Juan Antonio López Martínez, abogado del ex procurador Jesús Murillo Karam, abandona el Reclusorio Norte luego de que a su defendido le fue ratificada la prisión preventiva justificada por cargos en el caso Ayotzinapa. Sostuvo que “no hay nada que haga presumir que la llamada ‘verdad histórica’ se haya construido con mentiras”. Foto Roberto García Ortiz.
Ciudad de México. El juez Marco Antonio Fuerte Tapia vinculó ayer a proceso al ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam y le ratificó la medida de prisión preventiva justificada, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó elementos de prueba suficientes para juzgarlo como presunto responsable de los delitos de desaparición forzada, obstrucción de la procuración de justicia y tortura.
Durante la audiencia inicial, que se desahogó durante 12 horas en la zona judicial del Reclusorio Norte, el juzgador analizó los argumentos del Ministerio Público y de la defensa.
Según estimaciones de los fiscales, el ex funcionario puede recibir una condena de 50 a 90 años de prisión, sin que esta pena pueda sustituirse debido a los delitos que se le imputan.
El ex procurador tomó la palabra una ocasión y señaló que en los pasados siete años se han inventado muchas líneas de investigación sobre el caso de los normalistas y que la última fue la localización de restos óseos en la Barranca de la Carnicería, en las inmediaciones del basurero de Cocula.
Sin embargo, aseguró que hasta el momento no hay ninguna de estas indagatorias que haya echado para atrás la llamada “verdad histórica. Puedo aceptar algunos errores, fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal”, expresó.
“¿Dónde están nuestros hijos?”
Al concluir la audiencia, la madre de uno de los 43 normalistas que fueron secuestrados y luego desaparecidos por integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos preguntó a Murillo Karam: “¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde los dejó? Queremos saber dónde están nuestros hijos”.
Ante el reclamo, el ex funcionario permaneció con las manos en el rostro, agachado. Vestía una chamarra color caqui, propia del uniforme de presos del reclusorio, donde permanecerá interno. El juez Fuerte Tapia concedió un plazo de 90 días naturales para concluir la investigación complementaria.
Los representantes de la FGR sostuvieron las acusaciones contra Murillo Karam. La defensa siguió una estrategia sin elementos de prueba para desvirtuar las imputaciones y sólo se manifestó con la intención de desacreditar los argumentos que formuló desde el sábado pasado el Ministerio Público.
Los abogados del político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señalaron que en la indagatoria “no hay ninguna prueba o documento que acredite la participación de él en los hechos de tortura y desaparición forzada”.
“Somete a una persona por inferencias, lo cual es ilegal. Hay frases de la conferencia de prensa que ofreció para dar avances de la investigación, que fueron sacadas de contexto. El Ministerio Público presenta un caso que no tiene sustento en evidencia ni lógica, pues es incomprensible que se diga que en las conferencias se instruyeron acciones ilegales”, indicó el abogado Juan Antonio López Martínez.
No hay indicios de mentiras
Expusieron los defensores que “no hay nada que haga presumir que la llamada verdad histórica se construyó con mentiras, pues esta frase se considera como parte de la integración de una investigación”. El juez Fuerte Tapia señaló entonces que ese era un término empleado en el anterior sistema de justicia.
Los abogados argumentaron que la acusación por delitos contra la administración de procuración de justicia estaba prescrita. Sin embargo, el juez negó tal circunstancia, al explicar que la denuncia y la integración de la carpeta de investigación se formularon antes de que venciera el plazo legal para la prescripción.
Sobre las acusaciones de tortura y desaparición forzada, el juez señaló que en ambos casos Murillo Karam debía ser considerado partícipe intelectual de lo sucedido, por no haber actuado ante las alteraciones a una escena del crimen. Así se refirió a los hallazgos y diligencias realizadas en el río Cocula, donde se localizaron restos óseos que presuntamente correspondían a los normalistas de Ayotzinapa.
El juez señaló que, en el caso de desaparición forzada, la omisión en la que incurrió Murillo Karam y los actos que vulneraron las investigaciones impidieron, con la llamada verdad histórica, continuar con otras líneas de investigación que permitieran dar con el paradero de los estudiantes.
Durante la audiencia se registraron cuatro recesos, pero sólo uno de ellos fue importante, ya que el juez se tomó dos horas para elaborar su resolución. Después tardó tres horas más en exponer sus argumentos para sostener que Murillo Karam debía ser vinculado a proceso por los tres delitos y establecer que en caso de resultar sentenciado no tendría derecho a la conmutación de la pena.
