El material bélico asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
La 4T, a través de agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), aseguraron material bélico y dos campamentos clandestinos de adiestramiento de sicarios en Michoacán.
El hallazgo se dio mientras integrantes de ambas corporaciones realizaban patrullajes de prevención y seguridad en las inmediaciones del cerro El Fraile, ubicado en el municipio de Aguililla.
En el operativo se incautó:
UN ARMA LARGA, DOS CARGADORES DE DIFERENTES CALIBRES, 23 CARTUCHOS ÚTILES DE DIFERENTES CALIBRES Y DOS PLACAS BALÍSTICAS.
Por otra parte, en los campamentos asegurados encontraron cobijas, ropa diversa y casas de campaña, que fueron destruidos con el método de incineración.
El material bélico asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), institución que realizará las investigaciones correspondientes.
En #Michoacán, la #GuardiaNacional en coordinación con personal del #EjércitoMexicano aseguraron armas, cargadores y cartuchos útiles en dos campamentos clandestinos localizados durante patrullajes de seguridad en la zona montañosa del municipio de Aguililla. pic.twitter.com/qLUQXh2DFb
Esta primera jornada duró alrededor de nueve horas; en total serán tres días en los que víctimas y familiares podrán ingresar a las instalaciones.
Este martes ingresaron al Campo Militar No. 1 sobrevivientes de la guerra sucia y familiares de personas desaparecidas y asesinadas a partir de los hechos ocurridos durante ese periodo.
Este acto fue histórico y fue impulsado por la Comisión de la Verdad, creada por la Secretaría de Gobernación para el esclarecimiento de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990.
De acuerdo con información de La Jornada, el ingreso de estas personas a las instalaciones militares fue con el objetivo de emprender una labor de reconocimiento y buscar indicios de los crímenes de los que fueron víctimas cientos de personas.
LA PRIMERA JORNADA DE RECONOCIMIENTO, REALIZADA AYER, DURÓ ALREDEDOR DE NUEVE HORAS Y ESTUVO INTEGRADA POR APROXIMADAMENTE 60 PERSONAS.
Esta tarea de reconocimiento tendrá lugar durante tres días en los cuales se revisarán sitios como el Batallón de Fusileros Paracaidistas, la puerta 8, el Segundo Batallón de Infantería, las sedes de las brigadas 1 y 2 de la Policía Militar, las caballerizas y la que fuera sede de la Brigada Especial Antiguerrilla, también conocida como la Brigada Blanca.
México se prepara para lo que será un invierno duro con una estrategia para aminorar los altos costos del gas, un insumo básico para la generación de energía eléctrica.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya resiente las afectaciones al mercado energético derivado de las sanciones económicas contra Rusia al haber reportado un incremento del 202,8% en los costos de generación de energía eléctrica.
En los primeros siete meses de 2022 la operación de centrales de combustión interna costó un total de 8.624 pesos (413 dólares) por megawatt-hora, cuando en el mismo periodo del año anterior el costo fue de 2.848 pesos (142 dólares).
La razón principal es la reducción de las importaciones de gas ruso a Europa y la decisión de Estados Unidos de intentar suplir dicho suministro; la alta demanda, ya comienza a superar la oferta por lo que se espera que los precios mantengan su tendencia al alza.
Estimaciones de La Política Online señalan que el precio del gas natural se ubique en 7,76 dólares por millón de BTU (unidades térmicas británicas), precios no vistos desde 2008 y que superan el promedio de 2 y 3 dólares en los que se cotizaban antes del conflicto en Ucrania.
Si bien se espera que para principios de 2023 el precio baje a seis dólares, analistas de mercado consideran que el precio podría repuntar.
Ante esta situación, la CFE apuesta por buscar coberturas de mercado que le permitan lidiar con los incrementos imprevistos del gas, una estrategia que ha ayudado a México a no ver incrementos considerables en las tarifas de energía eléctrica.
