Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que el Tren Maya tendrá una conexión con el Istmo de Tehuantepec y Guatemala. Esto con la finalidad detonar el crecimiento y desarrollo económico de Oaxaca, Chiapas y Centroamérica de una forma homogénea.
En un foro organizado por la SHCP y la Council of the Americas titulado “Nearshoring: Impulsado oportunidades de inversión en México” el funcionario mexicano habló sobre el megaproyecto que se desarrolla en la región sureste de México. Al respecto, Ramírez de la O dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador visualizó los proyectos de desarrollo regional para el sureste de México, por ello se hizo una conexión con líneas de ferrocarril desde cero y carreteras.
“Nosotros tenemos a la Península de Yucatán desconectada y la conexión ideal que nosotros vemos es con ferrocarril, porque ya había una línea que conectaba a los puertos de Yucatán y Chiapas”, comentó el economista.
Sobre el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, De la O dijo que se va a complementar con el recorrido del Tren Maya. Pues este último va a recorrer toda la península de Yucatán. Además también reveló que se contará con una conexión con Centroamérica.
“Entre estas dos líneas (de ferrocarril) habrá una conexión por el lado de Oaxaca y el sureste de Guatemala para conectar el Tren Maya con el Istmo de Tehuantepec y eventualmente con Centroamérica”
Asimismo, el encargado de las finanzas públicas dijo que la unión de estas dos vías férreas traerá avance a dos o tres estados a la actividad económica de la región.
“Una vez que haya la conectividad física incorporaremos a dos o tres estados de la República Mexicana a un nivel de actividad económica homogénea con la región, con los recursos naturales y con la misión de desarrollo en el mediano y largo plazo”
En cuanto a Centroamérica, en 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recomendó a AMLO interconectar la red eléctrica, de gasoductos, los trenes de carga y el Maya con Centroamérica para frenar el flujo de inmigrantes.
Estas recomendaciones ya eran concebidas por el gobierno mexicano pues en 2019 se presentaron los primeros esbozos del plan a los embajadores. Asimismo, académicos del Colegio de México aportaron para la concepción de este plan. Los países que se beneficiarían de esta integración son los llamados del “Triangulo norte de Centroamérica”; México, Honduras, Guatemala y El Salvador.
La infraestructura de las obras será proveída por el gobierno federal. No obstante, posteriormente llegarán los grandes proyectos de inversión de las empresas con necesidades específicas, comentó el titular de la SHCP.
“En toda la franja del Corredor del Istmo de Tehuantepec adquirimos 10 parques industriales con una gran extensión de tierra para destinarlos a naves industriales de almacenamiento, instalaciones física, espacio físico y le vamos atraer infraestructura”
“El esfuerzo inicial de esto ha sido a puro gasto presupuestal. Porque es un proyecto de largo desfase en el tiempo que no se presta para inversión privada. Excepto si fuera inversión presupuestal” añadió.
El gobierno de López Obrador espera una inversión pública y privada entre 120 mil y 150 mil millones de pesos en la construcción del Tren Maya, que estará listo en 2023. También busca modernizar el tren del Istmo de Tehuantepec entre otras muchas obras.
Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) será la maestra Leticia Ramírez Amaya, coordinadora de Atención Ciudadana en el Gobierno Federal, quien remplazara a Delfina Gómez Álvarez.
“Es gente de absoluta confianza, preparada, honesta, igual que la maestra Delfina, con convicciones (…) entonces es la maestra que va a estar a cargo de la Secretaría de Educación Pública” dijo López Obrador.
El mandatario reconoció el trabajo que Ramírez Amaya realizó en la coordinación que presidió en el actual gobierno, así como en su administración como jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal en el periodo 2000- 2005.
De esta manera, el presidente añadió que conoce desde hace casi tres décadas a la maestra Leticia Ramírez Amaya, a quien calificó como una persona “honesta”.
“Nos conocemos desde hace 28 años, Leti fue la coordinadora de Atención Ciudadana durante todo el tiempo que estuve de jefe de Gobierno, actualmente es responsable de Atención Ciudadana en el Gobierno Federal, es la que atiende junto con un grupo de compañeros y compañeras de todos los que vienen de todo el país (…) da seguimiento a sus peticiones” dijo López Obrador.