Luego, tras un debate de una hora, se definió que el ex procurador debía permanecer en prisión preventiva justificada debido al riesgo de fuga que presenta el caso, y por la importancia nacional e internacional que significa la desaparición de los 43 normalistas.
Al final, un representante de la FGR manifestó: “Si sale hoy, no lo volvemos a ver”.
El extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam puede revelar en su proceso judicial quién le dio órdenes para presentar la llamada verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa, propuso el presidente de México.
«Es bueno que salga todo y los jueces van a escuchar la opinión de todos, y ojalá y hablen, que todos hablen, si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden», apuntó Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de este 24 de agosto.
«Es un proceso judicial, todos los acusados tienen derecho a la defensa y quienes están sosteniendo la acusación, que son ministerios públicos, tienen que probar y los jueces tienen que decidir, y acostumbrarnos a vivir en un auténtico estado de derecho, no en un estado de chueco, como se vivía antes, o de cohecho», expuso.
El extitular de la PGR, hoy Fiscalía, fue detenido el 19 de agosto bajo acusación de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia para la elaboración de la llamada verdad histórica, versión que fue presentada por la dependencia a su cargo en 2014.
De acuerdo con esa postura, los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de ese año en Iguala, Guerrero, fueron incinerados en el basurero de Cocula, una afirmación que fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) configurado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso.
Así, desde el Palacio Nacional, sede del poder ejecutivo federal mexicano, el presidente López Obrador recomendó al extitular de la entonces PGR revelar bajo coordinación de quién operó tal declaratoria, durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
López Obrador también criticó el papel de los medios de comunicación en relación con el caso de la desaparición de los jóvenes.
«Cuánta inmoralidad, cuánta deshonestidad intelectual, por decir lo menos», apuntó el presidente.
También acusó falta de información o mala fe entre quienes acusaron que el informe que presentó el 18 de agosto la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia, que preside Alejandro Encinas, reiteró información ya conocida.
Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue informado sobre las multas que el Tribunal Electoral ha impuesto a usuarios de redes social, por lo que señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) se está convirtiendo en “en instituto de la censura”, tras denunciar a periodistas y usuarios por publicaciones en redes sociales.
“Es extralimitarse, no le corresponde al INE multar a un periodista. Es un exceso, ya se están convirtiendo en el Instituto de la censura”, dijo este miércoles en la conferencia Mañanera en Palacio Nacional.
Al ser cuestionado sobre multas varios ciudadanos, entre ellos a nuestro director de Sin Línea Mx, Erick Gutiérrez, por supuestamente criticar a una diputada perredista.
“Si se necesita cooperar para pagar la multa yo ayudo. Ahorita no tengo aquí, peor buscaría yo de mis ahorros, le pediría yo a Beatriz que me adelantara el domingo”, dijo.
El mandatario federal señaló que en el INE “están muy obnubilados, fuera de sí, muy molestos”:
“Qué les puede preocupar un Twitter, un mensaje, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Yo tengo el primer lugar a nivel nacional en ataques, y no pasa nada, nada, nada absolutamente. Al contrario, como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean más digno me siento”.
“Cuando empiecen a decir de que ya hablo de corrido y que soy muy consecuente, muy articulado, muy inteligente y que ya hasta se me está poniendo negro el pelo y que me estoy viendo muy fuerte y joven entonces eso sí me preocupa mucho, pero si siguen atacando pues es que vamos bien. Y además, vamos muy bien, la gente está muy apoyadora”, dijo.
La captura de Jesús Murillo Karam fue, además de una gran esperanza para que exista justicia, un golpe durísimo para la oposición. Y es que mostró que en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno anterior estuvo involucrado. Es decir, que fue un crimen de Estado.
Aquí algunos puntos breves sobre esa captura:
1.- Es el recordatorio de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple lo que promete: cuando estaba en campaña afirmó que investigaría la desaparición de los estudiantes desparecidos de Ayotzinapa, y que se castigaría a los responsables.
2.- La captura de Murillo Karam significa que la justicia puede llegar a quien sea. Él era el Procurador con Peña Nieto, y es un priísta importante: exgobernador, exsenador, expresidente de la Cámara de Diputados, ex secretario del PRI y de Estado. No es cualquiera. Por eso es muy simbólico verlo capturado. No hay intocables.
3.- También esta captura significa para muchos mexicanos la confirmación de que las anteriores administraciones eran corruptas e indolentes ante la tragedia. Hoy la gente está más convencida de eso, y por supuesto, afecta no sólo al PRI, sino a toda la oposición.
