantidad de muchos años que en el transcurso del ejercicio de la administración se han ido difuminando, pero hay otros que se han ido agravando y ahí en esos encontramos sustracción de documentos, uso indebido de atribuciones y un sin número de irregularidades, hasta llegar a las más graves que ya presentamos ante instancias federales y estatales”, dijo la Contralora.

    El Secretario de Gobierno Carlos Torres Piña, así como el Gobernador Ramírez Bedolla, han declarado en diversas entrevistas que el monto podría ascender a los 50 mil millones de pesos, si a las irregularidades se suman la deuda pública con más 20 mil millones en créditos bancarios, más 5 mil millones de los seguros, más de 11 mil 648.6 millones de pesos de pasivos, que corresponden a la cotización de dos quincenas ante el ISSSTE, el adeudo de más de 13 mil millones a proveedores, entre otras inconsistencias.

    “Ahorita tengo por ejemplo en proceso auditorias que me van a permitir documentar todo eso de lo que habló el Secretario, pero esa parte yo necesito documentarla para tener los elementos… las faltas son tan graves que muchas no las voy a poder determinar yo aquí en la Contraloría, pero estamos en el estudio de todo eso”, detalló la Contralora.

    En total son 37 los funcionarios de la anterior administración —incluido el exgobernador Silvano Aureoles— los que son imputados, tanto en las quejas que recibió la Contraloría, como en las acciones penales que ya interpuso ante las fiscalías federal y estatal.

    Fuente SinEmbargo

  • Financiadores de Latinus ganaron 5 mil MDP con 11 gobiernos estatales

    Financiadores de Latinus ganaron 5 mil MDP con 11 gobiernos estatales

    MEXICO, DF 07OCTUBRE2005.- Isabel de la Parra, esposa de Roberto Madrazo durante el registro del exdirigente nacional priísta como precandidato presidencial priísta. FOTO: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM

    El gobierno de Silvano Aureoles Conejo destinó más de 4 mil 500 millones de pesos a contratos con nueve empresas que financian la plataforma de desinformación Latinus, ligadas al clan del político priísta Roberto Madrazo. Las firmas –dedicadas a la venta de medicinas y equipos de salud–  facturaron también unos 500 millones de pesos con otros 10 estados; con ello se confirma que el erario es la principal fuente de ingresos del portal dedicado a difundir propaganda de la alianza Sí Por México. Documentos administrativos y una investigación de la Auditoría Superior de la Federación revelan que el gobierno de Michoacán utilizó dinero del Insabi para contratar a esas compañías

    Primera parte. Dedicadas a la venta, distribución y almacenamiento de medicinas, equipos médicos y material hospitalario, nueve empresas ligadas al clan del político priísta Roberto Madrazo Pintado obtuvieron sus principales ingresos del erario nacional, vía contrataciones millonarias con el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, en Michoacán. Éste nutrió sus finanzas con más de 4 mil 500 millones de pesos. Adicionalmente, las compañías obtuvieron entre 2018 y lo que va de 2022 contrataciones por otros 500 millones de pesos con 10 gobiernos estatales más.

    Los recursos con los que el perredista sufragó la adquisición de productos y servicios incluyeron dinero federal, proveniente del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y los fideicomisos federales para el tema sanitario. Luego de concluir su mandato en septiembre de 2021, Aureoles Conejo huyó del país por las investigaciones que abrieron las autoridades judiciales en su contra, por los presuntos fraudes que habría cometido en su sexenio; uno de ellos, por más de 400 millones de pesos, relacionado con el programa Convoy de Mastografías, precisamente contratado con una de esas nueve empresas.

    Entre 2018 y lo que va de 2022, las nueve compañías del clan Madrazo han capitalizado la plataforma de desinformación Latinus, cuyas controladoras –Latinus Media Group, LLC; BCG Limited Consulting, SA de CV; y/o Digital Beacon Programatic Services, SA de CV– radican tanto en México como en Estados Unidos, específicamente en el paraíso fiscal de Delaware [8 The Green, Dover, Delaware, 19901]. Los flujos millonarios de esas nueve empresas al proyecto que se hace pasar como portal de corte periodístico iniciaron en 2018, previo a su lanzamiento formal a principios de enero de 2020. Desde su inauguración, Latinus ha difundido todas las campañas de propaganda relacionada con grupos de interés, especialmente los encabezados por el empresario Claudio X González Guajardo, entre ellos la alianza Sí por México.

