Tras reunirse con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció que la empresa LitioMx se instalará en el estado, por lo que su gobierno tendrá participación en la nueva empresa del Estado. Y el morenista será el encargado de coordinar la continuidad del proyecto.
“Me confirió la responsabilidad de coordinar los esfuerzos para dar continuidad a este proyecto, el cual les estaremos informando”, escribió el exsecretario de Seguridad
“Tuve una extraordinaria reunión con nuestro Presidente en Palacio Nacional. El gobierno del estado tendrá una participación en la empresa de Litio México, que se instalará en Sonora, lo que representará una gran oportunidad de desarrollo económico y beneficio para las y los sonorenses. Me confirió la responsabilidad de coordinar los esfuerzos para dar continuidad a este proyecto, el cual les estaremos informando”, publicó en sus redes sociales.
Cabe recordar que el gobierno de López Obrador ya publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a través de la Secretaría de Energía (Sener), la creación del nuevo público descentralizado denominado Litio para México. }
El DOF detalló que el organismo público descentralizado de la administración pública federal, denominado Litio para México, con el acrónimo LitioMx, estará agrupado en el sector coordinado por la Sener, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión. El objetivo de este nuevo organismo será la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral.
El objeto de la creación del Litio para México es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 31 de agosto de 2022. Foto Yazmín Ortega Cortés.
En administraciones pasadas se cometió “el gravísimo error” de descentralizar los sistemas de salud, lo que trajo corrupción, que los recursos no se usaran para ese fin y que el Estado se desentendiera en su responsabilidad para garantizar este derecho.
Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, al enfatizar que su proyecto es justamente federalizar el sector en el país, a través del plan IMSS-Bienestar, a fin de concretar el desafío “para tener un sistema de salud pública de lo mejor del mundo”.
En la mañanera de este miércoles señaló que una vez que se está saliendo de la urgencia generada por la pandemia de covid-19, el gobierno federal retomará el proyecto para llevar la salud a todos los rincones del país con base en un modelo de federalización porque en sexenios pasados “cometieron el error gravísimo de descentralziar los sistemas de salud y la Secretaría (del ramo) quedó como un cascarón, nada más con funciones normativas”.
Con ese paso, agregó, se dieron acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas para que les fueran transferidos fondos y que fueran las autoridades locales las que se hicieran cargo de la atención médica a la población abierta, es decir a quienes no cuentan con seguridad social.
“¿Qué sucedió? No en todos los casos, pero en general, se enviaban los recursos y no se aplicaban bien. Por ejemplo, había mucha corrupción y esos recursos se utilizaban para construir hospitales, pero a la empresa que le daban el contrato la querían beneficiar y al mismo tiempo recibían sobornos por esos hospitales, muchos no los terminaron, los dejaban en el abandono”.
Ejemplo de ello, resaltó, es el caso de Guerrero –cuyas brechas y déficit en salud se presentaron en la mañanera de ayer- donde “hay una situación muy lamentable porque no hay médicos, no hay especialistas, está completamente abandonado el estado y sí se enviaban los fondos, pero no se usaban para garantizar el derecho a la salud”.
Dijo que con el sistema de federalización emprendido por su gobierno –del que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación el tránsito de IMSS-Bienestar de programa a órgano público descentralizado— se ha alcanzado acuerdos con gobiernos de varias entidades para concretarlo. Así, en Nayarit, Tlaxcala y Colima ya se tienen avances sustanciales para garantizar el derecho a la salud.
El nuevo plan de salud, agregó, incluye el respaldo de la medicina tradicional y ancestral, además, destacó, la atención a los jóvenes en cinco rubros centrales: embarazos no planeados, prevención y atención en el uso y abuso de drogas, buena alimentación, prevención de la violencia y atención a trastornos mentales; en el caso de la infancia se priorizará también la estimulación temprana.
El presidente aclaró que hace un par de semanas, en la conferencia de Palacio Nacional, se habló de la situación de los consultorios anexos a farmacias, a lo que este sector respondió que se trataba de un servicio ante la falta de opciones de salud para muchas personas.
Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal señaló esta mañana: “Creo que no se matizó, no se trata de clausurar los consultorios de las farmacias, de lo que se trata es de mejorar el sistema de salud pública. Éstas existen y pueden inducir a que se compren los medicamentos en las farmacias donde están sus consultorios, porque también hace falta atención médica. No es cancelar nada, es como cuando nos piden autorización para abrir una escuela, pues hemos dado todas las autorizaciones, si nos pidieran autorización para abrir un antro, no es que nos neguemos, pero ahí sí se ve de qué se trata. ¿Pero una escuela, un consultorio, una farmacia? Y más cuando el Estado ha incumplido con su responsabilidad”.
Interrogado también sobre la suficiencia de vacunas contra el covid-19 para los niños, el mandatario resaltó que la cobertura para todos los menores del país estará garantizada, pues en septiembre se recibirán poco más de 10 millones de dosis del mecanismo Covax, además que se tienen propuestas donaciones de parte de gobiernos de países que tienen excedentes. “No vamos a tener dificultad para eso”.
Tras la detención de Luis Vizcaíno Carmona y la orden de aprehensión contra Picias René Aridjis Vázquez, ex funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía de Justicia capitalina dio a conocer parte del “Cártel Inmobiliario” cuyas investigaciones apuntan a la élite del PAN de la Ciudad de México, Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados.
Romero Herrera es mano derecho del presidente del PAN, Marko Cortés, y es parte del grupo que controla al blanquiazul a nivel nacional, que tiene sus inicios en Acción Juvenil, a finales de los 90.
Mientras tanto, Vizcaíno Carmona ya fue vinculado a proceso por un juez e intenta un acuerdo con la Fiscalía de Justicia de la CDMX tras aceptar las imputaciones y la defensa de Aridjis Vázquez fugitivo, comunicará que también quiere establecer un acuerdo. Ambos están vinculados con Romero Herrera.
Vecinos en la Alcaldía Benito Juárez han exigido a las autoridades que se investigue a fondo la red de corrupción inmobiliaria que ha operado ahí desde hace años.
Una integrante del Colectivo Rescatemos Portales, Geraldine Graham, quien ha documentado el boom inmobiliario y las construcciones irregulares en la Ciudad de México insistió en que se tiene que investigar no solo a los mandos medios, sino a los exjefes delegacionales, desde Fadlala Akabani Hneide, jefe delegacional de 2003 y 2006.
“Primero que las autoridades hagan una verdadera investigación de todas las administraciones anteriores y no de los mandos medios, sino de los delegados, entiéndase desde e Fadlala Akabani a la fecha; aunque Akabani, a pesar de que también concedió permisos, también reguló el número de pisos en las construcciones, pero el resto de los delegados después de él permitieron que se hicieran traspasos de potencialidades”, indicó Graham.
Así operaban…
Según la investigación en curso de la Fiscalía Capitalina, los acusados, quienes formaban parte de la administración pública de Benito Juárez, autorizaban manifestaciones de construcción o permitían la construcción de un piso extra, aunque fuera ilegal, a cambio de departamentos.
Vizcaíno Carmona, quien fue director general jurídico y de gobierno entre 2009 y 2016 en las administraciones de Mario Palacios Acosta y Jorge Romero, fue detenido el 30 de julio pasado, acusado de enriquecimiento ilícito.
Al ex funcionario se le acusa de enriquecerse mediante extorsiones e intercambios de favores al margen de la ley.
La Fiscalía además busca al ex director de Obras de la Alcaldía, Picias René Aridjis Vázquez, señalado de ser uno de los líderes del “Cártel inmobiliario”junto a Vizcaíno Carmona.
Pero este entramado podría arrojar el nombre de más servidores públicos. A decir de Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina, las acciones que se le imputan a Vizcaíno beneficiaron también a “jefes inmediatos” y “otras personas de alto nivel jerárquico”, tanto de la Alcaldía como del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México.