4.- Si bien es cierto el PAN no defendió a Murillo Karam, sí lo hicieron los del PRI y los del (decadente) PRD. Esos tres partidos están aliados en Va por México, así que esa “defensa” de Murillo Karam, que afectó negativamente al PRI y al PRD, también afecta a su aliado: el PAN. La oposición está desfondada por donde se vea.
5.- Y claro, la captura de Murillo Karam es un acto de justicia para los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Quienes permitieron su desaparición y supieron de eso y no hicieron nada para detenerlo, están en proceso de ser castigados.
Todas estas cuestiones confirman algo: que vivimos otros tiempos, que la esperanza es realidad, y que la justicia, tan anhelada, está llegando.
El envío pendiente es de más de 10 millones de vacunas Pfizer para menores de edad. Foto Afp / Archivo
Tuvo que ser hasta el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador que México denunciaría a la ONU y al mecanismo Covax por no entregar las vacunas contra el Covid-19 ya pagadas, que esas instancias respondieron y enviarán 10 millones de dosis para niñas y niños.
Ayer, alrededor del medio día, tras la declaración del mandatario federal, Covax contactó a nuestro país, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para ofrecer en envío de más de 10 millones de vacunas Pfizer para menores de edad. Si bien hay oferta formal, enfatizó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aún no se tiene garantía de entrega, por lo que se estará insistiendo en que ese paso se concrete.
“Estamos en el proceso de de cerrar el trato para tenerlas. Condición imprenscidible es ya, tenerlas pronto, en septiembre a más tardar, desde luego el gobierno de México se reserva su derecho de emprender cualquier acción incluso legal si es que no se cumple con este compromiso que están estableciendo en este momento”, indicó el subsecretario.
Ayer, López Obrador informó en la mañanera que su gobierno presentaría una denuncia contra el mecanismo Covax y la Organización de Naciones Unidas (ONU) –que encabeza el mecanismo a través de la Organización Mundial de la Salud– por el retraso de casi un año de una parte de las vacunas para combatir el Covid-19, pagadas por México de manera anticipada, con lo que se adeuda al país más de 75 millones de dólares.
Al respecto, tras la respuesta de estos organismos ayer mismo, esta mañana el subsecretario López-Gatell dio detalles de ese adeudamiento y del nuevo ofrecimiento de Covax, a petición del propio mandatario federal.
Explicó que hasta ahora, México ha recibido poco más de 24 millones de dosis por Covax, y con base en las reglas del mecanismo había un techo para que nuestro país pudiera alcanzar hasta un máximo de 52 millones de vacunas a través de este mecanismo.
Para esto, México pagó 160 millones de dólares, más un fondo de garantía de 20 millones de esa divisa –que se ha mantenido en reserva—, y con lo recibido hasta el momento existe un remanente de 75 millones de dólares.
“Hemos estado pidiendo desde hace un año que se nos asignen las dosis que nos corresponden. Fue tan tardío el mecanismo que cuando llegó una oferta de entrega no sólo para México, sino se abrió la oferta de entrega (a otras naciones) de vacunas AstraZeneca, ya teníamos satisfecha la demanda para vacunación en personas adultas y Astra no está autorizada en México para su uso en menores de edad, por lo que no nos interesó, no era útil para México y declinamos tener esa entrega. En su lugar hicimos ver que necesitamos dosis para niños pero Covax dijo en su portafolio no se incluyen dosis de niños para países de ingresos medios y altos, entonces nuevamente una frustración y una gran insatisfacción”, apuntó el funcionario.
Tuvo que ser hasta el amago del mandatario federal que la ONU y Covax respondieran, informó López-Gatell.
“Con 76 millones que nos restan (adeudo) podemos tener 10 millones de dosis, esto en términos monetarios es ventajoso para México porque con base en la comparación de los precios de referencia, incluyendo lo que se contrató por México por este tipo de vacuna, es un costo significativamente más bajo, alrededor de siete dólares por vacuna, es lo que equivaldría”.
Resaltó que hasta ahora sólo se ha dado la oferta formal por parte del mecanismo internacional, pero aún no se tiene garantía de entrega.
“La noticia es positiva, responde a lo que comentó el presidente ayer, pero hasta no ver no podemos estar tranquilos que se ha cerrado el mecanismo y se ha entregado correctamente”, planteó.
Lamentó que este mecanismo haya fracasado en su objetivo de que no hubiera desigualdad en la distribución de vacunas contra el Covid-19 entre naciones de ingresos altos y medios con las más desprotegidas por sus bajos ingresos, pues lo que privó en el mundo pese a la crisis de salud, fue el mercado y las farmacéuticas priorizaron sus negocios y atendieron la demanda de los países que pagaron por las dosis.
