La periodista, Ana Plasencia, exhibió a Carlos Loret de Mola por atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador en una postura más de “político de oposición” que de periodista.
En una entrevista de la cadena DW, se invitó a Loret de Mola a dialogar sobre los conflictos más actuales que ha tenido con el presidente López Obrador.
La primera cuestión fue relacionada al reportaje de los presuntos lujos del hijo del mandatario, José Ramón López Beltrán; y a su vez, de los supuestos ingresos del periodista que se dieron a conocer en una mañanera.
Loret de Mola explicó que en el reportaje se hacia critica a la situación financiera de José Ramón López Beltrán pues resultaba contradictoria, siendo que provenía de un padre que procuraba la austeridad y que además, su pueblo desconocía a que se dedicaba.
Asimismo, aseguró que existía un conflicto de interés relacionado a la casa que habitó López Beltrán porque pertenecía a un alto ejecutivo de la empresa Baker Huhges, la cual es contratista del Gobierno Federal.
Ana Plascencia, por su parte, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya había abierto una investigación relacionada al caso y se llevó a cabo una auditoria externa a Baker Hughes que descartó ese supuesto “conflicto de interés”.
Sin embargo, la periodista no se limitó en sus palabras y le lanzó una pregunta mordaz:
“Yo me pregunto, si a nadie le debería interesar cuanto ganas tú y está claro que ese discurso de austeridad del presidente contradice mucho la vida privilegiada del hijo; pero, si a nadie le debería interesar cuanto ganas tú, ¿a quién le interesa como vive el hijo del presidente de la República?
👩🏼Entrevistadora de @dw_espanol : “Si a nadie le debería de interesar lo que ganas tu, ¿Porque nos debería de Interesar como vive el hijo del presidente?”
“Nuestros adversarios, con el apoyo de pseudoambientalistas y sus voceros, han montado una campaña en contra del Tren Maya”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador este domingo durante su segundo recorrido por las obras de ese proyecto.
De gira en el sureste mexicano, el primer mandatario aseguró que en 1 mil 500 kilómetros del tren “sólo se impactarán 100 hectáreas, la mayor parte acahuales; sin embargo, al mismo tiempo se están reforestando 200 mil hectáreas”.
Agregó que este proyecto también contempla “crear tres grandes parques naturales (18 mil hectáreas), y en las orillas de las vías se sembrarán hileras de árboles flor, como guayacán, maculí y flamboyán”.
Sobre las denuncias de deforestación que estaría causando la construcción del Tren Maya y que han estado circulando recientemente, López Obrador afirmó: “somos de pueblo, nacimos y crecimos en el campo y desde niños aprendimos a cuidar y convivir con la naturaleza”.
Este fin de semana, el presidente sobrevoló las zonas de construcción y publicó en sus redes sociales que se trabaja en los “terraplenes, obras hidráulicas y libramientos en 970 kilómetros del Tren Maya”.
Además, recordó que luego de que se concluyan las obras en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Estado de México), saldrán brigadas de ingenieros militares con destino al sureste del país para apoyar en la construcción de 550 kilómetros más del tramo Escárcega, Calakmul, Chetumal, Bacalar y Cancún, incluido el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum. “En su conjunto, esta magna obra quedará terminada en diciembre del año próximo”, aseguró López Obrador.
La periodista Carmen Aristegui reconoció que, con las pruebas que se han revelado hasta el momento, no existe ningún conflicto de interés en la renta de la casa de Houston por parte de Carolyn Adams y José Ramón López Beltrán.
Carmen Aristegui ha sido constantemente señalada por difundir y darle vuelo al reportaje sobre la casa del hijo mayo del presidente en Houston. Dicho reportaje fue realizado por Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y sus mismos actores lo desmintieron en diferentes ocasiones.
El día de ayer, en su programa de noticias, Carmen Aristegui concluyó que hasta ese momento, las pruebas que han presentado Pemex, la pareja involucrada, Baker Hughes y la auditoria realizada a esta última dan muestra de que no existieron irregularidades en la renta del inmueble.
La prueba más contundente para la periodista fue la auditoria realizada a Baker Hughes. En dicha auditoria, realizada por R. McConnel Group, un despacho especializado en estos temas y con un buen prestigio, no se encontró nada ilegal.
“No fue una auditoría patito, fue hecha por una empresa experta en el tema. Y no se iban a prestar a una simulación y jugarse el prestigio presentando los elementos para concluir que no hubo elementos sobre un conflicto de interés”.