Ramírez Amaya es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, lo que la llevó a ejercer en las aulas durante 12 años.
Además, la maestra fue líder sindical de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Después de que López Obrador terminó su mandato como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, Ramírez Amaya continuo en la coordinación de Atención Ciudadana hasta 2012 junto con Marcelo Ebrard.
Entre 2012 y julio de 2018, la maestra fungió como asesora de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, cargo que desempeño hasta que López Obrador asumió la presidencia. De esta manera, Ramírez Amaya regresó a dirigir la Coordinación de Atención Ciudadana.
Mineros fueron dados de alta al IMSS después del accidente
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que de ser cierto, la intención sería proteger al verdadero concesionario de la mina El Pinabete donde aún prevalecen atrapados 10 mineros.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, fueron inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de que sucedió el accidente, ello para proteger a los verdaderos concesionarios.
«De manera muy extraña, una vez que sucedió el accidente, fueron a inscribir a los trabajadores del Seguro Social, si es cierto, es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores en el Seguro y no a los concesionarios», criticó.
Ha trascendido que Cristian Solís es el presunto dueño de la mina, sin embargo la organización Familia Pasta de Conchos ha denunciado que en realidad el joven es un prestanombres.
«La persona de nombre Cristian que registró trabajadores a su nombre es un muchacho del pueblo que tontamente aceptó ser prestanombres. Su esposa hace rifas en Facebook y su madre es trabajadora de una maquiladora por lo que no es el dueño, ni socio, ni aliado en el Pinabete», se lee en las redes sociales de la organización.
La persona de nombre Cristian que registró trabajadores a su nombre es un muchacho del pueblo que tontamente aceptó ser prestanombres. Su esposa hace rifas en Facebook y su madre es trabajadora de una maquiladora por lo que no es el dueño, ni socio, ni aliado en el Pinabete. pic.twitter.com/YYZ2p5ECCy
Al presidente se le preguntó sobre la posibilidad de que Cristian Solís, sin ser el verdadero dueño, podría ser vinculado a proceso, a lo que respondió que aún está abierta la investigación.
«Es probable que a ello lo hayan utilizado para inscribir a los trabajadores al seguro, a lo mejor ese es el antecedente que están utilizando. No se cierra la investigación y no hay impunidad para nadie, los que resulten responsables, no hay impunidad para nadie y puede ser quieran maniobrar de esa forma pero ya se está denunciando», planteó.
Reconoció que en esa zona predomina la corrupción y las relaciones de contubernio entre empresarios y políticos.
«En esa región ha habido mucha corrupción, es lo que ha imperado la corrupción, cacicazgos y con mucha influencia política, gobernadores caciques en toda la región, y empresarios también corruptos, vinculados a políticos», dijo esta mañana.
El presidente recordó que la mina donde el miércoles 3 de agosto sucedió la inundación fue concesionada por 50 años en el gobierno de Vicente Fox en 2003.
Va la FGR tras dueños de la mina
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, luego de solicitar la audiencia judicial ante el Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila, imputará a Cristian Solís, por su presunta responsabilidad en todos los actos de dirección y administración, en la explotación ilícita del subsuelo, a través de la mina de carbón mineral conocida como “El Pinabete”, ubicada en el municipio de Sabinas de la misma entidad.
“Esos hechos, a juicio de la Fiscalía General de la República, constituyen el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la Nación, previsto y sancionado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales, tratándose de un delito de acción permanente y dolosa, en los términos señalados en el Código Penal Federal, fundamentalmente, en sus artículos 8, 9 y 13”, señala un comunicado de la FGR.
En la formulación de imputación se señalarán las personas que han declarado al respecto, así como todos los datos de prueba, como dictámenes en documentación fotográfica, en materia criminalística de campo, en ingeniería y arquitectura, en investigación criminal, así como las inspecciones y entrevistas correspondientes.
Dicha formulación vendrá acompañada de diversos documentos de autoridades locales y federales, competentes en esta materia, la declaración ministerial del imputado Cristian Solís y toda la documentación y diligencias procedentes al caso.
