La periodista Carmen Aristegui reconoció que, con las pruebas que se han revelado hasta el momento, no existe ningún conflicto de interés en la renta de la casa de Houston por parte de Carolyn Adams y José Ramón López Beltrán.
Carmen Aristegui ha sido constantemente señalada por difundir y darle vuelo al reportaje sobre la casa del hijo mayo del presidente en Houston. Dicho reportaje fue realizado por Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y sus mismos actores lo desmintieron en diferentes ocasiones.
El día de ayer, en su programa de noticias, Carmen Aristegui concluyó que hasta ese momento, las pruebas que han presentado Pemex, la pareja involucrada, Baker Hughes y la auditoria realizada a esta última dan muestra de que no existieron irregularidades en la renta del inmueble.
La prueba más contundente para la periodista fue la auditoria realizada a Baker Hughes. En dicha auditoria, realizada por R. McConnel Group, un despacho especializado en estos temas y con un buen prestigio, no se encontró nada ilegal.
“No fue una auditoría patito, fue hecha por una empresa experta en el tema. Y no se iban a prestar a una simulación y jugarse el prestigio presentando los elementos para concluir que no hubo elementos sobre un conflicto de interés”.
Asimismo, la periodista dijo que es lógico que los contratos a Baker Hughes, como para los demás proveedores de Pemex hayan aumentado. Pues ha incrementado también la inversión en el rubro petrolero.
“Lo que se puede observar es que, efectivamente, el gobierno mexicano a través de Pemex ha pagado cantidades millonarias a estos 25 contratistas. Pues porque han crecido las inversiones precisamente en esta materia.”
Aristegui finalmente concluyó que:
“Hasta donde vamos, con estas informaciones no hubo algo irregular en la renta de la ´casa gris´ en este contexto”.
No obstante, la periodista expresó que la información es un “ente vivo” y pueden agregarse, ampliarse o ratificarse nuevas cosas al respecto del tema.
México condenó ayer en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) los actos de agresión perpetrados por Rusia en contra de Ucrania.
Al anunciar el voto mexicano a favor del proyecto de resolución presentado por Albania y Estados Unidos para condenar a Rusia por su incursión en Ucrania (el cual a la postre fue vetado por la representación del gobierno de Vladimir Putin), el representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, llamó a las partes al cese inmediato de las hostilidades e hizo un reconocimiento a la soberanía, independencia política e integridad territorial de Ucrania.
▶️ Mensaje del representante permanente de 🇲🇽 ante la🇺🇳, Emb. Juan Ramón de la Fuente, durante la sesión del #CSONU acerca de la situación en 🇺🇦:
«Estamos ante la invasión de un país soberano por parte de otro […] Llamamos a las partes al cese inmediato de las hostilidades». pic.twitter.com/WB1ft2uh52
Por la mañana, en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó la condena a la invasión, sin importar la potencia que la ejecute.
“Ayer que me hicieron la propuesta de resolución, recomendé al secretario de Relaciones Exteriores que como pie de página se estableciera la propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión de cualquier potencia. Ésa es la postura, en este caso de Rusia, pero lo mismo si se trata de China o de Estados Unidos. Queremos que se respete la independencia de los países, la soberanía de los pueblos”, advirtió.
El mandatario señaló que la posición de México se apega a lo que marca su Constitución, pero también por los antecedentes históricos de invasiones que ha padecido el país. “Nosotros vinculamos la no intervención a no participar en decisiones de otros países, en ningún terreno, que no haya financiamiento de países extranjeros a grupos que se oponen a gobiernos legal y legítimamente constituidos, que no haya espionaje, que se respete la soberanía de los pueblos”, subrayó.
Y desde luego, señaló, lo extremo en el intervencionismo son las invasiones militares, “que nosotros hemos padecido por naciones como España, Francia y Estados Unidos”.
Recordó que precisamente tras un ataque francés, Benito Juárez pudo restaurar la República y al regresar a la Ciudad de México pronunció su frase célebre: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Más tarde, De la Fuente aseveró que México (miembro no permanente del Consejo de Seguridad) respalda los esfuerzos del secretario general de la ONU en la búsqueda de una solución diplomática para evitar que avance el sufrimiento de la población civil.
De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la posición mexicana se fundamenta en que estamos frente a la invasión a un país soberano por parte de otro, lo que representa una flagrante violación a la Carta de la ONU.
México repudia el uso de la fuerza y su política exterior es pacifista, por lo cual defenderá permanentemente “la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales”.
Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el linchamiento mediático de que está siendo objeto su gobierno; y recordó que que en la investigación de WikiLeaks se dieron a conocer los nombres de distintos agentes del Gobierno estadounidense donde resaltó el nombre de Denise Dresser, quien acudía a la Embajada americana para informar y alertar sobre la posible victoria del entonces candidato de izquierda, el ahora presidente López Obrador. “Ahí en esos cables –WikiLeaks– que tiene que ver con México aparecía que la señora Denise Dresser iba a la embajada de Estados Unidos a informar”. Dijo el Presidente López Obrador en la mañanera de hoy.
Ante esto, la politóloga Denise Dresser, acusó al mandatario federal de calumniarla con la información dicha en la mañanera.
“El presidente López Obrador otra vez me calumnia”, acusó Denise Dresser en sus redes sociales.