    Fue el periodista Álvaro Delgado quien reveló que los financiadores de esa página –que encabezan Carlos Loret de Mola y Brozo– son Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado. Los recursos provienen de sus principales negocios, entre ellos las empresas BCG Limited Consulting, SA de CV; Digital Beacon Programatic Services, SA de CV; Hova Health, SA de CV, y Samedic, SA de CV [“Una red de políticos prominentes y empresas (con acceso a dinero público) está detrás de Latinus”, Sin Embargo, 29 de marzo de 2021].

    A éstas se suman Movimedical, SA de CV; Medckin, SA de CV; EPG Digital, SA de CV; Comercializadora Antel, SA de CV; y Medalfa, SA de CV [de acuerdo con información revelada por Milenio: Patricia Monreal y América Juárez, “Aureoles pagó 400 MDP en mastografías… pero empresa incumplió contratos”, 19 de octubre de 2021–; Daniel Blancas, reportero de La Crónica; así como la revista Proceso: Arturo Cano, “Salud, seguridad, medicinas, finanzas… los negocios detrás de Latinus”, 19 de febrero de 2022].

    En conjunto, las nueve empresas recibieron contratos del gobierno de Aureoles Conejo por más de 4 mil 500 millones de pesos. Además, concursaron en licitaciones públicas o fueron contratadas mediante invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa por dependencias de salud de los gobiernos de Jalisco (Enrique Alfaro), Estado de México (Alfredo del Mazo), Sinaloa (Quirino Ordaz), Nuevo León (Jaime Rodríguez, el Bronco), Ciudad de México (Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum), Puebla (José Antonio Gali), Tlaxcala (Antonio Mena), Hidalgo (Omar Fayad), Oaxaca (Alejandro Murat) y Sonora (Claudia Pavlovich), revelan portales de transparencia.

    Estos otros contratos les reportaron ingresos adicionales por poco más de 500 millones de pesos, con lo que se confirma la hipótesis de que el origen de una parte importante del financiamiento a Latinus es recurso público.

    Los contratos de Aureoles

    En el entramado de fondeadoras de la página –dedicada entre otras cosas a difundir campañas de desprestigio contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador–, Medalfa es una de las más relevantes. Su vínculo se ha identificado a través de Alexis Nickin Gaxiola, esposo de Ximena Madrazo Rojas (hija del político Roberto Madrazo).

    Medalfa se constituyó en febrero de 2014 ante el notario 112 de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), José Higinio Nuñez y Bandera. Su domicilio se ubica en Emiliano Zapata sin número, bodega B2,B3,B4, en el Parque Industrial Lerma,Mexico, y tiene por objeto social: “comprar, vender, fabricar, importar, exportar, distribuir, suministrar y comercializar toda clase de productos, mercancías y servicios por cuenta propia o ajena incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, medicamentos, material de curación, reactivos, remedios herbolarios, suplementos alimenticios, cosméticos, estudios, mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio así como toda clase de productos relacionados con y para la salud”.

    Su representante legal es Ana Lilia Báez Guzmán, mientras que su auxiliar de asuntos regulatorios es Abraham Nickin Goldberg, primo de Alexis Nickin Gaxiola. Y tan sólo en el periodo de 2018 a 2021, obtuvo contratos con el gobierno de Michoacán –la mayoría por vía de la adjudicación directa– por 4 mil 233 millones 241 mil pesos, de los poco más de  4 mil 500 millones que facturaron las nueve empresas con la administración de Aureoles Conejo.

    Además, de acuerdo con sus portales de transparencia, en 2020, el Instituto de Salud del Estado de México –entidad gobernada por Alfredo del Mazo Maza– dio dos contratos a Medalfa: el ISEM-SEV-LPRE10/013-20, por 239 millones 991 pesos, y el ISEM-ADQ-ADPURE/052-20, por 2 millones 900 mil. Y en ese mismo año, el organismo Servicios de Salud de Sonora (Claudia Artemiza Pavlovich Arellano) le otorgó por adjudicación directa el contrato SSS-CGSPES-CAAS/29/2020-099, por 2 millones 254 mil pesos.

    Dinero federal acabó en manos de financiadores de Latinus

    Aunque en el periodo de 2018 a 2022 el gobierno federal no le ha otorgado contrato alguno a las nueve empresas que financian Latinus, parte importante de los recursos que les pagó el gobierno de Aureoles Conejo sí provenía de la Federación, vía el Insabi, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y el Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura Física.

