El ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, durante la conmemoración del Día de la Policía Federal, el 2 de junio de 2011. Foto Ap
Nueva York. Jesús Zambada García, El Rey, declaró que él preparó y ayudó a entregar dos pagos por un total de 5 millones de dólares a Genaro García Luna en 2006 a fines del sexenio de Vicente Fox a nombre del cártel de Sinaloa.
Los pagos fueron entregados por el abogado Oscar Paredes en el restaurante Champs Elysees en Reforma al otro lado de la embajada de Estados Unidos.
El Rey Zambada también aseguró que García Luna y otros altos funcionarios recibían millones en pagos del cártel de Sinaloa entre 2000 y 2008.
Por otro lado, el acusado declaró hoy ante el juez Brian Cogan que no testificará por su causa en este juicio.
El interrogatorio a Zambada continuará esta tarde.
La red de corrupción de Genaro García Luna –compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 morales– extrajo de forma ilegal más de 745 millones de dólares, a través de contratos con la Policía Federal, la OADPRS, el Cisen y la Procuraduría General de Justicia capitalina. El presunto robo multimillonario ocurrió en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, y también implica al gobierno local de Mancera, documenta la UIF. El dinero se trianguló al paraíso fiscal de Barbados y luego a Estados Unidos, donde se empleó para la compra de propiedades y autos de lujo, actualmente asegurados por las autoridades estadunidenses
Al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno calderonista, Genaro García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 morales. Quien fuera mano derecha de Felipe Calderón robó más de 745 millones de dólares del erario de la nación, mediante contratos fraudulentos con la Policía Federal, la OADPRS, el Cisen y la Procuraduría General de Justicia capitalina, documenta la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El presunto quebranto multimillonario a la Hacienda Pública ocurrió en los sexenios de Felipe Calderón –cuando las empresas obtuvieron 10 contrataciones– y de Enrique Peña Nieto –29 contrataciones ilícitas–, y también implica al gobierno de Miguel Ángel Mancera –con un contrato–, documenta la UIF.
El dinero obtenido ilegalmente se trianguló al paraíso fiscal de Barbados y luego a Estados Unidos, donde se empleó para la compra de propiedades y autos de lujo, actualmente asegurados por las autoridades estadunidenses, acusó el licenciado Pablo Gómez, titular de la Unidad, e la conferencia presidencial de este 9 de febrero.
“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares. Y sigue el examen de otras operaciones: no hemos terminado”, señaló Gómez Álvarez.
Las empresas implicadas en las 30 contrataciones fueron: Nice Systems, Ltd; NUNVAV, Inc; NUNVAV Technologies, Inc; GLAC. Los contratos fueron asignados en el sexenio de Felipe Calderón desde la Policía Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; y en el sexenio de Enrique Peña, del Cisen, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; además, desde el gobierno capitalino en la época de Miguel Ángel Mancera, específicamente a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Los contratos implicaron beneficios económicos para García Luna y sus allegados por 745 millones 879 mil 384.78 dólares (unos 14 mil 171 millones 708 mil 310.82 pesos a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar).
Al respecto, el titular de la UIF expuso que “estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles”. Añadió que también hay otros activos en territorio estadunidense, en el estado de Florida.
Pablo Gómez explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. Por ello, concluyó que el daño a la nación ascendió a más de 745 millones de dólares.
El titular de la UIF detalló que la red está conformada por el propio García Luna, por su esposa Linda Cristina Pereyra de García Luna, y por: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Todos ellos fueron demandados por el Estado mexicano ante el Tribunal de Florida, en el juicio para que el país pueda recuperar los recursos defraudados a la Hacienda Pública.
FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
“Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar, no todos los contratos puesto que son muy largos, pero vamos a poner como ejemplo de lo que estamos hablando el uso que se le dio a estos recursos por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos y que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total, 20 años”, indicó Gómez. Se trata de las siguientes personas morales.
Restaurants & Beverage Operator Los Cedros Llc D/B/A Oggi Caffi
Ruby Dynasty Trust
Sdsw Dynasty Trust
Sunshine Dynasty Trust
Vfst, Llc
W Gourmet Group Llc
Wancier 2017 Family Trust
Imperial Crab, Ltd
Inmobiliaria Damari, Llc
Molv, Llc
Right Way Investments Corp
Sylsa Aircorp, Inc. And/Or Sysa Aircord, Inc
García Luna y el resto de personas físicas y morales que integran su red de corrupción se encuentran actualmente en la lista de personas bloqueadas. Además, explicó, desde el 24 de diciembre de 2019 la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra quienes participaron en esta confabulación, por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
Respecto de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, el titular de la UIF explicó que ésta se presentó el 21 de septiembre de 2021. Además, dijo, tiene por objetivo “la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al Estado de nuestro país. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”.
Asimismo, Pablo Gómez aseguró que en México los procesos penales siguen su curso “y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo dentro de estos los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público”.
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Barbados, el paraíso fiscal de García Luna
Al el modus operandi del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, la UIF descubrió que para lavar los más de 745 millones de dólares defraudados al erario nacional, la red de corrupción de García Luna empleó paraísos fiscales.
En la conferencia presidencial del 9 de febrero, el titular de la UIF explicó que García Luna y sus cómplices triangularon el dinero a paraísos fiscales de El Caribe, especialmente a Barbados, y de ahí a Estados Unidos. “El gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29 millones 920 mil 195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países de El Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida”, afirmó Pablo Gómez.
Agregó que “no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México”.
Al respecto, Gómez criticó que se llegó al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México [en el tiempo en el que gobernaba Miguel Ángel Mancera] “le cobraron una cantidad relevante [26 millones 666 mil 666.6 dólares] por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás”. El titular de la UIF dijo que esto ya fue denunciado y las autoridades capitalinas le están dando seguimiento porque tiene un origen en el presupuesto local. Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado toda la asistencia y toda la información al gobierno de México.
Mansiones y autos de lujo
El caso que se sigue en Estados Unidos para la recuperación de bienes implica más de 19 propiedades y al menos 42 automóviles y motocicletas de lujo, que forman parte de los bienes inmuebles y muebles ligados a García Luna. Las residencias y vehículos ya fueron asegurados como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida.