“Responderé puntualmente a través de una carta pública, en la que refuto sus aseveraciones falsas sobre mí”.
Y es que para nadie es un secreto la afinidad de la comentarista, que continuamente presenta Carmen Aristegui en su programa, tiene con los norteamericanos y su cultura, y por consiguiente, su profundo desprecio por sus raíces mexicanas.
Sin embargo, para su mala fortuna, la documentación de WikiLeaks sobre Denise Dresser no es una calumnia, ya había sido dada a conocer años atrás.
Por lo que varios tuiteros e intelectuales simpatizantes del movimiento de la 4T, mostraron los cables de WikiLeaks en donde se menciona a la colaboradora de Carmen Aristegui.
Es cierto que a @DeniseDresserG le encantaba ir a la embajada de EU a platicarles a funcionarios políticos (POLOFFS) de esa legación sus percepciones de la situación interna en México. Posiblemente le siga encantando.
En México se vive un nuevo paradigma en la relación prensa–poder: se ha roto el esquema del modelo priista -recrudecido en el periodo neoliberal del PRIAN- de una connivencia insana para medrar sin recato alguno con un bien que es un derecho humano fundamental como lo es el de la información y a través del aniquilamiento de ésta han empoderado la corrupción como un sistema de modus operandi.
Hoy, desde el Estado mexicano, esta relación prostituida se acabó para dar paso a un periodo en donde impera una absoluta libertad de expresión, en donde no se persigue a periodistas, no se les reprime, no se les censura, no se pretende callarlos ni comprarlos.
Sí, en cambio, se les confronta con el elemental derecho de réplica, sí se responde a infundios, libelos y calumnias, como es el caso de los bodrios mercenarios elaborados sin el mínimo rigor periodístico que ha difundido el conocido experto en montajes, Carlos Loret de Mola, quien él y los corifeos adlátares llegan al extremo grotesco de comparar el caso de una casa rentada -reitero, rentada- con la mansión llamada Casa Blanca con valor de 7 millones de dólares “adquirida” por Angélica Rivera, ex esposa de Enrique Peña Nieto, al Grupo Higa, contratista consentido del entonces presidente.
El debate promovido en su derecho de comunicación de ida y vuelta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es de frente a la nación, un debate que es saludable para transparentar el ejercicio de la vida pública que involucra a medios de comunicación y el propio poder público. Un debate en donde en efecto deben transparentarse los montos y orígenes de los recursos financieros de quienes impulsan esta práctica que nada tiene qué ver con los modestos ingresos de la mayoría de los periodistas en México, sino con cuantiosas sumas millonarias de una élite de “comunicadores” del alquiler, es decir, simple y llanamente mercenarios.
Esta perniciosa relación tiene sus antecedentes históricos, vinculada a la fecha en que se celebra en México lo que se denomina “Día de la Libertad de Expresión”. El 7 de junio de 1952 por vez primera se inicia el ritual que se convirtió en tradición y se replicó en los estados con los gobernadores, es relatado por Rafael Rodríguez Castañeda en su libro Prensa Vendida: en esa fecha “… los empresarios de la prensa nacional rendían un insólito homenaje al entonces Presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, por una razón igualmente insólita: en agradecimiento por hacer posible el ejercicio de la libertad de prensa”.
En ese periodo del priismo dominante en todas las esferas del poder público, se edificó una perversa relación entre la mayoría de los grandes medios de comunicación, inicialmente en lo fundamental prensa escrita y posteriormente con el surgimiento de la televisión y con su máximo exponente, Emilio Ezcárraga Milmo -fundador de Televisa en 1972- y para quien la televisión simplemente consistía en un gran negocio: “venderle espectáculo a los pobres y, a cambio, garantizarle al sistema la sumisión de los “jodidos” y el control político vía la información teledirigida”, asumía, y quien selló su célebre frase: “Somos soldados del PRI y del presidente”.
De las excepciones a esta regla de relaciones de perversión, destacó el diario Excélsior, dirigido por el periodista Julio Scherer García desde 1968 y hasta 1976, en que el entonces presidente Luis Echeverría, orquestó un golpe al interior de la cooperativa del rotativo que motivó la salida de Scherer y quien posteriormente -en noviembre de ese mismo año- fundaría la revista Proceso.
Del desprendimiento de ese Excélsior surgiría además en 1977 el diario Unomásuno, dirigido por Manuel Becerra Acosta, y del que a su vez en 1984 un grupo de periodistas abandonarían -por limitaciones a la libertad de prensa- para fundar el diario La Jornada.
En ese periodo los asesinatos vinculados desde el poder público, la persecución y encarcelamiento de periodistas fue una constante; el caso más icónico fue el asesinato en 1984 de Manuel Buendía, autor de la columna Red Privada, que publicaba en Excélsior, crimen por el que fue acusado y encarcelado el entonces director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), José Antonio Zorrilla Pérez, y de quien se dijo “fue el chivo expiatorio de un crimen de Estado”.
En esa década -en que fueron asesinados 46 periodistas- destaca además el cometido en contra del columnista del semanario Zeta de Tijuana -fundado por Jesús Blancornelas-, Héctor Félix Miranda, conocido como el Gato Félix, quien fue acribillado por dos guardias del hipódromo de Jorge Hank Rhon, hijo del ex regente de la Ciudad de México, Carlos Hank González.