Asimismo, la periodista dijo que es lógico que los contratos a Baker Hughes, como para los demás proveedores de Pemex hayan aumentado. Pues ha incrementado también la inversión en el rubro petrolero.
“Lo que se puede observar es que, efectivamente, el gobierno mexicano a través de Pemex ha pagado cantidades millonarias a estos 25 contratistas. Pues porque han crecido las inversiones precisamente en esta materia.”
Aristegui finalmente concluyó que:
“Hasta donde vamos, con estas informaciones no hubo algo irregular en la renta de la ´casa gris´ en este contexto”.
No obstante, la periodista expresó que la información es un “ente vivo” y pueden agregarse, ampliarse o ratificarse nuevas cosas al respecto del tema.
A través de una conferencia de prensa, el vocero de la compañía petrolera, Baker Hughes informó que realizó una investigación interna en México y Estados Unidos, y desmintió el supuesto conflicto de interés que divulgaron algunos medios opositores al Presidente Andrés Manuel López Obrador, por la renta de una casa en Houston al hijo del mandatario federal, José Ramón López Beltrán, y a su esposa Carolyn Adams.
En conferencia de prensa, Bob Pérez, vicepresidente de Baker Hughes para México y Sudamérica, dijo “que el resultado de la auditoría es que no hay conflicto de interés ni irregularidades en los contratos que tiene la empresa con Petróleo Mexicanos” (Pemex).
El vocero de la compañía petrolera dio a conocer que se contrató a un despacho externo, el Grupo R. McConnellen, de inteligencia corporativa y se hicieron los estudios forenses correspondientes que determinaron que al exejecutivo Keith L. Shilling, quien fue propietario de la residencia en Houston, nunca tuvo injerencia en las operaciones de México.
También se informó que se analizaron archivos y correos electrónicos de Shilling de su computadora de trabajo, así como documentación, responsabilidades y proyectos de Baker Hughes.
“Shilling fue empleado de Baker Hughes en 2016 y salió de la empresa en 2019; durante el tiempo que estuvo en la compañía, trabajó en su grupo de Norteamérica, y México no pertenece a esta dirección sino a la de Latinoamérica”.
“Baker Hughes es una empresa que lleva más de 60 años trabajando en México, (…) que cotiza en la bolsa de Estados Unidos y somos una empresa que tiene una cultura muy robusta de cumplimiento corporativo y de anticorrupción, es un política de cero tolerancia”, aseguró.
La revisión de externa del Grupo R. McConnell “concluye que la transacción de arrendamiento entre Keith Schilling y un tercero se considera una transacción de curso ordinario en condiciones de igualdad entre esas partes. No tiene ninguna relación con ningún negocio de Baker Hughes en México o de otro tipo. La empresa no tenía conocimiento del acuerdo de alquiler ni recibió ningún beneficio de este”.
La investigación del despacho señala que en 2019, Carolyn Adams, esposa del hijo del presidente, arrendó la residencia de Shilling en Conroe. En ese momento, ella no mencionó a José Ramón López Beltrán como ocupante del inmueble.
El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, también informó que desde la semana pasada, Baker Hughes le había solicitado una reunión y hoy se concretó, en esta se informó sobre los resultados de la auditoría.
¿Decían? ‼️“No encontramos ningún conflicto de interés ni nada irregular”, subraya vocero de Baker Hughes en conferencia de prensa este lunes. https://t.co/pCvNqIqvrK
ocumentos obtenidos por el diario La Jornada desmienten supuestas “irregularidades” relacionadas con el arrendamiento que Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hizo de una residencia en Houston.
Tras la publicación de un reportaje de LatinUs y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a finales de enero de este año, se indicó que José Ramón, al ocupar una vivienda en Houstou, incurrió como “conflicto de intereses” y tráfico de influencias, ya el propietario, Keith Schilling, laboró en un momento para la petrolera Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde hace más de seis décadas.
Y aunque en diversas ocasiones, tanto Pemex como diferentes medios de comunicación (e incluso la pareja López Adams) desmintieron cualquier conflicto de intereses y tráfico de influencias, ciertos periodistas siguieron buscando sacarle más jugo al expirado tema.
Ejemplo de esto fue Peniley Ramírez, quien ayer en el diario Reforma, indicó que la renta de la residencia por parte de la pareja López Adams presentó irregularidades. Entre éstas destaca la “nula actualización del estatus” de la casa después de ser rentada, lo que hace especular a la periodista que, el dueño de la vivienda, llegó a un acuerdo personal con los inquilinos para que éstos influyeran a favor de Baker Hughes.