Al respecto, Pablo Gómez dio a conocer que las propiedades aseguradas judicialmente en ese procedimiento civil contra la red de corrupción presuntamente encabezada por García Luna son:
En total, esos bienes implican un monto por 17 millones 930 mil 402 dólares. Agregó que también hay una serie de bienes muebles por 21 millones 725 mil 419 de dólares que fueron vendidos antes de que iniciara el juicio promovido por el gobierno mexicano, “pero que, de todas maneras, forman parte del juicio para ser recuperados”, indicó Gómez.
De acuerdo con la UIF, entre los automóviles que fueron comprados con el dinero defraudado al pueblo de México están: “un Fiat 500 2013, un Royce Royce 2013, un Ferrari F430, un GMC Terrain de 2006, un Ferrari California 2017, un Maserati Levante 2017, un Jeep Limited Rubicon, un Audi 4, un Lamborghini. Están ustedes viendo de lado izquierdo el nombre del que aparece como propietario y todos están en la trama, todas las personas. Un Jeep Grand Cherokee, un Cadillac Escalade Premium 2015, un Mini Cooper, un Toyota 2015, un Honda Elements, un remolque, un Smart, otro Lamborghini Huracán, un Tesla, un Mercedes Benz 2005, un Land Rover de 2018, un Toyota Camry, un Sea Ray, un Mercedes Benz 2011, un Bentley convertible continental, una embarcación Scout de 2014, un Fiat Cabriolet, un Mazda, un Ford Mustang 1970 de colección, un Mercury Montego 75 también, un Ford Mustang también de colección 1967, otro del año 69, otro del año 70, otro más del año 70.
Además, se localizó una motocicleta Harley-Davidson de 2007, otra más de 2009, un Ford Mustang 1970, un Ford Mustang de 1968 también de colección, un Mercedes Benz 2012, otro Mercedes Benz 2010, un Jaguar sedán 2011 y una motocicleta de lujo.
Ésta, dijo Pablo Gómez, “es una lista todavía parcial, es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado de todos los que intervinieron en esta trama.
Estos han sido asegurados por las autoridades del vecino país del norte a solicitud del gobierno de México y como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, explicó Gómez esta mañana en la conferencia presidencial”.
La UIF, encabezada por Pablo Gómez, indaga desde octubre de 2021 un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021. La dependencia presentó una denuncia ante la FGR, la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas.
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, cuenta con los elementos suficientes para judicializar el caso del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, afirmó Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programaLos Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Gómez Álvarez destacó que a diferencia del pasado mes de julio, fecha en la que se abrió la carpeta de investigación en contra del exmandatario mexicano, ahora la FGR cuenta con más información no solo de sus años como Presidente, sino también de su gestión Gobernador del Estado de México (2005-2011).
“Hoy sabemos más del asunto de Peña Nieto y no solamente del tiempo en el que fue Presidente, sino del tiempo que fue Gobernador. Hoy tenemos un conocimiento mayor de cómo se hicieron las cosas, de cómo se operó, de cómo se realizó no solamente el delito que nosotros investigamos que son operaciones con recursos de procedencia ilícita sino también peculado, todos los delitos predicados de lavado de dinero que eso es lo que nosotros hacemos”.
El expresidente Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro
A pregunta expresa de si existe la posibilidad de que el expresidente Enrique Peña Nieto sea encarcelado, el titular de la UIF indicó que no puede asegurar nada, pues el papel de la UIF, instancia que encabeza, no es la de actuar como Ministerio Público ni como Juez.
“Nuestro punto de vista no es más que un punto de vista, no pretendemos ser quienes toman esas decisiones y respetamos la esfera de competencia del Ministerio Público. […] El Ministerio Público lo sabe y no solamente sabe lo que nosotros le decimos, sabe lo que ellos investigan por su lado que tiene que ver con otras cosas. Yo estoy a la espera de que el Ministerio Público integre todo esto y ya tiene suficientes elementos para pedirle a un Juez que le conceda una audiencia de imputación, ese es el inicio de todo proceso de carácter judicial”.
El titular de la UIF indicó descartó que Peña Nieto haya sido citado a declarar y recordó que desde mayo de 2022 el político mexiquense vive en España con un permiso migratorio conocido como “‘golden visa”, el cual permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros, como lo hizo el expresidente priista, según ha revelado el diario español El País.
“No creo que lo haya citado a declarar ningún Tribunal, ni siquiera el Ministerio Público. Nosotros sabemos donde vive este señor, no es el único expresidente que ha cambiado domicilio”, expresó Pablo Gómez.
El expresidente Enrique Peña Nieto vive en España desde hace años, allá se refugió al terminar su gestión. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.
El 7 de julio de 2022, la UIF informó que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido. La denuncia fue presentada por la dependencia y la FGR abrió una carpeta de investigación.
La UIF detectó un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021, que fueron transferidos por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España. También detectó que era accionista de dos empresas que realizaron operaciones irregulares de 2013 a 2018, incluyendo con una trasnacional contratista del Gobierno federal en su gestión de 2012 a 2018.
La UIF, frente a la cual está por Pablo Gómez, indaga las operaciones desde octubre de 2021 y ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas.
Ante los señalamientos, Peña Nieto respondió en Twitter que espera “que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.
En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y …
Posteriormente, el pasado 2 de agosto, la Fiscalía General de la República informó que tiene abierta una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.
La institución encabezada por el Fiscal Alejandro Gertz Manero informó en un comunicado que la primera carpeta por delito federal abierta en contra del expriista es por “diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales”. Los avances permitirán que se judiacialice el caso en los próximos meses, detalló. Pero no se ha dicho más del tema.
Además, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, para las cuales ya se han solicitado pruebas tales como dictámenes periciales, hacendarios y fiscales. A esto se suma otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, para la cual ya se encuentran en proceso de desahogarse dictámenes fiscales y patrimoniales con las instituciones correspondientes y los peritos especializados en la materia.
Pero mientras apenas se sabe de las investigaciones en curso, Enrique Peña Nieto continúa en España con una vida de lujos, sin ser requerido por las autoridades mexicanas a las que se las ha exigido que los señalamientos no queden impunes.
“GARCÍA LUNA, EJEMPLIFICA ESTADO CORRUPTO”
La mañana de este jueves, Pablo Gómez denunció que Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y, que actualmente enfrenta un juicio en su contra en Estados Unidos por su supuesta relación con grupos del crimen organizado, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, la cual operó con impunidad durante 20 años.
El funcionario hizo esta acusación durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, espacio en el que presentó datos relevantes sobre el juicio de carácter civil que se lleva a cabo en el estado de Florida, Estados Unidos, en contra de “García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de la red de corrupción encabezada por este sujeto”.