La etapa más sangrienta contra los comunicadores iniciaría en la década del 2000 en que fueron asesinados 84 periodistas y escalaría a 153 entre el 2010 y el 2018 (17 por año) y en el curso del actual sexenio suman 47 (15.6 por año).
Esta estadística es un oprobio por sí misma, todo crimen lo es. Y al ilustrar el escenario en su desglose permite mostrar una constante que indigna y que es importante identificar los orígenes de los atentados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en forma contundente que no hay violencia contra periodistas desde el Estado mexicano y más aún, la instrucción es: cero impunidad. Así lo expresó el pasado 18 de febrero en la mañanera desde Tijuana, Baja California, en que se dieron a conocer los avances y consignaciones de los autores materiales del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado y a su vez de más de una decena de casos de crímenes en el actual sexenio en donde en la mayoría se han realizado aprehensiones de los responsables. Un ejercicio inédito de información y transparencia de estos lamentables asesinatos, en respuesta al legítimo reclamo de justicia.
En el pasado reciente la periodista argentina Olga Wornat -autora del libro Felipe el oscuro, fue amenazada de muerte por el gobierno de Calderón, así lo denunció la propia escritora; Lydia Cacho, fue secuestrada y torturada por denunciar una red político-empresarial de trata infantil; José Gutiérrez Vivó denunció al presidente Vicente Fox por su salida del noticiario Monitor; el periodista Jesús Lemus Barajas fue encarcelado más de tres años por revelar presuntos nexos de la “Cocoa”, la hermana de Felipe Calderón, con el narcotráfico; Carmen Aristegui fue despedida de Antena 3 por presiones desde la presidencia de Enrique Peña Nieto. Estos, son apenas algunos ejemplos que ilustran lo que era una constante del pasado.
Hoy no hay un solo caso de censura desde el poder. Miente quien afirme lo contrario.
El derecho a la información y la libertad de expresión se encuentran dentro de los derechos humanos consagrados para los mexicanos. Los artículos sexto y séptimo de la Constitución son precisos en este sentido. El sexto, consigna: “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural…”. Los medios de comunicación son entes de interés público y por tanto supeditados a este ordenamiento y esa élite mercenaria incumple con ese postulado constitucional de proporcionar información plural. Este es un punto incluso que no ha sido colocado en el debate nacional y es necesario insertarlo.
El artículo séptimo versa sobre la libertad de expresión y dispone: “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio…”. El Estado mexicano en el actual debate se ha apegado a este precepto y el propio Presidente, como cualquier ciudadano, está en su derecho de ese ejercicio de libertad de expresión así como del derecho de réplica dispuesto en el artículo sexto de la Constitución.
El hecho de desmentir a un periodista, como lo ha hecho el Presidente, no es agredir ni coartar su libertad de expresión. Por el contrario, López Obrador al exhibir a quien miente o engaña a su público, pone al descubierto la falta de ética periodística de quien lo hace, así como una falta de respeto al lector o audiencia.
El sociólogo y escritor, Alejandro Rozado, señala que “si Andrés Manuel violó o no la Ley de Protección de Datos al divulgar los ingresos de Loret está por verse. Cuando se trata de “legítimo interés”, dicha ley sí lo permite -habrá que interpretar debidamente este aspecto. Pues resulta evidente que para la sociedad informada es importante saber cuánto percibe un inflado experto en montajes narrativos falsos e impunes (desde Florence Cassez hasta José Ramón López Beltrán)”.
Y añade:
“la gente está contenta: ríe en privado y festeja al aire que la presidencia ahora exhiba públicamente -en vez de censurar- al falso periodismo. Insisto: yo no sé si eso sea legal, pero me parece legítimamente justo”
Y puntualiza que hay un
“cambio de método y de paradigma: el inescrupuloso exhibidor resulta ahora plenamente exhibido. Hoy sabemos que un mercenario al servicio de la mentira gana 3 millones de pesos mensuales a cambio de manipular a un público cautivo, deseoso de ser informado verídicamente. Una enorme falta de respeto a la sociedad en su conjunto. El sencillo análisis comparativo entre los ingresos de Andrés Manuel (2 millones al año) y de Loret de Mola (35 millones) concientiza de golpe a la población. La ciudadanía impactada está harta de ese Poder Informativo tan opulento como intocable, mendaz y violador del derecho humano a la información. Ese “cuarto poder” domina las mentes y no habrá 4T plena sin ofrecer una alternativa de comunicación más digna para la sociedad”.
Por su parte, Martha Uruchurtu considera que “resulta falsa e irrisoria la visión romántica de un simple particular como Loret quien sólo está ejerciendo su profesión enfrentándose en desventaja de condiciones al malvado y todopoderoso Estado representado por el presidente” y advierte que “las empresas propietarias de los grandes medios de comunicación tienen mayor poder económico y, por ende, político que muchas de las naciones del mundo. No puede olvidarse el momento histórico que se vive en México desde que AMLO asumió su cargo y comenzó un nuevo régimen”, contextualizando lo que Rafael Barajas precisa que esta andanada mediática se enmarca en la estrategia de golpe de Estado blando que promueven empresarios y políticos de oposición a la 4T.
A través de una conferencia de prensa, el vocero de la compañía petrolera, Baker Hughes informó que realizó una investigación interna en México y Estados Unidos, y desmintió el supuesto conflicto de interés que divulgaron algunos medios opositores al Presidente Andrés Manuel López Obrador, por la renta de una casa en Houston al hijo del mandatario federal, José Ramón López Beltrán, y a su esposa Carolyn Adams.