Sin embargo, la FGR indicó que “la investigación continúa y se informará, en forma inmediata, las siguientes actuaciones que realice el Ministerio Público de la Federación (MPF), de conformidad con las pruebas que se vayan obteniendo, en razón de los delitos que se puedan ir comprobando”.
Cabe recordar que esta mina de carbón mineral, ubicada en la comunidad de “Las Conchas”, en el paraje de “Agüita”, municipio de Sabinas, en el estado de Coahuila, se colapsó el pasado 3 de agosto, quedando atrapados en su interior 10 mineros y, para su rescate, se movilizaron desde las primeras horas del siniestro, al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes activaron el Plan DNIII, así como autoridades federales, estatales y municipales, mismos que, al día de hoy, continúan con los esfuerzos de salvamento.
Diez trabajadores quedaron atrapados en la mina Agujita o Pinabete en “Las Conchas”, municipio de Sabinas, Coahuila el 3 de agosto. Las criminales políticas de las empresas, la corrupción o omisión de las autoridades han cobrado muchas vidas sobre todo en la época de PRIAN. Entre 2000 y 2019, unos 2 mil 626 mineros quedaron incapacitados permanentemente. Tras Pasta de Conchos, donde 65 trabajadores murieron, en Barroterán ocurrió un siniestro un mismo 3 de agosto de 2012 que mató a seis mineros. De 2012 a 2015 murieron 200 mineros del Grupo México, tan sólo en el año 2012 perdieron la vida en las minas 23 trabajadores. Las minas de carbón hacen a Coahuila el estado con más incapacidades permanentes. Es dramático que en las minas de carbón y en un solo estado, Coahuila, murieran 132 mineros en esos años de gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN). La tragedia ha continuado. El año pasado, en junio de 2021, en la mina predio Rancherías, municipio de Muzquiz, siete mineros perdieron la vida.
A los mineros mexicanos les pagan por su trabajo de alto riesgo 15 veces menos que sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá y sufren malas condiciones laborales, falta de equipo y nula seguridad e higiene.
Estos accidentes son producto de la negligencia. “Los accidentes no nacen… se hacen”. Es sabido que las condiciones en que se explotan los pocitos y el riesgo que representan hace necesario un minucioso estudio de la zona, mapas precisos y actualizados y barrenar el área para conocer el estado de subsuelo antes de que los trabajadores mineros actúen. No se puede proceder a la perforación si no se realizan barrenos para detectar agua o gas, y sobre esta base tomar las decisiones y cuando en algún túnel se detecta agua detener el avance y retirar a los trabajadores. Pero las empresas hacen caso omiso de las advertencias y trabajan de manera anárquica e irresponsable, buscando explotar las minas de manera acelerada sin tomar en cuenta la seguridad de los trabajadores.
El 3 de agosto, desgraciadamente, la presión del agua colapsó las paredes e inundó los tres pozos en los que se estaba trabajando dejando atrapados a los mineros, a 60 metros de profundidad en la mina Agujita o Pinabete.
Es patente la responsabilidad de las empresas pero también la de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que debe estar realizando inspecciones y prestar oídos a las quejas e informaciones de los habitantes de la zona. Dado los antecedentes en las minas de carbón en Coahuila, la STPS debió de prevenir nuevos accidentes, como los sucedidos en la época del PRIAN. Y tras la muerte de siete mineros el año pasado en Muzquiz, debieron de prenderse los focos rojos y actuar con energía y profundidad ante las dimensiones del problema. También Protección Civil debe tener una red a nivel, nacional, estatal y local, siempre atenta a prevenir accidentes y desastres naturales o provocadas por personas, más aún en una zona y actividad que se caracteriza por continuos accidentes, y trabajar de la mano con STPS, y ambas coordinarse con la Secretaría de Economía para detectar explotaciones mineras ilegales y cancelar concesiones cuando el patrón no se aviene a estrictas medidas de seguridad e higiene.
Las autoridades municipales y estatales tienen la obligación de estar atentas como las que más y ser proactivas para evitar sufrimiento y muerte de los trabajadores. Sin embargo es sabido que se arrastra con redes de corrupción y que hay políticos con intereses en este negocio. Por su parte la Comisión Federal de Electricidad que es quien compra el carbón, debe tener responsabilidad social, constatar a quien le compra y en que condiciones trabaja y no atenerse cómodamente al “mercado”.