“Existen indicios de que ‘Luis N’, a través de posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la ley, probablemente habría logrado enriquecerse al someter a la Alcaldía Benito Juárez a sus propios intereses”, dijo Lara López.
El funcionario agregó que las acciones “redundaron en beneficios económicos y políticos para sus jefes inmediatos y aparentemente para otras personas de alto nivel jerárquico” tanto de la demarcación como del PAN.
A Vizcaíno, la Fiscalía capitalina también lo relaciona con al menos 41 inmuebles aparentemente relacionados:
“Uno de esos departamentos es rentado por un exalcalde de dicha demarcación y que actualmente es diputado del Congreso de la ciudad de México”, indicó Ulises Lara en días pasados, en referencia a Christian Von Roehrich de la Isla, quien fue Jefe delegacional entre 2015 y 2018 y quien ya reconoció que sí vive de uno de los departamentos investigados.
Lara detalló que hasta el momento de han realizado al menos 41 cateos a inmuebles ubicados en las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo, donde se ha recabado información que ha permitido fortalecer la indagatoria.
Residencia en Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo, de Luis Vizcaíno. Foto: Cortesía para SinEmbargo.
“En dichas diligencias se han localizado y asegurado diversos documentos, así como bienes, vehículos de lujos, computadoras, dispositivos electrónicos, que con autorización judicial son revisados, para acreditar la comisión del delito de enriquecimiento ilícito”, detalló el funcionario.
Aridjis prófugo
La Policía de Investigación de la Ciudad de México desplegó sus capacidades técnicas y operativas para lograr la detención de este funcionario que posee diversas compañías del ramo de la construcción.
El vocero de la Fiscalía indicó que la autoridad ministerial argumentará al Juez de distrito que lleva la causa, que cuentan con los datos de pruebas necesarias para formular la imputación en contra de Nicias “N”.
“El representante social señalará, ante dicha autoridad, que buscamos llevarlo ante un Juez de controles que será quien determine si existe o no la probable participación de dicho individuo en la comisión del delito señalado”, dijo.
Autoridades han dado a conocer que Nicias Aridjis tenía la facultad de garantizar que todo proyecto e infraestructura cumpliera con la normatividad aplicable y dar el visto bueno a las manifestaciones de obra y construcción.
Además, las autoridades han relacionado al menos cinco empresas dedicas al servicio de alimentación y belleza con el exfuncionario delegacional:
Administradora Sare
Ariasa SA de CV
Aridjis y Asociaciones SA de CV
Stoa Beauty Center
Nicias Pizza
Ya en 2011, Nicias fue inhabilitado en varias ocasiones por la Contraloría General al detectar que contaba con una riqueza superior a los ingresos lícitos obtenidos como servidor público, por lo que se le destituyó, pero impugnó para, en 2012, ocupar nuevamente su cargo.
Otros panistas vinculados
Luis Vizcaíno y Nicias Aridjis han sido vinculados al grupo de Jorge Romero Herrera, al Diputado local Christian Von Roehrich, Diputado Local, así como a Mario Palacios Acosta, empresario panista que entre 2009 y 2012 fue Jefe delegacional.
Todos formarían parte de “Los Ocean”, un grupo llamado así por el restaurante “Ocean Drive”, ubicado en San Ángel, que fungía como su centro de reunión y entretenimiento.
En este grupo se mencionan los nombres de Santiago Taboada Cortina, Alcalde de Benito Juárez, y Mauricio Tabe Echartea, Alcalde de Miguel Hidalgo.
Asimismo formarían parte Andrés Atayde Rubio, presidente del PAN en la Ciudad de México; los diputados federales Luis Mendoza Acevedo y Santiago Torreblanca Engell, así como Víctor Mendoza Acevedo, Director General de Planeación y Desarrollo de la Benito Juárez.
El grupo cobró relevancia en 2014, cuando Sergio Eguren, Rafael Medina Pederzini, Mateo Codinas y Ángel Eguren fueron detenidos en el mundial de Brasil por supuestamente haber agredido sexualmente a una mujer y haber lesionado gravemente a su pareja.