En conferencia de prensa, Bob Pérez, vicepresidente de Baker Hughes para México y Sudamérica, dijo “que el resultado de la auditoría es que no hay conflicto de interés ni irregularidades en los contratos que tiene la empresa con Petróleo Mexicanos” (Pemex).
El vocero de la compañía petrolera dio a conocer que se contrató a un despacho externo, el Grupo R. McConnellen, de inteligencia corporativa y se hicieron los estudios forenses correspondientes que determinaron que al exejecutivo Keith L. Shilling, quien fue propietario de la residencia en Houston, nunca tuvo injerencia en las operaciones de México.
También se informó que se analizaron archivos y correos electrónicos de Shilling de su computadora de trabajo, así como documentación, responsabilidades y proyectos de Baker Hughes.
“Shilling fue empleado de Baker Hughes en 2016 y salió de la empresa en 2019; durante el tiempo que estuvo en la compañía, trabajó en su grupo de Norteamérica, y México no pertenece a esta dirección sino a la de Latinoamérica”.
“Baker Hughes es una empresa que lleva más de 60 años trabajando en México, (…) que cotiza en la bolsa de Estados Unidos y somos una empresa que tiene una cultura muy robusta de cumplimiento corporativo y de anticorrupción, es un política de cero tolerancia”, aseguró.
La revisión de externa del Grupo R. McConnell “concluye que la transacción de arrendamiento entre Keith Schilling y un tercero se considera una transacción de curso ordinario en condiciones de igualdad entre esas partes. No tiene ninguna relación con ningún negocio de Baker Hughes en México o de otro tipo. La empresa no tenía conocimiento del acuerdo de alquiler ni recibió ningún beneficio de este”.
La investigación del despacho señala que en 2019, Carolyn Adams, esposa del hijo del presidente, arrendó la residencia de Shilling en Conroe. En ese momento, ella no mencionó a José Ramón López Beltrán como ocupante del inmueble.
El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, también informó que desde la semana pasada, Baker Hughes le había solicitado una reunión y hoy se concretó, en esta se informó sobre los resultados de la auditoría.
¿Decían? ‼️“No encontramos ningún conflicto de interés ni nada irregular”, subraya vocero de Baker Hughes en conferencia de prensa este lunes. https://t.co/pCvNqIqvrK
Durante la conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la campaña mediática en contra de su gobierno es orquestada y promovida por el corrupto bloque conservador, que pretenden recuperar los privilegios perdidos, por lo que “no es un asunto personal, es la disputa por la nación”, pues ya se trata de “una especie de golpismo mediático”.
Al recordar que Claudio X. González padre aseguró que si López Obrador ganaba la presidencia en 2006 “yo ganaba, no descartaban la posibilidad de actuar como en 1973, con el golpe en Chile, encabezado por Augusto Pinochet”, el mandatario dijo que el hijo “le aprendió al papá” las mañas revanchistas y anti democráticas.
Es por eso que empresarios corruptos y sin escrúpulos morales ni éticos, cooptan periodistas y columnistas y “los vuelven mercenarios para hacer investigaciones en contra nuestra. El propósito es dañarnos con esta andanada, y vendrán otras. Es importante que esto se ventile, que la mayoría de los medios son defensores de grupos de interés”.
El titular del Ejecutivo lamentó la injerencia de los Estados Unidos al financiar organizaciones claramente golpistas como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de Claudio X. González, a la vez que señaló la ironía de que los periodistas a quienes exige aporten a la opinión pública sus ingresos, no se han pronunciado por la liberación de Julián Assange, quien develó los documentos de Wikileaks.
En medio de todo eso también recordó al enviado plenipotenciario de Estados Unidos de los años veinte del siglo XIX, Joel R. Poinsett , al referir los comentarios del senador republicano por Texas, Ted Cruz: “Ojalá y se haga una revisión de esa política -la entrega de dinero a organizaciones como México Unido Contra la Corrupción, de Claudio X González-, es lo mismo con el señor Ted Cruz, que es amigo de Alejandro Junco. Diría que se considere a este señor como un metiche; le digo a mis amigos estadunidenses, a nuestros paisanos, que no tengan confianza a este señor Ted Cruz”.
López Obrador explicó que “es una especie de golpismo mediático, que aplica en todo el mundo, cuando hay un dirigente que defiende los intereses del pueblo y no se somete al dominio de la oligarquía”.
ocumentos obtenidos por el diario La Jornada desmienten supuestas “irregularidades” relacionadas con el arrendamiento que Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hizo de una residencia en Houston.
Tras la publicación de un reportaje de LatinUs y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a finales de enero de este año, se indicó que José Ramón, al ocupar una vivienda en Houstou, incurrió como “conflicto de intereses” y tráfico de influencias, ya el propietario, Keith Schilling, laboró en un momento para la petrolera Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde hace más de seis décadas.
Y aunque en diversas ocasiones, tanto Pemex como diferentes medios de comunicación (e incluso la pareja López Adams) desmintieron cualquier conflicto de intereses y tráfico de influencias, ciertos periodistas siguieron buscando sacarle más jugo al expirado tema.