Sin embargo, La Jornada tuvo acceso al contrato formal de arrendamiento, en el que se especifica un depósito inicial de 5 mil 600 dólares y un alquiler mensual por la misma suma, con fecha inicial el 16 de agosto de 2019 y término el 31 de julio de 2020, con una cláusula de renovación automática.
El diario obtuvo también copia de los cheques y los documentos que amparan transferencias bancarias de la arrendataria, Carolyn Adams, a l arrendador, Lauren Schilling, papeles que pueden ser cotejados con los estados de cuenta mensuales de la cuenta bancaria a nombre de la primera.
Con estos documentos, queda claramente evidenciado que José Ramón López Beltrán no incurrió en conflicto de interés ni en tráfico de influencia a favor de Baker Hughes, y que el alquiler de la casa se hizo de forma regular, sin haber ningún tipo de ilegalidad, como han especulado varios periodistas y líderes de la oposición.
El documental sobre populismo, cuyo financiamiento se encuentra en la mira de la FGR, no se trata del único recurso al que recurrieron, de acuerdo con las denuncias, empresarios e intelectuales con la intención de interferir en el proceso presidencial de 2018, como se ha documentado a lo largo de los tres años que sucedieron al triunfo de López Obrador. Los frentes empleados van desde el portal Pejeleaks hasta la denominada Operación Berlín, según los mismos señalamientos.
Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– El documental “Populismo en América Latina”, uno de los engranajes de la trama de la guerra sucia durante la campaña presidencial de 2018 en contra del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto financiamiento ilegal en el que habrían incurrido empresas, entre ellas la española OHL, así como ejecutivos y empresarios, algunos de ellos ligados al priismo.
La serie documental nunca vio la luz en México, pero representó uno de los frentes que se abrieron al entonces candidato de Juntos Haremos Historia, en los cuales empresarios e intelectuales opositores a López Obrador fueron señalados por maquinar una guerra de desprestigio para impedir su llegada a la Presidencia en su tercera campaña, en la cual se acusó la presencia de la llamada Operación Berlín, la consultora Cambridge Analytica y una serie de spots en los que se denunció la mano del sector empresarial.
El financiamiento de uno de estos frentes ya es investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que ha enviado oficios a numerosas instituciones para acreditar todos los movimientos financieros de las empresas y personas involucradas en presuntas conductas ilícitas para el financiamiento de “Populismo en América Latina”, como reportó para SinEmbargo el periodista Álvaro Delgado.
Los oficios girados a las instituciones.
“Me parece muy importante en primer lugar que se persigan estos delitos electorales, yo sí creo que hay que detener estas campañas, estas formas de guerra sucia son claramente una forma de fraude electoral, tienen claramente la intención de impactar al electorado, a mí de entrada me parece muy sano que se investiguen estas estrategias de guerra sucia y me parece muy sano que se castigue a los culpables”, comentó en entrevista el monero Rafael Barajas, mejor conocido como “El Fisgón”, quien dirige el Instituto Nacional de Formación Política de Morena.
Mencionó que es impresionante que uno de los patrocinadores de la campaña de guerra sucia en el pasado proceso presidencial de 2018 fuera OHL, una empresa constructora española que dio sobornos y que, ahora se sabe, se metió en asuntos internos del país.
“Debe estar muy castigado el hecho de que se acepte patrocinio en campañas electorales por parte de consorcios extranjeros”, comentó.
Rafael Barajas dijo que es un hecho que en México desde 2006 se utilizan estas estrategias de guerra sucia por parte de la derecha para golpear a los candidatos de izquierda, como, señaló, ocurrió en 2006, 2012 y 2018 cuando López Obrador fue el abanderado.
Sin embargo, no se trata del único recurso al que recurrieron, de acuerdo con las denuncias, empresarios e intelectuales con la intención de interferir en el proceso presidencial de 2018, como se ha documentado a lo largo de los tres años que sucedieron al triunfo de López Obrador. Uno de los testimonios más precisos lo hizo la ahora Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, quien fue la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel, en su libro Juntos hicimos historia (Grijalbo, 2019).