Se propone Comisión Investigadora
Morena y su grupo parlamentario en el Congreso capitalino ha propuesto crear una Comisión Investigadora para dar seguimiento a la denuncia y el caso del “Cártel Inmobiliario”, según lo anunció el dirigente del partido en la capital y la Diputada, Guadalupe Morales Rubio.
La funcionaria también dijo que los exfuncionarios acusados pudieron haber obedecido a presiones de empresas constructoras y de sus superiores para realizar los actos de corrupción que se les imputan.
Mientras algunos comentócratas como Ciro Gómez Leyva y Carlos Marín, desestiman el nuevo informe del caso Ayotzinapa dado a conocer por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció el esfuerzo de las autoridades del Estado mexicano para llegar a la verdad.
“La información hecha pública por el Presidente de la Comisión es un paso importante para apuntalar el actuar diligente, coordinado y responsable de todas las autoridades del Estado mexicano hacia el objetivo compartido de llegar a la verdad de lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, expresó Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH.
“En línea con los estándares internacionales, es fundamental que en este proceso las autoridades mantengan un diálogo permanente con las familias y las personas defensoras de derechos humanos que las acompañan y se garantice el acceso a toda la información generada y la que se pueda obtener en el futuro”, agregó.
Alejandro Encinas durante la presentación del informe de los normalistas de Ayotzinapa.
La ONU hizo una revisión del informe y resaltó lo siguiente en comunicado dado a conocer este lunes.
1) La nueva información sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque a los estudiantes, la participación de agentes estatales y no estatales, las omisiones y falta de reacción de las autoridades y las irregularidades de la investigación inicial, corrobora y amplifica lo que previamente habían comenzado a delinear padres y madres, organizaciones acompañantes y expertos internacionales. La ONU-DH subraya la importancia que ahora sea el Gobierno el que lo ratifique de manera oficial en un informe público.
2) Es fundamental que la Fiscalía asegure, en el desarrollo de las nuevas judicializaciones, una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas, observe el debido proceso y la independencia judicial e incorpore los más altos estándares internacionales de derechos humanos, para determinar judicialmente la responsabilidad penal de todos los actores, incluyendo a los superiores, tanto civiles como militares, involucrados por acción u omisión en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas.
3) La importancia de la información dada a conocer debe llevar a adoptar medidas inmediatas de no repetición acordes con la gravedad del caso, entre las que se encuentran, como mínimo, una depuración inmediata del funcionariado que haya participado activa o pasivamente en los hechos de septiembre del 2014 y de aquel que haya contaminado u obstruido la realización de una investigación efectiva; el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en México; y la transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes.
Andrés Manuel López Obrador con los padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Especial
El Alto Comisionado de la ONU dijo que el nuevo informe presentado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) traza un “momento crucial para llegar a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa”, porque “la llamada verdad histórica resulta hoy aún más insostenible”.
Fernández-Maldonado dijo que es crucial conocer las circunstancias que permitieron el ataque contra los estudiantes, la secuencia de los hechos, el rol del Estado y los grupos delincuenciales en la confabulación criminal y el destino final de los estudiantes con base en pruebas fehacientes.
Asimismo, reconoció “la persistencia” de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos que les acompañan.
La ONU-DH señala que continuará su compromiso de seguir brindando asesoría y cooperación técnica al Estado mexicano para la efectiva incorporación de estándares internacionales de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el 30 de agosto de 2022. Foto Cuartoscuro
En vísperas de que se resuelva el futuro de la prisión preventiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la honestidad en el Poder Judicial: “Si el poder judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de que preocuparnos, pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción con honrosas excepciones para no generalizar”.
Por otro lado, reconoció que los bloqueos efectuados durante tres días en Zacatecas se relacionan con el enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. “ Hubo estos enfrentamientos y se ha iniciado un tiempo para acá de incendiar vehículos cuando se detiene a presuntos delincuentes y hacer propaganda, pero vamos a mantener la paz, la tranquilidad”. Anunció que la próxima semana acudirá la entidad, donde encabezará la reunión del gabinete de seguridad y recorrerá comunidades indígenas en la entidad, Durango y Jalisco.