“Esto es muy lamentable, y queda como una lección aprendida muy profunda de cómo los mecanismos internacionales tanto del sistema de Naciones Unidas, como otros, deben mejorar para tener una verdadera filantropía, profunda, que llegue a una capacidad de acceso equitativo no sólo a vacunas sino a otros bienes esenciales que tienen que ver con la salud pública”.
Protesta en caseta de la Autopista del Sol en febrero pasado. Foto Cuartoscuro.
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) notificó oficialmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que han sido giradas órdenes de aprehensión en contra de 20 de sus elementos, incluyendo a un general de división, por su posible participación en el caso Ayotzinapa.
Se trata de militares pertenecientes a los batallones 27 y 41 de infantería, ubicados en Iguala y Teloloapan, Guerrero, de manera respectiva.
La Sedena debe informar si los militares buscados aún pertenecen al Ejército y, de ser así, presentarlos ante las autoridades civiles.
El juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, estado de México, autorizó 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que intervinieron en la investigación de los hechos, incluyendo a los 20 militares.
En la lista, el de más alto rango es el general Alejandro Saavedra Hernández, quien era en 2014 comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo.
Según el informe de la Comisión de la Verdad, el jefe militar tuvo conocimiento de los hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, pues fueron captados por las cámaras del C4, a las cuales tenía acceso directo.
Meses después, Saavedra Hernández fue ascendido a general de División y ocupó, sucesivamente, los cargos de comandante de la novena Región Militar, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea y jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el 30 de noviembre de 2017. Finalmente, fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas hasta el 2 de marzo de 2021.
Otros militares posiblemente involucrados son el coronel José Rodríguez Pérez, comandante en 2014 del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, y el teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, el mando inmediato superior del soldado Julio César López Patolzin, a quien se ordenó infiltrarse entre los normalistas y que desapareció junto con ellos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó detalles del proyecto energético del país que contempla el aprovechamiento de minerales estratégicos presentes en Sonora, como el litio, además del acercamiento de la entidad con Estados Unidos.
«Vamos a anunciar un plan para desarrollo energético en Sonora, vamos a trabajar lo que es la generación de energía eléctrica con plantas solares, lo mismo que estamos haciendo en Peñasco, pero no sólo una planta, sino cinco, para tener energía eléctrica renovable, vamos a desarrollar lo del litio, sobre todo para la industria automotriz y se está ya modernizando el puerto de Guaymas», enumeró López Obrador.
«Vamos a integrar más a Sonora, con el norte, con los vecinos de Estados Unidos, desde luego con respeto a nuestra soberanía porque somos un país independiente, soberano, pero sí se va a buscar que se integre más Sonora a la economía estadounidense a través del tratado comercial (T-MEC) y esto va a significar la llegada de más inversión a Sonora para la creación de empresas», apuntó.
Además, el presidente anunció la modernización de todas las aduanas existentes en la frontera entre Sonora y Estados Unidos, durante una reunión con comunidades y autoridades de la entidad celebrada el domingo 21 de agosto.
«Vamos a desarrollar el litio, hay en Sonora, en Bacanora y en otras partes, y es la materia prima principal para hacer las baterías y para los carros eléctricos, va a llevar tiempo eso, los técnicos, los científicos, los expertos se adelantaron y dijeron: ‘Ya viene esta nueva etapa’», insistió en materia de aprovechamiento del mineral.
Como parte de la búsqueda de autonomía energética, el país busca energías limpias, pero también el aprovechamiento de sus combustibles fósiles, subrayó el mandatario, por lo que se determinó la construcción de la refinería de Dos Bocas y la compra de la planta de Deer Park, Texas.
Faltó atrevimiento a la Administración federal y debieron comprarse más refinerías, pues el aumento mundial de los precios del petróleo permitió liquidar la deuda de Deer Park en seis meses, declaró el presidente.
En cuanto al diálogo con comunidades indígenas de Sonora, el presidente López Obrador se comprometió a mantener el flujo de programas sociales, entrega de fertilizantes y apoyo a adultos mayores, entre otros.
Además, a lo largo de su Administración ha buscado la interlocución con el pueblo yaqui, que incluso en septiembre de 2021 le entregó una propuesta de reforma constitucional para fortalecer en la carta magna de México el reconocimiento de los pueblos indígenas del país y del carácter plurinacional del mismo.
El informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa revela que la Sedena sí utilizó el malware Pegasus para espiar a personas clave al momento de la desaparición de los 43 normalistas. El documento destaca dos intervenciones de comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades municipales. Asimismo, descubre que los contratos del programa de espionaje se hicieron con la empresa Proyectos y Diseños VME, y que entre septiembre y octubre de 2014 se intervenían teléfonos de integrantes del grupo delictivo, policías de élite de Iguala conocidos como Los Bélicos y estudiantes de la Normal Rural.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sí utilizó el malwarePegasus para espiar a integrantes del cártel Guerreros Unidos antes, durante y después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos –ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014–, confirma el informe con conclusiones preliminares que la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa presentó el pasado 18 de agosto. Asimismo, descubre que también eran espiados los policías de élite de Iguala conocidos como Los Bélicos y también algunos normalistas rurales.
En el documento se lee que dicha Comisión tuvo acceso a más de 17 mil documentos de archivos de la Sedena en las regiones, zonas y batallones militares en Guerrero y su área de inteligencia. Entre éstos, se destaca la identificación de “dos intervenciones de comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades municipales”.
El informe agrega que “la intervención de estas llamadas se confirma con el registro del monitoreo a mensajería SMS de telefonía celular los días 27 y 28 de septiembre, a la central de comunicaciones de Guerreros Unidos, por el Centro Regional de Fusión e Inteligencia [dependiente de la Secretaría de Gobernación], en sus mensajes: CRFI/1202 y CRFI/1212 de esos días”.
Por primera vez, un documento oficial admite que fue con el malware Pegasus como se realizaron las intercepciones ilegales a integrantes del grupo delictivo involucrado en el crimen de Estado. Además, se reconoce que los propios normalistas rurales eran objeto de estas intervenciones ilegales de sus comunicaciones.
Y es que el informe de la Comisión de la Verdad señala: “es relevante el registro de llamadas telefónicas de la empresa Proyectos y Diseños VME, SA de CV, empresa vinculada con el Programa Pegasus utilizado en su momento, en particular por las fuerzas de seguridad, para la intervención de dispositivos de comunicación”.
En su “Esquema 16. Red de comunicaciones relevantes de la empresa Proyectos y Diseños VME, SA de CV. Septiembre y octubre 2014”, el informe esquematiza el alcance de este espionaje y da cuenta de que entre los espiados se encontraban también estudiantes.
Del análisis de los contratos del gobierno federal con esa empresa, la Comisión de la Verdad encontró que aunque se firmaron a partir de 2015, “los registros telefónicos demuestran su operación al menos desde 2014”. Otro hallazgo fue que el 93 de las contrataciones realizadas fueron con la Sedena de entonces. También, que “los servicios relacionados con los contratos se refieren a mantenimiento y refacciones para diversos fines”.
Respecto de la información de las comunicaciones telefónicas registradas por Proyectos y Diseños VME durante los meses de septiembre y octubre de 2014, el informe subraya que “la empresa intervenía a las personas objetivos a través de seis números”, uno de los cuales está a su nombre.
“A través del número registrado por la empresa se intervinieron las comunicaciones de objetivos de alto nivel como: Adán Zenén N, José Ángel N, Sidronio N y Gildardo N, ‘El Gil’”, integrantes de Guerreros Unidos.
Mientras que “a través de los números a nombre de José Carlos N se intervenía objetivos de nivel medio, como policías y otros integrantes de Guerreros Unidos. En estos números se registran intentos de comunicación con José Luis Abarca [exalcalde de Iguala] a partir del 17 de octubre y con los estudiantes a partir del 21 de octubre de 2014”.
Sedena, sin facultades para espiar
Aunque cuenta con un área de inteligencia –la Sección Segunda–, la Sedena no tiene facultades legales para intervenir conversaciones telefónicas, por mensajería instantánea y/o correos electrónicos: ninguna ley le confiere hacer este tipo de interceptaciones.
No obstante, la Defensa Nacional fue la primera institución que adquirió la plataforma Pegasus, que ya se ha demostrado que fue usada para espiar a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al abogado Vidulfo Rosales, defensor de derechos humanos que ha acompañado a los padres y madres de los 43 normalistas rurales en su lucha por la justicia.
En México el malware Pegasus también ha sido utilizado para espiar luchadores sociales, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, políticos y periodistas. Contralínea documentó que fue en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando la Sección Segunda de la Sedena compró las licencias de dicha plataforma. Los contratos se firmaron entre septiembre de 2010 y finales de 2012 e implicaron un gasto superior a los 8 mil millones de pesos.