    Documentos emitidos por el gobierno michoacano revelan que los recursos con los que pagaba el perredista por la adquisición de productos o servicios a dichas empresas provenía, en muchas ocasiones, del gobierno federal. Ejemplo de ello es el oficio 5009/2020/09612, emitido el 28 de febrero de 2020 por la Dirección Administrativa de la Secretaría de Salud estatal, en el que se informa que el pago relativo al contrato SSM-LPN-009/2020-01/MOD-02 tiene como fuente de financiamiento dos vías: el Insabi y el FASSA.

    El total que debía pagar el gobierno de Aureoles Conejo superaba los 364 millones de pesos y todo se sufragó con dinero federal, revelan las documentaciones oficiales.

    Los recursos federales que manejó el exgobernador perredista de esta manera fueron multimillonarios. Ejemplo de ello es lo que consignó la Auditoría Superior de la Federación en su auditoría de cumplimiento 2019-5-12U00-19-0173-2020: en el ejercicio de 2019, el gobierno de Michoacán ejerció 3 mil 705 millones 446 mil pesos del Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura Física que opera el Insabi. De éstos, la ASF sólo revisó la aplicación de 1 mil 221 millones 946 mil pesos en dos proyectos de equipamiento médico.

    De ese informe se desprende que parte de esos recursos fueron a dar a otra de las nueve empresas fondeadoras de Latinus. Se trata del contrato 137-18-13 EXTTRAORD-1SA-CADPE-01, por adjudicación directa, para la adquisición del equipamiento para el Hospital Civil a favor de Samedic, SA de CV. El monto ascendió a 160 millones 70 mil pesos.

    Además de ése, dicha empresa obtuvo contratos con el gobierno michoacano por 498 millones 742 mil 809.9 pesos en total, entre 2017 y 2019: SSM-LPN-004-2017, por 109 millones 851 mil pesos; SSM-LPN-011-2018, por 109 millones 865 mil 316; SSM-LPN-027-2018, por 5 millones 735 mil 161; y SSM-LPN-012-2019, por 113 millones 220 mil 872 pesos.

    FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM

    Anomalías en su historial

    Las financiadoras de Latinus cuentan con un historial de irregularidades en la prestación de servicios y venta de productos. Ejemplo de ello es el caso de Movimedical, que ya enfrenta problemas por un presunto fraude por más de 400 millones de peos en el que habría incurrido por no dar el servicio de mastografías a las mujeres michoacanas.

    La conexión con el financiamiento a Latinus se desprende de que Federico Madrazo Rojas se desempeña como asesor en administración de proyectos de esa empresa Movimedical, a cambio de una remuneración anual neta de 1.5 millones de pesos, según consignó en su declaración de intereses presentada cuando fue diputado por el Partido Verde Ecologista de México.

    No brindar todos los servicios contratado podría ser un modus operandi de esa empresa, pues la ASF descubrió exactamente el mismo comportamiento de no prestar todas las mastografías que se le contrataron pero con el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca (REPSSEO). En ese sentido, determinó un probable perjuicio a la hacienda pública superior a los 16 millones de pesos.

    En su revisión a la cuenta pública 2019, el máximo órgano de fiscalización señala que de la revisión de las pólizas de egresos y del contrato REPSSEO-CAAS-187-2019, con Movimedical, se constata que el REPSSEO realizó la contratación con ese proveedor de 42 mil 686 servicios integrales de detección y diagnóstico de cáncer de mama por un importe de 57 millones 28 mil pesos. 

    Agrega que por ello la institución le entregó a Movimedical un anticipo de 28 millones 514 mil pesos correspondiente al 50 por ciento del contrato. “Sin embargo, el REPSSEO notificó al proveedor el incumplimiento del contrato derivado de que el proveedor solamente realizó 12 mil 340 servicios que importan 16 millones 486.2 mil pesos, quedando pendiente de amortizar 12 millones 28 mil pesos. En aquel momento en el que se presentó la auditoría (2020), el organismo oaxaqueño no había hecho efectivas las fianzas de cumplimiento y de anticipo por un importe de 4 millones 53 mil pesos.

    Por ello, la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca o su equivalente realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no realizaron los trámites ante la afianzadora para hacer efectivas las fianzas de cumplimiento y de anticipo que le fue otorgado al proveedor.

    Asimismo, en el pliego de observaciones, presumía “un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 16 millones 81 mil 699 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación”.