“El temor a que Andrés Manuel obtuviera la victoria en las urnas desencadenó una inimaginable guerra sucia en su contra. El principal objetivo de esta brutal ofensiva era contener, de cualquier forma, la intención de voto a favor del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Hombres de negocios muy poderosos e intelectuales influyentes, contratados y sufragados por los primeros, elaboraron una feroz campaña en redes sociales y medios de comunicación con el fin de desinflar a nuestro candidato”, escribió Clouthier en el capítulo “El manejo de la Crisis”.
Tatiana Clouthier fue la coordinadora de la campaña en 2018 de Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro.
LOS FRENTES DE LA GUERRA SUCIA
A mediados de abril de 2018, se desplegó una campaña publicitaria de la serie documental “Populismo en América Latina” en unidades de transporte de la Ciudad de México. Las imágenes del cartel promocional mostraban al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador frente a los retratos de Hugo Chávez, expresidente de Venezuela; Juan Domingo Perón, expresidente de Argentina y Luiz Inácio Lula da Silva, exmandatario de Brasil.
En ese entonces, López Obrador acusó que la serie tuvo un costo de 100 millones de pesos y acusó de estar detrás a Alejandro Jesús Quintero Iñiguez, exejecutivo de Televisa y asesor del entonces Presidente Enrique Peña Nieto.
La investigación realizada por Álvaro Delgado refiere, precisamente, que una de las personas investigadas por la FGR es Sergio Hidalgo Monroy Portillo, el exdirector general de OHL en México señalado de transferir 186 millones de pesos al Bufete de Proyectos de Información y Análisis S.A. de C.V., propiedad de Federico Berrueto Pruneda, quien a su vez pasó 47 millones 900 mil pesos a Grupo TV Promo S.A de C.V y TV Promo S.A de C.V, propiedad de Alejandro Jesús Quintero Iñiguez.
López Obrador denunció en ese entonces que el documental que finalmente no se proyectó era parte de una campaña sucia en su contra, al igual que el portal Pejeleaks. Como parte de esta campaña negra, se generaron materiales apócritos con allegados al historiador Enrique Krauze y con el financiamiento del magnate Agustín Coppel, como denunció también la coordinadora de la campaña, Tatiana Clouthier.
La serie de televisión que se promocionó fuertemente en autobuses de transporte público de la Ciudad de México, entre abril y mayo de 2018. Foto: Especial.
CAMBRIDGE ANALYTICA
En ese contexto, por ejemplo, se dio la irrupción en la campaña de Cambridge Analytica. El 30 de marzo de 2018, al inicio de las campañas, la televisora británica Channel 4 señaló que la consultora trabajó hasta enero con el PRI a la par que se reunió con integrantes de otros partidos.
Dos años después, en el libro La dictadura de los datos, Brittany Kaiser, quien entonces fungía como asesora especial de la compañía, confirmó que directivos de la empresa Cambridge Analytica se reunieron con integrantes del Partido Revolucionario Institucional, con el entonces Presidente Enrique Peña Nieto, en Los Pinos, y con el empresario Carlos Slim Helú, en su despacho de la Ciudad de México, para buscar un contrato para las elecciones presidenciales de 2018 en México.
Las reuniones se dieron entre julio y septiembre de 2017, en vísperas de las elecciones presidenciales en México, Alexander Nix, entonces director ejecutivo y creador de Cambridge Analytica, según la misma información. En el marco de la campaña, en junio de 2018, fue el diario The New York Times que dio a conocer que la propuesta de Cambridge Analytica al PRI comenzó a circular en 2017.
“El PRI revisó esa propuesta durante meses, y al final decidió que no necesitaba pagar millones de dólares a alguien externo para una campaña sucia. El partido podía hacer eso por sí mismo. Sin embargo, como una muestra de las medidas extremas a las que el priismo está dispuesto para afianzar su posición en el poder, le pagó de cualquier manera a Cambridge Analytica… para que no colaborara con ningún otro partido, de acuerdo con dos personas con conocimiento directo de las negociaciones”, publicó en ese entonces el Times.
Cambridge Analytica, hoy quebrada, era una empresa con sede en Londres que usaba el análisis de datos para desarrollar campañas para marcas y políticos que buscaban “cambiar el comportamiento de la audiencia”. Lo que se descubrió después es que manipulaba elecciones había robado 50 millones de perfiles de Facebook. El escándalo, que llegó al Senado de Estados Unidos, llevó a la compañía a la quiebra.
Clouthier denunció en su libro cómo se maquinó toda una estrategia de guerra sucia en el proceso electoral de 2018. Foto: Especial.