De acuerdo con Gómez Álvarez, “bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 países con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares”.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció la mañana de este jueves que Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, la cual operó con impunidad durante 20 años. Foto: Gobierno de México
A lo largo de su intervención, también dio a conocer que tiene “un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento”.
Al respecto, Pablo Gómez indicó que estas operaciones fueron posibles gracias al Estado de corrupción que imperó en México durante muchos años, en específico, dijo, durante los gobiernos de los llamados partidos de oposición, el PRI y el PAN.
“Es un sistema de corrupción de los varios que existieron durante ese periodo que se construyeron en el país dentro de un esquema que desde el punto de vista interpretativo es un fenómeno difícilmente visto en otros países. El Estado corrupto es aquel donde la corrupción se constituye como uno los pilares de la gobernanza, que es una cosa continua, sistemática en el cual la corrupción se convierte en parte de una forma de gobernar”.
El titular de la UIF detalló que la oposición, la misma que critica al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, contribuyó a que la corrupción se expandiera y convirtiera en parte del mismo Estado durante los años que estuvo en el poder.
“Lo interesante de nuestro fenómeno político es que la oposición que durante 40 años había estado luchando contra la corrupción, según decía, lo asumió a plenitud, no solo lo asumió, lo reprodujo y lo expandió. Lo que hoy tenemos con el estudio de estas tramas de corrupción es eso, un nuevo partido que había sido víctima de fraudes electorales, se convierte en un sostenedor, impulsor, como lo quieran llamar del mismo Estado corrupto. El fenómeno es digno de tomarse en cuenta, es una transición perturbada hacia la democracia. La alternancia no es por sí misma democracia”.
García Luna es enjuiciado en EU por sus supuestos vínculos con el crimen organizado. Foto: Elizabeth Williams, archivo, AP
Respecto al estado en que se encuentran las denuncias presentadas por la UIF en contra de García Luna en 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Pablo Gómez explicó que la dependencia que encabeza ya cumplió con su parte de presentar toda la información correspondiente ante la FGR y ahora corresponde a esta dependencia seguir el proceso.
“El Ministerio Público tiene toda la información y está la denuncia presentada por la UIF, el Ministerio Público tiene que hacer ese trabajo porque la UIF no es policía, no es una agencia de investigación criminal. Nosotros proveemos de información a las entidades públicas que las necesitan para el ejercicio de sus facultades constitucionales, pero lo que no podemos hacer es sustituir a esas instituciones en el ejercicio de facultades que están concedidas a ellas mismas. Nosotros lo que hacemos es aproximamos al conocimiento de los hechos, de la verdad y darle ese conocimiento a la autoridad para que actúe y procure justicia, nosotros no podemos procurar justicia, lo más que podemos hacer es clamar justicia”.
Pablo Gómez detalló que en México el delito de lavado de dinero no se puede judicializar si no hay denuncia de la UIF, por ende, dijo, el trabajo de esta dependencia es de suma importancia.
“Estamos en un dialogo con el Ministerio Público toda la vida, estamos planeando acción ministerial en el sentido que estamos haciendo las denuncias. La UIF tiene una peculiaridad mexicana, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, no se puede judicializar si no hay denuncia de la UIF, no se puede llevar a juicio a ninguna persona por operaciones con recursos de procedencia ilícita entonces el valor de las denuncias de la UIF es muy grande”.
Finalmente, el funcionario expresó su confianza porque la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero acelere el proceso para poder presentar imputaciones contra García Luna.
“Ir al fondo lo más rápido posible. Hace un par de mese, hace poco. Claro, la denuncia de la UIF ya tiene su tiempo […] Yo espero que las cosas empiecen a correr más rápido, que los elementos con los que pueda contar el Ministerio Público sean consolidados todos ellos a efecto de poder presentar imputaciones contra García Luna. Como no es una cosa urgente desde el punto de vista del manejo de los procesos, a un diversos proceso penal entonces evidentemente la autoridad que hace la investigación en México no corre ninguna prisa, por más que pueda acelerarlo un juez podría ordenar una tercer aprehensión en contra de García Luna que no tendría una consecuencia porque él no está al alcance del Estado mexicano”.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, durante la conferencia presidencial matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 9 de febrero de 2023. Foto Marco Peláez.
Al dar a conocer detalles sobre el juicio emprendido por el gobierno mexicano contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro Garcia Luna y otras cinco personas involucradas en una red de empresas familiares mediante el cual incurrieron en delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, informó que están involucrados 745 millones 879 mil 384 dólares que se litiga en un juzgado de Florida.
Durante la conferencia presidencial, Gómez dijo que bajo auspicia de este conglomerado de empresas familiares se obtuvieron 40 contratos con diversos órganos de seguridad que involucran a 30 empresas mediante lo cual obtuvieron estos recursos los cuales se trasladaron a paraísos fiscales del Caribe, especialmente Barbados para triangularlos posteriormente hacia Miami. Entre los coacusados se encuentra también la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra; Samuel Weinberg López; Jonhatan Alexis Weinberg y Silvia Pinto de Weinberg.
Gómez detalló que estos recursos extraídos ilícitamente al erario mexicano fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro vía paraísos fiscales y adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos” como mecanismo de lavado de dinero para no dejar rastro de estos recursos.
Explicó que la UIF identificó la red de corrupción de García Luna y sus familiares y empresas, a partir de una transferencia de una de estas firmas a García Luna por monto de diez millones de dólares y presentó una denuncia en el Tribunal undécimo circuito judicial en Florida para resarcir el daño generado.
Mediante esta denuncia, al avanzar el proceso se involucraron en el juicio algunos bienes inmuebles que fueron vendidos previamente pero que forman parte del proceso para seguir la trama de lavado de dinero. Entre ellos se encuentran vehículos Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, Maserati, así como yates y otras propiedades
Gómez dijo que en México existen procesos penales que siguen su curso, que abarca peculados y contrataciones indebidas cometidas mediante redes de corrupción encabezados por García Luna durante 20 años. Incluyendo dentro de estos, los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna cuando ya no era servidor público.
El funcionario explicó que el gobierno mexicano ha bloqueado cuentas de García Luna por un monto de 29 millones de dólares, producto de esta trama de corrupción, pero en la mayor parte las empresas y las personas involucradas prácticamente no tenían recursos en cuentas dentro del sistema financiero mexicano.