    De 2017 a la fecha, Movimedical ha facturado 928 millones de pesos con los estados de Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México. Asimismo, con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que es una institución federal.

    Las otras empresas

    Las otras seis empresas que figuran en el entramado de financiadores de Latinus y que están ligadas al clan de Roberto Madrazo también han sido fructíferas en los negocios con gobiernos, pero también sobresalen dos contrataciones del Partido Verde Ecologista con una de ellas, pues en éste milita Federico Madrazo Rojas. 

    De acuerdo con el portal Polemón (“El Partido Verde y su misterioso patrocinio a Latinus”, Jorge Covarrubias, 10 de enero de 2022), es la empresa Digital Beacon Programatic Services la que obtuvo dos contratos con ese instituto político en 2020 y 2021.

    Esa empresa también fue contratada por la Coordinación de Comunicación Social de Sinaloa (Quirino Ordaz) en 2021. En total, facturó 20 millones 7 mil pesos, de los cuales poco más de 3 millones correspondieron a los contratos con el partido político.

    Asimismo, otra de las empresas obtuvo contratos abiertos con el gobierno de Nuevo León (Jaime Rodríguez Calderón) en 2020 y 2021, por parte de la Secretaría de Administración. Se trata de BCG Limited Consulting.

    Por su parte, Comercializadora Antel se ha embolsado 624 millones 765 mil 236 pesos entre 2012 y 2018; EPG Digital ha obtenido contrataciones con el sector público por 2 millones 564 mil pesos entre 2020 y 2022; Hova Health, por 376 millones 521 mil pesos, entre 2012 y 2018; y Medckin, por 297 millones 364 mil, entre 2013 y 2019.

    Publicada el marzo 13, 2022Por Nancy Flores/Érika Ramírez/ Zósimo Camacho

    Fuente ContraLínea

  • Los engaños del “reportaje” de Loret sobre el hijo mayor de AMLO

    Los engaños del “reportaje” de Loret sobre el hijo mayor de AMLO

    l viernes se publicó un “reportaje” de LatinUs y de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que llevó por nombre “Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO (Andrés Manuel López Obrador)”.

    A partir de su publicación, distintos medios (entre ellos Aristegui Noticias y Proceso) lo han retomado y decenas de articulistas han hablado de él. La mayoría de los comentadores de los periódicos ha dicho que el “reportaje” demuestra que en el gobierno de AMLO hay corrupción y tráfico de influencias.

    A mi modo de ver, el “reportaje” de Latinus y de MCCI es un artículo de opinión con dos o tres datos cuestionables. No es un reportaje. Y muchos menos es una pieza de periodismo de investigación.

    Lo que busco hacer en este pequeño texto es demostrar que el “reportaje” señalado es una muy limitada pieza, está llena de imprecisiones, y que no demuestra absolutamente nada relacionado con corrupción o con tráfico de influencias.

    Es decir, es un documento que, aunque no miente de forma grotesca, sí establece cuestiones que no se pueden comprobar. Esto provoca que decenas de comentadores en medios y miles de bots en redes sociales hagan elucubraciones que no tienen ninguna base ni ninguna comprobación, y mucho menos ningún sustento en la realidad.

    Hay que recordar que quienes realizaron el reportaje (Raúl Olmos, Verónica Ayala y Mario Gutiérrez Vega) se tardaron un año en hacerlo (según confesó Olmos a Carmen Aristegui). Buscar unos contratos que no especifica el “reportaje” y cierta información en redes que no se mencionan ahí, a mí me costó menos de dos horas.

    Lo que dice el “reportaje”

    Para quien no ha leído el reportaje, estos es lo que dice a grandes rasgos: afirma que José Ramón López Beltrán y su pareja, Carolyn Adams, habitaron en una casa muy lujosa (con alberca) ubicada en un fraccionamiento muy exclusivo de Houston. Indica que dicha casa fue propiedad de Keith L. Schilling, un alto ejecutivo de la compañía energética Baker Hughes. También menciona que actualmente la pareja vive en otra casa lujosa, que es propiedad de Carolyn.

    Estos datos los mezcla con los contratos que Baker Hughes tuvo con Petróleos Mexicanos.

    Aunque no lo afirma de forma descarada, el “reportaje” supone un conflicto de interés, donde José Ramón supuestamente influyó en que Baker Hughes obtuviera un contrato de Pemex en 2019.

    Eso es lo que dice y supone el “reportaje”.