El mecanismo de coberturas funciona como un tipo de seguro contra los cambios de precios y consiste en una serie de operaciones que protege las finanzas públicas en caso de una caída drástica del valor del crudo y permite compensar la pérdida de ingresos presupuestarios. México desde hace años usa las coberturas petroleras y deposita todas sus ganancias cuando el petróleo se recupera, pero disfruta de la seguridad de un piso mínimo, lo cual resguarda las arcas públicas de momentos de crisis en los mercados.
Putin contempla usar el arma de México contra la caída de los precios del petróleo.
Es decir, si el precio de venta resultase inferior, el país tendría que solicitar la prima de la cobertura para amortiguar el impacto que ese desajuste causaría en sus ingresos.
No obstante, la CFE, la empresa a cargo de Manuel Bartlett no apuesta por aumentar el porcentaje de sus coberturas al tiempo que también enfrenta una reducción del 6,9% en su presupuesto en comparación con el de 2022, al tener asignado un total de 439.772 millones de pesos (21.988 millones de dólares) en el presupuesto para 2023.
Lo anterior puede derivar en diferentes situaciones: el incremento de los precios del gas se trasladará gradualmente a los usuarios o se necesitará usar las arcas públicas para subsanar la diferencia de precios, a través de subsidios, aún con las coberturas de mercado adquiridas.
El general Rodríguez Pérez fue el comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, cuando ocurrieron los acontecimientos del 26 de septiembre de 2014. Foto Alfredo Domínguez / Archivo
El general José Rodríguez Pérez quedó sujeto a proceso penal por el delito de delincuencia organizada, luego de haber sido señalado como uno de los presuntos responsables en los acontecimientos en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El juez Enrique Beltrán Santes dictó auto formal prisión al considerar válidos los cargos presentados por el Ministerio Público Federal.
El general Rodríguez Pérez fue el comandante del Veintisiete Batallón de Infantería con sede en Iguala cuando ocurrieron los acontecimientos en los cuales policías municipales de Cocula, Iguala y Huitzuco privaron de la libertad a los normalistas la noche de 26 de septiembre de 2014 y posteriormente los entregaron a miembros del cartel de Guerreros Unidos quienes presuntamente los habrían asesinado.
En agosto pasado, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación en materia de Derechos Humanos, dio a conocer el avance de las investigaciones que realiza la Comisión Especial para el caso Iguala e indico que el general Rodríguez Pérez presuntamente estuvo involucrado en el homicidio de algunos normalistas días después de lo ocurrido el 26 de septiembre.
En 2014 Rodríguez Pérez ostentaba el grado de coronel y un año después fue ascendido a general. Con ese rango y tras conocerse que existía una orden de aprehensión en su contra se puso a disposición de las autoridades y permanece recluido en la prisión del Campo Militar no. 1.
El juez Beltrán Santes, titular del juzgado segundo de distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, también dictó formal prisión al capitán José Martínez Crespo y al sargento Eduardo Mota Esquivel, a estos por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, también relacionados con los mismos hechos.
Caso Ayotzinapa. Ordenan aprehensión contra José Luis Abarca y su esposa.
CDMX.- Un juez federal giró una nueva orden de aprehensión contra José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa por hechos que los implican con el grupo delictivo Guerreros Unidos, al que se atribuye la desaparición material de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Enrique Beltrán Santés, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, ordenó el pasado viernes las capturas por el delito de delincuencia organizada, al mismo tiempo que libró la aprehensión contra Felipe Flores Velázquez, ex jefe de la Policía de Iguala, por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Estas capturas fueron libradas el mismo día en que Abarca y Flores, junto con otros 18 agentes municipales de Iguala, fueron absueltos del secuestro de los normalistas de Ayotzinapa, en el único juicio que los relacionaba con el Caso Iguala.
Los mandamientos de captura ya fueron ejecutados en reclusión a los tres indiciados, informaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, representante de los padres de los estudiantes; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlanchinollan; y las organizaciones civiles Fundar y SeraPaz.