Al respecto, Clouthier consignó en su libro Juntos hicimos historia que Cambridge Analytica fue otro factor “que nos hizo inquietarnos, pues pensamos que el escándalo sobre la presunta utilización de las bases de datos de Facebook para incidir en las elecciones de Estados Unidos —ya sea desprestigiando a un candidato, empoderando a otro o difundiendo información que pudiera incidir en la forma de pensar de los electores— podría trasminarse a México”.
“Con todo lo que había sucedido a nivel internacional pensábamos que podían alterar los resultados de los comicios en el país. Lo que no entendíamos era si lo había pagado el PRI o el PAN o si estaba ligado a Pejeleaks, el sitio de internet que intentó ‘revelar’ o inventar el lado oscuro de Andrés Manuel, pero que en realidad resultó ser una burda estrategia electoral para desacreditar a nuestro candidato. Mi incertidumbre era, con esto de que nosotros no pactábamos ni con PAN ni con PRI, que pudieran enviarle información a los indecisos para inclinar la balanza”, escribió.
LA OPERACIÓN BERLÍN
“Esta Operación Berlín forma parte claramente de las estrategias de guerra psicológica, de guerra mediática y claro que son operativos que lo que buscan es influir en el electorado”, comentó Rafael Barajas en relación a la estrategia en la que fue involucrado el historiador Enrique Krauze, quien negó su participación en esta trama, la cual consistió en una estrategia de desprestigió que se maquinó en una casa ubicada en el número 245 de la calle Berlín en la alcaldía Coyoacán.
La existencia de esta operación los dio a conocer el sitio Eje Central, y el mecanismo lo detalló Tatiana Clouthier en su libro sobre la campaña, ahí mencionó cómo a partir de la información que recabó y partir de distintos testimonios supo que a mediados de 2016 el empresario Agustín Coppel le encargó al exdiputado panista Jesús Ramón Rojo Mancillas habilitar una oficina de “inteligencia” como parte de un esfuerzo contra la campaña de López Obrador.
Precisó que Rojo Mancillas contrató a su vez a Ricardo Rojo quien puso al servicio de esta campaña a su empresa, Expertaria que, explicó Clouthier, “dio seguimiento a todos los movimientos de López Obrador”. Y explicó: “El objetivo era urgente y riguroso: menoscabar la imagen pública de Andrés y, si las circunstancias lo exigían, y así lo exigirían, a todo su círculo de colaboradores y familiares”.
Enrique Krauze durante el foro denominado “Ciudadanos Opinan”, de octubre de 2017, en el que también estuvieron presentes dirigentes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.
La firma, según lo relatado en el libro, empleó una granja de trolls cibernéticos que tenía su principal centro de operaciones en la calle de Berlín 245, col. Del Carmen, en la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México.
“Después se ordenó ir más allá de la parodia. Si la estrategia, en verdad aspiraba a ser eficiente, no podía quedarse en el terreno de los memes. Necesitaban contenidos más elaborados que fueran capaces de lesionar a nuestro candidato. Agustín Coppel se reunió con Enrique Krauze para encargarle que prepararan contenidos intelectuales más refinados. La encomienda le fue asignada a Fernando García Ramírez, columnista de El Financiero y miembro del consejo editorial de Letras Libres, publicación dirigida por Enrique Krauze”, escribió Tatiana Clouthier.
No obstante, Krauze siempre ha negado su participación en esta trama.
EL ORO RUSO
A raíz de la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 y una serie de sospechas sobre una presunta intervención del Kremlin en otros procesos democráticos, en el pasado proceso electoral se buscó deslizar la posibilidad de un respaldo del Gobierno de Vladimir Putin a López Obrador.
Clouthier indicó en su libro que esta narrativa se enmarcó en la misma guerra sucia que denunciaron en contra de López Obrador, la cual, escribió, “no sólo fracasó, sino que se les revirtió. Las versiones periodísticas que se referían a la supuesta simpatía del Kremlin por el precandidato de Morena, al carecer de sustento, incluso fueron negadas por el propio Eduardo Sánchez Hernández, vocero de Enrique Peña Nieto”.
Por su parte, López Obrador capitalizó las acusaciones de su supuesto vínculo con Moscú con un video publicado en enero de 2018 en el que se mofó de los señalamientos: “Soy AndresManuelovich, AndresManuelovich, hoy estuve ahí en el muelle, ahí en Veracruz, esperando que emergiera el submarino con el oro de Moscú, no llegó”.