    Vamos ahora a desmontarlo.

    ¿Y cómo saben que vivieron ahí?

    ¿De qué fechas a qué fechas habitaron Carolyn Adams y José Ramón López Beltrán la primera casa (“la lujosa y con alberca”)?

    Según el reportaje de Latinus y MCCI, es “desde la segunda mitad de 2019 y parte de 2020”. Pero, ¿de dónde consiguieron dicho dato?

    El “reportaje” indica que la pareja se trasladó a vivir a su nueva residencia en 2021 ¿Dónde vivió la pareja “la otra parte” del 2020? ¿Cómo supieron los reporteros que comenzaron a habitar la vivienda desde 2019? ¿Qué documento lo prueba?

    No hay nada claro en ello ¿Fue a partir de imágenes subidas por Carolyn Adams a sus redes sociales? ¿Esa es una fuente confiable para saber de qué fechas a qué fechas habitaron? Todo es especulación.

    Quizás el dato lo especularon en la página TruePeopleSearch, que ubica a Carolyn Solano Adams en la casa 1003 Oakshire Ln, en Conroe, Texas (la supuesta “mansión”), en septiembre de 2019, y ahora la ubica en Cypress, Texas.

    Pero ¿Cómo obtuvieron las fechas exactas? Quienes realizaron el “reportaje” no pudieron establecer cuándo fue que se mudaron a la casa y cuándo fue que se fueron. Sólo saben que en septiembre de 2019 vivían ahí, y por un dato de una página web que  “cruza” bases de datos diversas.

    Tampoco se especifica si la casa fue habitada a través de un alquiler (algo que podría ser muy creíble). No se dice, porque los reporteros no lo saben. Pero eso sí, el reportaje, sin afirmarlo, da a entender que la casa fue habitada unos meses como una especie de “pago de favores” por un contrato que Baker Hughes tuvo con Pemex. Y eso no se demuestra. Y es en realidad poco creíble. Más bien absurdo. Y veremos por qué. Pero antes, veamos eso de “las cifras” de los precios de las casas dadas por el “reportaje”.

    Valor comercial o el valor que queremos ponerle

    Uno de los elementos que el reportaje indica es el costo de las viviendas. Eso les permite afirmar la opinión de que la vida de José Ramón es opulenta.

    Pero veamos. El reportaje afirma que la vivienda que supuestamente comenzaron a habitar en septiembre de 2019 “está ubicada en Oak Estates, la más exclusiva y privada zona del fraccionamiento Jacob Reserve”, y que “se cotiza comercialmente en un millón de dólares” ¿Es esto cierto?

    Si uno busca el fraccionamiento, se encuentra, por ejemplo, la página Woodlands Nes Homes, la cual tiene cuatro viviendas en esa zona: ninguna supera el millón de dólares, y varias tienen alberca. Por ejemplo, hay una de 449 mil dólares, que tiene cuatro habitaciones, tres baños y medio, y dos cajones para autos, además de una piscina.

    En la página har.com, se ubica una vivienda en dicha zona con un valor de 619 mil dólares.

    ¿De dónde obtuvieron que la residencia que habitaron unos meses Carolyn y José Ramón tenía un valor comercial de un millón de dólares? Quizás fue de la página har.com, que fue la que se supone vendió la residencia el 10 de septiembre de 2020.

    Dicha propiedad tuvo un rango de venta de entre 827 y 947 mil dólares, y fue vendida el 10 de septiembre de 2020, un año después de que la pareja, supuestamente, fuera a vivir ahí. Nunca llegó al millón de dólares, pero el “reportaje” presentado por Latinus afirmó eso.

    Aunque la misma página afirma que el valor comercial es sólo de 731 mil dólares.

    ¿Por qué los reporteros de Latinus/MCCI decidieron poner que su valor comercial era de un millón de dólares, y no de 731 mil dólares?

    En Oak Estates, las residencias actualmente a la venta no superan el millón de dólares. En la página Remax.com, se encuentran tres en venta. Ninguna de más de 900 mil dólares.

    En dicha residencia, el reportaje no menciona el precio catastral de la casa, pero sí lo hace en la nueva vivienda que dice tienen la pareja Adams y López Beltrán.

    De dicha casa se afirman que vale 371 mil dólares, pero dice: “es frecuente que la valuación catastral siempre sea inferior al valor comercial o de mercado”, y menciona que en sitios especializados, puede llegar a costar casi un millón de dólares la nueva casa.