Ejemplo de esto fue Peniley Ramírez, quien ayer en el diario Reforma, indicó que la renta de la residencia por parte de la pareja López Adams presentó irregularidades. Entre éstas destaca la “nula actualización del estatus” de la casa después de ser rentada, lo que hace especular a la periodista que, el dueño de la vivienda, llegó a un acuerdo personal con los inquilinos para que éstos influyeran a favor de Baker Hughes.
Sin embargo, La Jornada tuvo acceso al contrato formal de arrendamiento, en el que se especifica un depósito inicial de 5 mil 600 dólares y un alquiler mensual por la misma suma, con fecha inicial el 16 de agosto de 2019 y término el 31 de julio de 2020, con una cláusula de renovación automática.
El diario obtuvo también copia de los cheques y los documentos que amparan transferencias bancarias de la arrendataria, Carolyn Adams, a l arrendador, Lauren Schilling, papeles que pueden ser cotejados con los estados de cuenta mensuales de la cuenta bancaria a nombre de la primera.
Con estos documentos, queda claramente evidenciado que José Ramón López Beltrán no incurrió en conflicto de interés ni en tráfico de influencia a favor de Baker Hughes, y que el alquiler de la casa se hizo de forma regular, sin haber ningún tipo de ilegalidad, como han especulado varios periodistas y líderes de la oposición.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las declaraciones del senador republicano de Texas, Ted Cruz, sobre una supuesta ruptura del Estado de derecho en México. Además, criticó que la oposición haya apoyado al senador norteamericano, aunque aseveró que ya se lo esperaba.
En su conferencia matutina, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre las declaraciones de Ted Cruz sobre México. A lo que respondió que “es natural” la reacción del senador norteamericano.
“Es natural que este senador de Texas, que no esta de acuerdo con nosotros se exprese como lo hizo. Él está en contra de la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo de México y en defensa de los mexicanos que trabajan y viven honradamente en Estados Unidos”
El mandatario expresó que el día de ayer en redes sociales hubo un alzamiento similar al hashtag #TodosSomosLoret, pero en apoyo a Ted Cruz. Y diferentes personajes de la oposición se unieron a lo declarado por el senador texano.
“Los conservadores mexicanos, que históricamente siempre se han destacado por ser traidores a la patria […] pues ellos están contentos y apoyando estas declaraciones. Pero es normal que esto suceda porque, lo he venido yo diciendo, ya no se permite, o las circunstancias no permiten las medias tintas, la simulación. Antes se engañaba a la gente, se hablaba de cambio y lo que había era gatopardismo. Eso que consiste que las cosas en apariencia cambian para seguir igual.”
López Obrador aseguró que ahora que es un momento de transformación
“es un timbre de orgullo, que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento. Me llena de orgullo. Por lo que él representa, por lo que representamos. Si él me alabara, si el él hablara bien de mi, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas. Pero si él dice que estamos mal, la verdad si me produce orgullo. Y es normal que en un proceso democrático existan estas expresiones.”
A la respuesta del presidente de México también se une la respuesta de la Embajada Mexicana en Estados Unidos. En su respuesta, Esteban Moctezuma, rechazó las acusaciones de Ted Cruz y expresó que en México si existe estado de derecho.
Asimismo expresó que “es vital proteger a toda la población, políticos, periodistas y sociedad civil, y eso solo se puede hacer a través de la cooperación”. Por lo que reconoció los esfuerzos del gobierno estadounidense por su esfuerzo para detener el flujo de armas a México pues “si tenemos éxito en este tema, tendremos un verdadero impacto”.
📄 Open letter that Mexican Ambassador to the U.S. Esteban Moctezuma addressed to Senator Ted Cruz regarding his recent statements about Mexico. pic.twitter.com/1JKR3aRPa4
El senador republicano Ted Cruz señaló vía Twitter que en México existe una profundización de los disturbios civiles y una ruptura del estado de derecho. Y aseguró que se ha utilizado la conferencia matutina para golpear a periodistas como Carlos Loret de Mola. A lo que el senador dijo que el gobierno obradorista es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos.
The accelerating breakdown of Mexican institutions and the rule of law under López Obrador is a threat to US national security.
Today, I pressed the Administration on the need to do more to stop and reverse this deadly trend. pic.twitter.com/h1ZAiNUB7c
Diferentes personajes de la política mexicana han hecho retweet a lo publicado por el senador texano y compartido su postura.
El acelerado desplome de las instituciones y el estado de derecho en México es una amenaza a la seguridad nacional, dice el senador Ted Cruz. https://t.co/fRkOIUiObE
Ojalá el presidente comprendiera que cada que suelta la lengua provoca daños irreparables. Con consecuencias muy ingratas para México. https://t.co/qPTtZL4F0X
Tremenda llamada de atención. Las estupideces que se están cometiendo en el país, por parte de la 4T y el presidente, constituyen una amenaza a la seguridad nacional de EE.UU.A.
Fue un ferviente seguidor de la política antimexicana de Donald Trump y de la construcción del muro en la frontera. De hecho, planteó una iniciativa para que el muro fronterizo se financiara con el dinero asegurado a Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.
El documental sobre populismo, cuyo financiamiento se encuentra en la mira de la FGR, no se trata del único recurso al que recurrieron, de acuerdo con las denuncias, empresarios e intelectuales con la intención de interferir en el proceso presidencial de 2018, como se ha documentado a lo largo de los tres años que sucedieron al triunfo de López Obrador. Los frentes empleados van desde el portal Pejeleaks hasta la denominada Operación Berlín, según los mismos señalamientos.
Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– El documental “Populismo en América Latina”, uno de los engranajes de la trama de la guerra sucia durante la campaña presidencial de 2018 en contra del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto financiamiento ilegal en el que habrían incurrido empresas, entre ellas la española OHL, así como ejecutivos y empresarios, algunos de ellos ligados al priismo.
La serie documental nunca vio la luz en México, pero representó uno de los frentes que se abrieron al entonces candidato de Juntos Haremos Historia, en los cuales empresarios e intelectuales opositores a López Obrador fueron señalados por maquinar una guerra de desprestigio para impedir su llegada a la Presidencia en su tercera campaña, en la cual se acusó la presencia de la llamada Operación Berlín, la consultora Cambridge Analytica y una serie de spots en los que se denunció la mano del sector empresarial.
El financiamiento de uno de estos frentes ya es investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que ha enviado oficios a numerosas instituciones para acreditar todos los movimientos financieros de las empresas y personas involucradas en presuntas conductas ilícitas para el financiamiento de “Populismo en América Latina”, como reportó para SinEmbargo el periodista Álvaro Delgado.
Los oficios girados a las instituciones.
“Me parece muy importante en primer lugar que se persigan estos delitos electorales, yo sí creo que hay que detener estas campañas, estas formas de guerra sucia son claramente una forma de fraude electoral, tienen claramente la intención de impactar al electorado, a mí de entrada me parece muy sano que se investiguen estas estrategias de guerra sucia y me parece muy sano que se castigue a los culpables”, comentó en entrevista el monero Rafael Barajas, mejor conocido como “El Fisgón”, quien dirige el Instituto Nacional de Formación Política de Morena.
Mencionó que es impresionante que uno de los patrocinadores de la campaña de guerra sucia en el pasado proceso presidencial de 2018 fuera OHL, una empresa constructora española que dio sobornos y que, ahora se sabe, se metió en asuntos internos del país.
“Debe estar muy castigado el hecho de que se acepte patrocinio en campañas electorales por parte de consorcios extranjeros”, comentó.
Rafael Barajas dijo que es un hecho que en México desde 2006 se utilizan estas estrategias de guerra sucia por parte de la derecha para golpear a los candidatos de izquierda, como, señaló, ocurrió en 2006, 2012 y 2018 cuando López Obrador fue el abanderado.
Sin embargo, no se trata del único recurso al que recurrieron, de acuerdo con las denuncias, empresarios e intelectuales con la intención de interferir en el proceso presidencial de 2018, como se ha documentado a lo largo de los tres años que sucedieron al triunfo de López Obrador. Uno de los testimonios más precisos lo hizo la ahora Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, quien fue la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel, en su libro Juntos hicimos historia (Grijalbo, 2019).
“El temor a que Andrés Manuel obtuviera la victoria en las urnas desencadenó una inimaginable guerra sucia en su contra. El principal objetivo de esta brutal ofensiva era contener, de cualquier forma, la intención de voto a favor del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Hombres de negocios muy poderosos e intelectuales influyentes, contratados y sufragados por los primeros, elaboraron una feroz campaña en redes sociales y medios de comunicación con el fin de desinflar a nuestro candidato”, escribió Clouthier en el capítulo “El manejo de la Crisis”.
Tatiana Clouthier fue la coordinadora de la campaña en 2018 de Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro.
LOS FRENTES DE LA GUERRA SUCIA
A mediados de abril de 2018, se desplegó una campaña publicitaria de la serie documental “Populismo en América Latina” en unidades de transporte de la Ciudad de México. Las imágenes del cartel promocional mostraban al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador frente a los retratos de Hugo Chávez, expresidente de Venezuela; Juan Domingo Perón, expresidente de Argentina y Luiz Inácio Lula da Silva, exmandatario de Brasil.
En ese entonces, López Obrador acusó que la serie tuvo un costo de 100 millones de pesos y acusó de estar detrás a Alejandro Jesús Quintero Iñiguez, exejecutivo de Televisa y asesor del entonces Presidente Enrique Peña Nieto.
La investigación realizada por Álvaro Delgado refiere, precisamente, que una de las personas investigadas por la FGR es Sergio Hidalgo Monroy Portillo, el exdirector general de OHL en México señalado de transferir 186 millones de pesos al Bufete de Proyectos de Información y Análisis S.A. de C.V., propiedad de Federico Berrueto Pruneda, quien a su vez pasó 47 millones 900 mil pesos a Grupo TV Promo S.A de C.V y TV Promo S.A de C.V, propiedad de Alejandro Jesús Quintero Iñiguez.
López Obrador denunció en ese entonces que el documental que finalmente no se proyectó era parte de una campaña sucia en su contra, al igual que el portal Pejeleaks. Como parte de esta campaña negra, se generaron materiales apócritos con allegados al historiador Enrique Krauze y con el financiamiento del magnate Agustín Coppel, como denunció también la coordinadora de la campaña, Tatiana Clouthier.
La serie de televisión que se promocionó fuertemente en autobuses de transporte público de la Ciudad de México, entre abril y mayo de 2018. Foto: Especial.