Detalló que hay diez empresas ligadas a García Luna que tienen cuentas bloqueadas en México por un monto de apenas 4.5 millones de pesos, pero que evidencian la trama de cómo se llevaban el dinero a Barbados y a Florida.
También hay en lo individual una serie de personas bloqueadas en relación con esta trama de corrupción por montos de algunos millones de pesos pero no en los niveles de lo que fue hurtado a México. “Quiero dejar este asunto, estamos esperando que se resuelva un recurso que presentaron los abogados de García Luna y empresas con el propósito que se inicie el juicio, se integre el jurado y se hará todo el esfuerzo con el propósito de recuperar el dinero de lo que se nos despojó como país y como pueblo”, dijo.
Tras pronunciarse por primera vez el nombre de Felipe Calderón Hinojosa en el juicio contra su ex súper policía, Genaro García Luna, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que todo indica que durante el sexenio del panista se protegía a unos delincuentes para atacar a otros.
Durante su conferencia matutina, AMLO calificó de anormal e increíble el caso de García Luna, pues va más allá de lo que podría aparecer en una serie de Netflix, aunque pidió esperar al cierre del juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública de Calderón, acusado de recibir sobornos del narcotráfico.
“Hay que esperar, yo insisto, la conclusión de todo el proceso. Es muy importante que se trate el tema, que no se oculte, para lo que sostengo siempre, la no repetición (…) Porque esto es muy anormal, es que no es posible que al Secretario de Seguridad Pública se le esté juzgando por proteger a delincuentes, pero además en un sexenio en el que se declaró la guerra a las bandas de narcotraficantes”.
“Todo indica de que se protegía a unos para atacar a otros. Es algo increíble, va más allá del trama de una serie de Netflix esto que estamos viendo”, remató.
El mandatario volvió a pedir que en el juicio de García Luna también se hable de la intromisión de las agencias estadounidenses en México e indicó que lo más importante para él es que no se repitan casos como el de García Luna, en los que exista un contubernio entre las autoridades y la delincuencia.
“A mí lo que me importa es que esto nunca más vuelva a nuestro país, que se respete nuestra soberanía, que no haya contubernio entre autoridades y delincuencia, que se destierre de México la corrupción, que no haya impunidad, y que también se atiendan las causas de la inseguridad y de la violencia, con apoyo a la gente, al pueblo. Que se atienda a los jóvenes, que haya trabajo, que haya bienestar, que haya esperanzas, que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales” indicó López Obrador.
Vale la pena recordar que ayer en la Corte de Brooklyn, Nueva York, el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, dijo que un ex gobernador le reveló que Felipe Calderón fue quien dio instrucciones para favorecer al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad; Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI; Miguel Ángel Mancera, senador del PRD. Foto: Especial.
Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera, encabezaban instituciones públicas que “presumiblemente” desviaron dinero mediante contratos simulados a las empresas del exsecretario de Felipe Calderón
Empresas fachada de Genaro García Luna obtuvieron contratos del Partido Acción Nacional (PAN), la Secretaría de Gobernación (Segob) de Miguel Ángel Osorio Chong y la Fiscalía de la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera.
De acuerdo con información de El País, el priista Osorio Chong y el perredista Miguel Ángel Mancera, encabezaban instituciones públicas que “presumiblemente” desviaron dinero mediante contratos simulados a las empresas del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.
“La dirigencia del PAN otorgó un contrato adicional a la red empresarial. En total, el monto del dinero público pagado a García Luna entre 2013 y 2018 fue de 431.3 millones de dólares”, escribió el medio.
Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI; Miguel Ángel Mancera, senador del PRD. Foto: Cuartoscuro
El mayor daño al erario fue durante la gestión de Osorio Chong en Gobernación: El País
El País señaló que el “mayor daño al erario” ocurrió durante la gestión del ahora senador priista Osorio Chong en Gobernación. Los desvíos se pusieron en evidencia en la demanda civil del Gobierno mexicano ante una corte de Florida, en Estados Unidos.
“19 contratos por 427,6 millones de dólares fueron otorgados a Nunvav Inc. y Nunvav Technologies Inc., ambas pertenecientes a los empresarios Mauricio Samuel Weimberg López y Jonathan Alexis Weimberg Pinto, testaferros de García Luna”, reveló el medio.
El País detalló que los “desvíos” provinieron del Cisen, órgano de inteligencia y espionaje del Gobierno mexicano y el OADPRS, el organismo que administra las prisiones federales.
El diario aclaró que a través de un portavoz, el senador priista se deslindó de los malos manejos de recursos. “Él no tenía entre sus facultades firmar o pagar contratos de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, como lo eran el Cisen y el administrador de las prisiones”.
Demanda civil en Florida reveló contrato de 26.6 MDP, otorgado en 2017 por la Fiscalía de Mancera
Por otra parte, la demanda civil en Florida, por parte del Gobierno mexicano, reveló un contrato de 26.6 millones de pesos, otorgado en octubre de 2017 por la Fiscalía de la Ciudad de México, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
De acuerdo con investigaciones del gobierno mexicano, el contrato se otorgó a la empresa fachada Glac Security Consulting, Technology and Risk Management S.C., propiedad de García Luna. El pago se dio cuando Miguel Ángel Mancera era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Un año antes, en 2016, Glac Security Consulting, empresa de García Luna, fue contratada por la Fiscalía de Mancera para que hiciera un “diagnóstico integral de capacidades institucionales” de la unidad Antisecuestros.
Por dicho contrato, cuya copia obtuvo el medio, se le pagaron otros 31.3 millones de pesos. “El representante legal de la compañía era Edgar Anuar Rodríguez García, identificado como testaferro del exfuncionario calderonista”, finalizó el medio.
Los señalamientos hechos el día de ayer por el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, son los primeros en el juicio contra Genaro García Luna en los que se involucra y acusa directamente al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien durante su administración declaró la guerra al crimen organizado y encargó gran parte de la estrategia a su Secretario de Seguridad, a quien criminales, expolicías y hasta agentes de la DEA han ligado con esas mismas organizaciones que decía combatir.
Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).– El nombre de Felipe Calderón Hinojosa salió a relucir durante el juicio que enfrenta su Secretario de Seguridad y mano derecha, Genaro García Luna, cuando ayer el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, aseguró que el exgobernador priista Ney González habría recibido la orden del entonces Presidente de proteger a Joaquín “El Chapo” Guzmán y al Cártel de Sinaloa.