FOTO: CUARTOSCURO.COM
Hoy urge ya retirar concesiones, juzgar a los responsables y estricta acción preventiva de las autoridades de los tres niveles, así como de Protección Civil y de la Secretaría del Trabajo. Todos los culpables directos e indirectos deben de recibir castigo de acuerdo a su responsabilidad.
Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos de la Organización Familia Pasta de Conchos, en entrevista para XEU Noticias, señaló que una de las medidas más importante para prevenir accidentes como lo ocurrido en Coahuila es la prohibición absoluta de pozos como forma de extracción de carbón. Expresó en entrevista con La Razón que, en Coahuila, el 90 por ciento de las minas de carbón “está en riesgo de colapso y son trampas de muerte”.
Señaló que el derrumbe de la mina en Sabinas, Coahuila, se debe a la falta de supervisión de las autoridades federales, pues se tiene detectado, desde hace años, que es una zona de pozos que corre un “grave riesgo de colapso”.
En general tenemos una deuda histórica con los trabajadores mineros. Ellos participaron en la lucha de la Independencia. Recordemos su participación junto a Hidalgo en la toma de Guanajuato y que Mariano Jiménez era minero y luchó hasta el final siendo fusilado en 1811. En los preámbulos de la lucha se distinguieron estallando la huelga minera de 1766 en las minas de Pachuca y Real del Monte surgida después de que Pedro Romero de Terreros, pretendió reducir los jornales de 4 a 3 reales por jornada laboral y aumentar al doble las cargas de trabajo para obtener mayores ganancias. También la huelga de Cananea de 1906 fue un evento de tal trascendencia que encendió la chispa de la Revolución.
Ejemplares han sido las luchas de los trabajadores mineros, no se olvida que el 16 de octubre de 1950, los mineros de Nueva Rosita, Palau y Clorete, en Coahuila, emplazaron a huelga para defenderse de los abusos laborales de las empresas Mexican Zinc Company, y Carbonífera de Sabinas, del monopolio ASARCO, en un intento por mantener sus derechos laborales y humanos. En Coahuila se han dado luchas históricas y de impacto nacional, el 20 de enero de 1951, los mineros de Nueva Rosita iniciaron una marcha hasta la Ciudad de México. La Caravana de la Dignidad le llamaron.
A pesar de esto, por la avaricia de los patrones y la complicidad de las autoridades, los mineros han trabajado en condiciones riesgosas e insalubres, siempre en peligro de accidentarse. Por cierto, la concesión de la mina siniestrada se dio en el sexenio de Vicente Fox.
El registro de estos percances se ha repetido en el país a lo largo de nuestra historia. En México, según el Informe Carbón Rojo, elaborado por la Organización Pasta de Conchos, de 1883 al 2017 se han registrado al menos 310 eventos mortales con al menos 3 mil 103 muertes. Laboran 345 mil trabajadores en malas condiciones, cientos mueren, miles quedan incapacitados, la mayoría sufre muerte prematura. Y el ingreso promedio del minero es de 10 mil 500 pesos al mes, mientras que tan solo en el primer trimestre del año actual la minería generó 1.78 por ciento con respecto al trimestre anterior y de 40.5 por ciento respecto al mismo período del año pasado (Néstor Jiménez en La Jornada, 10 de agosto de 2022).
Luego de la ley minera de 1992 la situación en las minas se deterioró y la explotación se ha intensificado. Con los gobiernos del PAN se redobló la entrega de concesiones y el saqueo. En tan sólo 8 años se duplicó la cantidad total de proyectos mineros en México, que pasó de 667 en 2010 a 1 mil 531 en 2018. Los proyectos en producción se quintuplicaron pues pasaron de 54 en 2010 a 274 en 2018. En 36 años del período neoliberal se concesionaron 120 millones de hectáreas. La minería en México desde Salinas de Gortari hasta Peña ha sido rapaz y a afectado a los trabajadores, a las comunidades, al medio ambiente y al desarrollo armónico de México.