Durante su conferencia, alertó sobre los riesgos que tiene para el país una eventual modificación al carácter que tiene actualmente, en torno al cual dijo que en general, la corrupción en el Poder Judicial sigue intacto, hay jueces que ni siquiera les importa el pueblo, no existe el pueblo para ellos, “son jueces para defender grupos de intereses creados Todos estos que defienden a empresas extranjeras, todo ese andamiaje jurídico que se creo para defender las privatizaciones, ahi está intacto”
Ante esta realidad, dijo, su gobierno no puede permanecer callado porque afecta todo el esfuerzo que se hace en seguridad, incrementa el el riesgo para servidores públicos que son amenazados. En este asunto de la libertad de este presunto delincuente, “hay el asesinato de servidores públicos Son graves, no nos podemos quedar callados”.
Reconoció que también se tiene que revisar la situación de los ministerios públicos y jueces porque “aunque le tengo confianza al fiscal, al presidente de la Suprema Corte y a algunos ministros, pero la mayor parte del poder judicial no son gente caracterizada por la honestidad. Hablando en plata.No resisten cañonazos, no resisten la tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados. No respetan al pueblo, desprecian al pueblo, es una vida artificial donde el pueblo no cuenta. Cuentan todos los intereses menos el interés del pueblo. Es una burbuja, son los abogados, relaciones públicas, todo arriba. Tenemos que cambiar esto”.
Vinculó su crítica al caso Florence Cassez “una verguenza” , por lo que advirtió que si la Corte resuelve que no va a haber más esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, “yo respeto la decisión pero no quiero ser cómplice. Que el día de mañana , aquí ustedes me digan, y por que salio de la cárcel este delincuente de cuello blanco, voy a repetir, no fuimos nosotros, fue el juez, el poder judicial. Pues si, pero ya salió, entonces México sigue siendo el país de la corrupción y de la impunidad y no queremos que suceda.”
Por lo que hace a la situación de Zacatecas, dijo que se reforzará la seguridad, pero a partir de ahi adelantó que enviará su iniciativa preferente para que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, destacando que ya se han construido 266 cuarteles de los 590 que habrá y hay 108 mil efectivos operativos de la Guardia Nacional.
Están distribuidos territorialmente, como se requiere, queremos que quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional que es la iniciativa preferente del día 1 y que hay oposición de los conservadores que no quieren aprobar nada. Ni esto ni algo todavía de mayor beneficio para el pueblo.
El Gobierno de México publicó este 23 de agosto un decreto con el cual creó la empresa estatal LitioMX, como parte de su estrategia para que el Estado tenga el control total de la explotación y procesamiento de este material.
Desde el pasado 20 de abril la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador inició una estrategia legal para que sólo el Gobierno mexicano pueda beneficiarse de la explotación de este mineral estratégico.
Para investigadoras como Violeta Núñez Rodríguez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la decisión de crear una empresa estatal dedicada a la explotación del litio significa que México ha puesto un límite que impedirá que empresas extranjeras participen en la cadena de producción.
«Eso le pone un candado a las empresas que pudieran tener interés e incluso también a los que ya están acá, que se habían establecido y las que ya tuvieran una prospección previa que podría llevar a cabo este proceso futuro de extracción», declaró la especialista en entrevista para La Jornada.
«Con la aprobación de este organismo público descentralizado, México puede hacerles frente, pero también requiere una posible alianza (con otros países) frente a este asedio que hay, que lo vivimos desde hace décadas, desde hace siglos. Estas empresas únicamente vienen, sacan y se llevan los recursos».
Con esta decisión, México se suma a países como Bolivia, el cual ya desarrolla varios proyectos con bases en la explotación de sus fuentes de litio, entre ellos, la construcción de autos eléctricos.