CAMBRIDGE ANALYTICA
En ese contexto, por ejemplo, se dio la irrupción en la campaña de Cambridge Analytica. El 30 de marzo de 2018, al inicio de las campañas, la televisora británica Channel 4 señaló que la consultora trabajó hasta enero con el PRI a la par que se reunió con integrantes de otros partidos.
Dos años después, en el libro La dictadura de los datos, Brittany Kaiser, quien entonces fungía como asesora especial de la compañía, confirmó que directivos de la empresa Cambridge Analytica se reunieron con integrantes del Partido Revolucionario Institucional, con el entonces Presidente Enrique Peña Nieto, en Los Pinos, y con el empresario Carlos Slim Helú, en su despacho de la Ciudad de México, para buscar un contrato para las elecciones presidenciales de 2018 en México.
Las reuniones se dieron entre julio y septiembre de 2017, en vísperas de las elecciones presidenciales en México, Alexander Nix, entonces director ejecutivo y creador de Cambridge Analytica, según la misma información. En el marco de la campaña, en junio de 2018, fue el diario The New York Times que dio a conocer que la propuesta de Cambridge Analytica al PRI comenzó a circular en 2017.
“El PRI revisó esa propuesta durante meses, y al final decidió que no necesitaba pagar millones de dólares a alguien externo para una campaña sucia. El partido podía hacer eso por sí mismo. Sin embargo, como una muestra de las medidas extremas a las que el priismo está dispuesto para afianzar su posición en el poder, le pagó de cualquier manera a Cambridge Analytica… para que no colaborara con ningún otro partido, de acuerdo con dos personas con conocimiento directo de las negociaciones”, publicó en ese entonces el Times.
Cambridge Analytica, hoy quebrada, era una empresa con sede en Londres que usaba el análisis de datos para desarrollar campañas para marcas y políticos que buscaban “cambiar el comportamiento de la audiencia”. Lo que se descubrió después es que manipulaba elecciones había robado 50 millones de perfiles de Facebook. El escándalo, que llegó al Senado de Estados Unidos, llevó a la compañía a la quiebra.
Clouthier denunció en su libro cómo se maquinó toda una estrategia de guerra sucia en el proceso electoral de 2018. Foto: Especial.
Al respecto, Clouthier consignó en su libro Juntos hicimos historia que Cambridge Analytica fue otro factor “que nos hizo inquietarnos, pues pensamos que el escándalo sobre la presunta utilización de las bases de datos de Facebook para incidir en las elecciones de Estados Unidos —ya sea desprestigiando a un candidato, empoderando a otro o difundiendo información que pudiera incidir en la forma de pensar de los electores— podría trasminarse a México”.
“Con todo lo que había sucedido a nivel internacional pensábamos que podían alterar los resultados de los comicios en el país. Lo que no entendíamos era si lo había pagado el PRI o el PAN o si estaba ligado a Pejeleaks, el sitio de internet que intentó ‘revelar’ o inventar el lado oscuro de Andrés Manuel, pero que en realidad resultó ser una burda estrategia electoral para desacreditar a nuestro candidato. Mi incertidumbre era, con esto de que nosotros no pactábamos ni con PAN ni con PRI, que pudieran enviarle información a los indecisos para inclinar la balanza”, escribió.
LA OPERACIÓN BERLÍN
“Esta Operación Berlín forma parte claramente de las estrategias de guerra psicológica, de guerra mediática y claro que son operativos que lo que buscan es influir en el electorado”, comentó Rafael Barajas en relación a la estrategia en la que fue involucrado el historiador Enrique Krauze, quien negó su participación en esta trama, la cual consistió en una estrategia de desprestigió que se maquinó en una casa ubicada en el número 245 de la calle Berlín en la alcaldía Coyoacán.
La existencia de esta operación los dio a conocer el sitio Eje Central, y el mecanismo lo detalló Tatiana Clouthier en su libro sobre la campaña, ahí mencionó cómo a partir de la información que recabó y partir de distintos testimonios supo que a mediados de 2016 el empresario Agustín Coppel le encargó al exdiputado panista Jesús Ramón Rojo Mancillas habilitar una oficina de “inteligencia” como parte de un esfuerzo contra la campaña de López Obrador.
Precisó que Rojo Mancillas contrató a su vez a Ricardo Rojo quien puso al servicio de esta campaña a su empresa, Expertaria que, explicó Clouthier, “dio seguimiento a todos los movimientos de López Obrador”. Y explicó: “El objetivo era urgente y riguroso: menoscabar la imagen pública de Andrés y, si las circunstancias lo exigían, y así lo exigirían, a todo su círculo de colaboradores y familiares”.
Enrique Krauze durante el foro denominado “Ciudadanos Opinan”, de octubre de 2017, en el que también estuvieron presentes dirigentes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.
La firma, según lo relatado en el libro, empleó una granja de trolls cibernéticos que tenía su principal centro de operaciones en la calle de Berlín 245, col. Del Carmen, en la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México.
“Después se ordenó ir más allá de la parodia. Si la estrategia, en verdad aspiraba a ser eficiente, no podía quedarse en el terreno de los memes. Necesitaban contenidos más elaborados que fueran capaces de lesionar a nuestro candidato. Agustín Coppel se reunió con Enrique Krauze para encargarle que prepararan contenidos intelectuales más refinados. La encomienda le fue asignada a Fernando García Ramírez, columnista de El Financiero y miembro del consejo editorial de Letras Libres, publicación dirigida por Enrique Krauze”, escribió Tatiana Clouthier.