«La situación jurídica de todas estas personas deberá resolverse en los siguientes días, conforme a las reglas del anterior sistema escrito de justicia penal. De dictarse auto de formal prisión, los juicios que se inicien pueden ser relevantes para que se rinda cuentas y esclarezca la verdad en el caso», informaron las organizaciones civiles.
Estas nuevas órdenes de captura fueron libradas en la causa penal 15/2022, la misma en la que el juez Beltrán Santés giró las aprehensiones del General Brigadier José Rodríguez Pérez, el Sargento Eduardo Mota Esquivel, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el Capitán José Martínez Crespo.
Todos están presos en el Campo Militar Número 1, los tres primeros se entregaron el jueves y viernes de la semana pasada y el último ya estaba preso desde el 13 de noviembre de 2020, fecha en que también se entregó voluntariamente a la justicia.
Las organizaciones civiles precisaron que la orden de captura contra el General es sólo por el ilícito de delincuencia organizada, como ya era de dominio público, pero la de Mota y Pirita es tanto por ese delito como por desaparición forzada, en tanto que el mandamiento judicial contra Martínez Crespo -quien ya estaba procesado por delincuencia organizada- es únicamente por desaparición forzada.
Por lo que toca a Abarca, en caso de ser procesado por esta nueva acusación, tendrá cinco juicios en la justicia federal por delitos que van desde la delincuencia organizada hasta el lavado de dinero.
El Gobierno de México impugnará la absolución del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien es señalado como la persona que ordenó el ataque y el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, condenó la absolución de Abarca Chávez y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene los elementos suficientes para impugnar la decisión.
Además, el funcionario federal responsabilizó al juez Samuel Ventura Ramos de ser clave en la absolución del exedil y de la liberación de 77 personas que también estuvieron implicadas en el caso.
La @FGRMexico tiene elementos suficientes para apelar este desafortunado acto de impunidad.
Espero que se ejecuten de inmediato las órdenes de aprehensión contra los responsables de la desaparición de los jóvenes, como lo señalamos en el informe de #Ayotzinapa
El rotativo mexicano señala que la estrategia del político perredista fue similar a la que utilizó Gildardo López Astudillo, jefe de plaza en Cocula de la organización criminal Guerreros Unidos y a quien se responsabilizó de coordinar el secuestro de los estudiantes.
Abarca Chávez habría promovido un recurso de libertad por desvanecimiento de datos, es decir, un recurso que le permite anular los testimonios que se usaron en su contra bajo el alegato de que estos se obtuvieron de manera ilegal.
Semanas antes de su absolución, la familia de José Luis Abarca organizó varias protestas en Cocula para exigir su liberación, luego de la presentación de un informe preliminar presentado por la Secretaría de Gobernación, y la cual derivó en la liberación de 83 militares acusados de ser cómplices de la desaparición de los normalistas.
Tanto Abarca como su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron acusados de ordenar la desaparición de los 43 estudiantes para evitar que sabotearan un evento público de Pineda Villa, quien presuntamente aspiraba a suceder a su esposo en el Ayuntamiento de Cocula.
La acusación se sostuvo principalmente por los señalamientos de El Cabo Gil y de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos.
Hoy, 14 de septiembre, se nombró “huésped distinguido” a Julian Assange, defensor del derecho humano a la información y fundador de WikiLeaks. John y Gabriel Shipton –padre y hermano, respectivamente, del periodista– recibieron las llaves de la Ciudad de México en su representación.
Al presidir la ceremonia de nombramiento, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la capital ha sido siempre una ciudad refugio y hospitalaria, “lo establece su propia Constitución”. Asimismo, detalló que siempre se ha defendido las grandes libertades y la independencia. Y ello, agregó, es lo que representa Julian Assange: “la verdad y la libertad de expresión, y nunca, en ningún lugar del mundo se puede ser perseguido por ello”. En este acto simbólico, figura la autonomía y la libertad de expresión de lo que es la Ciudad de México, añadió.
Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Jenaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en un símil a Prometeo, indicó que Julian Assange representa un hombre encadenado en tiempos de infamias y doble discurso. Por ello, “se espera que las llaves de la Ciudad abran la liberación del defensor del derecho humano a la información”.
Recordó que “la osadía de Julian Assange por encender el fuego de los secretos del Pentágono y del Departamento de Estado norteamericano es lo que lo tiene detenido desde hace más de una década”.
Asimismo, indicó que Ithaka –un documental disponible en la Cineteca Nacional y en el Centro Cultural de los Pinos hasta el mes de octubre– es el arma emocional y de empatía que quita las vendas de los ojos para desenmascarar a toda una operación de contragolpe que busca revertir el escándalo y las consecuencias de las ilegalidades cometidas en Washington durante el Cablegate de 2012.
Desde entonces, dijo, Assange se ha convertido en el objetivo de la casería y cantidades de barbaridades se han publicado sobre él para descalificarlo. Sin embargo, agregó, las revelaciones de WikiLeaks ahí están, impresas en muchos periódicos y revistas europeas, estadunidenses y latinoamericanas”.
En tanto, en el marco de la conmemoración del Grito de Independencia, Jesús Ramírez Cuevas, director general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República, dijo que la lucha de libertad que representa Julian Assange hace frente a las noticias falsas, a la manipulación informativa, a los algoritmos y las formas tecnológicas en que ocultan mensajes y se manipula la opinión pública. Por ello, él representa los anhelos, las luchas y las libertades de toda la humanidad. “Es un honor que se le reconozca así como parte del equivalente a los libertadores del siglo XXI”.
Luego de recibir las llaves de la capital, John Shipton –padre del activista– agradeció la generosidad y protección de la Ciudad de México. “La capital ha sido como una madre que toma a sus hijos para protegerlos, hemos sido cobijados y gozamos de una calidez en una fecha tan especial”.
En la ceremonia también estuvieron presentes: Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México; Gerardo Villanueva Albarrán, vicepresidente del Congreso de la Ciudad de México; y Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, fue absuelto en el juzgado de Matamoros, Tamaulipas, de la causa penal que lo acusaba de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre del 2014.
Un juez federal estimó que no existen evidencias de su plena responsabilidad.
La sentencia no es definitiva porque la Fiscalía General de la República (FGR) puede apelarla ante un Tribunal Unitario de Circuito.
El exedil continuará internado en el Penal del Altiplano porque tiene otros tres procesos en curso. Dos de ellos son por el delito de delincuencia organizada, uno relacionado con los supuestos vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos y otro con las operaciones de lavado de dinero. Un tercer juicio fue iniciado por el delito de homicidio, ya que le atribuyen los asesinatos de los activistas Arturo Hernández Cardona y Justino Carbajal Salgado.
La absolución fue dictada apenas unas semanas después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informara durante la mañanera del 26 de agosto que José Luis Abarca ordenó la desaparición de los 43 normalistas en complicidad con distintas autoridades.
«Estamos diciendo quiénes dieron la orden (de desaparecer a los normalistas). Participa A1, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación», dijo en aquel entonces Encinas.
«Los estudiantes incendiaron la documentación en demanda de la presentación de Hernández Cardona, quien apareció asesinado y ese homicidio se le atribuye al entonces presidente municipal, José Luis Abarca, que está detenido por el delito de homicidio», aseveró y prosiguió que «a partir de ese momento los estudiantes fueron amenazados por el alcalde y por Guerreros Unidos de que no regresaran a la ciudad o se iban a atener a las consecuencias».
José Luis Abarca Velázquez, exmilitante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue detenido el 4 de noviembre de 2014 junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, luego de permanecieron prófugos más de mes y medio.
Vista aérea de los trabajos de rescate en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila. Foto Cuartoscuro / Archivo
Ciudad de México.El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila le otorgó una suspensión provisional a Cristian Solís Arriaga, contra la orden de aprehensión que se haya librado en su contra. Es uno de los operadores y responsable de explotar el pozo minero de El Pinabete, en cuyo derrumbe murieron 10 trabajadores.