    ¿Así nomás pasan una vivienda de 371 mil dólares a casi un millón de dólares?

    Si uno busca en “sitios especializados”, la mayoría de las viviendas en Cypress, Texas con características similares a la de Adams, no superan los 500 mil dólares.

    Es decir, la casa propiedad de la esposa de José Ramón, no indica que sea mayor al millón de dólares, y no indica que se haya comprado por un pago de favores o algo parecido.

    Así pues, los datos que tienen en el reportaje son engañosos, y se acomodan para causar el mayor revuelo posible.

    ¿De verdad dan a entender que hubo un conflicto de interés?

    En su programa matutino, Carmen Aristegui justificó que el “reportaje” de Raúl Olmos, Verónica Ayala y Mario Gutiérrez Vega tenía valor periodístico porque podía haber un “conflicto de interés” de José Ramón López Beltrán.

    Pero, ¿realmente es así?

    Veamos.

    El supuesto conflicto de interés, afirman, está en que Carolyn Adams y José Ramón vivieron en una casa que era “propiedad” de un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, Keith L. Schilling, y que esa compañía, obtuvo contratos con Pemex.

    Pero, vayamos por pasos ¿Cómo saben los de Latinus/MCCI que dicha casa era de Schilling? No lo dicen. Pero establecen seguramente que ahí vivió Carolyn porque buscaron en el sitio llamado “TruePeopleSearch”, el cual, afirman, “cruza información de distintas bases de datos”.

    El reportaje da a entender que el que habitaran en dicha residencia fue un “pago de favores” por un contrato que la empresa Baker Hughes firmó con Pemex en 2019. Es decir, la lógica de ese “conflicto de interés” sería ésta: unas supuestas gestiones de José Ramón con su papá Andrés Manuel habrían posibilitado que Bakaer Hughes tuviera un contrato con Pemex, y como pago, un alto ejecutivo de la compañía les habría prestado su casa para que vivieran ahí unos meses.

    ¿De verdad esa es la lógica del conflicto de interés? ¿No les parece un pago muy pobre el habitar en una casa unos meses a cambio de un contrato millonario?

    No hay lógica porque esa especulación que plantea el reportaje es absurda. Y hay muchos documentos y hechos para demostrarlo.

    Primero vayamos al caso del “alto ejecutivo”. Se llama Keith Louis Schilling. Nació en 1972 (tiene 49 años).

    Ahora bien, qué cargos tuvo Keith L. Schiling en Baker Hughes: Fue presidente de dicha compañía para Canadá desde 2018 hasta 2019. Antes había sido director de ventas y comercio desde 2017 a 2018. También fue ejecutivo de Tetra Technologies, desde 2014 y hasta octubre de 2016. Antes había sido (de 1995 a 2014) empleado de Schlumberger Limited.

    Aquí viene algo importante: Keith dejó Baker Hughes en diciembre de 2019, tres meses después de que la compañía hubiera firmado un contrato con Pemex.

    ¿Cómo es posible que un ejecutivo que está enfocado en Canadá hubiera influido para que se firmara un contrato en México, y que tres meses después de conseguir un súper contrato, renunciara para trabajar en una nueva compañía?

    Es ilógico.

    Por cierto, Schiling, pasó de Baker Hughes a Basic Energy Services, Inc en diciembre de 2019. Posteriormente, en octubre de 2021, comenzó a laborar en Aspen Aerogels. Ninguna de dichas empresas ha recibido ningún contrato alguno del gobierno de México. Raro, ¿no?, ya que Schiling era “la pieza clave” en el trafico de influencias, según elucubra el reportaje de Latinus/MCCI.

    Ahora bien, lo más cínico del “reportaje” de Latinus/MCCI es que Baker Hughes opera, desde hace más de 60 años, en México, y ha firmado decenas de contratos con Petróleos Mexicanos.

    Si uno entra a la Plataforma de Transparencia, encuentra, por ejemplo, un contrato que se firmó el 21 de marzo de 2017, por un máximo de 356 millones de dólares. En esa vez, participaron en la convocatoria siete empresas.

    El 15 de marzo de 2018, hay otro contrato, de mil 420 milones de dólares.

    El 7 de septiembre de 2018 se firmó otro contrato, de mil 44 millones de dólares como monto máximo.

    Baker Hughes también ha perdido convocatorias en el gobierno de AMLO. En mayo 2020, intentó hacerse con un contrato de Pemex, y no ganó.