Para activar y operar la plataforma de espionaje, la Secretaría de la Defensa Nacional acondicionó un edificio completo en el Campo Militar Número 1. De acuerdo con los documentos a los que Contralínea tuvo acceso, la instalación del sistema se hizo en tres fases, y por ello se firmaron 18 contratos (15 de estos fueron para obras, servicios y bienes relacionados).
La primera institución que usó esta tecnología fue la Sedena en su rama de inteligencia militar, cuando esa dependencia era dirigida por el general Guillermo Galván Galván y cuando, en la Secretaría de Seguridad Pública se desarrollaba a la par la llamada Plataforma México, a cargo de Genaro García Luna.
El edificio que la Sedena acondicionó para alojar el equipo tecnológico de espionaje contaba o cuenta con ocho módulos y más de 200 computadoras. Además se adquirieron mesas, pantallas, servidores y sistemas satelitales para su correcta operación.
El gasto público superó en aquel momento los 8 mil millones de pesos. Luego ese malware se popularizó entre las dependencias federales, pues acabó contratándose también para la Procuraduría General de la República –que en la época de la desaparición de los estudiantes estuvo a cargo de Jesús Murillo Karam–, la Secretaría de Seguridad Pública y el propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El espionaje del Cisen
La Sedena no fue la única institución que realizó espionaje en los momentos críticos de este crimen de Estado. El informe de la Comisión de la Verdad da cuenta de las operaciones del Cisen en torno a este caso.
Al respecto, indica: “el expediente proporcionado por el CISEN corrobora la existencia de distintas intervenciones de comunicaciones a objetivos relevantes de Guerreros Unidos en la fecha de los eventos, como lo muestra la siguiente narrativa de hechos:
“A las 20:30 horas, David N (a) El Chino, responsable de turno de la central de comunicación del citado grupo delictivo, reportó que los normalistas estaban en actitud violenta, disparando armas de fuego y asaltando los comercios ubicados en las inmediaciones de la iglesia de Iguala.
“Una persona identificada como (a) El Choky, presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos ordenó a la central de comunicaciones del grupo delictivo reportar que dentro del contingente estaban integrantes de Los Rojos, presuntamente encabezados por Omar N, quienes iban rapados.”
El tercer informe del GIEI
Ya en marzo pasado, el GIEI daba a conocer como parte de su tercer informe del caso Ayotzinapa que el Ejército Mexicano realizó labores de espionaje e infiltración a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
El Informe Ayotzinapa III revelaba que los normalistas rurales fueron espiados por la Sedena: “eran un blanco de inteligencia por parte de las autoridades militares. Los alumnos fueron objeto de seguimiento durante los años anteriores a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Estaban siendo sujetos a un cercano seguimiento cuando se desarrollaron los hechos y se encontraban infiltrados con agentes de inteligencia”.
Además de la infiltración de militares encubiertos con fachada de estudiantes (al menos se han documentado tres casos, incluido uno que se cuenta entre las 43 víctimas de desaparición forzada), el documento del GIEI –que fue entregado a la Fiscalía General de la República para que el caso se judicialice una vez más– también advertía de la intervención de comunicaciones.
“Los documentos confirman que el Ejército (así como el Cisen) tenía intervenidas las comunicaciones de actores relevantes en los hechos, incluso cuando estaban ocurriendo, sin que consten autorizaciones judiciales para ello. Por ejemplo, en un documento fechado el 5 de octubre de 2014 se incluyen algunas de estas intervenciones, de fechas anteriores: 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014, que revelan datos importantes sobre las personas involucradas en los hechos, su ubicación e informaciones sobre el destino de los estudiantes”, se señala en el reporte.
Asimismo, la abogada Ángela Buitrago –integrante del GIEI– declaró el pasado 28 de marzo durante la presentación que el espionaje era realizado por los integrantes del Batallón 27. También indicó que este seguimiento “sirve para mirar estructuras, historias, y aquí una mirada sociológica muy importante creo que también vale la pena, y es hablar de cuál era el procedimiento habitual frente a los estudiantes de Ayotzinapa y de todas las [Normales] Rurales de todo el país, de un espionaje que nosotros por lo menos tenemos documentado desde el año 2010. Un espionaje permanente y sobre esos supuestos también formas de cultura sobre discriminación, etiquetamiento, que llevan también a condiciones de manejos en estos temas”.
Por su parte, la abogada Claudia Paz y Paz –también integrante del GIEI– se refirió a este tema como “un seguimiento que vamos a llamar ‘histórico’, casi contrainsurgente a la escuela, las actividades de la escuela [Normal Rural de Ayotzinapa], de los estudiantes”.