No obstante, Krauze siempre ha negado su participación en esta trama.
EL ORO RUSO
A raíz de la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 y una serie de sospechas sobre una presunta intervención del Kremlin en otros procesos democráticos, en el pasado proceso electoral se buscó deslizar la posibilidad de un respaldo del Gobierno de Vladimir Putin a López Obrador.
Clouthier indicó en su libro que esta narrativa se enmarcó en la misma guerra sucia que denunciaron en contra de López Obrador, la cual, escribió, “no sólo fracasó, sino que se les revirtió. Las versiones periodísticas que se referían a la supuesta simpatía del Kremlin por el precandidato de Morena, al carecer de sustento, incluso fueron negadas por el propio Eduardo Sánchez Hernández, vocero de Enrique Peña Nieto”.
Por su parte, López Obrador capitalizó las acusaciones de su supuesto vínculo con Moscú con un video publicado en enero de 2018 en el que se mofó de los señalamientos: “Soy AndresManuelovich, AndresManuelovich, hoy estuve ahí en el muelle, ahí en Veracruz, esperando que emergiera el submarino con el oro de Moscú, no llegó”.
La burla del entonces candidato de Morena provocó una ola por todo el país que apuntaló su campaña. Muchos cambiaron hasta sus avatares con nombres rusos. Lo que fue una acusación, al final, se volvió una tendencia a favor de AMLO, como reconoció la propia Clouthier.
EL FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL
“En el 2006 es cuando en México se echó a andar por primera vez una campaña de guerra sucia contra un candidato, esta campaña la organizó el PAN y posiblemente también con vínculos del PRI en contra de Andrés Manuel López Obrador, era la campaña que decía que López Obrador era un peligro para México”, recordó Rafael Barajas sobre lo ocurrido en 2006, una estrategia que, señaló, la derecha replicó contra el candidato de la izquierda en 2012 y 2018.
En ese sentido, Clouthier describió en su libro cómo tuvo conocimiento de que Germán Larrea había pretendido “destruir la campaña de AMLO por atreverse a nombrar como Senador a Napoleón Gómez Urrutia”, mientras que “en Monterrey otro grupo que hizo campaña dentro de su empresa promoviendo que no se votara por Andrés Manuel fue Femsa”, presida por José Antonio “El Diablo” Fernández Carbajal, un empresario que tenido diferencias con López Obrador desde tiempo atrás y con quien actualmente sostiene un diferendo por la Reforma Eléctrica que ha propuesto el mandatario federal.
Clouthier también habló sobre cómo Enrique Coppel, presidente y director general de Grupo Coppel, encabezó en 2018 un movimiento a favor del entonces candidato del PRI, José Antonio Meade. “Yo me pregunté en ese momento: ¿Y por qué deseaban hacerlo? ¿Qué los animaba? La respuesta, al final, se me fue revelando sencilla: conservar los privilegios que les habían dispensado los gobiernos priistas y panistas, como a otros grupos”, refirió.
“Es un hecho que en México desde 2006 se utilizan estas estrategias de guerra sucia por parte de la derecha para golpear a los candidatos de izquierda, que en 2006, 2012 y 2018 curiosamente el candidato presidencial fue López Obrador en las tres campañas”, expresó a su vez Rafael Barajas.
Daniel Chávez Moran, fundador de Grupo Vidanta, negó que él o su familia tengan alguna relación de trabajo o comercial con el Presidente Andrés Manuel López Obrador o cualquier funcionario de su gobierno.
A pesar de que Chávez Moran lo nombraron como supervisor honorario del avance del Tren Maya, aclaró que ese puesto no tiene nada que ver con temas de trazo o administración de la obra. Su única labor en el puesto es la revisión y la medición fidedigna de los avances de la obra.
Debido a que desde el jueves pasado comenzó a circular información sobre el presunto otorgamiento de concesiones para que Vidanta ocupe playas de Jalisco, Nayarit y Guerrero por 15 años, el empresario lanzó un comunicado.
Esta información la dio a conocer la senadora panista Xóchitl Gálvez. La blanquiazul declaró un supuesto conflicto de interés porque el hijo mayor del presidente trabaja en una empresa fundada por los hijos de Chávez Moran.
“El tema no es si los reaccionarios del pasado, no es si los corruptos del presente, yo creo que el tema de fondo es investigar conflicto de interés. Ahora resulta que Grupo Vidanta obtuvo una concesión de una playa por 15 años. Esa es la empresa que le consiguió la visa de trabajo al hijo del presidente”.
No obstante el empresario salió a desmentir lo estipulado por Gálvez y aclaró que:
“No hemos solicitado ni recibido concesión alguna de parte del actual gobierno de México. Todas las concesiones de playa y uso que tenemos para poder prestar servicios turísticos fueron obtenidas en sexenios anteriores”.
Y explicó que la única concesión que ha tenido es un título de asignación para escurrimientos. Dicha concesión se refiere a una superficie de 11 mil 663.74 metros cuadrados del 19 de abril de 2021.
De igual forma, Chávez Moran aseguró que es falso que Grupo Vidanta tenga “la intención de invertir en Islas Marías. Celebramos con gusto la decisión por parte del gobierno de México de no permitir la construcción de nuevos hoteles”.