Edgar Veytia se declaró culpable en enero de 2019 de cargos de distribución internacional de drogas en la misma Corte de Brooklyn donde es enjuiciado García Luna. En ese mismo lugar, dos meses antes, en noviembre de 2018, Jeffrey Lichtman, el abogado del “Chapo” Guzmán había asegurado al jurado que Felipe Calderón habría recibido sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa, una afirmación que el exmandatario calificó de “falsa y temeraria”.
Los señalamientos hechos el martes por Veytia son los primeros en los que se involucra directamente a Calderón Hinojosa, quien durante su administración declaró la guerra al crimen organizado y encargó gran parte de la estrategia a García Luna, a quien criminales, expolicías y hasta agentes de la DEA han ligado con esas mismas organizaciones que decía combatir. A lo largo del juicio han acusado al exsecretario de Seguridad de haber recibido sobornos y de reunirse con capos como Arturo Beltrán Leyva.
En la Corte de Brooklyn también ha sido mencionado el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de esa administración, el General Guillermo Galván, de presuntamente haber recibido sobornos del narco. Un señalamiento que hizo la propia defensa de García Luna durante un interrogatorio a Óscar Nava Valencia, alias “El Lobo”, un viejo líder del Cártel del Milenio, sobre el cual no se han dado más detalles hasta el momento.
En el caso del expresidente Calderón, el exfiscal Edgar Veytia, conocido como ”El Diablo” o “La Bestia”, afirmó que su entonces jefe, el exgobernador Ney González y su sobrino se habían reunido en la Ciudad de México con el expresidente Calderón y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quienes le habrían indicado que se debía proteger a “El Chapo” y a sus socios del Cártel de Sinaloa.
Genaro García Luna fue considerado como Felipe Calderón como un “súper policía”. Foto: Iván Stephens, Cuartoscuro
“Que la línea era El Chapo”, afirmó escuetamente Veytia sobre el resultado de esa reunión a la que él no ingresó, ya que estuvo en un recorrido con Luis Cárdenas Palominos, exalto funcionario policiaco involucrado con el narco. Ante una objeción de la defensa, liderada por César de Castro, la asistente del Fiscal Saritha Komatireddy replanteó la pregunta y Veytia confirmó. “La orden era proteger a Los Chapos, no a los Beltrán Leyva”.
Ayer, también se contó con el testimonio del agente del FBI, José Moreno, quien habló de una redada llevada a cabo en 2012 contra “El Chapo” Guzmán a partir de una intervención a su teléfono, pero los agentes llegaron tarde al operativo y el líder del Cártel de Sinaloa escapó. La información, relató, se compartió con el excomandante de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, quien en octubre de 2021 se declaró culpable de haber colaborado con el narco mientras simulaba un combate al crimen organizado con la DEA.
Pese a los señalamientos que han pesado desde el pasado contra García Luna y su círculo cercano, el expresidente Felipe Calderón siempre ha negado haber sido consciente de ello. Ahora, el expresidente ha sido involucrado directamente.
“Me he reservado opinar sobre el juicio al ing. García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. “Nunca negocié ni pacté con criminales”, respondió el expresidente un par de horas después de que se diera a conocer el testimonio del exfiscal de Nayarit.
Me he reservado opinar sobre el juicio al ing. García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales
En diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leyva fue abatido durante un enfrentamiento con la Marina mexicana en Cuernavaca, Morelos. El cuerpo del capo fue exhibido con billetes colocados encima, algo que en su momento fue cuestionado. A inicio de ese mismo año, “El Chapo” Guzmán apareció entre los hombres más ricos del mundo Forbes, un puesto que repetiría en 2010.
Meses después sería detenido Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, un hombre que espera que testifique en la Corte, y quien en noviembre de 2012 acusó a través de una carta a Genaro García Luna, aún titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de recibir dinero de los grupos criminales, y al Presidente Felipe Calderón, quien estaba a dos días de terminar su sexenio, de pactar con los capos de los cárteles del narcotráfico.
Otros testimonios de militares, policías y hasta de la Iglesia señalan que Calderón Hinojosa fue advertido sobre los supuestos vínculos de su Secretario de Seguridad. Dos de quienes expusieron esto, el General Tomás Ángeles Dauahare y Javier Herrera Valles, quien fuera Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, fueron arrestados con cargos inventados, como ellos mismos han denunciado. García Luna continuó hasta el final de ese sexenio al frente de la estrategia de seguridad.
“Señor Presidente, lo más preocupante para la Seguridad Pública de nuestro país es que el Ing. García Luna continúa sin dirección en la Policía, mintiéndole a usted y a la sociedad haciéndole creer en una coordinación entre PFP y AFI que no existe, siendo ampliamente comentado por los diferentes medios de comunicación”, escribió Javier Herrera en una carta enviada a Felipe Calderón el 15 de febrero de 2008.
En tanto que el General en retiro Tomás Ángeles Dauahare narró durante el documental Guerra Híbrida, producido y dirigido por Daniel Marmolejo, que en una reunión con Calderón, el 9 de mayo de 2007, le alertó de García Luna, luego de que el entonces mandatario panista le hizo preguntas sobre el Secretario de Seguridad.
“Le dije: ‘Señor Presidente, le voy a decir mi verdad, es mi verdad, no lo voy a engañar a usted ni a mis jefes […] porque mi comentario puede generar decisiones dañinas para el país’. Le di mi versión, me lo pidió por escrito. Días más tarde se lo hice llegar. ¿Qué le dije? El involucramiento de García Luna en el narcotráfico y en otras cosas. El tema importante es el del narcotráfico. Estaba enterado. Ese mismo día, ya después de eso, platicando él y yo solos, de pie a un lado de su escritorio —me refiero al licenciado Calderón—, ahí le dije que su estrategia estaba mal y por qué estaba mal”, contó el General Tomás Ángeles.
Los dos pasarían años en prisión luego de sus denuncias.
García Luna era uno de los hombres más cercanos a Calderón. Foto: Guillermo Perea, Cuartoscuro.
DEL “DIABLO” A “MOREIRA”
El juicio contra Genaro García Luna ha generado expectativas por lo que puedan declarar los testigos cooperantes en relación a la administración del expresidente Felipe Calderón. Sobre todo por las diversas alertas que existieron sobre la colusión de su mano derecha con el crimen. En la semana número tres del juicio, el testimonio del exfiscal Edgar Veytia dio un giro cuando ligó directamente al exmandatario.