El militar El informe de la Comisión de la Verdad da cuenta del caso del militar en activo Julio César López Patolzin, quien fue desaparecido junto con los otros 42 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Al respecto, el documento apunta que “de acuerdo con la información obtenida, la Sedena contaba con un elemento infiltrado en la Normal: el soldado Julio César López Patolzin, causó alta como soldado de infantería el 16 de enero de 2009, en el 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo, con un tiempo de servicio de 5 años 8 meses”. Agrega que “las actividades que realizaba López Patolzin, desde 2012 en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, consistían en informar lo que acontecía en las asambleas que se realizaban en la normal; dar seguimiento a las marchas, mítines y cualquier movimiento que los estudiantes realizaban en el estado de Guerrero o fuera de la entidad, y detectar vínculos con integrantes de grupos subversivos, grupos de delincuencia organizada y todo movimiento ‘que pusiera en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional’”. El informe detalla que su mando inmediato era el teniente de Infantería Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería, a quien reportaba directamente. “En sus informes, dio cuenta del plan de acción de los estudiantes de la Escuela Normal contemplado para el 2 de octubre 2014. Su último reporte fue el 26 de septiembre del 2014 alrededor de las 10:00 horas”. López Patolzin, agrega el documento, “fue desaparecido junto con los estudiantes normalistas. No obstante que se encontraba activo en el Ejército Mexicano realizando funciones de informante y de que su superior jerárquico estaba al tanto de que se encontraba dentro del grupo de estudiantes, éste no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber, como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos que obliga a los mandos a ‘implementar medidas contundentes, a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y en su caso, rescate del personal militar desaparecido’”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 22 de agosto de 2022. Foto Luis Castillo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que del informe sobre lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa no sólo evidencia los horrores que ocurrieron sino la forma en que los responsables de las investigaciones se pusieron de acuerdo “para ocultar los hechos y construir lo que se conoce como la verdad histórica”. Afirmó que el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón (quien encabezó las investigaciones) “fueron armando toda esta falsedad, incluso torturando personas, fabricando declaraciones”.
Durante su conferencia, López Obrador descartó que del informe Ayotzinapa se desprenda que haya una orden de aprehensión ni en contra del ex presidente, Enrique Peña Nieto ni del ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos.
—Usted ha dicho que el presidente siempre sabe lo que pasa, que no lo denunciara (la verdad histórica) no lo hace sujeto a una orden de aprehensión?
—Eso el juez lo va a decidir. Eso sí es muy difícil que pase cuando uno está pendiente. Pero también no podemos adelantar ningún juicio. Esto tiene que resolverlo el juez. Lo más doloroso es la situación de las familias de los muchachos, pero al mismo tiempo ejemplar. Doloroso pero ejemplar, porque no se rindieron, no se han rendido. Son excepcionales
Señaló que en el expediente hay muchos personajes, dijo, que se mencionan ahi, pero no se debe hacer juicio sumario por lo que consideró que no era procedente que el actual secretario de Seguridad Pública capitalina, Omar García Harfush deba apartarse de su cargo porque se le mencionó en la audiencia de Murillo Karam.
En una larga intervención sobre el caso Ayotzinapa, el presidente cuestionó que se haya descalificado a priori su resultados porque los conservadores y algunos medios aseguraron que era mas de lo mismo y que hasta ahí se quedaría. “Estamos ante una situación inédita porque se pensaba que quienes cometen delitos en nombre del estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó”.
Destacó que el documento tiene dos grandes capítulos: La descripción sobre lo sucedido en la desaparición y una segunda que alude al comportamiento de las autoridades.
En el primer caso, se está haciendo la investigación. Este ́ es uno de los hechos más vergonzosos, lamentables, dolorosos. Hay que ventilar, evidenciarlo (…) Se tienen declaraciones de quienes participaron en la ejecución de los jóvenes. Hay declaraciones mucho muy fuertes sobre cómo se deshicieron de los jóvenes. Eso está ahi. Hay declaraciones de cómo planearon irlos moviendo del lugar”.
Durante la conferencia, López Obrador pidió poner un fragmento de la intervención del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero en la reunión con los padres de los normalistas previa a la presentación del informe:
“Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26… en Iguala el ejecutivo federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del estado mexican ante un crimen desmesurado y brutal y adjudicar la culpabilidad total a los alcaldes de Guerrero y sus policías como totalmente respnsables”, señalaba Gertz
Y agregó: cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener declaraciones, adjudicándose todas la responsabilidad que sus superiores estaban buscando eludir, para después inventar la supuesta verdad histórica, todos estudiantes incinerados, cerrar el caso Proyecto lograr que ese asunto se cerrar al haber sido quemados los estudiantes y adjudicando a las políticas y cómplices del crimen organizado”, concluia Gertz.