No solo existen problemas con las carboníferas, todas contaminan el medio ambiente y afectan a la población. De los 1,113 proyectos en exploración en 2018, 68% estaban destinados a buscar minerales preciosos, principalmente oro. Esto supone un problema ambiental, pues en la actualidad el 68% del oro extraído en el país se explota bajo la modalidad a cielo abierto (Pérez-Jiménez 2018).
El PRIAN dejó nuestra minería en manos extranjeras. Los proyectos mineros en exploración en 2018 eran 77 por ciento canadienses, 10 por ciento de Estados Unidos, ocho de empresas mexicanas y 5 por ciento de otros, casi todos con impactos ambientales importantes, pues implican la perforación de cientos de pozos, también llamados barrenos.
A grandes males, grandes remedios, se necesita una profunda transformación que beneficie a los trabajadores, al pueblo y a sus comunidades. La STPS asegura que no había denuncias previas en Sabinas pero una actividad de alto riesgo donde existe constante afectación a los derechos laborales debe ser sujeta a una activa y profunda inspección. Pero además en esta transformación es necesario que las comunidades organizadas tengan voz y espacio para denunciar las violaciones laborales, cuando toda la gente sabe cómo funcionan de mal las cosas en esos centros de trabajo mineros. La inspección y la protección civil debe implementarse de arriba abajo y desde las comunidades a los niveles superiores, en un compromiso colectivo. Hace falta la organización popular y su activa y consciente participación, porque entre todas y todos no hay quien pueda escapar a la vigilancia de toda una sociedad.
Es urgente la unidad del pueblo y de sus organizaciones políticas, sindicales sociales para enfrentar al imperio y las corporaciones y de las potencias extranjeras que las respaldan y no solamente en el caso de la minería.
Es necesario cancelar concesiones a mineros, agua tenientes, bancos usureros, farmacéuticas, agroindustrias, petroleros extranjeros. Es necesaria una nueva Constitución, que defienda a la gente y sus recursos, contra los expoliadores, la Constitución del siglo XXI, que garantice efectivamente los derechos, que se enuncian en la Constitución de 1917 pero no se cumplen en realidad. Se requiere la renovación democrática que implemente un sistema político en el que los intereses de México y de su pueblo tengan prioridad. ¡Es hora de transformar esas condiciones deplorables en las que vive y labora la mayor parte de los trabajadores y el pueblo, las mujeres, jóvenes y viejos y los pueblos originarios que son los más afectados por la voracidad minera, el extractivismo y el saqueo!
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el 12 de agosto de 2022. Foto Pablo Ramos.
Luego de la violenta jornada que se vivió ayer en Ciudad Juárez, donde nueve personas fueron asesinadas a manos del crimen organizado y sicarios que dispararon contra civiles luego de una riña entre bandas rivales en el Centro de Readaptación Social (Cereso) 3, el gobierno federal anunció que durante la madrugada de este viernes fueron detenidos seis presuntos responsables.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trató “es algo que no se había presentado y ojalá que no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia, no fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, gente inocente, y esto es lo más lamentable de este asunto”.
El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, dio a conocer en la mañanera que desde que se dieron a conocer las agresiones, la dependencia federal estuvo en coordinación con los gobiernos estatal y municipal.
Señaló en Palacio Nacional que a las 13:27 de ayer se reportó un enfrentamiento entre pandillas rivales identificadas como Los Chapos y Los Mexicles en el Cereso 3 en Ciudad Juárez. La riña dejó dos muertos.
Añadió que a partir del enfrentamiento el grupo de Los Mexicles realizó agresiones a la población civil en Ciudad Juárez.
Entre las víctimas están cuatro trabajadores de la estación Omega Radio, que se encontraban afuera de un local en la avenida Ejército Nacional. En este caso, dijo, el Mecanismo de Protección a Periodistas está actuando.
Seis integrantes de “Los Mexicles” fueron detenidos en la colonia Ampliación Aeropuerto a la una de la mañana por la policía municipal con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército, puntualizó.
“El alcalde Cruz Pérez Cruz nos informa que en estos momentos Ciudad Juárez está en calma y que continúa la persecución de los responsables por parte de las autoridades”, concluyó.
Nuevo revés para el empresario y dueño de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego.
De acuerdo con el medio Milenio, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) validó la resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y obliga a TV Azteca, propiedad del magnate, el pago de un crédito fiscal por un monto de dos mil 615 millones 750 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), multas y recargos correspondientes al ejercicio fiscal del 2013.