El “Diablo” también narró que Luis Cárdenas Palomino —otro de los super policías de Calderón y también acusado en Estados Unidos— le habría dicho que él estaba “del lado equivocado y con el bando contrario por proteger a los Beltran Leyva”. “Nos dijo que era a El Chapo a quien debíamos apoyar”, sostuvo Veytia.
El pasado 30 de enero, se dio a conocer que la Fiscalía de Brooklyn le pidió al Juez Brian Cogan que impidiera que la defensa cuestionara sobre “ciertos hechos” a Édgar Veytia. “El Gobierno [la Fiscalía] se mueve para evitar que la defensa le pregunte a Veytia sobre los hallazgos adversos de credibilidad de varios brazos del Gobierno federal y la decisión relacionada de no ofrecerle un acuerdo de cooperación”, indica un documento judicial.
Los detalles de la petición se mantuvieron bajo sello, pero se tuvo conocimiento que los fiscales estadounidenses buscaban bloquear acciones de la defensa de García Luna contra el testigo cooperante, quien fue defendido en su momento por Jeffrey Lichtman, el mismo abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y su esposa, Emma Coronel.
Edgar Veytia, extitular de la Fiscalía General de Justicia de Nayarit, testificó la mañana de este martes en el juicio que enfrenta Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Foto: Facebook Fiscalía General de Nayarit
Esta semana también revivió la polémica relación y enfrentamientos que sostuvieron el expresidente Felipe Calderón y el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. El exmandatario estatal fue nombrado y acusado por su extesorero: Héctor Villareal Fernández, quien habló de un saqueo de 200 millones en el que implicó a su jefe.
Humberto Moreira, exonerado del delito de enriquecimiento ilícito por la Procuraduría General de la República de Felipe Calderón y por la Procuraduría de Justicia estatal de Coahuila de su hermano, Rubén Moreira Valdés, en 2015, respondió a las acusaciones de Héctor Villareal utilizando las discrepancias y enfrentamientos mediáticos que ha sostenido con Calderón.
“Por todos es conocida las discrepancias que mantuve, mientras ejercí como Gobernador, con Felipe Calderón. Junto al fallecido Gobernador de Colima, fuimos los únicos responsables políticos que no firmamos el desplegado de gobernadores que reconocía su triunfo en la Presidencia de la República por lo que se hace del todo impensable que sostuviera una relación cercana con su principal colaborador, el señor García Luna”, escribió Humberto Moreira en una carta enviada este lunes al periódico Vanguardia.
La enemistad de Humberto Moreira contra el expresidente Felipe Calderón —e incluso contra su propio hermano, el también exgobernador y actual legislador, Rubén Moreira— se exacerbó, luego del asesinato de su hijo José Eduardo, de 25 años, el 3 de octubre de 2012 en Ciudad Acuña.
“Mi hijo viene a ser uno de los muertos de esta guerra”, dijo el exgobernador en ese momento. Humberto Moreira también ha acusado que el crimen fue por una venganza de los Zetas contra su hermano, debido a que la policía estatal asesinó al Z-40, uno de los presuntos líderes de los Zetas.
En noviembre de 2012, poco tiempo antes de concluir el sexenio de Calderón, Humberto Moreira llevó a la Corte Penal Internacional de La Haya, una serie de periódicos y documentos que presentó como comunicaciones donde acusa al expresidente de México por los más de 100 mil muertos que hasta ese momento había dejado la guerra contra el narcotráfico.
La evidente rivalidad y hostilidades entre ambos tuvieron su punto más álgido en el año 2017, periodo electoral en que varios medios de comunicación confirmaban que la PGR de Calderón sí había investigado a Moreira.
Héctor Villarreal Fernández, quien fue tesorero de Coahuila durante el Gobierno de Humberto Moreira Valdez, acudió la mañana de este lunes a testificar en el juicio contra Genaro García Luna, extitular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal, en Estados Unidos. Foto: Moisés Pablo Nava, Cuartoscuro
En marzo de 2017, Calderón Hinojosa acusó a Moreira de permitir la presencia de Los Zetas en Coahuila.”Me consta, porque yo sé que quizá el grupo delincuencial más peligroso y más cruel que haya azotado a Coahuila y a México es el grupo de Los Zetas y, cuando estaba el Gobernador Humberto Moreira, todos los cabecillas de Los Zetas vivían cómodamente en el estado de Coahuila, aquí vivía Lazcano, aquí vivía Miguel Treviño ‘el Z40’, aquí vivía el ‘Z42’, todos cómodamente”, dijo Calderón en un evento público el 27 de marzo de 2017.
Moreira Valdés, por su parte, publicó el 9 de abril de 2017, un spot de campaña en el que llamó “borracho” a Felipe Calderón Hinojosa. “Salió el borracho, Calderón como siempre. Este hombre aparece en todos lados, siempre ebrio y cometiendo errores. Su estado de ebriedad actual obedece a que su conciencia no lo deja tranquilo de todas las muertes y desapariciones de mexicanos que tuvo (durante su sexenio)”, dijo en ese entonces.
En ese mismo mes, se confirmó que la PGR de Felipe Calderón había investigado a Humberto Moreira por enriquecimiento ilícito, pero la indagatoria no prosperó porque la misma corporación lo exoneró, un mes antes de que concluyera el sexenio calderonista.
El 22 de abril de 2017, siendo aún candidato a la presidencia por Morena, Andrés Manuel López Obrador, reveló una copia certificada del documento de la Procuraduría General de la República (PGR), en el cual se comprobó la exoneración de Moreira, la cual, dijo López Obrador mostraba “la falsedad y simulación que impera en la cúpula del poder, que prueba que PRI y PAN son lo mismo”.
Frente a las acusaciones de Héctor Villarreal de esta semana, Calderón —que por años no desaprovechaba una oportunidad para acusar a Moreira de estar vinculado con los Zetas— no emitió ninguna opinión, como lo venía haciendo sobre el juicio de su mano derecha de García Luna, hasta que ayer no pudo alargar ese silencio cuando fue involucrado directamente con uno de los cárteles que su Gobierno decía combatir.
El exfiscal de Nayarit señaló que la petición fue hecha en una reunión con el expresidente Calderón y García Luna porque el Chapo mantenía una disputa con los Beltrán Leyva.
El exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, declaró que en 2011 el expresidente Felipe Calderón y el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, le pidieron proteger al grupo del Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien mantenía una disputa con los Beltrán Leyva.