Al respecto, López Obrador dijo que en una conferencia, el propio Murillo Karam se asume como responsable de la investigación junto con Tomás Zeron. En ese proceso de indagatorias, “Se llegó al extremo de hacer montajes, de torturar en la televisión. Claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos, pero los que participaron de manera directa, son los que están siendo juzgados”.
Precisó que en la investigación y preparación del informe participaron expertos nacionales y extranjeros. Hicieron una investigación a fondo, sin injerencia de ningún funcionario ni del presidente, elaboraron el informe. “Y ellos, sin injerencia de nadie hicieron la lista de los que consideraban responsables tanto de la desaparición de los jóvenes como del ocultamiento de los hechos”.
“Lo de Ayotzinapa y lo del señor Murillo Karam, lamento mucho pero esas injusticias no pueden quedar impunes. Como veo a la madres a los padres de los muchachos. Llevo tres años reuniéndome con ellos, en reuniones, algunas ríspidas, porque imagínense el dolor. No tengo nada personal con el señor Murillo Karam. Pero este es un asunto de otra naturaleza tiene que ver con mi responsabilidad, con mis convicciones, mis principios”.
El mandatario dijo que se está realizando la investigación que no está cerrada y va a continuar la búsqueda de los estudiantes. Hay un reporte de días, meses y años enteros de indagar el paradero de los estudiantes.
Tras reconocer que hay militares involucrados entre los imputados, rechazó nuevamente que actuar en su contra implique dañar a las fuerzas armadas. Es la actitud de ciertas personas de esas fuerzas armadas, pero no es lo mismo. “La imagen se mancha si hay complicidad si no se actúa con la verdad.
Finalmente dijo que nunca más que se actúe de esta forma contra los jóvenes, nada que se necesitaba un escarmiento. Nada de eso. Estos argumentos son ofensivos. No se puede . Nada de que se actúe así para proteger el prestigio de las fuerzas armadas”.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aún goza de fuero constitucional, pues el Congreso Local actuó conforme a sus atribuciones porque no estaba obligado a homologar la decisión de la Cámara de Diputados.
El fallo estableció que las decisiones de la Cámara de Diputados cuando se erige en jurado de procedencia para desaforar a un gobernador no son vinculantes para los congresos locales, por lo que los ministros declararon infundada controversia relacionada con el desafuero del gobernador, pues, dicen, el simple pronunciamiento de la Cámara de Diputados para retirar la inmunidad al mandatario estatal no es suficiente.
Y es que, el 30 de abril de 2021, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, determinó que, aunque los presuntos de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no estaban acreditados, el delito de defraudación fiscal por un monto de 6 millones 500 mil pesos sí lo estaba, por lo que se avaló el desafuero del mandatario tamaulipeco, sin embargo el Congreso local se negó a homologar la decisión.
Así, cuando la FGR solicitó y obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por su probable responsabilidad en los delitos delincuencia organizada y lavado de dinero, y el mandamiento judicial fue otorgado por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, Iván Aarón Zeferín Hernández, Cabeza de Vaca se amparó y obtuvo la protección de la justicia, sentencia que impidió su detención.
En consecuencia, el juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, señaló en su resolución que, al “proteger el interés social”, porque “la gravedad de los hechos con apariencia de delito” que se le imputan al mandatario estatal, “no pueden estar por encima de la inmunidad procesal”, por lo que que se violaron los derechos del gobernador pues estaban en curso las controversias constitucionales donde se debía resolver el tema sobre su inmunidad.
El juzgador señaló que su sentencia no implicaba favorecer la impunidad pues la decisión de la Legislatura de Tamaulipas, de mayoría panista, para no homologar la decisión de la Cámara de Diputados, protege al titular del Ejecutivo local.
Pero además, la legislatura estatal saliente, aprobó el 24 de junio 2021 las reformas para evitar que los nuevos integrantes del Congreso, que serán en su mayoría de Morena, puedan autorizar el desafuero del mandatario local, para lo cual modificaron el artículo 84 de la constitución estatal y el 44 de la Ley de Servidores Públicos, donde se establece que “en todos aquellos casos en los que el Congreso del Estado hubiese determinado la no homologación de la declaratoria por parte de alguna de las cámaras federales en los asuntos de su competencia, su decisión será definitiva e inatacable”.