México, Bolivia, Perú, Brasil, Argentina y Chile poseen el 60% del litio a nivel global, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
«Estos territorios se vuelven sumamente atractivos para el capital y que mejor que enfrentar esta voracidad, porque así actúan estas empresas, con una alianza que pudiera permitir no sólo fijar un precio de litio a nivel continental, sino también la transformación de este elemento: llegar al carbonato de litio, fabricar las baterías y producir los propios autos eléctricos de manera local. Eso sería una gran esperanza, un gran sueño y un gran deseo que se pudiera lograr», opinó Núñez Rodríguez.
La especialista afirma que empresas chinas, alemanas, británicas y canadienses ya estaban en territorio mexicano esperando la posibilidad de iniciar negocios con este material, el cual pasó de valer 4.450 dólares la tonelada en 2012 a 17.000 dólares en 2021, con una cotización actual de 78.000 dólares.
«Frente a esta disputa global, México avanza en la protección, porque pudimos haber repetido la historia con los otros minerales, ya hablando del oro, de la plata, del cobre, de todos los otros», destaca la académica.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, durante la conferencia presidencial matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 26 de agosto de 2022. Foto Guillermo Sologuren.
La verdad histórica, “fundada en actos de tortura”, se diseñó en los más altos niveles del gobierno federales “e involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas”, subrayó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas.
El también presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Aytotzinapa del gobierno federal estuvo en la mañanera de este viernes para ahondar en el contenido del informe y sus diferencias con la llamada verdad histórica –que fue le versión oficial en el sexenio pasado, en la que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ahora detenido y sujeto a proceso, jugó un papel preponderante—, esto para responder a las voces que siguen defendiendo esa versión y alegan que ambas concluyen lo mismo.
El funcionario remarcó que será en esas reuniones que se dieron al más alto nivel durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde hoy las autoridades correspondientes –la fiscalía y los jueces— tendrán que ubicar no sólo el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de las acciones para construir la verdad histórica, “que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen y particularmente lo que está plenamente acreditado es haber creado una verdad fundada en actos de tortura”.
Enfatizó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa debió evitarse, “sin duda las omisiones de la autoridad –de los tres niveles de gobierno— permitieron que ésta se concretara”.
El subsecretario destacó que una diferencia “sustancial, de fondo”, entre la verdad histórica y el informe de la comisión que encabeza es que la primera “se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los detenidos, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie”.
El funcionario destacó que el informe de la Comisión que preside es resultado de la reconstrucción y análisis del caso Iguala en dos momentos: el análisis de los antecedentes, hechos y contexto de personas que participaron en la desaparición forzada de los jóvenes, las repercusiones posteriores y la intervención de las autoridades de diferentes órdenes de gobierno en el encubrimiento de los hechos.
Y dos, “dicen que es una posición política de gobierno, pero no, es el resultado de un proceso de investigación y análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico asesor y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas que ciencia y tecnología deben estar al servicio de la verdad.
“Y sí, también hay un contenido político: esclarecer un crimen, más que uno de Estado, además que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y voluntad política para ir al fondo de los hechos”, apuntó el subsecretario.
Algunos los críticos sostienen que el informe se basa en una fuente, a lo que Encinas replicó que hay al menos 13 fuentes básicas distintas: toda la información y documentación que aportaron las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina y Armada de México, de Seguridad y Protección Ciudadana, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Guardia Nacional, de la procuraduría y fiscalía del estado de Guerrero, de la Fiscalía General de la República; así como de los informes que ha elaborado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro Geo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del propio Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es una de las cuatro organizaciones que ha acompañado a los padres de los normalistas desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
“Los críticos dicen que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo que la verdad histórica, lo que es absolutamente falso. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio (María de los Ángeles Pineda), lo cual es falso, porque la misión de ellos era tomar camiones y su llegada a Iguala fue al momento que había concluido este evento, e incluso el festejo organizado en la plaza central había concluido”, detalló Encinas.