Solís Arriaga promovió el recurso el pasado 7 de septiembre, cuatro días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control libró tres mandamientos de captura dentro de la causa penal 237/2022.
Los efectos de la suspensión para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden de captura. No obstante, si al promovente se le imputan delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, la medida cautelar sólo será para efecto de que quede a disposición del juzgado de amparo en lo que se refiere a su libertad, en el lugar en que sea recluido, y a disposición de la responsable, para la continuación del procedimiento penal.
El juez Juan Marcos Dávila Rangel, titular del Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Piedras Negras, Coahuila, le fijo a Cristian Solís una garantía de 500 mil pesos que deberá pagar en un plazo de cinco días para que la suspensión se mantenga vigente y programó para hoy la audiencia incidental donde resolverá si le concede la suspensión definitiva.
La medida cautelar será revocada en caso de que el quejoso no se presente ante las autoridades responsables que la requieran para las prácticas de las diligencias para la integración del procedimiento de origen.
“Con motivo de la suspensión, la parte quejosa también queda obligada a acudir ante esta autoridad cuantas veces sea requerida, apercibida que, de no cumplir, la medida será revocada” señala el acuerdo del juez.
Una vez que sepa qué autoridad lo requiere, Solís Arriaga contará con un plazo de 24 horas para acreditar ante el juzgado de amparo que acudió a comparecer.
Solís Arriaga es señalado junto con Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, de ser el operador y dueños de la mina en cuyo derrumbe murieron los 10 asalariados.
Los tres prófugos están acusados de delitos relacionados con el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, que consisten en aprovechar o explotar un bien que pertenece a la nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización. En tanto, la Interpol emitió una ficha roja de localización y detención en contra de los tres acusados.
Con la abstención de Ricardo Monreal, el Senado de la República aprobó en lo general la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tras más de 12 horas de discusión.
La propuesta del mandatario fue avalada por 71 senadores de Morena, el PT y el Partido Verde. Además, recibió 51 votos en contra de los legisladores de la oposición, en su mayoría del PAN, PRI, PRD y MC, quienes acusaron de que con ella se militarizada el país.
Además, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se abstuvo de votar la iniciativa del Presidente AMLO.
Se trata de un proyecto para que la Sedena tenga algunas atribuciones sobre el cuerpo policial, sin que se militarice o pierda su carácter civil.
La iniciativa de AMLO fue enviada a la Cámara de Diputados desde el 31 de agosto y quedó aprobada el viernes 2 de septiembre. Luego pasó al Senado, el cual esta madrugada la aprobó tras 12 horas de discusión.
La reforma busca consolidar la Guardia Nacional y evitar que se corrompa como ocurrió con la extinta Policía Federal.
Durante la discusión, la senadora de Morena, Citlalli Hernández, defendió la política de seguridad del mandatario y pidió coordinar esfuerzos para pacificar el país.
“Sabemos que la ciudadanía merece vivir en paz”, dijo.
El debate subió de tono cuando la senadora del PAN, Lilly Téllez, acuso a los senadores de Morena de ser “cómplices” de un supuesto pacto con el crimen organizado por parte del Presidente López Obrador.
A lo cual, el senador de Morena Héctor Vasconcelos respondió, anunciando que presentaría una demanda por daño moral y difamación contra Téllez.
“¡Traidora!”, “¡traidora!” “¡traidora!”, le gritaron las senadoras de Morena, quienes no le perdonan haber llegado a la Cámara Alta como candidata de Morena y haber abandonado el grupo parlamentario desde hace año y medio, pasándose a las filas del PAN.
Por su parte, el senador petista Gonzalo Yáñez les recordó a los legisladores de oposición que las Fuerzas Armadas están bajo el mando de un civil.
“Que nunca se les olvide: el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es un civil, el mejor civil, y se llama Andrés Manuel López Obrador”, sentenció Gonzalo Yáñez.