Señala que eso generó conflicto en Nayarit, pues había un acuerdo con el exalcalde de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, de aportar dinero a su campaña.
#JuicioGarcíaLuna. El ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, afirma ante el jurado que hubo una instrucción en 2011 del ex presidente Felipe Calderón y de Genaro García Luna de proteger al cártel de Sinaloa. Esto ocurrió en una reunión con el ex gobernador Ney González. pic.twitter.com/rgbUJ7jvJQ
Al testificar en el juicio que se le sigue a García Luna en EU, Veytia señaló que en una reunión que tuvo con el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, le comentó de una reunión de alta seguridad en la Ciudad de México donde el expresidente Calderón y el secretario de Seguridad pública le informaron “que la línea era Chapo”.
Al ser cuestionado sobre qué significaba eso, el exfiscal indicó que “debíamos proteger a esa facción del cartel de Sinaloa que peleaba con los Beltrán Leyva”.
Declaró que, en otra reunión con un representante de “El Chapo” Guzmán en Nayarit, éste prometió liberar a dos policías del estado que tenían secuestrados, a cambio de que él, en ese entonces secretario de Seguridad Pública de Tepic, los protegiera además a ellos.
“La orden era proteger a Los Chapos, no a los Beltrán Leyva”. ‼️ Detalles 👇🏽 Édgar Veytia implica a Felipe Calderón sobre protección a “El Chapo” en juicio a Genaro García Luna – La Opinión https://t.co/3eI7F6xCrJ
Recordó que en ese momento Tepic era la “segunda ciudad más violenta del país” por la lucha entre los Beltrán Leyva, el grupo de Mayo Zambada y el del Chapo Guzmán.
Indicó que ya siendo fiscal llegó a recibir hasta 2 millones de pesos al mes, los cuales usaba “en los gastos diarios”.
En septiembre de 2019, un tribunal de Estados Unidos sentenció al exfiscal de Nayarit a 20 años de cárcel después de que se declarara culpable de participar en una red internacional de narcotráfico.
Edgar Veytia, un ciudadano con doble nacionalidad de Estados Unidos y México, fue arrestado en marzo de 2017 bajo sospecha de estar involucrado en la producción y tráfico de drogas ilegales, incluidas la heroína y la cocaína, a Estados Unidos a partir de 2013.
Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, testificó que Genaro García Luna pagó 25 millones de pesos al mes en sobornos a El Universal, para limpiar la imagen del ex secretario de seguridad pública.
Villarreal, quien trabajó para Humberto Moreira cuando era gobernador de Coahuila, le presentó al entonces secretario de Seguridad de Felipe Calderón.
En una reunión García Luna le ofreció al gobierno de Chihuahua la compra del programa Pegasus, pero supuestamente Moreira se negó por temor a que el programa fuera utilizado por el propio García Luna para espiar a sus funcionarios.
También se detalló que García Luna le pidió ayuda a Moreira para tener acercamientos con El Universal, para tener una cobertura favorable ante los rumores de que había sido secuestrado por integrantes del crimen organizado.
El acercamiento funcionó, pero a cambio de una mensualidad de 25 millones de pesos. El exsecretario de Finanzas testificó que estuvo presente cuando se realizó el arreglo, en el que participó el dueño del periódico Juan Francisco Ealy Ortiz.
El ex tesorero de #Coahuila, Hector Villarreal, hoy dijo que se puso de concepto en las facturas que se pagaron a El Universal una campaña que nunca existió, esto para hablar bien de #GenaroGarciaLuna. pic.twitter.com/AuKK01Pn8o
A lo largo del interrogatorio el exfuncionario confirmó que él mismo operó el esquema financiero para obtener los recursos para estos sobornos.
El testigo presentó una factura de la Secretaría de Finanzas y El Universal por una campaña para rescatar al turismo, por 11 millones de pesos, la cual presuntamente nunca existió.
Nueva York. Genaro García Luna acordó pagar 25 millones de pesos mensuales al dueño del periódico El Universal para contrarrestar “rumores” sobre los vínculos del entonces secretario de Seguridad Pública con integrantes del cártel de Sinaloa, declaró un testigo cooperante, quien dijo haber participado en el arreglo, así como en un esquema de corrupción encabezado por el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, que generó 200 millones de dólares en fondos ilícitos.
Héctor Villarreal Hernández, ex secretario de Finanzas de Coahuila, se presentó ayer en el juicio de García Luna. Contó que, junto con Moreira, en un viaje oficial a la Ciudad de México en 2009, vieron por segunda ocasión al titular de Seguridad Pública.
Según la declaración, en ese encuentro García Luna preguntó al gobernador si conocía a personas en El Universal, ya que le preocupaba que circularan en algunos medios “rumores de que había sido secuestrado” y que “estaba relacionado con algunas gentes del cártel”.
Moreira, afirmó el testigo, le respondió a García Luna que “era muy buen amigo del dueño” del rotativo y que “lo acercaría” con él “sin ningún problema”.
El dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, era “compadre” de Moreira, declaró Villarreal. Añadió que él y su jefe lo habían visto varias veces, tanto en la capital como en Saltillo.
El testigo aseguró que llegaron a un acuerdo por el que se le pagarían 25 millones de pesos mensuales al diario, para contrarrestar las versiones de otros medios de que García Luna estaba relacionado con el narcotráfico y para reportar que “la Secretaría de Seguridad Pública hacía un buen trabajo para el gobierno y para la ciudadanía”.
Dinero en maletas
El testigo indicó que fue enviado a México por Moreira para ayudar en la entrega de uno de los pagos. Contó cómo acompañó a Sergio Montaño, un asistente de García Luna, a las oficinas de El Universal, para cerrar el trato. Montaño llegó con una pequeña maleta llena de efectivo e informó que el resto del pago estaba en la camioneta en la que iban.
Villarreal, bajo la guía de interrogatorio por la fiscal Erin Reid, informó que en una ocasión se usaron fondos del estado de Coahuila para completar un pago al rotativo a nombre de García Luna, después de que el secretario les solicitó ayuda en el trámite.
“Yo di las instrucciones” para pagar 10 millones de pesos y para que se elaborara una factura que no se registrara en las cuentas oficiales, relató el declarante.
Expuso que él mismo había guardado en una caja facturas “inconsistentes” como ésa, un documento que fue mostrado al jurado en la corte.