Otra diferencia, agregó, es que la versión de Murillo Karam –que fue encabezada por el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, prófugo de la justicia que se encuentra en Israel— apuntaba que se dieron “enfrentamientos” entre estudiantes y policías municipales de Iguala, “los cuales no existieron porque fueron agresiones de los uniformados a los jóvenes”; la verdad histórica agrega que policía de Iguala entregó al grupo delictivo Guerreros Unidos a los normalistas, quienes fueron ultimados a incinerados en basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plásctico y vertidos en el río San Juan.
A lo que el subsecretario replicó: “En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, hubo un operativo especial que los dispersó en distintas regiones del perímetro de Iguala y sí, hubo actos de agresión donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con fuerzas de seguridad y autoridades de orden municipal, estatal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes”.
La empresa tiene como objetivo la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del recurso natural.
El Gobierno de México creó el organismo público descentralizado Litio para México, la empresa estatal para explotar y comercializar el denominado ‘oro blanco’.
La creación de la empresa, que tendrá el acrónimo «LitioMx», se formalizó mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el martes.
De acuerdo con el documento, la compañía estatal estará agrupada en el sector coordinado por la Secretaría de Energía, y tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión.
1.- Objetivo
El decreto estipula que el objetivo de la empresa estatal es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral; para ello deberá elaborar los programas estratégicos de mediano y largo plazo.
También estará orientada a trabajar para ubicar y reconocer las áreas geológicas en las que existan reservas probables de litio, con el auxilio del Servicio Geológico Mexicano.
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Asimismo, promoverá el aprovechamiento sustentable del litio para la transición energética, en beneficio de la población en general.
En el decreto se aclara que LitioMx está obligada a cumplir con la legislación y tratados internacionales en materia de «protección al medioambiente y de derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas».
2.- ¿Cómo operará?
La gestión de LitioMx estará a cargo de un Consejo de Administración y una Dirección General.
Ese Consejo estará integrado por la persona titular de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá; así como representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía, Gobernación y Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El titular de la Dirección General, que representará legalmente al organismo, será designado y removido por el Ejecutivo Federal, a propuesta de la Secretaría de Energía.
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El domicilio legal de la empresa es en Ciudad de México, pero su Consejo de Administración podrá autorizar el establecimiento de oficinas o representaciones en otros estados del país.
La programación, el presupuesto, el control y el ejercicio del gasto público que corresponderá a LitioMx estarán sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su reglamento, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal y en las demás disposiciones aplicables.
3.- ¿Cuándo entrará en funciones?
De acuerdo con el documento, el Consejo de Administración de la compañía estatal se instalará en un periodo no mayor a los 60 días naturales siguientes a la publicación del decreto.
Sin embargo, LitioMX iniciará sus funciones a más tardar dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, que se cuentan a partir de este miércoles.
4.- ¿Cuánto litio tiene México?
México cuenta con 1,7 millones de toneladas de reservas identificadas de litio. En abril pasado, el Congreso aprobó diversos cambios a la Ley Minera, propuestos por el oficialismo, para reconocer al recurso natural como patrimonio de la Nación, declarando «de utilidad pública» su exploración, explotación y aprovechamiento, acciones que —se estableció— quedarían a cargo exclusivamente del Estado, a través de un organismo descentralizado.
Cámara de Diputados de México, 18 de abril de 2022Luis Barron / Eyepix Group / Gettyimages.ru
Con sus reservas, México se ubica en el cuarto puesto en la región, luego de los tres países que componen lo que ha sido denominado el ‘Triángulo del litio’: Bolivia (21 millones de toneladas métricas), Argentina (19 millones) y Chile (9,8 millones).
5.- ¿Para qué se aprovechará el mineral?
En los últimos años, el litio ha tomado un interés inusitado en muchos países del mundo. Aunque se produce comercialmente desde 1923 y ha servido para sus usos en medicina, construcción e industria en general, su interés en la actualidad radica en su importancia para fabricar baterías eléctricas, que se necesitan para teléfonos móviles, placas solares y electromovilidad, como parte de la transición energética, que busca contar con alternativas a los combustibles fósiles.