    ¿No resulta extraño que una compañía que tiene las gestiones del mismísimo hijo del presidente no haya ganado todas las licitaciones?

    El contrato del supuesto “conflicto de interés” y la “corrupción”

    En el “reportaje” de Latinus/MCCI, mencionan que el gobierno de AMLO le otorgó a Baker Hughes un contrato, y da a entender que dicho contrato fue por la “influencia” de José Ramón. Ayer, MCCI difundió una página el contrato. Pero hay muchas que no se dice de él, que ocultan.

    Veamos la historia del contrato.

    La convocatoria se lanzó en enero de 2019, mucho antes de que Carolyne Adams y José Ramón habitaran la “mansión” del “alto ejecutivo” de Baker Hughes. El “alto ejecutivo”, es decir, Keith L. Schilling, por cierto, desde noviembre de 2018 estaba encargado de operaciones de dicha compañía en Canadá. No tenía nada que ver con México.

    La convocatoria se publicó el 22 de enero el Diario Oficial de la Federación. Fue pública, pues.

    A partir de dicha publicación, ocho compañías se interesaron e hicieron preguntas o plantearon que se les aclararan ciertas dudas. En total realizaron 194 solicitudes de aclaraciones del concurso. Baker Hughes hizo 58, fue la que más realizó.

    A partir del 21 de junio de 2019, se llevó a cabo la recepción de propuestas.

    Fueron seis compañías las que presentaron propuestas. De esas seis, sólo dos cumplieron: Dowell Schlumberger y Baker Hughes.

    Las otras o no cumplían en sus propuestas, o no fueron solventes.

    De las dos propuestas, la que resultó más económica y eficiente fue la de Baker Hughes. Se le preguntó a la otra compañía si podía igualar la propuesta de Baker, y dijo que no.

    Aquí la cronología de todo el proceso:

    Es decir, el único contrato que Baker Hughes ha tenido con el gobierno de AMLO (antes de diciembre de 2018 hubo muchos más) se hizo en una licitación, de forma transparente, en convocatoria pública.

    El “reportaje” de Latinus/MCCI especulan sobre un “conflicto de interés”, lo cual es absurdo.

    Los documentos de la convocatoria y de las propuestas ahí están, las fechas, todo. Y además, Keith L. Schilling, el supuesto dueño de la casa donde habitaron unos meses Carolyn y José Ramón, era ejecutivo en Canadá, y no en México.

    Pero claro, eso no lo dicen ni Carlos Loret de Mola ni Carmen Aristegui ni MCCI. Y al ocultarlo, mienten. Y eso es una completa falta de ética y evidencian la intención golpista del “reportaje”.

    El “reportaje” que no dice nada y que especula todo

    El “reportaje” que presentó Carlos Loret de Mola y que retomaron Carmen Aristegui y Proceso como si fuera una pieza periodística de gran calado y alcance, en realidad es un conjunto de suposiciones con datos que están acomodados para elucubrar.

    El reportaje no demuestra ningún conflicto de interés, y muchos menos un acto de corrupción. Lo único que evidencia (con pruebas no contundentes) es que el hijo de Andrés Manuel López Obrador habitó en algún momento una casa con alberca (que pudo ser alquilada), y que tiene una nueva morada en un suburbio de Houston con un precio no mayor a los 7 millones de pesos.

    Eso es lo único que prueba el reportaje.

    La plana directiva de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Foto: Especial

    Lo demás, es como un artículo de opinión donde se afirma que no es viable que el hijo del presidente habite por unos meses una casa en Estados Unidos con alberca.

    No demuestra conflicto de interés. No demuestra corrupción. No demuestra nada, absolutamente nada.

    Sin embargo, ese “reportaje” (el cual duró un año en realizarse, como lo repitió hasta el hartazgo Carmen Aristegui) ha servido para que se especule, y especialmente para atacar el discurso de austeridad y combate a la corrupción de Andrés Manuel López Obrador.

    Y así ha sucedido: la oposición, histérica, busca mostrar que, con el “reportaje” de Latinus/MCCI, se demuestra que “hubo corrupción en el gobierno de AMLO”, que “AMLO es corrupto”, y que la austeridad es un cuento, y que nunca la hubo.

    Es, de verdad, absurdo. Tan absurdo que hasta los panistas, muy oportunistas, están peleando para hacer una “comisión” que investigue “si hubo conflicto de interés”.

