Se acabó la era de las pensiones doradas: el Estado pone freno a jubilaciones millonarias de ex-funcionarios financiadas por el pueblo
Ciudad de México.— Durante años, una minoría de exfuncionarios y altos mandos del aparato estatal ha gozado de pensiones que desafían cualquier noción de justicia social: pagos mensuales que alcanzan —y en algunos casos superan— el millón de pesos, financiados íntegramente con recursos públicos. Hoy, el Gobierno federal busca poner fin a ese legado de privilegios mediante una reforma que pretende recortar estas jubilaciones extraordinarias y liberar miles de millones de pesos para el gasto social.
Lejos de tratarse de pensiones ordinarias del IMSS o ISSSTE, estos beneficios corresponden a regímenes especiales creados en el pasado para proteger a la élite burocrática y directiva de empresas públicas. Exdirectivos, mandos superiores y funcionarios de confianza integran el núcleo de beneficiarios de un sistema que, según datos oficiales, absorbe cerca de 28 mil millones de pesos al año.
Se calcula que alrededor de 9 mil 457 personas reciben pensiones superiores a los 100 mil pesos mensuales, mientras que algunos casos aislados rebasan el millón. A ello se suman subsidios fiscales que reducen el impuesto sobre la renta que deberían pagar, lo que implica un costo adicional de aproximadamente 2 mil 400 millones de pesos anuales para el erario.
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo plantea establecer un límite claro a estas prestaciones financiadas por el Estado. El tope propuesto equivaldría a la mitad del salario presidencial, lo que situaría las pensiones máximas en torno a los 70 mil pesos mensuales. Con ello se busca eliminar pagos que hoy resultan desproporcionados frente a la realidad económica de la mayoría de los jubilados mexicanos.
El argumento central es de carácter moral y político: no puede sostenerse un modelo de austeridad y redistribución del ingreso mientras subsisten beneficios que recuerdan a una etapa de privilegios institucionalizados. Desde la perspectiva oficial, estas pensiones representan un vestigio del viejo régimen, en el que los altos cargos públicos se blindaban con garantías económicas vitalicias a costa del presupuesto nacional.
El Gobierno ha insistido en que la reforma no afectará a los trabajadores comunes ni a las pensiones derivadas de contratos colectivos laborales. Tampoco se tocarán las Afores ni la pensión universal para adultos mayores. El objetivo, se afirma, es corregir excesos concentrados en un grupo reducido, pero extremadamente costoso.
De aprobarse la medida, el ahorro estimado ronda los 5 mil millones de pesos anuales, recursos que podrían destinarse a programas sociales y proyectos prioritarios. Más allá de la cifra, la reforma busca marcar una ruptura simbólica con el pasado: la idea de que el servicio público no debe convertirse en un mecanismo de enriquecimiento perpetuo financiado por la ciudadanía.
En un país donde millones de personas sobreviven con pensiones mínimas, la existencia de jubilaciones millonarias se ha convertido en un recordatorio incómodo de la desigualdad estructural. La discusión, por tanto, trasciende lo presupuestal y se instala en el terreno de la legitimidad política: quién paga el costo del Estado y quién se beneficia de él.
La propuesta abre así un nuevo capítulo en la disputa por redefinir el alcance de los privilegios dentro de la administración pública. Para el actual Gobierno, limitar estas pensiones no sólo es una decisión financiera, sino un acto de justicia que busca cerrar definitivamente una de las brechas más visibles entre la élite burocrática y la sociedad que sostiene sus ingresos.