La burla del entonces candidato de Morena provocó una ola por todo el país que apuntaló su campaña. Muchos cambiaron hasta sus avatares con nombres rusos. Lo que fue una acusación, al final, se volvió una tendencia a favor de AMLO, como reconoció la propia Clouthier.
EL FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL
“En el 2006 es cuando en México se echó a andar por primera vez una campaña de guerra sucia contra un candidato, esta campaña la organizó el PAN y posiblemente también con vínculos del PRI en contra de Andrés Manuel López Obrador, era la campaña que decía que López Obrador era un peligro para México”, recordó Rafael Barajas sobre lo ocurrido en 2006, una estrategia que, señaló, la derecha replicó contra el candidato de la izquierda en 2012 y 2018.
En ese sentido, Clouthier describió en su libro cómo tuvo conocimiento de que Germán Larrea había pretendido “destruir la campaña de AMLO por atreverse a nombrar como Senador a Napoleón Gómez Urrutia”, mientras que “en Monterrey otro grupo que hizo campaña dentro de su empresa promoviendo que no se votara por Andrés Manuel fue Femsa”, presida por José Antonio “El Diablo” Fernández Carbajal, un empresario que tenido diferencias con López Obrador desde tiempo atrás y con quien actualmente sostiene un diferendo por la Reforma Eléctrica que ha propuesto el mandatario federal.
Clouthier también habló sobre cómo Enrique Coppel, presidente y director general de Grupo Coppel, encabezó en 2018 un movimiento a favor del entonces candidato del PRI, José Antonio Meade. “Yo me pregunté en ese momento: ¿Y por qué deseaban hacerlo? ¿Qué los animaba? La respuesta, al final, se me fue revelando sencilla: conservar los privilegios que les habían dispensado los gobiernos priistas y panistas, como a otros grupos”, refirió.
“Es un hecho que en México desde 2006 se utilizan estas estrategias de guerra sucia por parte de la derecha para golpear a los candidatos de izquierda, que en 2006, 2012 y 2018 curiosamente el candidato presidencial fue López Obrador en las tres campañas”, expresó a su vez Rafael Barajas.
Daniel Chávez Moran, fundador de Grupo Vidanta, negó que él o su familia tengan alguna relación de trabajo o comercial con el Presidente Andrés Manuel López Obrador o cualquier funcionario de su gobierno.
A pesar de que Chávez Moran lo nombraron como supervisor honorario del avance del Tren Maya, aclaró que ese puesto no tiene nada que ver con temas de trazo o administración de la obra. Su única labor en el puesto es la revisión y la medición fidedigna de los avances de la obra.
Debido a que desde el jueves pasado comenzó a circular información sobre el presunto otorgamiento de concesiones para que Vidanta ocupe playas de Jalisco, Nayarit y Guerrero por 15 años, el empresario lanzó un comunicado.
Esta información la dio a conocer la senadora panista Xóchitl Gálvez. La blanquiazul declaró un supuesto conflicto de interés porque el hijo mayor del presidente trabaja en una empresa fundada por los hijos de Chávez Moran.
“El tema no es si los reaccionarios del pasado, no es si los corruptos del presente, yo creo que el tema de fondo es investigar conflicto de interés. Ahora resulta que Grupo Vidanta obtuvo una concesión de una playa por 15 años. Esa es la empresa que le consiguió la visa de trabajo al hijo del presidente”.
No obstante el empresario salió a desmentir lo estipulado por Gálvez y aclaró que:
“No hemos solicitado ni recibido concesión alguna de parte del actual gobierno de México. Todas las concesiones de playa y uso que tenemos para poder prestar servicios turísticos fueron obtenidas en sexenios anteriores”.
Y explicó que la única concesión que ha tenido es un título de asignación para escurrimientos. Dicha concesión se refiere a una superficie de 11 mil 663.74 metros cuadrados del 19 de abril de 2021.
De igual forma, Chávez Moran aseguró que es falso que Grupo Vidanta tenga “la intención de invertir en Islas Marías. Celebramos con gusto la decisión por parte del gobierno de México de no permitir la construcción de nuevos hoteles”.
Este tipo de farsantes como Carlos Loret de Mola y los que se asumen como #TodosSomosLoret le han hecho mucho daño al periodismo. Esta serie de montajes no sólo ha afectado a Lopez Obrador, sino que ha generado una confusión que ha afectado a todos los comunicadores: Manuel Hernández Borbolla