    Ahí están los contratos, y eso evidencia que jamás hubo corrupción ni mucho menos conflicto de interés.

    Pero claro, los panistas lo anuncian como si fuera cierto. Un caso patético fue el de Lilly Téllez, quien dijo:

    “Mañana propondré en el Senado la creación de una Comisión Especial que analice las posibles conductas delictivas, por parte de José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente, y su pareja, por el burdo tráfico de influencias y conflicto de intereses en el escándalo Pemex-Houston”.

  • Gobierno priísta de Quirino dio 15 MDP a Latinus de Loret

    Gobierno priísta de Quirino dio 15 MDP a Latinus de Loret

    El ex gobernador de Sinaloa, el priísta Quirino Ordaz, destinó 15 millones de pesos al portal Latinus que dirige Carlos Loret de Mola. El periodista Julio C. Roa reveló en su canal de Youtube, La Voz de Julio, los contratos que otorgó al medio de comunicación online, con fecha del 24 al 31 de marzo y del 7 de junio al 31 de octubre del 2021, lo equivalente a 81 mil pesos diarios durante el periodo señalado.

    Contrato del Gobierno de Sinaloa con Latinus. Foto: Captura de Pantalla La Voz de Julio.

    Roa leyó algunas de las cláusulas establecidas, en las cuales la Dirección de Comunicación Social le solicitó a Latinus colocar en su portal un banner publicitario, y modificarlo según sus requerimientos. Por parte de Latinus, se encuentra la firma de su representante legal, Christian González Guadarrama, quien funge además como arrendatario y administrador único. 

    Pero además, señala que al presentar su propuesta económica,  Latinus pedía 9 millones de pesos, pero inexplicamente el Gobierno de Sinaloa terminó pagando 6 millones de pesos más para dar un total de 15 mdp.

    Roa destaca que la cobertura de Latinus hacia el gobierno de Quirino Ordaz fue totalmente a modo, al difundir situaciones banales del ex mandatario como su afición por el fútbol, o sus familiares que dieron positivo a Covid-19, situación contraria cuando se trata del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

    “Qué profundidad, qué periodismo tan duro, qué nota, casi va para un Pulitzer”, dijo el periodista Julio C. Roa irónicamente, mientras mostraba las publicaciones benévolas de Latinus hacia el ex mandatario.

    Roa citó una publicación de Polemón que da cuenta del financiamiento del Gobierno de Tamaulipas que encabeza el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca al portal Latinus por la cantidad de 6 millones de pesos.

    El periodista informó además en su transmisión que la organización Artículo 19 le ha enviado varias alertas por supuesto abuso de normas comunitarias, lo que ha limitado la difusión de sus contenidos en el canal de Youtube.

    “Cada vez que presentaba información inédita, exclusiva, contratos sobre Latinus, pues me castigaban”, dijo.

    Menciona que una alerta provino cuando mencionó a Patricia Olamendi como fiadora de Latinus y posteriormente presentó el documento que la acreditaba como tal. Dijo que una segunda alerta se le hizo llegar cuando demostró la conexión del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, con el portal Latinus.

    Fuente Polemón

  • Estos son los millonarios contratos del Partido Verde a Latinus (Loret y Brozo)

    Estos son los millonarios contratos del Partido Verde a Latinus (Loret y Brozo)

    Ante la suspicacia generada por algunos usuarios de redes sociales afines al conservadurismo, en Polemón hemos decidido publicar los contratos que exhiben el financiamiento por casi 5 millones de pesos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a Latinus, el medio desde el cual Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo alias “Brozo”, golpetean al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

    El primero se firmó el 8 de julio de este año por la cantidad de 1 millón 916 mil 320 pesos para que Latinus realizara un total de siete notas a un precio unitario de 236 mil pesos.

    Por el segundo contrato, el Partido Verde pagó a Latinus 3 millones 11 mil 360 pesos. Pero esta vez, el PVEM le encargó la realización de 11 “notas editoriales”.

    Este contrato se firmó el 15 de septiembre de 2021 y ese mismo día entró en vigor, con un término de vigencia hasta el 31 de diciembre del año pasado.

    En total, los dos contratos sumaron la cantidad de 4 millones 927 mil 680 pesos.

    En ambos convenios, se estableció que el publicista “se obliga a elaborar y colocar, monitorear, conservar y retirar la publicidad en internet contratada”, pero no describe los detalles del contenido de las notas.

    Aquí puedes consultar los documentos 👇

    Fuente Polemón