La factura dice que el destinatario es “El Universal Compañía Periodística Nacional”. El concepto es “publicidad de campaña de rescate del turismo 2009” y está fechada el 24 de junio de 2009 por el monto de 11 millones 500 mil pesos.
Preguntado por qué el total era más alto que los 10 millones que se solicitaron, explicó: “Los 1.5 millones es de impuestos que se aplican en México”.
Otras reuniones
La fiscal le preguntó si había visto a García Luna en otras ocasiones y Villarreal contestó que él y su jefe fueron a un departamento “de lujo en el penthouse” de un edificio en Santa Fe, en la capital, donde se reunieron varios hasta la madrugada. Ahí (el ex funcionario) le agradeció a Moreira “porque todo estaba funcionando bien”.
En otra ocasión, sostuvo Villarreal, llevó a su jefe a una casa de García Luna en Cuernavaca, “porque le iba dar un ride por helicóptero” al gobernador.
La primera vez que Moreira y Villarreal se vieron con García Luna, contó el testigo, fue en 2008, cuando fueron a México a solicitar fondos para programas de seguridad pública en Coahuila.
La segunda ocasión fue cuando García Luna los invitó a recorrer un edificio de alta seguridad, conocido como El Búnker, donde les mostraron la recolección de inteligencia de todos los estados en tiempo real y el monitoreo e intervención de comunicaciones celulares con el programa Pegasus.
Interrogado si compraron el programa, Villarreal señaló que no. “No queríamos que nos estuvieran escuchando a todos los que estábamos en el gobierno”. Aseveró que fue al concluir esa segunda visita que García Luna les pidió ayuda en la relación con El Universal.
Trama en Coahuila
Villarreal comenzó su declaración identificándose primero como ex subsecretario de Presupuesto y después secretario de Finanzas de Coahuila a partir de 2005, por nombramientos del gobernador Moreira.
Agregó que ahora es un testigo cooperante, que espera sentencia en Texas. Se entregó a las autoridades estadunidenses en 2014, llevando sólo su caja de facturas y un servidor lleno de datos. Se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero ese mismo año. Quedó libre bajo fianza y llegó a un acuerdo de cooperación con los fiscales estadunidenses.
Describió los delitos financieros que cometió junto con su jefe, el gobernador Moreira, a través de comisiones ilícitas y sobrefacturación de obras públicas en el estado, y que el esquema de corrupción generó unos 200 millones de dólares entre 2006 y 2011.
Moreira se quedó con unos 40 millones y Villarreal y otros siete colaboradores ganaron 2.5 millones cada uno, indicó el testigo. Añadió que los beneficiados gastaron sus ganancias en la compra de propiedades, como casas en Cuernavaca o en la playa. Confesó que tenía pequeños centros comerciales, inmuebles y un Mercedes McLaren, entre otras inversiones.
El testigo informó que también compraron medios e “hicimos pagos a muchos medios”, tanto del estado como a nivel nacional, con el propósito de “tener una mejor imagen”, hacer favores a quienes apoyaban y “perjudicar” a otros.
Interrogado sobre qué hizo después de la conclusión del periodo del gobernador, Villarreal recordó que fue asesor de Moreira cuando era presidente del PRI.
Casi al final, Villarreal fue preguntado si conocía a Édgar Veytia, ex procurador de Nayarit. Respondió que conoció al jefe del mencionado, el gobernador Roberto Sandoval, en 2011.
Veytia ha sido señalado como posible testigo en este juicio.
Embajador en el banquillo
En este octavo día de audiencias con testigos y presentación de evidencias en el juicio de García Luna, el último declarante fue Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015.
El diplomático testificó que conocía al acusado y que había participado en entre 10 y 20 reuniones con él, incluso varias con delegaciones de funcionarios y políticos estadunidenses que visitaban México, interesados en los avances en la cooperación sobre seguridad.
Fue preguntado sobre la peculiar manera de hablar del acusado, aparentemente para demostrar que las reuniones con altos funcionarios estadunidenses con el entonces secretario de Seguridad Pública eran rutinarias.
Expolicía del sexenio calderonista, señaló en el juicio contra García Luna la corrupción en el aeropuerto de la CDMX.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en tiempos de Genaro García Luna, era catalogado como categoría 1 por una agencia internacional de evaluación a pesar de que había “hasta balaceras” y transporte de drogas.
“Ya muchos saben de cómo metían droga por el Aeropuerto. Una vez hasta hubo una balacera ahí en el aeropuerto. En ese tiempo el AICM, tenía categoría 1 (…) Ahora con el juicio de García Luna dice el enviado que había un operativo para dejar sin vigilancia el aeropuerto cuando se les ordenaba, para que pasaran la droga”.
“Muchos saben de cómo metían droga por el Aeropuerto”, @lopezobrador_ señaló que una organización internacional en EUA que califica la calidad y seguridad de los aeropuertos mantuvo el AICM en categoría 1 durante el gobierno de @FelipeCalderon, pese a que "hubo hasta balaceras". pic.twitter.com/sb1ou8GAU3
En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional señaló la forma en que estaba corrompido el sistema de vigilancia en la terminal aérea cuando García Luna, quien es juzgado actualmente en Nueva York, se desempeñaba como Secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
“Tenía una clave 35-40, 35-45, y el Aeropuerto de la Ciudad de México se quedaba sin vigilancia para pasar droga, manejado por la Policía Federal que tanto defienden los conservadores, que no apoyaron a la Guardia Nacional (…) Es interesante todo lo que está sucediendo, independientemente de lo que vaya a concluirse, eso del aeropuerto no hay duda de que lo manejaban“, comentó el mandatario federal.
La periodista @penileyramirez, quien ha investigado el caso de García Luna varios años, reveló que el 'chisme' fue un aspecto crucial en la cercanía entre Genaro y @FelipeCalderon; mantenían reuniones semanales para hablar de la vida personal del gabinete. https://t.co/GGUjzP9jA1
Las críticas del Ejecutivo Federal se dan tras las declaraciones del cuarto personaje que testificó este martes en contra del llamado “Súper Policía”, acusado por las autoridades estadounidenses de colaborar con varias organizaciones delictivas al mismo tiempo que ejercía como funcionario federal de 2006 a 2012.
Durante la sesión en la Corte de Brooklyn, Raúl Arellano Aguilera, exagente de la extinta Policía Federal, describió la forma en que comandantes de la dependencia asignados al AICM, operaban en 2007 para presuntamente dejar pasar cargamentos con droga, dinero y armas, todo ello bajo el mando de García Luna.