Con ocho votos a favor, los magistrados externaron que los argumentos y pruebas presentados por la televisora no cuentan con fundamentos sólidos e inoperantes, por lo que deberá pagar la cantidad señalada al SAT.
“La demandante no cumple con lo establecido en el Artículo 32, Fracción 17 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pues pierde de vista que las pérdidas por enajenación de acciones sólo pueden disminuirse hasta el monto de las ganancias”, dijo el magistrado Carlos Chaurand Arzate.
“En el presente caso, el monto de las ganancias percibidas en el 2013 es inferior al monto de las pérdidas deducidas en ejercicios anteriores, por lo que se encuentra obligada a reversar las pérdidas fiscales por no cumplir con el requisito establecido en el numeral de referencia”, añadió.
Ricardo Mejía reveló el modus operandi del “Cártel Inmobiliario” que lideraban dos funcionarios panistas en la Alcaldía Benito Juárez.
Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- El Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, habló este jueves sobre el “Cártel Inmobiliario” presuntamente encabezado por dos servidorespúblicos del Partido Acción Nacional (PAN) de la Alcaldía BenitoJuárez acusados de realizar actos de corrupción en la CiudaddeMéxico.
En la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Subsecretario expuso que Luis Vizcaíno Carmona, exdirector jurídico (2009-2016) , y Nicias René Aridjis Vázquez, exdirector de obra pública (2006-2018) serían los líderes de esta estructura delictiva en la que estarían vinculadas 10 empresas fantasma.
Mejía Berdeja detalló los actos que cometían van desde establecer un sistema de intercambio de favores por medio de condiciones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas fachada, otorgamiento y gestión de autorizaciones, hasta extorsiones a empresarios dentro de la misma demarcación.
Como parte de su informe semanal “Cero Impunidad”, el funcionario explicó que la investigación sobre esta organización delictiva comenzó en agosto de 2021 tras la explosión de un inmueble ubicado en avenida Coyoacán, el cual se acreditó como una obra nueva y obtuvo un dictamen de habitabilidad durante la gestion de Nicias Aridjis.
Modus operandi del “Cártel Inmobiliario” de la Alcaldía Benito Juárez. Foto: Captura de pantalla de video
A partir de las indagatorias, la Fiscalía capitalina descubrió que el exdirector de obras de la Benito Juárez posee un par de departamentos en ese mismo edificio, los cuales podrían haber sido obtenidos como contraprestación a cambio de las facilidades que la Alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, pues entre sus facultades estaba garantizar que la infraestructura cumpliera con la normatividad aplicable.
Asimismo, acreditó que la condiciones de uno de los inmuebles afectados durante el sismo de 2017 ubicado en la avenida Emiliano Zapata cumplían con todas las disposiciones legales, sin embargo, el edificio colapso nueve meses después de haber sido inaugurado, hecho por el cual fue suspendido en 2020.
Por tales hechos, se logró ubicar a la organización de servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez, por los cuales ya fueron detenidos en cumplimiento con una orden de aprehensión en su contra por el delito enriquecimiento ilícito.
El 30 de junio, la Fiscalía capitalina logró la detención de Luis Vizcaíno, quien también está presuntamente asociado con la demolición de un inmueble catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); y el 4 de agosto se obtuvo la vinculación a proceso con prisión preventiva en el Reclusorio Norte.
Además, anunció que se realizaron cateos en 42 inmuebles de las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo, en los que se recabaron información que permitieron fortalecer la indagatoria.
Mientras que Nicias René Aridjis Vázquez fue detenido por las autoridades capitalinas el 1 de agosto, también señalado como el responsable de la construcción desmedida de inmuebles en la demarcación y de operar el “Cártel Inmobiliario” con otros exfuncionarios de la Benito Juárez.
Por su parte, el Presidente López Obrador celebró que las autoridades lleven a cabo estos procesos judiciales contra exfuncionarios del PAN y líderes del ‘Cártel Inmobiliario’ de la Alcaldía Benito Juárez.