En abril pasado, representantes de México, Argentina, Bolivia, Chile y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) celebraron, de manera virtual, el Foro Internacional «Perspectivas del Litio desde América Latina», que fue organizado por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia.
En ese foro, la secretaria de Energía de México, Rocío Nahle García, dijo que en su país había un debate importante sobre «qué hacer con el litio» y mencionó queven la oportunidad en este recurso principalmente en la manufactura de baterías para vehículos eléctricos y para el sistema eléctrico nacional, así como para la fabricación de celdas y sus componentes.
A principios de agosto, el López Obrador detalló que este insumo se pondrá «a disposición de la industria automotriz que esté fabricando automóviles, autopartes en México».
López Obrador durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, 22 de agosto de 2022Luis Barron / Eyepix Group / Gettyimages.ru
Asimismo, señaló que la explotación del litio será clave para que «México siga siendo un país atractivo y se sigan instalando plantas de la industria automotriz» en su territorio; aunque no descartó que el recurso natural pueda venderse a otros países.
La modificación jurídica requiere reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, a la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas de México.
El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que el 1 de septiembre, en el marco del Informe Presidencial, el mandatario Andrés Manuel López Obrador presentará la iniciativa de reforma constitucional que traslade a la Guardia Nacional bajo el control del ejército.
Durante la conferencia plenaria del grupo parlamentario de Morena, el funcionario federal reconoció a los 205 integrantes de la fracción parlamentaria de Morena, y a los 279 del “eje de la transformación”.
Además, dio a conocer que el 1 de septiembre, el presidente López Obrador presentará la reforma a la Guardia Nacional. Que contempla reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, a la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas de México.
“Para garantizar que ese, pues eje también del proyecto de transformación de este país, que es dotar a México de una institución que sea efectiva en los tiempos tan difíciles que enfrentamos, que sea capaz de garantizar la seguridad en la persona y los bienes de todos los ciudadanos”, dijo.
Y detalló que la Guardia Nacional tiene que estar bajo el control operativo y administrativo del Ejército mexicano, porque “no hay una institución tan profesional, tan honesta, tan transparente como ese”.
Asimismo, expuso que una mayoría cohesionada política y profesionalmente preparada “como la que ustedes integran, (refiriéndose al grupo parlamentario de Morena y aliados), allá ellos que se queden con sus moratorias”.
“La transformación lleva cuatro años y se está consolidando y después vendrá, sin duda, un periodo de consolidación plena de la Cuarta Transformación, pero ya habrá tiempo después”, aseguró.
Los magistrados determinaron que “suspender sin más elementos técnicos y científicos, podría incluso causar una afectación mayor al interés social”.
Un tribunal federal confirmó que las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya no serán suspendidas. Eso luego de que determinara que el gobierno del presidente López Obrador cumplió con los lineamientos que le fueron requeridos en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
En ese sentido, los magistrados que resolvieron no suspender la obra también determinaron que la sentencia es inapelable. No obstante, aún falta por aprobar la MIA en los tramos 5 Norte, así como los tramos 6 y 7.
Respecto a la manifestación presentada para el tramo 5, cabe señalar que la Secretaría de Medio Ambiente impuso tres medidas para iniciar las obras, entre ellas se encuentra un pago de 188 millones de pesos para garantizar los costos de prevención y mitigación ocasionados por la obra.
Además, el gobierno federal también debía presentar los documentos del proyecto del Tren Maya y un plan de vigilancia ambiental.
EN ESE SENTIDO, UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS EL TRIBUNAL ESTIMÓ QUE “SÍ ES FACTIBLE AUTORIZAR EL PROYECTO BAJO CIERTAS CONDICIONES Y SE DETERMINÓ QUE ESTAS SE CUMPLEN”.
Además, los magistrados agregaron que “suspender sin más elementos técnicos y científicos, podría incluso causar una afectación mayor al interés social, tal y como lo precisó el juez de amparo”.