“Qué bien que ya se incluya a delincuentes de cuello blanco, porque solamente a los delincuentes del crimen organizado se les exhibía, y los grandes ladrones de la política y del poder económico ni siquiera perdían su respetabilidad, nunca iban a la cárcel”.
El abogado de los familiares de las víctimas sostiene que un operativo para la desaparición de Gabriel y Edmundo tuvo que haber sido consultado con el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
Este miércoles se tiene previsto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vote sobre el proyecto de sentencia que involucra la desaparición forzada de a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
De acuerdo con información de Contralínea, la resolución a favor en este proyecto ordenaría una investigación exhaustiva que podría involucrar a Felipe Calderón, quien fungía como presidente de la República al momento de la desaparición de ambos militantes.
ESTA INVESTIGACIÓN TAMBIÉN INVOLUCRARÍA A MANDOS MILITARES, PUES HACE 15 AÑOS EL EJÉRCITO HABRÍA DETENIDO A LOS DOS HOMBRES, QUIENES DESAPARECIERON TRAS ESE HECHO.
El proyecto de la magistrada Ana Margarita Ríos Farjat señala que para la investigación deberán ser citados algunos elementos que en el momento de la desaparición ocupaban cargos como general de división, general de brigada, general brigadier, coronel, teniente coronel, teniente y mayor, entre otros.
ADEMÁS, TAMBIÉN SE ABRIRÍA LA POSIBILIDAD DE LLAMAR A FELIPE CALDERÓN —EN ESE MOMENTO COMANDANTE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS— A RENDIR CUENTAS.
Respecto a eso, el abogado Sandino Rivero —representante de los familiares de las víctimas— considera que el operativo para desaparecer a Gabriel y Edmundo “evidentemente tiene que pasar por el más alto mando; al menos el secretario de la Defensa Nacional, y él tuvo que consultarlo con el presidente de la República”.
Cabe señalar que para realizar la investigación sobre la desaparición de los dos hombres también se ordenaría la apertura de instalaciones militares, así como la creación de una Comisión Especial de Búsqueda bajo el mando de la FGR y finalmente, la aceptación de la Sedena por su responsabilidad institucional en la desaparición forzada.
En la anterior administración, una sofisticada estructura administraba los ingresos de Cofepris de forma discrecional a través de la extorsión.
En sexenios pasados, la complicidad entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y grandes empresas para hacer negocios a costa del presupuesto público, no estuvo restringida sólo al ámbito de los alimentos. Otro sector fundamental para la salud en el que se hicieron negocios ilícitos, fue el de los medicamentos.
Mediante una red de extorsión, todo aquel que llegara a la comisión reguladora a solicitar algún trámite relacionado con la industria farmacéutica, enfrentaba el olvido o bien avance de su solicitud según se realizarán o no pagos a funcionarios.
“Una sofisticada estructura controlada desde una oficina centralizada que administraba los ingresos de forma discrecional a través de extorsionar a los y las solicitantes”, señaló Alejandro Svarch Pérez, titular de la Cofepris.
En la Cofepris, estas irregularidades provocaron que unas cuantas empresas concentrarán el mercado de medicinas en México. Pero fue de 2011 a 2016 que un personaje se convirtió en factor clave para que la corrupción se convirtiera en la llave maestra para cualquier trámite.
Se trata del priista Mikel Arriola, hoy presidente de la Liga Mexicana de Fútbol, que de 2011 a 2016 tuvo el control de la Cofepris con el cobijo de los secretarios de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg, Mercedes Juan López y José Narro Robles, frenaban procesos para quienes no cubrieran el moche solicitado.
De acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación, desde 2009 la Cofepris mostró atrasos en las autorizaciones sanitarias. Para 2011 se documentó que la entrega de autorizaciones acumulaba ya atrasos por meses.
Foto: Pexels.
El periódico El Economista señaló que Juan Carlos Gallaga, encargado de la Autorización Sanitaria retenía casos y atrasaba resoluciones al grado de retener mil 670 expedientes de 2015 a 2017 en los sótanos de Cofepris.
“Detectamos que en la superficie la institución parecía funcionar sin problemas, pero en el fondo, en las zonas oscuras, en los sótanos de la institución operaban redes de corrupción; donde grupos de interés tenían secuestrada a la agencia sanitaria”, mencionó Alejandro Svarch Pérez, titular de la Cofepris.
Juan Carlos Gallaga, funcionario que archivaba los expedientes y que de acuerdo a versiones periodísticas registró en sus cuentas bancarias constantes transferencias provenientes de empresas reguladas por la Cofepris por cantidades de hasta 300 mil pesos, es el mismo al que Mikel Arriola reconocía públicamente por su trabajo.
Tal fue el nivel de corrupción, que Julio Sánchez y Tépoz, quien sustituyó a Mikel Arriola, declaró la irregularidad dentro de la dependencia.
“Hay que decir que esto es irregular, ilegal. Nosotros lo combatimos y yo lo señalé. Por eso se tomaron decisiones contra funcionarios públicos como Juan Carlos Gallaga, porque si retrasa voluntaria y dolosamente procedimientos, claramente eso va en contra de la salud de un país”, dijo Sánchez y Tépoz.
Foto: Pexels.
Ante este panorama, Once Noticias buscó a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) para conocer los señalamientos que hay sobre empresas del sector vinculadas a esta red ya sea como participes o víctimas de esta red de corrupción y extorsión.
“Son casos internos que desconocemos como Cámara porque obviamente las empresas no nos informan. Por eso es importante que si la autoridad ya identificó estos casos, pues denunciarlos y eventualmente nosotros también tomaríamos cartas en el asunto”, dijo Rafael Gual Cosío, director de la Canifarma.
Cabe recordar que durante el sexenio de Peña Nieto, el Gobierno Federal gastó en medicamentos 303 mil millones de pesos y 10 empresas concentraron 80% de las compras, éstas fueron:
Proveedores con mayor participación 2012-2018
Grupo fármacos especializados: 35.2%
Farmacéuticos Maypo: 11.6%
Dimesa: 11.4%
Ralca: 5%
Comercializadora de productos institucionales: 5%
Savi distribuidores: 2.9%
Laboratorios de biológicos y reactivos de México: 2.4%
Compañía internacional médica: 2.3%
Comercializadora Pantamed: 2.1%
Vitasanitas:1.6%
Fuente: Secretaría de Salud
El director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica considera que las extorsiones fueron posibles por la falta de agilidad en los trámites.
“En medida que hay rezago, se presta a que estas personas ofrezcan: ‘oye pues en lugar de estar en el lugar mil, te voy a pasar al lugar cinco’, aunque no avances más allá del cinco”, mencionóRafael Gual Cosío, director de la Canifarma.
La lucha se mantiene contra las diversas irregularidades que se cometieron en la pasada administración en diferentes dependencias, incluida la Cofepris.
Recientemente la Comisión se vio obligada a crear una lista de distribuidores irregulares de medicamentos que no cuentan con autorización sanitaria o en casos extremos son empresas que simulan operaciones a través de la emisión de facturas.
La corrupción en el sector farmacéutico es la que ha denunciado el Presidente Andrés Manuel López Obrador y ha prometido que se erradicará.
“No van a poder con el propósito que tenemos, la firme convicción de limpiar de corrupción al país. Es que llegaron a esos extremos, a robarse el dinero de las medicinas, a adulterar las medicinas, a vender medicinas caducas ya sin escrúpulos morales de ninguna índole”, dijo Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.
López Obrador informó que las autoridades continuarán con la detención de más miembros de grupos criminales.Foto: Especial.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que los bloqueos, quema de comercios y vehículos registrados en la víspera en la zona de Jalisco y Guanajuato se originaron por la detención de integrantes de dos bandas del crimen organizado que al parecer se estaban poniendo de acuerdo para unirse.
«Se informó esta mañana (en la reunión de seguridad) que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intervino junto con policías de Jalisco y Guanajuato, porque había un encuentro de dos bandas, llegaron elementos de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones esto provocó la quema de vehículos, no solo en Jalisco sino en Guanajuato, hay detenidos de los que estaban en la reunión al parecer jefes de grupo por eso hubo esa reacción muy fuerte y quema de vehículos, creo que de Oxxos, está todavía la Sedena y las policías en la zona buscan detener a más miembros de esas organizaciones», explicó el mandatario.
Confío en que pronto regrese la calma a ambas entidades.
